Venezuela

           La implementación mundial capitalista de la sociedad de la información va a exigir formas de regulación que trasciendan las fronteras de los estados-nación, así como de la implantación de una infraestructura tecnológica que acelere esa trascendencia fronteriza.  De aquí que esta mundialización se inscriba como objetivo primordial en las agendas internacionales.  A tal efecto, se  promueven distintas iniciativas de carácter internacional.  Entre éstas destaca la convocatoria a una Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), planteada en Minneapolis en 1998, durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), e inscrita en el orden del día del Comité Administrativo de Coordinación del Sistema de la ONU, y aprobada por la Asamblea General de la ONU para realizarse en dos fases, una primera fase o etapa en el 2003, y otra segunda fase en el 2005.

            Frente a la convocatoria de la CMSI, en América Latina y el Caribe se producen reuniones interministeriales o gubernamentales que generan documentos negociados o consensuados que sirven de corpus para analizar los discursos respecto de los criterios de integración regional latinoamericana y caribeña a la global sociedad de la información.  A partir de ello, reseñaremos tres de esos documentos: la Declaración de Florianópolis, la Declaración de Bávaro y el Compromiso de Rio de Janeiro.

          Declaración de Florianópolis.  Esta inicia reconociendo el deseo de los países firmantes de adherirse a la sociedad de la información basada en una economía global fundamentada en el conocimiento “con eficiencia, equidad y sustentabilidad” (Declaración de Florianópolis, 2000, p. 1), para luego manifestar sus reservas con respecto a que sea el mercado el ente regulador de dicha sociedad de la información, ya que éste puede incrementar las desigualdades sociales al propiciar nuevas formas de exclusión, así como otras consecuencias desfavorecedoras  de la globalización, y de profundizar la división entre naciones centrales hegemónicas y las periféricas o dependientes.
“dejar que la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento sea conducida solo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales al interior de nuestras sociedades, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar las distancia entre los países desarrollados y en desarrollo” (ob. cit., p. 1)

         No obstante estos temores, no se deja de reconocer “el importante potencial que dichas tecnologías encierran para el desarrollo social y político de los países de la región” (ob. cit.), pero las condicionan a una adecuación pertinente culturalmente “si la tecnología de información es apropiada a nuestra cultura y se crean contenidos pertinentes en forma continua, se puede potenciar la diversidad y reafirmar la identidad cultural” (ob. cit.).

          En lo que atañe a la educación, el documento insta a los países centrales a apoyar a los periféricos en la consecución de la siguiente línea de acción:
“Crear condiciones y mecanismos para la capacitación universal de la ciudadanía en la nuevas tecnologías y difundir la globalización digital, en particular fomentando experiencias innovadoras en educación a distancia, educación no formal y formación de los educadores como condición necesaria para insertar favorablemente a la población en el marco de las nuevas formas de producción basadas en el conocimiento, propiciando asimismo , el acceso y la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones en las metodologías destinadas a acelerar los procesos educativos de las poblaciones marginadas y en extrema pobreza” (ob. cit.).

          En esta última cita del documento sobresale el papel atribuido a las Tecnologías de Información y Comunicación  (TICs) como aceleradoras de los procesos educativos, en tanto se las implique en las metodologías utilizadas en dichos procesos, sin mayor consideración al respecto; esto es, se las concibe como mecanismos que pueden neutralizar los retardos y rezagos educativos que presuntamente presentan las poblaciones marginales y de extrema pobreza.  Siendo eso manifestación de una visión tecnicista de la educación que obvia la comprensión sociocultural para comprender los problemas estructurales de la sociedad que reproducen las desigualdades excluyentes en los sistemas educativos.

           Declaración de Bávaro.  Esta declaración fue producida en la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina para la primera fase de la CMSI realizada en Punta Cana, República Dominicana, en enero de 2003, con la colaboración de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

          En dicha declaración, se parte del reconocimiento de la sociedad de la información como sistema no tan solo económico sino también social, en el que la información y el conocimiento son factores de progreso y bienestar para la región latinoamericana y caribeña si ella se inscribe local y globalmente en el contexto de la profundización de principios como el respecto a los derechos humanos y otros.  Asimismo, se reivindica que las perspectivas y prioridades regionales deberían ser parte relevante de las estrategias para  implementar la sociedad de la información.

“La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información  constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro de un contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social.  Al mismo tiempo, considerar que la decidida promoción de la visión y prioridades de los países de la región en los foros mundiales, entre otros la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005), debería ser un elemento clave de la estrategia regional sobre la sociedad de la información” (ob. cit.).

De la misma manera, en la declaración se resalta la necesidad de superar la denominada “brecha digital” en clara alusión a igualar las oportunidades con relación al acceso y uso de las TICs, en tanto dicha brecha es indicadora de las desigualdades sociales entre naciones y dentro de ellas.

“Nuestros países, conscientes de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, se comprometen a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos” (ob. cit.).

          A continuación la declaración enuncia principios rectores que adopta, entre los cuales se indican:

          1°) la indispensabilidad de la TICs para realizar las necesidades sociales. Carácter de imprescindibilidad que se emparenta con el imaginario del reduccionismo pantecnológico, “el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) son indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de las comunidades y e la sociedad en general” ob. cit.).

           2°) el imperativo de que la sociedad de la información se oriente a superar las desigualdades sociales e impedir el surgimiento de otras modalidades excluyentes en las poblaciones, “la sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo” (ob. cit.).

          3°) la conformidad de lograr la accesibilidad de todos a las TICs con base en el marco regulatorio vigente de la naciones.  Ello reivindica el ordenamiento legal local ante las regulaciones globalizadoras, “el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación debe ser un objetivo de todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información, de conformidad con el marco jurídico vigente de cada país” (ob. cit.).

          4°) la reivindicación del empleo de las TICs para propósitos públicos y sociales en los ámbitos gubernamentales de salud y educación, y no tan solo o prioritariamente en los ámbitos mercantiles internacionales o nacionales, “el aprovechamiento de las mismas mediante la articulación de acciones locales, regionales y globales, y su uso con fines públicos y sociales en áreas tales como el gobierno, la salud y la enseñanza” (ob. cit.).

          5°) la coexistencia del libre flujo de información que aliente la transferencia de conocimientos que inciten la innovación y formación de capital humano, con el respeto a los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad entre otros.
“Las tecnologías de información y comunicación fomentan el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia  de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, propiciando que el libre flujo de información coexista con el respeto por la vida, la propiedad privada, la privacidad, la propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad.” (ob. cit.).

          6°) el reconocimiento de que la naturaleza mundial de la sociedad de la información implica para el desenvolvimiento global en cuanto a formulación política de sus tendencias mundiales, la participación de los niveles regionales y subregionales a fin de considerar: la provisión de  asistencia técnica en el marco de la cooperación regional e internacional, el intercambio de experiencias y de conocimientos, y el establecimiento de normas y estándares compatibles con las características e intereses nacionales, “la sociedad de la información es eminentemente global.  De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias mundiales de la sociedad de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales.” (ob.cit).

          7°) El requerimiento de que el acceso a las TICs sea regulado por la protección que brindan las leyes internacionales para impedir la afectación por parte de decisiones tomadas unilateralmente.  Este principio no fue refrendado sino objetado por escrito, por la representación de los EE.UU. que estuvo presente en la reunión, lo que evidencia que la prevención es tomada con relación a ese país, “el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones debe realizarse al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional.” (ob. cit., p. 3).

           Por otra parte, en la declaración se adoptan otras posiciones prioritarias como la de que bajo la cobertura del derecho a la libertad de expresión y de opinión, se reivindica además de la libertad de buscar y recibir información, el de impartir o dar información, libertad que será facilitada por vía de la educación.  Por tanto, se infiere que la educación deberá promover la producción o creación de información por medio de las TICs y no únicamente su consumo o recepción.

             “Garantizar que en la sociedad de la información se protejan y promuevan los derechos      humanos, incluido el derecho al desarrollo.   Todos tienen derecho a la libertad de opinión     y expresión; este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y a     buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación     sujeto a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.  El ejercicio de este derecho se     facilitará con las oportunidades educacionales para todos.” (ob. cit., p. 4).

           Compromiso de Rio de Janeiro.  Esta declaración es resultado de la “Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe.  Preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información”, realizada en Brasil en junio del 2005.

          En este documento se reafirma el compromiso de las naciones latinoamericanas con la edificación de la sociedad de la información de naturaleza inclusiva y contribuyente con el desarrollo de la región. “Declaramos: nuestro profundo compromiso con la construcción de una sociedad de la información inclusiva y orientada al desarrollo en América Latina y el Caribe, basada en los principios de paz, derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, desarrollo sostenible y cooperación entre los países dentro del marco de la sociedad global de la información.  Nuestra decisión de contribuir también a la creación de dicha sociedad a nivel global.” (Compromiso de Rio de Janeiro, p. 1).

          Asimismo, se asocia y destaca el fomento de la integración regional y su desarrollo sociocultural y económico con la construcción de la sociedad de la información, “nuestro reconocimiento de la máxima importancia que reviste el desarrollo de la sociedad de la información con el fin de fomentar la integración y el desarrollo social, económico y cultural de los países de América Latina y el Caribe”. (ob. cit.)

          Del mismo modo, se manifiesta el compromiso gubernamental de promover la participación de todos los interesados en la creación de la sociedad de la información que se fundamente en la compartición de los conocimientos. “Nuestro compromiso, como gobiernos, de facilitar la inclusión de todas las partes     interesadas –el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y     cualquier otra— en el proceso de creación de una sociedad de la información basada en     conocimientos compartidos.” (ob. cit. p. 2).

           Se comprometen los firmantes a favorecer la inversión privada, junto con la pública, para incrementar el acceso a la TICs bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. “Nuestro compromiso de crear un entorno propicio para la inversión y la innovación, que fomente la cooperación y las asociaciones regionales entre los sectores público y privado y permita invertir recursos y capital, como corresponda, para ampliar el acceso a las TIC  despertar mayor conciencia sobre su potencial en el contexto de la responsabilidad social empresarial.” (ob. cit.).

           Por otro lado, se resalta la concepción instrumentalista y no tecnocrática de que las TICs son mediaciones o medios para favorecer el crecimiento económico, así como el pleno empleo y la competencia. “Nuestra convicción de que las tecnologías de la información y las comunicaciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento del desarrollo, orientado a la búsqueda de un desarrollo humano equitativo y sostenible dentro del marco del crecimiento económico, el pleno empleo y la competitividad.” (ob. cit.).

          Se atribuyen a las TICs potencialidades sobrevaloradas para el logro de objetivos sociales que no dependen decisivamente de su  acceso y uso. “Nuestra  determinación de utilizar el potencial de las TICs para la consecución de los objetivos del Milenio, es decir, para la erradicación de la extrema pobreza y el hambre; el logro de la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil; el mejoramiento de la salud materna; el combate contra el VIH/SIDA,  el paludismo y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad del medio ambiente; el fomento de la asociación mundial para el desarrollo, y la creación de un mundo más pacífico, justo y próspero.” (ob. cit.).

          Se reivindica la necesidad de desarrollar una sociedad de la información de carácter regional, que tenga enlace con la Internet pero con nodos y servidores propios en función del contexto latinoamericano y caribeño.
“Nuestro interés en impulsar el desarrollo de una infraestructura de redes, lo que es indispensable para la sociedad regional de la información, que incluya puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, respetando la situación y la necesidades especificas de América Latina y el Caribe.” (ob. cit.)

          Reafirman enfáticamente el planteamiento que fue objetado por los EE.UU. en la declaración de Bávaro, respecto de cualquier medida tomada unilateralmente y que no se ajuste a la normativa de las leyes internacionales.
“Nuestro enérgico rechazo a toda medida unilateral que no sea conforme al derecho internacional y a la carta de las Naciones Unidas y que, en el contexto de la construcción de la sociedad de la información, impida el pleno logro del desarrollo económico y social a la población de los países involucrados o limite el bienestar de la población, así como nuestro consiguiente compromiso a dar ayuda a los países afectados por medidas de esa índole a superar los obstáculos que impiden a su población aprovechar plenamente los beneficios de la sociedad de la información.” (ob. cit., p. 4).

           Igualmente se reitera la posición de que la integración en la sociedad de la información debe estar soportada en la compartición recíproca de conocimientos, lo que conlleva a no ser tan solo consumidores o usuarios de los flujos informacionales de las TICs, sino a ser agentes del desarrollo como productores de información y contenidos en el contexto cultural global y local de intercambios de saberes.
“Nuestra firme convicción de que todo individuo debe participar activamente en una sociedad de la información basada en conocimiento compartidos, no solo como usuarios de nuevas tecnologías, sino también como agentes del desarrollo y la producción de contenidos.  Para alcanzar este objetivo, reiteramos la necesidad de fomentar el libre flujo de ideas e información, y el desarrollo de una cultura global y regional que comparta conocimientos.” (ob. cit.,  p. 5)

Se asume como necesario robustecer la cooperación para incentivar la creación de fuentes de financiamiento para la generación de empresas que produzcan para las TICs contenidos de carácter nacional, aplicaciones y programas.
“Expresar nuestro compromiso de fortalecer la cooperación y la coordinación regionales para el fomento y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento del desarrollo de una industria dedicada al desarrollo de contenidos nacionales, aplicaciones y programas.” (ob. cit.).

               Se manifiesta expresamente el interés de participar en la gobernanza mundial de Internet con base en principios que descarten el unilateralismo, la falta de transparencia y su ejercicio democrático.
“Nuestro compromiso de contribuir a la evolución de un sistema internacional de gobernanza de Internet basado en los principios de Ginebra, particularmente los relacionados con el multilateralismo, la transparencia y la democracia.” (ob. cit.).

          Finalmente, en el documento se define y ratifica el compromiso para financiar y estimular la producción tecnológica propia en lo que respecta a equipos, partes, componentes, productos digitales, aplicación, software y contenidos en idiomas nativos para la infraestructura de las TICs.

Nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y coordinación regionales en el marco del Consenso de Monterrey con el fin de mantener los actuales compromisos en materia de financiamiento e impulsar el desarrollo y la creación a nivel nacional de mecanismos innovadores para financiar la producción local de equipos, partes y componentes, y productos digitales para infraestructura e industrias de las TIC, incluidos aplicaciones, software y contenido en idioma local.” (ob. cit., p. 6).

En definitiva, pese a las críticas, observaciones, reservas y prevenciones manifestadas en las declaraciones, y la proyectada interconectividad al margen de los nodos contralores de los EE.UU., la región asumió en general las orientaciones y políticas de la CMSI impuestas por los países neoliberales hegemónicos y sus ONGs como la UIT, y desde entonces, aunque expresando reticencias ocasionales y puntuales, ha venido realizando reuniones intergubernamentales en las que se han diseñado planes de acción y metas para los lapsos 2005-2007, 2008-2010 y 2011-2015 (E-LAC, s/f).

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