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Embarazadas padecen violencia obstétrica agravada por la emergencia sanitaria de COVID-19

Por: Daniela Rea, Diana Cariboni y  Lydiette Carrión  

Las mujeres enfrentan una crisis de «violencia obstétrica» agravada por la emergencia sanitaria de covid-19, a pesar de las leyes que buscan combatir el maltrato y la «medicalización excesiva»

Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.

La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.

La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.

La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.

Fotografía durante una videollamada con Lidia y su bebé en su casa en el Estado de México. / Foto: María Ruiz.

La mayoría de estas leyes garantiza una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.

En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.

Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.

En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y 15 dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.

Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1,200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.

En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.

En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Uruguay, que registra alrededor de 1,000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.

En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).

Solas y mal informadas

A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.

La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.

Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”

Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.

“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.

No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.

Montse Reyes y su bebé durante una videollamada, mayo de 2020. Foto: Fernanda Ruiz. 

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.

Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.

En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.

La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.

“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.

Problemas globales, partos riesgosos

En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.

En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.

Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital de Caracas, Venezuela, mayo 2020 Foto: Yadira Pérez.

En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.

A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.

En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de covid-19.

“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.

También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de covid-19 sin previo aviso.

Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.

“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.

La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.

La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.

Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de covid-19”.

“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.

La violencia obstétrica existe, pero no se nombra

A la violencia preexistente hacia las mujeres embarazadas, dice la OMS, se le suman los agravios por la emergencia sanitaria.

El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.

El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.

De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.

En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden  discutir el tema”, sostuvo.

Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.

Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.

Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.

Este artículo fue publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.

Fuente: https://piedepagina.mx/mujeres-de-america-latina-bajo-presion-para-aceptar-cesareas-durante-pandemia/

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Aumentan los milmillonarios de América Latina, la región más desigual del mundo: Oxfam

La fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48 200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, incluso ahora cuando la región es una de las más afectadas del mundo, afirma Oxfam hoy. 

La región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas desde marzo, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde del colapso.

En conjunto, los 42 milmillonarios del Brasil aumentaron su patrimonio neto de 123 100 millones de dólares en marzo a 157 100 millones de dólares en julio, mientras que los siete más ricos de Chile vieron como su patrimonio conjunto aumentaba en un 27 % hasta alcanzar los 26 700 millones de dólares.

Los Gobiernos de América Latina están infra gravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad.Oxfam estima que América Latina perderá 113 400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, lo que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región.

«Mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días», afirmó el director ejecutivo interino de Oxfam, Chema Vera.

“Los súper ricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados por no pagar el alquiler o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos o invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011.

“Mientras la gente muere y se enfrenta a la indigencia, la enfermedad y el hambre, es vergonzoso que un puñado de personas extremadamente ricas puedan estar amasando todavía más poder y riqueza. Si los Gobiernos no toman medidas para cambiar nuestros sistemas económicos, están echando gasolina al fuego del descontento contra las injusticias sociales que ahora están arrasando el mundo».

América Latina ya era la región más desigual del mundo. Los esfuerzos de los Gobiernos para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por la desigualdad y la corrupción profundamente arraigadas, y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto.

A pesar de haber activado uno de los confinamientos nacionales más rápidos y agresivos de América Latina, incluso antes que Francia y el Reino Unido, Perú tiene más de 366 550 casos registrados y una cifra de 13 767 fallecidos, el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil y ahora uno de los peores focos del coronavirus del mundo.

Más del 70 % de la población peruana trabaja en la informalidad, sin contratos o protección, y sin seguridad laboral o licencias por enfermedad. Desde el comienzo del confinamiento el 16 de marzo, 2,3 millones de personas que viven en Lima, la capital de Perú, han perdido sus trabajos y la capacidad de alimentar a sus familias. Ya son 200 000 quienes han huido a pie de las ciudades a sus pueblos de origen en el campo, algunos llevándose el virus con ellos. Al mismo tiempo, los dos peruanos más ricos vieron aumentar su fortuna combinada en un 6 % hasta alcanzar los 5500 millones de dólares y Perú ha visto surgir otros dos nuevos milmillonarios.

El Gobierno peruano ayudó a las familias más pobres a sobrevivir mediante transferencias en efectivo de 100 dólares al mes, pero la desigualdad acabó con las buenas intenciones.

«Solo el 42 % de la ciudadanía peruana de 15 años o más tiene una cuenta bancaria y la mayoría de los beneficiarios de la ayuda del Gobierno, las personas más pobres del país, están fuera del sistema bancario. No les ha quedado más remedio que ir en persona al banco, donde las largas colas se han convertido en un terrible caldo de cultivo para el coronavirus. Vencer la pandemia significa vencer la desigualdad. También significa poner fin a los privilegios de unos pocos afortunados», declaró Vera.

El confinamiento de Perú implicó el cierre de todos los negocios excepto los proveedores de alimentos, medicinas y otros servicios esenciales. Sin embargo, solo una semana después, las grandes empresas mineras, petroleras y de agronegocios eludieron la orden, argumentando su importancia vital y estratégica para el país y prometiendo cumplir con estrictas medidas sanitarias. La realidad es que muchas de ellas no llegaron a aplicar medidas mínimas de mitigación de riesgos. La mina de cobre Antamina ha informado de 210 casos positivos por coronavirus, mientras que el 90 % de los empleados y empleadas de la compañía de aceite de palma Ocho Sur que se sometió a la prueba a principios de junio dio positivo, lo que supone una gran amenaza para las comunidades indígenas cercanas, que se encuentran entre las más desatendidas por el sistema de salud pública de Perú y que temen un elevado número de muertes. En la región amazónica donde opera la empresa, hay menos de ocho profesionales médicos por cada 10.000 habitantes.

En toda América Latina, 140 millones de personas, alrededor del 55 % de la población activa, se encuentran en la economía informal, y casi una de cada cinco vive en un tugurio. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe como consecuencia de la pandemia, con lo que la lucha contra la pobreza retrocedería 15 años.

En una región en la que ya una de cada tres mujeres se ve afectada por la violencia de género, las órdenes de permanencia en el hogar han dado lugar a un aumento de las denuncias de violencia doméstica y de asesinatos de mujeres y niñas. En Argentina, al menos 81 mujeres han sido asesinadas durante el confinamiento desde marzo de 2020.

En promedio, la inversión pública en salud de los países de América Latina es del 4 % del PIB, la mitad que los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Décadas de privatización e inversiones insuficientes han dejado a los sistemas de salud pública de la región terriblemente mal preparados e incluso los han convertido en un factor que contribuye al aumento de las infecciones por coronavirus.

Para los más de 5 millones de personas migrantes venezolanas que viven en la región, la pandemia es una crisis doble. Tras huir del caos económico y político, millones de personas se han quedado sin trabajo debido a las cuarentenas. Muchas de ellas son indocumentadas y han caído en el olvido de las respuestas del Gobierno, incapaces de acceder a las transferencias de efectivo o a los servicios de salud. Desesperadas y a menudo sin hogar por no poder pagar el alquiler, 80 000 personas han vuelto sobre sus pasos por los Andes para retornar a Venezuela, donde incluso antes de la pandemia uno de cada tres venezolanos se enfrentaba al hambre.

Si se aplicara en 2020 un impuesto al patrimonio neto de entre el 2 % y el 3,5 % a quienes tengan más de un millón de dólares, los Gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta 14 200 millones de dólares, que podrían ser invertidos en salud pública y protección social. Esta cifra es 50 veces la cantidad de lo que se podría recaudar este año de los milmillonarios de la región.

«El virus se ha expandido por América Latina no por indisciplina, sino por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde», concluye Vera.

Notas para editores

Los cálculos de Oxfam se basan en las fuentes de datos más actualizadas y completas disponibles. Las cifras sobre las personas más ricas de la sociedad provienen de la Billionaires List de Forbes y del Real-Time Billionaires ranking de Forbes. Comparamos la riqueza neta de los milmillonarios latinoamericanos el 18 de marzo de 2020 con su riqueza neta el 12 de julio de 2020.

Durante ese período, el valor neto combinado de los milmillonarios en la Argentina pasó de 8800 millones de dólares a 11 200 millones de dólares; en el Brasil, de 123 100 millones de dólares a 157 100 millones de dólares; en Colombia, de 13 700 millones de dólares a 14 100 millones de dólares; en Chile, de 21 000 millones de dólares a 26 700 millones de dólares; en el Perú, de 5200 millones de dólares a 5500 millones de dólares; y en Venezuela, de 3400 millones de dólares a 3500 millones de dólares.

Únicamente tres países de América Latina aplican un impuesto sobre el patrimonio: Argentina (impuesto máximo del 1,25 %), Colombia (1 %) y Uruguay (1 %).

Descargue el informe más reciente de Oxfam sobre América Latina: ¿Quién paga la cuenta?

Desde el inicio de la pandemia, Oxfam ha proporcionado asistencia alimentaria, artículos de higiene y alojamientos temporales seguros a 250 000 de las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe, gracias a su colaboración con más de 60 organizaciones socias en 11 países.

Información de contacto

Annie Thériault en Montreal (Canadá) | annie.theriault@oxfam.org | +51 936 307 990

Para actualizaciones, por favor siga a @Oxfam y @Oxfam_es

Le animamos a apoyar el llamamiento de respuesta al coronavirus de Oxfam.

Fuente: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-que-la-region-mas-desigual

Imagen:  desinformemonos.org

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OVE entrevista a José A. Falconi Borraz: “Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular, explotar y oprimir”

Entrevista realizada por Luis Miguel Alvarado Dorry en exclusiva para Otras Voces en Educación.

Conocimos y escuchamos hablar de José Armando Falconi Borraz en las diversas luchas magisteriales en el estado de Chiapas, México; movilizaciones y protestas que se mantuvieron en contra de la reforma educativa neoliberal del sexenio pasado oficializada por el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, asimismo en las que se mantuvieron antes del confinamiento por el coronavirus COVID-19, debido a la continuidad de dicha reforma en el gobierno actual.

Es licenciado en Economía por la Universidad Autonoma de Chiapas (UNACH), tiene una nivelación pedagógica en la Escuela Normal Superior de Chiapas, es magíster en Educación por parte del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Es miembro del Taller de la Realidad Regional “Pedro Díaz Cuscta”, de la material de historia socioeconómica de Chiapas, en la facultad de Ciencias Sociales. Actualmente es Secretario General del Comité ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE en el estado de Chiapas, México.

José Armando es economista de formación, sin embargo, ha visto muy de cerca la vida precarizada de comunidades enteras de originaries y campesines, causadas por el sistema capitalista y su modelo politico neoliberal, el cual, por su formación, sabe la manera en la que este sistema explota a les cuerpos y territorios convirtiendoles en mercancías. Por ello, el profe Falconi, como generalmente se le conoce, se ha vuelto un maestro por “convicción” con un enorme compromiso social con el hito de construir otras formas de vivir, otras más justas, más humanas y más democráticas. Asmismo hace suya la frase de la CNTE “en la calle la protesta y en el aula la propuesta” con el fin de seguir construyendo propuestas educativas alternativas que contrarresten los embates del capitalismo.

 

José Armando, ¿Cómo llegó a la educación crítica y contestataria y, a la lucha gremial y social? Cuéntenos un poco su historia de vida.

Bueno, quisiera comenzar diciéndoles que soy economista, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III de la ciudad de San Cristóbal; terminé una Nivelación Pedagógica en la Normal Superior y una maestría en Educación en el Instituto de Estudios Universitarios en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Trabajé en programas federales de Pronasol, de Programación y Presupuesto; en proyectos del Banco Mundial en SEDESOL; en el Instituto Nacional Indigenista en comercialización de Café; en la Subdelegación de Concertación Agraria en los programas de tenencia de la tierra; en el INEGI en seguimiento a Empresas; en el Centro de Información y Análisis de Chiapas y finalmente adquirí la plaza base en el nivel de Telesecundaria en 1994, meses después del estallido del levantamiento indígena del EZLN. Soy economista de profesión y maestro por convicción.

El primer acercamiento que tuve fue con los alumnos y los padres de familia en las comunidades rurales campesinas e indígenas, donde prevalece la marginación, pobreza y miseria; además, del gran rezago educativo: analfabetismo, deserción escolar, reprobación y falta de infraestructura educativa. En telesecundaria se carece de espacios educativos (infraestructura), de antenas parabólicas, televisores y a veces de señal de trasmisión, si no es una es otra cosa y hasta de los libros de texto, en pleno siglo XXI.

Es difícil mantenerse al margen del tema educativo ante el avasallamiento de políticas neoliberales y del tema sindical; era necesario tener una participación política en la vida sindical de los trabajadores de la educación, primero organizarnos y luchar por la democratización de nuestra sección, y también conocer que en la historia del movimiento magisterial en nuestro país, muchos maestros engrandecieron con sus conocimientos y sabiduría aportes a la educación y otros sacrificaron sus vidas, derramaron su sangre por conquistas sindicales y laborales que aún gozamos. Y que están en riesgo de perderse por la imposición de la neoliberal reforma educativa transexenal.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus secciones en su mayoría, es un sindicato corporativo que ha estado desde sus orígenes al servicio de los intereses de la clase en el poder.

En la sección 40, Chiapas, nunca ha habido un congreso seccional donde sean las bases quienes elijan de manera democrática a sus representantes; ahí el cáncer de la corrupción los corroe, son los mismos que durante años han parasitado enriqueciéndose de las cuotas sindicales, de la caja de ahorro y del patronato del seguro de vida. Los gobernantes en turno la han utilizado como botín político para sus campañas electorales, como también lo ha sido el instituto de salud ISSTECH.

A raíz de la imposición de las políticas neoliberales, particularmente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se han venido imponiendo una serie políticas educativas como carrera magisterial –que ha resultó un total fracaso- con el claro objetivo de desmantelar la educación pública; los demás sexenios neoliberales hicieron lo mismo –llámese priísta o panista-, a través de la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB); la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) –que establecía el “merito” individual de los maestros en función exclusiva de los resultados de logro de sus alumnos a través de la prueba Enlace, lo que significaría un estímulo monetario adicional a carrera magisterial, y abría las puertas a la nueva cultura de la evaluación, evaluar para medir-, era la antesala para la imposición de la nefasta reforma educativa.

El saqueo de nuestras cuotas sindicales, la corrupción de los espurios secretarios generales y camarilla de mafiosos y la imposición de la neoliberal reforma educativa por el fascista Enrique Peña Nieto, obligó a la mayoría del magisterio estatal salir a las calles en defensa de su trabajo y la educación pública.

Desde ese momento, desde el 2013 le dimos vida a nuestro referente político la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE, militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Transitando por las rutas, organizativa, política, educativa y jurídica. Reivindicando en la práctica los 22 principios históricos de la CNTE, dentro de ellos el principio universal de la lucha de clases y la construcción del socialismo en México.

 

¿Cuáles considera que son los elementos más significativos de la crisis educativa en Chiapas, en México y en toda América Latina?

La dependencia económica y política de organismos imperialistas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del  Comercio  (OMC),  la  Organización  para  la  Cooperación  y el  Desarrollo Económico (OCDE), quienes dictan las políticas educativas neoliberales con el claro objetivo de imponer carreras técnicas e incorporar fuerza de trabajo en las maquiladoras donde el imperio norteamericano mantiene sus transnacionales en gran parte de Latinoamérica.

No os olvidéis que la peor herencia que nos ha dejado el colonialismo español, el imperialismo norteamericano y el sistema capitalista, la peor de todas ha sido la ignorancia. Porque un pueblo sin educación es un pueblo fácil de seguir siendo manipulado, explotado y oprimido.

En México, el Sistema Educativo Nacional es un fracaso porque en más de tres décadas de políticas neoliberales no se ha invertido en educación, no es prioridad para el estado; el analfabetismo sigue siendo un llamado de atención para los gobernantes; es alarmante el gran rezago en infraestructura educativa, aulas de maderas o de carrizo, con techos de lámina, pisos de tierra, letrinas de madera, sin malla perimetral, sin servicio de agua potable y luz.

La reforma educativa transexenal (Peña-AMLO), si es un jugoso negocio para los empresarios de Mexicanos Primero, para los grandes hombres de negocios porque la educación pública se encamina para su privatización y la pérdida del trabajo y los derechos laborales de los maestros.

Chiapas es uno de los estados del sur con una población mayoritaria que vive en la pobreza y la miseria, y uno de los estados con mayor rezago educativo. Fue éste el estado que dio mayor resistencia para detener la neoliberal reforma educativa, gracias a su glorioso Movimiento Magisterial y Popular.

La crisis educativa en Chiapas se debe al poco presupuesto que se le destina al estado, la corrupción que prevalece en los tres órdenes de gobierno, la insensibilidad y falta de compromiso de los funcionarios de educación para atacar el rezago educativo en el estado y las ocurrencias en los planes y programas de funcionarios de gabinete para cumplir de paso con lo presupuestado. Nunca toman en cuenta al magisterio. Están los serviles, los cómodos, los males necesarios de secretaría de capataces para aplicar la normatividad administrativa y laboral contra todo aquel que no acate sus disposiciones.

 

Cuéntenos sobre ¿Cómo ha sido su experiencia como Secretario General del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática (AED40) en el estado de Chiapas, México?

En el 2013 cuando decidimos abanderar la lucha magisterial en la exigencia de la abrogación total de la nefasta reforma educativa, por la defensa de nuestras conquistas sindicales y por la educación pública, sabíamos que nos estábamos enfrentado contra el estado.

El Comité Seccional de la sección 40, abanderó la imposición de la reforma educativa, incluso los charros (sinónimo de corruptos, entreguistas, traidores) estuvieron informando con trípticos de las buenas bondades de la reforma.

En las jornadas magisteriales de 2013 de más de 86 días, la de 2015 de 24 días y la jornada de lucha histórica de 2016 de más de 124 días, tuvimos altos costos como AED40, las represiones masivas y selectivas en todas las jornadas de lucha; el asesinato de nuestro compañero maestro David Gemayel Ruiz Estudillo, el 9 de diciembre de 2015 por las bestias represivas de la policía federal; las detenciones masivas de compañeros en pleno enfrentamiento con la policía, más de 18 compañeros que fueron trasladados al penal de Tepic, Nayarit; encarcelamientos y golpizas contra compañeros maestros que fueron trasladados a la procuraduría y liberados días después por la presión de la movilización y el pueblo chiapaneco que salió a las calles; la detención de 9 compañeros de Telebachillerato Comunitario que fueron detenidos en una protesta pacífica  por exigir  pagos de sus salarios, fueron trasladados al penal del Amate, en el municipio de Cintalapa, liberados días después por la movilización del magisterio y padres de familia.

Desde 2013 hasta el 2017 estuve al frente de la dirección política de la Asamblea Estatal Democrática por decisión de las bases movilizadas, por los representantes delegacionales de las regiones que conforman el estado y por el máximo órgano de decisiones, nuestra asamblea estatal; he tenido como “premio a mi conducta” por la defensa del trabajo y la educación pública, 12 órdenes de aprehensión, por motín y asociación delictuosa, ataque a las vías públicas, atentados contra la paz y la integridad corporal, conspiración, entre otras barbaridades; hasta ahora estoy con tres delitos que se me incriminan. Las reviven cada que realizamos una acción política o nos movilizamos.

Hemos tenido en nuestra trayectoria de lucha, a gente traidora que privilegió sus intereses particulares por encima de los intereses colectivos. Y en asambleas estatales fueron expulsados, hoy son personeros del estado; se han ido oportunistas que venían coqueteando con secretaría de educación para seguir gozando de prebendas y pronto los veremos haciendo fila con el neocharrismo sindical. El estado al no poder corromper a la dirigencia hace uso de la inteligencia política al interior de la dirección para socavar, corromper y desarticular a la Asamblea Estatal Democrática. Y aquí seguiremos dando batalla, porque nos mueve la defensa de nuestro trabajo, la lucha por nuestras conquistas sindicales y laborales y la educación pública. Aquí no venimos a enriquecernos ni a servirnos con la cuchara grande sino a servir a nuestra base magisterial.

En octubre de 2017 ante el inminente congreso seccional charro para imponer al siguiente espurio secretario general en la sección 40 –debemos informar que desde el 2016 el SNTE charro no ha podido imponer al secretario general, más que un parasito comisionado, llamada comisión ejecutiva-, se tomó el acuerdo de realizar como Asamblea Estatal Democrática el primer Congreso Político Democrático; fue ahí que por decisión de los delegados se conformó el Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE, quedando su servidor como secretario general.

Mi experiencia en el gremio magisterial ha sido difícil porque nuestra lucha no es contra el sindicato, ni la secretaría de educación, sino contra todo el aparato del estado; luchas y debates políticos frecuentes contra el neocharrismo y el oportunismo por querer desaparecer nuestro referente; hostigamientos constantes; mesas políticas y educativas de compromisos no cumplidos por el gobierno del estado; en fin, etc., pero con la satisfacción de que lo que hemos y venimos construyendo hasta hoy es un logro de todos. Una organización política magisterial que exige democracia sindical que está a la altura de los intereses de la clase trabajadora; un referente de lucha que tiene una propuesta de educación alternativa que se construye ya en los centros escolares con los maestros, alumnos, padres de familia en las comunidades: el Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE).

 

José Armando, ¿La relación entre los gobiernos y los gremios en el estado de Chiapas y en el país es fluida? ¿Porque?

No, definitivamente es un problema para nosotros, porque somos la disidencia política contraria a sus intereses. El respeto que se ha logrado del estado lo hemos alcanzado por las movilizaciones, por las acciones políticas que realizamos como Asamblea Estatal Democrática. Así hemos conseguido nuestras demandas.

En el 2013, ante la imposición de la nefasta reforma educativa el magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocó al paro nacional magisterial; los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán no  fueron  la excepción. El Movimiento  Democrático Magisterial y Popular de Chiapas, se suma al paro nacional, la sección 7 federal que aglutina a más 60 mil maestros fueron los primeros en irse al paro magisterial debido a su trayectoria de lucha y combatividad, en la sección 40 del estado que durante muchos años permaneció apática, desinformada y controlada por el charrismo sindical, los representantes comenzaron a impulsar las rondas delegacionales con los maestros y padres de familia en las diferentes regiones llamando a sumarse al paro magisterial, poco a poco se fueron agregando centros de trabajo, delegaciones y regiones enteras a la plancha del Zócalo  de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y comisiones regionales a la ciudad de México.

La “dirigencia” de la sección 40 fue repudiada por su actitud entreguista al avalar la reforma educativa; fue en esta etapa de lucha que un grupo de 6 compañeros formamos la pequeña dirección política quedando su servidor a la cabeza del movimiento magisterial que llevaría el nombre de Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, teniendo la legitimidad mayoritaria de las bases del magisterio estatal.

Después de algunas semanas de iniciado el paro, a nivel nacional se apertura la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y las direcciones políticas de la sección 7 y la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40  de  la  CNTE,  el  primer  día    aperturó  la  mesa  el  secretario  de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, los demás días posteriores el subsecretario Enrique Miranda Nava, estando presentes el gobernador del estado de Chiapas y funcionarios de la secretaría de educación estatal; durante más de una semana estuvimos exigiendo nuestra demanda principal: la abrogación de la nefasta reforma educativa.

Al final se logra firmar una minuta de acuerdos el 20 de noviembre de 2013 con el gobierno del estado donde se exigen una serie de demandas locales que no han sido satisfactorias ni respetado los acuerdos como la siguiente: en respuestas del gobierno del estado.- “para el caso específico de la sección 40 del SNTE, el gobierno de Chiapas atenderá a la comisión negociadora como interlocutor válido para el tratamiento de asuntos de orden laboral y de toda índole”; “ el gobierno del estado no ejercerá ninguna acción represiva de índole laboral, jurídica, administrativa, académica, ni económica, en  contra de los trabajadores de la educación de las secciones 7 y 40, estudiantes del nivel medio superior y superior (CBTIS, CBTA, CETIS, COBACH, CONALEP, PREPARATORIAS, UNICACH, UNACH, UPN, NORMALES, ESCUELA DE ENFERMERIA, PECI), padres de familia, ni ciudadanos que participan en la presente movilización”. Entre otras demandas.

Gracias a la fuerza de nuestro movimiento, en el hangar del Aeropuerto de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, nos reunimos con el gobernador del estado Manuel Velasco Coello, logramos la liberación de 28 compañeros maestros para seguir defendiendo las demandas y conquistas laborales del magisterio, así como seguir exigiendo la abrogación total de la reforma educativa neoliberal y luchar por la escuela pública. Fue ya la segunda dirección política oficial del G28 de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40.

A pesar de que hemos llegado a “acuerdos políticos” con el gobierno federal y el gobierno del estado de que en Chiapas la reforma educativa neoliberal ¡NO PASARÁ! la siguen imponiendo por la fuerza; sobre todo con esta nueva administración de la 4ª Transformación.

Siguen imponiendo sus políticas represivas contra cualquier movilización que perturbe el orden constitucional y violenten, según ellos el estado de derecho, ¿De qué estado de derecho hablan? Del estado de derecho oligárquico de reprimir todo descontento magisterial y popular.

El magisterio tiene en todo momento el derecho constitucional de organizarse y movilizarse cuando sus derechos y conquistas sindicales son violentados. Nos asiste la razón y seguiremos impulsando las acciones políticas de masas para obligar al estado mediante el dialogo la solución a nuestras demandas.

 

Como docente y dirigente gremial ¿Considera que la formación inicial y continua de los docentes corresponde a las necesidades del país y los desafíos pedagógicos del siglo XXI? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus propuestas?

No soy pedagogo, pero si maestro que lucha por la construcción del socialismo en México.

La estrategia nacional de educación inclusiva debería ser una respuesta a la lógica de exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas en nuestro país.

Debe garantizarse el acceso pleno a la educación y esta tendría que ser el compromiso del estado; tendríamos que empezar con erradicar la desigualdad social, la pobreza y miseria, la discriminación y la marginación, la explotación y la opresión en la que han estado millones de mexicanos. Políticas de gobierno que no han priorizado el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Existe rezago educativo que se ha reflejado en la falta de oportunidades para ingresar  a  un  centro  escolar;  carencia  de  una  planeación  objetiva  para  la formación inicial y continua de docentes -o pónganle el nombre que quieran-, que contribuyan al logro del aprendizaje de los alumnos; el desconocimiento total de los problemas en los centros escolares por los trabajos desde el escritorio, los  llamados  trabajos  de  gabinete,  sin  tomar  en  cuenta  a  los  verdaderos responsables de la educación, los maestros,  padres de familia  y alumnos; además de una infraestructura educativa en pésimas condiciones.

No considero que dichos programas correspondan a las necesidades del país y a los desafíos pedagógicos del presente siglo; llevamos más de tres décadas de políticas neoliberales,  política que privilegia la privatización de los medios de producción, la privatización de los sectores sociales como la salud y la educación; lo que alcanzamos a ver es el desmantelamiento del Sistema Educativo Nacional; la privatización de la educación para que esté al servicio de la oligarquía mexicana, a la mafia empresarial enmascarada en Mexicanos Primero, a eso obedece la reforma educativa neoliberal transexenal.

En el 2012 antes de imponerse la reforma educativa peñista, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) presionó con acciones políticas en varios estados del país para que el gobierno federal tomara en cuenta su propuesta: La educación que necesitamos los mexicanos; se hizo oficial, y a nivel nacional se realizaron 12 foros educativos en todo el país, en Chiapas se realizó en el Polifórum Mesoamericano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, contando con la presencia de políticos chiapanecos, académicos de la UNAM, INAH, de la UNACH, maestros de la sección 7 y 40 de la CNTE, maestros indígenas con propuestas académicas, se leyeron ponencias, se discutió y analizó, se tomaron acuerdos y tareas; de parte de la secretaría de educación no hubieron ponencias. Meses después el gobierno federal hizo a un lado la propuesta educativa de la CNTE e impusieron la reforma neoliberal.

Lo mismo sucedió con el gobierno de la 4ª Transformación, en el 2018 siendo ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador y nombrado secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán, ex presidente de Fundación Azteca y miembro activo de Mexicanos Primero, se realizaron foros educativos a nivel nacional, en Tuxtla Gutiérrez, Chis. En la Colina Universitaria de la UNACH, se contó con la presencia del presidente de la república electo y del secretario de educación, del gobernador Manuel Velasco Coello, del secretario de educación del estado, de presidentes municipales, diputados locales, de maestros “charros” de la sección 40, del magisterio disidente de la sección 7, esta vez restringieron la entrada y la participación de lectura de ponencias. Todo a puertas cerradas. De nueva cuenta oídos sordos de las autoridades, no tomaron en cuenta al magisterio movilizado, ni las propuestas alternativas de educación, ni de los responsables de las políticas represivas contra el magisterio, ni de los maestros cesados, ni de los maestros encarcelados, de los maestros asesinados y ni la reparación de daños a las víctimas de la represión por la imposición de la nefasta reforma educativa.

La nueva reforma educativa del gobierno morenista fue aprobada vía fast track en la cámara de senadores, después en la cámara de diputados y en los 16 congresos locales, sin la participación del magisterio movilizado de la CNTE.

La reforma de la 4ª T no sólo da continuidad a la reforma de Peña Nieto, sino que profundiza el espíritu empresarial y religioso de la educación neoliberal.

Lo primero que destaca de la actual reforma es que en los párrafos 7 y 8 mantienen un régimen laboral especial para los trabajadores de la educación. Si bien es cierto que desapareció la figura del servicio profesional docente, también es cierto que su esencia fue retomada por el nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el cual reglamentará lo referente al ingreso, la promoción y reconocimiento de la labor docente. Este régimen de excepción laboral rompe la contratación colectiva y el escalafón.

Es cierto que la permanencia en el servicio queda fuera de las evaluaciones punitivas, sin embargo, tanto el ingreso, promoción y reconocimiento estarán sujetos a exámenes bajo la figura de “procesos de selección”, tal como lo establece el párrafo 8. La permanencia regulada por el apartado B del 123, y por otro, el ingreso, promoción y reconocimiento que estará normado por la ley secundaria del sistema de carrera.

 

Amigo José Armando, ¿Qué ha significado el confinamiento por el coronavirus COVID-19 en lo educativo? ¿Considera que las medidas educativas tomadas en el contexto de la pandemia afectan el derecho a la educación? ¿Por qué?

Bueno, quisiéramos dar un punto de vista para contextualizar la situación nacional; comenzando primero que la verdadera crisis que vive el país es una crisis económica, esta crisis mundial del modo de producción capitalista se da en el contexto de una sobreproducción de mercancías, donde estas no encontraron salida ya que la inmensa mayoría de la población y de los trabajadores ha perdido considerablemente su poder adquisitivo. Los empresarios capitalistas se vieron forzados a reducir su producción y despedir a miles de trabajadores con el objetivo de abaratar costos.

Vivimos una crisis económica que ha sido recurrente y constante, que tiene como esencia la crisis de sobreproducción, crisis que se manifiesta en crisis comercial, financiera, de liquidez y alimentaria. Por lo que existe una recesión de las actividades económicas, comerciales e industriales.

En México no ha tocado fondo la crisis económica; en el mes de abril 12 millones de trabajadores mexicanos perdieron su trabajo, no perciben un solo peso; se agudiza  la  precarización  de  las  masas  trabajadoras,  desempleo  creciente, pobreza y miseria campea en todo el país; más de 7 mil 580 pequeñas y medianas empresas se dieron de baja en el IMSS, debido a la crisis económica y los efectos del Covid-19, lo que representa la pérdida de 1 millón 30 mil 366 empleos tan sólo en el mes de mayo.

¿Qué pasa con el gobierno federal y su 4a T? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre se vio reacio a realizar cualquier préstamo al extranjero, según él, “para no endeudar más al país” como lo habían dejado sus antecesores; sin embargo, en los días de junio realizó un préstamo de mil millones de dólares al Banco Mundial, de los 5 mil millones de dólares que tiene autorizado por el Congreso de la Unión (2019); crédito que no será utilizado para reactivar la economía, ni para enfrentar al coronavirus, ni al sector educativo, no nada de eso; el recurso será invertido en sus megaproyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren Interoceánico y su corredor industrial en el Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto de Santa Lucia y en la Termoeléctrica, de Huexca, Morelos, para beneficiar a la oligarquía, también en sus programas sociales de apoyo a jóvenes, mujeres y ancianos pero con un claro objetivo político.

Se acercan las elecciones intermedias para el 2021 donde se elegirán  a 500 diputados federales y diputados en las 32 entidades y 15 gubernaturas y alcaldías en 30 estados; como en los tiempos del PRI y el PAN se utilizaran para compra de  votos, acarreos masivos, entrega de  despensas y apoyo  a  los campesinos, utilización de millones de pesos de los programas sociales para seguir manteniendo mayoría en el congreso, gubernaturas y alcaldías municipales; desde ahora comienzan las pugnas interburguesas por el control del Instituto Nacional Electoral.

El confinamiento en lo educativo, tomando en cuenta el contexto socioeconómico del país con la carga del gran rezago educativo significa un desastre en términos sociales y educativos; las determinaciones políticas educativas con respecto al derecho a la educación son violatorias a los derechos del niño; se dan bajo ocurrencias y privilegiando intereses de clase;   el “aprende en casa” es un programa sin futuro por la pobreza en  Chiapas  y el abandono  en que  se encuentran las escuelas; ante la nula conectividad a internet, por la falta de energía eléctrica, por la carencia de una computadora en casa, por no contar con un celular o porque el padre de familia prefiere darle de comer a su hijo que gastarlo en una ficha para el celular.

El 80% de las escuelas de educación básica se encuentran en comunidades rurales e indígena, que  además son atendidas por grupos multigrados; en Chiapas solo el 30% de los hogares cuenta con internet cuando la media nacional rebasa poco de los 50 puntos porcentuales; el acceso al wifi a través de telefonía celular es casi imposible en los padres de familia campesinos e indígenas; ante las condiciones de precariedad de las zonas rurales e indígenas será difícil cumplir con las políticas educativas de la SEP. Las poblaciones de las comunidades indígenas y campesinas viven al día, por lo que ante el confinamiento, lo que más les preocupa es lo que tienen que conseguir para alimentarse, la educación de sus hijos pasa a un segundo plano.

 

Desde la educación crítica y como miembro de la AED, ¿Cuál es la radiografía de las sociedades en el confinamiento obligatorio y ponderación de las virtualidades en la vida cotidiana?

Lo primero que tenemos que hacer es romper con el cerco mediático, romper con la dictadura de opinión que ha impuesto el estado; porque la mayor amenaza que enfrenta el pueblo no es el coronavirus, es la imposición de facto de medidas profascistas como el confinamiento que afianza el régimen represivo.

Las masas trabajadoras que enfrentan los estragos de la crisis económica del desempleo, salarios miserables, la precariedad en el sustento familiar, la situación difícil para conseguir trabajo y en suma el Covid-19 con la declaración de la emergencia sanitaria, el estado impuso en la población el confinamiento forzoso.

¿Qué genera la coyuntura del confinamiento forzoso? Contener y desmovilizar toda expresión del movimiento popular de protesta y descontento; el gobierno federal toma medidas estrictamente  políticas  para normalizar  y legalizar  el encierro ante la magnitud de la crisis económica; fortalecer el régimen policiaco militar – con el decreto presidencial- con medidas fascistas; impone los estados de excepción con la presencia de la guardia nacional, los militares y los policías en las calles, en los centros comerciales, en los hospitales e instituciones del estado.

Las declaraciones en los tres órdenes de gobierno que se respetaran los derechos humanos en la aplicación de la emergencia sanitaria, caen por su propio peso en los hechos y desenmascaran el verdadero rostro fascista del gobierno de la 4ª T; vemos que con la militarización del país, han violentado los derechos humanos ante el confinamiento forzoso que pretenden hacer normalizándolo y sea parte de nuestra vida cotidiana.

Han desatado la represión contra vendedores ambulantes, contra las organizaciones populares independientes, contra el magisterio movilizado en Michoacán, contra los normalistas de la ONOEM, contra las comunidades indígenas de Bochil por exigir solución a sus demandas; se ha incrementado la violencia contra las mujeres por el confinamiento; contra los maestros interinos y de telebachillerato comunitario por exigir el pago de sus salarios; hostigamiento constante contra la dirección política de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 por exigir la solución a su pliego petitorio; la masacre en San Mateo del Mar, Oaxaca, ante la imposición del Tren Interoceánico y las plantas eólicas que les quieren imponer.

Nosotros como parte del Movimiento Democrático Magisterial y Popular, tendremos que romper con el cerco mediático y el confinamiento forzoso que nos quieren imponer, utilizando todas las medidas sanitarias activando con acciones políticas de masas para mantener el alto nuestras banderas de lucha: seguir luchando por la abrogación inmediata de la nefasta reforma educativa transexenal, por nuestras conquistas sindicales y laborales, por la solución de nuestras demandas y por la educación pública. No podemos permanecer callados ante la imposición de políticas económicas contra el pueblo trabajador y el magisterio; el estado avanza con sus políticas neoliberales y su política represiva contra todo aquel que levante la voz. Y rechazamos que el confinamiento sea parte de nuestra vida cotidiana.

En lo educativo seguiremos consolidando el Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE), en nuestros centros de trabajo junto con los maestros, alumnos y padres de familia.

Acabamos de realizar en esta emergencia sanitaria un conversatorio o conferencia titulada: La lectura desde la neuropsicología por el maestro Eliú Ramos Salas, en nuestro Auditorio de la Resistencia Profr. David Gemayel Ruiz Estudillo, esta conferencia fue para la Comisión Ejecutiva del PCE, para los compañeros de la Comisión Ampliada y por vía virtual de nuestra página a las comisiones delegacionales y a todas las bases movilizadas.

No podemos renunciar a la vida en sociedad y que el confinamiento sea una forma de vida.

Lo que seguiremos exigiendo es que el estado mexicano y la SEP se responsabilicen de dotar a todos los alumnos de educación básica de computadoras para todos; construir y reconstruir escuelas e introducir energía eléctrica e instalar pantallas en las aulas con servicio de internet en todos los centros escolares; beneficiar a los alumnos con libros de texto gratuitos.

Exigirle al gobierno de la 4ª T que ante la emergencia sanitaria la secretaría de salud, otorgue a las escuelas de equipo sanitario y botiquín medico en cada centro escolar porque es su responsabilidad de proteger la vida de los niños; garantizar además los desayunos escolares.

 

Estimado José Armando, finalmente, desde las pedagogías críticas y, a partir de sus experiencias docentes y sociales ¿Cuáles serían algunas de las propuestas que considere importantes para iniciar un proceso de transformación radical del sistema educativo?

Nosotros comenzamos hace algunos años a construir nuestra propuesta pedagógica para dar una alternativa educativa a nuestro gremio magisterial, a través del Proyecto Comunitario para la Escuela, proyecto que se fundamenta en los principios filosóficos del marxismo-leninismo, incluyendo todas las corrientes de la pedagogía crítica, así como el diseño de estrategias y herramientas metodológicas que nos permitan fortalecer, consolidar y transformar la actividad humana tanto en el niño como en el adolescente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Aplicándolas a nuestra propia realidad, a nuestro contexto social, económico y político.

Tal como lo están construyendo los compañeros maestros de la sección XXII de Oaxaca, los maestros de Michoacán y de Guerrero; tal como la construye la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desde hace varios años: “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”.

Como magisterio disidente, es imprescindible conocer herramientas que nos han de servir en nuestra práctica pedagógica, haciendo a un lado los métodos artesanales y tradicionales de trabajo. Transformando en primer momento nuestra condición como asalariados de la educación, para después incidir en nuestra condición de vida, racionalizando nuestra labor docente desde una concepción científica de la realidad. Esto lleva consigo de manera implícita la necesidad de nuestra profesionalización alejada del planteamiento burgués, es decir, mejorar la propuesta institucional basadas en las condiciones objetivas del pueblo.

Haciendo énfasis en que son los hombres quienes hacen que cambien las circunstancias, y que el propio educador necesita ser educado. Centrando todos los esfuerzos de quienes estén involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje para enfocar sus objetivos en la transformación de una educación que sirva de coadyuvante para el cambio, ya con conciencia clara de lo que se tiene que cambiar.

Esto último supone la conciencia del sujeto enfocada a lo que sirve y a lo que no, para concretar sus fines, aspecto que apertura el trabajo con las bases para recabar planteamientos claros y sustentados en la realidad que viven nuestros centros escolares en las diferentes regiones del estado, sistematizando las aportaciones y la práctica de los compañeros maestros e ir construyendo un diagnóstico que permita ir proyectando nuestra propuesta.

Esta transformación supone una necesidad histórica en la que los trabajadores de la educación deben centrar su esfuerzo en beneficio del bien común, tarea estratégica en la que todos debemos estar incluidos de manera colectiva, puesto que no recae en lideres ni caudillos; es decir, no caer en la idealización del sujeto transformador; la verdadera transformación de una política educativa no recae en una comisión, ni en una dirigencia, ni en trabajo de gabinete, sino en el seno de las masas de los trabajadores de la educación, pues son las bases magisteriales quienes sostienen el proyecto educativo.

Muchas Gracias.

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Las escuelas, las fábricas, las cárceles y las alternativas

Escrito por: Luis Miguel Alvarado Dorry

En pleno siglo XXI las escuelas se siguen organizando y construyendo como las del siglo anterior puntualizando que, les niñes y jóvenes, tienen muchas características diferentes a la de los siglos anteriores, más, por las implicaciones tecnológicas y el acceso a la información.

En la actualidad, se ha pospuesto la fecha de inicio del ciclo escolar en México que, generalmente, era en el mes de agosto, sin embargo, por la actual coyuntura es tentativo iniciar en el mes de septiembre, si es que el semáforo de salud lo permite, es decir, que esté y permanezca en color verde, según el secretario de educación en México, el economista Esteban Moctezuma Barragán.

Al iniciar un nuevo ciclo escolar, al mismo tiempo, llevar consigo los obstáculos y problemas a las que se enfrentaron les docentes en todo el país a partir de marzo pasado por la propagación del coronavirus COVID-19, es decir, docentes que no sabían usar determinadas plataformas digitales-virtuales, docentes que no sabían usar las redes sociales y, lo más cruel, docentes que fueron excluidos y que excluyeron a muches de sus estudiantes al momento de mandar tareas y/o de realizar una clase de manera digital-virtual por no tener acceso a internet o a algún dispositivo electrónico; docentes y familias que, de sus dineros, contrataron con alguna empresa conectividad a internet o bien datos de telefonía celular, ganando el mismo salario precario e indigno.

En este contexto, es inherente repensar la escuela desde sus lenguajes, organización, estructura e infraestructura, con el hito de empezar a construir procesos de transformación al respecto, una transformación en la que todes quepan, en las que todes, estén, en las que todes construyan corresponsabilidades y humanidades con les otres.

Los lenguajes, las estructuras e infraestructuras de las escuelas, por lo general, son muy parecidas entre sí y, similares al de una fábrica y/o al “panóptico” de Bentham (Foucault, 2008, págs. 88-89), en este marco, iré haciendo una analogía entre estas.

 

Estructura

Todos los años en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) en el mes de febrero se esperan a les estudiantes y sus familias para recibir sus documentos de preinscripción, posterior a ello, al término de cada ciclo escolar las familias “inscriben” a sus hijes al grado correspondiente.

Al inicio de cada ciclo escolar les docentes tienen dos semanas para «diagnosticar» al grupo de estudiantes que le tocó atender, este diagnóstico se basa, por lo general, en la aplicación de una prueba o examen de los contenidos del grado anterior, en este sentido, se van etiquetando y clasificando a les estudiantes como meras materias primas, quienes son “buenos”, “regulares” o “malos”, quiénes manejan mejores los contenidos y quiénes no, ante esto, no quiero decir que los conocimientos previos no son importantes a la hora del proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje, al contrario, son muy importantes, sin embargo, la aplicación de este examen cerca de conocer las experiencias de la vida cotidiana de les estudiantes como persona y sujeto integral, solo indica y se reduce a la parte cognitiva.

Desde la perspectiva fabril, les obreres, al llegar las materias primas a la fábrica se encargan de revisarlas minuciosamente y separarlas entre “buenos”, “regulares” y “malos”; mientras que al ingresar  en las prisiones, les reos, son evaluades según los delitos cometidos y su peligrosidad, son separades y ubicades como “máxima peligrosidad”, “peligrosidad moderada” y “peligrosidad mínima”.

Al inicio de cada ciclo escolar las familias se ven obligadas a firmar el “reglamento” de la escuela y el de salón (este a veces son construidas por docentes y estudiantes), los cuales, controlan, vigilan y miden el comportamiento de todes les estudiantes, asimismo es un pretexto para estigmatizar y castigar por las reglas infringidas; castigos que van desde una llamada de atención (amenazas), ubicarlos en la ya famosa “silla de reflexión”, suspensiones y se han dado casos que, hasta gritos, golpes y expulsión definitiva; si el reglamento se lleva a cabo por les estudiantes, son reconocides premiándoles con puntos en sus calificaciones y con su “carta de buena conducta” con el hito de disciplinarles, usualmente, más de une se resisten a la opresión, esta disciplina originada por el reglamento más que liberar el pensamiento y expresiones de emociones de les estudiantes, trata de homogeneizar a todes para el mayor control posible a partir de la obediencia generada por el modelo premios-castigos.

De la misma manera en las fábricas, todes les obreres, deben obedecer los reglamentos impuestos por los propios patrones con el fin de homogeneizarles y acallar sus voces que, por miedos, gritan en la clandestinidad por sus condiciones de explotación a la que viven, si no se lleva a cabo el reglamento de manera estricta, son amenazades, suspendides o corrides de sus trabajos sin ninguna remuneración o finiquito; si obedecen las reglas, son remunerades como “trabajadora o trabajador del año”.

En las prisiones sucede algo similar, en el sentido que, si una o un reo infringe alguno de los puntos del reglamento, son castigades llevándoles a celdas insalubres y permanecen allí durante determinado tiempo dependiendo de la falta cometida, en la mayoría de los casos, se han presentado maltratos y golpes por parte de la autoridad del penal; si les reos llevan a cabo el reglamento los premian con la oportunidad de más visitas y, en algunos casos, en la reducción de sus condenas.

Al inicio de cada “jornada” y dependiendo del “horario” establecido, al sonido del «timbre«, chicharra y/o silbatos, les estudiantes, obreres y prisioneres, en el mismo orden, se dirigen a sus respectivas aulas y talleres para comenzar su “jornada”, de la misma manera, mediante ese sonido, indican la hora de receso, alimento, esparcimiento y fin de la jornada, así todos los días. De lo anterior, podemos observar las palabras “jornada” y “horarios” son usadas de manera frecuente en los tres sectores.

Tanto las escuelas, las fábricas y las prisiones, tienen que «rendir cuentas» o entregar resultados a la sociedad, estos resultados van dirigidos con base en la formación/producción/readaptación; en el caso de las escuelas en la formación de “buenos ciudadanos consumidores”, en las fábricas “productos de calidad” y en el caso de las prisiones “readaptación social”, desde esta perspectiva, todes son medibles y cuantificables, de esta manera se va cosificando a la humanidad.

Dentro de las escuelas, fábricas y prisiones, en su mayoría, uno de los factores importantes y estrictos es el uso diario del «uniforme», desde su propia concepción “vestido de la misma forma y color, destinado a identificar a los miembros de un grupo: uniforme deportivo; uniforme escolar” (SEP, 2012), en este sentido, en los tres espacios, el uniforme da sentido de pertenencia y, a la vez, de competencia por pertenecer a determinada escuela que es “mejor” que las otras, de la misma manera en la fabricas o empresas y, en las prisiones. Las familias en la mayoría de las escuelas y fabricas se ven obligados a comprar uniformes, en algunas fábricas les regalan el uniforme y, solo en las prisiones, otorgan de manera gratuita el uniforme en la mayoría de los casos. En este marco, se va homogeneizando a les estudiantes, empleades y recluses, es decir, a todas las sociedades.

El «pase de lista«, otro aspecto más que son similares en los tres sectores, este es indispensable para controlar, vigilar, sancionar, premiar y administrar, tanto a les docentes y estudiantes, como a les obreres y materia prima y, a les policías penitenciarios y recluses. Esta se lleva a cabo al toque (timbre, chicharras y/o silbatos) de entrada y al de la salida antes mencionado.

La «matrícula«, otro factor similar que me he percatado que existen y son muy similares en los tres sectores, cada estudiante, obrere y recluse al entrar a su respectivo sector, son matriculades y llevan ese número de matrícula por lo que tarda el nivel escolar, el trabajo y/o la condena.

También he observado que en los reclusorios es muy frecuente que se encuentran «separades hombres y mujeres«, es decir, en un área solo se encuentran puras mujeres y en otras solo hombres sin posibilidad de encuentro; en las escuelas, en principio, eran organizadas de esta forma, actualmente, algunas heredaron esta estructura, del mismo modo ha pasado en las fábricas.

Dentro de la organización del sistema educativo es muy similar al de una fábrica o empresa y, al de los reclusorios, los tres espacios son de manera jerárquica.

Iniciamos por las autoridades superior de arriba hacia abajo y me centraré desde las jefaturas de sectores de nivel primaria, esta función se encarga de vigilar, sancionar, premiar y administrar el trabajo que realizan las supervisiones y estas a su vez a las direcciones de escuelas y, les directorxs vigilan-sancionan-premian y administran a les docentes por el trabajo realizado con les estudiantes, todes rinden cuentas ante su superior inmediato.

Del mismo modo las fábrica o empresas, se encuentran les jefxs de departamentos que vigilan, sanciona, premian y administran los trabajos realizados por supervisorxs de área y estos a su vez a encargade de producción, estes últimes vigilan, sanciona, premian y administran la producción de les obreres que manipulan las materias primas para la obtención de productos determinados.

Dentro de un reclusorio o cárcel, se encuentra la dirección que, al igual que les anteriores, vigila, sanciona, premia y administra a un centro penitenciario o cárcel, de manera vertical descendente, se le subordina la función de subdirección de seguridad en el centro y, a este, el de jefatura de departamento de seguridad, sigue el puesto de policías penitenciarios, por último, los que son sometides, disciplinades, normades y violentades por todes son les recluses.

Por lo tanto, los trabajos de vigilar, sancionar, premiar y administrar, puedo asegurar que las funciones en los distintas áreas educativas, fabriles y penitenciarias son muy similares.

A continuación, pondré de manera jerárquica comparando  los cargo en los tres sectores: les jefxs de sectores de educación son similares a les jefxs de departamento de producción y dirección del penal; les supervisorxs escolares son similares a las funciones de les supervisorxs de área de producción y subdirección de seguridad en el centro; les directorxs escolares con funciones similares a les encargades de producción y a la  jefatura de departamento de seguridad; les docentes con funciones similares a las de les obreres y policías penitenciarios; por último, les estudiantes con funciones similares a las materias primas y recluses esperando ser moldeades con el fin de obtener un producto final con base al perfil de egresos educativo explícito en el currículum, en el caso de las fábricas, de los manuales de productos a fabricar y, en les recluses, según el plan de readaptación social.

 

Infraestructura 

Dentro de la infraestructura también son muy similares los tres sectores, cuentan con una «entrada/salida» que, en el caso de la escuela y la fábrica, solo las abren a la hora de entrada y salida, en las prisiones solo abren las puertas para que salgan a los espacios de sus áreas correspondientes dentro de la misma prisión.

Las tres cuentan con baños, con un «área de mantenimiento y limpieza«, asimismo con áreas de «comedores«; en las escuelas, en algunas empresas (por ejemplo, Google), y en los reclusorios, cuentan con «áreas de esparcimiento» como canchas para realizar determinado deporte o gimnasios para ejercitarse.

En las escuelas se construyen «aulas» y se dividen por grados en donde trabajan les docentes y estudiantes, si estas son de organización completa y se exceden de números de estudiantes, se dividen en grupos designándoles una letra (A, B, C, etc.); de la misma manera las fábricas se construyen áreas y se dividen en secciones en donde, les obreres, trabajan con la materia prima; mientras que en los reclusorios se construyen edificios o “alas” con determinado número de celdas, también se dividen por medio de colores o por letras (A, B, C, etc,), los cuales, sirven para que les recluses vayan trabajando consigo mismo la mayoría del tiempo y vigilados por les policias.

En los tres sectores se construye un espacio donde instalan la «dirección«, ubicada en un lugar que tenga visibilidad para todos los lados, generalmente, se encuentran al lado de la puerta de entrada/salida, con el fin de tener mayor control y vigilancia de las distintas zonas, principalmente, el de las aulas donde fiscalizan el trabajo de les docentes-estudiantes, obreros-materia prima y recluses-policias.

Como podemos observar, los lenguajes, las estructuras e infraestructuras de las escuelas, de las fábricas/empresas y de las prisiones son muy similares, las cuales, en esta coyuntura del confinamiento obligatorio por el coronavirus COVID-19 se han reducido a solo un espacio llamado “hogar”, construyendo con ello como lo he denominado en uno de mis artículos publicados con anterioridad como “las nuevas cárceles” [1]. Estas similitudes no son coincidencias o neutras, sino que están cargadas de ideologías alienantes que juegan un papel muy importante en la construcción y consolidación de determinadas sociedades, desde la perspectiva neoliberal, sociedades: individualizadas, con sentido de competencia, conservadoras, autoritarias, patriarcales, neocoloniales, instrumentalizadas, cosificadas y deshumanas.

 

Las otras voces

Existen educaciones que se han venido construyendo a partir de la relación armoniosa humano-naturaleza, del contexto y de les participantes del proceso educativo (docentes, familias, estudiantes, etc.), educaciones que se reinventan cada día, es decir, no son programas acabados y rígidos, sino que, en constante construcción en distintas partes de México, América Latina y del mundo.

Puedo mencionar algunas construidas en mi país como la del movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Proyecto Educativo Alternativo (PEA) construida por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE) construida por docentes pertenecientes a la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE, estas tres en el estado de Chiapas, el Plan de Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) construida por docentes de la CNTE de Oaxaca, El Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa (CSIIE) de Michoacán, El Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura del Programa de Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PNAEC-PDECEM) estas dos últimas construidas por la CNTE de Michoacán y el Proyecto de Educación Crítica de Baja California construida por docentes de la CNTE junto con docentes y egresados del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica.

Otras que, por la actual coyuntura, fue inherente el establecimiento de alianzas con el fin de trascender y transformarse, en donde se han venido consolidando como una escuela-taller alternativa y popular, organizando conversatorios, debates y conferencias virtuales contrahegemónicas para la formación de pensamiento crítico humanizante, me refiero a la alianza del Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) de Venezuela, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica (CEIP-H) de Argentina y el Centro Internacional de Pensamiento Crítico “Eduardo del Rio (Rius)”.

Todos estos proyectos educativos construidos desde las bases magisteriales en conjunto con estudiantes y familias, con un acumulado teórico e histórico desde las perspectivas críticas latinoamericanas, fundamentadas desde Simón Rodríguez, José Martí, José Carlos Mariátegui, Paulo Freire, Marco Raúl Mejía Jiménez, Luis Bonilla-Molina, Sergio Quiroz Miranda, Peter McLaren, Henry Giroux, Michael Apple, Luis Huerta, Rigoberto Martínez Escárcega, Teresita Garduño, María Shirley Dos Santos entre otres no menos importantes y, que nos han servido como bases epistemológicas para la construcción de esa otra educación.

Por lo anterior, al ser develadas y reflexionadas las similitudes de las escuelas con los otros dos sectores, las pedagogías críticas y educaciones populares tienen el compromiso con la humanidad para ir repensando la escuela en su lenguaje, estructura e infraestructura, con el hito de construir una escuela/educación diferente en estos tiempos tan necesarios, una que enseñe a pensar en libertad, una que sea justa, democrática, creativa, que sea crítica, que se construya entre todes les que participan en el proceso, con respeto a la diversidad, otredad, feminista, humana, humanizante y que desarrolle integralmente las diversas capacidades de les estudiantes.

 

Referencias

Foucault, M. (2008). Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collage de Francia: 1978-1979. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

SEP. (2012). Academia mexicana de la lengua. Diccionario escolar. Ciudad de México: SEP.

[1]. http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/345322

Fuente: El autor escribe para OVE

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BID: ¿En 20 años puede América Latina ser una región de países desarrollados tras una pandemia?

Un nuevo libro del Banco Interamericano de Desarrollo plantea la promoción en cada país de la región de grandes acuerdos políticos al estilo de los Pactos de la Moncloa, que en 1977 sentaron las bases para la modernización de España.

Aunque pueda parecer muy atrevido plantearlo en estos momentos de zozobra mundial por la pandemia del coronavirus, si América Latina pone en marcha un plan de crecimiento basado en la inversión en infraestructura, puede llegar a ser una región de países desarrollados en solo dos décadas.

Descontando por supuesto, este y el próximo año, en los que la crisis dejará un trágico saldo de pérdida de vidas, severo retroceso económico y desplome del empleo. Pero hacia fines de 2021 la región podría recuperar los niveles de crecimiento pre-crisis, de entre el 3,0% y 3,5% y retomar la senda de un crecimiento más inclusivo.

A partir de allí, con un gran impulso a la inversión en infraestructura, logística y la economía digital, varios países de América Latina podrían duplicar su tasa de crecimiento anual hasta el 6% o 7%. Con eso, en 20 años su producto interno bruto per cápita podría ser superior a 30.000 dólares, que ya es un nivel de países desarrollados, con una clase media de más del 70% y la pobreza por debajo del 10%.

El plan para alcanzar esas metas se detalla en el nuevo libro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media en América Latina. En él se plantea, en primer lugar, la promoción en cada país de grandes acuerdos políticos al estilo de los Pactos de la Moncloa, que en 1977 sentaron las bases para la modernización de España. Esos acuerdos deben fijar una serie de puntos de convergencia entre los distintos partidos sobre los principales temas socioeconómicos.

El eje central para el desarrollo de la región es duplicar la inversión pública en infraestructura, servicios y logística, llevándola del 3% pre-crisis a entre el 6% y 7% del PIB. Las principales necesidades son carreteras y ferrocarriles, seguidas de servicios de agua potable y saneamiento, y luego puertos, aeropuertos, electricidad, banda ancha y telefonía móvil.

Para ejemplificar los problemas que acarrea el déficit de infraestructura en América Latina, en Estados Unidos un camión de carga circula 100.000 kilómetros al año, mientras que en muchos países de América Latina circula 50.000. Tomando solo ese factor, la rotación del capital, que tiene un efecto inmediato sobre la productividad, es de la mitad en esta región.

Es crucial fortalecer la clase media y seguir destruyendo la pobreza

Para poder solventar este incremento de la inversión es necesario aumentar los ingresos fiscales. Salvo Argentina, Brasil y Uruguay, que tienen más de 30% de ingresos fiscales respecto del PIB, similar a los de Europa, el resto tiene entre el 15% y el 17%. Es necesario elevar esos ingresos hasta el 20% al 22%. Eso daría a cada país el músculo financiero para incrementar la inversión en infraestructura. Para lograrlo, se precisan reformas que permitan modernizar e informatizar las agencias recaudadoras; ampliar la base impositiva y por sobre todo reducir la evasión y la elusión, que en algunos países de la región son muy elevadas. No hay que cobrar más a los que pagan. Hay que cobrar a todos los que deberían pagar.

Asimismo, es crucial fortalecer la clase media y seguir destruyendo la pobreza. Para afianzar la clase media es necesaria una red de apoyo que incluya mercados laborales eficientes y formales, seguros de desempleo, y mejores sistemas de pensiones, seguridad social, salud y educación.

Existe una concepción entre muchos empresarios y trabajadores de la región de que la informalidad, que llega a más de 50% en muchos países, los favorece porque los exime de pagar impuestos. Además de que la informalidad cierra la puerta a los sistemas de aseguramiento social, también impide el acceso al crédito, clave para poder prosperar. Por tanto, el libro aboga por reducir el costo del dinero para que más personas y empresas tengan acceso a tasas razonables y crear así un incentivo para regularizar su situación.

Para estimular la productividad es también vital incorporar nuevas tecnologías e innovación en los procesos industriales y elevar la calificación de la mano de obra mediante acceso a más y mejor educación. En particular, la región precisa formar a sus jóvenes en nuevas competencias y aptitudes. Un relevamiento de cuatro países andinos reveló que estos poseen solo una cuarta parte de los ingenieros per cápita de las naciones industrializadas, y solo un tercio de la inversión en investigación y desarrollo respecto del PIB.

La Cuarta Revolución Industrial, que abarca áreas como inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, impresión 3D y biotecnología, requiere personal altamente calificado. Crisis como la que actualmente castiga a todo el mundo y a América Latina en particular no tienen nada de deseable. Pero los cambios que permite pueden aprovecharse para repensar el futuro y reinventar la manera en que hacemos las cosas en este continente.

 Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/07/19/planeta_futuro/1595190925_148265.html

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Pensando al mundo: COVID-19 – Entrevista a Enrique Dussel

Por: TeleSUR

 

En entrevista para teleSUR, el académico, filósofo, historiador y teólogo Enrique Dussel compartió sus reflexiones sobre los efectos sociales de la pandemia de COVID-19 y los retos que la humanidad enfrenta en la actualidad. Dussel aseguró que esta es la primera vez en la historia humana en la que acontece una pandemia como la de ahora ante su alcance, además de que el coronavirus SARS-CoV-2 es parte de la naturaleza que ha sido maltratada por nuestra especie a diferentes niveles.

Fuente: https://videos.telesurtv.net/video/82…

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América Latina: Esa irresistible compulsión de mentir

Esa irresistible compulsión de mentir

Atilio Borón

La pandemia exige para su control una fuerte presencia del Estado para proteger a la población, cosa que no se logra cuando la salud y los medicamentos son onerosas mercancías. La experiencia actual refuta los funestos delirios de los mentores intelectuales de Vargas Llosa: Popper, von Hayek, Berlin, Revel y compañía.

Ya nos parecía extraño que Mario Vargas Llosa permaneciera en silencio ante las calamidades de la pandemia. Sobre todo las sufridas en sus dos países, el de origen, Perú, y el de su adopción, España. Allí se refugió después de haber sido repudiado por sus compatriotas  hace hoy exactamente treinta años –un 10 de Junio de 1990- tras su humillante derrota a manos de Alberto Fujimori en la elección presidencial de ese año.

Como era previsible aprovechó la ocasión de esta plaga para dar a conocer otra de sus tantas mentiras que parecen verdades -arte maligno del cual es un refinadísimo cultor- para alabar al gobierno de su amigo Luis Lacalle Pou que, según el escritor,  decidió combatir al COVID-19 apelando a “la responsabilidad de los ciudadanos” y declarando  “que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos, porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe.”

Quien lea estas líneas comprobará que su indudable talento como escritor es tan grande como su ignorancia en materia de economía y estadística. También que su resentimiento contra la izquierda exacerba este defecto y lo induce a extraer conclusiones que se desmoronan como un castillo de naipes ante la más suave brisa.

Aplaude el hecho de que en Uruguay sólo se registren 23 muertos a causa del coronavirus, pero insólitamente le atribuye ese mérito a un presidente que asumió pocos días antes del estallido de la pandemia. Su obcecación lo mueve a desconocer que antes de la presidencia de su amigo Lacalle Pou hubo quince años de gobierno del Frente Amplio (al que descalifica por sus “equivocaciones notables en política económica” aunque reconoce que se respetó “la libertad de expresión y las elecciones libres”) durante los cuales la salud pública fue una de las prioridades de la gestión del médico Tabaré Vázquez, durante diez años, así como durante el interregno de José “Pepe” Mujica. Fue esto: la fuerte presencia del estado en el terreno de la sanidad y no las palabras huecas e insulsas de Lacalle Pou lo que protegió al pueblo uruguayo de la pandemia.

A contrapelo de las políticas de la izquierda en Uruguay, en sus patrias de nacimiento y adopción el desastre producido por las ideas que Vargas Llosa publicita con tanto fervor es estremecedor. Con 5 738 muertos el Perú figura en el 21º lugar en la lista de 215 estados y territorios compilados por la Organización Mundial de la Salud.

España ocupa el 6º lugar en el ranking  gracias a las 27 136 víctimas del COVID-19 condenadas por las “políticas de austeridad” de los sucesivos gobiernos neoliberales que asolaron a ese país. Otros gobiernos admirados por el escritor: el de Ecuador con sus 3 690 muertos se coloca en el puesto número 17 mientras que el 19º está reservado para el Brasil de Jair Bolsonaro con un saldo luctuoso de 38 701 muertos.

Pero la medición del impacto de la pandemia y la eficacia de las políticas gubernamentales se muestran de modo más nítido si se controla el número de muertos por millón de habitantes. Bélgica, uno de los portaestandartes de la reacción neoliberal, registra 831 muertos por millón de habitantes y el Reino Unido de su admirado Boris Johnson tiene un índice de 606/millón y un poco más abajo, en el sexto lugar, encontramos a España, con 580 muertos por millón de habitantes. Ecuador con 209, Brasil con 182 y Perú con 174 continúan en el pelotón de la vanguardia.

Como se puede apreciar, todos países con gobiernos fieles a los cánones del neoliberalismo. Mucho más abajo en ese ranking necrológico está el Uruguay, con 7 muertos por millón, una performance notable, sin duda, igual a la que exhibe Japón. Pero mucho más meritorio es que esa misma cifra sea la que tiene Cuba, tan denostada por el hechicero neoliberal. Igual que Uruguay y el Japón pero sin que ninguno de estos dos países sufra la asfixia de un encarnizado bloqueo que se extiende a lo largo de sesenta años, que los maleantes que gobiernan Estados Unidos sólo atinaron a endurecerlo aún más en el medio de la pandemia.

Implacable crítico de Alberto Fernández –“lamentaremos la derrota de Macri”, dijo el escritor poco después de la victoria del candidato del Frente de Todos- y los gobiernos “populistas” de la Argentina, Vargas Llosa debería saber que con sus 717 víctimas de la plaga este país exhibe una tasa de letalidad de 16 muertos por millón de habitantes, muy lejos de los valores que registran España y Perú, inclusive de Estados Unidos con sus 348 por millón.

Y que en el país que gobierna su amigo Sebastián Piñera,  este índice es ocho veces mayor que el de la Argentina. En efecto,  en el más antiguo experimento neoliberal de América Latina y en donde la privatización de la salud ha sido llevada a sus extremos durante casi medio siglo el índice llega a 130 por millón.

Conclusión: la pandemia exige para su control una fuerte presencia del Estado para proteger a la población, cosa que no se logra cuando la salud y los medicamentos son onerosas mercancías. La experiencia actual refuta los funestos delirios de los mentores intelectuales de Vargas Llosa: Popper, von Hayek, Berlin, Revel y compañía, responsables indirectos de políticas que sólo en los Estados Unidos produjeron más de 115 000 muertos. Afiebrados delirios que contrastan con los sobrios números de Cuba, Uruguay, China, Vietnam y Venezuela. Sí, la bloqueada república bolivariana que, como el Uruguay, también tuvo apenas 23 muertos por el COVID-19.

Sólo que cuando se estandardiza esta medida por millón de habitantes la tasa en ese país no alcanza siquiera al 1 por millón, contra el muy plausible 7 del Uruguay.  Pero todas estas cosas las calla el escritor, y no creo que sea porque desconozca algo tan elemental. Ha dado sobradas pruebas de que ignora las complejidades teóricas de la Economía Política y los fundamentos matemáticos de la Estadística. Pero cálculos tan simples como los que hemos expuesto más arriba están al alcance de cualquier persona que conozca las cuatro operaciones básicas de la aritmética.

Me niego a admitir que Vargas Llosa sea incapaz de tan elemental tarea. Pero su fanatismo lo lleva, una y otra vez, a mentir para defender una causa perdida. No parece haber caído en cuenta de que aparte de las cuantiosas pérdidas humanas el COVID-19 hizo algo más: descerrajarle el tiro de gracia al neoliberalismo como fórmula de gobernanza. ¡Game over!

Y si no me cree que por favor se dedique a leer los diarios de la mal llamada “comunidad financiera internacional” (en realidad una tropa de truhanes y bandidos de “cuello blanco”) que allí le explicarán con pelos y señales sus planes para el mundo que amanecerá cuando la pandemia haya sido controlada. Y en ese mundo el neoliberalismo se convirtió en una mala palabra que, si se la pronuncia, se lo hace en voz baja y mirando de reojo a los costados.

Fuente de la Información: http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/06/17/esa-irresistible-compulsion-de-mentir/#.XxWr26FKh0w

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