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Argentina: Privatizar el mar, socializar el mal

Juan Torres López Deja un comentario

Privatizar el mar, socializar el mal

Por Juan Torres López

La irrupción en la escena política argentina del anarquista de derechas Javier Milei permite comprobar con toda claridad lo que de verdad hay detrás de esta oleada global de nuevos líderes que se presentan a sí mismos como paladines de la libertad.

Hace unas semanas ya comenté el origen y algunas de sus propuestas (aquí). Mencioné cómo su aparición en la escena mediática y política no había sido casual, sino alentada por el dinero. Mostré su mala educación, su violencia verbal y gestual, el desprecio hacia sus oponentes, a quienes insulta y ataca con toda clase de improperios y sobre los que miente sin descanso. Y también comenté algunas de sus medidas estrella, como establecer mercados para comprar y vender órganos humanos.

Ahora que ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales es buena oportunidad para comentar brevemente las contradicciones y el cinismo de su ideología, pues la presenta a la opinión pública como lo que no es.

Milei se declara como libertario, un término que, según la Academia de la Lengua, define a quien “defiende la libertad absoluta y, por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley”. Sin embargo, no reconoce y, por tanto, no condena lo que hicieron los militares argentinos: utilizar el Estado para imponer una dictadura que les permitiera acabara con toda disidencia, torturando o incluso quitando la vida a miles de compatriotas. De la misma manera que dice ser enemigo de la deuda, pero oculta que la argentina procede, justamente, de la época de esa dictadura, cuando los militares ladrones la multiplicaron; en ocasiones, mediante créditos corruptos que ni siquiera llegaron a Argentina y que, desde luego, no utilizaron en beneficio general de su pueblo.

Milei no es liberal, como dice, porque no defiende la libertad, sino que es su enemigo pues no la reconoce ni respeta para los que piensan de modo diferente. Y porque no es, en realidad, partidario de la mínima intervención del Estado, sino de su utilización como instrumento contundente para conceder más privilegios a quienes ya de por sí disponen de mayor cantidad de recursos. Tal como hicieron, antes que él, Margaret Thatcher o Ronald Reagan, o como hacen ahora cuando gobiernan los que igualmente se llaman libertarios. Basta ver los datos inequívocos de la distribución de la renta tras sus gobiernos.

Milei y sus seguidores no respetan, como dicen, el derecho de propiedad, porque no lo respeta quien se apropia de lo que no es suyo. Tal y como ocurriría si se llevaran a cabo algunas de las medidas que han propuesto tanto el candidato como sus seguidores. Por ejemplo, privatizar el mar o las ballenas y, en general, los recursos comunes.

Con este tipo de propuestas privatizadoras, es Milei quien se convierte en enemigo de la propiedad porque, de hacer algo así, estaría usurpando recursos muy valiosos a sus auténticos dueños. La propiedad que hay que respetar no es sólo la privada, sino también la común o colectiva. ¿Acaso quien roba el ascensor de un bloque de viviendas, propiedad de todos sus vecinos, no es un ladrón por el hecho de que sea propiedad común de todos ellos?

Plantear que se privaticen los recursos naturales comunes es un robo porque ninguno de ellos nos ha sido dado a ningún ser o grupo humano en singular; es la humanidad en su totalidad -las generaciones actuales y las futuras- quien está llamada a disfrutar de todos ellos, pero como en préstamo, ni siquiera como dueña. Y, por tanto, ningún ser humano tiene capacidad o legitimidad para asignar su propiedad a nadie en particular.

Milei quiere privatizar lo que es común y lo hace haciéndonos creer que sus preferencias inhumanas, como la de poder comerciar con bebés u órganos vitales, sus principios egoístas e insolidarios (acabar con las ayudas a quien nada tiene), su rechazo a la libertad de quien no piensa como él y su sentido privilegiado de la propiedad, son los valores comunes a toda la sociedad. Quiere que el mar que es de todos sea propiedad de unos pocos, y que el mal que defienden unos pocos sea socializado y asumido por todos.

Espero que el pueblo argentino recuerde cuando vote el próximo día 19 lo que decía el sabio Leonardo da Vinci: «Quien no castiga el mal, ordena que se haga».

Fuente: https://juantorreslopez.com/privatizar-el-mar-socializar-el-mal/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/privatizar-el-mar-socializar-el-mal/

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Ambiente: El mundo puede ser mejor con energía renovable según estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza

Aporrea Deja un comentario

El mundo puede ser mejor con energía renovable según estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza

AMBIENTALISTAS SE MANIFIESTAN CONTRA UNA MINA DE CARBÓN EN ALEMANIA OCCIDENTAL

Un sistema energético impulsado por energías renovables será mucho mejor, entre dos y 16 veces, para las personas, la vida silvestre y el planeta, proyectó un estudio divulgado este viernes 3 por el no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés).

Marcene Mitchell, vicepresidenta de cambio climático de WWF dijo que “los resultados nos ayudan a centrarnos en el panorama general y dejar claro que las energías renovables son significativamente mejores para la naturaleza y las personas, ahora y en el largo plazo”.

El estudio, “Construyendo una transformación energética positiva para la naturaleza”, fue realizado junto con la firma estadounidense de consultoría Boston Consultin Group (BCG), estima el impacto general de una transición energética a través de 30 métricas clave (valores medibles) en ocho áreas de impacto.

Su primera conclusión es que un sistema energético impulsado por energías renovables tendrá un impacto positivo en una variedad de recursos, incluidos la calidad del aire y el agua, la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas.

Los mejores resultados ocurren en 27 de las 30 métricas de impacto medidas.

Las mayores diferencias se encuentran en las áreas mineras, la calidad del aire y el agua, la pérdida de biodiversidad, la tierra perdida y degradada por los impactos climáticos, el riesgo de pobreza, la exposición a la escasez crónica de agua, los cambios de bioma, el estrés por calor y el riesgo de inundaciones.

Esos mejores resultados son posibles en gran medida gracias al desmantelamiento de las minas de carbón, la reducción de la quema de combustibles fósiles y los menores impactos del cambio climático en un futuro de transición rápida.

El estudio proyecta que una rápida transformación creará el doble de puestos de trabajo, lo que tendrá un impacto positivo en la fuerza laboral.

También, que reducir la frecuencia y la intensidad de los desastres provocados por el cambio climático ahorrará dos billones (millones de millones) de dólares al año en daños a la infraestructura.

Señala que la transición a las energías renovables podría imponer demandas adicionales sobre el uso del agua, la huella de la tierra y los ríos que fluyen libremente, pero el informe describe estrategias para evitar o minimizar drásticamente estos riesgos.

La demanda de metales críticos (litio, níquel, grafito, neodimio, cobre, cobalto, acero, silicio, plata, aluminio) aumentaría entre dos y 15 veces. Sin embargo, solo representarían cinco por ciento de la producción mundial total de metales en 2050.

Para entonces, el escenario de transición rápida tendría 30 % menos de superficie total de tierra dedicada a la minería (76 000 kilómetros cuadrados en vez de 115 000) y de minas activas (2300 en lugar de 3400) en comparación con el de mantener la actividad como ahora, debido principalmente al desmantelamiento del carbón.

El estudio sostiene que en un futuro impulsado por combustibles fósiles, la cantidad de tierra perdida por inundaciones, desertificación e incendios forestales será considerablemente mayor que la huella del desarrollo de energías renovables.

En cuanto a calidad del aire, el escenario de transición rápida implica una quema significativamente menor de combustibles fósiles, lo que se traduce en grandes mejoras en la calidad del aire y la salud humana.

También se proyecta hasta 90% menos de eutrofización de agua dulce (exceso de nutrientes inorgánicos procedentes de la actividad humana), al disminuir la minería del carbón y de los vertidos directos de aguas residuales, y una disminución de hasta 76 % de los riesgos para la biodiversidad.

Con otras métricas, sostiene que la transición rápida puede crear hasta 36 millones de empleos al año en lugar de los 14 millones con la economía como hasta ahora, y los costos en infraestructura y suministro de alimentos bajarían hasta en 50 %.

Los riesgos de pobreza, estrés por calor y de inundaciones disminuirían entre 65 y 70 %, y en general los impactos relacionados con el cambio climático hasta 80 %.

El informe proporciona a los formuladores de políticas, administradores y partes interesadas una “caja de herramientas de soluciones” para facilitar una transición que sea rápida y cuidadosa, y establece un marco para evitar y minimizar los impactos de una transición rápida.

Entre sus advertencias incluye que para construir a la velocidad y escala necesarias, los procesos de planificación deben involucrar a las partes interesadas afectadas desde el principio y con frecuencia, especialmente las comunidades locales, y al mismo tiempo abordar las necesidades ambientales y del sistema energético.
Fuente de la Información: https://www.aporrea.org/internacionales/n387604.html
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La historia de cómo España redujo la jornada laboral a 40 horas semanales

Rebelion Deja un comentario

 

Por Laura Olías

«La patronal puso el grito en el cielo»

La última vez que se modificó la jornada de trabajo máxima en España fue hace 40 años. En 1982, Felipe González se hizo con la presidencia del Gobierno, el primer gobierno de izquierdas posterior a la dictadura franquista. Una de sus promesas electorales más populares era el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, “reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda”, recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley levantó a los empresarios, que pusieron “el grito en el cielo”, pero también acabó siendo motivo de “mucha bronca” con los sindicatos y “el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE”, coinciden varios actores de la época.

 

Al igual que Sumar incluyó el recorte de la jornada laboral como una de sus medidas estrellas en la pasada campaña electoral, el PSOE de Felipe González hizo lo propio hace cuatro décadas, de cara a los comicios generales de octubre de 1982, que dieron a los socialistas una amplísima mayoría absoluta, con 202 diputados.

 

Además de la creación de 800.000 puestos de trabajo, los socialistas enarbolaron la bandera sindical de la jornada de 40 horas semanales, sin reducción de salario, para ser aprobada en el primer año de mandato, y la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales. Con el Estatuto de los Trabajadores recién aprobado dos años antes, en 1980, las vacaciones eran entonces de 23 días naturales y la jornada “de trabajo efectivo” podía alcanzar las 43 horas semanales si era partida (con una hora de descanso diaria como mínimo) y de 42 horas semanales si era continuada.

 

“Habíamos conocido las jornadas de 48 horas a la semana hacía poco, estuvo vigente hasta el año 1976”, cuando se redujo a 44 horas semanales, destaca el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo. Así, en apenas seis años las normas laborales habían reducido notablemente las horas legales de trabajo. “Fue muy relevante, algo histórico”, recuerda Rojo.

 

A finales de diciembre de 1982, menos de un mes después de la toma de posesión del gobierno socialista, el Consejo de Ministros aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales para que fuera tramitada en las Cortes y que entrara en vigor a mediados del año siguiente. El ministro Almunia presentó ante la prensa la reducción de la jornada máxima como una reivindicación “ampliamente sentida” por la sociedad, que alcanzaba a cuatro millones y medio de trabajadores, y subrayó que la medida acercaba a España “a los niveles europeos”.

 

La CEOE en rebeldía y una coma fantasma

En la misma rueda de prensa de diciembre del 82, los ministros socialistas ya tuvieron que responder a las críticas de la patronal CEOE, y en concreto las de la banca, que se revolvieron en contra de la medida desde un inicio. Los empresarios defendieron que, en caso de reducirse la jornada, esta disminución tendría que tener una repercusión en los salarios. “La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos”, recogía ABC en esos días.

 

 

Con argumentos similares a las críticas actuales de la patronal al acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar para reducir la jornada a las 37 horas y media, como el aumento de costes, la afectación al empleo y la vulneración de la negociación colectiva, entonces el tono de las organizaciones empresariales era “más duro”, considera Joaquín Almunia en conversación con elDiario.es.

 

“La CEOE tuvo ya un tono intolerable en la campaña electoral y le costó digerir los resultados de las elecciones”, apunta Almunia. Dado que tenían una mayoría muy holgada, el Ejecutivo de Felipe González inició su hoja de ruta en seguida, lo que “no sentó nada bien” a la patronal, dirigida por su presidente Carlos Ferrer Salat, “más dialogante”, pero con José María Cuevas como secretario general, “que tenía un tono más agrio”, valora el entonces ministro de Trabajo.

 

A días de aplicarse la medida, José María Cuevas declaró la insumisión a la nueva norma ante los medios: “La CEOE no acepta la entrada en vigor del decreto que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo”, ya que consideraba que iba en contra del Acuerdo Interconfederal de 1983. La patronal anunció la denuncia de “la mayoría de los convenios firmados”, que dio lugar a una batalla judicial sobre la interpretación y aplicación de la norma con “muchos conflictos colectivos”, recuerda Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO.

 

Por un lado, los tribunales dieron la razón a los sindicatos en que la norma tenía una aplicación inmediata, ya desde julio de 1983, independientemente de que los convenios se hubiesen pactado previamente, algo que confirmó el Constitucional en 1990. Por otro lado, la justicia falló a favor de los empresarios en la posibilidad de la distribución irregular del horario dentro de la jornada anual, lo que permitía superar algunas semanas el límite de 40 horas en favor de otras más cortas, según la actividad de la empresa.

 

“De algo malo, la reducción de la jornada, conseguimos un efecto bueno, pactar la jornada anual, globalizar la jornada. Provocó una gran conmoción en Europa, recuerdo perfectamente la carta de la patronal alemana felicitándonos”, explica Fabián Márquez, presidente de Arinsa y negociador durante años de la patronal. “Fueron meses de mucha tensión y negociación”, recuerda, ya que muchas empresas mantenían jornadas que superaban el nuevo límite legal. “Entonces los bancos abrían los sábados”, responde Márquez sobre el porqué de tanta hostilidad del sector financiero.

 

Joaquín Almunia relata una “anécdota” que da cuenta de la tensión en la tramitación parlamentaria de la medida. “Había una coma que se movía en el texto y cambiaba el sentido en contra de la voluntad del legislador. Cuando salió el texto de la ponencia, se lo dije a los letrados de las Cortes y se corrigió, pero después el texto volvía a tener la coma”, sostiene el socialista. “Nunca lo pude probar, pero creo que había alguien de CEOE detrás”, añade Almunia. ABC da cuenta en una información del 23 de julio de esta coma fantasma, con la que se indica que la patronal había hecho su interpretación sobre la aplicación de la ley.

 

Conflicto sindical y ‘divorcio’ con UGT

Sin embargo, las discusiones no se limitaron al lado de los empresarios. Desde su anuncio en diciembre de 1982, “la tramitación de la norma estuvo marcada por las incidencias”, explica Agustín Moreno, entonces secretario de Acción Sindical de CCOO, más tarde dedicado a la enseñanza y a la política (ex diputado regional de Unidas Podemos en Madrid).

 

Más allá de la coma fantasma que favorecía a la CEOE, los sindicatos mayoritarios lanzaron duras críticas contra el Gobierno cuando este publicó una instrucción sobre cómo debía aplicarse el límite de 40 horas a la semana en lo que quedaba de año, con un cómputo que reflejaba más horas que las que anotaban los sindicatos. Las centrales sindicales acusaron directamente al Ejecutivo de Felipe González de plegarse a la CEOE y desvirtuar “plenamente el contenido de la ley”, apuntaba CCOO a los medios de la época.

 

La disputa fue especialmente relevante en el caso de UGT, por la unión histórica existente con el PSOE, que se rompería pocos años después. Nicolás Redondo, entonces líder del sindicato, tuvo un “enorme cabreo” con la actuación del Gobierno socialista sobre la aplicación de las 40 horas de jornada, sostiene Fernando Luján, actual vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Por aquel entonces, Nicolás ya acuñó la frase que luego repetiría ‘no hay más radical que un moderado engañado’. Empezó ahí su divorcio con Felipe González”, explica Luján.

 

Agustín Moreno coincide, de su amistad de años y conversaciones con Redondo (fallecido hace unos meses), en que el encontronazo sobre la jornada de 40 horas a la semana fue “el principio de la ruptura histórica del PSOE y UGT”, cuando se “rompió una confianza” que se resquebrajaría después con más conflictos, como el proceso de reindustrialización, la reforma de pensiones y el plan de empleo juvenil que dio lugar a la gran huelga del 14-D de 1988, entre otros.

 

“Creo que muy rápidamente el PSOE tomó consciencia de que no quería enfrentarse tanto a la patronal”, valora Moreno, que destaca que la flexibilidad permitida impedía el espíritu de reparto del trabajo que defendían los sindicatos con las 40 horas bajo el lema ‘Trabajar menos para trabajar todos’.

 

Joaquín Almunia sigue defendiendo que “había que graduar” la aplicación de la medida, por lo que reconoce que discutió mucho con los sindicatos. El entonces responsable del Ministerio de Trabajo advierte de la difícil situación del mercado laboral de la época, con altos niveles de paro y una economía afectada por varias crisis, entre ellas inflacionistas, que los socialistas heredaron del anterior gobierno. “Había que ser cuidadosos con los efectos no deseados”, considera.

 

Fabián Márquez, negociador con la patronal, cree que “Almunia fue consciente de la repercusión que iba a tener eso en las empresas, en el país”. Advierte de que, aunque muchos sectores ya tenían jornadas pactadas en este sentido, otras actividades no y tenían que adaptarse al cambio. “Como ocurre ahora, no todas podrán hacerlo”, sostiene Márquez, que señala en especial a los sectores de hostelería y comercio y a las pequeñas empresas.

 

En la parte trabajadora, consideran que la “sobreactuación” de los empresarios en los 80 se está replicando en el presente, indica Fernando Luján, que pone el acento en que los pronósticos fatalistas de las patronales no se cumplieron hace cuarenta años ni lo harán ahora, cuando considera que la reducción de la jornada mejorará la productividad.

 

“Siempre lanzan mensajes catastrofistas y esto no hunde nada, como no lo ha hundido la reforma laboral ni el salario mínimo”, destaca también Enrique Lillo. Agustín Moreno defiende que el acuerdo de gobierno es “moderado” y recuerda que la reivindicación sindical se sitúa en las 35 horas a la semana, jornada que reguló Francia hace más de 20 años. “La jugada de la CEOE es poner pie en pared, impedir que se vaya a más, pero este debate debería seguir, no puede quedarse en las 37 horas y media”, sostiene.

 

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/historia-espana-redujo-jornada-laboral-40-horas-semanales-patronal-puso-grito-cielo_1_10654791.html

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América Latina y el Caribe: Abya Yala no debe permanecer indiferente al holocausto palestino

Ollantay Itzamná Deja un comentario

Abya Yala no debe permanecer indiferente al holocausto palestino

Por Ollantay Itzamná

En la historia moderna que corre de 1492 a 2023, la humanidad sufre tres holocaustos (exterminio de pueblos por razones políticas, religiosas o culturales).

El primer holocausto lo sufrimos los pueblos de Abya Yala, desde 1492 en adelante, cuando nuestros ingratos “huéspedes europeos metalizados”, para apoderarse de todos nuestros bienes, nos sometieron al exterminio biológico y cultural total. Cerca de 70 millones de nuestros padres fueron aniquilados en cuestión de décadas por los hibéricus. A este exterminio sobrevino el comercio europeo de la carne humana, compra venta de esclavos del África.

El segundo holocausto también lo ejecutó Europa en su expresión de la Alemania enferma, durante la II Guerra Mundial (1939-1944). La víctima fue parte del pueblo judío, errante en Europa del norte. Este holocausto fue condenado, y castigado a los culpables, como se debía. Situación que no ocurrió con los impunes responsables del primer holocausto.

Como “parte del resarcimiento moral y político”, promovido por la oligarquía internacional sionista, en las Naciones Unidas se decidió que el pueblo Pelestino acogiese, en una parte de su territorio, al “pueblo elegido” de Israel, en 1948. Y en cuestión de años, el “huésped sionista” ensangrentó a sus anfitriones, ocupó en más del 90% el territorio palestino para convertirlos en campos de cultivo agrícola y extracción del petróleo para el mercado internacional.

Así, ahora, la humanidad es humillada con el tercer holocausto más letal de la historia contra el pueblo palestino. El Estado de Israel (diferente al pueblo judío, porque millones de judíos viven también en Palestina), legitimado por Europa/OTAN y financiado por los EEUU, está “fertilizando” los suelos que cultivará para su agroexportación, con cuerpos y sangre de miles de palestinos.

Antes este tercer holocausto, algunos gobiernos de Abya Yala comenzaron a tomar medidas con sensibilidad histórica. Bolivia decidió romper relaciones con Israel, Colombia impulsa para que los culpables israelís sean juzgados por genocidio en tribunales internacionales, Chile llamó a su embajador en Israel a consulta. Pero, esto no es suficiente.

Los estados y jefes de gobierno del Continente de Abya Yala, como sobrevivientes al primer holocausto moderno, deben de asumir una actitud más consecuente con la historia y con la Vida. La indiferencia o la impunidad del Estado de Israel es y será un premio para que el Hitler israelí, nutrido con sangre palestino, ataque a cualquier otro país del mundo próximamente.

Ahora es el momento para que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y otros espacios, tomen medidas políticas, incluso comerciales contra el Estado de Israel.

Los pueblos originarios, movimientos sociales y sectores populares del Continente debemos continuar con la solidaridad comunicacional y las expresiones de protesta frente a las embajadas de Israel en los diferentes países. No podemos, ni debemos ser cómplices silentes con este tercer holocausto que aniquila a la humanidad.

Ollantay Itzamná. Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala

Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/

@JubenalQ

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/abya-yala-no-debe-permanecer-indiferente-al-holocausto-palestino/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La paz para la frontera entre Venezuela y Colombia con perspectiva de género

Leidy Carmín Moreno Ramírez Deja un comentario

Leidy C. Moreno R.

lecamora1986@gmail.com

Resumen

En el presente análisis se aborda el fenómeno de la violencia en el contexto de la frontera colombo-venezolana y la construcción de la paz desde el enfoque de género. Mediante la información disponible de documentos y análisis de distintos autores y autoras en torno a este fenómeno, así como de los resultados de informes de organizaciones sociales se identifica y caracteriza el contexto de la frontera y el impacto de esta realidad en la vida de mujeres y niñas, a partir del conflicto armado y el actual proceso migratorio de Venezuela, posteriormente se realiza un acercamiento a la noción de paz y las recientes políticas públicas de paz impulsadas desde los gobiernos de Venezuela y Colombia, y finalmente, se destaca el diálogo y los acuerdos como elementos clave en la instauración de un nuevo proceso para la consolidación de la paz en la frontera desde una mirada integradora de ambos países, con particular interés desde una perspectiva de género.

Palabras clave: paz, violencia, género, acuerdos de paz

Introducción

Existe una vieja deuda en la frontera entre Venezuela y Colombia por parte de los Estados de estos países, que es la paz. Este espacio de 2.219 kilómetros (Rodríguez, De la Puente y Trejos, 2018), que demarca parte importante de los límites del territorio y la jurisdicción política- administrativa de ambas repúblicas, también constituye un entorno caracterizado por el abandono estatal, que se encuentra diezmado e incluso usurpado por la presencia de organizaciones ilegales que ostentan el poder a través de las armas para el control de intereses esencialmente económicos.

Por su parte, la población civil que ocupa y hace vida social en el territorio fronterizo, debe lidiar continuamente con los múltiples problemas que genera la dinámica que determina la lógica de un sistema social basado en la prevalencia económica, bajo la égida de una cultura de economías ilegales, y que coloca en el último eslabón al ser humano, el cual es concebido como un instrumento para fortalecer el orden establecido mediante tal sistema.

Los sujetos sociales más vulnerables y agraviados por la dinámica de dicho sistema social son las mujeres, las y los adolescentes, así como las niñas y los niños, debido a que sus cuerpos y su fuerza de trabajo constituyen agentes clave en las ganancias a partir de los múltiples negocios lícitos e ilícitos que rigen la economía en la frontera. Ingentes cantidades de dinero circulan en la frontera, ya sea, mediante procesos de comercialización binacional, aunque también, la recepción de remesas enviadas por migrantes desde distintos países del mundo a sus familiares, que son recibidas por medio de entidades financieras que funcionan en Cúcuta, Colombia, de igual manera, los recursos que manejan las organizaciones no gubernamentales con el propósito de disminuir los efectos de los problemas que se generan en la frontera; pero también, de forma más grotesca y cruel, a través del narcotráfico, la comercialización de seres humanos, por medio de la trata de personas y la explotación sexual, entre otros delitos.

En tal sentido, es importante destacar que el análisis de la violencia en el contexto fronterizo permite una lectura de tan compleja realidad que se enmarca en torno a una dinámica de acumulación de capital, pero también, en una guerra desatada por el conflicto armado de Colombia, que en cuyo proceso de recomposición se ha desbordado e internacionalizado (lo que implica que el territorio venezolano también funciona como un espacio en disputa), (Forero, 2020). Esta realidad de complejidad deriva en el impulso para estudiar la paz desde múltiples enfoques, pero en este caso particular desde la perspectiva de género.

Violencia y migración

Si se entiende la violencia como “un producto de la cultura humana, un resultado del experimento de la cultura” (Kout, 2002, p. 197) es importante también considerar que esta noción de violencia forma parte de lo que denomina Radl (2011) como un atributo “aceptado” (p. 160). Esto se debe a que la violencia permea la estructura y el orden social de manera reiterada y sistemática, a tal punto, no sólo de ocupar distintos ámbitos, sino las conductas propias de los sujetos, así como un mecanismo que pone de manifiesto sus intereses, percepciones, necesidades, deseos, afectos y sentimientos.

Ante esta paradójica cualidad de la violencia que se halla en la estructura social y en la cotidianidad del ser humano, surgen variaciones y formas de violencia que se intensifican de acuerdo con los contextos y realidades, a tal punto de ser degradante de las condiciones de los seres humanos. En tal sentido, Ávila, León, Niño, Camargo, Cañizares y Guerra (2013) caracterizan la frontera entre Venezuela y Colombia como la “frontera caliente”, que consiste en una investigación cuyo análisis expone los múltiples factores que han desencadenado, sin tregua, la violencia en este espacio geográfico. La descripción que se realiza en ese trabajo de investigación va perfilando las tramas de la guerra que promueven el déficit institucional y la ausencia de garantías de derecho, la industria ligada a la cadena mundial de valor del narcotráfico, la corrupción, y la guerra irregular y difusa en la que convergen la fuerza pública de los dos países en relación con el paramilitarismo y las guerrillas.

Aunado a esto, es desolador el panorama mundial creado por las guerras, puesto que genera insatisfacción y temor en especial sobre la población civil, con particularidad en mujeres y niñas. Un país como Colombia que ha estado sumergido en una guerra por más de medio siglo ha traído consigo, más allá del dolor por las víctimas, pobreza, desigualdad e inequidad; una maquinaria guerrerista que también ha sido un “factor potenciador de la degradación humana” (Velásquez, 2016, p. 77). Esto implica el sometimiento y la vulnerabilidad como circunstancias que determinan formas de existencia y el miedo como principal instrumento.

Asimismo, la violencia como forma de dominar produce un impacto considerable en la vida de las mujeres y las niñas, y de acuerdo con Segato (2014) se “manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite” (p. 342). Según esta autora, las nuevas formas de guerra incorporan la agresión sexual como un arma que daña no sólo de forma material sino también moral, por lo cual cobra un papel más relevante en las acciones de guerra.

De acuerdo con diversos estudios, la principal forma de violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia es la violencia sexual, la cual se incrementa y se genera en contextos dominados por el conflicto armado y del actual proceso migratorio de Venezuela. El fenómeno migratorio de Venezuela que ha generado hasta el momento un número de 7.320.225 de personas que se encuentran en condición de migrantes y refugiados alrededor del mundo (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes R4V, 2023), cuya cifra además de alarmar sobre la crisis de movilidad humana existente, también pone al descubierto la incapacidad del Estado venezolano en garantizar condiciones de vida y derechos para la población.

Las mujeres y las niñas venezolanas que forman parte de este proceso migratorio se exponen de manera latente a riesgos propios de la situación de migrar, especialmente relacionados con ser víctimas de violencia sexual. A pesar de la evidencia y la imperante necesidad de atención estatal en este sentido, “las acciones por parte de los Estados, en términos de protección y cuidado, no parece guardar la misma dimensión ni la proporcionalidad requerida. Inclusive, mucha de esta violencia y muchas de estas mujeres y niñas son invisibles a los Estados.” (Mesa y Espinel, 2020, p. 15).

Esto implica que además de requerir mayor voluntad de los Estados en atender esta situación, se precisa del fortalecimiento de la normativa jurídica y de la expansión de la presencia de las instituciones estatales, que deben estar en constante actualización conforme se vayan identificando los elementos que caracterizan la violencia en torno a la realidad del contexto fronterizo.

La frontera entre Venezuela y Colombia, en particular entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, se ha constituido históricamente como un enclave territorial para el tránsito a gran escala de migrantes, en un cambio en las tendencias de esos flujos, durante el último lustro el movimiento se produce de Venezuela hacia Colombia y otros países de América del Sur, como en todo proceso migratorio de magnitud significativa dichos flujos se realizan en condiciones de alta vulnerabilidad. De acuerdo con Migración Colombia se reconoce hasta el momento la existencia de 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia, considerado el país de mayor concurrencia de migrantes venezolanos. (Reyes, 2022).

Esto en gran medida ha desbordado las capacidades de los Estados para controlar la situación y también para precisar políticas públicas y estrategias idóneas sobre el tránsito de las personas en ambos lados de la frontera, sumado a la ruptura en las relaciones diplomáticas entre estos países durante el gobierno del expresidente Colombiano Iván Duque, a través de lo cual solo se logró crear mayor incertidumbre, así como vulneración de los derechos de las personas.

De igual manera, esta situación de debilidad estatal ha permitido que proliferen cantidades enormes de irregularidades y que se fortalezcan las organizaciones al margen de la ley, por lo cual se expone a las personas que transitan esta zona a grandes riesgos y peligros: ofertas de empleo y servicios engañosas, despojo de las pertenencias, violencia física, maltrato y abuso de poder por parte de funcionarios militares e institucionales, entre otros.

En el caso de las mujeres y las niñas, de acuerdo con el informe de Mesa y Mendoza (2021) integrantes de la colectiva MULIER, se plantea que “415 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata, de las cuales 138 fueron niñas y adolescentes” (p. 9). La trata de personas con fines explotación sexual se identifica como uno de los delitos de violencia sexual más frecuentes en la frontera. De igual manera, desde la colectiva MULIER se manifiesta que, durante el año 2022, en 16 países fueron rescatadas de redes y organizaciones de trata y explotación sexual 1.390 venezolanas, de las cuales 284 son niñas y adolescentes, y durante el primer semestre del 2023, 267 venezolanas, de las cuales 34 son niñas y adolescentes (MULIER, Venezuela, 2023).

Este fenómeno se ha desplegado y emplea diferentes mecanismos, entre ellos el modelaje webcam, cuya actividad es legal en Colombia e implica la realización de actos de carácter sexual frente a una cámara para luego usar los contenidos en una plataforma virtual disponible para redes de seguidores. Sin embargo, según expone el informe de Mesa y Mendoza (2021), con algunos casos de rescate de mujeres y niñas víctimas de trata también se logró “la desarticulación de 1.000 casas de explotación sexual de niñas venezolanas en modalidad webcam” (p. 19).

La evasión del Estado en manejar con mayor importancia este problema de la violencia sexual remite a la idea de que se considera con inferioridad el cuerpo de mujeres, adolescentes y niñas. Es un tema que poco se menciona desde las fuentes oficiales de los Estados, y todavía menos, se profundiza. Desde luego, esta situación caracterizada por la cultura machista y patriarcal, significa mayor revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas por lo que es preciso, además de visibilizar la frecuencia de víctimas de violencia sexual, también revertir la reproducción de estos actos, a través de garantizar procesos judiciales con los que se logre la capacidad de castigar a los responsables y hacer justicia.

En un contexto de conflicto permanente como el que existe en la frontera es una ardua tarea que corresponde en principio a los Estados, son los principales garantes de los Derechos Humanos de las mujeres, pero también las organizaciones sociales cumplen un papel clave en visibilizar la realidad.

¿Qué entendemos por paz?

Desde una visión tradicionalista la paz se concibe como la ausencia de una guerra, pero es importante aclarar que la concepción de paz es difícil de definir. No obstante, se intentará hacer una aproximación del concepto a partir del enfoque que promueven algunas autoras y autores, en particular de aquellos que proporcionan una mirada de género, de tal manera que se puedan identificar los elementos que lo componen, así como la intencionalidad de los actores que la promueven y el contexto al que se dirige la formulación de la paz.

Pese a la complejidad que implica fijar teóricamente el concepto de paz, existe una propuesta teórica de comprenderlo a través de dos aristas, la paz positiva y la paz negativa. Al respecto, explica Velásquez (2016) que la diferencia radica en que la paz negativa “es entendida como la ausencia de violencia personal, física y directa, y la paz positiva, definida como la ausencia de violencia indirecta o violencia estructural” (p. 82). Desde este enfoque, la paz negativa implica activar diferentes mecanismos de control (formación de ejércitos, garantía del orden, defensa del territorio) para actuar ante el surgimiento de cualquier conflicto armado, en cambio para la paz positiva se busca la integración y organización de los grupos humanos para favorecer los principios de la convivencia humana.

 De estas dos aristas de la paz podemos identificar como elementos: los mecanismos de control, así como la integración y la organización en la preservación de la paz, que puede ser empleada por un Estado-nación en su territorio. Sin embargo, la aplicabilidad de esta noción está determinada por la perspectiva y los intereses de los gobiernos, así como de sus capacidades y voluntad política.

Por su parte, los resultados de la guerra no derivan en la paz, incluso las guerras actuales, señala Segato (2014): “No se destinan a un término y su meta no es la paz, en cualquiera de sus versiones” (p. 341). La guerra es un proyecto de dominio que se promueve desde los intereses por el control de la economía global, de manera que urge buscar los caminos de la paz y poner todo empeño posible en esto, por el futuro y por el bien de la humanidad. En esto radica la importancia no sólo de la organización social, sino en la construcción e impulso de políticas públicas con sentido humano, con perspectiva de género.

Posterior a la Segunda Guerra mundial, el tema de la paz ha cobrado especial importancia en diferentes eventos de gran envergadura, a nivel mundial, tal es el caso de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se logra reinterpretar mediante el texto del Informe de la conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las naciones unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz. (1985), el concepto de paz, que se aborda ampliamente y en este breve extracto se explica que: “La paz no se puede conseguir en condiciones de desigualdad económica y sexual, denegación de los derechos humanos básicos y libertades fundamentales, explotación deliberada de grandes sectores de la población, desarrollo desigual de los países y relaciones económicas de explotación” (p. 8).

En esencia, este enfoque de paz se construye fundamentalmente con elementos que deben ser aplicados en el orden estructural, esto implica que la búsqueda de paz no debe afrontarse únicamente desde el control y el orden militar, contrario a ello deben abrirse los caminos al diálogo, a las garantías ciudadanas y el respeto a los Derechos Humanos.

En el cuento infantil ¡Viva la paz! De la autora Isabel Muñoz Martinez se dice que la paz

 es tan importante como el aire que respiramos. No la vemos, pero nos rodea, está en cada gesto, en cada abrazo, en cada mirada y en cada palabra. Nos acompaña a lo largo de la vida. La paz nos da tranquilidad, felicidad y nos da seguridad.

La paz es un bien intangible, un derecho y un deber por el que los seres humanos, especialmente aquellos vulnerables ante la desigualdad social, económica y política han de luchar siempre.

¿Qué hacen le Estados de Colombia y Venezuela por la Paz?

La Nueva Frontera de Paz (Venezuela)

Esta política pública surgida en el año 2015 que inicialmente apuntaba a la construcción de una política integral de frontera y se propuso para construir una nueva frontera de paz, mediante la creación de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz adscrita al recién creado Ministerio del Poder Popular para Fronteras, dirigido desde hace (08) ocho años por Gerardo Izquierdo Torres, constituyó una esperanza que motivó a las organizaciones sociales a congregarse para aportar en esta construcción, así como al impulso de la Ley Orgánica de Fronteras (2015).

 La dinámica que se produjo en el marco de la Ley Orgánica de Fronteras (2015) que plantea la elaboración de un Plan de desarrollo integral para las áreas fronterizas, es un plan que jamás se presentó, lo cual derivó en una gran desilusión para la población de la frontera y la agudización de una crisis en la frontera que se fortaleció con el cierre del paso fronterizo, así como de medidas de control y militarización como la declaración de Estado de Excepción en varios municipios fronterizos de Táchira y Zulia, cuyo resultado tuvo un impacto negativo considerable en la población debido a la vulneración de derechos, así como en el auge de irregularidades en el flujo de personas, bienes y divisas. (Linares, 2018), y fundamentalmente abuso de poder por parte de funcionarios y funcionarias, los cuales se alternaban con grupos al margen de la ley para el cobro ilegal a las personas que transitaban por las denominadas “trochas” o vías alternas ilegales.

No obstante, con el restablecimiento de las relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia, así como la reapertura del paso fronterizo en el año 2023, luego de (07) siete años, existe la expectativa por parte de la población de que se materialicen procesos de integración fronteriza enfocados en fortalecer la paz. Al respecto, el gobierno venezolano ha sido mediador en los diálogos entre el gobierno colombiano y el grupo armado ELN. También, cada vez más se fortalecen las relaciones y acuerdos diplomáticos, lo que significa avances que mejoran, aunque sea lentamente, la situación en la frontera.

La Paz Total (Colombia)

El actual presidente del gobierno colombiano, Gustavo Petro ha impulsado un proceso que define como la paz total, mediante el cual pretende implementar como principio el diálogo, y a pesar de que otros gobiernos precedentes establecieron diferentes mecanismos para trazar rutas de paz y conciliación, desde la perspectiva del gobierno de Petro adquiere un enfoque diferente, de acuerdo con entrevista de El Espectador (Rodríguez, 2022), en donde expresa Susana Muhamad, ministra del ambiente:

La paz total significa crear los espacios desde las regiones y desde los actores que están en esa confrontación para buscar conjuntamente salidas, pero eso necesita garantías, el congreso y la comisión de paz es una garantía, pero también normas en el congreso y el decreto de la presidencia y el gobierno rodeando ese proceso para poder llegar a la salida. (s/n)

A partir de la propuesta de reconfiguración de la Ley de orden público vigente desde 1997, que se modifica por medio del Proyecto de Ley sobre la Paz Total se plantea el impulso de una política de Estado para consolidación de la paz en Colombia, a través de instancias de diálogo y estructuras dedicadas a gestionar todo lo relacionado con el proceso de paz en este país, pero especialmente para que se consolide como un tema transversal en la gestión de gobierno.

En tal sentido, ya se ha iniciado con el proceso mediante los Diálogos Regionales Vinculantes, en sectores priorizados, entre los cuales se encuentra la frontera colombo- venezolana, debido al impacto que han tenido por causa del conflicto armado, de manera que la intencionalidad de este proceso apunta hacia dos aspectos; el primero, acercamiento a las comunidades y sus necesidades; y el segundo, valorar la disposición de los grupos armados que se encuentran en los territorios para buscar salidas al conflicto armado.

Desde la óptica del Presidente Gustavo Petro, un tema en el que se precisa hacer énfasis y prestar especial importancia es en la política antidrogas, cuyo aspecto problemático trae consigo una cadena multifactorial de violencia y afectaciones a la población, especialmente en los territorios donde predominan los negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico. Esto implica tocar grandes intereses económicos, hacer frente a toda una maraña organizativa que se enlaza con diversas agencias dispuestas para el delito como la Trata de personas, prostitución forzada, explotación sexual, entre otras.

La paz con perspectiva de género

La población que hace vida en la frontera reconoce que consolidar un proceso de paz y hacerlo desde una visión de integración entre ambos países, es una empresa que trae consigo múltiples dificultades y riesgos, pero al darse los primeros pasos, en el marco del diálogo, implica trascender la visión economicista de resolver la crisis en la frontera; es decir, de superar la postura de que el Estado no cuenta con los recursos para atender la situación en la frontera, para tener una mirada más humana que impacte directamente en la perspectiva de los sujetos sobre su entorno, en las relaciones sociales y en las prácticas, esto implica un proceso con planes a corto, mediano y largo plazo que cuenten con el respaldo institucional, pero fundamentalmente de la organización y el movimiento social.

Constituye una labor urgente precisar y definir los elementos requeridos para configurar la paz en el contexto fronterizo, es menester, en primer lugar, el levantamiento de registro y estadísticas en torno a la situación de violencia, especialmente la violencia de género, además, así como de las condiciones de las mujeres y niñas venezolanas migrantes y sobre las garantías en el acceso a la justicia. En segundo lugar, también es clave revisar el enfoque e intencionalidad de los mecanismos de control y preservación del orden para tener claridad en las funciones correspondientes y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. De esta manera, trabajar en la reconfiguración de la estructura social para encaminarse hacia la armonía social, el respeto por el ambiente y la justicia.

Por último, es importante tener presente que para construir la paz se requiere que en el orden social se restablezcan normas básicas de la sociedad mediante la garantía de derechos y de bienestar, es decir, reforzar normativas comunes, que antepongan las necesidades humanas y también crear las organizaciones y espacios necesarios para que se puedan hacer valer los derechos.

Las mujeres en el diálogo y los acuerdos para la paz

Los espacios de diálogo encaminados a la paz constituyen un importante escenario para escuchar la voz de las mujeres, no sólo porque implica un acto no discriminatorio, sino que se hace posible entender mejor lo que se quiere lograr en la construcción de la paz, esto supone crear las condiciones y oportunidades necesarias para decidir en igualdad.

El desconocimiento de las concepciones, incluso de las nociones sobre las realidades de las mujeres y las niñas, así como sobre la teoría de género ha sido elemento clave para crear confusiones y desavenencias innecesarias que determinan la paralización y obstrucción de procesos importantes en la construcción de la paz, tal como sucedió con la campaña en contra, para el plebiscito, que definiría la aprobación o no del acuerdo de paz en Colombia, en el año 2016, en cuyo proceso tuvo éxito la negativa de aprobación debido a la difusión de mitos relacionados con las concepciones de género y su aplicación en el marco del acuerdo de paz.

Asimismo, dentro de las críticas que se han producido a partir de la realización de las mesas de trabajo en el proceso que se desarrolló en La Habana para establecer el acuerdo de paz en 2016 se encuentra el hecho de que sólo participó una mujer. (Botero, 2016). Las mujeres históricamente han sido ubicadas al margen de las decisiones en los procesos de negociación y decisión, esto ha llamado la atención desde instancias internacionales y se ha logrado que se incorporen más mujeres en estos espacios.

Aunque quizá uno de los planteamientos más urgentes que han de tener las mujeres, a la luz de la realidad del contexto que ofrece la violencia en el marco del conflicto armado, tiene que ver con la exigencia de justicia ante los delitos asociados directamente con el ejercicio de la violencia por motivos de género, como es el caso de violencia sexual, pues no se debe incurrir en el error de propiciar la impunidad y obviar la responsabilidad de los culpables de estos delitos.

En todo caso, para que las políticas públicas centradas en una estrategia de paz total desde Colombia, entendida como un continuo conceptual de la paz integral (bandera de lucha de los movimientos de defensa de derechos humanos en Colombia); o de Frontera de Paz como se plantea desde el gobierno de Venezuela, se precisa de generar los espacios de diálogo con una mirada de integración por parte de ambos Estados y de la participación de las mujeres, a partir del reconocimiento de su condición de sujeto social subalterno y especialmente victimizado en el marco del conflicto armado colombiano, y de las dinámicas de erosión del estado de derecho y de las garantías ciudadanas acentuadas en los últimos años de crisis de las relaciones binacionales, de recesión económica en las regiones fronterizas y de recomposición de la guerra por el control del territorio fronterizo como un medio para la acumulación de capital.

Referencias bibliográficas:

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Botero, C. (2016). Sí a la paz. En Rueda, E.; Alvarado, S.; Gentili P. (Editores). Paz en Colombia: Perspectivas, desafíos, opciones. CLACSO, Buenos Aires: Argentina.

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Mesa L., y Espinel, M. (2020). Movimientos migratorios Sur Sur: condiciones socio-sanitarias de las mujeres migrantes en situación de prostitución en el espacio fronterizo de Colombia-Venezuela. IDEP Salud, FLACSO República Dominicana Buenos Aires: Argentina

Mesa, V., y Mendoza, E. (2021). #Libres y seguras informe 2021. Programa de prevención de la trata de mujeres y niñas venezolanas en contextos migratorios. MULIER: Maracaibo, Venezuela.

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Segato, R. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Sociedade e Estado, vol. 29, núm. 2, mayo-agosto, 2014, pp. 341-371. Universidade de Brasília. Brasília, Brasil.

Velásquez, M. (2016). Reflexiones feministas en torno a la guerra, la paz y las mujeres, desde una perspectiva de género. OpenEdition Books: Genève: Graduate Institute Publications.

Fuente: La autora escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

 

 

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La paz con justicia social: un desafío para los pueblos de la frontera colombo- venezolana

Jorge Forero Deja un comentario

Las fronteras se conciben como una construcción social e histórico- geográfica, en cuya estructuración se produce un sistema de relaciones en permanente movimiento, y una dialéctica de integración- desintegración condicionada por dinámicas socioculturales, económicas, políticas y militares. Desde el punto de vista de su metabolismo en relación con el sistema social, las fronteras son áreas nodales que sirven de soporte para la convergencia de flujos (procesos de intercambio de materia, fuerza de trabajo e información) de escales e intensidad variable.

La frontera en su realización concreta en la geografía como espacio fronterizo, es una entidad heterogénea y contradictoria que está determinada por un espectro de relaciones que configuran una territorialización y una espacialización de esas relaciones (está cualidad permite superar el umbral de los conceptos de linealidad fronteriza como hito o límite, o de zonalidad fronteriza como área de seguridad), en las que se producen tensiones divergentes entre las fuerzas centrípetas condicionadas por los poderes estatales y la legislación; y las fuerzas centrífugas de signo multidimensional, vectorizadas por los procesos de acumulación de capital de acuerdo con los diferenciales de desarrollo particulares, por sobre lo político-administrativo y lo jurídico (Forero, 2020).

Estas consideraciones genéricas ponen de manifiesto la naturaleza compleja de los sistemas de relaciones que estructuran y desestructuran las dinámicas de los espacios fronterizos. De igual manera, permiten vislumbrar tanto los modos de desarrollo desigual y combinado que se territorializan y reterritorializan de manera diferenciada en cada espacio fronterizo, incluso con variaciones sustantivas en el devenir histórico (tal y como ha sucedido en la frontera colombo- venezolana en los flujos y reflujos de auge- recesión de las relaciones comerciales, así como en el marco de tensiones políticas que han originado rupturas diplomáticas- comerciales e incluso -desde el año 2015- la instauración de políticas de excepción regionalizadas), como los conflictos explícitos e implícitos localizados en estas áreas nodales en su condición de expresión concreta de intereses económicos y geopolíticos.

Por tanto, pensar en las dinámicas de las fronteras en el contexto de las turbulencias sistémicas del tiempo histórico actual, nos remite a una espacialidad geográfica signada por la presencia de conflictos con formas y contenidos heterogéneos, entre las que sobresalen por su incidencia en las relaciones de poder: las guerras de posiciones implementadas por potencias imperialistas y emergentes en su interés de preservar, recuperar o ganar áreas de influencia (Ceceña, 2023); las renovadas guerras comerciales devenidas en los últimos años que han desencadenado un cambio del metabolismo en el sistema- mundo al revertir de manera parcial las corrientes de globalización de los mercados, las finanzas y las cadenas de valor (Roberts, 2022); y por supuesto, las confrontaciones bélicas de mediana y alta intensidad que emplean a los territorios fronterizos como objetos de guerra y teatros de operaciones que se corresponden con intereses geopolíticos (Forero, 2017).

Tal conflictividad de carácter sistémico, está determinada por dos funciones estratégicas de los espacios fronterizos para la configuración de la geografía del poder a escala mundial, las cuales están integradas de manera orgánica con los procesos metabólicos de acumulación de capital formalmente establecidos, y también con las relaciones de fuerza que determinan las posiciones y los flujos- reflujos de los agentes dominantes sobre los poderes estatales formales (tanto los nacionales como los supranacionales), los estados profundos (Deep state) y el haz de factores convergentes en las agencias no gubernamentales y las sociedades civiles transnacionalizadas.

La primera función relaciona a las fronteras como enclaves de intercambio y dispositivos para la expansión de circuitos económicos y con ello para la acumulación de capital a gran escala e intensidad (Harvey, 2007). Su instauración se ejecutó y se legalizó en el marco de las reformas a arquitectura institucional y las normativas del comercio exterior emergentes desde la postguerra y profundizadas en las últimas décadas del siglo XX (precisamente en el marco del auge de la referida globalización), a través de las cuales se desbordó la capacidad- potestad de los poderes estatales para ejercer el dominio y la fiscalización en su jurisdicción sobre los flujos de materia, fuerza de trabajo e información que se desplegaron en el contexto de un nuevo estadio de revolución científica- tecnológica e informacional (Santos, 2001).

La expansión incesante de los flujos y los circuitos de capital es el factor determinante de contradicciones sustantivas que se territorializan en las fronteras, y que determinan el crecimiento exponencial de una lógica de desregularización de las economías, cuyo funcionamiento se soporta en la superexplotación y precarización del factor fuerza de trabajo (a través de maquilas frecuentemente controladas por agentes del crimen organizado), la evasión y la elusión fiscal, la especulación financiera en ámbitos como el monetario y la relación crédito- deuda, la desposesión de bienes comunes mediante el extractivismo, los daños ambientales entendidos como externalidades, por mencionar los más notorios; así como de economías ilegales como la cadena de valor global del narcotráfico, la trata de seres humanos, entre otras actividades ilícitas que están proscritas ante la legislación de las naciones y del derecho internacional, pero en la práctica se insertan en el sistema financiero internacional y por ende con los factores económicos dominantes en el sistema- mundo (Emmerich, 2015).

La segunda función está interconectada y es definida por la primera, ya que está determinada por las contradicciones inmanentes de la lógica del capital, en particular por su necesidad de expansión incesante y sus tendencias hacia la concentración y la maximización de ganancias, lo que deriva en que las fronteras se conviertan en territorios en disputa, ya que se conciben como áreas estratégicas para el control y la influencia política- militar, como un medio o un prerrequisito para instaurar sesgos estratégicos que faciliten la expansión de los circuitos económicos.

La bifurcación de intereses económicos y políticos mediados por la regencia de factores de carácter militar, sean los formales del poder estatal, los irregulares o los híbridos en tiempos de privatización de la guerra y de aparatos offshore para hacer el trabajo sucio (como es el caso del paramilitarismo), permiten encontrar el sentido sistémico de la instauración de regímenes de facto que proscriben el Estado de derecho y erosionan el tejido social en los espacios fronterizos bajo narrativas como la defensa de la seguridad nacional; las guerras contra el terrorismo y el narcotráfico; la doctrina contrainsurgente ; la presunta amenaza que representan los migrantes; e incluso en latitudes como Europa del este, África o el medio oriente prejuicios étnico- religiosos- lingüísticos, a través de lo cual se induce el escalamiento de conflictos de alta, mediana y baja intensidad, mientras se normalizan las dinámicas de violencia multidimensional, de déficit institucional y de ausencia de garantías de derechos para la población.

La naturaleza conflictiva de los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos resulta explícita en las realidades sociales del Sur Global (guerras de gran trascendencia geopolítica como las Libia y Siria, así como el escalamiento de guerras irregulares en África denotan está particularidad); pero las fronteras de las formaciones económico- sociales de naciones emergentes y metropolitanas no están exentas de estas tendencias: la guerra de Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán, la criminalización de la movilidad humana en el mar mediterráneo y el tránsito de Centroamérica y Norteamérica, expresan la racionalidad de un orden social que por una parte ha fomentado la circulación de mercancías, y por otra parte proscribe los derechos humanos fundamentales de población migrante con necesidad de protección internacional .

Esta racionalidad ha producido la generalización de prácticas atroces para controlar los flujos de movilidad humana, tales como la tercerización de la gestión de las migraciones a través de campamentos inhumanos (una práctica empleada por la Unión Europea, en la que se subcontrata a países terceros para la mitigación de los flujos migratorios ), o la cacería de “ilegales” en la frontera sur de los Estados Unidos , las cuales se ejercen bajo una concepción de las fronteras como áreas y linealidades para la desregulación del Estado de derecho, como objetos de contención y de manera simultánea como dispositivos de marginación y de violencia estructural.

El panorama sistémico demuestra que la guerra en su acepción multidimensional, domina los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos (sea por medio de la fuerza política- militar o de la agresión y las hostilidades financieras, comerciales, diplomáticas e incluso las culturales- simbólicas), como un mecanismo para la expansión de los mercados, las cadenas de valor y de suministro -los sistemas logísticos en general-, y los flujos financieros, con el propósito de imponer desde los centros metropolitanos una lógica de relaciones de acumulación por desposesión y de transferencia de rentas a través de la apropiación- explotación (intensiva) de los recursos del territorio y de la fuerza de trabajo.

Estas tendencias sistémicas se han acentuado en las últimas décadas, en gran medida por la corriente de políticas de excepción respecto al derecho internacional inauguradas en el marco de la invasión a Iraq a principios de siglo (bajo la doctrina de guerras preventivas y de una pretendida cruzada contra el terrorismo), así como del unilateralismo estadounidense para imponer tratados de libre comercio imperialistas y megaproyectos de posicionamiento político- militar de esencia neocolonial y contrainsurgente como el denominado Plan Colombia (bajo el pretexto de la presunta guerra contra las drogas).

Con base en esa racionalidad, la guerra se ha erigido como la narrativa fundamental de las acciones estratégicas de los centros de poder, guerra y capital son indisolubles en el mundo de hoy. Las diversas formas de guerra se conciben como el propósito y el instrumento para preservar el orden social regente y el metabolismo de los procesos de acumulación y reproducción ampliada de capital. Mientras tanto, a la luz de los hechos, los resultados de las guerras contra el terrorismo y las drogas más bien han exacerbado esos problemas en el mundo, y la subyacente guerra contrainsurgente como estandarte de civilización (orden y progreso) de las clases dominantes, ha ahogado en sangre y terrorismo de Estado a los pueblos.

En ese marco, es preciso insistir en que los espacios fronterizos se han convertido en eslabones fundamentales -por su carácter permeable- de los procesos de reconfiguración de las relaciones de poder económico- financiero, político y militar. Basta con visualizar los impactos de la guerra contra las drogas y de la doctrina contrainsurgente en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador, para poner en evidencia que esas estrategias han redundado en que estos territorios se hayan transformado en áreas nodales de la guerra y ¿paradójicamente? en enclaves de la cadena global de valor de la cocaína.

Precisamente esa doctrina contrainsurgente es la variable que explica la paradoja que conlleva a criminalizar a las regiones periféricas y las comunidades rurales, así como a la fuerza de trabajo vinculada con la producción de materias primas (mientras permite el flujo de las cadenas de suministro y los sistemas logísticos para que estas sustancias prohibidas lleguen al norte global), y que por la vía de la fuerza determina hechos de violencia cruenta, de desplazamientos forzosos y de saqueo de recursos y despojo de tierras; y de manera simultánea, genera torrentes de plusvalía para los agentes que controlan las cadenas de circulación y de consumo a gran escala de esta industria de esencia criminal pero integrada orgánicamente con el sistema financiero y los estamentos políticos del poder sobre el Estado -los formales y los informales- (Emmerich, 2015).

Las fronteras se configuran entonces como soporte material e instrumento de estrategias de guerra implementadas e instauradas por los centros de poder. El reconocimiento de esta realidad es el primer paso para pensar en la utopía necesaria de construcción de una nueva racionalidad (desde los pueblos) en los sistemas de relaciones que constituyen y estructuran a los espacios fronterizos, a partir de la premisa de que ninguna realidad es inmutable y que la humanidad en sociedad tiene la potencia para transformar esa tendencia histórica y esa lógica sistémica.

Pensar en fronteras para la paz y luchar por ese objetivo significa una acción subversiva respecto al orden social regente, en la medida en que se plantea como una contradicción antagónica de la racionalidad dominante. Aún en las circunstancias más complejas, como las experimentadas en las regiones de la frontera colombo- venezolana en los últimos años, los pueblos son capaces de tejer estrategias de resistencia para establecer canales de comunicación y dinámicas de integración en contravía a las imposiciones de los poderes estatales y de las adversidades de la crisis sanitaria devenida en el marco de la pandemia del coronavirus; para fortalecer vínculos de amistad y solidaridad que permitan amparar a personas con necesidad de protección internacional (con canales de información para alertas y redes de resguardo de víctimas); y en esencia, para defender la alegría como una trinchera y para defender el derecho de vivir en paz.

La verdad y la memoria también son estandartes de esa construcción de paz. Mientras se escriben estas líneas se ejecuta en localidades de la frontera colombo- venezolana la búsqueda de personas desaparecidas por parte de familiares de las víctimas de estos hechos aberrantes, defensores de derechos humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y se produjo el hallazgo de los hornos del horror paramilitar en plena linealidad fronteriza, en Juan Frío del departamento de Norte de Santander, en los cuales los paramilitares incineraron seres humanos con total impunidad, en el marco histórico de un discurso negacionista de tales hechos por parte de los gobiernos de Álvaro Uribe (apologista de la guerra que fungía como presidente de la República en el momento de la perpetración de tan abominables crímenes), Juan Manuel Santos e Iván Duque ; la pusilanimidad de la fuerza pública y del sistema de justicia, la complicidad implícita en un pacto de silencio y omisión por parte de los sectores dominantes de los medios de comunicación de Colombia, y una actuación tímida de la comunidad internacional.

Pese a todo, la paz sigue en el horizonte de la conciencia de los pueblos como una aspiración esencial. Por supuesto, no se trata de la pax imperialista, la evocación estadounidense de pax romana en la que no hay paz y mucho menos justicia social; tampoco la paz como una quimera de abolición de los conflictos, ya que estos son constitutivos e inherentes de la condición humana; sino la paz como una práctica social y una realización humana imperfecta, compleja y conflictiva . Ese es el desafío en el tiempo histórico actual, construir un devenir histórico de paz con justicia social.

En ese sentido, los pueblos de las regiones fronterizas -como víctimas de la guerra y como agentes de resistencia a los factores de poder que imponen esas guerras- deben ser interlocutores de los poderes estatales, porque la paz es una construcción colectiva que se origina en torno a consensos y corresponsabilidad. Por tal motivo, se coincide con Muñoz (2004) en afirmar que la paz se corresponde con “todas aquellas realidades en las que se regulan pacíficamente los conflictos, en las que se satisfacen al máximo las necesidades y los objetivos de los actores implicados”. (p. 30).

La paz no se decreta, y está comprobado que no es suficiente firmarla. La paz tampoco significa o se restringe únicamente la reducción de la violencia, sino más bien es como plantea el precitado Muñoz: una plataforma, un punto de encuentro de las sociedades para la transformación o gestión pacífica de los conflictos y la búsqueda de equilibrios dinámicos, para que estos conflictos puedan ser procesados mediante el diálogo y tramitados de manera creativa en atención de la satisfacción de necesidades y la garantía de derechos de la población.

Referencias

 Ceceña, Ana (2023). Las guerras del siglo XXI. En: Las guerras del siglo XXI / Ana Esther Ceceña, [et al.]; Coordinación general de Ana Esther Ceceña. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Económicas; Ciudad de México: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.

 Emmerich, Norberto (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Toluca.

 Forero, Jorge (2020). “Crisis en la frontera colombo-venezolana: Derechos Humanos, migraciones y conflicto geopolítico”. Publicación: Espiral: Revista de Geografías y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Mayor de San Marcos. 2(3), 2018. 005–014. https://doi.org/10.15381/espiral.v2i3.18447

 Forero, Jorge (2017). ¿Las fronteras como espacios de crisis, o la crisis sin fronteras? Una lectura crítica de la coyuntura 2015-2016 en frontera colombo-venezolana. Revista Intelector. v. 14 n. 28 (2017): 47–60. ISSN 1807-1260 – [CENEGRI]. https://doi.org/10.26556/1807-1260.v14.n28.p.47-60.2017

 Harvey, David (2007). El nuevo imperialismo. Akal, 2da Edición. Madrid

 Muñoz, Francisco (2004). La paz. En B. Molina & F. Muñoz (Coords.), Manual de paz y conflictos (pp. 21−42). Instituto de la Paz y los conflictos. Disponible en: http://ipaz.ugr.es/wpcontent/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene_manual/La_Paz.pdf

 Muñoz, Francisco A.; Herrera, Joaquín; Molina, Beatriz & Sánchez, Sebastián (2005). Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: http://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pazddhhand.pdf

 Roberts, Michael (2022). ¿Ha terminado la globalización?. Disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/ha-terminado-la-globalizacion

 Santos, Milton (2001). La naturaleza del espacio. Ariel, Madrid.

 

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

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Educación para la paz y la nueva escuela mexicana

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Por: Carmen Chinas *

 

La educación en México es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.  Además de la necesidad de contar con educación gratuita, de calidad y al alcance de la población, uno de los mayores desafíos del país ha sido desarrollar un modelo educativo que corresponda con las necesidades formativas de una nación en la que prevalece la pobreza, exclusión y cuyo devenir histórico está inevitablemente marcado por un pasado de colonialismo que no sólo despojó las riquezas del territorio, sino que trató de acallar en las conciencias la lucha contra la opresión y por una vida digna en libertad.

La reforma constitucional en materia educativa más reciente fue en mayo de 2019 para incluir los principios de perspectiva de género, cultura de paz, inclusión e interculturalidad que refuerzan señalamientos que ya se encontraban en el mandato constitucional; como señalar que la educación contribuirá a una  mejor convivencia humana, el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de personas.

El Artículo Tercero también señala que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Si bien es cierto que los preceptos constitucionales del tercero constitucional no fueron modificados en su esencia, en las últimas décadas el modelo educativo nacional se orientó hacia un aprendizaje basado en competencias necesarias para el mercado laboral y necesidades individuales, dejando de lado el contenido vinculado a valores humanistas; se quedaron en segundo plano la enseñanza de la historia, el civismo o las artes.

Dicho modelo o reforma educativa impulsada bajo la lógica económica neoliberal no dio buenos resultados, México se situó en los últimos lugares de desempeño educativo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permaneciendo más de 15 años en el último lugar. En todo ese tiempo tampoco se trabajó en implementar formas de convivencia en el aula que permitieran la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, el respeto o la erradicación de la violencia escolar.

El debate suscitado con la propuesta de la “Nueva Escuela Mexicana” que apenas inicia su implementación, es una oportunidad para insistir sobre los propósitos fundamentales de la educación, considerarla como un medio para transformar vidas en sentido progresivo, un bien público y base para la realización de otros derechos y fundamental para lograr la paz considerando la inclusión, equidad e igualdad de género para lograr una educación transformadora, conclusiones que se desarrollaron en el Foro Mundial de Educación y que pueden consultarse en la Declaración de Inchéon (2015).

Los fundamentos desarrollados en la Nueva Escuela Mexicana (pensamiento crítico, interculturalidad, igualdad de género, cultura de paz), sugieren que es posible avanzar hacia un sistema educativo con una orientación humanista, ya que se considera la dignidad humana como eje central y apuesta a una visión plural, incluyente y participativa para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos. La mirada de la nueva escuela tiene numerosas referencias al desarrollo de la vida en comunidad y considerar los saberes ancestrales de los pueblos originarios como parte de nuestra identidad.

Es necesario lograr la implementación de un modelo que atienda las necesidades, sí de profesionalización, pero esencialmente que convierta a la educación en esa herramienta fundamental de la transformación social, que contribuya a crear una sociedad con conciencia de su identidad y avanzar en la construcción de un país libre, independiente, democrático y justo, con respeto a la dignidad humana, desarrollar una cultura de paz y bienestar social.

Gran parte del desafío recae en el trabajo cotidiano de las maestras y maestros en las aulas, desde el nivel preescolar hasta el superior, pues los preceptos constitucionales que orientan la educación pueden quedar sólo en señalamientos generales sino se implementan en la cotidianidad de las aulas.

***

Profesora universitaria, integrante del Centro de Justicia para la Paz (CEPAZ) del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) y del Cuerpo Académico UDG “Cultura de Paz y Participación Ciudadana”,  carmenchinas@gmail.com 

Fuente de la información e imagen:  https://www.zonadocs.mx

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