Artículo del filósofo, lingüista y activista político Noam Chomsky , publicado el 7 de noviembre del 2012
Por: Noam Chomsky
Basta siquiera con una sola noche en la cárcel para hacerse una idea de lo que significa estar bajo el control absoluto de una fuerza externa.
Y apenas si se tarda un día en Gaza en apreciar cómo debe de ser tratar de sobrevivir en la mayor prisión al aire libre del mundo, donde aproximadamente un millón y medio de personas hacinadas en una franja de trescientos kilómetros cuadrados viven sometidas a un terror aleatorio y a un castigo arbitrario que no tienen otro objetivo que el de humillarlas y degradarlas.
Lo que se pretende con semejante crueldad es aplastar las esperanzas palestinas de un futuro digno y la anulación del abrumador apoyo internacional a un acuerdo diplomático que garantice el respeto de los derechos humanos básicos. Los dirigentes políticos israelíes han dado evidente fe de esa pretensión en estos últimos días al advertir de que «enloquecerán» si Naciones Unidas otorga el más mínimo reconocimiento a los derechos palestinos.
Esta amenaza de «enloquecimiento» (nishtagea) —entiéndase lanzar una respuesta de particular dureza— está muy arraigada y se remonta a tiempos de los gobiernos laboristas de la década de 1950, momento en que también hallamos el origen del llamado «complejo de Sansón»: «Si se traspasa esa línea, derribaremos los muros del templo con todos dentro, nosotros incluidos».
Treinta años atrás, varios líderes políticos israelíes, algunos destacados «halcones» entre ellos, remitieron al primer ministro Menahem Begin un impactante informe sobre la frecuencia y la impunidad con las que los colonos de Cisjordania cometían «actos terroristas» contra los árabes del lugar.
Asqueado por aquellos hechos, Yoram Peri, destacado analista de la política militar, escribió que la labor del ejército israelí ya no parecía consistir en defender el Estado, sino en «demoler los derechos de personas inocentes por el mero hecho de ser araboushim [apelativo racial despectivo] que viven en territorios que Dios nos prometió».
Los gazatíes han sido objeto de un castigo particularmente cruel. Hace treinta años, en su libro de memorias The Third Way [La tercera vía], Raja Shehadeh, un abogado, describió la inútil tarea de intentar proteger los derechos humanos fundamentales dentro de un sistema legal diseñado para que dicho objetivo resulte imposible, y su experiencia personal como samid (un «inquebrantable») que vio cómo las brutales fuerzas de ocupación convertían su casa en una prisión sin que él pudiera hacer otra cosa más que «aguantar».
Desde entonces, la situación ha empeorado sensiblemente. Los Acuerdos de Oslo, festejados con gran pompa en 1993, estipularon que Gaza y Cisjordania constituyeran una única entidad territorial. Pero, por entonces, Estados Unidos e Israel ya tenían en marcha un plan para separar Gaza de Cisjordania con el fin de bloquear un acuerdo diplomático y castigar a los araboushim de ambos territorios.
El castigo contra los gazatíes se hizo más duro aún en enero de 2006 en respuesta al «crimen» de primera magnitud que acababan de cometer: habían votado en el «sentido equivocado» en las primeras elecciones libres celebradas en el mundo árabe al apoyar mayoritariamente a Hamás.
En una muestra más de sus «ansias de democracia», Estados Unidos e Israel (apoyados por una pusilánime Unión Europea) impusieron de inmediato un sitio brutal acompañado de ataques militares. Las autoridades estadounidenses recurrieron enseguida a su procedimiento operativo estándar cuando una población desobediente elige al Gobierno equivocado: preparó un golpe militar para restablecer el orden.
Pero los gazatíes cometieron un crimen más grave si cabe un año más tarde al bloquear esa intentona golpista, lo que se tradujo en una fuerte escalada del asedio y los ataques. La culminación de éstos llegó en el invierno de 2008-2009 con la Operación Plomo Fundido, uno de los ejercicios más cobardes y sanguinarios de nuestra memoria reciente: una población civil indefensa y atrapada fue sometida a la implacable ofensiva lanzada por uno de los sistemas militares más avanzados del mundo, dependiente del armamento estadounidense y protegido por la diplomacia de Washington.
Obviamente, se adujeron pretextos para tal modo de proceder, pues nunca faltan. El habitual, siempre a mano cuando se necesita, fue el de la «seguridad»: en este caso en concreto, se dijo que los ataques eran para neutralizar el lanzamiento de misiles de fabricación casera desde Gaza.
En 2008 se declaró una tregua entre Israel y Hamás. Hamás no disparó un solo cohete hasta que Israel rompió la tregua aprovechando las elecciones estadounidenses del 4 de noviembre para invadir Gaza sin ningún motivo y mató a media docena de miembros de Hamás.
Las más altas autoridades de la inteligencia israelí advirtieron al Gobierno del país de la posibilidad de renovar la tregua si se aligeraba el criminal bloqueo al que estaban sometiendo a la Franja y si ponían fin a los ataques militares. Pero el Gobierno de Ehud Olmert —quien presuntamente era una «paloma» en materia de política exterior— descartó esas opciones y trató de aprovechar su enorme ventaja en potencial de violencia poniendo en marcha la Operación Plomo Fundido.
El internacionalmente respetado defensor de los derechos humanos en Gaza Raji Sourani analizó el patrón seguido por los ataques de Plomo Fundido. Los bombardeos se concentraron en el norte, sobre población civil indefensa de las áreas más densamente habitadas, sin ningún fundamento militar posible. El objetivo, insinúa Sourani, tal vez fuera intimidar a la población y empujarla hacia el sur, hacia las inmediaciones de la frontera con Egipto. Pero los samidin —quienes resistieron a base de aguantar los ataques— no se movieron de donde estaban.
Otro posible objetivo quizá fuera echar a esa población al otro lado de la frontera. Desde los primerísimos tiempos de la colonización sionista, se dijo que los árabes no tenían ninguna razón de peso para estar en Palestina: podían estar igual de bien en cualquier otro lugar, por lo que debían irse de allí (o ser «transferidos» de buenas maneras, según sugerían las «palomas» del movimiento).
Ésa, desde luego, no es una posibilidad que preocupe poco en Egipto y tal vez sea una de las razones por las que ese país no abre la frontera para el libre paso de la población civil o, ni tan siquiera, de suministros que se necesitan con urgencia.
Sourani y otras fuentes bien informadas han señalado que la disciplina demostrada por los samidin es un primer frente tras el que se oculta un polvorín que podría estallar por los aires en cualquier momento, de forma inesperada, como lo hizo la Primera Intifada de Gaza en 1987 tras años de represión.
La impresión (inevitablemente superficial) que uno se lleva tras pasar varios días en Gaza es de asombro, no sólo ante la capacidad de los gazatíes para seguir con su vida, sino también ante el dinamismo y la vitalidad de la gente joven, sobre todo en la universidad, donde asistí a un congreso internacional.
Pero también pueden detectarse síntomas de que la presión puede haber alcanzado extremos insoportables. Ya hay noticias de una frustración de fondo entre los jóvenes que no cesa de crecer y que obedece a un reconocimiento por su parte de que, bajo la ocupación americano-israelí, el futuro no les depara nada.
Gaza presenta el aspecto de un país del Tercer Mundo, con bolsas aisladas de riqueza rodeadas de la pobreza más atroz. Pero no es un lugar sin desarrollo. Diríamos, más bien, que ha sido des-desarrollado (tomando prestado el término de Sara Roy, principal especialista académica en Gaza) y de forma muy sistemática.
La Franja de Gaza podría haberse convertido en una próspera región mediterránea, con una agricultura rica y una industria pesquera próspera, amén de unas playas maravillosas y de, según se descubrió hace una década, altas probabilidades de disponer de extensas reservas de gas natural en sus aguas territoriales (fuera por casualidad o no, lo cierto es que fue justo entonces cuando Israel intensificó su bloqueo naval). Tan favorables perspectivas de futuro se vieron abortadas en 1948, cuando la Franja tuvo que absorber un aluvión de refugiados palestinos que huían presas del pánico o habían sido expulsados a la fuerza de territorios que se integraron en Israel (en algunos casos, apenas meses después del alto el fuego formal). Las conquistas israelíes de 1967 y su consolidación durante los meses posteriores asestaron nuevos golpes y terribles crímenes que han continuado hasta nuestros días.
Los síntomas son fácilmente visibles, incluso durante una visita breve. Sentado en un hotel junto a la costa, uno puede oír el fuego de ametralladora de las cañoneras israelíes dedicadas a expulsar a los pescadores de las propias aguas territoriales de Gaza para devolverlos a la línea litoral, obligándolos así a pescar en aguas muy contaminadas por culpa de la negativa americano-israelí a permitir la reconstrucción de los sistemas de alcantarillado y electricidad destruidos por el poder militar de los propios Estados Unidos e Israel.
En los Acuerdos de Oslo, se contemplaban planes para construir dos plantas desalinizadoras, muy necesarias en una región árida como ésta. Y sí, se construyeron unas instalaciones avanzadas, pero en Israel. La segunda está ubicada en Jan Yunis, al sur de Gaza. El ingeniero jefe de Jan Yunis explicó que esa planta fue construida de tal modo que no pueda usar agua del mar y tenga que aprovechar aguas subterráneas, un proceso más barato que contribuye a degradar aún más el exiguo acuífero de la zona, lo que con toda certeza acarreará problemas graves en el futuro.
El suministro de agua todavía es muy limitado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), que se ocupa de los refugiados, pero no de los demás gazatíes, publicó recientemente un informe en el que alertaba de que el daño infligido al acuífero podría volverse «irreversible» dentro de poco y de que, de no mediar una rápida actuación para remediarlo, Gaza podría dejar de ser un «lugar habitable» no más tarde de 2020.
Israel permite la entrada de cemento para los proyectos de la UNRWA, pero no para las obras de los gazatíes, metidos como andan en gigantescas campañas de reconstrucción. La limitada maquinaria pesada allí presente se mantiene inactiva en su mayor parte, pues Israel no autoriza la entrada de material ni recambios para su reparación.
Todo esto forma parte del programa general que Dov Weisglass, un asesor del primer ministro Olmert, describió cuando los palestinos no siguieron las órdenes previstas en las elecciones de 2006: «De lo que se trata —dijo él— es de someter a los palestinos a dieta, pero sin matarlos de hambre».
En fecha reciente, y tras varios años de esfuerzos, la organización israelí de defensa de los derechos humanos Gisha logró por fin obtener una orden judicial que obliga al Gobierno a hacer públicos los documentos archivados donde se especifican los planes para hacer efectiva esa «dieta». Jonathan Cook, un periodista afincado en Israel, los resume así: «Las autoridades sanitarias facilitaron sus propios cálculos sobre el número mínimo de calorías que necesitarían el millón y medio de habitantes de Gaza para no caer en la desnutrición. Esas cifras se tradujeron luego en un número tasado de camiones cargados de alimentos a los que Israel supuestamente autorizaría la entrada cada día […] y, al final, un promedio de sólo sesenta y siete camiones (mucho menos de la mitad del mínimo requerido) entraron diariamente en Gaza. Compárese con los más de cuatrocientos que entraban allí a diario antes del inicio del bloqueo».
El resultado de la imposición de esa dieta, según Juan Cole, experto en Oriente Próximo y Medio, es que «en torno a un 10% de los niños palestinos de Gaza de menos de cinco años de edad tienen un crecimiento atrofiado por culpa de la desnutrición. […] Además, la anemia se ha generalizado y afecta a más de dos terceras partes de los niños pequeños, al 58,6% de los que están en edad escolar y a más de un tercio de las madres embarazadas».
Raji Sourani, el ya mencionado defensor de los derechos humanos, señala que «no hay que perder de vista que la ocupación y el cierre absoluto de las fronteras es un ataque continuo contra la dignidad humana de la población de Gaza en particular y contra la de todos los palestinos en general. Es una sistemática degradación, humillación, aislamiento y fragmentación del pueblo palestino».
Esta conclusión ha sido confirmada también por otras muchas fuentes. En The Lancet, una de las principales revistas de medicina del mundo, Rajaie Batniji, médico visitante en Stanford, describe Gaza como «una especie de laboratorio donde observar la ausencia de dignidad», una situación que acarrea repercusiones «devastadoras» para el bienestar físico, mental y social.
«La vigilancia constante desde el cielo, el castigo colectivo por el bloqueo y el aislamiento, la intrusión en los hogares y las comunicaciones, y las restricciones a quienes tratan de viajar, casarse o trabajar, dificultan mucho llevar una vida digna en Gaza», escribe Batniji. Y es que los araboushim tienen que aprender a llevar siempre la cabeza gacha.
Hubo alguna esperanza de que el nuevo Gobierno egipcio de Mohamed Morsi, menos sometido a Israel que la dictadura de Hosni Mubarak, apoyada por Occidente, pudiera abrir el paso de Rafah, que es el único acceso de Gaza al mundo exterior que no está bajo control directo de Israel. Y sí, ha habido una ligera apertura, pero no mucha.
La periodista Laila el-Haddad escribe que la reapertura permitida por el ejecutivo de Morsi «no ha significado más que un regreso del statu quo de años atrás: sólo los palestinos portadores de un carné de identidad de Gaza aprobado por Israel pueden transitar por el paso de Rafah». Eso excluye a muchísimos palestinos, incluida la familia de la propia El-Haddad, donde sólo uno de los miembros del matrimonio posee uno de esos carnés.
Además, según ella misma añade, «el paso no lleva a Cisjordania ni permite el transporte de bienes, que está restringido a los pasos fronterizos controlados por Israel y sujeto a prohibiciones como las que pesan sobre los materiales de construcción y la exportación».
Las limitaciones del paso de Rafah no alteran, pues, el hecho de que «Gaza continúa estando cercada por un férreo asedio marítimo y aéreo, y sigue estando amputada del capital cultural, económico y académico del resto de los [Territorios Ocupados por Israel] en flagrante violación de las obligaciones americano-israelíes recogidas en los Acuerdos de Oslo».
Los efectos son dolorosamente evidentes. El director del hospital de Jan Yunis, que es también jefe de cirugía, habla con rabia y pasión de cómo faltan medicinas incluso, lo que deja a los médicos incapacitados para hacer su trabajo y a los pacientes desesperados de dolor.
Una joven explica cómo fue la enfermedad de su padre ya fallecido. Él se habría sentido muy orgulloso de ver cómo su hija se convertía en la primera mujer del campamento de refugiados en obtener un grado universitario avanzado, dice ella, pero «falleció tras seis meses de lucha contra el cáncer, a la edad de sesenta años.
La ocupación israelí le negó un permiso para acudir a hospitales de Israel a recibir tratamiento. Yo tuve que suspender mis estudios, mi trabajo y mi vida para ir a sentarme junto a su cama. Todos estábamos allí sentados, también mi hermano, el médico, y mi hermana, la farmacéutica, todos impotentes y sin esperanza, contemplando su sufrimiento. Murió durante el inhumano bloqueo de Gaza, en el verano de 2006, sin apenas acceso a la sanidad.
»En mi opinión, la impotencia y la desesperanza son los sentimientos más mortíferos que pueden embargar a un ser humano. Matan el espíritu y parten el corazón. Se puede luchar contra la ocupación, pero no se puede combatir la sensación de impotencia. Es un sentir que nunca llega a desvanecerse».
Nadie que visite Gaza puede evitar una sensación de repugnancia ante la obscenidad de la ocupación, una repugnancia agravada por la culpa, porque está en nuestras manos poner fin al sufrimiento y permitir que los samidin disfruten de la vida de paz y dignidad que merecen.
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