Chile

Por: Observatorio Chileno de Políticas Educativas.

El actual contexto de movilización social, inédito en nuestro país, abre un escenario propicio para hacer los cambios estructurales que el sistema educativo requiere: los mismos cambios que la clase política señaló que eran inviables o “inadmisibles”, hoy son impostergables, tal como lo han señalado las organizaciones de actores educativos desde hace décadas. Estas organizaciones han planteado múltiples propuestas a lo largo de estos años de lucha por la educación, que son una base importante para considerar en este momento de movilizaciones.[1]

¿Cuál es el origen de los problemas de la educación chilena?

El modelo educativo chileno es considerado en el mundo como un experimento único de mercado, competencia y privatización. Es el momento de que terminemos con él. Este modelo tuvo dos momentos de implementación, y es fundamental comprenderlos para ir a la raíz de los problemas educativos que hoy sufrimos. El primer momento ocurrió a comienzos de los años ’80 cuando la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet transformó radicalmente los principales pilares del sistema educativo. Estas transformaciones fueron tres: 1) Una nueva definición de los derechos educativos y del rol de estado en la Constitución de 1980: aquí se establece que el rol del estado no será garantizar el derecho a la educación, sino limitarse a dar subsidios a entidades educativas públicas y privadas (lo que se conoce como estado subsidiario e igualdad de trato para las instituciones del estado y privadas). Asimismo, se establece que el derecho educativo más importante jurídicamente en Chile (por estar garantizado constitucionalmente) es el llamado derecho a la “libertad de enseñanza”, que se define como el “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” (artículo 19, numeral 11). 2) Se crea una nueva figura jurídica para administrar las escuelas: los “sostenedores”. Las escuelas chilenas ya no dependen del estado, sino que son administradas por estos sostenedores que pueden ser públicos (municipios o servicios locales de educación) o privados (particulares subvencionados) que concentran atribuciones centrales del proceso educativo: los sostenedores manejan los recursos económicos entregados por el estado, administran la contratación del personal docente y no docente, sancionan los reglamentos para los estudiantes, definen posibles ajustes en el currículum. Incluso pueden cerrar los años académicos de los colegios sin consultarle a las comunidades, como ha hecho el alcalde de Santiago con el Instituto Nacional y el INBA. 3) Un sistema de financiamiento denominado subvención a la demanda o vouchers: este sistema define que el estado no financia directamente a las escuelas públicas para que cubran sus necesidades mínimas (financiamiento basal), sino que entrega a los sostenedores (no a las comunidades educativas) una subvención en función a la cantidad de matrícula y al promedio de asistencia de estudiantes durante los últimos meses. Este modelo de financiamiento instala la competencia entre escuelas públicas y particulares por la subvención, y ha permitido el cierre de cerca de mil escuelas públicas por tener menos estudiantes.

El segundo momento de instalación del modelo educativo de mercado se realizó durante los gobiernos civiles de pos dictadura. Este segundo momento se caracteriza por el perfeccionamiento del modelo de mercado, la incorporación masiva de militantes de los partidos de la Concertación y la Derecha al negocio educativo, a través de las universidades privadas y como sostenedores de colegio particulares subvencionados, y la implementación de procesos de privatización encubierta o endo privatización. Esta última no solo busca traspasar la propiedad de las escuelas a dueños privados, sino que consiste básicamente en obligar a que las instituciones públicas funcionen como empresas privadas. Para que todo el sistema educativo funcione con la lógica de empresa privada una de las herramientas principales que se utilizó fue la estandarización educativa: básicamente a través de la intensificación de la aplicación de pruebas SIMCE, del aumento de sus consecuencias para las escuelas y de la aplicación de la evaluación docente individual para las y los profesoras/es de Chile. [2]

Medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado

En este momento histórico de movilizaciones populares en Chile no podemos repetir los mismos errores cometidos durante los últimos 30 años, en que se han implementado reformas que terminan fortaleciendo el modelo de mercado, competencia y privatización. En las propuestas que han construido las organizaciones educativas durante estos años están las claves para construir un nuevo modelo educativo que no se base en el mercado, el lucro y la competencia, sino en el bien de las mayorías populares. Para contribuir a los múltiples debates que se están dando en el país, queremos plantear medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado, basándonos en estas propuestas:

1. Construcción de un sistema de educación pública, articulado, democrático, no sexista, inclusivo, con infraestructura de calidad y con control comunitario desde la educación parvularia a la educación superior. Hoy la Educación Pública está completamente reducida, solo un 32% de estudiantes escolares (los/as más vulnerados/as) asisten a establecimientos públicos y menos de un 15% de los/as estudiantes de educación superior asisten a establecimientos públicos. Por otra parte, su infraestructura está muy por debajo de la dignidad que requieren las y los niñes y jóvenes que más lo necesitan, algo inaceptable, en el entendido que la educación pública es la responsable de que construyamos una sociedad más humana, igualitaria y respetuosa de los derechos de todas y todos.

El sistema educativo público debe ser el mejor y estar garantizado por el Estado. Debe ser diverso y con una gestión democrática, con consejos escolares resolutivos y vinculantes, con mecanismos que promuevan la participación de la comunidad organizada, quien velará por la pertinencia del currículum y el uso transparente de los recursos. El currículum de la educación pública debe como mínimo promover una sociedad democrática, inclusiva y no sexista.[3]

En lo inmediato es urgente detener el cierre de las escuelas públicas. Es imperioso terminar con los sostenedores educativos tanto a través de municipios, como de servicios locales de educación. Es necesario corregir las serias deficiencias y tendencias privatizadoras de los servicios locales de educación. Asimismo, es urgente establecer un fondo de reparación de la educación pública para reconstruir los daños ya hechos por el terremoto neoliberal.

2. Construir un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. Este debe ser preferencial, de carácter basal^[1], y su monto debe ser establecido por las necesidades de las comunidades [4]. Asimismo, se debe financiar en forma preferencial las Universidades del Estado, las cuales deben garantizar el acceso masivo de sectores populares, ser gratuitas y estar al servicio de las necesidades nacionales y locales contribuyendo al desarrollo cultural, económico y social de los territorios[5]

En lo inmediato es urgente terminar con los negocios de los privados en educación. Es necesario terminar con las múltiples formas de lucro encubierto que permite la llamada “ley de inclusión”. Es necesario congelar y comenzar a disminuir la entrega de recursos a instituciones privadas de educación. Es necesario detener el sistema de concesiones en los distintos servicios públicos educativos (JUNAEB, MINEDUC, ATEs, etc.). Por último, es fundamental condonar todas las deudas educativas incluido el CAE, estudiar no puede ser una condena.

3. Terminar con el SIMCE y todo tipo de estandarización. El SIMCE no es un instrumento educativo, sino un instrumento de promoción del mercado y la competencia entre escuelas. Los resultados que obtienen las/os estudiantes en el SIMCE dependen mayoritariamente de sus condiciones de origen (condiciones básicas de vida, cuidados médicos y alimentación en la primera infancia, etc.) y muy poco de lo que hace la escuela. Por esa razón, en el mundo, este tipo de pruebas no se utilizan para medir calidad de escuelas en ningún caso. Muchos países reconocidos por tener buena educación no aplican este tipo de pruebas, y aquellos que las aplican lo hacen solo a una muestra representativa, no a todas/os las/os estudiantes.

En lo inmediato, es urgente eliminar la aplicación universal (censal) de las 6 pruebas SIMCE (lo que es un gran negocio para las instituciones privadas que la gestionan). Es necesario que cualquier prueba estandarizada que se aplique sea muestral, de tal forma que den información general, pero que eliminen la competencia entre escuelas. Asimismo, es necesario eliminar la evaluación docente individualizante. Hoy se sabe que no existe ninguna relación clara entre ser buena profesora y obtener buenos puntajes en la evaluación docente. Los trabajos como la docencia no pueden medirse a través de una prueba estandarizada. El único objetivo real de esta evaluación es destruir las comunidades educativas, fomentar la competencia y el individualismo entre profesoras/es.

4. Generar condiciones de trabajo adecuadas para las/os trabajadoras/es de la educación. Las/os docentes y asistentes de la educación saben que sus condiciones de trabajo se han deteriorado progresivamente durante los últimos años. Se trata de un deterioro en las condiciones salariales y materiales (son muchísimos los casos de educadoras/es que pagan de su bolsillo los materiales mínimos para trabajar en aula, como hojas, plumones, papeles, fotocopias, etc.). Pero también se trata de un deterioro de las condiciones psicosociales del trabajo: sobrecarga, falta de apoyo, presión y control, tareas sin sentido, falta de autonomía, etc.

En lo inmediato, es necesario terminar con los despidos arbitrarios a trabajadoras/es de la educación cada fin de año. Es fundamental eliminar la evaluación docente individualizada y construir una carrera docente que fomente el trabajo colaborativo y no la competencia entre docentes y que asegure suficientes tiempos no lectivos de trabajo. Asimismo, es fundamental mejorar las condiciones salariales de las/os asistentes de la educación.

5. Frenar la criminalización del movimiento estudiantil. Es obvio que la participación de las y los jóvenes debe promoverse en las escuelas, no debe perseguirse, debe facilitarse siendo esta el motor de transformación de nuestra sociedad (como ha quedado claro estas últimas semanas).

En lo inmediato, se debe Derogar la Ley Aula Segura, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y revisar la ley de Violencia Escolar, en tanto, instrumentos de penalización de la vida escolar y de la participación de los y las jóvenes. Se debe repensar el uso que se hace de los reglamentos internos o manuales de convivencia los cuales deben ser construidos desde un enfoque ciudadano, pedagógico, y nunca más uno punitivo.

6. Frenar los proyectos de ley privatizadores de la educación inicial que están actualmente en el parlamento y que el gobierno de Piñera pretende aprobar. Actualmente, el gobierno promueve dos iniciativas legales en el parlamento, en un claro intento de extender la mercantilización de la Educación hacia la Educación Parvularia. El primero de ellos es la subvención escolar a los niveles medios, el cual significa el ingreso de nuevos actores privados a la Educación Parvularia, mediante un pago por asistencia, esquema análogo al que masificó la privatización en educación escolar y que tanto daño ha hecho, promoviendo la mercantilización y la competencia. El segundo, al que el Ejecutivo le ha dado urgencia en su aprobación, es el proyecto de sala cuna universal, que busca hacer que las/os trabajadoras/es financien, a través del Fondo de Cesantía, la asistencia de sus hijos/as al jardín infantil. Este proyecto deja fuera a los hijas e hijas de trabajadoras/es independientes y de trabajadoras/es del sector público. Además, precariza el cuidado y estimulación de las/os bebés, pues las salas podrán tener 42 lactantes, con tres adultos a cargo. Los únicos que ganan con estos proyectos son la empresas, que ya no tendrán que financiar los jardines de las/os hijas/os de sus trabajadoras y los empresarios de la educación que nuevamente lucraran con recursos públicos.

Una nueva Constitución para una nueva educación pública

Para que estos cambios al modelo educativo de mercado sean viables y se proyecten en el tiempo es necesario cambiar la Constitución política que actualmente establece que el derecho educativo más importante en Chile es el derecho a  la mal llamada “libertad de enseñanza” (Artículo 19, numeral 11).

Es urgente construir una nueva Constitución que establezca un estado garante de los derechos educativos y sociales en general, que defina la educación a lo largo de la vida como un derecho garantizado, sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la educación habilita para el ejercicio de otros derechos, en consecuencia no debe ser limitado por ningún tipo de libertad individual, corporativa o empresarial.

Como han señalado las organizaciones sociales y, en general, el pueblo movilizado, esta constitución debe ser construida a través de un proceso nacional de Asamblea Popular Constituyente Plurinacional, con amplia participación a nivel vecinal, local, provincial, regional y nacional. El pueblo ya está debatiendo a través de cabildos y asambleas territoriales, hay que darle peso y validez a su voz.

OBSERVATORIO CHILENO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

UNIVERSIDAD DE CHILE

[1] Ver publicación Foro por el Derecho a la Educación Pública “Una década de luchas y propuesta por el derecho a la educación”. Un resumen de las propuestas de actores educativos desde el año 2005 al 2015

[2] Ver más sobre esto en Juan González y Diego Parra (2016): Mercantilización de la Educación. Comentarios sobre la Reforma Educativa en Chile 2015. Revista Enfoques Educacionales 13(1), 71-89.

[3] ACES (2011): “Propuesta para la Educación que Queremos”.

[4] Ver Foro por Derecho a la Educación Pública (2014): ¿Cuánto cuesta la escuela que queremos?; ANDIME (2015): Propuesta de retorno de escuelas y liceos a la administración del Ministerio de Educación; Fundación Sol (2019): Endeudar para gobernar y mercantilizar. El caso del CAE (actualización 2019). Fundación Sol y Movimiento Deuda Educativa (2017): Carta por la abolición de la deuda educativa. Estas propuestas tienen en común la presencia de un sistema de financiamiento preferente para la educación pública, con un monto variable  según las necesidades de las comunidades.

[5] Ver propuesta de CONFECH (2017): Principios fundamentales para una Nueva Educación Pública.

^[1] Es bueno recordar que cuando se discutió el proyecto de Nueva Educación Pública (2016), la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo en que la educación pública no se financiara por el mecanismo de la competencia por las subvenciones, sino que contara con un financiamiento basal. Lamentablemente, como tantas veces en el senado, la derecha y los sectores mercantilistas de la nueva mayoría “cocinaron” otra cosa.