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Guatemala es un país joven, con un bono demográfico que requiere inversión en educación, salud y empleo, pero las oportunidades son limitadas para este grupo de la población, y con ello se frena el desarrollo del país.
La tercera parte de la población guatemalteca tiene entre 13 y 30 años, es un bono demográfico que puede contribuir al desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida, pues este grupo representa la fuerza productiva del país. Sin embargo, el tiempo amenaza con reducir esta oportunidad, debido al sostenido descenso de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida que se ha registrado en las últimas décadas.
Actualmente nacen menos niños que tres décadas atrás, mientras que los adultos viven más. La base de la pirámide poblacional se hace cada vez más estrecha, es un efecto que para el 2025 será evidente, de acuerdo con el informe Juventudes en Guatemala, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).
El tema cobra relevancia en el contexto del Día Mundial de la Población que se conmemoró el pasado domingo 11 de julio, y que debe ponerse sobre la mesa.
Si en 1950 el número de hijos por mujer era de siete, y la esperanza de vida rondaba los 45 años, cuatro décadas después la fecundidad disminuyó a cuatro hijos y la esperanza de vida aumentó a 70 años. Ese ritmo continuará para el 2070 y en promedio serán dos hijos por mujer y la edad media que alcanzará la población será 90 años. Irremediablemente será una sociedad envejecida, para entonces.
El momento que recién vive Guatemala la ponen en una posición de ventaja ante otros países. Pero es menester garantizar a este bono demográfico educación, acceso a servicios de salud y empleo, de acuerdo con Pablo Salazar, representante de país del UNFPA.
Con ello, se abre una ventana de oportunidad para que la población en edad productiva genere recursos para contribuir al desarrollo del país, a través de impuestos, seguridad social, ingresos y ahorro.
No se tiene certeza a cuánto asciende la inversión que Guatemala hace en su juventud, si bien hay programas que alcanzan a este grupo, determinarlo resulta complejo.
Salazar menciona que trabajan en mediciones para establecer un gasto particular en la juventud, que podrían conocerse a finales del año, pero se prevé sea relativamente bajo, quizá más que otros países de la región, comenzando por el tema de educación.
El informe Pisa D- América Latina y el Caribe 2018 señala que Guatemala invierte US$6 mil 104 en un estudiante desde la preprimaria a la secundaria, mientras que en Costa Rica asciende a US$46 mil 531.
Realidad sobre expectativas
La población joven del país se enfrenta a grandes limitantes para desarrollar todo su potencial. En el tema de Educación hay un rezago evidente. El informe señala que hay un 6.8 por ciento de población entre los 13 y 30 años que es analfabeta.
Pero del grupo que sabe leer y escribir, el promedio de escolaridad es de 6.2 años, lo que únicamente alcanza para culminar la primaria, y coloca al país en las últimas posiciones en Centroamérica. La situación es desigual en el área rural y entre los pueblos originarios, pues alcanza los 5.7 y 5.3 años.
Sin embargo, la crisis generada por el covid-19 causará un atraso mayor en la educación. El Banco Mundial en un reciente informe refirió que en Guatemala hay riesgo de perder 1.5 años de escolaridad, debido al cierre prolongado de los centros educativos, ya que las clases presenciales permanecen suspendidas desde el 16 de marzo del 2020.
Otro reflejo de la escasa preocupación por que la educación llegue a la población joven es el descenso en la matricula estudiantil. En cuatro años suman 103 mil los estudiantes que quedaron fuera del sistema, y el mayor impacto ocurre en los niveles de básico y diversificado (88 por ciento), que precisamente debería cursar la población entre los 13 y 19 años, que es parte del bono demográfico.
Datos globales indican que siete de cada diez jóvenes están fuera del sistema educativo, según el Censo Poblacional 2018.
Salazar menciona que “la educación secundaria es el gran tema pendiente” en el país, pues la mayor inversión va al nivel primario, y se ha descuidado la transición hacia básicos y diversificado. En el largo plazo esto limitará las oportunidades de desarrollo.
“Hay una relación directa entre el nivel de productividad potencial que tiene la población y el nivel educativo. Se ve dentro del perfil de desarrollo de un país. La inversión extranjera ve mucho el nivel de escolaridad que tienen los países”, menciona.
Educación, estabilidad macroeconómica e infraestructura son tres pilares fundamentales en el tema de competitividad, pero sin una base sólida del capital humano, el país no conseguirá una mejor posición y el crecimiento económico será difícil.
“A largo plazo es un tiro en el pie el no tener esas oportunidades educativas que deberían ser claves”, agrega Salazar, pues solo cuatro de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años han completado el nivel básico, mientras que en la población entre 16 y 18 años es uno de cada seis. La brecha se reduce aún más al pasar del diversificado a la universidad.
Sin educación y sin las capacidades básicas, la posibilidad de un empleo formal y mejor remunerado son limitadas, y la opción es el trabajo informal.
En 2017, cerca de un 83% de los jóvenes de 15 a 24 años con bajos niveles educativos estaban ocupados en el sector informal y la tasa de desempleo alcanzó el 12 por ciento en este grupo, según el informe Bideconomics Guatemala, Crecer más y para todos, desarrollado por Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero el gran reto en Guatemala, más que generar empleo está que el bono demográfico logre un nivel medio de escolaridad.
Esa falta de oportunidades empuja a que los jóvenes abandonen el país, cuatro de cada 10 migrantes oscila entre los 13 y 24 años, revela el informe del FPNU.
“Para tener esa mano de obra más educada, con más capacidad en el mediano plazo, tenemos que garantizar esa transición de los niños y niñas de primaria a educación media, no implica gran costo”, dice Salazar.
Otras aristas
El segundo tema a atender es la reducción del embarazo adolescente, que puede impedir a las mujeres no continuar con sus estudios, tener una participación adecuada en el mercado laboral y cuando les corresponda, formar una familia.
Dos de cada 10 mujeres en Guatemala son madres antes de los 19 años, mientras que niñas menores de 14 años enfrentan la maternidad forzada.
Cambiar esta realidad requiere voluntad política que no implica un alto costo sino de acuerdos que beneficien a esta población, que también necesita atención en la salud.
El censo revela que nueve de cada 10 jóvenes entre los 13 y 30 años no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud pública y privada. En este punto también es necesario asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, poner fin a las uniones y matrimonios tempranos y forzados, garantizar la paz y la seguridad para la población adolescente y joven, refuerza el informe del FPNU.
La deuda pendiente de Guatemala con su juventud, ¿en dónde debe invertir?
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