La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que se supone debe proteger a los estudiantes de la discriminación basada en raza, etnia, género, edad y condición de discapacidad, ya no es lo que solía ser.

La administración Trump despidió a casi la mitad del personal en marzo, cerró siete de sus 12 oficinas regionales, cambió el enfoque de la agencia vacía hacia nuevas prioridades (incluyendo mantener a las mujeres transgénero fuera de los deportes femeninos) y luego… se dice Ha despedido a más personal en medio del bloqueo en curso.

Filadelfia estuvo entre las ciudades que perdieron su oficina regional de la OCR en la primera ronda de despidos. Los casos del distrito ahora van a Atlanta, “donde pueden ser escuchados o no”, dijo Lindsey Williams, senadora del estado de Pensilvania que se desempeña como líder de la minoría en el Comité de Educación del Senado.

Para llenar ese vacío, Williams, una demócrata, anunció que presentaría una legislación para crear una oficina de derechos civiles dentro del Departamento de Educación de Pensilvania. Williams dijo que el proyecto de ley aún no se ha redactado. Quiere “crear nuevos poderes para que el Departamento de Educación de Pensilvania investigue y haga cumplir las violaciones federales de los derechos civiles”. “También puede haber una oportunidad de fortalecer nuestras leyes estatales en este sentido”, señaló.

“Estamos analizando todo eso para ver qué podemos hacer, porque nunca antes habíamos estado aquí”, dijo.

Los estudiantes que enfrentan discriminación en todo el país ahora tienen mucho menos personal en el Departamento Federal de Educación (OCR) que pueda responder a sus quejas. La agencia tenía una gran acumulación de casos incluso antes de que el presidente Trump regresara al cargo y luego desestimó miles de quejas en la primavera. Algunos defensores han expresado especial preocupación por la capacidad actual de la OCR para abordar quejas de discriminación por motivos de discapacidad.

Quienes permanecen en la OCR parecen estar aplicando una interpretación conservadora de la ley de derechos civiles que no reconoce la identidad de género de los estudiantes transgénero. La OCR de la era Trump ha atacado activamente a las instituciones por permitir que las mujeres trans practiquen deportes femeninos. También se centra en poner fin a programas y prácticas que benefician específicamente a las minorías, excluyendo a los blancos.

Los defensores de los derechos civiles están pidiendo a los estados que intensifiquen sus esfuerzos.

“No podemos detener lo que está sucediendo a nivel federal”, dijo Williams. “Se están considerando muchas demandas… pero mientras tanto, ¿qué hacemos como estado?”

Una de esas demandas en curso, presentada por el Centro Legal de Derechos de las Víctimas y dos padres en abril, alega que la reducción de la OCR perjudica a los estudiantes de clases protegidas. Sostiene que los recortes federales a la OCR han dejado a “una organización vacía incapaz de realizar las funciones que le asigna la ley”, y agrega que “sin intervención judicial, el sistema existiría sólo de nombre”. Pero esta intervención puede no funcionar a favor de los estudiantes. Los jueces han emitido medidas cautelares preliminares, pero hasta ahora la Corte Suprema ha permitido que continúen los despidos en el Departamento de Educación.

“Los estados tienen que compensar parte del déficit”, dijo Shelby Chestnut, directora ejecutiva del Transgender Law Center, con sede en Pensilvania.

“Si más estados con líderes demócratas comienzan a proponer cargos, legislación o dinero de este tipo, probablemente se generará una conversación más amplia”, dijo Chestnut.

Señaló que durante la administración Obama, el gobierno federal demandó a Carolina del Norte por su controvertida ley que prohíbe a las personas trans usar baños que correspondan con su identidad de género. Pero eso no es algo que la administración Trump vaya a hacer. Algunos estados ahora dicen (y deberían decir más): “Bueno, ustedes no van a hacer su trabajo, así que nosotros lo haremos por ustedes”, dijo Chestnut.

Beth Gilman-Bear, quien fue directora de la oficina regional de Filadelfia de la OCR federal antes de que la administración Trump la despidiera, dijo que no sabe de otros estados que estén creando una nueva agencia estatal como la propuesta en Pensilvania. Incluso allí, los republicanos controlan el Senado estatal y no está claro si la legislación se aprobará. Otras legislaturas estatales “realmente deberían pensar en esto y tomar medidas inmediatas para construir algún tipo de unidad de derechos civiles para ayudar a los estudiantes en su estado”, dijo.

Algunos estados ya tienen sus propias agencias que protegen los derechos civiles en la educación superior, incluida la Comisión de Relaciones Humanas con sede en Pensilvania, dijo Gilman-Bear. Pero estas entidades “tradicionalmente carecen de personal y recursos y dependen en gran medida de la OCR”, dijo.

Chad Dionne Lassiter, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania, estuvo de acuerdo con la evaluación de Gilman Beer sobre comisiones como la suya. Lassiter dijo que se siente “absolutamente entusiasmado” con la legislación propuesta, que según él sería aún mayor si se creara una nueva oficina de derechos civiles en su agencia.

“Danos 20 empleados más y haremos el trabajo”, dijo Lassiter. Idealmente, dijo, la división de educación de su agencia tendría 15 investigadores y cinco abogados.

“Todo país que tenga una comisión de relaciones humanas debería tener un componente educativo”, afirmó. “Financiar estas comisiones”.

La única solución real, dijo Gilman Beer, es restaurar la OCR federal, porque incluso si algunos estados dan un paso al frente, los derechos de los estudiantes dependerán de dónde vivan.

“Bajo el modelo anterior de esta administración, la promesa de igualdad de oportunidades educativas estaba disponible en todos los ámbitos”, dijo.

Derechos desiguales entre estados

Para un estudiante que acude a una oficina estatal de la OCR en un estado que no reconoce su identidad, el proceso puede ser tan infructuoso como buscar ayuda en una oficina federal de la OCR durante el gobierno de Trump. El Movement Advancement Project, que aboga por los derechos LGBTQ+, dice que 27 estados tienen leyes que prohíben a los estudiantes transgénero participar en deportes que se alineen con su identidad de género. La organización dijo que no todas estas leyes afectan a los estudiantes de educación postsecundaria, pero a menudo sí lo hacen.

Se suponía que la OCR federal proporcionaría una aplicación única y consistente de las protecciones legales federales, dijo Nicholas Haidt, abogado principal de Lambda Legal, que defiende a las personas LGBTQ+ en los tribunales. “Ahora eso no está sucediendo, simplemente se niegan a hacerlo”, afirmó.

“Si confiamos en que los estados sean el mecanismo de aplicación de la ley, hemos creado este mosaico en el que cada estado adoptará su propio enfoque”, dijo Haight.

Las universidades de los estados con leyes que reconocen los derechos de los estudiantes transgénero deben decidir si cumplen con esas leyes o con el enfoque de la administración Trump. La administración, utilizando recortes masivos en la financiación federal para la investigación, obligó a la Universidad de Pensilvania a hacer concesiones para permitir que una mujer trans compita en deportes femeninos. Pero Scott Lewis, cofundador de la Asociación de Administradores del Título IX y socio director de TNG Consulting, que asesora a instituciones de educación superior sobre cuestiones de derechos civiles, dijo que hasta ahora ha visto a las universidades estatales azules manejar quejas de discriminación de manera muy similar a como lo hacían antes de que Trump recuperara el cargo.

“Es importante que la gente sepa que todavía hay protecciones estatales”, dijo Lassiter, de la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania. Pero las formas de proteger a los estudiantes transgénero pueden no estar claras.

Su agencia hace cumplir las leyes estatales que protegen a los estudiantes de la discriminación basada en la identidad de género, pero no ha respondido directamente sobre si eso significa que ordenaría a una universidad que permita que una mujer trans juegue en un equipo deportivo femenino. Lassiter dijo que su agencia evita las “guerras culturales”.

Los estudiantes que enfrentan discriminación de todo tipo aún pueden presentar una demanda conforme a la ley federal de derechos civiles en lugar de buscar ayuda de la OCR federal o cualquier versión gubernamental de esa agencia. Pero los juicios personales pueden resultar costosos.

Williams, senador del estado de Pensilvania, señaló que es posible que las demandas tampoco terminen cuando el estudiante se gradúe. También suele conducir a tratamientos individualizados para la víctima, en lugar de “intervenciones sistemáticas para garantizar que el problema no les vuelva a ocurrir a otros estudiantes”, dijo Gilman-Beer, ex empleada federal de la OCR. Ese es el tipo de resolución amplia que la Oficina Federal de Derechos Civiles podría lograr, afirmó.

Hite dio la bienvenida a las personas cuyos derechos están siendo violados, o que están preocupadas por los derechos de otros, a comunicarse con Lambda Legal. Señaló que la Oficina federal de Derechos Constitucionales hizo gran parte de su trabajo negociando con las universidades para solucionar problemas, en lugar de iniciar litigios. Si la OCR federal deja de llevar a cabo estas negociaciones, dijo, recaerá en los estudiantes y los padres la carga de demandar para defender sus derechos, al tiempo que se impondrá el costo adicional de los litigios a las universidades.

Si la administración Trump mantiene el rumbo, las personas que no sienten que están siendo atendidas a nivel federal irán al nivel estatal, dijo Lewis.

“Si el gobierno federal no lo hace, quedará en manos de los estados hacerlo”, dijo.