Docentes acusan desatención e indiferencia del sindicato y autoridades ante el alza de casos positivos.
El aumento de contagios de COVID-19 en Quintana Roo ha preocupado a los trabajadores de la educación, incluso, grupos sindicalizados externaron que hay una desatención e indiferencia por parte de sus representantes y de las autoridades.
Lorena Elizabeth Ribbon, coordinadora en Quintana Roo del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical del SNTE, explicó que se han presentado diversos contagios en las escuelas y centros de trabajo, por lo que hay ausencia de docentes en las aulas.
“El gobernador ya pidió que se vuelva a utilizar el cubrebocas. Muchos maestros están contagiados y no están acudiendo a la parte final del ciclo, hay escuelas donde hay dos o tres maestros que están faltando por lo mismo”.
Asimismo, mencionó que pese a esta situación no se tiene un escrito por parte de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que cada plantel ha tenido que tomar sus propias medidas internas.
En cuanto a los contagios, mencionó que no se ha externado el número preciso de trabajadores que actualmente están cursando con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2.
“Si el sindicato estuviera realmente comprometido con el magisterio, sería una de las prioridades establecer una postura clara. La parte sindical se ha mostrado indiferente a la atención de COVID, sobre todo, de vigilar que en las escuelas haya claridad en cuántas personas han sido afectadas”.
La entrevistada señaló que hasta el momento no se ha hecho la revisión puntual de la situación que presentan las escuelas en esta quinta ola, insistiendo en continuar con la modalidad presencial.
“No ha habido una bandera de lucha, ni de atención, para decir que en nuestras escuelas llevan tantos casos o un porcentaje de, para que se suspendan las clases o se haga una atención mucho más puntual”.
De acuerdo con la Secretaría de Salud en Quintana Roo, la entidad suma más de 103 mil casos positivos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, mientras que los casos diarios se han mantenido en más de 600 cada 24 horas.
«A cuatro años del triunfo en las urnas del lopezobradorismo, ¿tanto ha cambiado para que todo siga igual?»
En días pasados circularon en las redes sociales, diversos fragmentos de algunos videos de la presentación de lo que hoy se conoce como “Reconocimiento a la práctica educativa”; en éstos, se observa la presencia de la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Adela Piña, y algunos otros funcionarios. Después de escuchar y observar dichos videos, mi mente se trasladó al año 2015, justo al Congreso Nacional de Investigación Educativa cuando, en alguna de las sesiones que en ese entonces se programaron y en la que participaron varios integrantes del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Guevara Niebla (uno de esos integrantes), se levantó de su asiento para expresarle a un maestro: “yo le suplico… no, no grite usted, pida la palabra… no, no, no, pida la palabra… no, no, no, usted no tiene derecho hablar…”; esto, en razón de la serie de cuestionamientos, preguntas, inquietudes y demás asuntos derivados de las evaluaciones que, en ese entonces, comenzaban a aplicarse a las maestras y los maestros por la mal llamada reforma educativa impulsada por el Pacto Por México. Obviamente que el rechazo a tal expresión fue más que evidente y, desde luego, las inconformidades de los profesores asistentes a ese evento siguieron, una y otra vez.
Recuerdo muy bien que, después de este momento “incómodo”, otra de las integrantes del INEE intentó calmar los ánimos dando respuesta a varias de esas inquietudes, preguntas, expresiones, etcétera. Si usted observa los tres minutos que dura este video (https://www.youtube.com/watch?v=NgYSnuk69Ng), podrá observar que, si bien es cierto que en las respuestas se percibía un cierto reconocimiento en cuanto a que las cosas no estaban funcionando bien, también es cierto que esa percepción no lograba introducirse en la mente de los presentes porque la realidad vivida por las maestras y los maestros, superaba los argumentos vertidos.
Dos realidades, por así decirlo, se observaron: la de unos funcionarios que fijaban algunas políticas evaluativas, y la de los profesores que las padecían. Realidades que nunca lograron acercarse, por el contrario, conforme el tiempo transcurrió se distanciaron. El resultado, ya lo conocemos.
Ahora bien, en el video que rescaté de esas redes sociales y que comparto para que pueda observarse, si es que así se desea, por lo acontecido en Querétaro, en la presentación de ese reconocimiento a la práctica educativa (https://www.youtube.com/watch?v=fdeVfCa__0Y&t=3253s), se escuchan y observan esas dos mismas realidades que, como en antaño, siguen presentes; es decir, se han mantenido y, presumiblemente, se irán a incrementando porque el fondo de las inconformidades, denuncias, reclamos y demás cuestiones no se ha atendido, debido a la irracional insistencia de continuar con una política de estímulos salariales de corte neoliberal que nada más no termina por traer un beneficio a todo el magisterio ni a la educación en su conjunto.
Vaya, es lamentable que la titular de la USICAMM haya menospreciado lo que en su momento se conoció con el nombre “Carrera Magisterial”, un programa que, como le he sostenido en diversos artículos tenía sus bondades; tan es así que nuestro país llegó a ser considerado pionero (Hevia, 2013) e innovador (Pineda, 2004) en el diseño en este tipo de programas.
De esta forma, tal y como también lo he venido sosteniendo en otros artículos, dicho programa se corrompió a más no poder, derivado de los “acuerdos” que lograban las cúpulas sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por años ha sido un secreto a voces “los mecanismos perversos” de los que tales instancias se hicieron valer para que el profesorado accediera a este esquema de incentivos; sin embargo, también hay que reconocer, que maestras y maestros, vieron en éste la oportunidad de mejorar su quehacer profesional y, por ende, su salario. ¿No acaso es lo que persigue un programa de incentivos o estímulos salariales como el extinto carrera magisterial o el de promoción horizontal tal y como hoy día lo conocemos? En este sentido, si alguien no decide participar, como obviamente lo expresó la profesora Adela Piña, está en su derecho, pero también está en su derecho concursar en este tipo de eventos porque la palabra derecho alude a una decisión personal que NO elimina ese derecho, lo mantiene. En consecuencia, bien valdría la pena revisar que se entiende por derecho y de qué manera se interpreta desde la oficialidad.
Ahora, por lo que toca a las brechas de desigualdad que genera la implementación de este tipo de programas, es innegable; sería ingenuo pensar que no las propició en su momento carrera magisterial o los que hoy tiene en sus manos la USICAMM; habrá quien, desde luego, acceda a este tipo de beneficios, pero habrá quien no acceda, por voluntad propia o por la serie de errores que en el ámbito estatal y federal se comente a diario, ¿revisamos todas aquellas denuncias del profesorado en cuanto a lo que la misma USICAMM ha generado en la evaluación para el ingreso o la promoción de las maestras y maestros? Curiosamente, de esto último no se habla o, si se hace, se alude a los recursos de reconsideración que difícilmente reconsideran algo porque, al ser juez y parte, la misma autoridad deja en estado de indefensión al concursante. Entonces, ¿de qué tipo de brechas de desigualdad estamos hablando?, ¿cuál es el origen de éstas? Y lo que es peor, si se asegura que carrera magisterial no mejoró la educación en nuestro país, ¿qué evidencia existe o se tiene para afirmar que lo que hoy se está haciendo, con este tipo de concursos, si lo está logrando?, ¿acaso ya se olvidó que, como en antaño, un examen es un factor que tiende a definir la idoneidad de un participante y, en consecuencia, de su práctica educativa?
Y ya entrados en esta serie de ideas retomo una que me parece relevante; lo fácil que es expresar que el estado, en estos últimos años y a través de sus dependencias, no es responsable de la aplicación presencial de un “instrumento de valoración” a los concursantes y, por tanto, se delega esta obligación a cada uno de los participantes; pareciera ser que el mensaje es: ¿quieres participar?, hazlo, pero con tus recursos y bajo nuestras condiciones; si fallas tu eres el responsable, nosotros no. Vaya, ¿en qué parte del artículo 3 constitucional, de la Ley General de Educación o de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se señala que el concursante deberá participar con su equipo, internet y demás elementos que le son solicitados? Esto lo pregunto porque, que yo recuerde, en dichas normativas se habla de realización de procesos en los que concurran los participantes en IGUALDAD DE CONDICIONES, pero que, además, serán PÚBLICOS, TRANSPARENTES, EQUITATIVOS E IMPARCIALES. En consecuencia, sobre esto último, yo preguntaría: ¿qué entendemos por igualdad de condiciones?
Y bueno, para finalizar estas líneas resta mencionar, tal y como ha sucedido en Michoacán (por ejemplo), que al parecer este año no se realizará el proceso de promoción horizontal en Veracruz en el que podrían participar docentes estatales de esta entidad; lo que se sabe, es que este tema pasa por un asunto presupuestal; entonces, siguiendo con la línea de análisis que he expuesto, ¿qué entendemos por derecho? Y agregaría, ¿qué entendemos por revalorización docente cuando un programa que requiere de presupuesto no cuenta con él y, por tanto, no se respeta la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas tal y como se señala en la Ley general de educación en su artículo 90, fracción III?
A cuatro años del triunfo en las urnas del lopezobradorismo, ¿tanto ha cambiado para que todo siga igual? Es cierto, por parte de la titular de la USICAMM y de los funcionarios que la acompañaban en ese evento, escuché un reconocimiento a ciertas fallas en los procesos, pero habría que recordar que, en antaño (ahí están los videos), también se reconocía, pero hasta el momento, poco o nada ha cambiado; por eso es la pregunta, nada más.
Entre los árboles y la milpa van apareciendo algunas niñas y niños de diversas edades. Se apresuran alegres a encontrarse, se miran cómplices, ríen y hablan en su lengua, el mazateco. Saben que una nueva brigada de solidaridad visita su escuela. Están animados, pues les han dicho que aprenderán a hacer cine y radio.
Las personas que les compartirán nuevas experiencias hacen parte de una brigada de solidaridad proveniente de Colombia y de Chile, quienes han visitado diversas experiencias de autogestión y autonomía en México. Deseosos de espejear aprendizajes, se han aventurado a pisar lugares como la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia, ubicada en las montañas de la sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca.
Esta escuela, que lleva el nombre de la comunidad, Agua de Lluvia, ha sido creada por las propias manos de los infantes, jóvenes, una profesora y campesinos que le han apostado a otro tipo de educción. Ha sido inspirada en las escuelas autónomas creadas en territorio rebelde zapatista en Chiapas y, desde esta perspectiva, se han aventurado a pensar y caminar por otros rumbos en la formación de las niñas y niños de esta comunidad.
Nicolás Aguirre y su colectivo Tierra Negra han trabajado al menos 3 años con niños y niñas en barrios populares en Cali, como la Comuna 18, donde han provocado la familiaridad con las tecnologías de la comunicación. “Consideramos que la comunicación es una de las herramientas indispensables de lucha, como una respuesta a la desinformación y la manipulación de los medios. Hemos visto que las infancias tienen mucho interés en comunicar y, con los pocos conocimientos que hemos ido adquiriendo en el camino, buscamos fortalecernos en conjunto”, comparte.
Aguirre prepara su grabadora para soltarla a los infantes de Agua de Lluvia. Considera que no se requieren grandes conocimientos para producir la comunicación desde las propias comunidades. “Desde Colombia trabajamos con las voces de los niños, jóvenes y adultos. Porque estas tres voces se deben de escuchar y esto lo hemos llevado a la práctica en las asambleas, donde se escuchan las tres voces”, cuenta Aguirre.
Niñxs de la escuelita Agua de Lluvia aprendiendo a grabar video- Foto por Santiago Navarro F
Los niños de Agua de Lluvia, por primera vez, han explorado con sus manos una grabadora de audio y video. Se han entrevistado a ellos mismos, a sus profesores, a sus vecinos, a los propios brigadistas. “Este proceso se parece mucho con el proceso que trabajamos en Cali. Es un proceso con niños y niñas, es un proceso autónomo hecho con las uñas, con el corazón”, comparte Nathalí Aguirre, también forma parte de la Cooperativa Tierra Negra de Cali.
El miedo a la autonomía
Roció Escudero Rodríguez es de origen mazateco y por más de 30 años ha laborado como profesora en diversas comunidades de esta región. Tras varios escenarios de crisis política y social que ha vivido Oaxaca, desde el año 2006, hasta la pandemia de la Covid-19, con su comunidad ha intentado crear un espacio alterno de educación.
Pero no ha sido fácil, al no contar con recursos económicos ni muebles, hasta los niños y padres de familia se han involucrado para levantar la primera aula de trabajo. Además de esto, se han visto obstaculizados por algunos caciques políticos, incluso también dentro del gremio de profesores no se ve con buenos ojos a este proyecto, al considerarlo una amenaza.
Niño aprendiendo a grabar video en la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia. Foto por Santiago Navarro F.
La profesora Roció asegura que “este proyecto es creado de forma comunitaria y no afecta a los maestros. Por el contrario, complementa a la educción de los niños. La diferencia es que este proyecto es autónomo y aquí nadie recibe sueldos. Lo que se pretende es enseñar otras cosas que la escuela de gobierno no enseña. No hay que tenerle miedo a la autonomía”.
Juan Carlos Alvarado, un joven cofundador de la escuelita, se siente animado al poder recibir a una brigada más que comparte otros conocimientos. “El acercamiento a estas tecnologías es importante para los niños, porque en la comunidad no son accesibles. No existe la posibilidad de tener contacto con gente de otros lugares de México ni mucho menos de otros países”.
En la misma línea el campesino Crescencio Juárez García también se ha sumado con trabajo para construir la escuela porque considera que es importante que existan otras posibilidades para los infantes. Además “porque aquí nadie recibe sueldo y los niños no tienen que pagar nada, es por un compromiso con la comunidad. Faltan muchas cosas para la escuela, como sus ventanas, mesas y otras cosas, pero no estamos pidiendo nada a las autoridades o a los políticos y, aún así, vamos viendo como va avanzado, lento, pero avanza”, dice orgulloso.
Niños aprendiendo a realizar entrevista con audio. Foto por Santiago Navarro F
Aprender haciendo
A diferencia de las metodologías ‘profesionales’, Camila Camacho de Bogotá cuenta que los talleres que han compartido se encaminan a romper con las limitantes que imponen las formas duras de la enseñanza. “Es desde el aprender haciendo y desde el juego y el azar. Descubrir con la imagen otras formas de ver la realidad y como desde la imaginación se pueden construir sueños”, dice la brigadista de Colombia.
Camila, quien forma parte del colectivo VER (Visualidad, Epistemología y Realidad), que surge tras la ausencia de espacios académicos que aborden lo visual en relación con las ciencias sociales, reafirma que, “los niños y las niñas siempre tienen algo que contar. Porque creemos que solo la voz de los adultos es la que vale, pero no es así. Tenemos que pensar otras narrativas de otro mundo posible”.
Aprendiendo a usar equipos de audio en la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia, Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F.
Iñaki Tiña de Santiago de Chile, quien compartió sus conocimientos sobre el cine de barrio y comunitario, se ve animado al ver como los niños manipulan su cámara. Sabe de primera mano que los proyectos autogestivos no son fáciles porque “no hay plata, insumos, estructura; pero bueno se tiene que hacer lo que se pueda con lo que se tiene”, comparte Iñaki quien forma parte de la Escuela Popular de Cine y del Festival de Cine Social y Antisocial.
Camila concluye con un lema que ha inspirado a los niños con los que ha trabajado anteriormente. “Sí lo soñamos, lo creamos. Creo que esa es la clave de todo. Aprender que, si vivimos en la gestión comunitaria, si tenemos comunidad, puede posibilitar un encuentro que puede permitir procesos de autonomía y de resistencia. Esta escuelita es un ejemplo de que se puede soñar y construir otro mundo posible”.
Educar siempre ha sido una tarea compleja, pero quizá para muchos docentes colimenses el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser recordado como uno de los más difíciles, si no el que más. Condiciones económicas, laborales, sociales, sanitarias, organizativas y políticas formaron un coctel que ha indigestado a las escuelas.
Una primera dificultad tuvo que ver con lo sanitario. Las medidas implementadas en las escuelas trajeron consigo que la asistencia del alumnado se limitara. Los aislamientos de casos sospechosos y confirmados y el temor a la infección se reflejaron en las listas de asistencia de los grupos. La ola de contagios trajo consigo, sobre todo en las fases más agudas de la pandemia, ausencia de personal escolar.
Otra ola, pero de violencia y tragedias, ha tenido efectos negativos en la actividad educativa colimense. El miedo y las amenazas han mermado la asistencia y la matrícula escolar en las zonas de mayor inseguridad. Se han tenido que implementar no sólo simulacros ante balaceras sino protocolos de cierre forzoso. Por si fuera poco, ante la crisis referida, el apoyo que esperarían las escuelas ha sido insuficiente: “que cada director decida”, fue la respuesta de la máxima autoridad educativa. No es un secreto que el miedo es un adversario del aprendizaje.
La situación económica de los planteles también fue desfavorable. Las arcas escolares se encontraban, en muchos casos, vacías cuando se tuvieron que absorber los gastos que implicaba la preparación del protocolo sanitario y el acondicionamiento de un edificio abandonado por casi dos años. La asistencia por subgrupos durante buena parte del ciclo escolar implicó que los ingresos se redujeran. El sostenimiento dependió en una amplia proporción de las aportaciones voluntarias de los padres de familia. Aunque no les espanta la austeridad, las escuelas tuvieron que apretarse aún más el cinturón.
Pocas veces la infraestructura educativa colimense había sido víctima de tantos robos y destrozos. La reanudación de la actividad presencial se retardó debido a las malas condiciones físicas de las escuelas. Muchas quedaron sin agua o electricidad. La atención de las autoridades se fue dando a un ritmo incomprensiblemente lento y, en muchos casos, nuevamente fueron los padres de familia y hasta los maestros los que terminaron costeando las reparaciones. Existen centros escolares que siguen reclamando la intervención de las autoridades.
En el aspecto organizativo, el apetito de las autoridades por solicitar a las escuelas datos y documentos parece que se recargó. Se duplican solicitudes de información: registrar la asistencia diaria del alumnado a la autoridad local, pero también a la federal; de igual manera, a las supervisiones escolares los casos de COVID-19, aunque éstos hayan reportados a la plataforma de control escolar. Informes de evaluaciones de aprendizajes, que seguramente están arrumbados en alguna oficina, también han sido requeridos quién sabe para qué, sin generar algún tipo de retroalimentación o seguimiento. Es un enigma, en muchos trámites y solicitudes de información, su justificación: pareciera que se pide por pedir.
En lo pedagógico, la vuelta presencial a las escuelas ha significado el momento de constatar el impacto de la pandemia en los aprendizajes. En muchos casos la pantalla engañó, ofreció una ilusión de éxito que se derrumbó al primer soplido en las aulas. El desfase entre el grado escolar y el logro de aprendizaje se incrementó. Hoy no es raro encontrar a docentes de primaria alta enfocados en la alfabetización inicial. La heterogeneidad de los niveles de aprendizaje de los alumnos de un mismo grupo propició que el reto pedagógico creciera sustancialmente.
Desde el punto de vista de las políticas educativas, las medidas de asistencia voluntaria y no reprobación, aunque en su momento tuvieron justificación, han traído efectos adversos para la escuela. Para algunos padres de familia tales disposiciones han representado la posibilidad de desentenderse de obligaciones elementales. Pareciera, ya con el paso del tiempo, que las medidas referidas debieron contar con una advertencia elemental: nada con exceso, todo con medida.
Por si fuera poco, ante este rosario de adversidades, debe citarse a una mayor: los problemas de pago al magisterio. Aunque ya es una desafortunada y dolorosa tradición que docentes de Inglés o de Telebachilleratos sufran, año con año, intermitencias salariales, en este ciclo escolar se sumaron los profesores del sistema de sostenimiento estatal. Además de malestar, el impago de las quincenas provocó en los docentes distracción sobre su labor pedagógica, así como, en algunos casos, paros aislados en los centros escolares.
Se remó a contracorriente durante el ciclo escolar 2021-2022. El desgaste del magisterio empieza a ser evidente cuando se acercan las últimas semanas de un calendario escolar cuya extensión ha sido ampliamente cuestionada. No obstante la alegría que representó el reencuentro entre la comunidad educativa durante el presente ciclo escolar, quizá la razón del descontento sobre su prolongación sea el desgaste provocado por un viaje tan accidentado como el descrito aquí. Cada docente, en su estuche de experiencias personales, podrá guardar algún periodo especialmente difícil para él, por condiciones específicas, ¿cuántos seleccionarán el presente ciclo escolar?
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado viernes 24 de junio, que anuló el derecho constitucional al aborto, tiene consecuencias concretas para miles de mujeres, obligando a niñas a ser madres, mujeres a viajar miles de kilómetros para poder abortar y otras a practicar peligrosos procedimientos clandestinos. A favor y en contra, ambos bandos empezaron una batalla, unos esperando prohibir el derecho al aborto al nivel federal y otros trabajando para restablecerlo. Una lucha que promete ser de largo aliento.
Al menos siete estados, que habían previamente preparado una legislación contra el aborto, decidieron aplicarla tras la decisión de la Corte Suprema. Es el caso de Dakota del Sur, Misuri, Kentucky, Arkansas, Alabama, Oklahoma y Wisconsin, que decidieron prohibir la IVE. La mayoría de ellos, sin excepción en caso de violación o incesto y permitiéndolo solo si la salud de la madre está en peligro. En otros territorios, como Idaho, Tennessee o Texas, la nueva legislación entrará en vigor en un límite de 30 días.
En algunos estados, proveer una IVE a una mujer podrá ser sancionado con varios años de cárcel. Entre ellos, Utah, cuya ley considera que realizar un aborto es un delito castigado con hasta 15 años de prisión y una multa de 10.000 dólares. Aunque se dirige principalmente a los proveedores, los legisladores han reconocido que una mujer que se autoadministre un aborto, incluso con medicamentos, podría enfrentarse a cargos.
Añadiendo a la confusión sobre el tema, este lunes 26 de junio, unos jueces bloquearon las nuevas normas en Utah y Luisiana, donde las leyes que prohíben el aborto están temporalmente pausadas.
En Luisiana, una clínica y varios estudiantes de medicina atacaron las legislaciones, argumentando que son demasiado vagas ya que no especifican claramente las excepciones ni las penas asociadas. El juez Robin Giarrusso las bloqueó el lunes hasta una audiencia el 8 de julio. Los abortos han podido reanudar, pero por poco tiempo.
Este caso marca el inicio de largas batallas judiciales en varios estados conservadores. Sin embargo, según el instituto Guttmacher, a medio o largo plazo, se prevé que 26 de los 50 estados prohíban o restrinjan fuertemente el aborto.
El 41% de las mujeres en edad de procrear, las directamente afectadas
Cerca de la mitad de las mujeres en edad reproductiva en EE.UU. serían afectadas por las nuevas leyes. La consecuencia más directa es el cierre de las clínicas que proveen abortos. Solo en el primer año, más de 100.000 personas podrían verse afectadas negativamente en su derecho a tener acceso a servicios de IVE.
Según Catalina Martínez Coral, directora regional senior del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, “se estima que las personas gestantes que requieran un aborto tendrán que conducir un promedio de 279 millas (450 km) para que se les pueda practicar un aborto, en comparación con el promedio de 35 millas (56km) que hay hoy”.
Las mujeres rurales, con bajos recursos económicos o parte de minorías serán, de nuevo, las más afectadas; sufriendo, entre otras cosas, de estrés económico y físico al querer recurrir a una IVE.
“La gran mayoría no van a poder desplazarse a otro estado. Recordamos que la mayoría de las mujeres que buscan un aborto son las mujeres más jóvenes, que viven debajo de la línea de pobreza, mujeres racializadas, mujeres migrantes”, explica Catalina.
¿Qué pasará con ellas?
“Lo que vamos a ver en Estados Unidos es lo que hemos visto en América Latina durante décadas, situaciones trágicas y dolorosas, como mujeres que van a tener que buscar abortos clandestinos, muchas veces poniendo en riesgo su vida o su salud o niñas víctimas de violación sexual que van a tener que seguir adelante con un embarazo,” deplora Catalina.
La prohibición del aborto podría convertirse en un problema de salud pública, con la multiplicación de los fallecimientos o secuelas irreversibles por abortos clandestinos, así como la subida de los índices de mortalidad materna.
Algunos estados van restringiendo la posibilidad de abortar, pero el acceso a la educación sexual y a la contracepción tampoco están asegurados en ellos. En Estados Unidos, el reembolso de los contraceptivos no está garantizado y la Corte Suprema podría ir más allá y restringir aún más su acceso.
“Después de revocar estas decisiones probadamente erróneas, quedaría por resolver la cuestión de si hay otras provisiones constitucionales que protejan la miríada de derechos que nuestros casos de debido proceso fundamental han generado», escribió Clarence Thomas, uno de los jueces de la Corte Suprema. El magistrado hizo mención, entre otras cosas, al fallo que garantiza el acceso a anticonceptivos a parejas casadas, conocido como «Griswold contra Connecticut”.
Un manifestante por el derecho al aborto sostiene un cartel durante una manifestación frente a la Corte Suprema de EE. UU. en Washington, DC, el 25 de junio de 2022.ROBERTO SCHMIDT AFP
Finalmente, como explica Robert Valencia, analista y periodista para Connectas.org, Estados Unidos “es el país con la tasa de mortalidad al nacer más alta dentro del mundo desarrollado”.
Según un estudio realizado por la organización Save the Children en 2019, Estados Unidos está en la última posición de los 20 países más desarrollados del mundo respecto a la mortalidad infantil, principalmente por la falta de garantía al acceso equitativo a la salud.
Según Robert Valencia, el peligro es aún mayor ya que el aborto podría ser prohibido al nivel nacional, una posibilidad tras las elecciones legislativas, conocidas en como elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre.
En caso de victoria de estas elecciones, los republicanos podrían imponer una ley federal que prohiba el aborto en todo el país. “Si los republicanos ganan la mayoría del Senado, y de la Cámara de Representantes, algo que podría pasar, entonces ya estaríamos hablando de una prohibición nacional en su totalidad”, señala Valencia.
La laicidad, también en peligro
Estados Unidos es un país laico en el cual existe una separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, con la nominación de tres jueces conservadores y antiaborto por el expresidente Donald Trump, y al tomar una sentencia que se mezcla peligrosamente con la ideología religiosa, Valencia denuncia un riesgo para la laicidad en el país.
Al tomar este tipo de decisión, “varios críticos han dicho que la Corte Suprema está caminando en una línea muy delgada entre lo que es la diferenciación de la Iglesia y del Estado”.
Históricamente, el Partido Republicano empezó a usar el tema antiaborto para ganar los votos de los evangélicos. Los conservadores todavía lo usan como bandera política, ahora de cara a las elecciones de medio término. Pero según Valencia, “otros expertos señalan que podría tener un efecto contraproducente ya que muchas personas no están de acuerdo con las decisiones que toma la Corte Suprema”.
En el país, las voces se elevan contra la corte, que acusan de no representar la voluntad general de los estadounidenses. Según los sondeos, cerca del 60% de la población considera que el aborto seguro es un derecho importante para las mujeres.
La lucha sigue para los movimientos que defienden el derecho del aborto
Después de la histórica decisión, el presidente Joe Biden fue uno de los primeros en reaccionar. «Está muy claro que la salud y la vida de las mujeres están ahora en peligro en esta nación,” declaró, añadiendo, “la lucha no ha terminado (…) haré todo lo que esté en mi poder para proteger el derecho de las mujeres”. Biden invitó a los electores a movilizarse en las elecciones legislativas.
Varias opciones se presentan ahora para defender el derecho al aborto en el país. Las organizaciones de derechos reproductivos trabajan más que nunca para ayudar a las mujeres a acceder a este derecho.
Al nivel federal, proyectos de ley protegiendo el derecho al aborto podrían ser votados por el Congreso, como la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que fue aprobada en 2021 por la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso).
Sin embargo, como recuerda Catalina Martínez Coral, al Senado le falta poder aprobar leyes con la mayoría simple para que la ley siga su camino. Actualmente, el Senado está divido entre demócratas y republicanos con 50 diputados de cada lado, y una ley puede ser votada solo con la aprobación de mínimo 60 diputados.
Las elecciones de medio término de noviembre darán el tono a la lucha sobre el aborto en Estados Unidos, mientras millones de mujeres, las más vulnerables, esperan en la mayor incertidumbre.
Tampoco se tomará en cuenta el porcentaje del alumno para aprobar el grado en 2022
Este fin de ciclo escolar, ningún alumno en México reprobará. Según un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, solo podrán asignarse calificaciones numéricas en la escala de 6 a 10 a alumnos de primaria y secundaria. Adicionalmente, la asistencia a clases no será un requisito para aprobar, de modo que todos los alumnos tienen garantizado su pase al siguiente grado en el ciclo escolar 2021-2022.
El documento, firmado por la titular de Educación, Delfina Gómez, indica que el registro de calificaciones finales para este ciclo escolar tomará en cuenta los logros de los aprendizajes y considerará los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por las y los docentes. “En todos los casos en que se asiente una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6″, dice el acuerdo. La escala numérica de calificaciones en el país considera que 5 es una calificación reprobatoria, por lo que el alumno debe repetir el grado.
Alma Leticia Delgadillo, docente de quinto año de primaria en una escuela privada en Ciudad de México, recuerda que en su carrera como maestra ha reprobado a dos alumnos y no se arrepiente de haberlo hecho. “Quedé convencida de que fue lo correcto y de que era una forma de ayudar al alumno”, dice en consulta.
Según las autoridades educativas, esta medida se toma para no rezagar a los alumnos que han vivido la pandemia por coronavirus. “Mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, mediante una valoración diagnóstica que permita conocer el avance del aprendizaje de las y los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021, así como establecer un periodo extraordinario de recuperación”, indica el acuerdo.
A los docentes no les ha caído bien la noticia, según lo han dado a conocer en redes sociales, sobre todo porque el ciclo escolar está a tres días de concluir. “(La medida) tiene un fin meramente estadístico que velará el verdadero rezago educativo en el que se encuentra nuestro país después de la pandemia y que no se buscarán soluciones, sino solo ir tapando los huecos tan tremendos que se presentan”, indica la profesora Delgadillo.
🗞️ #Boletín_SEP
Publicamos en el @DOF_SEGOB las disposiciones para concluir el #CicloEscolar 2021-2022, e inicio del 2022-2023, así como las acciones que favorezcan la reinserción escolar y permanencia de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional.https://t.co/rm7IF3Y6G6
Solo a los estudiantes con quienes no se ha tenido contacto alguno se les registrará con la leyenda “información insuficiente”, aunque podrán ser evaluados nuevamente al concluir el periodo extraordinario de recuperación del siguiente ciclo, a finales de noviembre de 2022, a fin de que cuente con una calificación numérica en su boleta. “Las instituciones tienen que tomar decisiones para saber cómo vamos a atender a los alumnos. Creo que lo más importante es impartir conocimientos básicos bien afianzados y no crear un nuevo programa”, concluye Delgadillo a pocos días de concluir el ciclo escolar.
América del Norte/México/01-07-2022/Autor(a) y Fuente: profelandia.com
La Secretaría de Educación pública (SEP), publicó el acuerdo11/06/22 por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023.
Dicho documento señala que con el objetivo de garantizar la continuidad de las y los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 2022-2023 hasta el término del primer periodo de evaluación.
Detalla que el periodo partirá de una valoración que se base en los resultados de la evaluación diagnóstica de las y los estudiantes a cargo del docente del grupo o de asignatura.
Precisa que tras la valoración a los estudiantes, el maestro diseñará un plan de atención de aprendizajes prioritarios elaborado bajo el esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar.
Y es que el acuerdo 11/06/22 expresa que el plan de atención de aprendizajes prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción, pero se dará prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente y comunicación prácticamente inexistente en el ciclo escolar 2021-2022.
Asimismo destaca que el plan de atención de aprendizajes prioritarios de las y los estudiantes podrá ampliar sus alcances durante todo el ciclo escolar 2022-2023 a criterio del docente, con base a los resultados de la valoración y de la evaluación diagnóstica.
Dicho plan podrá incluir actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas, metodologías innovadoras y otras estrategias y herramientas que permitan, además de la recuperación de aprendizajes del grado previo y la atención al rezago escolar, mejorar el logro educativo y avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar.
“En todos los grados y niveles se priorizará un enfoque que fortalezca y asegure los aprendizajes fundamentales para garantizar la permanencia y tránsito de las y los estudiantes. El plan de atención deberá considerar el plan de intervención y/o el proyecto de vida en el caso de las y los estudiantes con discapacidad”, señala el Acuerdo publicado por la SEP.
Del mismo modo expresa que la dependencia educativa en conjunto con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), pondrán a disposición de las Autoridades Educativas Locales y todo el magisterio el calendario de aplicaciones y valoraciones formativas, los instrumentos para la evaluación diagnóstica, los sistemas informáticos para conocer los resultados, así como acompañar a las y los docentes con talleres de inducción a los materiales, estrategias y usos correctos de dicha información.
Así también solicita que en el Consejo Técnico Escolar (CTE) se incluyan temas relacionados con los procesos de valoración diagnóstica, elaboración del plan de atención, recuperación de aprendizajes, atención al rezago escolar y permanencia y tránsito de las y los estudiantes.
¿Y los estudiantes que continúen en estatus de comunicación inexistente?
El acuerdo 11/06/22 puntualiza que si un estudiante a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación continúa en estatus de comunicación inexistente y tengan como antecedente haberse mantenido así durante el ciclo escolar 2021-2022, debe aplicarse la baja en el sistema de control escolar.
Sin embargo advierte que para la reincorporación de los estudiantes que se encuentran con estatus de baja en el sistema de control escolar, estos se deberán considerar como estudiantes sin antecedentes.
En estos casos se aplicará lo establecido en las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica.
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