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Educación en Tiempos de pandemia, virtualidad y modelos híbridos

Diferentes voces de  la pedagogía crítica y organizaciones gremiales de  América Latina se reunieron para analizar el tema: “Educación en Tiempos de pandemia, virtualidad y modelos híbridos”.

El pasado 31 de  julio, se celebró un encuentro virtual con el grupo de contacto internacional. Un espacio plural  entre organizaciones gremiales y sindicales de América Latina y el Caribe, pero también de educadores populares y de pedagogos críticos. El tema central del encuentro fue: “Educación en Tiempos de pandemia, virtualidad y modelos híbridos”. En el que participaron: Rafael Esquivia, presidente del sindicato de profesores de educación universitaria de la gran Caracas, Venezuela; Eliana Laport, secretaria de políticas educativas de la Federación de Profesores de Educación Secundaria de Uruguay; Pável Escobar, militante de la CNTE en Chiapas; Alfredo Cáceres, secretario de formación sindical y política de SUTEBA EL TIGRE de Argentina y la pedagoga crítica mexicana  Teresa Garduño.

Así mismo, intervinieron por parte del Centro de Investigación Internacional Otras Voces en Educación, En la moderación: Luis Bonilla Molina, Luz Palomino, Luis Miguel Alvarado Dorry y en la relatoría: Fernando David García Culebro.

Los encuentros con el grupo de contacto Internacional, actualmente representan un espacio que hoy cuenta con más de 62 organizaciones gremiales y sindicales e importantes voces de la pedagogía crítica y de las educaciones populares para buscar aumentar o elevar los diálogos entre las organizaciones y de quienes proponen resistencia al neoliberalismo educativo en una coyuntura tan especial como la que ha surgido en el marco de la pandemia  ocasionada por la Covid-19.

Precisamente en ese sentido, en la actualidad,  se viene hablando de distintos modelos de educación. Educación digital, educación virtual, modelo mixto o híbrido, pero como en casi todos los foros del grupo de contacto internacional realizados los días viernes, se ha denunciado que eso ha dado origen a un fenómeno de privatización que no se conocía hasta ahora.

Los estados han descargado sobre las familias, los y las estudiantes, los y las maestras la responsabilidad de garantizar las condiciones materiales mínimas para cumplir con el derecho a la educación y como consecuencia de ello, hoy son los padres, madres,  docentes, alumnos y alumnas,  quienes tienen que pagar la conexión a internet, comprar equipos o repotenciar sus computadores para poder dar continuidad a este proceso que está dejando cifras brutales de desigualdad y de falta de cobertura.

En ese sentido, este potente panel denunció las diferentes realidades que vive no solo el magisterio de países como: Venezuela, Uruguay, Argentina y México, sino también las adversidades que niños, niñas, padres y madres están viviendo en medio de la pandemia del coronavirus. Cada ponente, denunció, propuso y dio alternativas ante la difícil situación que actualmente la humanidad enfrenta.

Puedes descargar la relatoría de todo el  evento en el siguiente enlace:

Relatoría con el grupo de contacto (PDF)

Video:

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Latinoamérica, la región donde más defensores ambientales fueron asesinados en 2019

El más reciente informe de Global Witness destaca que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.

Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.

Poco más de la mitad de esos homicidios se registraron en tan solo dos países: Colombia y Filipinas, como se resalta en el más reciente informe de la organización internacional Global Witness, titulado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.

En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes.

De los diez países con el mayor número de asesinatos, siete se localizan en Latinoamérica: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Petrona Ramon Martín, de la comunidad de San Francisco, donde se oponen al proyecto de la hidroeléctrica en  San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, Guatemala. Foto: James-Rodriguez/Global Witness.

La documentación que realiza Global Witness pone sobre la mesa una tendencia nada alentadora: la violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes; para el 2019 el número se elevó a 212.

Ben Leather, de Global Witness, explica algunas de las razones de ese aumento: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.

La corrupción, considera Ben Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.

El protagonismo de la minería

En América Latina, pero también en Asia y África, incluso con comunidades nativas de Estados Unidos que han sido afectadas por la imposición de megaproyectos se repiten las mismas historias: “Cuando estas comunidades denuncian los abusos y la destrucción causada por los proyectos —señala Ben Leather— comienzan a recibir amenazas, agresiones y, en algunos casos, asesinatos”.

El informe de Global Witness resalta que la gama de violencias en contra de los defensores ambientales es amplia; incluye ataques, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. El documento no se limita a documentar el número de asesinatos, también señala a las industrias contra las cuales se manifestaron los defensores ambientales.

Como en otros años, la minería fue el sector vinculado al mayor número de agresiones; en 2019 se le relaciona con los asesinatos de 50 defensores. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina.

También se documentó que 34 asesinatos fueron contra defensores que se oponían a la agricultura a gran escala, ese número representa un aumento de más del 60 % si se compara con los datos de 2018.

Otros de los sectores que denunciaron los defensores ambientales que fueron asesinados son la explotación forestal, la caza ilegal y la pesca.

Ante esta situación, Ben Leather resalta que “las empresas tienen que implementar políticas que permitan asegurar que sus inversiones y sus operaciones no afectan los derechos de las comunidades y no están contribuyendo a que se realicen ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra”.

Ben Lather señala que se ha demostrado que los compromisos voluntarios de las empresas no están funcionando, por lo que es necesario impulsar leyes que obliguen a las empresas a realizar la debida diligencia, para que demuestren que no están contribuyendo a los abusos de derechos humanos y ambientales.

En el informe de Global Witness se resalta que en 37 de los asesinatos se pudo vincular a fuerzas estatales como perpetradores. “También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados”.

De las víctimas asesinadas, 19 eran funcionarios estatales o guardaparques, personas contratadas para proteger el medio ambiente. Estos ataques se documentaron en ocho países; Guatemala, Brasil, Filipinas, Rumania, Kazajstán, República Democrática del Congo, Uganda y Ghana.

Además, una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres.

A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, México. Foto: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos.

Territorios donde reina la impunidad

Colombia y Filipinas sobresalen por el alto número de asesinatos contra defensores ambientales, pero también porque durante los últimos años su tendencia es al alza.

Colombia, por ejemplo, registró 64 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Si esa cifra se compara con los 24 casos del 2018, el país sudamericano presentó un aumento de más del 150 %, destaca el informe de Global Witness.

En Filipinas, se documentaron 43 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Ben Leather destaca que si se comparan los tres primeros años del gobierno del presidente Rodrigo Duterte, con los tres años anteriores, se tiene que “el número de asesinatos de defensores es el doble”.

Colombia y Filipinas —explica Leather— también coinciden en que no han logrado resolver antiquísimos problemas relacionados con el derecho a la tierra, sufren por la presencia de grupos armados que son legado de conflictos internos, poseen una política de seguridad militarizada y una regulación inadecuada de las empresas.

Venezuela-Tierra de Resistentes II

Niños pemones juegan en las calles de Kumarakapay. Decenas de familias indígenas debieron huir tras el asalto militar a este pueblo en febrero de 2019 y se encuentran en refugios en la frontera con Brasil. Foto: Lorena Meléndez.

Pero además, los dos países tienen un factor que también está presente en otras naciones donde la violencia contra los defensores ambientales es crítica: altos niveles de impunidad.

“La gran mayoría de los ataques contra defensores ambientales continúan en la impunidad; eso actúa como una especie de luz verde para quienes quieren silenciar a los defensores”, resalta Ben Leather, de Global Witness.

Una verdadera justicia, destaca Leather, es “una rendición de cuentas que se aplica tanto a las empresas que están actuando con irresponsabilidad, como a quienes están llevando a cabo estos asesinatos”.

Defender la “casa grande”

En Colombia, el informe de Global Witness, documentó que 14 de las 64 muertes de defensores ambientales ocurridas en 2019 se vinculan con la sustitución de cultivos ilícitos.

En los territorios previamente ocupados por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “ahora están entrando paramilitares y otros grupos armados, y están asesinado a cualquiera que se oponga a su llegada. Hay una implementación inadecuada de los acuerdos de paz, lo que ha tenido un impacto sobre los defensores”, señala Ben Lather.

Para Francia Márquez, una de las defensoras ambientales afrodescendientes más reconocidas en Colombia y quien en 2018 ganó el Premio Ambiental Goldman, la violencia contra los defensores es consecuencia de la acumulación del capital que “usa la violencia, el racismo estructural, el patriarcado para seguirse imponiendo […] En este país hay a quienes les interesa seguir impulsando la violencia para mantenerse en el poder, porque es la forma en como lo han hecho”.

Francia Márquez caminó más de 350 kilómetros, desde las montañas del Cauca hasta Bogotá. La travesía la hizo en 2014 junto con otras 80 mujeres de su comunidad. Foto: Premio Goldman.

La colombiana Francia Márquez, defensora ambiental, Premio Goldman 2018.

La defensora resalta el papel de la “minería ilegal pero también la minería inconstitucional, entendida como la que promueve el mismo gobierno nacional en los territorio ancestrales, en territorios de pueblos afrocolombianos e indígenas”.

Francia Márquez insiste en que hay “una política de muerte” que no toma en cuenta el cuidado de la “casa grande, el planeta”. Los defensores ambientales, de territorio, de derechos indígenas y afrodescendientes “estamos dificultando ese proyecto político. Por eso nos están matando, por eso nos asesinan”.

Francia Márquez sabe de lo que habla. En mayo de 2019, en la región del Cauca, ella y otros líderes ambientales y sociales fueron atacados por hombres armados quienes, incluso, lanzaron una granada contra el grupo. El ataque duró 15 minutos.

El Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el ambiente. En 2019, más de un tercio de todos los asesinatos de defensores ambientales en Colombia ocurrieron en esa región del suroeste del país.

Años antes, Francia ya había recibido otros ataques, sobre todo cuando participó en las acciones para detener la minería ilegal en La Toma.

Ataques a mujeres amazónicas. Por su defensa de la naturaleza y su territorio Patricia Gualinga ha recibido amenazas de muerte y ataques. Foto: Jonathan Rosas para GK.

Por su defensa de la naturaleza y su territorio, Patricia Gualinga —lideresa Sarayaku, un pueblo kichwa del Ecuador— ha recibido amenazas de muerte y ataques. Foto: Jonathan Rosas para GK.

Honduras: violencia que no cesa

El informe de Global Witness también incluye a los cinco países con más asesinatos per cápita. En esa lista sobresale Honduras, nación centroamericana que este año registró 14 homicidios.

Desde 2016, cuando fue asesinada la defensora ambiental Berta Cáceres, diversas organizaciones señalaron la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en Honduras. Este panorama no ha cambiado, al contrario, sigue agravándose, señala Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), organización que trabaja en la documentación de las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano.

Hedme Castro explica que 36 % del territorio de Honduras ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero para el desarrollo de minas, hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos y desarrollos turísticos; los cuales han provocado desplazamiento forzado, así como agresiones y represión contra comunidades y defensores ambientales.

“La situación en el país es terrible”, describe la defensora y como ejemplo recuerda lo que ha sucedido durante el mes de julio en Honduras. El 9 de julio, por ejemplo, allanaron las oficinas de ACI-Participa; dos días después desapareció Marvin Damián Castro Molina, presidente de la Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense-Honduras y miembro del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Su cuerpo, con signos de tortura, se encontró días después.

Honduras-Tierra de Resistentes II

La defensora hondureña Consuelo Soto durante un plantón frente al Congreso Nacional en contra de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, en Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

El sábado 18 de julio, un grupo armado entró a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz y se llevó a Alberth Esnider Centeno Tomas, presidente del Patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Róchez. Hasta el martes 28 de julio, no se tenía noticias sobre ellos.

Hedme Castro explica que la comunidad del Triunfo de la Cruz lleva una larga lucha para que se le devuelvan sus derechos ancestrales sobre su territorio. Incluso, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en donde se exige al gobierno hondureño reconocer los derechos de los garífunas.

“Alberth Esnider encabezaba las exigencias contra el gobierno para que cumpliera con la sentencia de la Corte interamericana”, resalta Hedme Castro. La defensora comenta que “mientras al país lo sigan dirigiendo personas vinculadas a escándalos de corrupción, personas que están dispuestas a vender el país entero, seguirán los asesinatos, los desplazamientos forzados; no se respetarán las zonas protegidas ni los títulos ancestrales”.

Defensores ambientales Honduras. Rosalina Domínguez ha recibido amenazas de muerte. Foto: Rubén Escobar.

Rosalina Domínguez, defensora hondureña que continúa la labor que inició Berta Cáceres, ha recibido amenazas de muerte. Foto: Rubén Escobar.

Las más afectadas: comunidades indígenas

Entre los nombres de los defensores ambientales asesinados en 2019 está el de Paulo Paulino, de 26 años y miembro de la comunidad indígena guajajara. En noviembre de 2019 fue asesinado a tiros por un grupo integrado por, al menos, cinco madereros ilegales, en el estado de Marañón, Brasil.

Paulo formaba parte de la organización “Guardianes del Bosque”, cuyo objetivo es combatir a los grupos de tala ilegal que invaden tierras indígenas en la Amazonía brasileña. El informe de Global Witness señala que 90 % de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.

Entre 2000 y 2018, 42 indígenas guajajara fueron asesinados por hacer frente a los madereros ilegales. Paulo no fue el último. Hasta abril de 2020, mataron a otros cuatro líderes de la comunidad.

“En Brasil —donde es urgente proteger la Amazonía— observamos que las comunidades indígenas están siendo muy vulnerables debido a las políticas de (Jair) Bolsonaro”, subraya Ben Lather. El presidente brasileño, se resalta en el informe, ha impulsado la expansión de la minería a escala industrial y la agroindustria en la Amazonía.

Miembros de la comunidad Guajajara. Fotografía: Global Witness.

Al igual que los guajajara, otras comunidades indígenas están mirando cómo se asesina o desaparece a los suyos por defender sus tierras, los bosques, los ríos o el agua.

En México, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara se ha registrado el asesinato de, por lo menos, 12 indígenas raramuri que se han opuesto y denunciado la tala ilegal de sus bosques. Dos de ellos fueron asesinados en 2019: Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, Gregorio Chaparro Cruz. Ambos eran familiares de Julián Carrillo, defensor de Coloradas de la Virgen, a quien le dispararon en octubre de 2018.

En 2019, 40 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, a pesar de que representan solo el 4.4 % de la población mundial, señala el informe de Global Witness. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques han sido contra pueblos indígenas, por lo que son una de las comunidades en mayor riesgo en todo el mundo.

Defensores ambientales México. Ya ha pasado un año desde el asesinato de Julián Carrillo en la Sierra Tarahumara. Foto: Amnistía Internacional México.

El indígena rarámuri Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio en México, fue asesinado en octubre de 2018. Foto: Amnistía Internacional México.

Pandemia: aumentan las amenazas

Ben Lather resalta que no solo se está ante la urgencia de combatir la crisis climática, también se debe trabajar para detener las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la línea de batalla para proteger los recursos naturales: “¿Cómo vamos a proteger al planeta si no podemos proteger a quienes defienden el planeta?”

Los defensores ambientales no solo son vitales para combatir la crisis climática, “también son nuestros aliados para prevenir otra pandemia como la del COVID-19, porque ahora ya sabemos que se aumentan las probabilidades de tener otras pandemias si aumenta la deforestación y se afecta la naturaleza”, señala Ben Lather.

La defensora colombiana Francia Márquez resalta que la pandemia del COVID-19 mostró “la cara de una política que es inviable y de un ‘desarrollo’ que para lo único que ha servido es para enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa del sufrimiento de millones de millones de personas en el mundo, a costa del detrimento y del daño a ecosistemas frágiles y muchas especies”.

Adán Vez, defensor ambiental asesinado en México

Adán Vez fue asesinado el 8 de abril de 2020, en Veracruz, México. Foto: Tomada de la página de Facebook de Adán.

Estos argumentos pareciera que no alcanzan a tener la fuerza suficiente, porque ni siquiera durante el confinamiento que se vivió por la pandemia del COVID-19 se logró detener las agresiones contra los defensores ambientales, como se ha visto en países como Honduras, Colombia, México o Brasil donde durante los últimos cuatro meses se registraron asesinatos de ambientalistas.

“Durante esta crisis del COVID-19 —apunta Ben Lather, de Global Witness— algunas empresas están ampliando su ataque contra las personas defensoras, y los gobiernos están reduciendo la protección”.

Además, la crisis económica que trae de la mano la pandemia del COVID-19 intensificó la presión sobre los territorios naturales, sobre todo en aquellos países en donde se impulsan megaproyectos que afectan el medio ambiente y a las comunidades que viven en esas zonas.

Francia Márquez comenta que es preocupante “ver a las personas que tienen el poder, que gobiernan nuestros países, tomando decisiones a nombre de la crisis económica; decisiones que plantean que seguirán, sin ningún pudor, profundizando la crisis en muchos territorios que van a seguir destruyendo”.

En el caso de Colombia, señala, “se plantea utilizar el fracking, la explotación petrolera y minera para sacar al país de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Eso, para nosotros implica seguir convirtiendo nuestros territorios en cementerios”.

Para Francia Márquez el gran desafío que tienen los defensores ambientales es “articular nuestras acciones a nivel global; así como la ‘política de la muerte’ se articula en un sistema global, nosotros tenemos que articular acciones de resistencia a favor de la vida. Salvar nuestra casa grande es la responsabilidad colectiva que hoy tenemos como humanidad”.

Fuente: https://rebelion.org/latinoamerica-la-region-donde-mas-defensores-ambientales-fueron-asesinados-en-2019/

 

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Mundo: La pandemia no es más que una consecuencia

La pandemia no es más que una consecuencia

Por Oswaldo Espinoza

Fuentes: Alainet

La pandemia de la Covid-19 representa sin lugar a dudas el acontecimiento histórico más importante de los tiempos contemporáneos, su alcance e impacto en la sociedad y la ilusión compartida de una realidad inmutable e infinita que llamamos normalidad, convierten este hecho en un momento de inflexión para el destino de la especie humana; sin embargo, la pandemia no es la causa de las calamidades presentes del mundo; de hecho no es más que un producto del sistema mundo moderno-colonial sustentado en el modelo de producción capitalista, en la racionalidad positivista, en la cosmovisión antropocéntrica de la teología de la dominación y en la reproducción constante de los patrones hegemónicos y coloniales.

Ignacio Ramonet, desde su cuarentena en Cuba, reflexiona sobre la pandemia y el sistema mundo, derrumbando algunos de los mitos que rodean al fenómeno de la pandemia al tiempo que expone el potencial de la misma para un iniciar un proceso de cambio societal, sin dejar de alertar sobre los riesgos inherentes a este momento de incertidumbre histórica.

Para entender la relación entre la pandemia y el sistema mundo del que se desprende, es necesario conocer que el sistema mundo moderno colonial ha establecido e impuesto su cosmovisión como la única lógica para la existencia humana, negando y produciendo como inexistentes todas las otras formas históricas y alternativas que existieron y existen en la inmensa diversidad y riqueza de la humanidad; sobre todo hay que leer ese sistema desde dos dimensiones trascendentales para comprender como es que la lógica moderna del sistema mundo produjo la pandemia.

Por una parte encontramos la forma de relación entre la especie humana y la naturaleza, y por otra parte los patrones de relación entre los seres humanos; en el primero de los casos la cosmovisión judeo-cristiana establece a través del mito creacional del génesis, una lógica del hombre como la cima de la creación divina y a la naturaleza la coloca bajo su señorío y dominio, es decir que la lógica relacional humano-naturaleza se establece bajo la premisa de la propiedad, con la tierra y todas sus creaturas al servicio del hombre que puede disponer a voluntad de la misma; esta lógica se traduce en un modelo de explotación de los recursos naturales hasta el agotamiento y su destrucción final que invariablemente obligaba a la expansión y búsqueda de nuevas tierras y recursos derivando en el colonialismo

El modelo de producción capitalista no hace más que llevar esta lógica de relación al extremo, expandiéndola y multiplicando sus efectos; así encontramos que, como expone Ramonet, la expansión del modelo de producción capitalista invade y destruye sistemáticamente ecosistemas naturales, rompiendo los equilibrios biológicos establecidos y aumentando el contacto y la exposición entre los seres humanos y organismos vivos tradicionalmente aislados de la actividad humana, incrementando el potencial de contagio de virus zoonóticos, que se transmiten de animales a humanos como en el caso de los SARS, familia a la cual pertenece el SARS COV-2 causante de la Covid-19; súmese a ello la superpoblación, la interdependencia, la extinción de especies de control biológico, la domesticación masiva y consumo indiscriminado de otras especies de origen silvestre, y el resultado será el coctel perfecto para el surgimiento de nuevas pandemias tan o más letales que la Covid-19.

La otra lógica relacional del sistema mundo moderno-colonial es la que establece las relaciones entre los seres humanos a partir de patrones de dominación y explotación fundamentadas y racionalizadas a través de la naturalización de las diferencias como jerarquías que establecería a una minoría de la especie como superior y por lo tanto como la más preparada para gobernar y dirigir los destinos del resto de la especie; básicamente, esta población “naturalmente superior” viene a estar representada por los hombres blancos, europeos y sus descendientes directos, positivistas, cristianos y capitalistas, de ahí que los patrones de dominación sobre los que sustenta la modernidad sean sus propios mitos racionalizados: El patriarcado, racismo, colonialismo, y capitalismo. La otra cara de esta lógica consiste, en consecuencia en la producción sistemática de las grandes mayorías de la especie humana como naturalmente inferiores, barbaros, atrasados; cuando no declarados como primitivos o simplemente inexistentes; de esta forma las grandes mayorías de la humanidad se ven privadas de su propia historia, se les prohíbe su identidad, no se les reconocen sus conocimientos, ven estigmatizadas sus creencias y cosmovisiones y finalmente se les niega la posibilidad de soberanía y autodeterminación, junto con su derecho a determinar y construir su propio destino.

Esta lógica relacional profundamente injusta y desigual produce una enorme brecha abismal entre una minoría privilegiada que gobierna el sistema mundo y las grandes mayorías, ignoradas, explotadas, victimizadas, excluidas y producidas como inexistentes. La pandemia no produjo la brecha abismal pero, como bien apunta Boaventura de Souza Santos, si la desnuda y la revela en toda su magnitud, no por nada, si bien el virus no distingue raza ni clase social, las condiciones de vida de los sectores desfavorecidos terminan potenciando el riesgo de contagio y limitan enormemente el tratamiento y lucha contra la enfermedad; la contundencia de tales afirmaciones se evidencian en las cifras de contagio y letalidad entre la población latina, emigrante y afrodescendiente en EEUU, hoy por hoy centro de la pandemia mundial.

Sin lugar a dudas que las condiciones en las que viven las grandes mayorías de excluidos de la sociedad, de los olvidados de la tierra, contribuyeron innegablemente a la rápida expansión de la enfermedad por el mundo y sobre todo en el sur global; vivir hacinados, con bajas condiciones de salubridad, escasos ingresos, trabajos de alto riesgo, bajos niveles de nutrición, limitado acceso a la atención médica y escasa protección social, impiden cumplir con el distanciamiento social y las demás medidas de prevención sanitarias al tiempo que potencian exponencialmente los efectos de la pandemia.

La pandemia parece estar dejando claro en la conciencia colectiva que algo debe cambiar en el mundo; por otra parte la mayoría de los analistas, estudiosos e intelectuales coinciden en que nada será igual después de la pandemia; no obstante la historia ha demostrado que luego de las grandes crisis la humanidad hace lo posible por olvidar y retomar lo antes posible su forma de vida y recuperar la “normalidad”, el asunto es que el problema es precisamente que esa normalidad se sustenta en un sistema mundo que se basa en unas lógicas que producen simultáneamente la destrucción de la naturaleza y la explotación injusta de la mayoría de la humanidad por un pequeño sector privilegiado de la especie que se asume soberbiamente como naturalmente superior; si bien ambas lógicas han sido perfectamente racionalizadas por la modernidad, resultan completamente irracionales desde el punto de vista de la creación y reproducción de la vida y representan un camino suicida sin retorno para la extinción de la especie humana; para superar esta ruta autodestructiva el mayor obstáculo es que la modernidad ha hecho tan bien su trabajo de racionalización de sus mitos que ha convencido a las grandes mayorías que el sistema mundo moderno colonial es el mejor de todos, es más, se trata del único posible, no ha existido, ni existirá otro mejor o alternativo; por lo tanto, la humanidad parece estar inclinada a olvidar y volver a la normalidad que conoce por más injusta y ecocida que esta pueda ser, porque en la psique colectiva no existe alternativa.

Aunque la tendencia descrita es real, al parecer algo parece estar operando en la conciencia social en el marco de la pandemia, quien escribe publicó hace un tiempo que la pandemia del coronavirus al tiempo que cubría con mascarillas los rostros de la humanidad, hacia caer las máscaras del sistema mundial, y es ese proceso de develación y exposición cruda de las verdades ocultas detrás de la ilusión de la “normalidad” cotidiana, lo que brinda la oportunidad de aprovechar la pandemia como un momento de inflexión histórica con el potencial de provocar una nueva sociogénesis con conciencia planetaria que nos saque de la ruta de colisión con la extinción autoinflingida; esa dosis de realidad en la que los buenos del cine que salvan al mundo de todo tipo de amenazas, desde extraterrestres, asteroides, plagas, desastres naturales y los malosos villanos, de repente se revelan como ladrones, egoístas y oportunistas, incapaces de brindar solidaridad pero muy dispuestos a aprovechar la coyuntura para bloquear, sancionar, atacar a los pueblos del mundo del que supuestamente se autodenominan líderes y protectores; realidad que irónicamente también muestra a la “liga del mal”, los demonizados villanos, exportando ayuda, solidaridad, atención y asistencia sin condiciones e incluso desde la propias carencias y necesidades prestando cooperación con quienes históricamente los han calificado de inferiores, enemigos y malvados.

Contrario a la pretendida exclusividad de la modernidad como único sistema mundo posible y deseable, existen alternativas, ancestrales y contemporáneas, previas y emergentes a la modernidad, formas otras de entender al mundo y la humanidad, lógicas realmente racionales y sustentables de concebir las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y las relaciones entre los miembros de nuestra especie; lógicas para la creación y reproducción de la vida; se trata de cosmovisiones originarias que lejos de establecer a la naturaleza como propiedad al servicio del hombre la asumen como madre, dadora de vida, proveedora de recursos y protectora de sus hijos; desde esta perspectiva los modelos de producción abandonan la explotación hasta el agotamiento y la destrucción porque a una madre no se la usa y abusa hasta matarla, a una madre se la ama, se le cuida y se la protege; junto a una cosmovisión diferente, están las alternativas contemporáneas y emergentes como la agroecología y la permacultura, la fusión entre tradiciones milenarias e innovaciones tecnológicas sustentables puede producir no solo una lógica alternativa de relación humano-naturaleza, sino también nuevos modelos productivos que favorezcan la reproducción de la vida.

De la mano de una mayor conciencia planetaria, tiene que surgir una nueva ecología social, que parta de los reconocimientos más allá de las diferencias, según Santos, se trata de reconocernos como diferentemente iguales e igualmente diferentes, distintos en identidad cultural, colores, costumbres, historias, creencias y prácticas sociales, pero iguales en valor, capacidad y derechos; la ecología de los reconocimientos implica el derrumbe de la pretendida naturalización de las diferencias de la modernidad a través del combate colectivo contra los patrones de dominación que las sustentan, como el racismo, el patriarcado, la teología de la dominación, la pretendida exclusividad y universalización del conocimiento eurocéntrico, el colonialismo/neocolonialismo y el capitalismo y globalismo neoliberal, así mismo exige la reivindicación de la historia, memoria e identidad de los pueblos sistemáticamente excluidos, explotados y producidos como inexistentes, reconocer su sabiduría, sus conocimientos contextualmente e históricamente válidos, reconocer y aprender de sus prácticas sociales y políticas más participativas e incluyentes que el modelo liberal representativo. Una nueva sociogénisis es posible, reducir la brecha hasta desaparecerla es alcanzable, se trata de hacer, en palabras de Alí, más humana la humanidad.

Lamentablemente, como advierte Ramonet en su trabajo, en la pandemia también están gestándose otros fenómenos que nos pueden llevar en la dirección contraria; de esta forma el miedo colectivo, el temor generalizado a la enfermedad, exacerbado hasta el paroxismo por los medios y las redes sociales, está haciendo que la gente esté dispuesta a renunciar a su libertad general, a su privacidad individual e incluso a sus derechos políticos, laborales y sociales, de repente el estado aparentemente condenado a reducirse a su mínima expresión antes de la pandemia podría emerger de esta como un mítico Leviatán renovado o el gran hermano de la ficción, un ente que con la excusa de proteger oprima, controle y vigile en formas supuestamente olvidadas y hasta hace muy poco inconcebibles en la actualidad; esto no quiere decir que el fortalecimiento del estado y el hecho de que este retome funciones que había abandonado y cedido ante el sector privado, como la salud, no representen una necesidad bienvenida, pero lo cierto es que el fantasma fascista también puede estar rondado.

A la par de las posibles implicaciones del fortalecimiento del estado, otros actores privados y trasnacionales están posicionándose para aprovechar la pandemia y la pos pandemia con peligros tanto o más preocupantes que los del nuevo Leviatán, esta amenaza se presenta como una Hydra de múltiples cabezas, sin patria, sin compromisos más allá que los intereses de las minorías multimillonarias a las que pertenecen, la industria farmacéutica, el complejo industrial militar, las 5 grandes de internet, las agroquímicas y los gigantes del sector energético, entre otros, todos preparándose para capitalizar el miedo y consolidar más que nunca el sistema mundo con su lógica autodestructiva mientras dure; ahora bien ellos también tienen en mente mecanismos para estirar la bonanza y disfrutarla un poco más, una de ellas es la disminución de la población mundial, a través de la desaparición de los débiles, los viejos, los improductivos, los descartables, los inferiores, una especie de purga social con muchas vías para su realización; más allá de las teorías conspirativas y de la incertidumbre del origen de la enfermedad, lo cierto es que la pandemia, y según los expertos las que seguirán si nada cambia, sirve muy bien a este propósito.

Ya lo dijeron en su momento Fidel y Chávez en los escenarios mundiales, no se trata de simples reformas, cambios de gobiernos, o un capitalismo más humano, tampoco de una evolución de la modernidad hacia la posmodernidad, de cambiar aparentemente para que nada cambie, se trata de cambiar el sistema mundo, se trata de aprovechar este momento de inflexión histórica para impulsar una revolución mundial que transforme la sociedad y la humanidad toda porque en ello nos estamos jugando la vida como especie.

Referencia

Ramonet Ignacio. (2020). “La Pandemia y el Sistema Mundo”. La Habana. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-7878.html

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/208162

Autor: Oswaldo Espinoza

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-pandemia-no-es-mas-que-una-consecuencia/

 

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COVID-19: ¿qué ha hecho América Latina para evitar más feminicidios?

En Alemania, España o América Latina, la pandemia de la violencia de género y su extremo, los feminicidios, ya precedían a la del COVID-19. ¿Cómo se ha enfrentado hasta ahora esta «otra pandemia»?

Cada día, en Alemania, una mujer sufre un intento de asesinato por parte de su pareja o expareja. Cada tres días, lamentablemente, más de un agresor lo consigue. El problema se conoce desde mucho antes de esta pandemia de coronavirus. Pero «no se está haciendo lo suficiente» para proteger la vida de estas mujeres, afirmaba un reporte de la cadena pública MDR en junio pasado.

¿Qué debería hacerse, además de reforzar líneas de ayuda y servicios de asesoría y refugio que ya existen, aunque insuficientes? En Alemania, como en la mayoría de los países europeos, falta prevención sistemática y efectiva a nivel nacional, alertan expertas como la socióloga Monika Schröttle, coordinadora del European Observatory on Femicide (EOF).

Según el EOF, la violencia contra las mujeres ha aumentado en todo el mundo en tiempos de confinamiento. Hay países donde los casos han llegado a triplicarse. En Alemania, algunos políticos locales corrieron a alistar plazas de refugio temporal adicionales, por ejemplo, en hoteles vacíos.

Pandemia antes de la pandemia

Ya desde antes de la pandemia, esta potencia europea apenas disponía de datos sobre feminicidios que no fuesen cometidos por parejas o exparejas, así como de asesinatos de mujeres trans o trabajadoras sexuales. Falta, por tanto, información. Falta una red y mecanismos de prevención del delito, para identificar y dar seguimiento a casos de alto riesgo. Y faltan proyectos vecinales, o en instituciones educativas, enumeran Schröttle y otras estudiosas y activistas a la prensa local.

Ya desde antes de la pandemia, Alemania apenas disponía de datos sobre feminicidios que no fuesen cometidos por parejas o exparejas.Ya desde antes de la pandemia, Alemania apenas disponía de datos sobre feminicidios que no fuesen cometidos por parejas o exparejas.

En España, el observatorio y portal de información y periodismo de datos con perspectiva de género feminicidios.net ha registrado ya 51 «feminicidios y otros asesinatos de mujeres» este 2020. De ellos, 42 en el primer semestre. En 2019, los casos ascendieron en total a 99. El observatorio incluye «feminicidios íntimos», «familiares», «infantiles», «por prostitución», «por robo» y «por violencia comunitaria», además de casos «sin datos suficientes».

Pero, «al menos en España, un problema precisamente son los datos de personas fallecidas durante esta pandemia. Y en el cribado de esos datos tenemos que incluir los que corresponden a feminicidios. El gobierno no está siendo todo lo claro que debería. Precisamente uno de los problemas importantes es cómo se cuentan las muertes ocurridas durante estos meses. Eso está siendo objeto de polémica», comenta a DW Chaime Marcuello, uno de los coordinadores del EOF en el país.

Al otro lado del Atlántico, entretanto, «aún no tenemos datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios o feminicidios, que nos permitan llegar a conclusiones sobre tendencias o hacer comparaciones regionales», explica a DW Yeliz Osman, de la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.

«Lo que sí sabemos es que las cifras ya eran de niveles pandémicos antes de la crisis porque el problema de la violencia contra las mujeres no es debido a COVID-19, sino por la desigualdad y discriminación de género, así como las masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades», insiste la experta.

Los últimos datos que registra el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL se remontan a 2018 o, incluso, 2017.Los últimos datos que registra el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL se remontan a 2018 o, incluso, 2017.
México: recortes, pese a más feminicidios

En el caso concreto de México, sin embargo, sí hay datos que apuntan a un incremento en los feminicidios, confirman Osman y sus colegas de ONU Mujeres México, apoyados en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 1.932 mujeres han sido asesinadas entre enero y junio de 2020 -más de 10 cada día, o una cada menos de 2 horas y media-, si se suman presuntas víctimas de homicidios dolosos y feminicidios. Y esto representa un aumento de casi un 5% respecto a las 1.842 víctimas de ese mismo período en 2019.

En este marco, el número específico de presuntas víctimas de feminicidio aumentó en un 9.2%: pasó de 448 de enero a junio de 2019, a 489 en igual período de 2020, confirma ONU Mujeres, de acuerdo con los datos oficiales mexicanos. Vale aclarar que, en México, la tipificación del delito de feminicidio incluye «privar de la vida a una mujer, por razones de género», independientemente de la relación de la víctima con su agresor.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado estas cifras. «Las mujeres mexicanas nunca han estado tan protegidas como ahora», ha dicho AMLO a periodistas, mientras el Instituto Nacional de las Mujeres enfrenta un recorte del 75% de su presupuesto y se habla de retirar la financiación a los refugios de mujeres gestionados por ONG, como parte del programa de austeridad del Gobierno frente a la pandemia.

Confinadas con su agresor

Obviamente, la pandemia ha generado «riesgos adicionales para mujeres víctimas-sobrevivientes de violencia de género», reconoce la experta de ONU Mujeres. Servicios esenciales de justicia, salud y servicios sociales han sido interrumpidos. Y el hecho de que las autoridades se concentren en hacer frente a la crisis y hacer cumplir medidas de distanciamiento social, «puede generar mayor impunidad para los perpetradores y, al mismo tiempo, puede resultar en un aumento en la severidad y en la frecuencia de la violencia contra las mujeres», advierte.

Esta es, justamente, una de las conclusiones a las que ha llegado «La pandemia invisible», una investigación colaborativa y trasnacional, en 21 países de habla hispana y Brasil, con apoyo de medios de Nicaragua (La Lupa), México (Expediente Político), EE. UU. (Te lo cuento News), Guatemala (La Cuerda), Venezuela (La Tribuna de Todos) y El Salvador (La Brújula): quedarse en casa no solo aumentó el riesgo de sufrir violencia, sino que se expresó en «un incremento de los niveles de crueldad y letalidad por parte del agresor contra las mujeres».

En Perú, durante los dos primeros meses de cuarentena nacional, decretada el16 de marzo, se registraron 12 feminicidios y 26 tentativas de feminicidio, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, durante los tres meses y medio que duró la cuarentena, hasta el 30 de junio, 915 mujeres desaparecieron. Un dato significativo si se toma en cuenta que Perú registró 166 feminicidios en 2019, y una décima parte de ellos fueron primero catalogados como desapariciones.

En Argentina, 92 mujeres fueron asesinadas en cuatro meses de confinamiento desde el 20 de marzo, reporta el observatorio La Casa del Encuentro. En Paraguay, en lo que va de año, el Observatorio del Ministerio de la Mujer ha registrado 16 feminicidios, aunque la Fiscalía contabiliza, hasta la segunda semana de julio, 18 causas de feminicidios y un total de 21 víctimas.

Bolivia cerró el primer semestre del año con 59 feminicidios, luego de que las mujeres permanecieran al menos tres de esos meses en sus hogares por la cuarentena. La cifra fue menor que la registrada en similar período de 2019, cuando estos asesinatos de mujeres llegaron a 65, un tope que ya se ha alcanzado, sin embargo, en este mes de julio, según registros de la Fiscalía.

Encerradas con el agresor: violencia de género en Bolivia

Una parte importante de estos feminicidios, en las condiciones de aislamiento, ha ocurrido a manos de familiares, parejas o personas cercanas, convivientes con las mujeres. «Se ha continuado verificando que los hogares son o pueden ser un lugar inseguro» para ellas; que son necesarias políticas específicas para afrontar, como problema público, la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas en los hogares, comenta a DW la académica y activista feminista Ailynn Torres Santana, radicada entre La Habana y Quito.

«Otra pandemia»

En esta situación, no siempre han aumentado las denuncias, porque también las mujeres están en peores condiciones para hacerlas, para salir de sus casas, aclara. Lo que sí tiende a haber en todos los países es «un aumento en las llamadas de auxilio, o en las consultas a las líneas institucionales dedicadas a este asunto», precisa Torres Santana.

Esta psicóloga, comunicadora e investigadora social llama a prestar atención, además, a indicadores de aumento de la violencia contra mujeres en el espacio público: especialmente contra trabajadoras informales (sector donde ellas son mayoría en América Latina) y contra trabajadoras de los llamados «servicios esenciales».

«En una cuarentena que se supuso un beneficio general, muchas mujeres se encontraron solas, o con niños y niñas, encerradas con su agresor», resume «Violentadas en cuarentena». Esta otra investigación colaborativa de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y la comunidad global de mujeres en medios de comunicación Chicas Poderosas da cuenta también de las acciones estatales para enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por COVID-19, en 19 países de América Latina.

¿Qué hacer?

«En la región, hemos visto algunas buenas prácticas o prácticas promisorias. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay se están prorrogando automáticamente las medidas cautelares para víctimas de violencia de género que vencieron o que vencerán dentro del periodo de la cuarentena», ilustra la experta de ONU Mujeres.

Los distintos países reaccionaron «en el marco de sus legislaciones», y no todas contemplan la violencia contra la mujer o el concepto de género, subraya «Violentadas en cuarentena». Entre los que aún no cuentan con legislación específica ni línea telefónica nacional de ayuda para estos temas, destaca Cuba.

Sin embargo, la isla acaba de anunciar un paso en el tratamiento gubernamental más sistemático al tema: la aprobación de una guía para implementar una línea de atención telefónica específica para casos de violencia de género, señala Torres Santana. Según la corresponsalía de IPS en Cuba, la isla ha registrado al menos siete feminicidios en 2020, cinco desde el inicio de las medidas de aislamiento.

En algunos países, se han generado alianzas con hoteles para brindar espacios gratuitos a mujeres víctimas-sobrevivientes y sus hijas e hijos, cuando no hay acceso a refugios o casas de acogida. «En Chile, Argentina, Colombia entre otros, se han puesto en marcha canales alternativos para realizar denuncias o reportes de violencia por ejemplo a través de WhatsApp, o en farmacias o supermercados. Y en múltiples países se han implementado campañas para generar conciencia y difundir información y números telefónicos sobre los servicios de atención», destaca Yeliz Osman, desde ONU Mujeres.

Sin embargo, para evitar el aumento de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres se requieren estrategias integrales de mediano y largo plazo enfocadas en la prevención y acompañadas por una inversión adecuada, advierten expertas de todas las latitudes.

De ahí que ONU Mujeres insista en el llamado a todos los actores a priorizar la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas. ¿Cómo? Desde Panamá, Osman enumera estrategias a DW:

Garantizar el acceso a servicios esenciales de atención (de justicia, salud, psicosociales y asesoría legal). Trabajar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres defensoras de derechos humanos, y fortalecer sus capacidades y recursos. Generar tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres, asegurando que los servicios policiales y judiciales prioricen su atención y sanción. Involucrar a la comunidad. Aumentar la inversión en la prevención a través de programas de educación, campañas públicas, programas para empoderar a las mujeres y niñas y programas que buscan transformar las masculinidades nocivas o las normas sociales que fomentan o toleran la violencia contra las mujeres y niñas.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/07/30/covid-19-que-ha-hecho-america-latina-para-evitar-mas-feminicidios/

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Embarazadas padecen violencia obstétrica agravada por la emergencia sanitaria de COVID-19

Por: Daniela Rea, Diana Cariboni y  Lydiette Carrión  

Las mujeres enfrentan una crisis de «violencia obstétrica» agravada por la emergencia sanitaria de covid-19, a pesar de las leyes que buscan combatir el maltrato y la «medicalización excesiva»

Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.

La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.

La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.

La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.

Fotografía durante una videollamada con Lidia y su bebé en su casa en el Estado de México. / Foto: María Ruiz.

La mayoría de estas leyes garantiza una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.

En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.

Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.

En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y 15 dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.

Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1,200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.

En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.

En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Uruguay, que registra alrededor de 1,000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.

En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).

Solas y mal informadas

A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.

La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.

Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”

Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.

“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.

No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.

Montse Reyes y su bebé durante una videollamada, mayo de 2020. Foto: Fernanda Ruiz. 

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.

Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.

En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.

La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.

“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.

Problemas globales, partos riesgosos

En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.

En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.

Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital de Caracas, Venezuela, mayo 2020 Foto: Yadira Pérez.

En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.

A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.

En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de covid-19.

“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.

También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de covid-19 sin previo aviso.

Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.

“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.

La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.

La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.

Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de covid-19”.

“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.

La violencia obstétrica existe, pero no se nombra

A la violencia preexistente hacia las mujeres embarazadas, dice la OMS, se le suman los agravios por la emergencia sanitaria.

El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.

El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.

De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.

En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden  discutir el tema”, sostuvo.

Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.

Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.

Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.

Este artículo fue publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.

Fuente: https://piedepagina.mx/mujeres-de-america-latina-bajo-presion-para-aceptar-cesareas-durante-pandemia/

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Aumentan los milmillonarios de América Latina, la región más desigual del mundo: Oxfam

La fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48 200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, incluso ahora cuando la región es una de las más afectadas del mundo, afirma Oxfam hoy. 

La región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas desde marzo, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde del colapso.

En conjunto, los 42 milmillonarios del Brasil aumentaron su patrimonio neto de 123 100 millones de dólares en marzo a 157 100 millones de dólares en julio, mientras que los siete más ricos de Chile vieron como su patrimonio conjunto aumentaba en un 27 % hasta alcanzar los 26 700 millones de dólares.

Los Gobiernos de América Latina están infra gravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad.Oxfam estima que América Latina perderá 113 400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, lo que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región.

«Mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días», afirmó el director ejecutivo interino de Oxfam, Chema Vera.

“Los súper ricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados por no pagar el alquiler o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos o invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011.

“Mientras la gente muere y se enfrenta a la indigencia, la enfermedad y el hambre, es vergonzoso que un puñado de personas extremadamente ricas puedan estar amasando todavía más poder y riqueza. Si los Gobiernos no toman medidas para cambiar nuestros sistemas económicos, están echando gasolina al fuego del descontento contra las injusticias sociales que ahora están arrasando el mundo».

América Latina ya era la región más desigual del mundo. Los esfuerzos de los Gobiernos para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por la desigualdad y la corrupción profundamente arraigadas, y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto.

A pesar de haber activado uno de los confinamientos nacionales más rápidos y agresivos de América Latina, incluso antes que Francia y el Reino Unido, Perú tiene más de 366 550 casos registrados y una cifra de 13 767 fallecidos, el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil y ahora uno de los peores focos del coronavirus del mundo.

Más del 70 % de la población peruana trabaja en la informalidad, sin contratos o protección, y sin seguridad laboral o licencias por enfermedad. Desde el comienzo del confinamiento el 16 de marzo, 2,3 millones de personas que viven en Lima, la capital de Perú, han perdido sus trabajos y la capacidad de alimentar a sus familias. Ya son 200 000 quienes han huido a pie de las ciudades a sus pueblos de origen en el campo, algunos llevándose el virus con ellos. Al mismo tiempo, los dos peruanos más ricos vieron aumentar su fortuna combinada en un 6 % hasta alcanzar los 5500 millones de dólares y Perú ha visto surgir otros dos nuevos milmillonarios.

El Gobierno peruano ayudó a las familias más pobres a sobrevivir mediante transferencias en efectivo de 100 dólares al mes, pero la desigualdad acabó con las buenas intenciones.

«Solo el 42 % de la ciudadanía peruana de 15 años o más tiene una cuenta bancaria y la mayoría de los beneficiarios de la ayuda del Gobierno, las personas más pobres del país, están fuera del sistema bancario. No les ha quedado más remedio que ir en persona al banco, donde las largas colas se han convertido en un terrible caldo de cultivo para el coronavirus. Vencer la pandemia significa vencer la desigualdad. También significa poner fin a los privilegios de unos pocos afortunados», declaró Vera.

El confinamiento de Perú implicó el cierre de todos los negocios excepto los proveedores de alimentos, medicinas y otros servicios esenciales. Sin embargo, solo una semana después, las grandes empresas mineras, petroleras y de agronegocios eludieron la orden, argumentando su importancia vital y estratégica para el país y prometiendo cumplir con estrictas medidas sanitarias. La realidad es que muchas de ellas no llegaron a aplicar medidas mínimas de mitigación de riesgos. La mina de cobre Antamina ha informado de 210 casos positivos por coronavirus, mientras que el 90 % de los empleados y empleadas de la compañía de aceite de palma Ocho Sur que se sometió a la prueba a principios de junio dio positivo, lo que supone una gran amenaza para las comunidades indígenas cercanas, que se encuentran entre las más desatendidas por el sistema de salud pública de Perú y que temen un elevado número de muertes. En la región amazónica donde opera la empresa, hay menos de ocho profesionales médicos por cada 10.000 habitantes.

En toda América Latina, 140 millones de personas, alrededor del 55 % de la población activa, se encuentran en la economía informal, y casi una de cada cinco vive en un tugurio. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe como consecuencia de la pandemia, con lo que la lucha contra la pobreza retrocedería 15 años.

En una región en la que ya una de cada tres mujeres se ve afectada por la violencia de género, las órdenes de permanencia en el hogar han dado lugar a un aumento de las denuncias de violencia doméstica y de asesinatos de mujeres y niñas. En Argentina, al menos 81 mujeres han sido asesinadas durante el confinamiento desde marzo de 2020.

En promedio, la inversión pública en salud de los países de América Latina es del 4 % del PIB, la mitad que los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Décadas de privatización e inversiones insuficientes han dejado a los sistemas de salud pública de la región terriblemente mal preparados e incluso los han convertido en un factor que contribuye al aumento de las infecciones por coronavirus.

Para los más de 5 millones de personas migrantes venezolanas que viven en la región, la pandemia es una crisis doble. Tras huir del caos económico y político, millones de personas se han quedado sin trabajo debido a las cuarentenas. Muchas de ellas son indocumentadas y han caído en el olvido de las respuestas del Gobierno, incapaces de acceder a las transferencias de efectivo o a los servicios de salud. Desesperadas y a menudo sin hogar por no poder pagar el alquiler, 80 000 personas han vuelto sobre sus pasos por los Andes para retornar a Venezuela, donde incluso antes de la pandemia uno de cada tres venezolanos se enfrentaba al hambre.

Si se aplicara en 2020 un impuesto al patrimonio neto de entre el 2 % y el 3,5 % a quienes tengan más de un millón de dólares, los Gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta 14 200 millones de dólares, que podrían ser invertidos en salud pública y protección social. Esta cifra es 50 veces la cantidad de lo que se podría recaudar este año de los milmillonarios de la región.

«El virus se ha expandido por América Latina no por indisciplina, sino por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde», concluye Vera.

Notas para editores

Los cálculos de Oxfam se basan en las fuentes de datos más actualizadas y completas disponibles. Las cifras sobre las personas más ricas de la sociedad provienen de la Billionaires List de Forbes y del Real-Time Billionaires ranking de Forbes. Comparamos la riqueza neta de los milmillonarios latinoamericanos el 18 de marzo de 2020 con su riqueza neta el 12 de julio de 2020.

Durante ese período, el valor neto combinado de los milmillonarios en la Argentina pasó de 8800 millones de dólares a 11 200 millones de dólares; en el Brasil, de 123 100 millones de dólares a 157 100 millones de dólares; en Colombia, de 13 700 millones de dólares a 14 100 millones de dólares; en Chile, de 21 000 millones de dólares a 26 700 millones de dólares; en el Perú, de 5200 millones de dólares a 5500 millones de dólares; y en Venezuela, de 3400 millones de dólares a 3500 millones de dólares.

Únicamente tres países de América Latina aplican un impuesto sobre el patrimonio: Argentina (impuesto máximo del 1,25 %), Colombia (1 %) y Uruguay (1 %).

Descargue el informe más reciente de Oxfam sobre América Latina: ¿Quién paga la cuenta?

Desde el inicio de la pandemia, Oxfam ha proporcionado asistencia alimentaria, artículos de higiene y alojamientos temporales seguros a 250 000 de las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe, gracias a su colaboración con más de 60 organizaciones socias en 11 países.

Información de contacto

Annie Thériault en Montreal (Canadá) | annie.theriault@oxfam.org | +51 936 307 990

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Le animamos a apoyar el llamamiento de respuesta al coronavirus de Oxfam.

Fuente: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-que-la-region-mas-desigual

Imagen:  desinformemonos.org

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