Por: Faustino Celestino Martínez
Tratando de contribuir y encontrar propuestas y respuestas que transiten por la reflexión colectiva, para construir una ruta acerca de cómo ha de ser la lucha que debemos realizar los pueblos del mundo en contra el neoliberalismo, en esta época de pandemia y pospandemia, porque todos damos por hecho que acudimos a esta cita con esa idea.
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Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
“Saturan el Semefo cuerpos de asesinados”, anunció El Diario de Juárez en marzo de 2008, mes en que los cadáveres de 40 personas no identificadas fueron enviados a la fosa común. Para mayo, otro encabezado alertaba de nuevo: “Ya no caben en la morgue”. El anfiteatro tenía 2 planchas metálicas y 14 cuerpos requerían autopsias, y guardaba otros 10 que nadie reclamó. En julio el título fue: “Saturan otra vez el Semefo”. Para entonces el promedio era de ocho cuerpos ingresados a diario, y se sumaron casi 50 exhumados de una fosa. Para diciembre -cuando los servicios periciales estaban recién ampliados y remodelados- otra nota de mal agüero se convirtió en presagio: “Colapsa el Semefo por tantos muertos”.
Las noticias sobre el inminente colapso en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez -sea por falta de espacio y de personal, truene de refrigeradores, ingreso de cadáveres de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios- pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, una y otra vez, en los últimos 14 años. El gobierno reconoció el problema apenas el año pasado, y lo nombró: “crisis forense”.
Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud.
Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país. Datos inéditos obtenidos por Quinto Elemento Lab revelan que, a finales de 2019, quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos.
En el año 2006, los cuerpos que quedaron en el anonimato dentro del sistema forense eran apenas 178, al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.
La herencia de Calderón a esta trama fue de 9 mil 349 cadáveres anónimos. La de Peña Nieto, de 17 mil 590.
En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.
Esos casi 39 mil cuerpos forman parte del saldo de 14 años de la política de militarización estrenada desde el sexenio de Felipe Calderón, la “guerra contra el narco”, que desató un baño de sangre y echó gasolina a las disputas territoriales de los grupos criminales. En ese lapso, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.
La paradoja es que cada día familias de distintas geografías se organizan en colectivos para salir a buscar a sus parientes desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Cada año madres de migrantes recorren México buscando pistas sobre sus hijos e hijas que nunca volvieron. Entre esos casi 39 mil cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno.
¿Qué se sabe de estos cuerpos?
Esta investigación, basada en solicitudes de transparencia de información pública a las autoridades forenses de las 32 entidades y la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), arroja que 25 mil 833 de los cuerpos NI o No Identificados, correspondían a hombres y 2 mil 419, a mujeres. En 10 mil 639 no fue especificado el género en las respuestas.
Cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Juntos registraron 21 mil 881 personas fallecidas sin identificar.
Ningún gobierno, informe o diagnóstico ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos.
Sin normas nacionales homogéneas para el procesamiento, identificación y resguardo de los cuerpos, y con personal insuficiente para la estampida violenta, a los Semefo llegaron miles de cuerpos que muchas veces fueron indebidamente resguardados, poniendo en riesgo su futura identificación y trazabilidad, es decir, el registro de dónde terminó cada uno.
Cada tanto aparecen en las noticias los experimentos improvisados de algunos estados para evitar que esos cuerpos de desconocidos se estacionen en sus planchas metálicas, y dar cabida a otros recién llegados. Los casos más conocidos son los que violaron todos los derechos que tienen las personas muertas.
El gobierno de Morelos, por ejemplo, cavó sus propias fosas clandestinas en Tetelcingo, entre 2010 y 2013, para ocultar 117 cadáveres, enterró otros 84 sin placa alguna en el panteón de Jojutla que fueron descubiertos por familias de personas desaparecidas. Ellas, indignadas y enojadas, presionaron hasta su exhumación en 2016 y 2017.
En septiembre de 2018 un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Lo que parecía una trama de narcos fue obra de las autoridades que apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
Las morgues móviles no eran una solución innovadora: ya antes la habían experimentado en Acapulco, Chilpancingo, Xalapa, Tijuana o en Tamaulipas y siguen siendo utilizadas. Antes de este escándalo internacional que ganó el mote de “los tráileres de la muerte”, también en Jalisco se habían dado a la tarea de incinerar en un horno a mil 559 personas; apenas 553 bolsas de cenizas contaban con los registros forenses completos que son necesarios para que alguien los pueda identificar.
Además del desborde constante en Ciudad Juárez, morgues como las de Acapulco, Chilpancingo, Cancún, Guadalajara, Xalapa, Torreón, Coatzacoalcos y Tijuana han colapsado, según reconocieron las autoridades forenses de los estados, o quedó registro en la prensa.
En 2017, por ejemplo, el Semefo de Chilpancingo paró labores: trabajadores protestaron por los olores fétidos que emanaban los cadáveres acumulados. En 2019 a las instalaciones del Sistema estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron a parar los cuerpos del anfiteatro de Tijuana, que se quedó sin cupo.
¿Dónde están los cuerpos NI?
Ante la falta de capacidad para resguardar los cuerpos, los Semefo del país encontraron una salida bajo tierra.
La crisis forense transformó al Estado mexicano en una máquina enterradora: del Semefo a la fosa común pasaron 27 mil 271 cuerpos de desconocidos -70 por ciento del total-.
Durante muchos años, personal pericial introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir un protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. El sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas.
En Coahuila, por ejemplo, durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, de 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número, ni en descripción. En las fosas irregulares de Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que, o no tenían datos de identificación o tenían etiquetas ilegibles. Peritos de la FGR iban por 30 cuerpos, y extrajeron más de 100.
Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que llaman “pérdidas administrativas”.
Lo explica en entrevista el asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Hugo Soto Escutia: “Si se identifica, esa persona queda en una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, equis número, y no sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, ahí lo pierde el Estado. Por eso se le llama la pérdida administrativa, por una cuestión administrativa del Estado”.
El otro destino más común para los cuerpos sin identificar son las gavetas en los Semefo. Un 14 por ciento de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados, cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En ese limbo permanecen 5 mil 446.
Pero el que estén más a la vista no garantiza que serán identificados.
En 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez “guardaba” 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo Semefo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados.
Entre esta porción de NI embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas de Iguala y sus alrededores cuando se hacía la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Alrededor de 90 ocupan gavetas del CEMEFOFE de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos NI, 954 fueron reducidos a ceniza: tres en Tamaulipas, el resto en Jalisco. La única esperanza para quienes les buscan es que los peritos hayan integrado correctamente sus expedientes, con foto y análisis genético incluido. La FGR no mencionó en sus respuestas la incineración de 10 cuerpos exhumados de fosas en San Fernando, Tamaulipas, el último día del sexenio de Calderón.
Al menos 2 mil 589 cuerpos fueron donados a escuelas de Medicina. Es posible que los estudiantes estén aprendiendo con los cuerpos de personas buscadas por sus familias.
Universidades como la de Guadalajara han contribuido a esta crisis humanitaria: incineró 118 de los cuerpos donados por Instituto Forense.
En otros 53 casos son funerarias privadas las que tienen en su poder los restos. En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las fiscalías delegaron su obligación de resguardar los cuerpos a estos negocios particulares.
La doble desaparición
En el colmo, en siete estados, perdieron cuerpos.
Es la situación de 999 cadáveres de los que las autoridades forenses no saben aclarar su destino final aunque sus peritos fueron los últimos que los examinaron dentro de sus instalaciones. Reconocieron este desorden que raya en lo delictivo las fiscalías de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El registro de su resguardo final se perdió en el laberinto institucional.
Un caso paradigmático es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que respondió que tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones.
Las autoridades forenses de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no entregaron la información sobre el destino final de 2 mil 528 cuerpos NI, que equivale a 6.5 por ciento del total nacional de cuerpos no reclamados. Sólo es posible saber que fueron registrados y que continúan en calidad de desconocidos.
La Fiscalía de Guanajuato evadió responder cuántos cuerpos no identificados tenía: tras reiteradas solicitudes de Transparencia sólo reconoció que contaba con “153 archivos básicos completos” con descripción de características que permitan posteriores identificaciones.
Después de una queja ante el Instituto de Transparencia de Guanajuato, entregó información sobre 701 cuerpos inhumados en fosa común, pero informó que desconoce cuántos fueron posteriormente identificados. La fiscalía no respondió a la solicitud de entrevista solicitada.
No hay forma, entonces, de saber la magnitud exacta de la crisis forense.
En esta investigación sólo mencionamos cuerpos completos y osamentas. Por los Semefo pasan cientos de miles de restos y fragmentos humanos. En varios estados del país, los criminales han utilizado ácido o fuego para destruir cuerpos o volverlos irreconocibles.
Diagnóstico desconocido
En junio de 2019, durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas expuso que en el país hay 37 mil cuerpos a los que posiblemente no se les practicó necropsia, 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos.
No se especificó la metodología del diagnóstico, el número de personas fallecidas no identificadas, sus características, su distribución en las entidades federativas y dónde se encontraban (ver recuadro sobre “el informe secreto”).
Tampoco el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano civil e independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones, supo cómo se llegaron a esos resultados. “Nosotros conocemos igual que todos el Power Point que se presentó en una reunión, tuvimos dudas precisamente sobre las metodologías usadas para llegar a esta cifra (…) seguimos sin tener muy claras las metodologías con las que se han llegado primero a 26 mil y luego a 37 mil”, explica Volga de Pina, integrante de este Consejo.
Encinas mencionó que la “emergencia forense” se debe a falta infraestructura, personal, recursos, cementerios forenses y protocolos homologados para la conservación de cadáveres.
Aunque Quinto Elemento Lab envió diversas solicitudes de información para pedir una copia del diagnóstico completo, este fue negado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alegando que solo la FGR contaba con él, mientras que la Fiscalía argumentó que el diagnóstico no estaba concluido.
Los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, en cambio, sí entregaron a Quinto Elemento Lab una copia del cuestionario que respondieron para ese informe.
Las respuestas que las autoridades de estos tres estados enviaron para la conformación del diagnóstico forense muestran una realidad desoladora: en el caso de Baja California Sur, la dirección de servicios periciales reconoció que la carga de trabajo está en aumento, pero no así el personal operativo. En tanto Tamaulipas, que recibe en promedio 10 cadáveres al día, respondió que puede tardar de tres días a un mes para identificar a una persona; en algunos casos hasta dos años si no cuenta con confrontas genéticas. El cuestionario respondido por el Semefo de la ciudad de Puebla es escueto: escrito a mano, a veces ilegible y tachado, se alcanza a leer: “La carga de trabajo ha aumentado, 10 cadáveres x día y rebasado. Casos complejos”.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, considera que es injusto estigmatizar a los servicios médicos forenses hablando de “crisis forense”.
Dice que no lleva a nada constructivo repetir que en Jalisco hubo “4 tráileres con 400 cuerpos” o que en Guerrero entregaron cenizas a familiares que resultaron no ser de humanos. “Son datos que ya se manejaron”, dice el médico en entrevista.
“Se me hace injusto (hablar de) el tema de la crisis forense, No, acá tenemos una crisis de violencia, de delincuencia, que repercute en el área forense, me queda claro, pero al manejarlo como crisis forense siento que nos dejan a todos los forenses la máxima responsabilidad de todo esto cuando se ha hecho el máximo esfuerzo”.
Para Anselmo Apodaca, la violencia se combinó con falta de infraestructura, de inversión en tecnología, de personal y capacidades rebasadas. Admite también que en algunos estados no hubo visión al dotar presupuesto a las unidades de medicina legal.
Los Semefo no estaban preparados para lo que vendría. Fueron sorprendidos por la llegada masiva de las víctimas de homicidios y masacres a las que debían de atender con infraestructura deficiente: en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas las funerarias privadas les prestan sus instalaciones. O sin personal suficiente, como lo reconocen las autoridades forenses en Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. O sin inversión, como ocurrió en Veracruz donde 80% del presupuesto destinado al rubro fúnebre se usó para otros gastos. Tradicionalmente los Semefo han sido tratados como apestados a la hora de la repartición de recursos estatales.
“La violencia se fue incrementando y se fue abandonando en muchos lugares el presupuesto para poder fortalecerlos”, dijo Apodaca, también comisario de la Policía Federal con especialidad en criminalística. “Al no estar fortalecidos quedaron rebasados en sus capacidades (…) los Semefo fueron sobreviviendo con el presupuesto que les iba asignando cada estado”.
Considera que habría que contar los cuerpos sí identificados, que son muchos y que demuestran el buen trabajo realizado en muchos Semefo.
Sin embargo, el diagnóstico que se pretende ocultar queda ventilado cuando otras instituciones han podido echar un vistazo al funcionamiento de los servicios periciales.
Un estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo sobre las capacidades forenses de Veracruz -obtenido por AVC Noticias-, reveló que de 910 cuerpos enviados a fosa común entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían archivos básicos post mortem. Encontró también que era una constante en las fichas sobre los cuerpos ingresados en Semefo no desglosar lugar preciso de recuperación, si actualmente el cuerpo está o no identificado y el estado que guarda.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente que colabora con gobiernos y colectivos de familiares para la identificación de personas, y que participó en la Comisión Forense para revisar junto a la PGR los cuerpos NI extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, encontró que las autoridades estatales y federales cometieron una cadena de errores, según documentó la CNDH en su recomendación 23 VG/2019.
Por ejemplo: terminaron en fosas comunes 31 de los 60 cuerpos exhumados aún cuando podrían haber sido identificados. Erráticamente incineraron un número indefinido de cuerpos. Retrasaron más de 4 años el cotejo de muestras genéticas de los familiares. Mezclaron osamentas de distintas personas. Perdieron pertenencias que acompañaban los restos. Levantaron reportes sobre desapariciones sin datos importantes. Entregaron el cadáver de un mexicano a una familia guatemalteca y esperaron un año para remediarlo.
En enero de 2020 la CEDH de Jalisco hizo una recomendación al IJCF y a la Fiscalía estatal en la que señaló que se borraron los datos en las etiquetas del 25 por ciento de los cadáveres NI. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia entre cadáveres y fichas de desapariciones de otros estados, no se solicitaba colaboración para localizar a los familiares. Toma de huellas dactilares tardía a los cuerpos. Falta de confrontación de las muestras de ADN de personas que buscaban a un familiar con las muestras de ADN de los cuerpos a su resguardo. Ausencia de datos de al menos 700 cuerpos cremados en años anteriores.
El colapso de los servicios periciales es tortura para las familias.
El colapso forense
Quinto Elemento Lab también obtuvo información vía Transparencia para esta investigación sobre la saturación de los Semefo en el país. Al cierre de 2019, 44 de 177 Semefo estaban desbordados. Se trata de unidades en 18 estados de la república, y el de la FGR.
Es decir, uno de cada cuatro unidades que resguardan cuerpos tiene el cupo sobrepasado.
El Semefo de Xalapa guardaba 364 cuerpos más de los que le caben. Y el CEMEMOFE de la FGR tenía 164 cuerpos de más. La Zona Norte de Quintana Roo padecía una situación crítica: el anfiteatro excedía su capacidad por 85 cuerpos.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz reconocieron que han recurrido a contenedores frigoríficos para el exceso de cadáveres, pero en sus respuestas no aclararon la capacidad de esas morgues improvisadas.
El Semefo de Ciudad Juárez reportó que tenía 45 cuerpos más.
En 2018 la prensa juarense informó que la morgue requería nuevas inversiones, que ingresaban 420 cadáveres por mes (la mitad, víctimas de homicidios), que a 231 cadáveres les faltaba el análisis de perfil genético, que una persona buscó 8 años a su hijo y la encontró en el Semefo, que víctimas se manifestaron para exigir información de cuerpos resguardados.
La autora de las primeras notas sobre la saturación de las morgues de 2008 es la periodista Luz del Carmen Sosa. Estos años ella ha sido testigo de la ampliación de instalaciones, el equipamiento, las nuevas contrataciones y los cursos al personal del Semefo, las certificaciones de laboratorios y, en contraste, las interminables filas de espera para la autopsia; la caravana de madres de jóvenes desaparecidas que pedían auditar el Semefo para buscar a sus hijas; la falla del sistema de refrigeración por exceso de cadáveres; el asesinato del jefe de servicios periciales; el hallazgo de fosas clandestinas que convierten a Chihuahua en segundo lugar nacional; los cuerpos que permanecieron años sin ser identificados aunque sus familias los reclamaban; los sistemáticos entierros de desconocidos en fosas de panteones municipales para desocupar espacios, y los repetidos colapsos de la morgue.
Diez años después de aquellas primeras notas, en 2018, documentó que sumaban 584 los cadáveres no reclamados.
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En febrero de 2019, el Subsecretario Alejandro Encinas prometió que se crearían cinco Institutos Regionales Forenses (en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz), 15 cementerios forenses -depósitos temporales de cadáveres- en nueve estados y se daría un apoyo “extraordinario” para los servicios forenses en estados rebasados, para fortalecer capacidades estatales y para la CNB.
En diciembre de 2019, por presión de las familias de personas desaparecidas y también con su participación, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano de expertos con autonomía técnica y científica que apoyará la identificación de los cuerpos o restos óseos en todo el país. A pesar de la urgencia de las familias de personas desaparecidas por encontrar a sus seres queridos, éste sigue sin titular y aún no funciona.
Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jereemel Fernández y es vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, considera que el presupuesto es insuficiente. Está esperanzada de que el primer día de enero arranque el Mecanismo.
A la fecha, una promesa se ha cumplido: en agosto pasado Coahuila recibió del gobierno federal un Centro Regional de Identificación. El 17 de septiembre, en Michoacán, se puso la primera piedra del que será un Centro de Resguardo Forense.
El jefe de la delegación del CICR para México, Jordi Raich, informó el año pasado en entrevista que se ha calculado que, en un escenario ideal, con los especialistas y recursos necesarios, se podrían revisar por año un estimado de 2 mil cuerpos, para tratar de devolverles la identidad. Esto significa que demoraría 20 años sin contar los nuevos ingresos. “Si no se entra en un escenario (de violencia) que se recrudezca aún más”.
La serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Síguela en: www.quintoelab.org/crisis-forense/
Diagnóstico: Información “clasificada”
En 2018 comenzó una danza de cifras sobre los cuerpos no identificados en el país.
Para abril, el subsecretario de Derechos Humanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rafael Avante, soltó que eran 35 mil cuerpos no identificados en los Semefo. Nunca aclaró su fuente ni atendió a las solicitudes de información pública. Al terminar su mandato le dio otro dato a Alejandro Encinas, quien lo sucedería en el cargo: eran 26 mil.
En enero de 2019, al despedirse de su cargo, el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, afirmaba que habrían 36 mil 708 cadáveres NI, según los registros de huellas dactilares en la Plataforma México.
Antes de acabarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- realizó el “Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones”, que nunca se presentó al público, pero estimaba en 16 mil 520 el número de cadáveres conservados en Semefo o enterrados en fosas comunes de 26 estados.
El último esfuerzo para despejar la incógnita de registros post-mortem de cuerpos no identificados se hizo en marzo de 2019, a partir de que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron urgidos desde Presidencia de la República para elaborar un diagnóstico.
Funcionarios de las distintas dependencias fueron enviados del 29 al 31 de marzo a cada una de las entidades federativas para hablar con las personas a cargo de los anfiteatros y llenar un largo cuestionario sobre instalaciones y capacidades, número de especialistas y de cuerpos.
A mediados de año Encinas presentaría los resultados: había 37 mil 443 cuerpos a los que probablemente no se les hizo una necropsia. No mencionó más.
En 14 años ningún funcionario ha presentado algo más que declaraciones. Nadie ha presentado un informe completo.
La CNB y la FGR negaron el acceso al documento, en las solicitudes de información realizadas.
El diagnóstico señala que en el país hay 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos. Y que la causa de la “emergencia forense” era la falta de personal, infraestructura, recursos, panteones especializados y protocolos homologados.
El ahora consultor independiente Anselmo Apodaca, quien en 2019 era coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR, explicó en entrevista que el diagnóstico no se hizo público para evitar un golpeteo entre partidos políticos con base en el desempeño de los servicios forenses estatales.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio. (Luego) se hizo un consenso, realmente sensibilizamos a todos los directores de periciales para que ellos, a su vez, sensibilizaran a sus fiscales. Fue un trabajo nada sencillo porque todo mundo siente que es dueño de su información, pero al hablar de bases de datos no puedes ser dueño de su información”, dijo.
Agregó que a cada duda se hablaba con los titulares de los Semefo. Otra fuente consultada bajo condición de anonimato mencionó que nunca fue posible homologar los resultados: en las prisas por darle una expedita respuesta al presidente se envió a cualquier gente a hacer auditoría a los Semefo y muchos no entendieron la jerga forense y, a su regreso a la ciudad de México no supieron traducir en detalles técnicos.
Sea por consenso entre autoridades o porque nunca fue terminado, lo cierto es que el documento sigue bajo candado.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/un-pais-rebasado-por-sus-muertos/
Por: Erick Juárez Pineda
En el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre ha desaparecido la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y la Dirección General de Evaluación de Políticas
Por un lado, la la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) desaparece como tal y es sustituida por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio.
Esta nueva dirección tiene como objetivo proponer a la persona Titular de la Subsecretaría de Educación Superior las políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de la educación, así como impulsar su implementación
Además de establecer las normas pedagógicas, los planes y programas de estudio para la educación normal, y demás normativa para la formación de maestros de educación básica, los cuales deberán mantenerse acordes al marco de educación de excelencia contemplado en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del Sistema Educativo Nacional.
Por su parte, la Dirección General de Evaluación de Políticas Educativas se convierte en Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación.
Esta nueva dirección busca coordinar y fomentar con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las relaciones en materia educativa con otros países y órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, así como participar e intervenir, en su caso, en la formulación de programas educativos de cooperación, políticas educativas y estrategias de financiamiento en la materia.
Además, propone a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, iniciativas conducentes al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al logro de una posición competitiva de las instituciones educativas públicas y privadas en sus diversos, tipos, niveles y modalidades.
Consulta este documento dando click aquí: Reglamento Interior de la SEP
Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/en-nuevo-reglamento-de-la-sep-desaparece-la-dgespe-y-direccion-de-evaluacion-de-politicas/
África/Angola/24 septiembre 2020/prensa-latina.cu
La nueva medida, indicó la reseña, se justifica por el hecho de que ‘los ingresos escolares constituyen una importante porción alternativa de financiamiento para las instituciones públicas de educación secundaria’, inscritas en el llamado segundo ciclo.
A juicio del Ejecutivo, la recaudación de derechos y tasas aumentará los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de los centros escolares en este subsistema educativo.
De acuerdo con la Orden Presidencial, que no especifica la fecha de entrada en vigor de los cobros, la recaudación será asegurada por los ministerios de Educación y Finanzas, los cuales deberán definir y aprobar los montos.
En septiembre de 2019, las autoridades angoleñas decidieron prohibir el cobro de cualquier tasa en las instituciones educativas públicas, al considerar la inexistencia de un documento legal a tales efectos y el carácter arbitrario de algunas prácticas de esa naturaleza, recordó Angop.
América del norte/Estados Unidos/24 septiembre 2020/semana.com
Nueva York, la única gran ciudad estadounidense que planea un retorno presencial a la escuela, aplazó por segunda vez la fecha del regreso físico a clases, a raíz de inquietudes del sindicato de maestros.
Las clases presenciales en Nueva York, el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con 1,1 millones de alumnos, debían comenzar entre una y tres veces por semana, inicialmente el 10 de septiembre, y luego el 21 de septiembre.
Pero ahora, solo los niños en edad preescolar irán a sus escuelas en la fecha prevista, según anunció el alcalde Bill de Blasio en conferencia de prensa.
Los alumnos de primaria comenzarán a ir físicamente a la escuela a partir del 29 de septiembre, y los estudiantes de secundaria desde el 1 de octubre.
El sindicato Federación Unida de Maestros (UFT) dijo en su cuenta de Twitter que sus miembros encontraron “miles de problemas operacionales” en las escuelas y que la “enorme escasez de maestros” hubiera convertido la reapertura el 21 de septiembre en “un fiasco”.
Algunas escuelas aún tienen problemas de ventilación en los salones o de conexión a internet. Una madre denunció esta semana que un pirata informático accedió a la clase en línea de su hijo y difundió imágenes pornográficas.
Sobre todo, por miedo a que las escuelas no sean seguras y sus hijos se contagien de covid-19, un 42 por ciento de los padres han optado por una enseñanza totalmente a distancia para sus hijos, una cifra que creció en 15 por ciento en las últimas dos semanas.
Los sindicatos afirman que no hay suficientes maestros para dar clases en línea a tantos niños.
Existen “preocupaciones reales”, admitió De Blasio en conferencia de prensa, aunque insistió en que “nada reemplaza la enseñanza cara a cara”.
El alcalde anunció que la ciudad contratará 2.500 maestros adicionales, además de los 2.000 nuevos maestros que fueron empleados esta semana.
“Este es un número que nos da las cifras que creemos necesarias para comenzar”, dijo.
Pero los sindicatos afirman que se requiere contratar a 10.000, por lo cual aún habría una escasez de 5.500 maestros.
Los educadores también han indicado que el gobierno municipal ha fracasado en rastrear los contactos de los pocos maestros que dieron positivo para el virus, unas 60 personas de un total de 17.000.
Tras un acuerdo con el sindicato UFT, la ciudad hará tests de diagnóstico a entre 10 y 20 por ciento de los alumnos y personal de cada escuela una vez por mes, a partir de octubre.
Si la tasa de contagio en Nueva York supera el 3 por ciento -actualmente es inferior a 1 por ciento- las escuelas deberán cerrar.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/grandes-ciudades-en-estados-unidos-aun-no-reabriran-colegios/202015/
OMS/24 Septiembre 2020/semana.com
“¿Qué es más importante?”, cuestionó el doctor Mike Ryan, director de la OMS para Emergencia, al revelar que el 25 por ciento de los países aún no tiene fecha de regreso al colegio.
“Todos queremos que los niños regresen a la escuela y todos queremos que las escuelas sean sitios seguros”, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, quien subrayó que la decisión de cerrar los centros educativos debe ser “un último recurso (temporal) y solo debe implementarse a nivel local en áreas con una transmisión intensa».
Tedros recordó que a nueve meses del inicio de la pandemia del coronavirus, quedan muchas preguntas en cuanto a la forma como la covid-19 puede atacar a niños y adolescentes, quienes por lo general tienden a tener un cuadro leve de la enfermedad. Pero la interrupción de la educación tiene consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto, y por eso es de vital importancia que puedan volver a sus escuelas.
En ese sentido, el doctor Mike Ryan, director de la OMS para Emergencias, señaló que algo en lo que todos debemos estar de acuerdo es que las escuelas son importantes y que la educación de los niños es prioritaria. «¿Cómo combinar la protección de la muerte a las personas vulnerables y el regreso de los niños a la escuela? Debemos hacer sacrificios (…) La única forma de conseguirlo es que los adultos se mantengan a distancia para disminuir los contagios”, explicó.
Ryan fue enfático al preguntar: “¿Qué es más importante, que los niños regresen a la escuela o que estén abiertos los bares y los clubes? Son decisiones que tenemos que tomar».
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/abrir-escuelas-o-bares-el-cuestionamiento-de-la-oms-a-los-gobiernos/202055/
Por: Daliri Oropeza
Aunque el presidente ha reiterado desde que inició su sexenio que no dará más concesiones mineras, la Dirección General de Minas informa por lo menos 21 con fecha de diciembre de 2018 a febrero de 2020. Actualmente el 30% del territorio está concesionado a empresas privadas. La señal de alerta se encendió en varios pueblos por el incremento de las exploraciones en sus territorios. La minería no suspendió actividades durante la pandemia.
¿Cómo llegué a la conclusión de que es una falacia lo que repite AMLO en su conferencia de “no habrá más concesiones mineras”?
Entré a una de esas reuniones virtuales que ahora son cotidianas. En ella, encontré a representantes de muchos pueblos y organizaciones, académicos e investigadores comunicando y expresando que urge encender una alerta: la minería se acelera. Contaron sus experiencias ante esta imparable industria, que se tornó voraz.
¿En qué momento se tornó voraz?
Durante el sexenio de Salinas había menos de 3 mil concesiones. Con Fox La Secretaría de Economía (SE) otorgó 12 mil 652 concesiones más, equivalentes a casi 8 millones de hectáreas. Con Felipe Calderón, esta misma secretaría dio 11 mil 616 concesiones adicionales. Parecen menos, pero equivalen a 22.1 millones de hectáreas, el doble del territorio. La sumatoria es de por lo menos 31 mil concesiones, equivalentes a 56 millones de hectáreas. El 30% del territorio nacional.
Y, aunque AMLO dice que no han dado ni darán más concesiones mineras, rasqué en el CartoMinMex (Mapa de la Cartografía Minera en México de la Dirección General de Minas de la SE). Allí hay registradas por lo menos 21 concesiones desde diciembre de 2019 a febrero del 2020 (es la última actualización). Los estados involucrados son Zacatecas, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Estado de México, San Luis Postosí, Chihuahua.
El abogado ñuu savi Francisco López Bárcenas expuso en esta reunión virtual un análisis con datos de las investigaciones que realiza.
“En 10 años se extrajo más mineral del país que en los 300 años de la colonia”, asegura. La minería antes de 1992 —detalla— estaba en el lugar 65 de las actividades económicas de México. Ahora está se encuentra en la cuarta posición, solo después de la industria automotriz, la petrolera, las remesas y, después de la minería, el turismo.
López Bárcenas es investigador adscrito al programa de Agua y Sociedad y al programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Tiene más de dos décadas de investigación sobre la minería.
En su exposición detalló que el ascenso de la minería como actividad económica fue drástico desde la firma del Tratado de Libre Comercio duarnte el Salinismo, al grado de ser considerada ahora como actividad preferente. Y en la pandemia no paró. Varias habitantes de pueblos con minas lo reportaron. En México, esos 10 años son el equivalente a las últimas dos generaciones que, prácticamente, son afectadas por esta actividad y pierden sus tierras, su tejido social, su salud.
Recalcó que por lo menos 5 mil concesiones están en territorios de los pueblos indígenas. Representan el equivalente a 28 millones de hectáreas o el 17% del territorio. Más de la mitad del territorio concesionado.
Uno de los problemas más graves es que las empresas mineras pueden hacer lo que quieran como su propiedad o concesión, reitera el abogado Lopez Bárcenas. A esto se suma la especulación que realizan. Es -explicó- como apostar en la bolsa de valores, como si fueran de ellos el territorio y los minerales, sin que realicen actividad minera, solo por la titularidad de la concesión. Recordó que las concesiones duran 50 años, pero son prorrogables.
“El negocio minero no necesariamente pasa por la explotación y la extracción de minerales, pasa sobre todo por la especulación. Un minero puede pagar solo 125 pesos semestrales por hectárea, no importa cuanto mineral va a sacar”, recalca Francisco, al detallar los pocos réditos que tiene esta actividad para el país. A esto suma que hay 833 proyectos en exploración y 81 en operación o producción, 35 en desarrollo y 52 en suspensión.
Pueblos como Los Chimalapas, denuncian los recientes intentos de exploración minera en su territorio. A su vez, los ejidatarios guerrenses denuncian la devastación provocada por las minas a cielo abierto como Carrizalillo.
López Bárcenas recordó que son 207 empresas Canadienses y 48 estadounidenses las que tienen concesiones en el país. Otras empresas son del Reino Unido, Japón y China.
La cuestión no es solo dejar de dar concesiones, sino impedir que las ya otorgadas no se vuelvan una amenaza a la vida del 30% del territorio.
¿Cuántas veces se debe repetir una falacia para que sea verdad?
Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/no-es-frenar-es-cancelar-las-concesiones-mineras/
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– Foto: AFP