Por:  Atilio A. Boron

La cuarentena y el caso Vicentin han exacerbado las ansias revanchistas y desestabilizadoras de la derecha que recurriendo a sus formidables oligopolios mediáticos  -inagotables usinas de desinformación y manipulación de cerebros y corazones- y a su infantería de combate partidario trata de maniatar al gobierno, provocar su parálisis y, ¿por qué no?, su dimisión. Sería una ingenuidad pensar que una ofensiva tan furiosa y tan bien concertada pueda tener otra cosa que no fuese un objetivo de máxima. Suena un tanto exagerado pero la historia argentina enseña que los grupos dominantes rara vez movilizan sus recursos y destinan tanto tiempo y energía si no es por el premio mayor. Aquí lo que está en juego no es una concejalía o una subsecretaría sino lisa y llanamente el pronto retorno a la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández ha sido blanco de un encarnizado ataque, en donde se mezclan insultos personales, descalificaciones y burlas, siguiendo meticulosamente los consejos que Eugene Sharp formulara en el manual de golpes de Estado que redactara para la CIA. [1] Partamos de la base que si alguien abre el buscador de Google con esta frase: “Alberto Fernández dictador” encontrará más de cuatro millones de resultados. Basta con recorrer las primeras páginas para comprobar la gravedad y extensión de tan maligna caracterización. Para el megaempresario Martín Varsavsky  “Alberto tiene «un pequeño dictador escondido», y lo mismo opinan el diputado nacional del radicalismo Alejandro Cacace, el abogado Carlos Maslaton, Elisa Carrió y las lumbreras que acuñaron el término “infectadura”, amén de tantos otras y otros para los cuales el dictador no está oculto sino que se exhibe con toda su prepotencia a plena luz del día. Para combatir a un dictador Sharp aconseja, aparte de muchas otras medidas, “practicar la desobediencia civil, acosar a funcionarios, burlarse de ellos, difundir sátiras que ridiculicen al gobernante, despliegue de banderas y colores simbólicos, gestos groseros, no-cooperación administrativa, etcétera.” Es decir, las medidas e iniciativas que proponen los ideólogos de la “infectadura” y están llevando a cabo los líderes de la “oposición democrática” en las últimas semanas.

Al día de hoy el presidente se encuentra objetivamente a la defensiva: el “periodismo de guerra” ejercido por órganos que son cualquier cosa menos periodísticos trabaja a destajo para desacreditarlo y deslegitimarlo ante los ojos de la población. El objetivo: erosionar por completo su autoridad y preparar la siniestra figura del “vacío de poder”, tantas veces utilizada en la historia de Latinoamérica para justificar golpes de Estado. Mientras, la pandemia prosigue su curso y la prolongada cuarentena es cada vez más difícil de sostener. Para las clases y capas populares quedarse en casa no es una opción realista o eficaz, sea por el hacinamiento de sus viviendas y barrios y por la naturaleza de sus medios de vida que las obligan a salir a diario a la calle a conseguir unos pesos. Algunos sectores de las capas medias pueden adaptarse a los rigores de la cuarentena, pero un prolongado encierro en un pequeño departamento para un grupo familiar de cuatro o cinco personas puede tener consecuencias psicológicas y médicas muy graves, aparte de las económicas. En resumen: una situación que puede, pasado tanto tiempo, desquiciar a una sociedad por más  integrada que ésta sea.

Para paliar estos efectos se requiere de un Estado potente, dotado de los recursos necesarios para enfrentar en simultáneo un triple desafío: combatir la pandemia en los hospitales, asegurar la efectividad de la cuarentena y hacer llegar a millones de hogares el dinero o los bienes (alimentación, medicamentos, etcétera) necesarios para sobrevivir bajo estas durísimas condiciones. Dinero para quienes están en la informalidad; para los precarizados,o para los que conservaron sus empleos pero se encuentran suspendidos y sólo reciben parte de su salario; dinero para sostener el consumo de lo desocupados y también para las miles de pymes que se encuentran al borde de la bancarrota si es que no cayeron en ella. Y el problema es que las arcas del Estado están exhaustas por el enorme esfuerzo ya hecho en estos meses, agravado por la caída a pique de la recaudación fiscal y por las gravosas secuelas de “la otra pandemia”, la producida por los cuatro años del desastroso gobierno de Cambiemos.

Derrotada la pandemia aún quedará en pie tener que lidiar con una crisis económica que todo indica no será de fácil o pronta resolución. En Estados Unidos se extenderá hasta finales del 2021, según lo declarara  Jerome Powell, el Chairman del Federal Reserve Board. Pensar en una inmediata recuperación del nivel de actividad económica en la Argentina es una expresión de deseos más que el resultado de un sobrio análisis de la realidad. Téngase en cuenta que en nuestro país la pandemia difícilmente será controlada antes de Septiembre, y ojalá que no más tarde. Luego, muy lentamente se podrá salir a circular por las calles para comenzar a normalizar la vida económica y las actividades escolares, culturales y recreativas.

La gente querrá trabajar pero cerca de un tercio de las pymes, las grandes dadoras de empleo en la Argentina, habrá cerrado sus puertas, muchas de ellas de forma definitiva. Poner en marcha los motores de la economía requerirá, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, una enorme inyección financiera por parte del Estado. Así lo expresó Powell para su país, y no será diferente sino aún más necesario en la Argentina. Sin esta ayuda buena parte de esas pymes habrán desaparecido para siempre. Otras sobrevivirán, pero a condición de que cuenten con una generosa ayuda del gobierno. Y el problema es que no habrá mucho incentivo para producir y contratar trabajadores porque la gente sólo tendrá dinero para adquirir lo más esencial. O sea, una crisis que de modo simultáneo incide por el lado de la oferta y de la demanda.

Por lo tanto habrá que contar con extraordinarios recursos financieros para subsidiar a la oferta, a fin de que las empresas reinicien sus actividades; e incentivar la demanda, para que la gente tenga dinero y pueda comprar lo que necesite. Esta fue la exitosa receta de John M. Keynes para combatir a la Gran Depresión de los años treintas. Lo anterior requiere un enorme crecimiento del presupuesto del sector público. ¿Qué hacer? El endeudamiento externo no es opción porque esa fuente está cegada desde finales del gobierno de Mauricio Macri. La emisión incontrolada desataría una peligrosa espiral inflacionaria que en la Argentina acabó con varios gobiernos. Las empresas públicas, pocas, no generan ganancias como para sostener este renovado nivel de gasto público. Entonces, ¿no hay dinero? Sí lo hay, porque en la Argentina como en toda Latinoamérica el problema no es la pobreza sino la riqueza, concentrada en muy pocas manos y fuente inagotable de cuantas dictaduras asolaron a la región. Por eso habrá que hacer que el Congreso apruebe, con la mayor urgencia, una reforma tributaria integral en línea como la que existe en los países europeos o en Corea del Sur donde, por ejemplo, los intereses devengados por los plazos fijos pagan un impuesto que varía según el monto de la rentabilidad entre el 14 y el 25 por ciento mientras que en la Argentina no pagan ni un centavo. Aquí, el impuesto a las Ganancias … ¡lo pagan los asalariados! Por consiguiente, hay mucha tela para cortar en materia impositiva haciendo que las grandes fortunas paguen impuestos como lo harían en otros países, cosa que le aporten al Estado los recursos necesarios para enfrentar un desafío de inéditas proporciones. Si los opositores en el Congreso obstaculizan este plan habrá que extremar los recursos para persuadirlos de que deben acompañar esta iniciativa o hacerse cargo de la catástrofe que se produciría en caso de persistir en su negativa. Obviamente,  lloverán las críticas sobre el gobierno nacional pero mucho peores podrían ser las que caerían si, a causa de la impotencia estatal, los muertos se cuenten por decenas de miles, la desocupación llegue a varios millones, las empresas estén arruinadas y la gente no tenga dinero siquiera para comer.

La excepcional gravedad de esta situación obligará al gobierno a hacer lo que este país debió haber hecho hace muchos años. El gravamen extraordinario a la riqueza que al día de hoy, 23 de Junio de 2020,  no tiene “estado parlamentario” deberá ser tratado por la Cámara de Diputados sin más dilaciones. Pero ese “aporte” apenas si servirá para aliviar la situación por un par de meses, siempre y cuando se lo apruebe en las próximas semanas. Porque la ayuda que llega a destiempo no es ayuda. Por cierto esto acrecentará la gritería de los poderes fácticos que no ahorrarán denuncias y urdirán todo tipo de operaciones para desgastar a la “dictadura” de Alberto Fernández. Habrá que hacer oídos sordos al alboroto porque cualquier esfuerzo que se haga por aquietar los fervores del “sicariato mediático” y las tropas de asalto de la derecha sólo servirá para que ambos redoblen su ofensiva. La política del apaciguamiento tiene poquísimas chances de éxito en política. La ensayaron los gobiernos del Reino Unido y Francia en los Acuerdos de Munich de 1938 para atemperar el belicismo de Hitler y sólo sirvieron para enfervorizar aún más su afán de conquista. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Y regresando nuestro país recordemos lo que le ocurrió al gobierno de Raúl Alfonsín, salvajemente atacado también por los mercados y las grandes corporaciones. Tras la renuncia de Juan V. Sourrouille el nuevo Ministro de Economía Juan C. Pugliese trató de calmar los ánimos de las fieras del mercado hablándoles desde el corazón y aquellos le respondieron con la gélida frialdad del bolsillo. Pocos meses después Alfonsín tuvo que terminar anticipadamente su mandato y entregar la banda presidencial a Carlos S. Menem.

En una hora tan especial como ésta vale la pena recordar estos antecedentes históricos que demuestran la futilidad de la política del apaciguamiento con quienes libran una guerra contra la “dictadura” albertista. Pero también hay que buscar inspiración en los escritos de uno de los más lúcidos analistas de la política de todos los tiempos. Hablo de Nicolás Maquiavelo, por supuesto. En uno de los pasajes más luminosos de El Príncipe decía que el gobernante “dispone, para defenderse, de dos recursos: la ley y la fuerza. El primero es propio de hombres, y el segundo corresponde esencialmente a los animales. Pero como a menudo no basta el primero es preciso recurrir al segundo. Le es, por ende, indispensable a un príncipe saber hacer buen uso de uno y de otro, ya simultánea o bien sucesivamente.” En la Argentina el poder Ejecutivo no puede crear impuestos porque tal iniciativa es prerrogativa de la Cámara de Diputados. Y como ya dijimos,  ésta no se ha visto particularmente motivada a tomar cartas en el asunto. La parsimonia de una buena parte de sus miembros exhala un inocultable tufillo destituyente. Ante el bloqueo con que tropieza el funcionamiento basado en la ley el gobierno, necesitado de recursos para enfrentar la pandemia y la crisis económica, tendrá que apelar a su único otro recurso: la fuerza. Esto pese a que Alberto Fernández ha dado pruebas de ser el presidente más propenso al diálogo desde la restauración democrática, pero lo cierto es que para que el Estado pueda contar con los recursos que requiere para librar aquellas dos grandes batallas necesita el consentimiento de una oposición que ha dado sobradas muestras de preferir el enfrentamiento y la diatriba a un acuerdo de gobernabilidad.

Como anotaba Maquiavelo, el hecho de que un gobernante no pueda, o no lo dejen, gobernar con las leyes no lo exime de su  responsabilidad de garantizar el bienestar público apelando a la fuerza cuando sea indispensable, algo a lo cual el presidente es refractario. Pero por imperio de las circunstancias, “la fortuna”, como decía el florentino, no tiene otras opciones. Esa fuerza propia de los animales encuentra en Maquiavelo una ulterior diferenciación cuando distingue entre zorros y leones. Muchos príncipes, decía, creen que la fuerza del león les posibilitará cortar de un tajo el nudo gordiano que los paraliza. Pero  se equivocan si creen que basta con la fortaleza del león para remover los obstáculos que lo atribulan porque resulta que aquél tiene la fuerza pero carece de la astucia del zorro para eludir las trampas que les tienden sus inescrupulosos enemigos. Tampoco es útil adoptar indefinidamente la táctica favorita del zorro, sagaz para rehuir el enfrentamiento con sus enemigos y sortear todas las celadas, pero llegado el momento de la verdad necesita también él contar con una dosis de fuerza que no tiene. Por consiguiente, el buen gobernante debe saber “ser zorro, para conocer las trampas, y león, para espantar a los lobos.” Arturo Frondizi hizo de las artes del zorro su único recurso de gobierno, y fue derrocado por un golpe militar; Juan Carlos Onganía apeló exclusivamente a la fuerza y fue volteado por una enorme insurrección popular. Otro tanto le ocurrió a Leopoldo F. Galtieri. El buen gobernante, en la imagen de la filosofía política clásica, debe ser como el centauro: mitad caballo y mitad hombre. Tener la fuerza del primero pero guiada por la racionalidad del segundo; es decir, la fuerza del león y la astucia del zorro.

¿Cómo se traduce éste consejo en la Argentina de hoy? Creo que del siguiente modo: el gobierno tendrá que hacer valer los poderes concentrados en el Ejecutivo nacional de una república (federal apenas en el nombre) y lograr que los gobernadores de las provincias convenzan a sus diputados de aprobar con la mayor urgencia el proyecto del “aporte” aplicado a las 12.000 fortunas más grandes de la Argentina. No sólo eso: también de que deberán abocarse, sin más dilaciones, para consensuar una reforma tributaria que resuelva permanentemente y no sólo “por única vez” el tema ya señalado por Juan B. Alberdi hace casi dos siglos: la construcción de sólidas bases financieras para un Estado nacional agobiado con responsabilidades crecientes y que, en un futuro inmediato, serán cada vez más gravosas. Para esto el presidente deberá utilizar una cambiante  amalgama de persuasión y coerción, tal como lo han hecho todos los gobiernos del mundo en situaciones parecidas. Recordar que Abraham Lincoln logró los votos que necesitaba para alcanzar los dos tercios necesarios en el Congreso para abolir la esclavitud no precisamente respetando los buenos modales, la “corrección política” o la ética kantiana. Apeló a la fuerza pero combinada con la astucia y el conocimiento que tenía de su gente para lograr el objetivo supremo de su gestión como presidente.

Tiempos excepcionales como los que estamos viviendo requieren políticas que se apartan de las normas convencionales. Esta es la visión de un analista político que desea que el gobierno lleve a buen puerto la nave de la Argentina en medio de una “tormenta perfecta” producto de la combinación de pandemia y crisis económica y que es consciente que desde la presidencia la visión de estos asuntos y el diagnóstico de los desafíos podrían ser diferentes. Pero quien esto escribe sabe también que tiene la responsabilidad ética y política de dar a conocer estas opiniones. Callarlas sería un acto de cobardía o de imperdonable deslealtad. Es preferible dar la voz de alerta antes de una posible tragedia y no tener después que lamentarse por su silencio cuando tendría que haber hablado. No caben dudas de que el gobierno está librando una guerra en dos frentes: contra el Covid-19 y contra una oposición destituyente cuya finalidad es poner fin al gobierno del Frente de Todos para acabar con el “populismo” de una vez para siempre. En esto no puede caber engaño alguno y dado que la profunda vocación dialoguista del presidente tropieza con un muro infranqueable llega entonces el turno del león. Y si éste no aparece a tiempo la Argentina se enfrentaría a un escenario peor que el que padeciera en el 2001-2002.  Un león que pueda poner en fuga a la conspiración destituyente tendrá que apoyarse en “la calle”, como los señalara Maquiavelo en varios de sus escritos. La movilización, organización y concientización del campo popular será lo único que terminará empoderando al gobierno para librar un combate decisivo contra el Covid-19 y la reacción de una derecha retrógrada y corrupta que ha hecho de la defensa de una banda de estafadores como el directorio de Vicentin su única propuesta de salida a la crisis. No tiene más nada que ofrecer. Y sería fatal para este país que esa gente regresara a la Casa Rosada.

El pueblo es por ahora un coro silencioso, desmovilizado por la cuarentena. Pero llegado el momento puede irrumpir como en sus más gloriosas jornadas y romper el cerco creado en torno al gobierno e impulsarlo a avanzar por aquellas grandes alamedas que evocara Salvador Allende para impulsar las reformas que exigen los retos actuales. Sin esta potencia plebeya que se manifiesta en las calles el gobierno podría sucumbir ante el peso descomunal del poder. Porque, a no confundirse: una cosa es el gobierno y otra muy distinta el poder. Y éste sigue estando en manos de los capitalistas con sus enormes riquezas, sus gigantescas empresas, la protección incondicional de “la embajada”, sus grandes medios de “confusión y manipulación de masas” y una justicia que fue complaciente con la infamia mayúscula de una “mesa judicial” instalada en la Casa Rosada y las operaciones de espionaje a opositores organizada por el muy “democrático y republicano” gobierno de Mauricio Macri. Será una lucha decisiva: el gobierno popular, que tiene los votos y gran parte de la opinión pública, pero que para gobernar necesita tener la calle, contra el poder del establishment, que tiene todo lo demás. No pasará mucho tiempo antes de que conozcamos el veredicto de este enfrentamiento, crucial para el futuro de la Argentina.

[1] De la Dictadura a la Democracia  (Boston: 1993), pp. 83 y ss.

Fuente e imagen: https://atilioboron.com.ar/la-batalla-decisiva-el-gobierno-contra-el-poder/