Profesores llaman “traidor” al jefe de estado por no ejecutar sus promesas de campaña. El secretario general Lucio Castro exigió la renuncia del ministro de Educación, Rosendo Serna.
Se olvidó de su palabra de maestro. Treinta profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) iniciaron ayer una huelga de hambre tras el incumplimiento de promesas del presidente Pedro Castillo. La cifra de huelguistas irá en aumento conforme pasen los días, aseguró el secretario general del gremio Lucio Castro.
“Ninguna de sus propuestas de campaña las está cumpliendo. Es un traidor a los maestros y es un traidor a los trabajadores peruanos”, exclamó.
El dirigente pidió que el presupuesto para el sector educación se eleve a 6% del PBI. “El presidente está de espaldas a la educación y en lugar de incrementar el presupuesto para el 2023 lo está disminuyendo; hoy es 4,2% y el próximo año será 4,1%”, manifestó.
Además, exigió la entrega de una remuneración mínima vital a educadores de inicial y PRONOEI. “Los maestros del Perú somos los peores pagados de Latinoamérica, queremos un incremento digno”, añadió.
Respecto a la resolución del Minedu que declara improcedente la huelga de hambre, Castro advirtió que la medida de fuerza cuenta con el respaldo de todas las bases del Sutep y no perjudicarán a los alumnos, pues cuentan con ‘licencias sindicales’ y serán suplantados por otros profesores.
“El ministro evidencia incompetencia. Dicen que las clases se van a suspender y eso no va pasar en ningún momento. Si Rosendo Serna tiene ética tiene que renunciar al cargo”, mencionó.
El gobierno ecuatoriano ha tomado una serie de decisiones que pretenden ganar el respaldo de la fuerza policial.
Ante su debilidad en el respaldo popular y sus dificultades para resolver las contradicciones con otros grupos empresariales y políticos, esto se les presenta necesario porque requieren el sostén policial y militar, más el apoyo que el imperialismo brinda a un gobierno servil.
Dentro de esas medidas está el ofrecimiento de una universidad policial. Se sumaría a su propia entidad de seguridad social, su hospital y otras instituciones. Con ello se va generando, igual que en las Fuerzas Armadas, la idea de que se trata de un sector especial y superior de la sociedad, diferenciado del pueblo que es al que deben proteger y de dónde proviene su tropa. Las diferencias además se presentan y naturalizan al interior de esas instituciones armadas y de aquellas que poseen hacia fuera.
¿Es necesaria una universidad de la Policía? Si lo fuera por el grado de especialidad, que es el argumento empleado, lo mismo podría decirse para otras áreas. Los médicos y salubristas deberían estar en la universidad del Ministerio de salud, los maestros en el del Ministerio de Educación, los expertos petroleros en el del Ministerio del ramo y así. ¿Y los banqueros? Bueno, ellos, como el presidente actual, no necesitan estudios universitarios, porque acaparar la riqueza y tener formación académica no requieren ir juntos.
Si se quiere ampliar la democracia, todo ciudadano/a, sin distingo, debe tener un trato igual. Y eso no puede excluir a policías y militares. Sus estudios universitarios deberían ponerles en contacto con la realidad del país, con otras personas de las más variadas identidades, con los estudiantes a los que reprimen tantas veces, con la «gente común» de la que son parte.
En una universidad pública y como estudiantes en ellas, la especialización, por fuerte que sea, se reforzaría más intensamente con la interdisciplina, sin duda necesaria en estudios de seguridad y criminalística. Contarían con un respaldo académico más sólido, experimentado, que contribuya a confrontar todos los aspectos de la realidad que involucran las tareas de seguridad. Y tendrían la posibilidad de escoger otras profesiones que sin duda tendrán relación con ciertos tipos de delincuencia y trabajo investigativo como la informática, la química usada en explosivos, la electrónica, entre otras.
No se trata de que la Policía realice un convenio con una Universidad pública prestigiosa. Se trata de que sus miembros sean estudiantes regulares de la Universidad, como de la sociedad misma. No entes especiales. La especialización profesional no implica una posición en una jerarquía social que fragmenta, opone, confronta a otros sectores sociales.
Dada la manera de comprender el llamado “espíritu de cuerpo”, que lleva a muchos a creer que se debe ocultar a los delincuentes que están dentro de esas instituciones, se podrían encontrar grandes distorsiones en una Universidad en la que se repitan las tradiciones equivocadas que hoy desprestigian tanto a la Policía. La vida universitaria debe estar al margen de esas relaciones jerárquicas y autoritarias y, por el contrario, ser autónoma, democrática, laica y con sentido popular.
¿Por qué entonces el gobierno defiende esta propuesta? Porque no quieren que un policía, hombre o mujer, conozca las dificultades del pueblo, su manera de pensar, sus anhelos de cambio, su necesidad de luchar. Los quieren como fuerza represiva al servicio de los poderosos, que olviden el llamado de Bolívar a jamás disparar contra su propio pueblo.
Y la propuesta gubernamental tiene de demagogia y amenaza presupuestaria. Para financiar una nueva universidad se requiere dividir el monto actual existente y justo en momentos en los que se anuncia recortes de presupuesto para las universidades públicas. Un motivo más de conflicto innecesario, cuando lo más adecuado y justo es ampliar los presupuestos universitarios.
En el mundo no hay muchas universidades de este tipo. La propia Academia Mundial de INTERPOL agrupa más a Academias que Universidades. Su especialización es muy concreta y no requiere de otro tipo de institución. Por otra parte, las demandas sociales en algunos países de América Latina o Estados Unidos en favor de una reforma de los cuerpos policiales, no se enfoca en este aspecto sino en la organización interna, las finalidades a las que se destina el trabajo policial, los mecanismos de transparencia y control social, así como su mejor y mayor respuesta a un criterio social y popular.
Lo que hemos sostenido se puede apoyar también en el artículo de la agencia de prensa oficial de Estados Unidos, Voz de América, que el 24 de agosto de 2020 publicó un artículo que preguntaba: ¿Son los policías egresados de la universidad menos inclinados a usar la fuerza? Se refería a una universidad como cualquier otra y el efecto positivo de ella. Patrice Malone, oficial de Arlington, California, señala su experiencia: “Lidiando regularmente con otras personas en la Universidad, y luego venir y poder lidiar con la comunidad, la universidad me preparó y me dio la valentía y todo lo que necesitaba. Y la paciencia, mucha paciencia, para salir y hablar con la gente”.
El jefe de la Policía de Arlington, Jay Farr, señala: “Sin querer ser despectivo, creo que la perspectiva de mucha gente con la que trabajé era realmente limitada, muy limitada en su enfoque”. “No haber estado expuesto a distintos puntos de vista, no haber sido retados sobre eso en un ambiente académico, creo que hizo una diferencia en cómo ellos trabajaban dentro de la comunidad”.
Como queda dicho, no se requiere una universidad de la Policía. Por el bien del país y de los miembros de esa institución, lo mejor es que vivan la experiencia académica y refuercen su sentido de ciudadanía.
* Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
La Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revocó a la multa impuesta a un grupo de jubilados y pensionados a través del fallo n.° 444 del pasado 11 de agosto 2022, tras interponer un recurso legal contra a Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre)
Así lo dio a conocer la ONG Acceso a la Justicia a través de un hilo informativo en su cuenta de Twitter, donde ofreció los detalles.
Según el reporte, la sentencia declaró inadmisible un recurso de nulidad que un grupo de jubilados y pensionados del Ministerio Público (MP) presentó contra el instructivo dictado en marzo por la Onapre.
Al mismo tiempo la Sala multó a todos los accionantes y a su abogado, y ordenó pagar a cada uno 50 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el BCV, es decir el equivalente de Bs. 490,00 c/u (a la tasa del día).
Ante ello, el pasado 20 de septiembre, el grupo de jubilados y pensionados del MP presentó un reclamo de la multa impuesta ante la SPA, entre otras razones, porque no puede pagarla ya que “son personas de la tercera edad”.
Los accionantes solicitaron que “por razones humanitarias sea revocada la multa impuesta”, dado que son personas de muy escasos recursos que han dedicado su vida al servicio público, y actuaron con buena fe, y sin temeridad alguna, explicó la ONG.
De apenas 8 años, un niño murió este domingo cuando iba a buscar por comida en un basural de Paraná. Historias de quienes malviven y mueren entre los desechos. Desde Diego Duarte, en 2004 hasta hoy.
Los ocho años de Chicha se esfumaron abruptamente bajo las ruedas del camión recolector de residuos. Como otros niños, esperaba su llegada para trepar en su flanco y ahorrarse esos 200 ó 300 metros hasta el Volcadero, en las afueras de Paraná, Entre Ríos. En el trayecto, un pozo lo hizo tambalear, caer y ser aplastado. En ese mismo instante sobrevino la muerte para Víctor Sebastián Barreto, conocido por todos como Chicha. De apenas ocho años y vecino del Volcadero. Así. Con V mayúscula, elevado a la categoría de sustantivo propio por los habitantes del lugar. Era la cita obligada y cotidiana con la comida. En ese basural a cielo abierto los lugareños arrojan los desechos y el camión municipal, los restos de los restaurantes paranaenses. El lugar se transforma entonces cada tardecita en la meca de los hambrientos. Los niños se zambullen empujados por el deseo. Saben que allí encontrarán con qué pelearle al hambre.
Paraná, capital efímera de la Confederación Argentina hasta 1861, rozó el 35,3 por ciento de pobreza en el primer semestre de este año y la indigencia, el 7,3%. La fuerte denuncia concebida por Alberto Morlachetti que sintetiza que el hambre debe ser considerado un crimen porque –en definitiva- tiene responsables concretos en cada uno de los ocupantes transitorios del poder político, tiene una vigencia implacable.
A unos 270 kilómetros de Paraná, recostada sobre el río Uruguay se erige Concordia, una de las ciudades de mayor índice de empobrecimiento del país. En el primer semestre de este 2022 arrojó un 49,2 por ciento de pobres y un 10,1 de indigencia. Desde hace décadas, esa ciudad que se promociona como aquella que tiene “todos los verdes para disfrutar todo el año”, de la mano de sus termas, ostenta oprobiosas cifras. Llegó a tener arriba del 82 por ciento de niñas y niños por debajo de la línea de pobreza. Allí, en el Campo del Abasto, como se conoce al basural a cielo abierto, murió en este agosto, aplastado por un camión de residuos, Ramón Kiki Zaragoza. Tenía 24 años. Tres años antes, el 18 de julio de 2019, su sobrina de 11 años, Jesica Maidana, sufrió el mismo destino. La niña esperaba con su ramillete de hermanitos la llegada del camión para recolectar aquellos tesoros a rescatar para la supervivencia diaria. Jesica se paró sobre el tanque de combustible del camión y cuando la caja se levantó, golpeó en su cabeza, trastabilló y cayó al suelo. Una de las ruedas, igual que a Chicha Barreto este domingo pasó por encima de su vida frágil. Y, como él, murió al instante.
Al mismo sitio concurrían Maximiliano Aldana y su papá. El día de la primavera, exactamente una década atrás, buscaban juntos metales dentro del basural. El chico, de 16 años, quiso mover un tacho para profundizar su búsqueda y el recipiente –que contenía restos químicos- explotó y voló por el aire. Maximiliano murió en el hospital cinco días más tarde.
Las diferentes geografías de esta tierra están atravesadas por las historias de quienes sólo sobreviven merced a los desechos del resto. En 2013, en la Formosa profunda, Carlitos Galván, de escasos 6 años murió aplastado por un camión que llevaba residuos a un basural a cielo abierto que fue creciendo en las cercanías de la comunidad Qom. Un basural por el que venían reclamando que se erradicara sin ser jamás escuchados.
Y un par de años antes, en noviembre de 2011, Maicol Matías, de 17 años, que cartoneaba para vivir se quedó dormido en un basural de Cipolletti, en las antípodas del país. A las 6 de la mañana fue tapado por los residuos que arrojó un camión municipal y murió inmediatamente.
De algún modo, el emblema de esas vidas residuales que dejan de respirar definitivamente en el corazón de un basural es el de Diego Duarte, que 18 años atrás murió en el Ceamse de José León Suárez. Aquel adolescente que buceaba entre las montañas de basura para rescatar metales.
“Numerosas poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia que les confieren el estatus de muertos-vivientes”, escribió el pensador camerunés Achille Mbembe. Que es, al decir de Bauman, lo que queda como residuo. Esas vidas olvidadas y abandonadas a su suerte. Por las que nadie deberá pagar porque, después de todo, son a ojos del capital, las vidas que no importan (Agamben).
Hay niñeces que llevan tatuadas en su piel esas vivencias. Que las respiran desde el útero materno. Que saben, aunque rían y corran y jueguen inclusive, mientras se zambullen en esos Volcaderos sociales –con V mayúscula y todo- que existe un paraíso que está más allá de las fronteras de sus pasos.
Unos años atrás, mientras realizaba un trabajo con un pequeño grupo de investigadores, a solicitud de un medio de comunicación nos tocó prepararnos para un debate público sobre la situación y proyecciones de la educación. Todos los miembros del grupo, afanados, comenzamos a organizar nuestra participación en el desafiante debate, en medio de eso, una de las compañeras del grupo, casi como advertencia nos dijo “nada de opinática”. ¿Opinática?, nos preguntamos todos. Al final, la pregunta se dirigió a la compañera: “¿Qué quieres decir con opinática?” “Nuestra participación no debe ser de memoria como hacen algunos que emiten opinión con escasa información y conocimiento sobre el tema, como aquellos que creen que es de su dominio porque oyeron algunos comentarios en un informativo”, nos explicó.
A propósito del tema en cuestión, entre lo poco escrito, Elena Jiménez (2017) dice: “…cuando menciono la ‘opinática’ (me refiero) a ese arte que practicamos en las empresas de opinar sobre cualquier tema, sin ningún pudor, y sin ruborizarnos. Temas de los que, por supuesto quizá solo tenemos escasos conocimientos y poca información, y en los que no nos molestamos en profundizar ni analizar…” A su vez, José Manuel Hernando (2017) señala que “… por opinática entendemos un proceso de diagnosis basado en percepciones, sin haberlas contrastado por ningún tipo de método analítico o científico. Es decir, el famoso ‘pues yo opino que…’”
En tiempos que existen una serie de temas en debate y en ciertos espacios comunicacionales aparecen supuestos analistas, seguramente nos damos cuenta que muchos personajes solo hacen opinática. No se intenta evitar que se emita opinión, sino que prestemos mayor atención a aquellos temas que tienen tal trascendencia que si son tratados con superficialidad y escaso conocimiento pueden tergiversar la realidad e inclusive constituirse en detonantes de problemas sociales. En suma, se trata de respetar al conjunto de la población, de compartir información veraz y fundamentalmente que se proceda con alto sentido ético y responsable para que se contribuya al diálogo de posiciones divergentes, favoreciendo al desarrollo de una democracia participativa y comunitaria, así como a la convivencia.
Para que se dejen de tratar temas de trascendencia social solo desde la opinática es necesario que, fundamentalmente, analistas y quienes ocupan niveles directivos sean responsables con la población y se preocupen de recopilar, analizar y comparar información para sustentar su opinión en el marco de la ética y la responsabilidad. No es que se quite el derecho a la opinión, sino que se eleve la capacidad de análisis y pensamiento crítico de los distintos grupos poblacionales independientemente de su nivel académico.
También es necesario que los que facilitan medios de comunicación para difundir información eviten hacer aparecer a “analistas u opinadores” solo por intereses grupales o sectarios. El respeto a la población y la valoración de las preocupaciones y expectativas del conjunto de la sociedad exigen que dejemos de favorecer a quienes solo hacen opinática. La seriedad y ética de los medios desde la práctica, antes que desde un eslogan bien escrito, tienen un referente que expresa la validez del medio de comunicación.
Por su parte, la población también tendrá que aprender a distinguir quienes hacen opinática o quienes manejan la información con seriedad, sentido ético y debida fundamentación. Tendrá que generar procesos que tengan en cuentan quienes tergiversan y manejan la información de manera inadecuada, así como aquellos medios de comunicación que dan paso a quienes argumentan su opinión. Es de esperar que los grupos sociales hayan catalogado quienes informan debidamente y quienes tratan de confundir a la población.
En tiempos que los “memes” parecen tener mayor validez que el argumento bien fundamentado, que la opinión sin fundamento y análisis pretende sobreponerse a la opinión basada en la práctica y el conocimiento sustentado por un marco de referencia, en el que la rapidez de la información intenta sustituir a la información “bien pensada”, en el que las apariencias y el oportunismo buscan sobreponerse a la capacidad de análisis, se hace necesario que el manejo de información analizada y ética prevalezca para construir una sociedad participativa. En otras palabras, en bien de la sociedad dejemos de dar paso a la opinática, de todos nosotros depende.
Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.
Tras cuatro años de la última asamblea presencial, la CLADE hace un llamado al cuidado, a la transformación y a la justicia social para reflexionar en cómo ponemos nuestros cuerpos y espacios en la incesante lucha por el derecho a la educación.
Iniciada en octubre de 2022, con la realización de cuatro encuentros virtuales que profundizaron temas como sujetos y condiciones del derecho, sentido público estatal, inclusión y superación de las discriminaciones, la XII Asamblea Regional de la CLADE volverá a reunir su membresía presencialmente de esta vez en Tegucigalpa (Honduras), del 7 a 12 de noviembre, teniendo el Foro Dakar como anfitrión, para promover diálogo crítico, trazar horizontes estratégicos, fortalecer su tejido de red, fortalecer y crear nuevas formas de acción colectiva.
Tras cuatro años de nuestra última asamblea presencial, volvemos a encontrarnos presencialmente, con el Foro Dakar como anfitrión. Es una enorme oportunidad para nuestro diálogo crítico, para el trazado de horizontes estratégicos, para fortalecer nuestro tejido de red, para fortalecer y crear nuevas formas de acción colectiva.
El comunicado señala que esta medida de lucha es a la «desatención» que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo al sector educación, que se manifiesta, entre otros, «en el incumplimiento del mandato constitucional que dispone la entrega del 6% del PBI al sector educación», señalan.
El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), anunció a través de un comunicado el inicio de una huelga de hambre para este jueves 17 de noviembre, como reclamo a las demandas y promesas que hizo el presidente Pedro Castillo en campaña.
El comunicado señala que esta medida de lucha es a la “desatención” que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo al sector educación, que se manifiesta, entre otros, “en el incumplimiento del mandato constitucional que dispone la entrega del 6% del PBI al sector educación”, señalan.
Es preciso señalar que en la huelga de hambre solo participarán los dirigentes de distintos puntos del país para que no “perjudiquen el normal dictado de los clases”, indica el SUTEP.
Como en anteriores marchas, el objetivo es exigir que se atiendan las demandas solicitadas y que en su momento fueron promesas de campaña del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
Entre sus principales pedidos está el aumento de S/ 800 para auxiliares de educación. “Actualmente, un auxiliar recibe en promedio S/ 1280 de sueldo, monto que es indigno y no compensa, siquiera, el costo de la canasta básica familiar”, reclaman.
Asimismo, recuerdan que el jefe de Estado durante su campaña “ofreció que el sueldo docente en su gobierno sería equivalente a una UIT. Para llegar a ese monto, el incremento debe ser de S/ 600 al año, hasta el 2026”.
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