Por: Meritxell Freixas Martorell

La movilización estudiantil feminista de hace un año reclamó cambios en estos documentos, pero son pocos los centros que han concretado los cambios

“Ni el protocolo [de la universidad] ni el sistema judicial es suficiente para las denunciantes. Nos relegan a un rol secundario, donde todo es secreto y ni siquiera podemos decir qué pasó ni defendernos de las decisiones que toma la universidad”. Es la crítica que la estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Brito, expresaba en contra de la desprotección que vivió por acusar dentro de la universidad a uno de sus profesores. Fue en mayo de 2018, cuando la joven y exayudante de Carlos Carmona, quien además de académico fue presidente del Tribunal Constitucional, dio a conocer públicamente una denuncia por acoso sexual y laboral contra el docente que terminó provocando su dimisión. El caso motivó una protesta feminista que paralizó las clases de la facultad durante 74 días, en un contexto de movilizaciones estudiantiles que se replicaron en todo el país para exigir una educación no sexista y el fin de la violencia machista en las aulas.

Entre abril y agosto de 2018, la ola de protestas estudiantiles feministas provocó la ocupación y paralización de 24 universidades de Chile y convocó masivas manifestaciones en las principales ciudades del país.

Las primeras en organizarse fueron las jóvenes de la Universidad Austral de Chile, ubicada en la ciudad sureña de Valdivia. El 17 de abril de 2018 estudiantes de Antropología se tomaron el edificio de su facultad para denunciar varios casos de acoso y abuso entre estudiantes. A ellas se sumaron las jóvenes de Ciencias de la misma casa de estudios, que rechazaron la decisión de la institución de mantener en plantilla a un docente que, tras una investigación interna, fue hallado culpable de acosar sexualmente a una funcionaria. En un par de semanas, las ocupaciones llegaron a la capital, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por las acusaciones de Sofía Brito en contra de Carmona.

Poco a poco, otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, fueron sumándose a la movilización estudiantil feminista. Entre ellas, la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, que fue la que estuvo más tiempo en paro, casi cuatro meses, y que incluso implicó una huelga de hambre para conseguir que su rector aceptara el petitorio; o también la Pontificia Universidad Católica, que fue ocupada por última vez en 1986, en plena dictadura.

Universidades sin protocolos

Los petitorios que presentaron las estudiantes a los rectores de las universidades paralizadas recogían distintas demandas. Pero prácticamente todos tenían en común la creación o mejora de los protocolos internos para abordar situaciones de acoso y/o abuso; la suspensión y expulsión de los académicos involucrados en estos casos, y la eliminación de la educación sexista, una cuestión muy amplia que abarcaba desde el lenguaje que los docentes utilizan en clase, hasta cursos obligatorios con perspectiva de género incluidos en el currículum académico o cuotas de género en cargos académicos y administrativos, entre otros.

El informe Protocolos de acoso sexual en las universidades chilenas: una deuda pendiente, publicado hace un año por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica, revelaba que sólo siete universidades de las 60 que existen en Chile habían diseñado y publicado protocolos contra el acoso sexual universitario a noviembre de 2017. A partir de enero de 2018, otras cuatro se sumaron a este proceso.

La investigación también señalaba tres limitaciones comunes de las instituciones universitarias para abordar esta cuestión: una definición restringida del acoso; el uso de protocolos como estrategia reactiva y no preventiva; y el desconocimiento de las lógicas de poder “entretejidas” en la problemática. “Los protocolos no son, en su diseño, ni equitativamente seguros ni cómodos para todas las partes”, concluyeron las autoras. Precisamente por eso, las protestas hicieron de su creación o mejora una necesidad de las estudiantes para actuar ante situaciones de acoso, abuso y violencia sexual en las universidades. En esa demanda, las jóvenes se encontraron con la complicidad de académicas y funcionarias que apoyaron sus reivindicaciones y presionaron para conseguirlas.

En Universidad de Chile y en la de Concepción, por ejemplo, en el último tiempo se han puesto en marcha “fiscalías” para mejorar las garantías de las investigaciones y evitar, así, que sean los académicos –muchas veces sin formación en género– los que tengan que esclarecer un caso de acoso o abuso dentro de la institución.

Falta de voluntad para avanzar

Consuelo Sarmiento fue una de las portavoces de la movilización de la Universidad Austral y hoy es parte del Observatorio de Género y Medios para el Sur. Explica que la protesta logró “fortalecer” algunos puntos del reglamento de la universidad en materia de acoso sexual y destaca la creación de la primera Secretaría de Género y Sexualidad de la universidad.

Sin embargo, la exestudiante lamenta que no se haya logrado “sacar a los académicos acosadores de las aulas”, hecho que, según ella, no pasa con los estudiantes, que son expulsados con mucha más facilidad: “Con los profesores la relación de poder es bastante distinta”, afirma. Según la prensa chilena, después de las protestas, un total de 16 universidades abrieron 132 procesos internos por denuncias de acoso y/o abuso sexual o laboral.

Desde la Universidad Católica, Daniela Pinto, estudiante de Bioquímica y una de las portavoces de la ocupación, cuenta que las estudiantes siguen “a la espera” de que se concreten los cambios que solicitaron en el protocolo: “Hoy todavía tenemos el mismo que el año pasado”, se queja. Piden que se incluya el acoso hacia las estudiantes –no sólo hacia las trabajadoras de la universidad–, que se acorten los tiempos de las investigaciones o que contemple también los casos ocurridos fuera del recinto universitario.

La joven explica que durante las negociaciones se acordó modificar el documento durante el primer semestre de este año, entendiendo que se pudieran prolongar los plazos porque se trata de un proceso lento. Sin embargo, en su opinión, “las autoridades no muestran voluntad para avanzar”.

Más allá de los pendientes en materia de protocolo, Pinto menciona que sí ha habido tímidos avances, por ejemplo, en la incorporación de dos psicólogas al equipo de abogadas que aborda los casos de violencia sexual. “El gran problema es que la Universidad no muestra nada de lo que está haciendo, se sabe sólo a nivel de autoridades y eso dificulta hablar de avances porque un estudiante de base no tiene ni idea de nada”, critica ella.

Esperar con cierta “frustración”

La movilización estudiantil feminista llevó al Ministerio de Educación a proponer un compromiso entre los rectores para avanzar en equidad de género. Por ahora, nueve universidades han firmado el acuerdo. Entre las medidas que deberán cumplir está que al menos un 40% de los integrantes de los órganos superiores sean mujeres y que en las elecciones de rectores compita al menos una mujer.

Este mes se cumple un año de aquel “mayo feminista” que tiñó las calles de Santiago de verde, color de la lucha por el aborto, y de lemas y consignas a favor de una educación no machista y libre de violencias. Pero con la distancia y perspectiva, las protagonistas de las marchas observan con cierto regusto amargo que no han avanzado tanto como esperaban. “Más allá del hito que representó la movilización y de un avance en la toma de consciencia, creo que hay un poco de frustración porque al final no hemos visto nada concreto ni tangible. Estamos en un punto muerto”, dice Pinto. “Y mientras no llegan los cambios, nuestras compañeras siguen en clase con sus abusadores, las siguen violentando”, añade.

Las tomas que lideraron las estudiantes en el otoño e invierno austral de 2018 contribuyeron a alimentar y consolidar el movimiento feminista en Chile, que tuvo su máxima expresión el pasado 8 de marzo, con masivas manifestaciones en todo el país. Las chilenas hicieron historia, pero no podría explicarse el éxito del 8M sin el pulso que abrieron las jóvenes hace justo un año. Los frutos de ese esfuerzo, pero, los siguen esperando impacientes hasta hoy.

Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/wp-content/uploads/2019/04/IMG_9656-768×512.jpg

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/04/29/las-estudiantes-chilenas-esperan-desde-hace-un-ano-nuevos-protocolos-contra-el-acoso-en-la-universidad/