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La guerra imperialista contra la educación

Mauro Jarquin Deja un comentario

Por:   Mauro Jarquín Ramírez 

El reciente bombardeo a la escuela Shajareh Tayyebeh en la localidad de Minab, Irán, que provocó la muerte de alrededor de 170 personas, y el posterior ataque contra la Lebanese University, en Beirut, Líbano, no son necesariamente errores de inteligencia sobre la localización de los objetivos militares a abatir, o efectos colaterales de la guerra en Medio Oriente.

Estos ataques, que ya múltiples medios de comunicación han atribuido a Estados Unidos e Israel, son componentes de una guerra de largo aliento que el imperialismo estadunidense, en asociación con aliados en turno, ha impulsado desde finales del siglo XIX como parte de una estrategia de control en el continente americano y, posteriormente, a escala global: una guerra contra la educación, agudizada en años recientes a la luz de la actual disputa geopolítica con China.

Esta guerra ha consistido en disuadir, controlar o, en su defecto, anular, las expresiones educativas críticas al predominio y control estadunidense sobre amplias regiones del planeta, particularmente en el Sur Global, teniendo como fin influir en los procesos de reproducción social mediante la generación de un conjunto de actitudes favorables a la hegemonía estadunidense, junto con el desarrollo de aptitudes potencialmente rentables a empresas multinacionales y sus cadenas globales de valor. Además, se busca impedir que en los espacios educativos se desarrollen las semillas de la crítica al capitalismo, la reivindicación de las necesidades y derechos sociales, y, en última instancia, la exigencia y lucha por la soberanía de los pueblos.

En 1899, Puck Magazine publicó una caricatura donde aparece el Tío Sam impartiendo una clase a cuatro niños, etiquetados como Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba, ilustrando así tempranamente el vínculo lógico entre educación e imperialismo de nuestro tiempo. Una situación que se ha acentuado con el tiempo, mientras los gobiernos demócratas y republicanos han concentrado un gran esfuerzo en profundizar el proyecto hegemónico estadunidense a escala global.

A lo largo del pasado siglo y medio, es posible identificar cuatro ámbitos de intervención del imperialismo estadunidense en la educación internacional:

a) Control sobre sistemas educativos del mundo; b) ejercicio de poder blando en educación; c) agudización de la guerra interna en la educación estadunidense y d) violencia física abierta contra los sistemas educativos de naciones rivales o enemigas.

a) Para Estados Unidos, el control de la educación de otros países por medio de regulaciones, currículum o formación-control docente, ha tenido un papel complementario a la victoria militar. No podemos olvidar la denominada “desnazificación educativa” en Alemania o la “modernización” en Japón, como producto de las reformas impulsadas por el imperialismo estadunidense posteriormente a la Segunda Guerra Mundial (Ronald Goodenow). Las escuelas y sus contenidos curriculares han sido también elemento clave para promover la dominación colonial y neocolonial; un fenómeno que ha acontecido en territorios como Puerto Rico y Filipinas, e incluso India. Un planteamiento similar persiste en cuadros políticos israelíes, en los cuales la pretensión de reconstruir y tomar el control del sistema educativo en Gaza y en general en Palestina, sigue vigente.

b) Otra modalidad de intervención imperial en educación, mucho más suave, se ha desarrollado de la mano de organizaciones que han impulsado determinadas campañas educativas en los territorios subordinados (como el Instituto Lingüístico de Verano y su larga historia de activismo imperial en América Latina). No obstante, el mayor alcance ha llegado de la mano de la intervención de agencias de desarrollo internacional como la ahora desfinanciada Usaid, que mediante alianzas locales ha impulsado campañas de fomento educativo para el “desarrollo”. Esta estrategia ha sido aderezada, además, por la oferta de oportunidades educativas y de desarrollo profesional por medio de becas e intercambios académicos hacia Estados Unidos, con los cuales han logrado construir consensos políticos con sectores sociales estratégicos de la periferia mundial sobre su condición hegemónica.

c) En Estados Unidos, como en otros países donde operan las ramificaciones de CPAC, es posible ver una agudización de la guerra interna en educación en contra de cualquier contenido de justicia social o soberanía. El sentido de esta guerra queda fielmente representada con la regulación aprobada recientemente en New Hampshire, titulada: Ley contra el odio y el adoctrinamiento revolucionario de izquierda en la educación, que busca combatir contenidos vinculados al denominado “marxismo cultural”. Esta ley se suma a las disposiciones legales impulsadas en estados como Florida, contra contenidos progresistas.

d) El rostro más crudo de la guerra contra la educación son los ataques directos a los centros educativos de países y territorios como parte de campañas bélicas. El caso palestino es terriblemente paradigmático, a partir del educidio y la destrucción generalizada de centros educativos, como parte del genocidio en Gaza, provocado por Israel (https://acortar.link/wmLXs7)quien goza de respaldo estadunidense.

En abril de 1966, Theodor Adorno dio una conferencia titulada: “La educación después de Auschwitz”. En ella, planteaba sin ambages: La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Seis décadas después, en tiempos de genocidio, guerra y un nuevo ciclo imperial, dicha exigencia no se ha cumplido.

En gran medida, resultado de la permanente campaña de control sobre ella por parte de sectores reaccionarios e imperialistas. Para que la educación pueda alcanzar y mantener un papel progresista, se requiere no únicamente apoyarla con mayores recursos, sino también protegerla políticamente. Es necesario reconstruir un proyecto educativo antimperialista. En total solidaridad con las maestras y maestros de la CNTE.

Fuente: La Jornada

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Adelanto de elecciones y afirmación de los pasos autoritarios en Ecuador

Edgar Isch L. Deja un comentario

Por: Edgar Isch L.

El viernes 27 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció sorpresivamente un cambio en el calendario electoral, adelantando las próximas elecciones locales para el 29 de noviembre de este año, cuando debían realizarse el 14 de febrero de 2027. Corresponde elegir alcaldes, prefectos provinciales, concejales de los municipios, consejeros provinciales, las juntas parroquiales y los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que demuestra la importancia del proceso

La decisión ha sido justificada en unas posibles afectaciones por el Fenómeno del Niño, que organismos científicos no prevén con tantos meses de antelación y que es una situación cíclica que no por primera vez coincidiría con periodos electorales. Más aún, se dice que el informe es “reservado” pero en sus previsiones señalarían que se afectarían solo al 5% de los recintos electorales, sin impedir el desarrollo general del proceso. Además, la decisión se tomó por cuatro votos contra el de consejera Elena Nájera, quien cuestionó el informe que sirvió de base y señaló que una decisión de este tipo no se tomó ni siquiera en los momentos de la pandemia del Covid. Coincidencia o no, a las pocas horas del mismo día renunció el director del Instituto Nacional de Meteorología, aunque no ha hecho referencia al calendario electoral.

La decisión adolece de graves errores:

  1. Se muestra inconstitucional por cuanto según los artículos 148 y 130 de la Constitución hablan de posibilidades de adelanto por graves crisis políticas, incluyendo la “muerte cruzada” y destitución del presidente.
  2. En concordancia, el artículo 87 del Código de la Democracia, establece que el adelanto de comicios solo procede bajo figuras excepcionales de crisis política.
  3. La Norma 408-24 de la Contraloría General del Estado, determina que los informes meteorológicos no son respaldo suficiente para modificar plazos legales.

Estas referencias por si mismas demuestran que se está quebrando la seguridad jurídica electoral. Aun si la situación fuera realmente grave a nivel nacional, surge una pregunta indispensable: ¿Por qué adelantan y no prefieren aplazar las elecciones? En realidad, este es un interés del gobierno. Gobierno que, en todo caso, debería cumplir con la obligación de defender a la población y proteger a las personas y la naturaleza de los efectos de cualquier amenaza previsible, pero no demuestra tomar acciones ante situaciones como las fuertes lluvias, inundaciones incluidas, vividas en estos meses.

En este y otros casos, la mayoría del Consejo Electoral demuestra que el organismo está controlado por los intereses del gobierno de Noboa, dejando de lado la independencia a la que está obligado el organismo y sus consejeros. Las organizaciones políticas contrarias al gobierno desde posiciones de izquierda e incluso de la derecha oligárquica tradicional, ven muy reducidos los plazos para organizarse y nombrar candidatos, un proceso más controlado desde el poder central, sin dejar de lado que pudieron haber conocido con tiempo que esto iba a pasar. Aún peor, la campaña electoral abierta y en medios de comunicación se reduce a 15 días, prácticamente la mitad del plazo normal, lo que dificulta que el pueblo conozca propuestas y candidaturas de quienes no tiene los millones que poseen el presidente y sus aliados para manejar la publicidad.

El gobierno tiene aquí otro interés visible. Tomando en cuenta que su imagen va cayendo o, lo que es lo mismo, crece el rechazo popular al grado de colocarlo como uno de los gobernantes del continente con peores índices de aceptación, elude así que este proceso continúe y se agrave por la falta de solución de problemas sociales, como lo ofreció. No hay una real reducción del crimen organizado ni de los altos índices de muertes violentas, mientras tienen ya oficina del FBI en el país y la intervención militar estadounidense. Por el contrario, pocos días atrás el New York Times reveló que esa conjunción de fuerzas preparó el bombardeo de una granja lechera de una familia campesina, lo que fue propagandizado como ataque al narco tráfico.

Es posible que piensen que el adelanto le evitará también su reducción electoral porque posiblemente volverán los cortes de luz generalizados en el país, hoy más difíciles de enfrentar porque Noboa dañó las relaciones comerciales con Colombia y hoy no se le podrá comprar energía eléctrica para suplir el déficit ecuatoriano. Hay además indicadores de la reducción de la capacidad de gasto de las familias, lo cual golpea distintos estratos sociales, no solo a los más pobres.

Pero hay otras acciones legales que con este cambio queda bajo la perspectiva de cualquier análisis electoral. Por un lado, la Revolución Ciudadana por decisión de un juez del Tribunal Nacional Electoral está suspendida por nueve meses, lo que le impide participar como tal y solo puede hacer alianzas a partir de que sus candidatos inmediatamente se desafilien a esa organización. Y, por otro, los partidos nacionales Construye y Unidad Popular están sometidas a un proceso de eliminación de su registro legal. En el caso del partido de izquierda Unidad Popular, uno de los más importantes opositores a las políticas de la extrema derecha hoy en el gobierno, se pretende que no cuentan los nombres de los afiliados al Movimiento Popular Democrático, organización con la que se fusionó, y que, además, inexplicablemente habría pasado de tener 206.771 afiliados a 31.015, sin que se presenten las evidencias de miles de desafiliaciones, por inexistentes. En solo diez días estos partidos deben presentar su descargo, sin que sea una condición válida.

Estas acciones del Consejo Nacional Electoral y jueces electorales van en dirección de contar solo con candidatos del gobierno o de organizaciones que, por su debilidad organizativa, no puedan estar en condiciones de competir electoralmente. El sueño de un partido único está presente en todo ello.

No se puede olvidar que en este momento el mismo Consejo y el Tribunal Electoral podrían asfixiar económicamente a organizaciones como la UNE, la CONAIE, Yasunidos y la UGTE, mediante multas y procedimientos cuestionables. Todas ellas, organizaciones democráticas de organización de importantes sectores populares, que por ello han confrontado con el gobierno de Noboa.

Como se ve, la democracia en Ecuador enfrenta cada vez peligros más fuertes. Se ratifica que la extrema derecha utiliza los mecanismos democráticos para tomar el poder, pero que luego la democracia se presenta como un estorbo para sus afanes autoritarios y de dominio integral sobre las mayorías de la sociedad. Noboa sigue ese camino, al igual que otros gobernantes del continente.

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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A 30 años de la primera soja transgénica: un experimento masivo a cielo abierto

Darío Aranda Deja un comentario

Por: Darío Aranda 

Provocó un punto de inflexión en el modelo productivo de Argentina y fue cabeza de playa para los transgénicos en el Cono Sur.

En un trámite exprés, alineado con Estados Unidos y Monsanto, el gobierno de Carlos Menem aprobó la semilla de soja transgénica que en poco tiempo sería monocultivo y, casi, monocultura. Miles de familias desalojadas de sus territorios, millones de hectáreas arrasadas, epidemias de enfermedades vía agrotóxicos y, también, la persistencia de sembrar otro modelo. Tres décadas de modelo transgénico.

Miles de millones de dólares. Es el aspecto que destacan los impulsores del modelo de agronegocio, con la soja transgénica como estandarte. Del otro lado de la balanza: epidemias de enfermedades en territorios fumigados con agrotóxicos, concentración de tierras en pocas manos, desaparición de 83.000 de pequeñas y medianas chacras, destierro de miles de familias rurales, ocho millones de hectáreas de bosque nativo arrasados, contaminación de agua, aire y tierra. Y, a pesar de todo, la decisión colectiva de organizarse, exigir justicia, sembrar vida y, en definitiva, construir territorios de dignidad.

Política de Estado

Fue el 25 de marzo de 1996 . En la calle Paseo Colón 982, en la Secretaría de Agricultura, el entonces secretario Felipe Solá firmó la autorización para la comercialización y siembra de la semilla de soja modificada genéticamente de Monsanto. Fue a libro cerrado, con «estudios» de la propia empresa estadounidense y en un trámite exprés: 81 días para una luz verde que iba a impactar en millones de hectáreas y vidas. Fue el primer transgénico aprobado en el Cono Sur (luego entraría ilegalmente a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia).

Todos los gobiernos, desde Carlos Menem hasta la actualidad, fueron impulsores de ese mismo modelo (agronegocio), que tiene como estandarte a la soja y el uso de agrotóxicos. El más conocido de los venenos, pero no el único, el glifosato.

Las hectáreas con soja pasaron de seis millones en 1996 a las actuales 18 millones, con un pico de 21 millones de hectáreas en el 2015. El uso de agrotóxicos se disparó de forma geométrica: 500 millones de litros, un promedio de 12 litros por persona al año. Las exportaciones se multiplicaron, las camionetas 4X4 se reprodujeron por la Pampa Húmeda, los dólares para «sostener» la economía dependiente llegaban, la inversión en «ladrillos» de chacareros crecía, la monocultura transgénica se instalaba.

Los mayores ganadores:

– Las grandes empresas de semillas y agrotóxicos. Bayer/Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow/DuPont)y BASF.

– Las corporaciones agroexportadoras: Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfus, Viterra y AGD.

– Sus aliados locales: las autodenominadas «entidades del agro» (Aapresid, Sociedad Rural, CRA, Coninagro, Federación Agraria), grandes medios de comunicación y periodistas adictos, ciencia hegemónica y extractiva, gobierno de turno (municipales, provinciales, nacionales).

Un punto de quiebre fue 2008, con la ya histórica Resolución 125. Como nunca antes, «el campo» se volvió tema de agenda nacional y discusión pública. De repente, habitantes de ciudades que solo tenían tierra en macetas salieron en defensa de empresarios millonarios con miles de hectáreas en las zonas más caras del país.

El agronegocio salió triunfador de una disputa donde el eje de la discusión fue quién se quedaba con una porción más de la torta, quién capturaba más «renta». Ninguno de los sectores en disputa puso en discusión lo central: el modelo agropecuario.

Un modelo con amplias consecuencias

Entre 2002 y 2018 se perdieron 83.000 chacras. Es una forma de decir de cómo los más grandes se comieron (o mataron) a los más pequeños. Cambió la estructura agraria del país. El desierto verde y el vaciamiento del campo avanzaron tan rápido como la especulación de los pooles de siembra y los productores que solo priorizaban los dólares de Europa y Asia. Argentina cosechó cada vez menos alimentos para el mercado local, y produjo cada vez más commodities para los chanchos y aves de Asia y Europa.

El capitalismo agrario mostró su rostro, y su hacer, sin pieda

–  Miles de familias campesinas e indígenas desalojadas de sus territorios de vida.

– Ocho millones de hectáreas de monte nativo arrasadas ubicaron a Argentina entre los primeros cinco países en destrucción de bosques.

– Judicialización, represión y asesinatos en el campo. Entre los casos más extremos (no los únicos): los crímenes de Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván.

– Contaminación. Se confirmó la contaminación con agrotóxicos se suelos, aire, agua y cuerpos, incluso de personas que viven en ciudades. Se hicieron común situaciones distópicas como la presencia de más agroquímicos en el río Paraná que en un campo sojero, o agua de lluvia con glifosato —por tanto venenos en la atmósfera—.

– Más de 1.000 estudios científicos confirman las consecuencias del glifosato (es sólo uno de las decenas de agroquímicos utilizados).

– La epidemia de enfermedades vinculadas a los agroquímicos se multiplican en las zonas con uso masivo de venenos. Una de las pruebas más contundentes es el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario (UNR). Durante siete años visitó ocho localidades de Santa Fe y confirmó un combo de enfermedades vinculadas a los agrotóxicos: cáncer, abortos espontáneos, enfermedades renales, malformaciones, problemas endócrinos e hipotiroidismo. La investigación, publicada en la revista científica internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), da cuenta del riesgo: los jóvenes que viven en pueblos fumigados tienen 250 por ciento más posibilidades de padecer cáncer de aquellos que no viven en pueblos del agronegocio.

Engranajes del modelo

El aparato propagandístico creció a la par de las hectáreas fumigadas. Los diarios La Nación y Clarín fueron pioneros, pero no los únicos: radios, sitios web, «periodistas especializados», programas de televisión. Todo un aparato mediático al servicio del agro transgénico, financiado por… las empresas transgénicas.

Sector hegemónicos de «la ciencia» estuvieron al servicio del modelo. Desde el Ministerio de Ciencia hasta el Conicet y universidades nacionales. Casos obscenos:

– El ministro Lino Barañao afirmó que el glifosato era como «agua con sal».

– La «reconocida» científica Raquel Chan —financiada por Conicet, Universidad del Litoral y la empresa Bioceres— corresponsable de que las familias argentinas sean las primeras en el mundo en comer trigo transgénico, cultivado con el peligroso herbicida glufosinato de amonio.

– La Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) financiada abiertamente por multinacionales del agro.

– La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio «científico-técnico» que aprueba los transgénicos funcionó escondida durante dos décadas. Sus integrantes e informes eran confidenciales. Hasta que salió a la luz los nombres de la corrupción científica: en Argentina, las propias empresas que venden los transgénicos son las mismas que los aprueban, ya sea con sus empleados directos o con científicos y funcionarios adictos. Ya llevan aprobados más de 90 semillas transgénicas (soja, maíz, papa, algodón, alfalfa, trigo), siempre en base a estudios de las propias multinacionales que las comercializan.

Luchar y sembrar vida

«Disculpen las molestias, estamos bloqueando un genocidio», explica la bandera colgada en el predio donde Monsanto, la mayor multinacional del agro, construye su planta de maíz transgénico. Año 2012. Localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba.

Y se inicia una lucha que transcurriría durante cuatro años e incluiría represiones, judicialización, peleas de familias y de vecinos, más represiones, manejos clientelares del municipio y la gobernación. Se padeció mucho. El objetivo de los vecinos y vecinas: que la corporación no se instale: «No a Monsanto en Córdoba y América Latina», fue una bandera de la lucha.

Llegaban investigadores y periodistas de diversas partes del mundo para ver cómo era el pequeño pueblo que estaba dando esa batalla, encarnada en el protagonismo de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.

Luego de cuatro años, bloqueo de la fábrica mediante y paralización de la construcción, Monsanto se fue de Malvinas Argentinas. Corrección: Monsanto fue echada de Malvinas Argentinas.

Es, sin dudas, una de las mayores victorias contra el agronegocio. Pero no la única:

– Movimientos campesinos, indígenas y organizaciones que resisten al agronegocio y siembran otro modelo.

– Organizaciones y asambleas que denuncian a los fumigadores, los llevan a juicio, logran condenas y construyen agroecología.

– Las miles de hectáreas de producción sin venenos, la recuperación de tierras militares donde hoy se construye comunidad, las escuelas campesinas, la expropiación de tierras a multinacionales y las colonias agroecológicas.

– Las más de 60 Cátedras de Soberanía Alimentaria en universidades públicas y la ciencia digna para el bienestar del pueblo.

De marzo de 1996 a marzo de 2026. Tres décadas de un modelo transgénico con innegables y amplias consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Pero también tres décadas de rebeldías colectivas que sembraron, y siembran, vida y dignidad.

*»Un experimento a cielo abierto». Definición de Andrés Carrasco para referirse al agronegocio y el modelo a base de agrotóxicos.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/a-30-anos-de-la-primera-soja-transgenica-un-experimento-masivo-a-cielo-abierto/

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A 50 años del Golpe, de la “subversión” al “terrorismo”: ¿Qué guerra se libra hoy en Argentina?

Emilia Trabucco Deja un comentario

Por Emilia Trabucco

A cincuenta años del 24 de marzo de 1976, la historia argentina vuelve a plantear una pregunta estratégica: cómo se reorganiza, en una nueva fase, un programa de aniquilamiento contra las fuerzas sociales y políticas que disputan soberanía, derechos y poder popular. El último golpe cívico-militar fue la forma concreta que asumió, en la Argentina y en toda la región, una contraofensiva del gran capital articulada con la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Plan Cóndor condensó esa arquitectura: coordinación represiva, inteligencia, secuestros, torturas, asesinatos, persecución transfronteriza y reestructuración económica al servicio del capital financiero internacional. En la lectura recuperada a partir de los aportes del CICSO, la “tesis de la subversión” otorgó legalidad institucional a una guerra de exterminio preventiva, dirigida contra un pueblo trabajador que había alcanzado altos niveles de organización y lucha.

En esa misma línea, las lecturas sobre la etapa permiten precisar que la ofensiva de 1976 constituye la respuesta de la oligarquía financiera a las luchas de masas abiertas a partir de 1969, en un proceso de reacomodamiento estructural del capital que reorganiza sus formas políticas en torno a la construcción de un partido del orden, capaz de garantizar la estabilización de su dominación a escala nacional y regional (Feito, 2026).

Ese núcleo no quedó sepultado en 1983. Se reactualiza hoy bajo otras formas, con otras mediaciones y un nuevo lenguaje. El régimen de Javier Milei viene desplegando una estrategia sostenida de reconfiguración doctrinaria, jurídica y represiva del Estado argentino, subordinada a un plan regional e internacional, hoy conducida por la aristocracia financiera y tecnológica, personificación emergente de la nueva fase del capital en curso (Aguilera, 2023).

La figura del enemigo interno ya no se nombra prioritariamente como “subversivo”; se la nombra como “terrorista”, “narcoterrorista”, “infiltrado”, “violento”, “amenaza híbrida”. El desplazamiento semántico no modifica la función: aislar, perseguir, judicializar y aniquilar proyectos, organizaciones y referencias del campo popular, mientras se descargan sobre las mayorías las consecuencias de un programa de saqueo, endeudamiento y disciplinamiento social. Esa doctrina de las “nuevas amenazas” borra los límites entre defensa nacional y seguridad interior y reorganiza la intervención estatal sobre la propia población.

La guerra desplegada por el régimen sionista de Israel ocupa un lugar central en este proceso. El genocidio en curso contra el pueblo palestino, los ataques a Irán, el bloqueo sobre Cuba y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero de 2026 configuran un escenario de guerra total que ordena las alianzas internacionales y redefine las doctrinas de seguridad. En ese marco, la categoría de “terrorismo” funciona como organizador político global y como criterio de intervención sobre pueblos y gobiernos.

La Argentina se integra activamente a ese esquema. El Memorándum firmado por Milei con Netanyahu el 12 de junio de 2025, en materia de inteligencia, ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, articula la política interna con la estrategia del régimen sionista y de Estados Unidos. La definición pública de Milei como “el presidente más sionista del mundo”, junto con la caracterización de Irán como enemigo, -acusando públicamente a su gobierno, sin pruebas, de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en los 90-, expresa un alineamiento doctrinario que ordena decisiones concretas en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

El punto de inflexión interno fue el DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado el 2 de enero de 2026. Con el Congreso en receso, el Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia Nacional, redefinió la estructura del sistema, amplió las funciones de la contrainteligencia sobre “espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”, reforzó la ciberinteligencia y profundizó la articulación entre agencias civiles y militares. La vigilancia se expande sobre la vida política y social en el mismo momento en que, tres días después, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses secuestraron en Caracas a Nicolás Maduro y Cilia Flores para trasladarlos a Nueva York. La simultaneidad expresa una misma secuencia de guerra, inteligencia y disciplinamiento a escala regional.

En ese mismo movimiento se inscribe la reconfiguración del aparato de inteligencia, con la restitución de una estructura de la SIDE que retoma lógicas, cuadros y métodos de los períodos más oscuros de la historia argentina. La ampliación de fondos reservados y discrecionales, sin control democrático efectivo, habilita el despliegue de tareas de espionaje interno, infiltración y persecución sobre organizaciones sociales, sindicales y políticas. La inteligencia deja de operar como sistema de análisis para consolidarse como dispositivo activo de intervención sobre el conflicto social, en articulación directa con fuerzas de seguridad, milicias digitales y operadores judiciales. Esta reconfiguración se integra a un esquema de cooperación subordinada con agencias como la CIA y el Mossad, que orientan doctrinaria y operativamente la definición de amenazas, los objetivos de vigilancia y los blancos a neutralizar.

La continuidad del plan de gobierno en Argentina puede leerse con nitidez en los hechos de 2025. La visita del jefe del Comando Sur el 7 de mayo; la llegada de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 28 de julio; la SOUTHDEC de agosto; la Resolución Conjunta 68/2025 que institucionalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; el Operativo Roca, el Plan Güemes y el Plan Guacurarí; la reforma por decreto de la Policía Federal y de las fuerzas federales; el protocolo de agentes encubiertos digitales del 16 de julio. Se configura una arquitectura de militarización, vigilancia y control territorial bajo categorías como terrorismo, crimen transnacional y ciberseguridad, directamente vinculadas a la agenda de Estados Unidos en la región.

Ese aparato doctrinario se traduce directamente en la construcción del enemigo interno. El sindicalismo que enfrenta la reforma laboral, el movimiento transfeminista, las organizaciones sociales, el kirchnerismo, la izquierda, el comunismo, el socialismo, las comunidades indígenas, las y los estudiantes organizados y los periodistas críticos son incorporados a un mismo campo de sospecha. La etiqueta “terrorista” funciona como mecanismo de homogeneización y habilita la intervención estatal.

En la calle, esa doctrina se volvió método. La represión a la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025 dejó centenares de heridos -entre ellos al fotoperiodista Pablo Grillo, al borde de la muerte- y detenciones arbitrarias. En febrero de 2026, la protesta contra la reforma laboral fue reprimida y judicializada con denuncias por terrorismo y atentado al orden constitucional. La persecución se extiende: docentes citados por contenidos, estudiantes fotografiados, militantes investigados por redes sociales, periodistas hostigados en espacios públicos, personas perseguidas por expresiones en redes. La inteligencia, las fuerzas de seguridad y las milicias digitales operan de manera articulada.

La causa palestina condensa esta operación. Denunciar el genocidio es traducido como antisemitismo o terrorismo. La DAIA interviene en la producción de listas negras de periodistas, docentes y militantes, utilizadas para hostigamiento y disciplinamiento con aval estatal. La solidaridad internacionalista queda incorporada al campo de las amenazas.

En este escenario, adquiere centralidad la conducta de las fuerzas llamadas progresistas en la región. Amplios sectores transitan una estrategia de adaptación que busca evitar la estigmatización como “comunistas” o “terroristas”. Se despliega una política de moderación que combina silencios frente al bloqueo a Cuba, ambigüedad ante el secuestro de Maduro y Cilia, pronunciamientos formales frente al genocidio en Palestina y los ataques a Irán. Esa performance de solidaridad vacía delimita un campo de acción restringido, en el que la “ancha avenida del medio” aparece como refugio político.

Ese posicionamiento configura una encerrona. Al aceptar las reglas impuestas por el gran capital y la estrategia imperial, se debilitan las condiciones para disputar el orden. La expectativa de no ser alcanzados por el disciplinamiento una vez neutralizados los “malos ejemplos” desconoce la lógica de la dominación en la región. La ofensiva avanza sobre todo el campo popular.

A cincuenta años del golpe, la continuidad del programa se expresa en la articulación entre guerra global, inteligencia, militarización y construcción del enemigo interno. El terrorismo ocupa hoy el lugar que ocupó la subversión en 1976: organizar la intervención estatal, legitimar la persecución y disciplinar a la sociedad. La consolidación de un partido del orden en la región aparece como el intento más avanzado de las fracciones dominantes para estabilizar un nuevo momento de subordinación. Allí se define, nuevamente, la disputa estratégica.

A 50 años del Golpe, de la “subversión” al “terrorismo”: ¿Qué guerra se libra hoy en Argentina? – Por Emilia Trabucco

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La violencia y el crimen organizado como acumulación de capital por despojo

Isaac Enríquez Pérez Deja un comentario
Por Isaac Enríquez Pérez

La violencia consustancial al crimen organizado no es como en las películas que retratan el comportamiento de mafiosos que se enfrentan entre ellos o con las autoridades policiales.

Esa violencia criminal, que a su vez es un engranaje del capitalismo, tiene como finalidad el expolio de territorios y la expansión de mercados ilegales y legales, sobre la base de prácticas y mecanismos de despojo premeditado y controlado, donde lo mismo concurren organizaciones criminales, bases sociales de éstas, empresas formales y agentes del aparato de Estado. Se trata de un sofisticado sistema que combina la explotación laboral ilegal, el secuestro de jóvenes para ingresarlos en las empresas criminales como mano de obra impaga, la exploración y saqueo de territorios depositarios de recursos naturales, el desplazamiento forzado de comunidades enteras para ejecutar a sus anchas el punto anterior, entre otras prácticas desestructurantes de la vida social.

La violencia criminal –y el crimen organizado en general– no es natural ni ahistórica; tampoco es una anomalía exógena al capitalismo. Es parte de sus mecanismos de valorización y acumulación del capital. Es parte del engranaje propio del ciclo económico. Cruzan sus empresas criminales todos los momentos del proceso económico: desde la producción de mercancías y servicios ilícitos, hasta la circulación y consumo global de las mismas; especialmente de las drogas. Al tiempo que lo ilícito se interrelaciona con mercancías legales que deambulan por los mercados formales. El blanqueo de activos de procedencia ilícita, la reinversión en actividades lícitas y el consumo y el derroche suntuarios completan esa dinámica de gestación de ganancias.

A su vez, el supuesto combate de la violencia criminal es parte de la justificación que esgrimen los Estados para realizar importantes inversiones de gasto público en armamento y en estrategias y logísticas que le dan forma a los procesos de militarización. Con ello, el Estado se erige en un gran consumidor de la industria armamentista que, de igual modo, dinamiza el ciclo económico y lo aleja de sus fases de crisis.

El carácter sistémico de la economía criminal supone en todo momento procesos de acumulación y apropiación por despojo. Desde el cultivo de materias primas para los narcóticos; el trasiego de insumos para la elaboración de drogas sintéticas; la explotación de fuerza de trabajo cuasi-esclavizada en ambas labores; el transporte y comercialización de esos narcóticos; hasta el control de actividades como el tráfico de personas; la extorsión; la explotación de metales preciosos como el oro y la plata; la copia o piratería de ropa, música o video; el cobro de derecho de piso, entre otras. Lo que se observa en este ciclo del capital criminal es una diversificación de actividades ilícitas, que se cierra con el papel activo del sistema bancario y de los mercados financieros que atraen los recursos de procedencia ilícita.

La cadena de valor de la economía criminal supone también la lucha letal entre empresas criminales –cada una respaldada por distintos agentes del aparato de Estado– que se disputan el control de mercados y territorios. Pero esas empresas solo son una fracción del conjunto de esa economía criminal. El sistema de esta economía criminal se completa con amplios segmentos del capital formal sea agropecuario, industrial, comercial o bancario/financiero. En ese sistema ciertos segmentos del aparato de Estado ejercen de manera meta-constitucional la regulación y el reparto del territorio, al tiempo que participan de las ganancias del vasto negocio criminal.

La moralidad instituida por los Estados a través de la ley hace de las drogas una economía ilegal y justo por ello el encarecimiento de sus bienes y servicios desproporciona los precios, y hace de la apropiación y acumulación por despojo una constante en ese encarecimiento. De ahí que el Estado no solo afianza a la economía criminal, sino que la dota de una institucionalidad para que opere como sistema y no se detengan sus ilícitos procesos de acumulación de capital.

Esa cadena de valor de la economía criminal es, en esencia, trasnacional y aprovecha los amplios resquicios que le abren los procesos de globalización. Ni se reduce a su fase de narco-tráfico ni se circunscribe a la escala estrictamente nacional como lo presentan con regularidad los mass media, enfatizando en la personificación del fenómeno a través del capo de las drogas como un individuo marginal del sistema, un campesino venido a más por su audacia para destacar en el mundo criminal. Más aún: la economía criminal se caracteriza por una división internacional del trabajo, regida por un rol subordinado de economías subdesarrolladas como México, Colombia, entre otras, que ocupan el eslabón más frágil de la cadena de valor y desde ellas se aporta la sangre y la muerte, al tiempo que se transfieren excedentes a las redes operativas y logísticas ilícitas del norte del mundo y, particularmente, a los mercados bancarios/financieros de Wall Street y de la City de Londres, e incluso a los paraísos fiscales. En medio de ello, existen nodos territoriales también transnacionales por donde transitan las mercancías ilícitas, y que fungen como plataformas exportadores hacia los centros globales de consumo final.

En el sur del mundo esta división internacional del trabajo criminal consolida fases como el diseño, cultivo de amapola, coca o marihuana, procesamiento y manufactura de sustancias químico/psicotrópicas (fase de producción), el transporte por distintos países, hasta llegar a la fase de intercambio o comercialización y consumo en las ciudades de prácticamente todo el mundo, pero enfáticamente de Europa y los Estados Unidos. En tanto que la distribución de ganancias tiene como epicentro los bancos y mercados financieros, para completar el ciclo del capital criminal la reinversión en el aparato productivo –legal e ilegal– tanto del norte como del sur del mundo a través del blanqueo de dinero y el consumo improductivo. En toda esa dinámica del proceso económico criminal es fundamental la mano de obra calificada y especializada en asuntos jurídicos, contables, financieros e, incluso, en el procesamiento químico para la elaboración de drogas sintéticas (allí participan ingenieros, químicos, farmacólogos, etc.).

La lógica del despojo se extiende a comunidades e individuos que son presas de la violencia criminal y de los escuadrones paramilitares empleados por empresas formales como las mineras y energéticas para abrir senderos de explotación de la naturaleza y de acumulación de capital en aquellos territorios dotados de esos recursos naturales ambicionados por ellas. Esa economía del despojo, que destierra comunidades enteras en países como México, Colombia, Perú, entre otros, apunta a recursos minerales como el oro, la plata, al litio o incluso a los llamados minerales de tierras raras, que son fundamentales para reproducir el eje de acumulación de capital cimentado en las tecnologías de punta de la economía informacional.

La violencia criminal se combina con la alienación de la vida entre esas comunidades e individuos. El despojo se extiende a campesinos que son obligados a cultivar la materia prima de las drogas; de igual manera existe una apropiación ilegal de sus tierras cuando se les excluye  y desplaza de sus territorios a esos campesinos sujetos a regímenes de propiedad comunal o ejidal. A ello contribuye la caída de los precios de los productos básicos y el abandono del campo desde el Estado al no destinar políticas agrícolas que apoyen a esa clase campesina depauperada.

A grandes rasgos, el desafío principal que tienen tanto el periodismo de investigación como las ciencias sociales consiste en trascender las narrativas maniqueas que sitúan el acento en el campo de las drogas y en sus labores de tráfico. Se trata de posicionar la mirada en el conjunto de la economía criminal y de sus circuitos que en la realidad muestran una relación orgánica. Las miradas fragmentarias en poco o nada contribuyen a la comprensión de la complejidad del fenómeno criminal y en el papel constante que desempeña el despojo en la acumulación de capital. Es urgente, en distintos frentes de análisis, trabajar a fondo en esa lógica del comportamiento y dinámica de esa economía criminal y clandestina de la muerte.

Isaac Enríquez Pérez. Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor y autor del libro “La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivo”. Twitter: @isaacepunam

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¿Siguen funcionando las marchas hoy?

Pluma Invitada Deja un comentario

Por: Nota antropológica

Cada cierto tiempo las calles de muchas ciudades se llenan de personas que avanzan juntas. Carteles en alto, consignas repetidas en coro, pasos que se sincronizan mientras recorren avenidas. La escena parece conocida. Sin embargo surge una pregunta inevitable. ¿Todavía sirven las marchas como forma de protesta social?

Lejos de ser solo desplazamientos multitudinarios, las marchas funcionan como una forma organizada de acción colectiva. En ellas, personas que comparten una inconformidad ocupan el espacio público para expresar demandas, llamar la atención sobre un problema, además de intentar influir en las decisiones de instituciones o autoridades.

Diversos estudios sobre movilización social, entre ellos trabajos de investigación de Elsa Rodríguez, así como análisis de la dimensión material de la protesta desarrollados por Blanco y Ohanian, examinan cómo este tipo de manifestaciones operan en la vida pública. Sus análisis muestran que las marchas no se limitan a caminar por una calle. También producen algo menos visible pero importante. Construyen un actor colectivo.

¿Cómo ocurre esto?

Cuando una movilización avanza por la ciudad aparecen múltiples elementos que ayudan a dar forma a esa identidad compartida. Pancartas con consignas, mantas extendidas entre grupos, cantos que se repiten de manera coordinada. También gestos simbólicos, coreografías improvisadas, performances que ocupan plazas o monumentos.

Cada uno de esos recursos cumple una función. Permiten que cientos o miles de personas, muchas de ellas desconocidas entre sí, actúen como un solo cuerpo social. Así, la marcha se convierte en una escena pública donde una causa adquiere forma visible.

Además, dentro de una movilización rara vez existe un solo grupo. Con frecuencia participan organizaciones distintas, colectivos, estudiantes, trabajadores, vecinos o activistas. Cada contingente lleva sus propios mensajes. Algunos marchan por demandas laborales, otros por derechos civiles, otros por causas ambientales.

A primera vista podría parecer una mezcla desordenada. No obstante, esa diversidad también permite construir alianzas temporales. Diferentes grupos encuentran un punto de encuentro durante la movilización, al menos por unas horas, mientras comparten el mismo recorrido.

Las marchas también cumplen otra función importante. Muestran capacidad de convocatoria.

El número de asistentes suele interpretarse como un indicador de fuerza social. Cuando miles de personas ocupan avenidas principales, el mensaje llega a medios de comunicación, autoridades, además de otros sectores de la sociedad. Incluso quienes no participan directamente terminan observando el fenómeno.

Aun así, las marchas tienen límites.

No todas las movilizaciones generan cambios inmediatos en leyes o decisiones públicas. En muchas ocasiones su efecto aparece de manera gradual. Una marcha puede colocar un tema en la conversación pública, impulsar debates sociales, fortalecer redes de organización o motivar nuevas formas de participación.

También existe otro desafío. En ciudades donde las protestas son frecuentes, la repetición puede disminuir el impacto mediático. Algunas movilizaciones pasan casi desapercibidas fuera de los grupos directamente involucrados.

Entonces surge otra pregunta. Si las marchas no siempre producen transformaciones inmediatas, ¿por qué siguen realizándose?

La respuesta aparece en varios niveles.

Por un lado, permiten que causas sociales ganen visibilidad. Por otro, fortalecen vínculos entre personas que comparten inquietudes similares. Además, crean un espacio donde la ciudadanía puede expresar inconformidad sin intermediarios.

Caminar juntos por la ciudad puede parecer un gesto simple. Sin embargo ese gesto continúa siendo una forma de intervención pública. Una forma de decir que un problema existe, que alguien quiere discutirlo, que una parte de la sociedad busca cambiar algo.

Las marchas no son la única herramienta de acción colectiva. Tampoco garantizan resultados inmediatos. Aun así mantienen una función persistente en la vida social contemporánea.

Las calles, después de todo, siguen siendo un escenario donde las voces se encuentran.

¿Y tú alguna vez has participado en una marcha o has observado una desde la banqueta?

Si este tema te hizo pensar en alguna movilización reciente, deja tu comentario o comparte esta nota con alguien que haya salido a marchar alguna vez.

Fuentes

Blanco, I. y Ohanian, S. (2020). La dimensión material de la protesta.

Rodríguez, E. (2010). El actor colectivo en las marchas de protesta. Revista Mexicana de Sociología.

Diversos estudios sobre movilización social y acción colectiva.

Fuente de la información:  https://redeslibertarias.com

Fotografía: Redes libertarias

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Archivos Epstein, una película de terror hecha realidad en el capitalismo actual

Renán Vega Cantor Deja un comentario

Por Renán Vega Cantor

Imaginemos el guion de una terrorífica película de ciencia ficción. Es la historia de un supermillonario sionista al servicio de varios servicios de inteligencia de Estados poderosos (el Mossad de Israel, la CIA de Estados Unidos, el M-16 de Gran Bretaña) es un negociante de éxito, que tiene actividades en las finanzas, el sector inmobiliario y acumulaba al final de su vida la suma de miles de millones de dólares. Ese personaje es además un depredador sexual, que tiene predilección sádica por niñas y jóvenes. Para realizar sus orgias y bacanales cuentan con propiedades suntuosas que ha adaptado para tal propósito: una isla privada, que está en territorio de los Estados Unidos (en Islas Vírgenes, y el nombre no parece casual por lo de vírgenes), varias mansiones en ciudades de Estados Unidos (Miami, Nueva York) y de otros países (Paris), un “rancho de los horrores” en Nuevo México, aislado y acondicionado para torturar, violar y matar mujeres jóvenes… Para trasladarse libremente, sin las restricciones, demoras y cortapisas de aeropuertos y vuelos comerciales, tiene su propio avión, al que denomina Lolita Express, por aquello de la niña que protagoniza la novela Lolita de Vladimir Nabokov. En el film aparecen centenares de niñas y jóvenes abusadas, asesinadas y desaparecidas, se ven desgarradoras escenas de torturas y conversión de las mujeres en vulgares mercancías y objetos sexuales intercambiables y desechables. Entre sombras aparecen imágenes de cultos satánicos en las que hombres multimillonarios matan a niños y bebes, mutilan sus cuerpos y consumen su sangre y algunos de sus órganos.

El personaje de la película no es un sicópata solitario, sino que forma parte de un engranaje global en el que sirve de intermediario de una red transnacional de tráfico sexual, negocios diversos, violencia y sadismo,  academia e investigación científica y sofisticado desarrollo tecnológico. De ese engranaje forman parte presidentes y expresidentes de varios países (incluyendo a uno de Colombia), miembros de monarquías de Europa (de Gran Bretaña y Noruega), científicos expertos en biología, genética con tendencias eugenésicas y racistas, multimillonarios dueños o accionistas principales de grandes empresas tecnológicas del mundo informático y de la Inteligencia Artificial. También desfilan en la película cantantes, actores, gentes del jet set y de la farándula, que cuentan con millones de dólares en sus arcas.

Como el protagonista central de la película forma parte de tenebrosos servicios secretos tiene la misión, que asume con una impresionante meticulosidad, rigor y disciplina, de registrar cualquier movimiento de los miles de multimillonarios y hombres de éxito que participan en sus fiestas y orgías y vuelan periódicamente en el Lolita Express. También registra cualquier charla, por informal que fuera, con investigadores o científicos que no participan en esas fiestas de sexo y sangre, pero reciben sus favores, porque, además de todo, el protagonista de este film de terror, se presenta como un filántropo que patrocina proyectos, aparentemente desinteresados, en el campo de la genética, la biología, la IA y el transhumanismo. E impulsa esos conocimientos porque el protagonista tiene una manía esquizofrénica de alcanzar la eternidad. Como resultado de su culto a la información sobre sus tropelías y, sobre todo, la de “sus invitados”, archiva millones de correos electrónicos, miles de llamadas telefónicas, toma miles de fotografías y graba cientos de horas de videos, en los que aparecen escenas horripilantes de vejación y degradación de la condición humana de mujeres jóvenes.

El protagonista quiere que, por su potencia sexual y por la inteligencia que dice poseer, se conserven su pene y su cabeza para la eternidad, como una contribución personal a su visión de un mundo de supermillonarios egoístas y brutales que creen una realidad distópica en donde exista solamente ellos, junto con unos pocos miles de esclavos que sean sometidos por engranajes de tipo tecnológico.  El personaje cree que es de una raza superior y por eso pretende inocular con su semen a muchas mujeres para que estas queden embarazadas y traigan hijos superdotados al mundo.

El personaje se mueve en un mundo de supermillonarios y poderosos que son racistas, machistas, depredadores sexuales, que desprecian a los pobres y humildes. Ellos no tienen  límites morales que les impidan bestializar a mujeres jóvenes con tal ejercer su poder y conseguir con ello todo tipo de placer corporal. Las mujeres pobres son simples objetos de placer, a las que puede violarse, torturarse y matarse si es necesario.

Todos estos vicios paganos no se realizan de forma completamente secreta, sino más bien reservada, porque periodistas, autoridades, senadores y presidentes saben de su existencia, pero como son protagonistas de los crímenes del pedófilo visible, guardan un silencio absoluto y aparecen en el escenario público como honestos hombres de la política y el espectáculo que cuentan con un amigo especial, al que idolatran por su audacia y capacidad de agenciar emprendimientos de fiesta, diversión y jolgorio en privado. En público presumen de su honestidad y transparencia, en privado ponen en funcionamiento todas sus perversiones y capacidad de hacer daño, sin ningún tipo de piedad ni arrepentimiento.

Todo es posible en estos “islotes de fantasía” porque quienes dictan e imponen el derecho son los poderosos, los mismos que participan en los crímenes y violaciones. Por eso, nada ni nadie los puede tocar, gozan de inmunidad e impunidad absolutas. E incluso, esos mismos superpoderosos son los que le dictan las normas y formas adecuadas y obedientes de comportamiento a los súbditos de sus propios países y a los del mundo entero.

Al final de la película, cuando es evidente que ya no pueden ocultarse por más tiempo estos paraísos del crimen, del sadismo y la sevicia, el protagonista de la película es juzgado y condenado. Termina en la cárcel, pero allí dura poco tiempo, porque sabe demasiado para vivir mucho tiempo. Un día aparece muerto y los medios de desinformación dicen que se ha suicidado, aunque la película muestra en directo que lo han matado.

Allí parece terminar todo, pero al final la película, anuncia una segunda parte en la que se dan a conocer los archivos secretos del pedófilo sionista. Y anticipa que son millones de documentos y se dice que su revelación hará temblar a los poderosos de la red internacional de sexo, negocios, academia y poder científico, porque en esos archivos están registradas todas sus acciones criminales.

Esto que se acaba de contar, por desgracia no es una película. Es la vida real. El personaje se llamaba Jefrey Epstein, las escenas escabrosas transcurren en los Estados Unidos y los personajes famosos que aparecen son Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, el príncipe Andrés, Michael Jackson, Andres Pastran y miles de nombres más, de famosos, que forman parte de ese entramado criminal del capitalismo realmente existente.

Lo que muestran los Archivos Epstein es la quiebra moral del capitalismo y del imperialismo en su fase terminal. Es como si estuviéramos regresando a la decadencia del imperio romano, en donde reinaba Calígula (por eso a Donald Trump se le podría calificare de neo-Calígula).

No es la quiebra moral de un individuo, Jefrey Epstein, sino de una civilización, la occidental y cristiana, que naufraga en su propia podredumbre de mercantilización, consumo, lujo, derroche, sevicia, violencia, tráfico sexual y sangre.

Finalmente, películas como Salo, los 120 días de Sodoma de Pierre Paolo Passolini o la de Stanley Kubrick Ojos bien cerrados, han pasado de los estudios cinematográficos, a la vida real, por obra y gracia del capitalismo en su fase de putrefacción total. Y el mayor indicador de esa podredumbre tiene nombre propio, como personificación individual del capitalismo: Donald Trump, empresario inmobiliario, violador sexual, pedófilo redomado, evasor de la justicia y en la actualidad presidente de los Estados Unidos, con tanto poder que su vanidad y su espíritu de maldad congénita ponen en peligro al mundo.

Publicado en papel en El Colectivo (Medellín), No. 115, marzo de 2026.

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