España / 4 de agosto de 2019 / Autor: John Moravec y Cristobal Cobo / Fuente: Researchgate
España / 4 de agosto de 2019 / Autor: John Moravec y Cristobal Cobo / Fuente: Researchgate
España / 4 de agosto de 2019 / Autor: El Diario Montañés / Fuente: Youtube
Publicado el 2 ago. 2019
El autor reivindica en los Martes Literarios, organizan semanalmente la UIMP y El Diario Montañés, la capacidad transformadora de la pedagogía y uno de sus grandes libros de cabecera: ‘Moby Dick’.
Fuente: https://youtu.be/S6UJcKmVdrY
ove/mahv
España / 4 de agosto de 2019 / Autor: Ángel Fidalgo / Fuente: Innovación Educativa
Breve informe con las claves sobre la tendencia Flipped Classroom o Aula Invertida:
Acceso al informe a través de Zenodo.
Acceso al informe a través de ResearchGate.
Fuente del Artículo:
ove/mahv
4 de agosto de 2019 / Autor: Editores OVE
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 4 de agosto de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 4 de agosto de 2019: hora tras hora (24×24)
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En pocos años las escuelas dejarán de ser como las conocemos, dice experta israelí en educación
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Paraguay: Educación digital con control parental, al alcance de una app
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Informes nuevas tendencias en innovación educativa: método Flip Teaching, Aula Invertida, Flipped Classroom o Aula Inversa
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04:00:00
UNICEF expresa preocupación por el impacto en la educación del conflicto armado en Libia
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Fernando Savater: «La enseñanza y la educación son tareas sólo para optimistas»
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Libro: Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la educación (PDF)
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Ciencias Sociales: desafíos educativos en la era digital
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Entrevista – El estado de la Educación en Uruguay / Gisselle Tur Porres y Alejandro Maiche – INEEd
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09:00:00
La rueda de la pedagogía (Versión 5.0) -Infografía-
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10:00:00
María José Guerra: «Es injusto que un profesor universitario cobre 600 euros al mes»
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11:00:00
Hacia la integración de la educación rural: el caso de México
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12:00:00
Utilizando tecnología colombiana se construyen escuelas en África con plástico reciclado
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El problema de la educación actual
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Aprendizaje digital en el aula a golpe de rap
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El Panismo, sin Proyecto Educativo
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16:00:00
Sylvia Pulpeiro. Licenciada en Ciencias de la Educación (Entrevista)
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Juventudes migrantes y educación en las Américas
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18:00:00
Perú: UNSA aprueba reforma que reconoce identidad de género de alumnos transgénero
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19:00:00
Evaluación asistida por computadora: la apuesta de Métrica Educativa
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20:00:00
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21:00:00
Educación integral en sexualidad: una base para la vida y el amor
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22:00:00
El empresario guatemalteco que llevó robots a los niños de escuelas rurales
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23:00:00
¿Por qué nos aburre la escuela? (Historia de la educación)
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/317659
En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.
ove/mahv
By Zama Neff, director of Human Rights Watch’s Children’s Rights Division
Resumen: el artículo plantea reflexiones sobre cómo puede la sociedad civil responsabilizar a los gobiernos por la educación, en tanto que son estos los responsables de garantizar que los niños reciban una educación y el derecho internacional es muy claro: la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria, mientras que la educación secundaria debe estar disponible y ser accesible sin discriminación, previendo que el ODS 4 establece el objetivo de la educación secundaria gratuita para el año 2030. En elcumplimiento de estas metas, la sociedad civil tiene un papel crucial para garantizar que los gobiernos cumplan con esas obligaciones, utilizando para ello una serie de métodos que la sociedad civil puede usar, como monitorear, informar y abogar por el cambio. Al respecto refiere que las organizaciones independientes de la sociedad civil como Human Rights Watch pueden revisar los compromisos del gobierno y compararlos con la realidad que enfrentan los niños. Si bien, a nivel mundial, la matrícula de las escuelas primarias y secundarias ha mejorado significativamente, muchos gobiernos siguen sin garantizar la educación para todos los niños. Human Rights Watch ha llamado a esto el «déficit educativo» : es decir, el déficit entre lo que los gobiernos se han comprometido a hacer y lo que los niños experimentan en educación. Casi todos los gobiernos informan anualmente sobre su progreso hacia sus objetivos de desarrollo global, pero a menudo se basan en macrodatos gubernamentales, que pueden no mostrar lo que realmente está sucediendo a nivel local y a quiénes se les niega el derecho a la educación. Por ejemplo, en Sudáfrica , que ha sido un líder en la promoción de la educación e informó que había alcanzado la educación primaria universal en 2015, descubrimos que había más de medio millón de niños con discapacidades fuera de la escuela ese año. Las organizaciones de la sociedad civil pueden profundizar en sus investigaciones, yendo a las aldeas más remotas o a barrios marginales o municipios poco atendidos. Hablamos con niños, con maestros, con funcionarios del gobierno y con cualquier otra persona que tenga información. Luego verificamos esa información y contrastamos lo que hemos documentado y observado con lo que informan los gobiernos.
School Number 42 in Vuhlehirsk, Ukraine, was struck
six times in January and February 2015. © 2015
Yulia Gorbunova/Human Rights Watch
From girls in rural Afghanistan, to children in immigration detention on the US-Mexico border, to grandmothers fleeing war in Sri Lanka, throughout my career working on children’s rights, I’ve heard firsthand the importance that education has for families and their children, even in the midst of the most desperate circumstances. These families expect their children to be able to access a quality education, and they have a right to do so.
In light of this, I welcome the launch of the new Global Education Monitoring Report, especially its focus on accountability, which is a key element in building equitable and quality education systems.
This blog explores how civil society can work to increase accountability, drawing on my experiences at Human Rights Watch, with the Global Coalition to Protect Education from Attack, and as a human rights lawyer.
How can civil society hold governments accountable for education?
Governments are responsible for ensuring that children receive an education. International law is very clear: primary education must be free and compulsory. Secondary education must be available and accessible without discrimination, and SDG 4 sets the target of free secondary education by 2030. Civil society has a crucial role in making sure that governments fulfil those obligations.
There are a number of methods that civil society can use, including monitoring, reporting, and advocating for change.
Monitoring government performance—ensuring they deliver on their promises
Independent civil society organizations like Human Rights Watch can review government commitments and compare that with the reality faced by children. While, globally, primary and secondary school enrollment numbers have improved significantly, many governments are still failing to guarantee education for all children. Human Rights Watch has termed this the “education deficit”: meaning the shortfall between what governments have committed to do and what children experience in education.
Almost all governments annually report on their progress towards their global development goals, but these are often based on government macro data, which may not show what’s really happening at the local level and who is being denied their right to education. For example, in South Africa, which has been a leader in promoting education and reported that it had reached universal primary education in 2015, we found that there were more than half a million children with disabilities out of schoolthat year.
Civil society organizations can go deeper by conducting their investigations, going to the most remote villages or under-served slums or townships. We talk with children, with teachers, with government officials, and anyone else who has information. We then verify that information, and contrast what we’ve documented and observed with what governments report.
Our investigations in more than 30 countries have identified significant barriers affecting students, including:
Reporting findings to a wide audience
their home in Jounieh, Lebanon. Their mother, Kawthar, 33,
struggled to enroll them in school, and eventually withdrew
them due to concerns about the quality of education and transportation
costs of US$80 per month. © 2016 Bassam Khawaja/Human Rights Watch
In addition to monitoring governments, civil society organizations need to report out what they find. This includes to the public, so that they can use the information to mobilize and hold their governments to account; to international accountability mechanisms; and of course to government officials themselves, who can use information to make changes. In this, the media is an important partner as their reach is often much greater than NGO reports. However, the media is changing: threats include a reduction in funding for international reporting, a loss of public trust, and government censorship. There are also a number of new opportunities for civil society groups to interact directly with the public, particularly with young people, through the rise of social media.
The GEM Report mentions NGO reports, or shadow or parallel reports, submitted to UN treaty bodies as mechanisms for holding governments to account. Human Rights Watch regularly writes parallel reports and parliamentary submissions and we have been glad to see that information frequently considered when we do.
For example, UN treaty bodies have helped to highlight attacks on schools and military use of schools in countries where these practices occur. Following our regular reports, the UN Committees overseeing child rights, economic, social and cultural rights, and discrimination against women, plus the Inter-American Commission on Human Rights have called out more than 10 countries, including Kenya, India, Saudi Arabia, and Pakistan, for their practices and called on them to protect students, teachers and schools. Two bodies have specifically mentioned the Safe Schools Declaration in five country situations.
Advocating for policy and funding change
Finally, civil society should advocate for change, not just for more funding but for policies that reduce the education deficit. For example, after civil society groups drew attention to the problems facing Syrian children while attempting to get an education in Jordan, the Jordanian Education Ministry ordered schools to register Syrian childreneven when they lacked the government-issued “service cards” that were previously required to enroll and which many Syrian families could not get. The education ministry also lifted a ban on school enrollment for students who had been out of school for more than three years.
Accountability for education needs to reach across the entire government, not just Ministries of Education. This is something the GEM Report emphasizes: accountability must include identifying who is responsible. This could include, for example, Ministries of Defense who station troops in schools or Ministries of Interior whose refugee registration policies prevent refugee parents from registering and, therefore, taking their children to school without fear of arrest. At the same time, the fact that several parts of government are responsible for children not being in schools should not be an excuse to pass the buck.
The GEM report also emphasizes that donors and international mechanisms must be accountable for their aid commitments. International aid remains an essential part of global progress in education, especially in conflict-affected regions or in countries that go through protracted natural hazards. Human Rights Watch has urged donors for Syrian refugee education to be more transparent in reporting the delivery and timing of aid, and urged host countries to fix bottlenecks, lift restrictions that undermine Syrian children’s access to school, and collect better enrollment data.
More than 120 Form II students prepare to sit their mock exams in a secondary school, in Mwanza, northwestern Tanzania. © 2016 Elin Martinez/Human Rights Watch
How can civil society be more effective?
To better hold governments and other actors to account and secure justice for those excluded from education, civil society organizations should strive for better coordination and partnerships across disciplines: this includes human rights and child protection groups, as well as education specialists. This may require joining forces to push back against government threats to independent civil society—as government threats against groups in Tanzania challenging the president’s ban on schooling for pregnant girls and teen mothers so aptly highlights.
With 264 million children and young people still out of school, ending the education deficit means ensuring every child has a quality primary and secondary education without the financial and systemic obstacles many face today. Funding is important, but too often we see policy decisions by governments that maintain or even create the education deficit. Civil society has a crucial role to play in supporting progress in education, including by holding governments to account for tackling the numerous abuses that keep children out of school.
Por: Julio Morejón
Aunque existen proyectos al respecto que ayudarían a detener la unión marital precoz, la realidad socioeconómica en la mayoría de las ocasiones obstaculiza ejecutar tales planes, pues, por ejemplo, resulta difícil aplicar medidas sanitarias en comunidades donde no existen instalaciones de salud.
En áreas hambreadas, la malnutrición infantil es una manifestación tendiente siempre a disparar los niveles de letalidad y a impedir la recesión de enfermedades curables que cada año hacen estragos en los pequeños, quienes por ello se transforman en el segmento poblacional más deprimido.
Una salud afectada y un hambre endémica constituyen poderosos motivos para sufrir una niñez de desencanto, y si a eso se agrega el suplicio de las llamadas niñas-novias el cuadro de la infancia en gran número de Estados del continente es muy desgarrador e insoportable y urge transformarlo.
DEL MITO AL CRIMEN
En algunos países de África a la virginidad se le confiere una cualidad mágico-mística que toca a niñas y adolescentes, tradiciones populares antiquísimas refuerzan ideas tales como que hubo emperadores quienes acostumbraban a bañarse con sangre de doncellas, porque le aportaba vitalidad y lozanía.
Tal creencia llega desvirtuada hasta nuestros días, cuando mediante un supuesto exorcismo se interpreta absurdamente que una relación sexual de un adulto enfermo con una niña o adolescente, puede curar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), lo cual trasciende la barrera del abuso y del desconocimiento para ser un crimen.
También se plantean conclusiones más objetivas al respecto, cuando la referencia al matrimonio infantil se relaciona con zonas de guerra, donde esa sujeción obligada de niñas es un arma directa y puede que sus padres sean quienes las casen al creer que estarán mejor protegidas contra las violaciones y el abuso físico.
‘Los conflictos a menudo conducen a un colapso o debilitamiento de los servicios sociales para prevenir el matrimonio infantil. Esto expone a las niñas a un mayor riesgo de daño y violencia’, apunta un artículo de Amira Elfadil, comisaria de Asuntos Sociales de la Unión Africana.
La región subsahariana concentra las mayores cifras de matrimonios infantiles a nivel mundial cada año, con más de tres millones de niñas -una de cada tres- que se casan antes de los 18 años. Según el Banco Mundial (BM), esas uniones suponen pérdidas económicas a sus respectivos países de entre 60 mil y 120 mil millones de dólares.
Un informe de la entidad financiera emitido a finales de 2018 expone: ‘las niñas que acaban la educación secundaria tienen más posibilidades de encontrar trabajo y ganar el doble que las que no la han acabado’.
Añade que el matrimonio infantil tiene otros costes, más graves que los económicos, como son las altas tasas de fertilidad y el crecimiento de la población, lo cual puede conducir a una llamada ‘bomba demográfica’, cuya explosión inusitada crea desequilibrios tales como la peligrosa insuficiencia alimentaria e intensifica la pobreza.
‘Una novia infantil es más propensa a abandonar la escuela, sufrir complicaciones graves durante el embarazo y el parto y tiene un alto riesgo de sufrir violencia doméstica. Sus hijos también son más propensos a tener bajo peso y a padecer mayor mortalidad infantil por debajo de los cinco años’, dice una versión del documento del BM difundida por la prensa.
De los 20 países donde ocurren más matrimonios infantiles 18 están en África: Níger, República Centroafricana, Chad, Burkina Faso, Mali, Sudán del Sur y Guinea son siete de ellos que encabezan la lista con más de la mitad de las niñas casadas antes de los 18 años de edad.
VARIACIONES DEL TEMA
La prevalencia del matrimonio infantil en África occidental y central se comporta en forma desigual, aunque las investigaciones estadísticas indican que mayormente se encuentran alrededor de la edad de 15 años, que para algunos especialistas constituye un ligero distanciamiento de marcas anteriores.
Así, la unión marital principalmente de niñas menores de edad, es hoy muy criticada por personalidades públicas africanas de reconocido prestigio como comentaron la activista social mozambiqueña Graca Machel y el religioso sudafricano Desmond Tutu, en un artículo difundido por el diario Washington Post.
Para ambos:’El matrimonio infantil ocurre porque los adultos creen que tienen derecho a imponer el matrimonio a los niños. Esto les niega, especialmente a las niñas, su dignidad y la oportunidad de tomar decisiones que son esenciales en sus vidas, como con quién se quieren casar o cuándo quieren tener hijos’.
Además añaden que ‘La capacidad de elegir nos define y nos permite desarrollar nuestro potencial. El matrimonio infantil roba esta posibilidad a las niñas’. La disposición de aprobar una legislación contraria al casamiento prematuro, una medida en la que convergieron el gubernamental Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) y los partidos de la oposición, es parte de una reacción del liderazgo africano de denunciar alto y claro el problema y la decisión de actuar sin demora.
Por: Eduardo Camín
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso e infantil, y declaró 2021 como el año para la Eliminación del Trabajo Infantil: el desafío previsto para 2025 se adelantó en cuatro años y se la ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo que asuma el liderazgo de la implementación.
Recordaremos que esta resolución subrayaba el compromiso de los estados miembros de “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”
Reconoció también la importancia de “revitalizar las alianzas mundiales para asegurar la aplicación de la Agenda 2o030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la consecución de los objetivos y las metas relativas a la erradicación del trabajo infantil”.
La resolución recibió el apoyo de 78 países. “Esperamos que este sea un paso más en la intensificación de los esfuerzos y el avance, día a día, hacia un mundo en el que ningún niño sea sometido al trabajo infantil o a la explotación y un mundo en el que el trabajo decente para todos sea una realidad”, dijo Martín García Moritán, delegado de Argentina ante las Naciones Unidas.
Una simple proyección de avances futuros basada en el desempeño de 2012 a 2016 —si todo siguiera igual— indica que en 2025, 121 millones de niños estarían aún atrapados en una situación de trabajo infantil, y 52 millones de ellos, en trabajos peligrosos. Un cálculo similar indica que, aunque hubiésemos mantenido el ritmo del período 2008-2012, que fue el más ágil registrado hasta la fecha, tampoco hubiese sido suficiente.
-152 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad se encuentran en situación de trabajo infantil; casi la mitad de ellos, esto es, 73 millones, realizan trabajos peligrosos.-El trabajo infantil peligroso es más prevalente entre los niños de entre 15 y 17 años. Sin embargo, la cuarta parte de todos los niños que realizan un trabajo peligroso (19 millones) son menores de 12 años.-Casi la mitad (el 48 por ciento) de las víctimas de trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; el 28 por ciento, entre 12 y 14 años; y el 24 por ciento, entre 15 y 17 años de edad.-El trabajo infantil se concentra sobre todo en la agricultura (el 71 por ciento), que abarca la pesca, la silvicultura, la cría de ganado y la acuicultura –el 17 por ciento, en los servicios; y el 12 por ciento en el sector industrial, incluida la minería.