Por: Juan Carlos Miranda Arroyo
El documento denominado “Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, redactado por el personal técnico de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP (documento de trabajo que circula en redes sociales digitales desde la semana pasada), contiene la propuesta de reorientación curricular del actual gobierno 2018-2024.
El “Marco curricular…” aún está en proceso de elaboración. Por lo tanto, sería conveniente hacer algunos comentarios una vez que se encuentre completo y aprobado por las autoridades educativas federales. Sin embargo, es posible analizar algunos elementos en torno a lo que se ha publicado –oficial o extraoficialmente- hasta el momento.
¿Por qué no se hizo este trabajo antes? Por una sencilla razón: Porque el actual gobierno de la República no tenía un proyecto educativo propio, en general, ni con un alcance en este nivel fino de intervención educativa (renovación curricular); porque no había una visión transformadora con elementos educativos específicos. En términos generales el candidato López Obrador, antes de julio de 2018, hablaba de una “cambio de raíz” de la educación, pero nunca se pronunció a favor de promover una reforma curricular.
El proyecto de gobierno de AMLO sólo había considerado eliminar, parcialmente, los “colmillos” que asomaba la reforma educativa anterior: En particular, la evaluación de desempeño obligatoria hacia las y los docentes, con efectos en la permanencia en el empleo. El o la docente que no reuniera los requisitos académicos establecidos por la ley del servicio profesional docente, (la constitución política modificada en 2013 estableció el término “idoneidad”), quedaría fuera del sistema educativo.
Digo “parcialmente” porque durante las negociaciones para sacar adelante a la reforma constitucional de 2019, el gobierno de AMLO, con Esteban Moctezuma al frente de la SEP, operó políticamente y aceptó que el modelo de evaluaciones hacia docentes, directivos escolares y ATP se mantuviera intacto, con excepción de la “punitiva” evaluación del desempeño.
Hoy, en esa lógica, la evaluación dirigida hacia las figuras educativas no es obligatoria, sino voluntaria. No es de “desempeño” ni excluyente, sino formativa. Sin embargo, la evaluación en este ámbito sigue siendo un modelo que auspicia las carreras individuales de quienes aspiran a lograr una promoción vertical u horizontal. Con dicho esquema, quedan fuera las propuestas para ponderar el trabajo colegiado, la labor colaborativa y el sentido comunitario de la docencia. Propuestas que, por cierto, se han hecho desde las escuelas y con argumentos emanados de la investigación educativa.
El patrón de letargo gubernamental al iniciar una reforma curricular tardía para la educación básica, se confirma. Ayer como hoy, el gobierno federal (SEP) emprende una “reorientación” en los planes y programas en ese nivel educativo después de haberse cumplido el tercer año de la administración.
Pero hay otro patrón o conductas gubernamentales reiteradas: Ese patrón es similar al que he señalado en este y otros espacios: la obsesión de los gobiernos de la República de “meterle” la mano al Artículo Tercero Constitucional. Como si al reformar lo establecido en la Carta Magna, en automático, produjera cambios sustantivos en la base del sistema educativo nacional: en las escuelas.
Sabemos que eso no sucede así. Tanto la experiencia internacional como local indican que esa obsesión por emprender cambios legislativos, no da frutos nutritivos en términos de los procesos educativos ni de sus resultados.
Pero más allá de ello, la simplificación o la ilusión legislativa se queda en retórica mientras las figuras principales de los procesos educativos se quedan relegadas de la deliberación pública.
La disputa por los proyectos y su conversión en políticas públicas educativas, son asumidos por los gobiernos como producto de una lucha que se da en el terreno de las élites dirigentes: partidos políticos y legisladores; grupos empresariales y sus organizaciones filiales; especialistas o expertos asociados a ellos; funcionarios de alto nivel de los gobiernos federal y estatales; dirigencias sindicales; y, entre otros, tomadores de decisiones y operadores de los organismos internacionales, especializados o no en educación.
Aparte, también ha quedado registrado el patrón del cambio “fast track”, que consiste en modificar el Artículo Tercero de la Constitución Política mexicana durante el primer año de gobierno. Así lo hicieron tanto Peña Nieto como López Obrador. ¿Continuarán esos patrones equivocados (la ilusión legislativa) por parte de nuestros gobernantes en los futuros sexenios?
Cuando el gobierno de Peña Nieto inició el proyecto del “nuevo Modelo Educativo” (2015-2016), lo hizo como reacción a las críticas que había recibido su reforma laboral o administrativa, pero no pedagógica. Lo cual era paradójico e incongruente para el sector. Por eso Aurelio Nuño, titular de la SEP en ese entonces, tomó la iniciativa de promover la renovación curricular, entre otras acciones y decisiones de política pública.
Fue hasta el 2017 que se publicó el documento oficial. A un año de concluir el periodo de gobierno (noviembre de 2018). Algo similar sucede ahora: Corre el cuarto año del periodo de gobierno federal, encabezado por AMLO. ¿Cuándo aterrizará en las escuelas la propuesta de reorientación curricular iniciada este año?
De manera oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convoca en estos días a los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior y normal del país, así como a todo interesado en aportar propuestas, a participar en las Asambleas de análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica, que se llevarán a cabo del 31 de enero al 25 de marzo de 2022 (Boletín SEP no. 25).
Ojalá que se pudieran precisar los términos, porque el análisis del plan y programas de estudio es una cosa, y el diseño y elaboración de los libros de texto gratuitos para la educación básica, son una cuestión diferente.
El análisis y rediseño del plan y programas de estudio tienen que ver con la definición de los criterios para seleccionar contenidos, enfoques y métodos educativos (¿Saldremos por fin del oscuro túnel del enfoque “competencial”; habrá mayor flexibilidad para abonar a la autonomía de las escuelas?); mientras que el rediseño de los libros de texto, tiene que ver con los recursos didácticos que están vinculados, directa e indirectamente, con el diseño curricular de base.
Como primer comentario al respecto, y por los términos de la convocatoria, queda la percepción de que las autoridades educativas y los especialistas que trabajan en estos procesos, creen que la renovación curricular obedece a la necesidad de reorientar el rediseño de los libros de texto gratuitos. ¿No es esto acaso al revés? ¿U otra vez se busca legitimar hechos consumados (libros ya rediseñados), a través del montaje o de una puesta en escena (renovación curricular)?
Fuente de la información: http://www.educacionfutura.org
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