Por: Aida Diaz.
Durante los últimos años nos hemos enfrentado al escenario donde se plantea una nueva propuesta de reorganización del Departamento de Educación. Esta no es la primera vez que se intenta reconfigurar el sistema público de enseñanza. Hasta ahora, ninguno de los cambios o reformas han sido exitosas. Lo que sí podemos decir de todas las reformas que se han dado, es que en ninguna se ha contemplado la participación activa de los componentes del sistema en la toma de decisiones sobre los cambios a implantar. Tal vez, por eso, el fracaso de las mismas.
Nadie puede negar que algo anda mal en el sistema cuando, a pesar del esfuerzo de los maestros, no logramos mejores resultados. Si vamos a cambiar, ya las lecciones han sido dadas. Para que los proyectos o cambios tengan éxito en cualquier organización es necesario que dichos cambios surjan de las necesidades de la base. Una vez identificadas esas necesidades, definimos el objetivo de tal reorganización y cómo el mismo convertirá nuestro sistema de educación pública, en uno de los mejores del mundo.
Son múltiples las preguntas que hay que contestar antes de proponer una reorganización. Preguntas tales como: ¿Cuáles son los factores negativos que están afectando nuestro sistema: la politización, la falta de recursos, la desorganización de su estructura administrativa, la comunicación entre sus componentes, los múltiples cambios sin sentido o es la desconfianza hacia todo lo nuevo?
Contestadas estas interrogantes entonces, debemos plantearnos las siguientes: ¿Cómo sacamos la política partidista del sistema público? ¿Cómo eliminamos la burocracia? ¿Cómo recuperamos la confianza entre los componentes del sistema? ¿Cómo logramos que el currículo integre los resultados de la investigación educativa en favor del aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo garantizamos que todas las escuelas tengan los recursos necesarios para brindar el servicio educativo? ¿Cuál es el ciudadano que queremos formar?
Estas y un sinnúmero de otras preguntas, tienen que ser contestadas pensando única y exclusivamente, en el bienestar de los estudiantes y de su recurso primordial, el maestro, sin pasar por alto lo que ordena nuestra Constitución. La Constitución obliga al gobierno a tener un (1) sistema de instrucción pública el cual será gratuito, libre y enteramente no sectario. Además, que la propiedad y los fondos públicos de educación sólo pueden ser utilizados para el sostenimiento de nuestras escuelas públicas.
La emergencia que hoy vivimos ha sacado a flote muchos males, entre éstos, la falta de planificación adecuada para responder con sensibilidad y premura a los problemas surgidos, la falta de liderazgo en las altas esferas gerenciales del sistema educativo. Estos males no se resuelven con una reorganización si su reclutamiento continúa bajo los mismos criterios que hasta ahora han prevalecido, la política partidista y el amiguismo. El país necesita personas con liderazgo capaz de transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades.
Mientras los distritos escolares y las regiones educativas no entiendan su rol de proveedores de servicios a los directores y los maestros; mientras las estructuras administrativas del sistema no se conciban como puentes en vez de barreras; mientras no entendamos las realidades económicas, sociales y culturales que rodean a nuestros estudiantes, nuestro sistema educativo continuará quedándose corto ante las expectativas trazadas.
A pesar de todo, nuestros maestros continúan siendo los héroes que mantienen dé pie y en alto al Departamento de Educación. Utilicemos el compromiso y la dedicación que los maestros han demostrado con la educación para darles una participación real y verdadera en la transformación de nuestro sistema.
Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lanuevareorganizaciondeldepartamentodeeducacion-columna-2378898/
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