El Popo mantiene a México en vilo: ¿Qué está sucediendo en su cráter?
El famoso volcán Popocatépetl en México, lleva varios días atrayendo todas las miradas por sus nuevas exhalaciones y humo que sale del cráter, ¿Qué sucede, volverá a la acción? Como uno de los volcanes más activos del mundo, este gigante nos puede dar mucha preocupación si entra en erupción, pero también, puede darnos estudios acerca de los volcanes y su funcionamiento.
Esto es lo que está pasando en el cráter del volcán Popocatépetl
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha emitido su más reciente informe de monitoreo del volcán Popocatépetl que corresponde al 28 de marzo de 2025, ¿Qué está pasando? Se han registrado 37 exhalaciones y 79 minutos de tremor durante las últimas 24 horas, pero no es una razón para preocuparnos del todo, o al menos no por el momento. De hecho, esto es lo que pasaría si Popocatépetl entra en erupción.
El volcán está en plena actividad. Sin embargo, esto no es nuevo, ya que este gigantesco volcán, ha sido uno de los más activos de México y reanudó su actividad a finales de 1994. De hecho, esta es la sexta vez desde el año 2000 que se emite alertas por humo y cenizas. Por ello, los expertos llaman a la calma y a seguir las recomendaciones oficiales basadas en el monitoreo del volcán, conocido como “el Popo” o “Don Goyo”.
Con base en experiencias previas, los científicos prevén que la actividad actual del volcán continuará en forma de expulsiones de ceniza y explosiones esporádicas, pero que podrían disminuir progresivamente en intensidad y durante las próximas semanas. Aunque las exhalaciones fueron acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos, los monitoreos continúan para vigilar.
¿Qué significa la fase actual del volcán Popo? Fue formado en el cráter de otros volcanes que colapsaron
De acuerdo con los especialistas del Cenapred, se han detectado que las exhalaciones son de baja intensidad, y el tremor registrado se divide en dos tipos: alta frecuencia y tipo armónico, lo que permite un análisis más preciso del comportamiento del volcán. Por tanto, se especifica que el volcán se encuentra en fase 2 de color amarillo. Esto implica algunas explosiones y cenizas en kilómetros distantes.
De hecho, el Popocatépetl no es el único volcán que forma parte de la llamada Sierra Nevada de México. Junto a él se encuentran otros grandes volcanes como el Iztaccíhuatl, conocido como “La Mujer Dormida” y con el que, según una leyenda popular, juró amor eterno. Lo que sí está comprobado es que, en los más de medio millón de años que lleva activo, ha presentado varias etapas de crecimiento que formaron al menos otros tres volcanes antes que él.
Estos fueron destruidos por enormes erupciones: Nexpayantla hace más de 400 000 años, Ventorrillo hace unos 23 000 años y Fraile hace unos 14 500 años. El cono actual del Popocatépetl se formó sobre los restos de estos volcanes. Se clasifica como un estratovolcán. Es decir, está compuesto por diferentes capas que se han formado en cada una de las múltiples fases de su larga vida eruptiva a lo largo de miles de años.
Un enigma en su interior, así es como monitorean el volcán Popo
Lo cierto es que el interior del Popocatépetl, como todos los volcanes, es un enigma. De hecho, México lanzará el nanosatélite Gxiba-1 para investigar el Popocatépetl. Su gran tamaño y las dificultades de acceso por estar activo hacen que su estructura interna sea poco conocida, ya que los modelos existentes para su monitorización se basan, por ejemplo, en factores como la sismicidad.
No hay ningún volcán del que se pueda obtener información precisa. Incluso en los más estudiados, solo tenemos algunos datos sobre los conductos de la formación volcánica, pero el magma proviene de muchos kilómetros de profundidad, así que no hay información directa, sino la inferencia que nos proporciona algunos datos, como los terremotos.
El volcán Popocatépetl está bajo vigilancia continua, por medio de múltiples sistemas de monitoreo y cámaras estratégicamente ubicadas en diversos flancos, permitiendo su observación las 24 horas del día, los 365 días del año. Este sistema integral permite a los expertos del Cenapred analizar constantemente la actividad volcánica y determinar las medidas preventivas necesarias.
Fuente de la Información: https://www.ecoportal.net/tecnologia/popo-mantiene-mexico-vilo/
Miembros de las academias estadounidenses envían “un SOS” ante los recortes salvajes, la censura y los despidos ideológicos.
Más de 1.900 miembros de las academias científicas estadounidenses —la élite mundial de sus disciplinas— han firmado una carta abierta en la que denuncian el “peligro real” que supone “el ataque sistemático contra la ciencia” encabezado por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El texto es durísimo. “Tenemos creencias políticas diversas, pero estamos unidos como investigadores en la defensa de la independencia de la investigación científica. Enviamos este SOS como una advertencia clara: el sistema científico del país está siendo destruido”, alertan. La carta está dirigida “al pueblo estadounidense”, pero el desaguisado provocado por Trump podría tener consecuencias en la esperanza de vida de toda la humanidad. Estados Unidos pone uno de cada cuatro euros dedicados en el mundo a la ciencia y la tecnología.
“La Administración está imponiendo la censura, destruyendo nuestra independencia. Está utilizando órdenes ejecutivas y amenazas financieras para manipular qué estudios se financian o publican, cómo se comunican los resultados y qué datos pueden ser accesibles para la población. La Administración está bloqueando investigaciones sobre temas que considera cuestionables, como el cambio climático, o cuyos resultados no le agradan, en temas que van desde la seguridad de las vacunas hasta la economía”, advierte la carta.
Entre los casi dos millares de firmantes hay figuras de dentro y fuera de Estados Unidos, como la viróloga francesa Françoise Barré-Sinoussi, ganadora del Nobel de Medicina de 2008 por descubrir el virus del sida; el astrofísico alemán Reinhard Genzel, nobel de Física por detectar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia; el virólogo estadounidense Harvey J. Alter, merecedor del Nobel de Medicina de 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; y el bioquímico español Joan Massagué, director del brazo científico del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, en Nueva York.
Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC
Las mujeres indígenas jornaleras fueron reconocidas al igual que los jornaleros agrícolas, como trabajadoras esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria del país, a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social (LSS) que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre de 2023, y se publicó en el Diario Oficial en enero de 2024. La reforma permite ampliar el reconocimiento para garantizar derechos como a un salario justo, acceso a la seguridad social, acceso a una vivienda digna, a la educación y evitar la subcontratación.
Ellas son vitales para la industria agrícola en México, pero no es suficiente frente a una realidad que se resiste a reconocerlas, como a Carmen, originaria de una comunidad nahua de la región de la Montaña de Guerrero, que, desde agosto de 2024, cuando fue despedida por la empresa agrícola para la que ella trabajaba, constató que la violencia tiene diversos rostros, y la justicia social y laboral no es uno de ellos.
Carmen llevaba 336 días trabajando en esa empresa cuando fue despedida. El primer día que llegó la hicieron firmar unas hojas, le dijeron que “era su contrato por seis meses”. Ella cursó solamente el segundo grado de primaria, a sus 32 años reconoce que el español lo comprende, pero no es su primer idioma, aprendió a firmar porque se lo solicitaron cuando tramitó su Credencial de Elector, así que ella plasmó su firma en esas hojas blancas con algunas líneas escritas que nunca le explicaron qué decían, solamente le dijeron que si terminaba su contrato le darían al final cuatro mil pesos de finiquito, y podía seguir trabajando en la empresa.
Después de cumplir los primeros seis meses, fue al área de recursos humanos para cobrar su finiquito, pero la convencieron de quedarse a trabajar otros seis meses más, y al final le iban a pagar la cantidad de ocho mil pesos, como finiquito por su trabajo.
Carmen tiene un hijo de 10 años, una hija con discapacidad de 9 años y un niño de 3 años. No van a la guardería porque el albergue donde estuvo habitando no cuenta con ese servicio, pero sí dispone de un cuarto de lámina habilitado para el cuidado de las niñas y niños. Ella le pagaba a otra mamá jornalera para que le cuidara a sus hijos e hija mientras se iba a trabajar. El albergue tampoco cuenta con aulas escolares, su cuarto es de concreto y techo de lámina. A pesar de esas condiciones, estuvo trabajando porque necesita el dinero para comprar la medicina que requiere su hija, así como todo lo necesario para ella y sus hijos. Pensó que su finiquito le iba a permitir comprar unos bultos de cemento y varilla, para comenzar a construir un cuarto en un pequeño espacio que le heredó su papá a espaldas de su vivienda, allá en su comunidad de origen.
Sin embargo, el 17 de agosto de 2024, salió a trabajar a las siete de la mañana junto con su grupo de trabajadores y trabajadoras agrícolas, su jornada iba sin novedad, después del medio día la llamaron de recursos humanos, pensó que le iban a pagar su finiquito, pero le comentaron que “ya no había hortalizas para cortar y debía regresar a Guerrero”. Le hicieron firmar una hoja que después supo era su “renuncia voluntaria”, le comentaron que ella y su familia debían pagar su traslado porque la empresa no lo iba a cubrir debido a que no concluyó su año de trabajo. Además, le comentaron que debía abandonar el albergue esa noche, pero “rogó” para que la dejaran salir al día siguiente y tuviera tiempo suficiente para guardar sus cosas. Le prometieron que el lunes 19 de agosto le depositarían su salario de esa semana que trabajó y su finiquito. La empresa agrícola no lo hizo, ella insistió por dos largos meses, pero sus llamadas nunca fueron atendidas por el área de recursos humanos.
Quiso presentar una denuncia cuando tuvo conocimiento que sus derechos habían sido violentados, pero la autoridad laboral le dijo que ya había vencido el plazo jurídico. La única alternativa y realidad a la que se enfrentó de nuevo Carmen fue migrar en noviembre de ese año a una empresa que no conoce, pero que la admitían con sus hijos e hija. A pesar del contexto de violencia que está atravesando el estado de Sinaloa, ella se arriesga cada día al salir al corte a los campos agrícolas donde la mandan, porque necesita de esos recursos para sobrellevar el día a día.
Para Carmen, los cambios hechos a los artículos 280, 283, 284 de la LFT y todos los del Capítulo VIII Trabajadores del Campo, no la han beneficiado como trabajadora agrícola, menos como “esencial”. La reforma es ajena a esa realidad, a esto se suma que esos abusos están íntimamente relacionados con la discriminación que ejercen los Centros de Trabajo Agrícola por ser mujer indígena y migrante, por no hablar, ni escribir y leer en español, por no tener una red de apoyo familiar, por no tener los medios, ni recursos para defender sus derechos, por no conocer los procedimientos jurídicos y por no acudir a tiempo con la autoridad laboral. Carmen no tuvo ni tiene acceso a lineamientos que le garanticen mejores condiciones de trabajo y de vida, no tiene acceso a protocolos y políticas internas que implementen acciones concretas que les permitan tener garantía de una reforma que la proteja como “mujer trabajadora”. Por ello, es fundamental que las autoridades como los empleadores den cumplimiento a esas leyes, que garantice realmente reconocer el carácter esencial de Carmen y de las miles de mujeres jornaleras de contextos rurales e indígenas que están viviendo esa misma realidad.
¿Por qué pesa más la confrontación de narrativas que la búsqueda de los desaparecidos, la justicia y la atención a las víctimas? Con esta pregunta iniciamos nuestra búsqueda de respuestas desde la crítica al capitalismo. En la entrega pasada (https://goo.su/Rrpt9h) habíamos indicado que el proceso desaparecedor es una tecnología racional, aquí nos proponemos analizar este aspecto.
5. Al asignarle el estatus de racionalidad a la tecnología desaparecedora, en primer lugar, se rompe con el análisis lineal. Su intención, que implica e implicó el mejor cálculo de los responsables, acabó en el terror de la crisis humanitaria en que vivimos. Por más perversidad individual que se haya requerido para ejecutar la represión mediante la desaparición forzada durante el periodo de la guerra sucia, es ilógico concluir que los gobiernos hubieran querido una crisis fuera de control; de la misma manera, por más descomposición psicológica individual que se requiera para ser parte de los responsables del proceso actual de desaparición, es ilógico pensar que los grupos beneficiados económicamente con esta tecnología pretendan producir una crisis que a la larga les pueda afectar en sus negocios, ya sea por la presión de las colectividades de búsqueda y por las movilizaciones sociales que de ello puedan derivar, como ocurrió con el caso Ayotzinapa. El video que replicaron los grandes medios el 17 de marzo, atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (https://lc.cx/zol0XR), jugó un triple papel: tuvo la clara intención de desprestigiar a las y los colectivos de búsqueda (https://goo.su/qixMnMS), frenar el descontento y de paso benefició la narrativa de los grupos de derecha.
6. Cabe hacer un paréntesis. Las críticas de los grupos de derecha al gobierno de MORENA, fomentan la interpretación lineal, como tenemos un mal resultado social eso deviene de un mal gobierno, el peor que hemos tenido —dicen—, se puede obtener la fórmula malo = malo + malo, hay que romper con esa lectura lineal; aquí estamos dando muestras de que racional + racional puede dar como resultado irracionalidad (enajenación), crisis y barbarie. Eso por supuesto no exculpa de responsabilidad al gobierno actual, ni lo descarta de no participar en la racionalidad desplegada en la desaparición forzada, lo que me interesa mostrar por ahora es que la interpretación lineal se fomenta con un objetivo electoral, al descalificar a MORENA estos grupos no proponen la alternativa revolucionaria de la clase trabajadora, sino recuperar el botín del aparato de Estado con una hipocresía sin límites, pues ellos y sus partidos son también responsables del proceso desaparecedor en el circuito burocrático-político: PRI, PAN, PRD, MC, Murillo Karam, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Genaro García Luna, Enrique Alfaro, Ángel Aguirre Rivero, etc.
7. En segundo lugar, se puede subordinar el juicio moral (la dicotomía bueno/malo) que hacemos sobre los responsables al contexto económico-estructural de la sociedad mexicana. Siendo una tecnología racional, la desaparición forzada no se constituye sobre la maldad o la bondad de los responsables, sino sobre los intereses de los grupos económicos involucrados en la industrial ilegal y legal. Decía un gran crítico de la economía capitalista, “en asuntos de dinero la benevolencia está totalmente de más” y un gran filosofo concluyó que el mal es la consecuencia negativa de la libertad. Con estos señalamientos, vemos que la comprensión del problema rebasa a un solo gobierno y la moralización sobre él, nos remite al análisis de la forma económica y política de México.
8. Al enlazar la desaparición forzada actual con la industria ilegal, se vuelve ineludible hablar de la economía mexicana y —desde la perspectiva marxista— de su forma de capitalismo. El texto del profesor Roberto avanza por esa ruta, desarrollando la idea de necrocapitalismo que produce y reproduce una relación especifica entre capital y trabajo asalariado. Aquí me remito a hacer otros señalamientos de aquella búsqueda de la que es pionero.
9. El ascenso del narcotráfico en México ha llevado a diversos investigadores a rastrear su origen. Es ahí que podemos lanzar una conjetura provisional: el desarrollo del capitalismo en México, posterior a la Revolución mexicana, va a dar un nuevo impulso a la industria ilegal, no como una anomalía ajena, sino como una de sus ramas, vinculada por lo mismo a otras de la industria legal, rasgo que mantendrá hasta la fecha; coexistirán para mantener un régimen de sobreexplotación de los recursos naturales y superexplotación de la fuerza de trabajo —hay numerosos reportajes que dan cuenta de esta relación, grupos criminales sirven de operadores políticos a las grandes mineras, impiden las luchas ambientales y territoriales de las comunidades para quitarlas del camino, ellos se favorecen con la tala y sembradíos ilegales, los otros con el control minero legal (https://lc.cx/l05Kob)—. Ejemplo de ello es la elaboración de goma de opio que productores estadounidenses fomentaron en nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial; o la producción de heroína y mariguana en la década de los setenta para la exportación a EEUU tras finalizar la invasión fallida a Vietnam (https://goo.su/IAbl). ¿En qué momento y qué sucedió para que esa rama emergiera como una potencia económica al grado de producir la crisis de desaparición forzada? Son preguntas que habrá que ir respondiendo posteriormente, porque no se puede resolver el problema con la aseveración “es el capitalismo”, no todo capitalismo ha derivado en crisis de desapariciones forzadas, puede ser que estemos hablando de un grave problema endémico. De esta industria —que opera en la ilegalidad— no se sabe a ciencia cierta los dividendos que genera, no obstante, también percibimos su impacto de otras maneras, una de ellas es la llamada narcocultura.
Maryland está considerando emprender acciones legales debido a la reciente decisión del Departamento de Educación de retirar importantes fondos de ayuda COVID-19.
El representante Glenn Ivey, del Cuarto Distrito de Maryland, informó a los medios de comunicación que la delegación de Maryland está trabajando en una iniciativa para redactar una carta para plantear el caso y pedirles a los entes correspondientes que lo reconsideren.
Ivey hizo hincapié en la necesidad de continuar la lucha contra los recortes de financiación que afectan a la educación y a los empleados públicos. Los funcionarios de Maryland se comprometen a recuperar esta financiación federal crucial para sus distritos escolares.
La secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, anunció hace unos días que los recursos de ayuda del COVID seguirían sin pagarse, lo que suscita preocupación por el inminente déficit de 418 millones de dólares en el presupuesto educativo de Maryland.
El Superintendente de Escuelas del Estado, Carey Wright, declaró que los “fondos se han gastado o comprometido con todas las expectativas de reembolso”.
Ivey advirtió que el déficit potencial podría perturbar gravemente los sistemas escolares locales, pudiendo llevar a reducciones de personal y a la pérdida de recursos didácticos esenciales.
Este déficit supone una amenaza significativa para distritos como las escuelas públicas del condado de Prince George, que prevén perder millones en el próximo año fiscal.
Aunque no se ha fijado una estrategia jurídica definitiva ni un calendario, Ivey dijo que debe presentarse lo más antes posible.
En el año 2007, el gobierno ultraderechista de Felipe Calderón privatizó el sistema de pensiones para el retiro de los trabajadores. De un plumazo, el Estado dejó de ser el rector, responsable y garante del sistema pensionario, el que pasó a ser manejado por varios grupos de capitalistas privados.
De este modo, las pensiones dejaron de ser un sistema de seguridad y protección de los trabajadores para convertirse en el millonario negocio de unos cuantos plutócratas.
Así, las pensiones siguieron la ruta de bancos, ferrocarriles, siderúrgicas, puertos, aeropuertos, carreteras, petroquímica, líneas aéreas y una muy larga lista de bienes nacionales que pasaron al dominio de capitalistas privados.
Al cabo de 20 años, las pensiones, como otros sectores privatizados de la economía, demostraron su incapacidad para cumplir sus ofertas de mejoría social y popular.
Ahora hay que desandar el camino privatizador y volver al sistema estatal. Así lo entienden y desean los millones de trabajadores defraudados por los engaños privatizadores. Al momento, la lucha por retornar al sistema pensionario estatal la encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Y no cabe duda de que los tiempos son propicios. Para empezar, hay en Palacio Nacional un gobierno sensible a la justeza de esta demanda popular.
En segundo término, con la desprivatización de las pensiones aumentaría el respaldo popular y electoral a la Cuarta Transformación entre los jubilados de hoy y del futuro, lo que limitaría las posibilidades de la derecha de retornar al poder por la vía electoral.
Salvo los plutócratas y sus corifeos en los medios de información, ¿quién podría estar en contra de garantizar una pensión digna y suficiente para los trabajadores retirados?
Ahora es el momento de dar el paso desprivatizador. El gobierno de la Presidenta Sheinbaum cuenta con un inmenso respaldo popular y con la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso
Cuenta, asimismo, con la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. Cuenta también con el apoyo de las fuerzas armadas. Pero, además, y lo más importante, cuenta con diversas, combativas y experimentadas organizaciones de masas, como la CNTE, dispuestas a dar la batalla por la renacionalización de las pensiones.
Nacionalizar es desarrollar, decían los cardenistas de los años treinta del siglo pasado. Y, como la historia lo demostró, tenían razón.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente de la Información: https://rebelion.org/desprivatizar-las-pensiones/
Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (en inglés, International Youth and Students for Social Equality) condenan la rendición de la Universidad Columbia ante las demandas del Gobierno de Trump de imponer un régimen de censura en el campus.
Policías de la ciudad de Nueva York detienen a manifestantes contra el genocidio cerca del campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, 30 de abril, 2024 [AP Photo/Craig Ruttle]
La administración universitaria anunció el viernes una serie de medidas de gran alcance como prohibir el uso de mascarillas en el recinto; la contratación de 36 “oficiales especiales” con el poder para sacar y arrestar a individuos; y la supervisión de los Departamentos de Estudios de Oriente Próximo, el Sur de Asia y África, así como el Centro de Estudios Palestinos, bajo un vicerrector nombrado por la universidad.
Además, la universidad anunció la adopción de una nueva definición de antisemitismo que incluye críticas a Israel y “ciertos dobles estándares aplicados a Israel”, una formulación que busca mezclar el antisionismo con el antisemitismo y reprimir la oposición a los crímenes del Estado israelí.
Las acciones tomadas por Columbia tienen vastas implicaciones para la libertad de expresión y los derechos democráticos, no solo en su propio campus sino en todo el sistema de educación superior en los Estados Unidos. Como escribió el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, en una declaración en X:
Una versión trumpiana estadounidense de lo que los nazis llamaron Gleichschaltung, la subordinación oficial de la vida intelectual y cultural a la ideología nazi, está siendo implementada por las principales universidades “liberales” estadounidenses.
Estas medidas no fueron impuestas a la fuerza a la universidad a través de coerción política ni una orden judicial. Fueron adoptados por la propia universidad, voluntariamente, con el fin de ganar el apoyo de Trump para la restauración de $400 millones en fondos federales que retuvo para forzar estos cambios. Columbia está actuando como un cómplice voluntario, trabajando mano a mano con el Estado para atacar a los estudiantes que protestan contra el genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza.
El 10 de marzo, el Gobierno de Trump envió una carta a más de 60 instituciones académicas, incluida Columbia, declarándolas bajo investigación por “acoso y discriminación antisemita” y amenazando con nuevas medidas policiales y recortes de fondos. Apenas tres días después, Columbia anunció que había suspendido, expulsado o revocado los títulos de 22 estudiantes involucrados en la ocupación pacífica de Hamilton Hall.
Columbia también facilitó la captura de Mahmoud Khalil, quien fue secuestrado de su residencia cerca de la universidad el 8 de marzo y ha pasado las últimas dos semanas en un centro de detención en Louisiana, amenazado con la deportación. En su carta desde la cárcel publicada la semana pasada, Khalil escribió:
Las presidentas de Columbia, [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y Dean Yarhi-Milo sentaron las bases para que el Gobierno de los Estados Unidos me atacara disciplinando arbitrariamente a los estudiantes propalestinos y permitiendo que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, se mantuvieran fuera de control.
Antes de su arresto, Khalil había escrito a Columbia pidiendo ayuda contra las provocaciones derechistas de un profesor universitario. Fue ignorado.
Las universidades de todo el país están asumiendo el papel de ejecutoras de la represión estatal, arrestando a estudiantes, vigilando las protestas y castigando las expresiones de oposición al genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza. Esto comenzó bajo la Administración de Biden, que respondió a la erupción de las protestas universitarias el otoño pasado alentando la represión policial.
En la Universidad de Cornell, la Administración intentó suspender al estudiante de posgrado y ciudadano británico-gambiano Momodou Taal por su participación en una protesta pacífica el otoño pasado, lo que habría llevado a su deportación. Esta acción creó las condiciones para el intento de Trump, en los últimos días, de capturar y deportar a Taal como represalia por su presentación de una demanda federal que desafiaba las órdenes ejecutivas de Trump como ilegales e inconstitucionales.
La dirección de la Universidad de Michigan pidió a la fiscala general demócrata Dana Nessel que presentara cargos penales contra 11 manifestantes estudiantiles propalestinos, como parte de un esfuerzo más amplio, liderado por los demócratas en Michigan, para criminalizar la oposición a la guerra y el genocidio. Más recientemente, la Universidad de Tulane ha presentado cargos disciplinarios contra siete estudiantes por participar en protestas fuera del campus exigiendo la libertad de Khalil.
La capitulación de Columbia y otras universidades ante la Administración Trump no puede explicarse simplemente por la cobardía de sus administradores, aunque ciertamente son cobardes. En las últimas cuatro décadas, la financiarización de la economía estadounidense y el dominio de la vida social por parte del mercado de valores han dado lugar a una nueva clase media-alta extremadamente rica. Esta capa, intelectualmente corrupta y separada de cualquier tradición democrática seria, ahora domina la cúpula de las universidades de élite.
Los fondos de Columbia llegaron a la asombrosa cifra de 14.800 millones de dólares al 30 de junio de 2024, con casi el 80 por ciento de sus inversiones vinculadas a fondos de cobertura, capital privado y acciones globales. La universidad está profundamente arraigada en el mundo de las altas finanzas.
Además, la presidenta interina Katrina Armstrong, que recibe más de $1 millón al año en salario, y la Junta Directiva están estrechamente vinculados al Partido Demócrata. De los $4.1 millones en contribuciones políticas hechas por los fideicomisarios de Columbia durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, el 88 por ciento fue a los demócratas. Solo el miembro de la junta, Adam Pritzker de la multimillonaria familia Pritzker donó casi $1 millón a la campaña de 2024 de Kamala Harris.
El exsecretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, ahora socio del bufete de abogados Paul Weiss, forma parte de la Junta Directiva de Columbia junto con importantes financieros, directores ejecutivos y agentes políticos.
Significativamente, el bufete de abogados de Johnson, Paul Weiss, recientemente hizo su propia capitulación abyecta ante la Administración de Trump, anunciando un acuerdo con la Casa Blanca para proporcionar servicios legales pro bono por valor de $40 millones para causas seleccionadas por la Administración de Trump a cambio de la exención de una de las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a bufetes de abogados y abogados. Un bufete de abogados que se adapta a las demandas del Estado deja de funcionar como defensor y se convierte en un instrumento de represión política.
Lo que se está exponiendo a través de estos desarrollos es que no existe una base de apoyo seria para la defensa de la democracia dentro del Estado, el Partido Demócrata ni cualquiera de las instituciones de la llamada “sociedad civil”. Trump no está actuando solo. Su asalto a los derechos democráticos se está llevando a cabo con la colaboración activa de ambos partidos, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y la élite corporativa.
Hace apenas una semana, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró la aprobación de un proyecto de ley presupuestario para financiar al mismo Gobierno que está implementando un plan sistemático para imponer una dictadura. El Partido Demócrata, independientemente de sus desacuerdos tácticos con la Administración de Trump centrados en la política exterior, es un partido de Wall Street y sectores privilegiados de la clase media-alta.
Lo que está ocurriendo ahora va mucho más allá del mccarthismo de la década de 1950. Es un asalto coordinado a los derechos democráticos más fundamentales de toda la población.
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) llaman a la más amplia oposición a este asalto a los derechos democráticos. Pero esta batalla no se puede librar solo en las universidades. La única base para la defensa de los derechos democráticos es la movilización política de la clase trabajadora, la gran mayoría de la población, independiente de ambos partidos capitalistas y basada en un programa socialista.
La clase obrera es una fuerza inmensamente poderosa, que puede derrocar al capitalismo y reestructurar la sociedad sobre la base del socialismo. El giro de la oligarquía capitalista a la dictadura está inextricablemente conectado con la guerra que se libra contra la clase trabajadora, en forma de asalto masivo a los programas sociales, el despido masivo de trabajadores federales y la eliminación de todas las regulaciones sobre las ganancias corporativas.
La abolición de la libertad de expresión en los campus universitarios será seguida por pasos para ilegalizar las huelgas y otras formas de protesta contra la explotación empresarial. Al mismo tiempo, está relacionado con una enorme escalada de la guerra imperialista, que ahora toma la forma de la expansión del genocidio y una guerra más amplia en todo Oriente Próximo, junto con los preparativos para la guerra contra China.
El JEIIS, el movimiento estudiantil y juvenil del Partido Socialista por la Igualdad, está luchando por construir un movimiento de jóvenes que esté orientado a una lucha por construir un movimiento en la clase trabajadora, en oposición a todo el establishment político, incluido el Partido Demócrata y todos sus apologistas y defensores.
Instamos a los estudiantes: ¡Asuman esta lucha! ¡Únanse al JEIIS!
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2024)
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