América del norte/Estados Unidos/13 Agosto 2020/elpais.com
Las vacaciones terminan sin un consenso nacional sobre el regreso o no a las aulas, tras una primavera de clases virtuales que ahondaron las desigualdades, y el debate se tiñe de batalla electoral
Condado de Montgomery, Maryland, uno de los 13.506 distritos escolares en los que se divide Estados Unidos. Después de más de un mes debatiendo, consultando a padres, profesores y profesionales médicos, la autoridad educativa decide que los colegios públicos cerrarán y todas las clases serán virtuales. Los centros privados, en cambio, se disponen a abrir. Semanas después la autoridad del condado les dice que no pueden. El gobernador del Estado le corrige y dice que sí pueden abrir. Las instrucciones confusas, las tensiones, se repiten por todo el país. “¡Los colegios deben abrir en otoño!”, tuitea el presidente Trump, desesperado por cualquier señal que indique un regreso a la normalidad en un país devastado, económica y socialmente, por la pandemia. El Congreso, atascado en la negociación de un segundo paquete de rescate a la economía, no aprueba los fondos que legisladores de uno y otro partido coinciden en que son necesarios para la reapertura segura de las aulas. Los Centros de Control de Enfermades (CDC) urgen a abrir, entre acusaciones de haber sucumbido a las presiones de la Casa Blanca. Anthony Fauci, prestigioso epidemiólogo del equipo de trabajo del coronavirus en el Gobierno, defiende que la opción por defecto debe ser abrir las aulas. El secretario general de la ONU defiende que cerrar los colegios puede causar “una catástrofe generacional”. La mayoría de los padres dice que prefiere que sus hijos vuelvan a clase, pero a medias. Y el arranque del curso escolar en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus, se hunde en un barrizal de campeonato.
Las vacaciones de verano terminan sin nada parecido a un consenso nacional sobre cómo afrontar el inicio del curso escolar en medio de la pandemia, y la ansiedad crece en las familias. El equilibrio entre los riesgos del coronavirus y el impacto académico, económico y social de mantener las escuelas cerradas se ha convertido en el último gran tema que polariza al país y, con elecciones presidenciales en noviembre, se ha ensuciado rápidamente con tintes políticos.
Se supo cómo cerrar las aulas, pero nadie parece tener idea de cómo abrirlas. El curso ha empezado ya en algunas partes del país y en otros muchos distritos aún no se ha tomado la decisión final sobre cómo hacerlo. En el condado de Cherokee, en Georgia, la semana pasada abrieron los colegios y se detectaron 13 casos de covid entre los alumnos, lo que obligó a imponer cuarentenas a más de 300 menores. “Nuestros padres querían una elección para sus hijos, y se la ofrecimos. No es perfecta, y lo sabemos, pero la perfección no es posible en una pandemia”, resumía el viernes la autoridad escolar en un mensaje a la comunidad.
Hasta la fecha, de los 20 mayores distritos escolares de enseñanza primaria y secundaria, 17 planean abrir solo en modo remoto, según un estudio de Education Week, un sitio independiente de noticias de educación. Pero la ciudad de Nueva York, que constituye de lejos el distrito más grande del país con más de un millón de alumnos, anunció la semana pasada que planea un sistema híbrido.
La enseñanza remota abre una brecha social evidente. Las familias con más recursos buscan profesores particulares para sus pequeños o los trasladan a centros privados; las más pobres se preocupan por cómo podrán seguir sus hijos las clases online, quién se quedará con ellos en casa y cómo podrán alimentarlos sin las comidas escolares. “La ausencia de opciones educativas presenciales perjudica desproporcionadamente a los niños con pocos ingresos, a los pertenecientes a minorías y a aquellos con discapacidades”, reconocían los CDC en un informe de finales de julio.
Otra brecha se abre entre distritos rurales y urbanos: el 55% de los segundos, frente al 4% de los primeros, planea empezar las clases de manera enteramente virtual. También hay contrastes de color político: las escuelas en territorios republicanos tienden más a abrir sus aulas, y las de territorios demócratas tienden a optar por fórmulas no presenciales. De 153 distritos en los que ganó Hillary Clinton en 2016, contemplados en el estudio de Education Week, el 67% planea un arranque de curso enteramente virtual. De los 307 distritos estudiados en los que ganó Trump, el 58% planea abrir entera o parcialmente las aulas.
“Todos los colegios pueden abrir. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros, que tenemos la mejor tasa de infecciones del país”, dijo el demócrata Andrew Cumo, gobernador del Estado de Nueva York, que fue el más golpeado por la pandemia pero ahora presenta una tasa de pruebas positivas respecto a las totales del 1%. La Organización Mundial de la Salud recomienda abrir los colegios en distritos que registren una tasa menor del 5% durante dos semanas, y ese es el umbral que han adoptado muchos distritos escolares. Pero los gobernadores de otros Estados, como los republicanos Ron DeSantis y Greg Abbot, de Florida y Texas, han ido más allá y han animado a los colegios a abrir aunque la pandemia siga sin controlarse.
Ante las tres opciones disponibles, según un sondeo de The Washington Post llevado a cabo entre el 24 y el 31 de julio, el 44% de los padres prefiere que sus escuelas ofrezcan una mezcla de clases online y presenciales; el 39% prefiere todo virtual, y el 16% elige todo presencial. Los sindicatos de maestros insisten en que no es seguro abrir las aulas y el segundo más grande del país, la Federación Estadounidense de Profesores, ha publicado una resolución de apoyo a eventuales huelgas contra órdenes de volver a las aulas.
Las presiones de Trump y su Administración, cuya sintonía con la comunidad de educadores es escasa, ha endurecido la resistencia de muchos profesores a volver a las aulas. Pero crece también la presión a los sindicatos desde otros frentes: todos saben que la reactivación de la economía y la vuelta al trabajo requerirán que el sistema escolar funcione. A nadie se le escapa tampoco que la experiencia esta primavera con la enseñanza remota ha estado lejos de ser satisfactoria para muchas familias y ha profundizado las desigualdades sociales y económicas. Y en un verano que muchos centros han dedicado a diseñar la reapertura de las clases o sistemas híbridos, muchos señalan que se ha hecho poco por mejorar la calidad de la enseñanza online para este nuevo curso
Unidad de Estudios de Posgrado. Normal Veracruzana
La Especialidad en Docencia Multigrado, tiene la finalidad de contribuir a la profesionalización de un sector del magisterio de educación básica que demanda una formación especializada para la enseñanza y la gestión propias de escuelas con grupo multigrado.
El programa está destinado principalmente a docentes en servicio que laboran en escuelas primarias multigrado ubicadas en contextos rurales o urbanos, quienes en muchos casos asumen la función directiva. También está dirigido a los Apoyos Técnico Pedagógico (ATP) que se desempeñan en las supervisiones escolares y tienen el compromiso de orientar y procurar la mejora del trabajo docente en estas escuelas.
«No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder.»
Benjamin Franklin
«El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema«
«Lo tenemos bajo control«
Donald Trump
«Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyáis.«
Barack Obama
Mientras el presidente Trump prepara el terreno y el clima social de cara a las próximas elecciones presidenciales y los Demócratas continúan enfrascados en sus propias dinámicas internas, intentando transformar definitivamente el mermado sistema político estadounidense en un mero juego de popularidad y engaños, la abnegada comunidad científica que a duras penas logra sobrevivir, intentando asesorar al Gobierno de Estados Unidos durante la gestión de esta crisis sanitaria motivada por el Covid-19, se empaña una vez más en repetir para todo aquel que lo quiera escuchar el alarmante mensaje de que el coronavirus se encuentra hoy mucho más extendido en el país de lo que estuvo en los meses pasados. Con cerca 1,9 millones de positivos y 25.000 muertos durante el mes de julio, casi el doble que las cifras oficiales de los últimos meses, el total de infectados en el país se sitúa en la actualidad en los 4.700.000 con un balance total de 150.000 fallecidos. Unas cifras realmente crudas que evidencian la incapacidad del Imperio estadounidense para lograr hacer frente a los efectos de la pandemia entre su propia población.
Tal y como señala la doctora Deborah Birx, coordinadora médica del equipo de la Casa Blanca, el coronavirus continua hoy expandiéndose sin control tanto por las áreas rurales como urbanas del país, todo en medio de una contracción histórica de la economía nacional durante el segundo trimestre del año, fruto de los efectos de la pandemia en el consumo y la actividad de las empresas. La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol, al tiempo que la propagación del virus parece imparable entre protestas sociales, un consumo desmedido y desplazamientos generalizados por todo territorio nacional sin respeto alguno por las más básicas medidas de distanciamiento social. La cifra de desocupación alcanzaba la semana del 25 de julio los 1,43 millones de estadounidenses desempleados, un incremento de cerca de 12.000 personas respecto a la semana anterior. Sin la posibilidad real de una vacuna en un lapso de tiempo cercano más allá de las especulaciones en bolsa y con un panorama empresarial y económico realmente complicado, las colas del hambre en torno a los bancos de alimentos y la amenaza de un nuevo confinamiento, parecen ubicar a la administración Trump y al propio modelo estadounidense al borde del abismo.
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza y con aproximadamente la mitad de los trabajadores inmersos de lleno en un mercado laboral deteriorado y de bajos ingresos, en el que solo el 40% de los estadounidenses declara poder hacer frente a un gasto imprevisto de apenas 400 dólares, sin tener por ello que recurrir a la venta de alguna propiedad o a pedir dinero prestado. Con pérdidas generalizadas y sostenidas en el tiempo durante las últimas décadas de los ingresos reales de la clase trabajadora y con un panorama inmediato de profunda recesión económica fruto de los efectos del coronavirus, la ausencia de un sistema de salud pública en los Estados Unidos dibuja la respuesta política y social a esta crisis no tanto como un asunto de derecho a la vida y a la salud garantizado por el estado, sino como una cuestión meramente mercantilista de carácter individual en su respuesta. Mientras una minoría social ve totalmente garantizado su acceso a servicios sanitarios de calidad gracias a lograr costear las elevadas cuotas que exigen las compañías aseguradoras, el conjunto de la depauperada clase obrera estadounidense se enfrenta durante esta pandemia a la espada de Damocles que los acorrala a diario entre la amenaza de un contagio casi asegurado o el desempleo y la ruina. En un país en el que la cobertura sanitaria depende de la actividad laboral, eso supone sin lugar a dudas una condena al fracaso para el proyecto vital de gran parte del proletariado estadounidense.
Desde el acceso a los tests, hasta el más mínimo ingreso hospitalario, la profunda desigualdad del sistema y los efectos del coronavirus sobre el mismo, vienen en este contexto a depauperar los ya de por sí pobres índices de salud de un Imperio militar, económico, pero quizás no social o sanitario. Actualmente la esperanza de vida de los estadounidenses se encuentra situada en los 79,2 años, ubicándose así en el puesto número 40 de mundo, claramente por detrás del conjunto de naciones desarrolladas y muy lejos de los cerca de 83 años en los que se encuentra la esperanza de vida en nuestro país. Pero hay más, analizando en detalle los datos de un estudio del Centro Nacional sobre Pobreza de Estados Unidos (NPC) podemos ver como las diferencias sociales en el país son llamativas, mientras un hombre blanco con estudios universitarios sitúa su esperanza de vida cerca de los 80 años, un afroamericano con escasa formación, apenas llegaría a los 66 años. Otros datos complementarios en este análisis del marco social estadounidense como la mortalidad infantil o la mortalidad materna, evidencian claramente la actuación disfuncional del sistema sanitario de este país sobre la salud de su población. Con cerca de 5,7 muertes por cada 1.000 nacimientos y 26,5 muertes maternas en el año 2015 por cada mil nacimientos, Estados Unidos se ve de nuevo sobrepasado en estos indicadores por el conjunto de los países ricos, llegando incluso a ser superado en el primer indicador por países como Bosnia Herzegovina y Croacia y mostrando tendencias claramente contrarias a la evolución global en el caso de la mortalidad materna.
Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad
En medio de una situación de clara crisis sanitaria global, los cuidados hospitalarios, los medicamentos o las operaciones, suponen un gasto difícilmente asumible para millones de estadounidenses. Mientras las empresas mejor situadas suelen correr con los gastos del seguro médico de sus empleados, muchas otras no lo hacen o simplemente suelen ofrecer coberturas muy limitadas. Esta vinculación entre vida laboral y cobertura sanitaria, explicaría perfectamente la profunda brecha en el acceso a los cuidados sanitarios entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos y su reflejo en los indicadores generales del país. Una sola noche de hospitalización en EE. UU. puede elevar una factura médica a cerca de 5.220 dólares, frente a los 424 que costaría en España, mientras que el precio de una operación de apéndice variaría entre los 16.000 dólares que pagaría un estadounidense a los apenas 2.000 que podría costar en el caso de un hospital español. No se trata únicamente de la inversión individual en servicios médicos tal y como señalan repetidamente muchos economistas liberales, sino del propio concepto de la sanidad, entendida esta como un bien común o como un lucrativo negocio. España se encuentra entre los países que menor porcentaje de la renta dedica a su sistema público de salud, unos 1.500 euros al año pero cápita, frente a los cerca de 9.000 dólares al año que dedica cada estadounidense, pero mientras el gasto sanitario del país norteamericano no cesa de aumentar y su atención es claramente deficiente para una mayoría social, el sistema público español se encuentra, pese a las continuas oleadas recientes de austeridad impuestas por el modelo neoliberal, entre los más eficientes y mejor valorados del mundo.
Cerca del 57% de los habitantes de Estados Unidos aseguran haberse llevado en algún momento de su vida una sorpresa con una factura médica que aparentemente cubría su compañía de seguros y quizás precisamente debido a eso, los estadounidenses acuden aproximadamente la mitad que los españoles al médico, una media de 4,1 visitas al año. Facturas de 126.000 dólares por un ingreso hospitalario de 4 días tras un accidente de moto, 47.000 dólares por servicios varios como laboratorio, anestesista, fisioterapia, rehabilitación, 60.000 dólares en servicios médicos esenciales como un escáner o una radiografía tras un accidente de coche, 11.000 dólares tras el traslado al hospital en ambulancia y una estancia de penas dos días o directamente 407.000 dólares por una estancia hospitalaria de algo más de dos meses. Analizar este contexto social en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 -una enfermedad que en muchos casos requiere intensos y prolongados cuidados hospitalarios- y con una crisis económica acuciante que afecta progresivamente a sectores más amplios de la población, supone hablar de un marco sanitario en el que el virus y una economía depredadora se unen mano a mano para poner en riesgo la vida de millones de personas, ante el nulo papel de un estado ciertamente inexistente que únicamente observa como las compañías de seguros negocian sus propias tarifas con médicos y hospitales, incluso caso por caso, para tratar al paciente como un cliente que en gran parte de los casos rematará teniendo que asumir una parte importante del coste de sus tratamientos, incluso cuando creía tener una cobertura sanitaria suficiente. Este es el caso de Malcol Bird: en 2016 un hospital en Connecticut le reclamó algo más de 600 dólares por haberle puesto una venda a su hija de un año tras haber sufrido un corte en el dedo mientras le cortaban las uñas. Cerca de 7 dólares por lavar la herida y una tirita y 622 dólares por el servicio médico y el uso de las instalaciones del hospital.
Estas elevadas cifras en las facturas médicas no son casos aislados en un sistema sanitario que funciona en su foro interno como un gran sistema especulativo al rededor de la salud de los pacientes o directamente jugando con la salud de los mismos: 1.000 dólares por una resonancia magnética, 300 dólares por una mamografía, 300.000 por una fractura de cráneo con hemorragia cerebral o 9.000 por un traslado en helicóptero. Una consulta medica en Estados Unidos ronda los 100 dólares en un médico de cabecera, 300 en un especialista y 700 dólares si además de la misma necesitamos un análisis de sangre. Estados Unidos es en esencia el país ideal para terminar arruinado por el costo de las facturas médicas.
Sin embargo el gobierno estadounidense no se muestra en absoluto capaz de garantizar la calidad de su sistema de salud pese al alto costo del mismo. No deberíamos olvidar que tras el cáncer y las enfermedades cardíacas, la tercera causa de muerte el país se debe precisamente a los errores médicos. Cerca de 250 mil personas al año mueren en Estados Unidos debido a esta causa, superando con creces los fallecimientos debidos a accidentes o infartos. Pero incluso con estas alarmantes cifras, la mala praxis o directamente la negligencia médica, no siempre conllevan automáticamente la suspensión del ejercicio profesional de sus responsables, sino que en gran parte de los casos los mismos son únicamente sometidos a largos procesos disciplinarios durante los cuales los médicos afectados por la investigación podrán seguir ejerciendo su profesión a la espera de que los Consejos Médicos de los estados en los que ejercen resuelvan las demandas. Miles de médicos estadounidenses ejercen su profesión pese a estar sometidos a investigaciones por abuso de drogas, acoso sexual, negligencias graves o incluso a cometer errores letales. Por estrambótico que parezca, la figura del Dr. Nick Riviera de Los Simpson, es un reflejo de una situación real de una parte del sistema sanitario estadounidense. En el caso del FBI contra el doctor Farid Fata, se demostró que al menos 553 personas habían sido falsamente diagnosticadas con cáncer y sometidas a caros y agresivos tratamientos médicos, por los que el doctor Fata llegó a presentar facturas equivalentes a 225.000.000 dólares al Medicare, el sistema de seguro de salud estatal de Estados Unidos. Largos y dolorosos procesos de quimioterapia aplicados a personas sanas, únicamente como forma de enriquecerse a costa de la salud de sus pacientes. Una estafa posible bajo el paraguas de un sistema de salud privado y depredador.
El 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas
En la otra cara de la moneda, una enfermedad como la diabetis, fácilmente controlable y tratada con cambios en el estilo de vida y una buena dieta, supone a día de hoy una amenaza sanitaria creciente en un país en el que al menos el 72% de los adultos admite no consumir las suficientes frutas o vegetales y opta directamente por la comida rápida, llegando a consumirla incluso cuatro veces por semana, en muchas ocasiones debido a lo accesible de su precio frente a otras alternativas más saludables. Solo en California entre 2011 y 2017, los médicos llegaron a realizar más de 82.000 amputaciones diabéticas. Un procedimiento drástico e irreversible que ejemplifica claramente las consecuencias de ser pobre y carecer de seguro médico en Estados Unidos. Atendiendo a un estudio de 2015, los pacientes que sufren diabetes en comunidades que se sitúan en el nivel más bajo de la base de ingresos, tuvieron casi un 39% más de probabilidades de sufrir amputaciones severas en comparación con los que viven en comunidades de mayores ingresos. Las personas de raza negra o latinas tienen en la actualidad más del doble de probabilidades que los blancos de sufrir amputaciones relacionadas con la diabetes, lo que en muchos casos supone una incapacidad directa para continuar de manera efectiva en un mercado laboral cada vez más deteriorado.
La cosa es simple: sin trabajo, no hay seguro. Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad. Si triunfase el llamado «Trumpcare», la propuesta republicana para derogar y sustituir el Obamacare, esta cifra se elevaría en 14 millones de estadounidenses sin cobertura médica en el país durante el próximo año y cerca de 24 millones de cara al 2026. En una sola década, el número de habitantes sin cobertura médica podría llegar a situarse en Estados Unidos en 52 millones de personas. En contraprestación, la administración Trump podría reducir el déficit federal en cerca de 337.000 millones de dólares, una suculenta mordida económica con total seguridad destinada a los peces gordos de Wall Street y a una lluvia de fuego y destrucción sobre algún país soberano en forma de jugosos beneficios para la industria del armamento.
Debemos apuntar llegados a este punto que para los ciudadanos más depauperados de Estados Unidos existe un programa destinado a asistirlos con los gastos derivados de su atención médica, llamado Medicaid. Actualmente se encuentran inscritos en este programa unos 75 millones de personas, que ven como mediante servicios puntuales se cubren sus necesidades sanitarias. Pero el Medicaid únicamente se dirige a reducir los costes sanitarios, no a propiciar una atención gratuita. No es extraño por tanto encontrarse a familias que directamente recurren al crowfunding como la alternativa más directa de cara a intentar evitar la ruina que puede suponer una enfermedad en los Estados Unidos. La caridad individual como sustituto del papel que debería jugar el estado a la hora de aportarnos la atención médica que necesitamos. La más mínima visita a un hospital puede llegar a suponer una factura de cientos de dólares para aquellos que se encuentran sin cobertura sanitaria. Pese a que la ley de Estados Unidos exige que las personas que tienen una emergencia médica puedan obtener la atención que necesitan, independientemente de su capacidad de pago, la acuciante crisis económica y la seguridad de que las facturas médicas terminarán por llamar a la puerta de los pacientes, hace que el 57% de los trabajadores estadounidenses acudan a trabajar mientras están enfermos y que cerca del 33% lo haga de forma habitual. Una situación social que si bien supone una auténtica locura en condiciones normales, apunta directamente al desastre más absoluto en medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza
Cerca de 45.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a la falta de una correcta atención médica y el riesgo de morir aumenta en torno a un 40% entre quienes carecen de un seguro de salud. No se trata de una decisión individual o de un riesgo que corran personas irresponsables, se trata directamente de pobreza y de su efecto sobre la salud de las personas. Los gastos médicos suponen una de las principales causas de pobreza entre los estadounidenses y provocan que cada año miles de ciudadanos tengan que declararse en banca rota. Incluso entre quienes tienen un seguro médico, cerca de 500.000 personas deben declararse insolventes cada año debido a deudas relacionadas con sus enfermedades. Una deuda médica total de cerca de 81.000 millones de dólares que afecta a uno de cada seis estadounidenses. Una situación social límite que no hace sino empeorar con los años, si entre el año 2000 y 2006 la inflación en el país subió un 3,5% y los salarios de los estadounidenses aumentaron en un 3,8%, las primas de los seguros médicos lo hicieron a su vez en un 87%.
El simple hecho de adquirir un medicamento puede llegar a costar para un estadounidense miles de dólares mensuales pese a contar con un seguro, mientras un tratamiento con insulina cuesta entre 5 y 10 euros en España y es cubierto por la Seguridad Social, en Estados Unidos su precio se puede disparar a los 200-300 euros al mes con un seguro médico y hasta los 800-1200 euros para aquellas personas que carecen del mismo. Esto convierte el acceso a medicamentos básicos en un problema de primer orden de salud pública. En el caso del cáncer, el 42% de los estadounidenses que padecen esta enfermedad se dejan en facturas médicas durante los dos primeros años de tratamiento los ahorros de toda su vida. De nuevo un personaje de ficción como Walter White de Breaking Bad, retrata bajo toda la locura de su trama la realidad asfixiante de miles de ciudadanos en Estados Unidos. No en vano, un cáncer de vejiga puede llegar a suponer cerca de 21.000 dólares, frente a los más de 100.000 de tratamientos relativos a las últimas etapas de los tipos de cáncer más complicados.
El 59,7% de los estadounidenses obtiene directamente el acceso a su seguro médico por la empresa en la que trabaja, un 27% por ciento a través de programas del gobierno como Medicaid –destinados a gente con bajos ingresos– y Medicare –para mayores de 65 años– y solo un 9,1% lo hacen a través de seguros contratados de forma individual. Pero todos ellos, sin excepción, se ven inmersos en un bazar sanitario en el que las 10 compañías más importantes controlan el 70% de todo el mercado de los seguros sanitarios en Estados Unidos. Un sistema enormemente rentable para estas compañías cuyos beneficios superan ampliamente los 10.000 millones de dólares. Quizás por ello, sus directores se encuentran entre los profesionales estadounidenses mejor pagados con un promedio de 12 millones de dólares al año. Las compañías basan sus beneficios en la pura lógica mercantil y por ello estos directores funcionan como ejecutivos de una empresa y no como médicos, sus tareas principales se basan en seleccionar a pacientes con mayores necesidades médicas, especialmente los crónicos, eliminar a las personas que requieren cuidados costosos y reducir en la medida de lo posible la cobertura sanitaria prestada, aumentando los copagos. No en vano, el 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas. Todo ello a pesar de que la mayoría tiene un seguro médico. Pero esto no es todo, tu edad, tu estado de salud y tu profesión, pueden suponer factores decisivos para que se te niegue un seguro de salud en Estados Unidos. Un modelo sanitario que en la práctica ya aplica una especie de eugenesia ligth a pacientes con antecedentes de cáncer, obesos, hipertensos o simplemente a fumadores o personas que practican deportes de alto riesgo.
La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población. La supervivencia de un modelo demencial e ineficiente, solo resulta por tanto posible atendiendo al enorme peso que las compañías de seguros médicos tienen en la economía y en la vida política del país. El poder político y mediático de los grupos de presión relacionados con estas compañías es inmenso y se refleja fielmente en sus enormes aportaciones a las campañas electorales de las diferentes figuras con capacidad de decisión en el Congreso de Estados Unidos. Unos fondos que hasta ahora se dirigían de forma más o menos equitativa tanto a figuras demócratas como republicanas y que a día de hoy, tras el intento de la administración Obama por remodelar ligeramente el sistema sanitario estadounidense, parecen decantarse firmemente por las posturas más extremas y fundamentalistas de la ultraderecha del país. Medios como FOX News funcionan a su vez como un engranaje necesario para lograr trasladar satisfactoriamente el mensaje de estas grandes compañías de seguros a los estadounidenses, boicoteando con ello cualquier intento de Reforma Sanitaria mediante campañas de intoxicación informativa.
En medio de una de las mayores tragedias sanitarias de Estados Unidos debido a los desastrosos efectos Covid-19 sobre la población y a las puertas de la posible conjunción de esta crisis sanitaria con una profunda recesión económica que amenaza directamente a cerca de 28 millones de estadounidenses con ser desalojados de sus casas, el sistema sanitario de Estados Unidos parece profundizar en la decadencia de un país cuya clase trabajadora se encamina a la ruina y la realidad de unos índices sanitarios más propios de países del tercer mundo que de una potencia imperial. Todo, mientras su presidente, Donald Trump, se atreve a catalogar la situación en del país y su propia gestión de la pandemia de «adecuada». En un país con millones de personas sin acceso a servicios sanitarios y con grandes porcentajes de población decidiendo no acudir al médico por temor a ser deportados o a quedarse sin trabajo, el cambio de rumbo de un presidente y una militancia republicana adscrita a las teorías conspirativas, parece ser el golpe de timón definitivo para que un el coronavirus termine cobrándose la vida de millones de estadounidenses. De todos modos, pese al dolor personal y a la tragedia para la nación, para el sistema de salud del país y para las grandes firmas de seguros médicos, tan solo se tratará de negocios.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-invasiones-barbaras/
Era el sexto día del mes de agosto. El antier de estas letras. En la pantalla, el rostro del secretario de Educación a medias pues usa, y qué bueno, mascarilla en estos tiempos. La voz clara y quien esto escribe atento. Se trataron varios temas. En un momento —al minuto 20 y 16 segundos del video— como respuesta a la pregunta de un reportero, dijo: “Muy bien. Lo que anunciamos (para el ciclo escolar 2020-2021) es (que será) totalmente a distancia. El 24 de agosto tenemos un programa muy robusto, como lo hemos señalado aquí, de varios canales de televisión que van a impartir los cursos, las clases, con base en los libros de texto gratuito (y) los aprendizajes esperados, por lo que no habrá necesidad de acudir a las escuelas.” La explicación termina 31 segundos después: minuto 20 con 47 segundos.
Como se dice en Narvarte, algo me hizo chiras al oír lo expresado en ese momento. ¿De veras dijo lo que creí oír el maestro Moctezuma? ¿Acaso escuché bien? Para verificar la raíz del desconcierto, volví a ver el video y tomé nota textual de sus palabras. Y sí, tal cual: lo redactado es transcripción cuidadosa.
No es menor. Se dirá que fue una forma de decir y nada más. Sostengo que no, que el equívoco en este caso se basa en una concepción profunda que modula al habla. Para emplear el sistema común de la escuela, preguntemos: ¿quién o quiénes son los sujetos que llevarán a cabo la acción? Varios canales de televisión. ¿Y qué harán? Impartir los cursos, las clases. Es, por supuesto, un dislate. Carece de sentido.
Sin embargo, enuncia, al filtrarse sin querer, la convicción de la capacidad educativa de lo transmitido por las televisoras. Negar que las señales de la tele y la radio son las que más alcance tienen entre la población sería errado, en comparación con la desigual distribución de equipos de cómputo, dispositivos semejantes y, más aún, conectividad. Se ha elegido la vía de transmisión más accesible, aunque de un modo que merece, en otro momento, analizar y debatir.
El circuito es: emisor (SEP), transmisor (tele y radio), reproductor de imagen y sonido (una pantalla o aparato) y el receptor: quien está ahí, recibiendo el conocimiento que, de acuerdo al lapsus de la autoridad educativa, llegará por medio de las clases que impartirán (sic) los canales. De ser así el alcance será máximo y el aporte al aprendizaje nulo.
El reto educativo es generar una mediación pedagógica entre la información emitida y quién está en posibilidad de aprender. En la pandemia es muy difícil lograrlo, aunque trivial endilgarlo a los padres (sobre todo a las madres por la inequidad en la asignación de tareas entre hombres y mujeres). Tampoco resuelve el entuerto la prótesis del libro de texto que contiene aprendizajes esperados diseñados sin tomar en cuenta la circunstancia que vivimos.
¿Qué hacer? Desanudar al magisterio de las instrucciones uniformes y, en un marco general compartido, permitir que diseñen modalidades adecuadas a la diversidad del país, para intentar conseguir el mejor vínculo pedagógico posible con aprendices y familias. Ya lo hicieron o intentaron en los meses previos. Hay experiencias geniales. Son quienes más saben de este complejo oficio que, en las condiciones actuales, lejos de reducirse a vigilar y evaluar si se puso atención a los “cursos del canal”, pueden generar espacios para aprender con lo que esté disponible, lo que aprendan y adopten de otros y lo que ensayen e inventen para su contexto. Vivimos tiempos de creatividad, no de control.
Desde la desaparición del presidente electo Daniel Esteban González, junto con su chofer Juventino García Rosas, el 2 de septiembre de 2018, la disputa política por la presidencia municipal de Cochoapa el Grande se tornó truculenta. No solo se dieron las impugnaciones en los tribunales electorales, sino que a nivel local algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados por representantes del Partido del Trabajo (PT), tomaron las instalaciones del ayuntamiento para revertir el triunfo que el Tribunal Electoral Federal (TRIFE), le otorgó a Daniel Esteban. Fueron momentos de mucha tensión, en los que fracturó más la convivencia pacifica entre los pobladores y las divisiones comunitarias se hicieron más profundas.
A pesar de que Cochoapa el Grande es uno de los municipios de reciente creación, desde el 2003 ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al mayor índice de marginación social. Desplazó a Metlatónoc y se colocó en el sótano de la miseria. Su extensión territorial que rebasa las 61 mil hectáreas, lo coloca como uno de los municipios con mayor reserva boscosa en la región de la Montaña. Cuenta con más de 140 comunidades del pueblo Na’Savi, que en su totalidad se dedican a la siembra de maíz de temporal. Lo contrastante de esta riqueza natural es la pobreza ancestral de las familias, que en gran medida se desplazan de sus comunidades para enrolarse como jornaleros agrícolas durante seis meses. La población no encuentra, en su propio hábitat, alternativas económicas para tener un ingreso seguro y garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.
La ilusión que se habían forjado, de que habría una mejoría económica, con la creación del nuevo municipio, se ha tornado en un desenlace fatal. No solo se han empantanado por la disputa sorda que protagonizan cada periodo electoral los partidos políticos, sino que se profundiza la desigualdad social y se recrudece la violencia. Los 17 años como nuevo municipio no han significado mejoría alguna entre la población indígena mayoritariamente analfabeta y con un alto grado de monolingüismo entre las mujeres. La violencia se enseñorea contra ellas, y las mismas autoridades comunitarias y municipales, son parte de este sistema de justicia patriarcal. Es sumamente grave la situación de indefensión que enfrentan las mujeres. Se han registrado varios casos de feminicidios que la fiscalía no ha investigado, por esa visión racista y discriminatoria que tienen contra las mujeres indígenas.
La lucha que emprendieron los compañeros y compañeras del Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre de 2019, obligó a que las autoridades del estado se avocaran a su búsqueda en las colonias periférica de Tlapa. En estas jornadas se lograron encontrar los restos de Daniel Esteban y de Juventino García, a un año y cuatro meses de su desaparición. Este hallazgo generó mayor encono y una situación de ingobernabilidad en el municipio. La misma presidenta municipal, Edith López Rivera, ha hecho públicas las amenazas que ha recibido, y por eso mismo, se desplaza con escoltas y su presencia en el ayuntamiento es esporádica. En la cabecera municipal nadie se siente seguro y tampoco hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y los mismos elementos de la policía. Hay un sentimiento de orfandad y desamparo. No hay una autoridad que proteja a las mujeres que son víctimas de violencia. El trato es despótico e insensible. La compasión por el más débil no existe, los pleitos por tierras proliferan y las deudas son el mejor negocio de las autoridades municipales y los abogados, privando de la libertad por cualquier motivo a las personas. El colapso de las instituciones ha dado pauta para el incremento de la violencia y la justicia por propia mano.
El cierre del año 2019 fue trágico por el asesinato del expresidente municipal Luciano Moreno López, quien fue interceptado por personas armadas en pleno baile realizado en la cabecera de Cochoapa el Grande. En ese mismo evento, también fue lesionada la excandidata a presidenta municipal del PRI, Hermelinda Rivera Francisco. En este año arreció la violencia con el asesinato de Alberto Martínez Flores, quien se desempeñaba como comisariado de Bienes Comunales de este núcleo agrario. El 15 de marzo, en la colonia Tepeyac del municipio de Tlapa, fue arteramente asesinado Benjamín Ponce Martínez, quien contendió para presidente municipal de Cochoapa el Grande, por el Partido del Trabajo (PT). Fue sorprendido en su domicilio por su agresor cuando jugaba con su pequeña hija. Tres días después por el cerro De La Garza, una región inhóspita del municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinada una familia de Yozondacua, cuando se desplazaban en su vehículo. El papá tenía parentesco con el comisariado de Bienes Comunales, Alberto Martínez. El primero de junio, el chofer de la ruta de Cochoapa el Grande – Ometepec, Felipe Chávez Flores, fue herido a balazos, cuando desplazaba en su vehículo, quedando gravemente herido.
Un caso que condensa la tragedia que enfrentan las mujeres Na’Savi de este municipio es el de Aurelia Vázquez Velázquez, quien además de padecer la violencia de su esposo, que lamentablemente fue asesinado en su domicilio, sus suegros la señalaron como responsable del homicidio de Santiago Esteban. Fue citada por el ministerio público de Tlapa para declarar como testigo, donde se le aplicó la prueba de rodizonato de sodio, que resultó negativa. Ante la intención fallida de señalarla como responsable de este homicidio, su suegro, la golpeó y con una navaja lesionó su cuello. Le arrebató a sus dos pequeñas hijas una de ellas de cuatro años y la bebé de seis meses. La madre de Aurelia, doña Catalina Velázquez y su hermano, Honorio García Velázquez de 17 años, fueron encarcelados de manera arbitraria en la cabecera de Cochoapa el Grande, por el mismo consuegro, Emilio Esteban, director de Seguridad Pública, porque supuestamente fueron cómplices del homicidio de su hijo Santiago Esteban. Lo más cruento es la desaparición de Aurelia Vázquez Velázquez que, ante la inacción de las autoridades ministeriales y de la misma sindica municipal que no atendieron las denuncias de violencia familiar y la sustracción de menores por parte de sus suegros, el 12 de mayo del presente año fue el último día en que su familia tuvo conocimiento de que se encontraba en el domicilio de sus suegros, obligada por las circunstancias de no ver a sus pequeñas hijas. Lo inaudito fue la actuación de la sindica municipal, que a petición del señor Emilio Esteban y su esposa Aurelia Lorenzo, citaron a Catalina Velázquez para que se presentara el 22 de mayo al ayuntamiento municipal. Fue en esa fecha cuando la sindica junto con los consuegros le reclamaron sobre el paradero de su hija Aurelia, porque no la han ubicado para entregarle a sus dos pequeñas hijas y al hijo mayor de siete años. Fue en ese momento cuando Catalina intuyó que su hija estaba desaparecida y que las autoridades en lugar de investigar su paradero, se empeñaron en criminalizarla y atemorizar a la misma familia.
Hasta la fecha no hay indicios del paradero de Aurelia, tampoco las acciones de búsqueda de las autoridades se han realizado como amerita el caso. El temor es grande, por eso la familia ha optado por guardar silencio y mantenerse oculta.
El pasado 22 de julio fue asesinado el excoordinador de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Zitlatepec, Rufino Gómez González, cuando se dirigía a presentar una ofrenda en el paraje conocido como Piedra de Petate, en San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande, donde fue originario. En el 2018 en la fiesta del sexto viernes de cuaresma realizada en Cochoapa, acompañó a las autoridades de su pueblo junto con la Policía Comunitaria. En la noche cuando resguardaban el baile fue atacado a balazos por personas desconocidas. Fue trasladado al hospital de Tlapa, donde fue atendido teniendo una recuperación larga por lo delicado de la lesión. Fue en la mañana del 22 de julio, cuando llevaba sus flores, en compañía de su esposa y sus dos hijos, que impunemente que nada pudieron hacer cuando personas desconocidas se acercaron y le dispararon. Fue un defensor comunitario que se solidarizó con la lucha emprendida por el Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, y al mismo tiempo, acompañó a las autoridades comunitaria de Tierra Blanca, para exigir al Fiscal Regional que impulsaran la búsqueda y la investigación de tres personas que fueron desaparecidas el 2 de julio del presente año, en el marco de un conflicto agrario que enfrentan con la comunidad de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc.
El pasado lunes 27 de julio como a las 10 horas, se suscitó una balacera atrás de la iglesia de Santiago Apóstol, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. En esta acción violenta murió Alberto Flores, que acompañaba a Carlos Esteban, hermano de Daniel Esteban, y la niña Leticia, de cuatro años de edad, quien caminaba con su hermanito y su mamá, después de haber vendido atole en la pequeña plaza que se encuentra frente al ayuntamiento.
Esta cauda de violencia muestra la crisis de gobernabilidad que se agudizado con la pandemia provocada por el covid – 19, en los municipios de nuestro país. Para colmó de males, las autoridades municipales, se han ausentado de los ayuntamientos y han dejado a la deriva, a una población inerme, que es víctima de la violencia delincuencial y que se encuentran en extrema vulnerabilidad por la precariedad económica y los estragos del coronavirus que se suma al número de muertes que enlutan que nos sumergen en este laberinto del olvido y la violencia.
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-en-el-laberinto-del-olvido-y-la-violencia/
La pandemia acarreó cambios inesperados en el sistema educativo. La escuela que estuvo vigente hasta comienzos de este año no existe más. Aun así, el ciclo escolar comenzará el próximo lunes 24, pero a distancia. Habrá cambios en la pedagogía, en el hacer de maestros y padres de familia y observaremos una migración de niños de escuelas privadas al sistema público.
Este lunes 3, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció el regreso a clases y el presidente López Obrador firmó un convenio con las cuatro cadenas de televisión abierta para que apoyen esta operación. No es un asunto menor, es una opción viable; sería peor no hacer nada. Sin embargo, no es la panacea, es un paliativo, valioso, pero paliativo.
La emergencia provocó la revalorización de la educación a distancia. No estábamos en pañales, México tiene experiencia acumulada de décadas. La telesecundaria y el telebachillerato, si bien tienen a un maestro monitor frente a varios grupos, implica iniciativa y disciplina de cada alumno. Pero son opciones para gente pobre.
El caso de hoy es generalizado; los guiones de los programas se ajustarán a los libros de texto y es posible que contengan innovaciones, serán menos literales y más visuales. La imagen es una herramienta de enseñanza poderosa, aunque el aprendizaje sin el seguimiento de los docentes es disperso.
Las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marchan por rumbos distintos. La que comanda Alfonso Cepeda Salas apoya las medidas y demanda respeto a los derechos de los maestros, capacitación digital y entrega de equipos —con cargo al erario— para el 30% del magisterio de educación básica.
Los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impugnan el programa Aprende en Casa II o le ponen barreras y se montan en la ola para exigir plazas e interinatos.
Atención, los riesgos que enfrentan los docentes —y que ponen sobre la mesa los líderes de ambas facciones— son reales: hay decenas de miles que padecen de obesidad, diabetes e hipertensión. Pero la exposición al contagio disminuye con el trabajo desde casa.
Para muchos padres —y más para las madres— de familia que tienen vástagos en edad escolar seguirá el fastidio; no saben cómo enseñar ni toman los escasos cursos de apoyo para ellos. Además, muchos ya regresaron a ganarse el pan, tendrán menos posibilidad de ayudar a sus hijos.
Unos colegas y el PNUD pronostican que muchos niños abandonarán sus estudios; mencionan cifras impresionantes, incluso en la SEP. No estoy convencido; sí, habrá abandono, pero no masivo. El sector privado perderá clientela, la clase media baja regresará a la escuela pública. Aventuro que en el bachillerato —debido a la beca universal— no renunciarán muchos.
¡Qué bien que el gobierno haya firmado acuerdos con las televisoras¡ ¡Qué bueno que empiecen las clases y se disminuyan las pérdidas! Pero me parece un desacierto el dicho del secretario Moctezuma: aseguró que “se trata de un esfuerzo equitativo, ya que el 94% de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que el programa llegue a casi todos los hogares del país” (Boletín 205 de la SEP, 03/08). El 6% restante son los desfavorecidos de siempre, aunque habrá cuadernillos y el Conafe les dará seguimiento.
Al contrario, si entendemos equidad en los términos de Amartya Sen, de ofrecer más a quienes menos tienen, de tratar desigual a los desiguales, entonces con este proyecto la disparidad social crecerá. Donde las familias tienen computadoras u otros medios y conexión a la red, los niños tendrán más programas, contacto, aunque sea virtual, con sus maestros, podrán hacer sus tareas y juntar sus experiencias. Quienes nada más vean la TV verán muy disminuidos sus asideros.
Estoy convencido de que la escuela que conocimos ya no regresará. Espero que, tras la emergencia, demos pasos hacia la verdadera equidad, porque, de ésta, los segmentos pobres saldrán más dañados.
Decía el directorde cine italiano Federico Fellini: La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural.
La crítica del ganador de cuatro premios Oscar a la televisión fue implacable. “No es un medio de expresión –sentenciaba–. No es más que un medio de distribución que, aunque difunde películas, las deforma, las mutila; le deja al espectador, en el mejor de los casos, un sentimiento de complacencia algo turbia y un voyeurismo barato.”
La opinión del director de La dolce vita –recordada recientemente por el profesor Juan Carlos Miranda Arroyo– es un escalímetro preciso para evaluar el reciente anuncio del gobierno federal de aliarse a cuatro consorcios mediáticos, Televisa, Tv Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios, para transmitir las clases del próximo ciclo escolar 2020-21, a través de seis canales de televisión abierta.
Parafraseando a Fellini, podemos afirmar que la impartición de clases a través de la televisión privada es el espejo donde se refleja la derrota de nuestro sistema educativo. La televisión no es la escuela, no enseña, no forma críticamente. Genera sí, la complaciente ilusión de que no se desperdicia el tiempo, de que, a pesar de la pandemia, el ciclo escolar avanza. En el mejor de lo casos, entretiene. A lo sumo, difunde unilateralmente información, no necesariamente significativa para enfrentar los retos de la época. Proporciona a las autoridades del sector la turbia fantasía de que controlan el proceso de enseñanza. Como ha señalado Gustavo Esteva, el modelo de educación híbrida asociada a la televisión, es como las semillas híbridas: un producto estéril.
El Acuerdo por la Educación tiene implicaciones relevantes en la recomposición del poder en México. Los barones de la telecracia que recién lo firmaron, fueron invitados por el presidente López Obrador a su gira a Washington el pasado 8 de julio, y asistieron a la cena con Donald Trump y sus comensales empresariales. En el salón este de la Casa Blanca estuvieron Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TvAzteca y segundo hombre más rico del país. Bernardo Gómez, codirector ejecutivo de Grupo Televisa. Olegario Vásquez Aldir, propietario de Grupo Empresarial Ángeles y Grupo Imagen. Y Francisco González Sánchez, de Grupo Multimedios.
El Acuerdo por la Educación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los consorcios mediáticos bautizado como Aprende en Casa II es un oasis en el desierto para las televisoras. Tan pronto fue anunciado, los mercados respondieron con beneplácito. Las acciones de las principales firmas de medios treparon vertiginosamente. En 48 horas, los papeles de Televisa acumularon un avance de casi 15 por ciento en dos sesiones, en tanto que los de Tv Azteca sumaron más de 18 por ciento (https://bit.ly/33HOMbN).
Pese a que el Estado mexicano dispone de tiempos fiscales oficiales en radio y televisión (que condonó unilateralmente en abril de 2020), la telecracia recibirá como pago del gobierno por la difusión de contenidos educativos, 450 millones de pesos, tarifa que el Ejecutivo considera social. Adicionalmente, se darán contratos por 36 millones de pesos a una empresa outsourcing que labora para el Grupo Elecktra, para elaborar materiales audiovisuales para el regreso a clases.
Sin embargo, más allá de los pesos y centavos por la venta de servicios, la verdadera importancia del acuerdo en términos de negocio no está allí, sino en la audiencia cautiva y el rating que las transmisiones de Aprende en Casa II le acerca a los consorcios mediáticos: 30 millones de niños y jóvenes, más de millón y medio de maestros y un número indeterminado de padres de familia.
Hasta ahora, las televisoras estaban muy lejos de vivir tiempos gloriosos. Éstos desaparecieron desde hace años. La vaca se secó. El modelo de negocio se agotó. Sus ratings cayeron en picada. Perdieron a los jóvenes. Las ganancias multimillonarias se esfumaron. Para sobrevivir, debieron hacer dolorosos ajustes. Ejemplo: la televisión abierta representaba para Televisa hace unos años más de 80 por ciento de sus ventas. Hoy le significa 37.8 por ciento (https://bit.ly/2DRpME4).
El Acuerdo Educativo revierte milagrosamente esta situación. No sólo legitima a la telecracia, disfrazando sus negocios de filantropía. Coloca obligadamente a millones de niños y jóvenes frente a las pantallas. De esta manera, el espacio público escolar será ocupado por empresas privadas.
Con Aprende en Casa II, la SEP ignoró olímpicamente miles de experiencias pedagógicas y didácticas exitosas que profesores de todo el país desarrollaron con imaginación y compromiso durante la pandemia. Despreció su capacidad, vocación y disposición de servicio. Reforzó la concentración de poder de la tecnoburocracia educativa. Simuló el regreso a una normalidad que sólo existe en los deseos de la autoridad, mientras dejó de lado lo que verdaderamente se puede y debe aprender para enfrentar un momento extraordinario como el actual.
Sí, parafraseando a Fellini, podemos afirmar que la impartición de clases por la televisión privada es el espejo donde se refleja la derrota de nuestro sistema educativo. Pero, también, el retorno triunfal de la telecracia, vestida ahora de benefactora pública.
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