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Argentina: ¿Qué rol podemos jugar les docentes ante la realidad actual?

Corriente Docente 9 de Abril-Lista Marrón. Estudiantes terciarios y docentes del PTS/FIT-U + Independientes

En un contexto en donde la crisis económica se agudiza, las familias de la escuela pública trabajan hasta 14 horas para poder llegar a fin de mes y las docentes terminamos trabajando tres turnos para poder sobrevivir, abrimos un debate sobre cómo creemos que tenemos que enfrentar el ajuste, recuperando el ejemplo de las maestras de Minneapolis.

Llegamos al aula y ya estamos cansadas. No es cansancio de un día, es el agotamiento de saber que el sueldo se termina antes que el mes y que a las familias de nuestros pibes les pasa lo mismo. El ajuste del Gobierno no es un gráfico en la tele; son las madres que lloran en la reunión porque no sabe cómo pagar el colectivo, es la cooperadora que no alcanza para comprar útiles para lxs chicxs que no tienen y somos nosotras, poniendo el cuerpo para frenar los golpes. Durante el año pasado, un estudio que hicimos como parte de la comisión directiva de Ademys reveló que el 93,9% de las docentes encuestadas convive con el dolor: migrañas, dolores de cabeza y de espalda, várices, problemas digestivos. La crisis educativa no es abstracta: repercute directamente en nuestros cuerpos, en los de nuestrxs estudiantes y en sus familias.

Pero si algo aprendimos de las luchas docentes en el mundo es que no estamos solas. En Minneapolis, por ejemplo, las maestras y los trabajadores de la escuela pública se organizaron junto a las familias y la comunidad para enfrentar no solo los ataques económicos, sino también la violencia estatal y el racismo. Durante la pandemia y las redadas del ICE, las escuelas se transformaron en verdaderos bastiones de resistencia:docentes, estudiantes y padres crearon redes de ayuda mutua, organizaron la entrega de alimentos y hasta corredores de seguridad para proteger a las familias inmigrantes. No lucharon solo por salarios o condiciones laborales, sino por toda la comunidad, mostrando que cuando la docencia se une a las familias, la pelea se fortalece y puede enfrentar hasta los ataques más duros del ajuste y la represión.

Sabemos que vivimos una situación tremenda en las escuelas, la pregunta es: ¿qué rol podemos jugar las docentes en este escenario de crisis? En un mundo atravesado por crisis, guerras y rebeliones, la docencia y la juventud han sido protagonistas de grandes luchas. La experiencia de Minneapolis nos muestra que la unidad con las familias y la comunidad no solo es posible, sino necesaria para transformar la bronca en organización y fuerza colectiva

Si en Argentina el plan de Milei es avanzar contra lo que nos queda, nuestro rol es organizar la bronca. No vamos a ser el último orejón del tarro mientras el Gobierno rifa el presente y el futuro de nuestros estudiantes. La docencia tiene que ser la punta de lanza: no solo para que no nos ajusten más, sino para conquistar de una vez por todas la vida que nos merecemos, dentro y fuera del aula.

Modernizar para atrás: una reforma esclavista

En Argentina, hace unos días el gobierno de Milei logró un triunfo parlamentario y legalizó la precarización laboral. La Reforma Laboral, que desde el PTS y la 9 de Abril denunciamos durante todo el verano, promueve el banco de horas legalizando la jornada de 12 horas, termina con las horas extra que muchxs trabajadores usaban para llegar a fin de mes, flexibiliza las condiciones de trabajo con indemnizaciones más baratas a favor de los empresarios y cercena el derecho a la protesta ampliando los servicios esenciales —entre los cuales está la educación— con el objetivo de disciplinarnos y así pasar el ajuste de forma más efectiva.
El cierre de la planta de FATE es la muestra viva de este modelo: más despidos y fábricas cerradas.

Sin embargo, la fortaleza que mostró Milei en las sesiones extraordinarias es solo aparente; debajo subyace una debilidad estructural. Un informe de febrero publicado por La Nación revela que el 70,8% de los trabajadores sindicalizados rechazan la gestión de Javier Milei. Como señala Myriam Bregman en una reciente entrevista, el gobierno “tiene pies de barro” y su proyecto solo puede sostenerse si logra disciplinar a los trabajadores y desarticular la organización social.

Además, su plan económico está atado a la suerte de Trump, quien viene fuertemente cuestionado por múltiples aspectos. En una encuesta reciente publicada por CNNafirman que 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban los ataques en Irán, incluso dentro del movimiento MAGA hay diferencias. Además viene de sufrir derrotas electorales y enfrenta un escenario incierto para las elecciones de medio término, condicionado por la crisis interna tras los asesinatos del ICE. Desde donde lo miremos, los traspiés del Trumpismo son también la pata floja del gobierno de Milei.

Macrismo vs. educación

En la Ciudad, Jorge Macri y Mercedes Miguel profundizan el desfalco educativo. Desde el control ilegal de datos biométricos hasta la reforma «BA Aprende», con el cierre de las orquestas y juegotecas, el objetivo es claro: transformar la escuela en una fábrica de mano de obra barata y a los docentes en simples facilitadores de computadoras. Bajo el modelo de Milei y el macrismo, la educación se flexibiliza y se disciplina para un mercado laboral voraz.

Frente a este ataque, la conducción de UTE – la lista Celeste – no organiza sino que cogobierna. No convoca asambleas, los plenarios de delegados no se preparan con mandatos de base y los paros no se debaten en las escuelas para involucrar a toda la docencia que quiere enfrentar los planes de la derecha. Mientras despiden docentes de programas socioeducativos y avanza la reforma, la burocracia sindical negocia a espaldas de las bases.

La plancha que hacen no la vemos ni marcamos únicamente desde la izquierda: son sectores que se reivindican peronistas quienes reclaman planes de lucha y una respuesta acorde al ataque. Por eso desde la 9 de Abril queremos ser clarxs: en las calles y en las escuelas debemos unirnos todes quienes queremos enfrentar el plan del gobierno de Milei, construir redes y organizarnos para combatir codo a codo para recuperar nuestros sindicatos y ponerlos a la cabeza de la lucha.

¿Cómo salimos de esta?

La disputa es programa contra programa. De un lado, el proyecto de Milei y todos sus aliados con peluca: ajuste, reforma laboral esclavista, recorte de derechos y mercantilización de la educación. Pichetto se reune con Cristina y plantea “una propuesta capitalista, productiva y de centro, que dé previsibilidad y garantías a los inversores y a los agentes económicos”. Una alianza con los Rocca y los Madanes Quintanilla, esa clase genocida responsable de la última dictadura cívico-militar de la que este mes se cumplen 50 años.

Del otro lado está la necesidad de un programa de independencia de clase: salario igual a la canasta familiar, jubilaciones dignas, defensa irrestricta del derecho a huelga, aumento del presupuesto educativo, reincorporación de todos los despedidos, rechazo a la reforma BA Aprende y a la huella biométrica, y control democrático de la docencia y la comunidad sobre las políticas educativas. En definitiva, que la plata que producimos quienes trabajamos vaya para mejorar nuestras vidas y no para el Fondo Monetario Internacional. Son ellos o nosotros.

Desde la 9 de Abril creemos que tenemos que dar una batalla importante desde cada escuela en la que estamos: unirnos con la comunidad —familias y estudiantes— con este programa, en la perspectiva de juntar fuerzas para vencer el ajuste. En un gremio mayoritariamente feminizado, donde las mujeres además cargan con dobles y triples jornadas de trabajo, es importante mirar la enorme movilización del último 8M: mostamos que fuerzas hay y que, si sectores como educación, salud y estatales pusiéramos ese peso al servicio de enfrentar los despidos y el ajuste, podríamos transformar esa bronca en una fuerza imparable.

Esto implica organizar asambleas en cada escuela y distrito donde participen no solo las y los docentes, sino también auxiliares, familias y estudiantes. Asambleas y espacios de organización que permitan debatir, decidir y coordinar acciones de lucha —como paros, movilizaciones y campañas — en defensa de la educación pública y los derechos laborales.

El creciente individualismo y las ideas del “sálvese quien pueda” son parte del programa de la ultraderecha. Frente a eso, la única respuesta posible es la organización colectiva. Hoy muchxs docentes piensan en desafiliarse de nuestro sindicato mayoritario (UTE). A esos docentes que tienen bronca con la política entregadora de la celeste les decimos que tenemos organizarnos para recuperar el sindicato en nuestras manos. No es una utopía, en la Argentina hay múltiples ejemplos de sindicatos combativos, recuperados en manos de los y las docentes, que organizan las escuelas y sus comunidades, por ejemplo las seccionales de Neuquén Capital y Plottier de ATEN, los SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, UNTER de Río Negro, UEPC Capital de Córdoba, CEDEMS en Jujuy y Ademys en Capital Federal.

Unirnos con nuestrxs estudiantes y sus familias es la única forma de dar respuesta frente a los ataques. Si hoy es difícil que todas las familias puedan venir a una reunión de padres y madres, con la aplicación de la reforma laboral será aún peor. La experiencia, desde Minneapolis a Cataluña, demuestra que solo la organización desde abajo —con asambleas por escuela y coordinación entre sectores en lucha— puede frenar el avance del ajuste. Es fundamental unirnos con el conjunto de la clase trabajadora para imponer otra salida: nuestras vidas valen más que sus ganancias. Para esto, lxs trabajadores necesitamos una herramienta propia, un partido de trabajadores, anticapitalista, antiimperialista y combativo. Un partido sin burócratas, sin patrones y sin traidores. Construir esta organización es una tarea urgente para darle una salida a esta realidad.

La docencia de CABA tiene una larga tradición de lucha. Hoy, más que nunca luego del gran paro del pasado 2 de Marzo y las rebeliones docentes en Chaco y Catamarca, la enorme macha de mujeres del pasado lunes, necesitamos retomar ese camino: romper con el cogobierno de la burocracia sindical y enfrentar el ajuste con un programa propio, de independencia de clase y en unidad con el resto de los sectores en lucha.

En ese sentido, el próximo 24 de Marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe genocida, también es una fecha de lucha política en el presente. Desde la tradición del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, defendemos la movilización independiente de todos los gobiernos y de las fuerzas patronales que ayer y hoy sostienen el mismo orden social. No se trata solo de recordar el terrorismo de Estado, sino de señalar que la dictadura fue el instrumento de la clase dominante para imponer un plan económico contra la clase trabajadora, cuyos efectos todavía se sienten. Por eso, para la docencia y para toda la comunidad educativa, el 24 de Marzo tiene que ser también una jornada de organización y de debate en las escuelas, ligando la memoria histórica con las luchas actuales contra el ajuste, la precarización laboral y el ataque a la educación pública. Porque la pelea por la educación pública es la pelea por el futuro de toda la clase trabajadora.

https://www.laizquierdadiario.com/Que-rol-podemos-jugar-les-docentes-ante-la-realidad-actual

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Venezuela: Convocan a marcha para denunciar cuatro años sin aumento salarial

“Solo en unidad podemos avanzar en la justa defensa de nuestros derechos”; así lo indicó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital y miembro de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha, al convocar a los trabajadores, pensionados y jubilados a una “gran marcha nacional” para exigir aumento salarial.

De acuerdo a lo informado por Contreras, la movilización se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo a las 9:00 de la mañana desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional, lugar donde entregarán un pliego de 17 exigencias firmado por más de 200 organizaciones gremiales y sindicales.

“Convocamos a todos los trabajadores venezolanos activos, jubilados y pensionados, públicos y privados a una gran movilización nacional que se realizará en todo el país. Le diremos a estos señores del Gobierno encargado que los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de modificación a nuestra Ley Laboral hasta tanto se haya resuelto y se cumpla con la mora que mantiene el Ejecutivo con respecto al artículo 91 constitucional”, dijo desde la sede de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (Apucv).

La dirigente llamó a construir un “movimiento sólido” que involucre a todas las organizaciones para de esta manera acabar con “el hambre” que, sostuvo, reina entre los trabajadores por el sueldo que devengan actualmente.

“Vamos a estar en la calle movilizados y activados hasta que logremos nuestros objetivos los cuales son que seamos dignificados en nuestras condiciones laborales, que los trabajadores les sean respetados sus prestaciones sociales, que se inicie la discusión de los contratos colectivos con los legítimos representantes y que cese la persecución de todos los trabajadores por exigir sus derechos”, enfatizó Contreras.

Por otra parte, el presidente de la Apucv, José Gregorio Afonso, aseguró que el sector universitario está activo para sumarse a la referida movilización. Subrayó que del pliego de conflicto que se está entregando en diversas instituciones del Estado, algunas son de “inmediata resolución” puesto que, aseguró, la nación actualmente habla de “recursos extraordinarios” en diversos sectores económicos que pueden destinarlos a la justicia social.

“Hablan de recursos extraordinarios en la industria petrolera, la política tributaria no cesa, han suscrito acuerdos en la industria minera, inyectan recursos en la banca pública y privada y los trabajadores y su familia en absoluta miseria”, dijo.

“No es posible que este país se encuentre con grandes sectores de miseria y con una burbuja en pocos espacios, esa justicia social pudiera iniciar o, indudablemente, inicia por la reconstrucción del salario”, sentenció.

https://laverdaddevargas.com/convocan-a-marcha-para-denunciar-cuatro-anos-sin-aumento-salarial/

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Paraguay: Docentes anuncian paro total de dos días y una nueva gran movilización

La Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, que aglutina a diversos gremios docentes, anunció este lunes el “¡paro total!” de las clases y una movilización nacional para este martes y miércoles, solo dos semanas después del inicio del año lectivo escolar.

“Ante la desconfianza generalizada que se generó”, luego de la media sanción aprobada en Diputados y la posterior postergación sine die en la Cámara Alta, la Intersindical realizó el anuncio este lunes, en el que además señalaron que “el Senado pretende adelantar el tratamiento y la aprobación de la ley versión Diputados de la reforma de la Caja Fiscal”.

El llamado es “para todos los trabajadores y trabajadoras para dos días de movilización para estar en alerta y en vigilancia permanente por lo que pueda ocurrir, ya que el Senado pretende adelantar tratamiento y aprobación de la ley versión Diputados de la reforma de la Caja Fiscal”.

En ese marco, los maestros se movilizarán en Asunción, el martes en la Plaza de la Democracia y el miércoles en la Plaza Uruguaya.
Además, instan a los maestros del interior del país a movilizarse en los cruces y cabeceras de sus departamentos.

“Néike lomitā, japáyke ha jaku’e kyhyje’ỹre (Dale, gente, a despertarnos y a movilizarnos sin miedo)”, concluye el comunicado.

Tras la media sanción aprobada en Diputados el 5 de febrero pasado, un proyecto “intermedio” que disgustó al magisterio nacional, los gremios docentes se movilizaron de manera multitudinaria el día que la Cámara de Senadores debía tratar el proyecto, lo que generó su postergación, en primer término para el 25 de marzo.

Sin embargo, el pasado miércoles, los senadores postergaron de manera indefinida, sine die, el estudio de la Caja Fiscal.

La Ultima Hora

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Argentina: Educación bajo amenaza y lucha contra el gobierno

La semana comenzó con fuerte conflictividad en la provincia de Catamarca. El lunes 2 de marzo la CTERA, junto a los gremios docentes nacionales UDA, CEA, SADOP y AMET, convocó a un paro nacional docente que en la provincia tuvo alrededor de un 70% de adhesión.

Ese mismo día por la mañana, un grupo de docentes decidió no iniciar el ciclo lectivo 2026 y se movilizó hacia la Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial real y repudiar la propuesta presentada por el gobierno provincial.

Ante la convocatoria al paro y la movilización, el gobernador Raúl Jalil (del PJ) alineado con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, dictó la noche del domingo una conciliación obligatoria, con el objetivo de intentar frenar la participación docente en las medidas de fuerza.

Sin embargo, la maniobra no logró su objetivo. La adhesión al paro se mantuvo y durante la jornada se registraron manifestaciones y cortes autoconvocados en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejoras salariales y estabilidad laboral.

En Fiambalá, docentes realizaron un corte sobre la Ruta Nacional 60, en el acceso sur de la ciudad. En Santa María, la concentración se realizó a la altura del Monumento a la Pachamama, sobre la Ruta Provincial 17, desde donde marcharon hasta la Plaza Belgrano.

Las protestas también se replicaron en Andalgalá, donde docentes autoconvocados y trabajadores de la salud se concentraron en la Plaza 9 de Julio, además de movilizaciones en Paclín y en la capital provincial.

Jalil bajo la lupa de la docencia

La bronca de la docencia siguió creciendo y el 4 de marzo por la tarde cientos de docentes autoconvocados volvieron a movilizarse en la capital catamarqueña, ante la falta de respuestas del gobierno.

La concentración se realizó en la Plaza 25 de Agosto, desde donde marcharon hasta la Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna: “En las rutas, en las calles, en las plazas: ¡la lucha es de todos!”. El reclamo central es el rechazo a la oferta salarial del gobierno y la exigencia de una recomposición urgente acorde a la crisis económica, con un planteo de $1.300.000 al básico.

La movilización también repudió las declaraciones del gobernador Raúl Jalil, quien tras la primera jornada de protesta confirmó el inicio de sumarios administrativos contra docentes que participaron del paro, junto con la advertencia de descuentos salariales bajo la consigna: “Día trabajado, día pagado”.

Estas medidas fueron interpretadas por la docencia como un intento de disciplinamiento y una amenaza directa contra el derecho constitucional de huelga, en un contexto donde los trabajadores de la educación denuncian salarios insuficientes y condiciones laborales cada vez más deterioradas.

En este marco, docentes autoconvocados ya convocaron a una nueva movilización para este sábado 7 a la tarde. A su vez, en el plano nacional, se anunció un paro universitario del 16 al 20 de marzo en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

Crece el malestar social

El conflicto docente se da en medio de un clima de creciente tensión social en la provincia. En los últimos días se multiplicaron movilizaciones y protestas que apuntan al gobierno provincial exigiendo respuestas frente al deterioro de las condiciones de vida.

Las consignas responsabilizan tanto al gobernador Jalil como al presidente Milei, señalando que el gobierno provincial aplica un ajuste alineado con las políticas nacionales.

En las calles y en las redes sociales se repiten reclamos por trabajo, aumentos salariales y mejores condiciones laborales, reflejando el fuerte deterioro del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno.

La necesidad de un plan de lucha

Desde Alternativa Docente planteamos la necesidad de que las conducciones sindicales de CTERA y la CGT impulsen un plan de lucha nacional, dando continuidad al paro del 2 de marzo. Y convoquen a un paro provincial de 48 horas con movilización la próxima semana.

En varias provincias continúan abiertos los conflictos salariales y se desarrollan medidas de fuerza. El paro nacional del 2 de marzo expresó parte de la bronca acumulada, pero muchos docentes consideran que una medida de 24 horas resulta insuficiente.

En ese contexto, la autoorganización docente vuelve a aparecer como una herramienta de lucha, frente a la pasividad de las conducciones sindicales. El objetivo, tiene que ser unificar los reclamos y retomar el nivel de unidad alcanzado durante 2025, cuando trabajadores estatales y del sector privado protagonizaron movilizaciones unitarias masivas, por salario y condiciones laborales.

Para la docencia catamarqueña movilizada, la situación es clara: el hambre y la miseria no pueden esperar

Catamarca. Educación bajo amenaza y lucha contra el gobierno

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Argentina: Los gremios docentes pararon y movilizaron en todo el país

La CTERA dijo que la adhesión fue del 90% y que continuarán los reclamos con nuevas acciones.

Los gremios docentes realizaron un paro nacional con movilizaciones en distintas partes del país contra las políticas del gobierno de Javier Milei y las administraciones provinciales. El acto central se llevó adelante frente al Congreso de la Nación, donde confluyeron los principales sindicatos del sector, mientras que en distintas provincias también se destacaron grandes concentraciones, marchas y otras actividades para visibilizar el reclamo.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dejaron en claro que la jornada tuvo una adhesión del 90% a nivel nacional y que la lucha continuará con nuevas acciones.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, denunció el desfinanciamiento del sistema educativo y apuntó contra la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la paritaria nacional y los recortes en presupuesto para comedores escolares y programas de conectividad. “¡Nos quieren de rodillas! ¡Quieren que no haya paritaria nacional docente! ¡Quieren que no haya presupuesto para la educación! ¡Quieren que no haya comedor y copa de leche para nuestros pibes y para nuestras pibas! ¡Quieren que no haya FONID, que no haya conectividad!”, expresó.

Alesso anuncio de continuidad del conflicto. “Por eso, hoy, continuamos el plan de lucha que venimos haciendo en el país, en todas las provincias. ¡Esta continuidad no termina acá! ¡Vamos a construir el Frente Nacional Educativo en todo el país! ¡Con carpas, clases públicas, movilizaciones, debate con la sociedad! ¡Y vamos a seguir el plan de lucha hasta que retrocedan las políticas de ajuste!”, afirmó.

Los docentes y trabajadores de la educación no solo rechazan el ajuste salarial, sino también que insisten en la necesidad de inversión y más presupuesto para la educación pública, que viene siendo desfinanciada por el gobierno de La Libertad Avanza.


Fuente: https://agencia.farco.org.ar/noticias/los-gremios-docentes-pararon-y-se-movilizaron-en-todo-el-pais/

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8 de marzo de 2026: Congreso, modelo de Estado y educación en una definición histórica

 Por: Carlos Munévar

Cuando la correlación de fuerzas, la memoria del magisterio y la arquitectura democrática se cruzan en una misma elección

El 8 de marzo de 2026 Colombia no elegirá únicamente un nuevo Congreso para el período 2026–2030. Elegirá la correlación de fuerzas que hará posible —o inviable— la orientación estructural del Estado en la próxima década. En contextos de transición política, las elecciones legislativas dejan de ser un episodio intermedio y se convierten en el verdadero escenario donde se define si un proyecto de transformación se consolida como política de Estado o se reduce a experiencia pasajera.

Desde una perspectiva de izquierda democrática, esta elección no es simplemente un referendo sobre un gobierno. Es una disputa por el tipo de Estado, por el modelo de desarrollo, por la profundidad de la democracia y por el lugar que ocupará la educación pública en ese diseño institucional.

La arquitectura del poder: por qué el Congreso define el rumbo real

El presidencialismo colombiano no opera sobre la voluntad unilateral del Ejecutivo. En la práctica, las transformaciones estructurales —tributarias, laborales, energéticas y sociales— dependen de mayorías legislativas estables capaces de sostenerlas en el tiempo. Sin ese soporte parlamentario, el cambio se ralentiza, se fragmenta o termina desnaturalizándose en el trámite legislativo y eso es precisamente lo que no ha tenido el país históricamente.

La democracia como sistema de gobierno implica que el Congreso puede desempeñar tres funciones claramente diferenciadas. Puede actuar como motor de transformación cuando existe coherencia programática y disciplina política en torno a un proyecto común; puede convertirse en un espacio de transacción permanente donde cada reforma se negocia al costo de reducir su alcance beneficiando a los clanes políticos regionales; o puede erigirse en un dique de contención que bloquee o vacíe de contenido las agendas estratégicas del Ejecutivo, como es el caso del periodo Petro. La diferencia entre estos escenarios no es retórica ni simbólica: determina si una reforma social se consolida como norma duradera o si se diluye en concesiones parciales.

Por ello, el 8 de marzo no solo se disputan curules. Lo que realmente se define es la correlación de fuerzas que condicionará la gobernabilidad y el margen de acción política durante todo el período siguiente. La izquierda enfrenta aquí un desafío estratégico central: sin mayorías estables y cohesionadas, incluso los proyectos más legítimos quedan supeditados a acuerdos coyunturales y “mermelada política” que limitan su profundidad. La fragmentación interna no es solo un problema organizativo; puede convertirse en una debilidad estructural que comprometa la viabilidad del programa de transformación.

El modelo de desarrollo en disputa: la economía política del Congreso

El próximo período legislativo será decisivo en la definición del modelo de país que se está construyendo. El debate no se limita a iniciativas aisladas, sino que atraviesa la arquitectura misma de la economía política del país. En este escenario, el Congreso no es un simple escenario técnico de aprobación normativa: es el espacio donde se dirime qué intereses prevalecen y qué orientación estratégica adopta el Estado.

En materia de justicia fiscal y redistribución, la sostenibilidad del Estado social depende de un sistema tributario progresivo que permita financiar derechos y políticas públicas de manera equitativa. Sin un respaldo parlamentario sólido, cualquier reforma fiscal corre el riesgo de diluirse a través de exenciones sectoriales, ajustes regresivos o mecanismos compensatorios que terminan favoreciendo a los sectores de mayor poder económico. El Congreso no se limita a aprobar impuestos; define, en última instancia, quién financia el Estado y quién se beneficia de su acción. El grave problema es que las grandes mayorías del congreso actual, y del que puede ser electo si se pierden las elecciones, son cuotas políticas de clanes mafiosos integrados con terratenientes, empresarios y multinacionales con nexos históricos con grupos armados herederos del paramilitarismo y/o cooptados por intereses políticos de la oligarquía colombiana.

Política laboral y estructura del mercado de trabajo

Colombia mantiene niveles estructuralmente altos de informalidad laboral, precarización y segmentación del mercado de trabajo. La orientación que adopte el Congreso será determinante para definir si el país avanza hacia un modelo de formalización progresiva, estabilidad contractual y fortalecimiento de la negociación colectiva, plasmados en la reforma laboral del gobierno Petro o si, por el contrario, se consolida un esquema centrado en la flexibilización bajo el argumento de la competitividad y la atracción de inversión.

El trabajo no es únicamente una variable macroeconómica ni un dato estadístico en los informes de crecimiento. Es un eje constitutivo de ciudadanía social. A través del empleo se accede a seguridad social, ingresos estables y reconocimiento social. Por ello, el desarrollo de la reforma laboral no solo regula relaciones productivas; expresa, en el fondo, el modelo de sociedad que se busca consolidar.

Transición energética y soberanía económica

La transición hacia energías limpias implica mucho más que un ajuste ambiental. Supone una redefinición profunda de la matriz productiva, de las fuentes de ingreso fiscal y del lugar de Colombia en la economía internacional. La discusión no se limita a sustituir combustibles fósiles por energías renovables; involucra decisiones estratégicas sobre inversión, desarrollo regional, empleo y soberanía económica.

El Congreso será el escenario donde se definan la velocidad y la profundidad de este proceso, así como los mecanismos de compensación territorial y social. De sus decisiones dependerá si la transición se convierte en una oportunidad para diversificar la economía y reducir desigualdades, o si se gestiona de manera fragmentada, generando nuevas tensiones fiscales y territoriales.

Paz territorial y concepción de la seguridad

La consolidación de la paz territorial requiere marcos normativos estables y recursos sostenidos en el tiempo. Políticas de desarrollo rural integral, sustitución de economías ilícitas y presencia efectiva del Estado en regiones históricamente marginadas no pueden depender de voluntades coyunturales. Necesitan respaldo legislativo consistente que también construya percepciones y sustituya la matriz mediática del enemigo interno, cambiando las lógicas de discriminación y de desconocimiento de las causas profundas del conflicto interno colombiano.

En este campo se enfrentan dos concepciones distintas de seguridad. Una entiende la seguridad como un enfoque integral, articulado con inversión social, infraestructura, educación y oportunidades económicas. La otra privilegia principalmente el control coercitivo y el despliegue de fuerza. El Legislativo actuará como árbitro de esa tensión, definiendo cuál de estas visiones orientará la política pública en los próximos años.

Educación y poder: la lección histórica

La historia demuestra que cuando se disputa el proyecto de nación, la escuela se convierte en un espacio estratégico. No porque sea, por naturaleza, un aparato de propaganda, sino porque es el lugar donde se forma ciudadanía, se transmiten valores democráticos y se construyen marcos de interpretación de la realidad. Vale la pena hacer memoria.

En la Alemania de Adolf Hitler, tras 1933, el régimen expulsó a docentes judíos y opositores políticos, reescribió los currículos para inculcar antisemitismo y culto al líder, y convirtió la afiliación ideológica en requisito profesional. La escuela dejó de ser un espacio plural para transformarse en instrumento del Estado totalitario. Las juventudes Hitlerianas fueron consecuencia de esta política educativa de un régimen como el nazi, que aún hoy, evidencia la herencia cultural en el auge de grupos neonazis y de ultraderecha en las sociedades modernas.

En la Italia de Benito Mussolini, el juramento obligatorio de lealtad impuesto en 1931 simbolizó la subordinación de la autonomía universitaria al proyecto fascista. La educación fue integrada explícitamente al aparato político del régimen.

En la España de Francisco Franco, tras la Guerra Civil, miles de docentes republicanos fueron fusilados, encarcelados o expulsados. La educación laica fue reemplazada por un modelo nacionalcatólico doctrinario, alineado con la ideología oficial.

El patrón histórico resulta evidente: primero se estigmatiza al maestro crítico; luego se produce la depuración institucional; finalmente se impone el control curricular. Colombia no vivió un régimen fascista europeo, pero sí ha conocido el peso de la estigmatización en contextos de conflicto armado y polarización política.

El giro contemporáneo: disputa cultural y autonomía educativa

Durante la presidencia de Donald Trump no se han registrado purgas masivas en el sistema educativo, pero sí se ha venido desarrollando una confrontación cultural significativa con el magisterio organizado. Se han promovido políticas de “school choice” y se cuestionaron programas de diversidad bajo la narrativa del supuesto “adoctrinamiento”.

Este caso evidencia que la intervención en educación puede adoptar formas simbólicas y normativas sin recurrir a violencia física directa. La disputa cultural puede tensionar profundamente la autonomía pedagógica y erosionar la legitimidad del magisterio. El lenguaje político no es neutro: construye legitimidades o las debilita.

Colombia: violencia contra el magisterio y memoria democrática

En Colombia, el debate adquiere una dimensión especialmente sensible. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), fundada en 1959, se consolidó como actor central en la defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.

Esa visibilidad tuvo costos humanos profundos. Entre 1986 y 2016, informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz documentan cerca de mil quinientos docentes asesinados. La Escuela Nacional Sindical ha registrado más de 3.300 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023, además de miles de amenazas, desplazamientos y hechos de violencia. El sector educativo fue uno de los más afectados.

Regiones como Urabá, Arauca y el Magdalena Medio conocieron listas negras y asesinatos selectivos en los que, con frecuencia, el señalamiento ideológico precedía al crimen. La estigmatización no fue un discurso inocuo; en múltiples casos operó como antesala de la violencia.

Coyuntura electoral y disputa simbólica

En la actual coyuntura, sectores como el Centro Democrático y figuras públicas como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Daniel Briceño y otros, han formulado críticas severas al sindicalismo docente, señalando presunto “adoctrinamiento” y proponiendo limitar su influencia en el sistema educativo.

No se anuncian persecuciones explícitas. Sin embargo, la historia colombiana demuestra que la erosión sistemática de legitimidad puede generar condiciones adversas para la protección institucional y la garantía de derechos. En democracias frágiles, el discurso importa tanto como la norma.

Más allá de 2026: una decisión estructural de largo plazo

La elección del 8 de marzo no debe leerse únicamente como respaldo o castigo a una administración específica. Se trata de una definición estructural sobre el tipo de Estado que Colombia consolidará en el mediano plazo: si avanzará hacia un Estado social de derecho con capacidad redistributiva robusta; si promoverá un modelo económico orientado a la equidad territorial; si apostará por una política de paz con inversión estructural; y si garantizará una escuela pública plural y protegida.

El Congreso que emerja de esa jornada electoral moldeará el horizonte político, económico y social de la próxima década.

Educar, legislar y decidir el futuro democrático

En Colombia, educar ha sido, en demasiadas ocasiones, un acto de resistencia. La memoria de los docentes asesinados no constituye un recurso retórico, sino una advertencia histórica sobre los riesgos de la estigmatización y la desprotección institucional.

Defender la educación pública y la dignidad del magisterio no es una consigna partidista; es una condición básica de la democracia. El Congreso que se elija el 8 de marzo de 2026 definirá la profundidad de las reformas sociales, la orientación del modelo económico, la concepción de la seguridad y la paz, y el lugar de la escuela en el proyecto nacional.

No se trata simplemente de una elección legislativa. Es una decisión estructural sobre el rumbo del Estado, la calidad de la democracia y la protección de quienes, desde las aulas, forman ciudadanía en Colombia.

8 de marzo de 2026: Congreso, modelo de Estado y educación en una definición histórica

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Argentina: Declararon un paro nacional docente para el 2 de marzo y peligra el inicio de las clases.

Lo dispuso CTERA en reclamo de la “convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente” y de un aumento salarial que supere la inflación. Los gremios educativos de la CGT advirtieron que también podrían definir medidas de fuerza

El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Sonia Alesso y Roberto Baradel,Sonia Alesso y Roberto Baradel, en un encuentro de CTERA

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero,secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Sergio Romero, líder de UDA,Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse,lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Sergio Romero, líder de UDA,Sergio Romero, líder de UDA, en una movilización de la CGT

Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.

https://www.infobae.com/politica/2026/02/20/declararon-un-paro-nacional-docente-para-el-2-de-marzo-y-peligra-el-inicio-de-las-clases/

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