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Reinventar la política educativa: maldición sexenal

Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera

Animal Político

Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.

Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.

Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre.  A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.

Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.

De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.

Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.

Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.

Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.

¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores?  En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?

¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones).  Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.

En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.

Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia.  Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.

No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública.  Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.

Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017).  Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?

De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora.  Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?

A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado.  Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE).  Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).

Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).

las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo.  Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.

Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primeropreocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017).  Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?

Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).

Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.

¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.

El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.

Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes.  Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.

Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.

* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.

@mexevalua

Fuentes: 

Backhoff, E., Vázquez-Lira, R., Contreras, S., Caballero, J., y Rodríguez, J. G.(2017). Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015. México: INEE.

BID 2016 ¿Cuánto mejoró la región? Washington DC. Recuperado de aquí.

CEEY 2018 El México de 2018: movilidad social para el bienestar México Ed. Centro Espinosa Yglesias recuperado de https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/El-M%C3%A9xico-del-2018.-Movilidad-social-para-el-bienestar.pdf

Chaia, A.  Cadena, A, Child, F et all. (2017). Factores que inciden en el desempeño de los estudiantes: perspectivas de América Latina: McKinsey & Company

Heckman, J. (2013). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy.  Recuperado de aquí.

Heckman, J. Carneiro, P.,   y Vytlacil, E. (2011). Estimating Marginal Returns to Education. American Economic Review

INEE. (2018). Panorama Educativo 2017. México

Kane, T. J., Rockoff, J. E., y Staiger, D. O. (2006). What Does Certification Tell Us About Teacher Effectiveness? Evidence from New York City. NBER Working Paper.

OCDE. (2014). Resultados de Encuesta Talis, 2013. Estudio Internacional de Enseñanza. OCDE. Recuperado de aquí.

——–  (2016). Resultados de PISA en México, 2015. México

Fuente: https://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2018/12/18/reinventar-la-politica-educativa-maldicion-sexenal/
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Pequeñas figuras de papel

Por: Carlina Vásquez Araya

La protección de la niñez es un borrador perdido entre otros temas pendientes

Se les mantiene en la ignorancia, así es más fácil explotarlos

 

Me preguntan a veces por qué insisto en el tema de la niñez, habiendo otros tanto o más importantes en la agenda pública. Insisto, porque dudo de la existencia de una tarea más importante que poner en evidencia la situación dramática –y muchas veces trágica- vivida por millones de niñas, niños y adolescentes, aunque a algunas personas les parezca tediosa mi tozudez. Creo, con firme convicción, en la necesidad de seguir machacando sobre ese clavo herrumbroso, torcido e ineficaz a medio insertar en la agenda política y social. He reflexionado sobre ello para dar una respuesta, llegando a la conclusión de que aunque las niñeces felices parecen ser ya un fenómeno en vías de extinción y tanta convención, tratado y predicamento sobre sus derechos no acaban de prender en la conciencia ni en las decisiones de las sociedades, nuestra obligación prioritaria es defenderlos y hacerlos valer.Para demostrar cuánto abandono pesa sobre las nuevas generaciones basta dar un paseo por los medios de comunicación locales e internacionales, en donde las violaciones cometidas contra ese sector de la población se han convertido más en un relleno noticioso que en un tema toral de gran impacto. Su grotesca abundancia nos dice cuán poco hemos avanzado en el establecimiento de protocolos y procesos jurídicos y administrativos capaces de garantizar la seguridad y el goce de derechos para una de las franjas sociales más importantes en una nación. Niñas, niños y adolescentes forman, en nuestros países subdesarrollados, un enorme contingente de seres abandonados cuya vulnerabilidad natural los coloca en la mira de quien quiera explotarlos. De ese modo van cayendo en redes de trata, en pandillas, en prostitución, en matrimonios forzados y en abuso laboral con una facilidad pasmosa por no tener la voz, el conocimiento ni la autoridad para defenderse por sí solos.

Entonces, volvemos la mirada hacia las estructuras familiares e institucionales y comprobamos cuán débil es la red de protección de la niñez. Aquellos estamentos creados con el propósito de salvaguardar sus derechos han sido cooptados por sus propios enemigos: seres corruptos con poder suficiente para convertirlos en víctimas de un sistema de abusos legitimados a fuerza de privilegios, justicia manipulada para convertir la violación sexual o laboral en un delito menor, actos de intimidación contra cualquier intento de exigir castigo por esta clase de crímenes.

Los abusos contra la niñez comienzan a partir del momento cuando los adultos –padres, maestros, líderes espirituales- se creen con derecho de propiedad. De esa convicción y de un sistema patriarcal cuyo pilar fundamental es el abuso de poder, se desprende todo un abanico de oportunidades para hacer de niños y niñas víctimas propiciatorias para toda clase de vejámenes, convirtiéndolos en pequeñas figuras de papel clavadas sobre un muro de indiferencia colectiva. De ahí viene el afán de mantenerlos en la ignorancia negándoles el acceso al conocimiento y a la información, de ese modo viven amordazados desde temprano y sometidos a una autoridad ilegítima, sin posibilidad de escapatoria.

Nuestras sociedades han abandonado su misión fundamental debido, en parte, a esa cadena histórica de abuso contra los seres más vulnerables de las comunidades humanas. El sistema ilegítimo y perverso de cadenas de autoridad creadas para someter a grandes sectores de la población a las decisiones de un pequeño círculo de poder, debe ser destruido. De otro modo, el concepto mismo de sociedad continúa siendo una vil mentira.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250342&titular=peque%F1as-figuras-de-papel-

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Redes sociales digitales: un gran negocio

Por: Sally Burch

Nota de edición: El modelo corporativo privado es el dominante en las plataformas digitales. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes. * A medida que el uso de las redes sociales digitales (RSD) va representando un espacio creciente en el escenario comunicacional, desde lo mediático hasta lo publicitario, pasando por lo interpersonal, resulta cada vez más complejo apreciar su alcance e impacto en cómo nos informamos, de qué fuentes, de qué maneras nos comunicamos y compartimos contenidos y con quiénes.

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Uno de los elementos centrales que incide en cómo se dan estos cambios es el modelo corporativo privado dominante en las plataformas digitales. Ese modelo de desarrollo de Internet y las tecnologías digitales no era el único posible. Por un lado, hubo grandes inversiones públicas para desarrollar la tecnología, que luego se entregó al sector privado para su usufructo. Por otro, las interfaces de intercambio en línea nacieron mucho antes de las plataformas de redes sociales y fueron parte de Internet desde sus inicios, por lo general en espacios creados y autogestionados por los usuarios/as, como, por ejemplo, las listas electrónicas temáticas, los murales (“ bulletin boards ”), los grupos de noticias ( newsgroups) , o las bases de datos de acceso abierto.

La entrada en escena, hacia inicios de este siglo, de la llamada Web 2.0 -cuyo discurso promocional habla de “descentralización radical, confianza radical, participación… experiencia de usuario, control de la información de cada uno…”– coincide con las grandes inversiones de capitales en las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y –luego del estallido de la burbuja bursátil de los “punto.com”– la necesidad de buscar formas de rentabilizarlas, lo que no parecía tan fácil en un ámbito donde los contenidos se comparten libremente.

Con las redes sociales digitales, que habían comenzado a aparecer en la última década del siglo pasado, las empresas encuentran una solución: crear plataformas donde las personas se interconecten, compartan contenidos y generen datos, a partir de los cuales crean perfiles de cada usuario que, a su vez, se venden a anunciantes. La lógica que se impone implica que, a mayor uso de la plataforma, más usuarios acuden, más datos se acumulan, más ventas se generan. Por lo mismo, se crean espacios cercados para que los usuarios no salgan de la plataforma sino que realicen la mayor parte de sus actividades en línea dentro de la misma. Por ello, en muchas redes sociales empresariales, solo se puede intercambiar con quienes tienen una cuenta en la misma red, hecho que va en contra del espíritu con que nació Internet, como protocolo que permite intercomunicar entre todas las plataformas.

Estas prácticas se prestan a la conformación de “monopolios naturales” debido al “efecto red”: es decir, los usuarios optan de preferencia por las redes digitales más concurridas, donde están sus amistades, clientes, temas de interés. Estas hoy se llaman YouTube, Facebook, Twitter, Instagram… cuyo poder es tal que van eliminando o absorbiendo la competencia.

La trampa de los algoritmos

Desde la lógica de la rentabilidad, lo que los usuarios hacen en la plataforma importa poco, con que la sigan alimentando con sus datos, generando tráfico y consumiendo publicidad. De hecho, son los propios usuarios que dan sentido, contenido y orientación a los usos predominantes de cada plataforma.

Con el pretexto de mejorar la experiencia para sus usuarios, las empresas desarrollan algoritmos (o sea, conjuntos de instrucciones o reglas computacionales que permiten llevar a cabo una serie de operaciones) cuyas funciones incluyen determinar lo que será visible –o no– para cada usuario, supuestamente en función de sus intereses identificados, pero muchas veces incorporando otros criterios orientados a vender más publicidad o incluso a motivar niveles de adicción al uso constante de la red y comportamientos compulsivos.

Se ha constatado, por ejemplo, que las emociones negativas conllevan a tendencias de acción en línea más fuertes que las emociones positivas; por lo tanto, ciertos algoritmos terminan priorizando aquellos contenidos que provocan reacciones de ira u odio en el usuario. También, cuando un usuario muestra interés en contenidos con posiciones político-sociales extremistas, el algoritmo le ofrece nuevos contenidos aún más extremos. Con ello, estos sistemas contribuyen a radicalizar posturas y a agudizar antagonismos existentes en la sociedad, al punto que, en contextos de fuerte conflictividad, han llegado a catalizar acciones colectivas (offline) de violencia física e incluso casos de linchamiento. Como consecuencia, se estrecha el espacio para el debate político y la confrontación de ideas, programas, tesis y la búsqueda de consensos mínimos entre puntos de visto divergentes que son fundamentales para la convivencia democrática.

A ello se añade el constante acoso al usuario para que no se desconecte, que siga consumiendo contenidos y alimentando su perfil. Snapchat, por ejemplo, una de las redes preferidas por la juventud, donde las fotos duran un tiempo limitado, incita al usuario a estar permanentemente conectado: que no se vaya a perder algo que los panas han posteado o han visto. Tiene incluso un sistema de puntaje que penaliza a quien se desconecta. Así se tiende a generar niveles de adicción y dependencia.

Poco conscientes del poder de estos algoritmos, por lo general usamos acríticamente las plataformas de RSD, confiando en empresas que no rinden cuentas ante nadie, dejando que influyan, con algoritmos opacos, en las relaciones que formamos, en la información que consumimos, en las audiencias a las que llegamos, en quien conoce sobre nuestra vida privada, e incluso en por quien votamos.

¿Se agota el actual modelo de RSD?

Los recientes escándalos sobre la proliferación de noticias falsas, la falta de ética y transparencia, el abuso de datos personales y la injerencia en procesos electorales han comenzado, sin embargo, a socavar esta confianza.

Los escándalos cada vez más frecuentes en torno a los abusos de ciertas plataformas, particularmente explotando datos personales, han sido uno de los catalizadores que han terminado generando una reacción negativa. El público usuario comienza a sentirse utilizado, ve vulnerada su privacidad, se da cuenta que no controla qué contenidos puede ver ni quiénes ven los contenidos que coloca, o se siente hastiado con la publicidad. Como resultado, cada vez más usuarios deciden cerrar sus cuentas en ciertas RSD o migran a otra plataforma que parece ofrecer mejores garantías. Facebook ha sido una de las redes más afectadas por tales escándalos.

Un estudio reciente registra por primera vez un descenso en el número de usuarios en algunas RSD (Twitter y Snapchat), en el segundo trimestre de este año, y crecimiento casi estático en otras (como Facebook, que perdió, además, un millón de usuarios en Europa). Ello evidencia, tal vez, lo efímero que puede ser una plataforma u otra, más no el sistema en sí, pues son las mismas empresas transnacionales que están creando las plataformas alternativas a las que migran la mayoría de usuarios. La juventud, en particular, está migrando de preferencia a plataformas gráficas como Instagram (Facebook) o Youtube (Google); y muchos usuarios prefieren usar plataformas de mensajería con encriptación para compartir información, como Whatsapp (Facebook).

Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de sistemas de mensajería como Whatsapp, ha costado a las empresas encontrar un modelo que permita monetizar su uso de la misma manera que las RSD, ya que responden a otras lógicas. De hecho Facebook ha anunciado hace poco que a partir de 2019, introducirá publicidad en Whatsapp; ello podría comprometer la privacidad de las comunicaciones, ya que se ha revelado que la empresa planea extraer palabras clave de los mensajes (supuestamente cifrados) para orientar la publicidad. Queda por ver cuantos usuarios terminen migrando de Whatsapp a algún otro sistema de mensajería. Vale destacar, también, que con respecto al uso de las redes sociales en la política, la migración a mensajería implica que no se puede evaluar públicamente el uso ni impacto de estos sistemas para difundir noticias falsas o mensajes de odio, ya que son mensajes privados.

Entonces, en el fondo se plantea la pregunta de si la solución pasa por mudar cada vez de plataforma comercial para esquivar los inconvenientes, o si es más bien el actual modelo comercial en sí que plantea un serio problema, no solo en términos individuales, sino para la sociedad y la democracia misma.

En este contexto, las redes sociales libres presentan una alternativa interesante (ver el artículo de Miguel Guardado en la edición 536 de América Latina en Movimiento), especialmente para proteger las interacciones privadas y dinámicas internas de organizaciones o comunidades, donde es clave mantener el control y garantizar privacidad; pero también, cada vez más, se están convirtiendo en espacios de difusión pública alternativa.

Un espacio de disputa política

En todo caso, en la realidad actual, quienes actúan en los ámbitos mediático, político, social o cultural difícilmente pueden hacer caso omiso de las RSD comerciales más concurridas. Nos guste o no, ya ocupan un lugar cada vez más central en la vida pública y como tal constituyen un espacio de disputa para interactuar con públicos amplios.

De hecho, numerosos actores sociales, sectores organizados, medios alternativos o artistas han convertido a las RSD comerciales en espacios que potencian la organización y la resistencia. Al apropiarse de estos canales de difusión e intercambio, han podido convocar movilizaciones con un alcance mucho mayor que con métodos anteriores, compartir creatividad, opiniones y versiones de la realidad excluidas de los medios hegemónicos, amplificarlas mediante procesos virales, o generar nuevas expresiones culturales. La tecnopolítica y la tecnocultura ya son parte de la nueva realidad, particularmente entre la juventud, y desbordan los parámetros fijados por los dueños de las plataformas, generando formas organizativas y comunicacionales novedosas, que fluyen entre el mundo online y offline .

Toda vez, para tener una participación efectiva en esta disputa, es importante entender que es un terreno minado, sembrado de algoritmos opacos que responden a intereses particulares, por lo que se requiere actuar con cautela y con entendimiento de las lógicas que allí operan. Entre ellas, podemos mencionar la facilidad con que se reparten rumores y noticias falsas, y la dificultad de identificar sus fuentes; la limitación que implica reducir el pensamiento e ideas complejas al tamaño de un tuit de 280 caracteres; y también la tendencia de los algoritmos a exacerbar la polarización de opiniones, al dar a los usuarios más de lo que les “gusta”. También es importante entender que los sectores de poder ya tienen todo un arsenal desarrollado, con fuertes inversiones, para imponerse en esta disputa.

Justamente, un reciente estudio de la Universidad de Oxford, constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes, (20 más que lo constatado el año anterior), principalmente bajo la forma de campañas de desinformación en períodos preelectorales. Esta manipulación es practicada principalmente por parte de agencias gubernamentales o partidos políticos, y apunta, entre otros: a crear y amplificar discursos de odio o difamación personal o grupal; generar narrativas e información falsa; desviar la atención temática; recolectar datos en forma ilegal; o minar procesos democráticos, censurando contra-narrativas. Existen, además, numerosas empresas consultoras especializadas en estas prácticas.

Las recientes elecciones en Brasil ponen en evidencia, nuevamente, la gravedad de esta manipulación para el futuro de nuestras democracias. Se ha denunciado que la campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil ha contratado líneas telefónicas en el exterior del país para encaminar mensajes que se propagan a través de un sinfín de grupos Whatsapp, alcanzando decenas de millones de brasileños con mentiras y mensajes de odio contra el PT, que han calado en la conciencia popular.

Entonces, es un serio reto para actores sociopolíticos que luchan por la democracia y la justicia social pensar cómo enfrentar y contrarrestar estas manipulaciones, evitando caer en los mismos procedimientos cuestionables.

¿Se debe legislar sobre las RSD?

Ante la evidencia que ha salido a la luz pública sobre el alcance de tales prácticas, particularmente a raíz del escándalo de Cambridge Analytica/Facebook y su injerencia en las elecciones estadounidenses con datos obtenidos ilegítimamente, los legisladores de ese y otros países han comenzado a reconocer la necesidad de regular la práctica de las plataformas digitales. El problema es que las propuestas que plantean a veces podrían resultar peores que el problema en sí.

Una cosa es la necesidad de regular lo que las empresas pueden y no deben hacer con los datos personales y en qué casos se requiere de la autorización de la persona concernida. Otra cosa es regular lo que los individuos pueden o no hacer en Internet, más allá de lo que ya está estipulado en las leyes nacionales y normas internacionales referidas a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Asimismo, preocupan las (falsas) soluciones que están proponiendo las mismas empresas para combatir el fake news , cuando se otorgan arbitrariamente el poder de censurar mensajes y fuentes según sus propios criterios; o pactan acuerdos con supuestas “agencias de chequeo de noticias” para que revisen la “veracidad” de las noticias en las RSD, (siendo que en varios casos estas agencias son los mismos grandes medios que se han mostrado poco éticos en materia de noticias falsas). Incluso hay países donde se propone encargar, por ley, este rol de juzgar contenidos a la policía.

Fácilmente tales mecanismos se convertirán en nuevas formas de acallar voces disidentes. Por lo mismo, es urgente abrir un amplio debate público sobre el sentido de las posibles regulaciones, manteniendo como principio central la defensa de la libertad de expresión como derecho de la ciudadanía, no como derecho de unos pocos grandes medios ni otorgando a las empresas mediáticas o tecnológicas el rol de jueces o censores.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=250399

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“Chalecos amarillos” La peculiaridad de lo francés

Por: Atilio Boró

Alemania y Japón tienen el dudoso honor de ser dos países en los que jamás triunfó una revolución. No por casualidad fueron también los que, precisamente a causa de ello, dieron nacimiento a regímenes tan oprobiosos como el nazismo y el militarismo fascista japonés. Por contraposición la historia francesa está signada por recurrentes revoluciones y levantamientos populares. Aparte de la Gran Revolución de 1789 hubo estallidos revolucionarios en 1830, otro mucho más vigoroso en 1848 y la gloriosa Comuna de París de 1871, el primer gobierno de la clase obrera en la historia universal. Luego de su sangriento aplastamiento pareció que la rebeldía del pueblo francés se había apagado para siempre. Pero no fue así. Reapareció en la heroica resistencia a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y luego, con una fuerza arrolladora, en el Mayo francés de 1968.

¿Es esto lo único que hace de Francia un país tan peculiar? No. Más importante que este incesante fermento insurreccional que históricamente distingue a las capas populares francesas es que sus luchas resuenan como ninguna otra en la escena mundial. Ya lo había advertido Karl Marx en 1848 cuando, observando la revolución en Francia, dijera que “el canto del gallo galo despertará una vez más a Europa”. Y la despertó, aunque esos sueños fueron aplastados a sangre y fuego. Miremos la historia: la Revolución Francesa retumbó en Europa y América, con fuerza atronadora; la Comuna se convirtió en una fuente de inspiración para el movimiento obrero mundial, sus enseñanzas reverberando inclusive en algunos rincones apartados de Asia. El Mayo francés se reproduciría, con las lógicas características nacionales, por todo el mundo. En otras palabras: Francia tiene esa única capacidad de convertir lo suyo en un acontecimiento histórico-universal, como gustaba decir a Hegel. Y esa es, precisamente, la inimitable peculiaridad de lo francés.

La rebelión de los “chalecos amarillos” que comenzó hace pocas semanas cuando dos camioneros y la dueña de un pequeño comercio -desconocidas entre sí y habitando en distintos lugares del interior de Francia- lanzaron a través de las redes sociales una convocatoria a protestar en las rotondas de entrada de sus pequeñas ciudades por el aumento del precio del combustible. A los pocos días una de ellas tenía casi un millón de seguidores en su cuenta de Facebook. Luego vino la convocatoria del 17 de Noviembre en París y, a partir de allí, la protesta adquiriría una dimensión fenomenal que puso al gobierno de Macron entre la espada y la pared. Lo que no habían podido hacer en tres meses los sindicatos del ferrocarril lo lograron los “chalecos amarillos” en pocas semanas. Y la cosa sigue, y el “contagio” del virus rebelde que llega desde Francia ya se vislumbra más allá de sus fronteras. Se ha insinuado en Bélgica, Holanda y ahora en Polonia, con ocasión de la Cumbre del Clima en Katowice. En Egipto el régimen de Al Sisi prohibió la venta de chalecos amarillos en todo el país como una medida precautoria para evitar que el ejemplo francés cunda en su país.

La revuelta, de final abierto, no es sólo por el precio del combustible. Es una protesta difusa pero generalizada y de composición social muy heterogénea contra la Francia de los ricos y que en cuya abigarrada agenda de reivindicaciones se perciben los contornos de un programa no sólo pos sino claramente anti-neoliberal. Pero hay también otros contenidos que remiten a una cosmovisión más tradicional de una Francia blanca, cristiana y nacionalista. Ese heteróclito conjunto de reivindicaciones, inorgánicamente expresadas, alberga demandas múltiples y contradictorias aspiraciones producto de una súbita e inesperada eclosión de activismo espontaneísta, carente de dirección política. Esto es un grave problema porque toda esa enorme energía social liberada en las calles de Francia podría tanto dar lugar a conquistas revolucionarias como naufragar en un remate reaccionario. Sin embargo, más allá de la incertidumbre sobre el curso futuro de la movilización popular y la inevitable complejidad ideológica presente en todos los grandes movimientos espontáneos de masas no caben dudas de que su sola existencia ha socavado la continuidad de la hegemonía neoliberal en Francia y la estabilidad del gobierno de Emmanuel Macron.

Y en un mundo de superpoblado de esperpentos como los Trumps y los Bolsonaros, los Macris y los Macrones todo esto es una buena noticia porque el “canto del gallo galo” bien podría despertar la rebeldía dormida –o premeditadamente anestesiada- de los pueblos dentro y fuera de Europa y convertirse en la chispa que incendie la reseca llanura en que las políticas neoliberales han convertido a nuestras sociedades, víctimas de un silencioso pero mortífero holocausto social de inéditas proporciones. No es la primera vez que los franceses desempeñan esa función de vanguardia en la escena universal y su ardorosa lucha podría convertirse, sobre todo en los suburbios del imperio, en el disparador de una oleada de levantamientos populares –como ocurriera principalmente con la Revolución Francesa y el Mayo de 1968- en contra de un sistema, el capitalismo, y una política, el neoliberalismo, cuyos nefastos resultados son harto conocidos. No sabemos si tal cosa habrá de ocurrir, si el temido “contagio” finalmente se producirá, pero los indicios del generalizado repudio a gobiernos que sólo enriquecen a los ricos y expolian a los pobres son inocultables en todo el mundo. No habrá que esperar mucho tiempo pues pronto la historia dictará su inapelable veredicto.

Más allá de sus efectos globales la brisa que viene de Francia es oportuna y estimulante en momentos en que tantos intelectuales y publicistas de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos se regodean hablando del “fin del ciclo progresista” en Nuestra América, que supuestamente sería seguido por el comienzo de otro de signo “neoliberal” o conservador que sólo lo pronostican quienes quieren convencer a los pueblos que no hay alternativas de recambio y que es esto, el capitalismo, o el caos, ocultando con malicia que el capitalismo es el caos en su máxima expresión. Por eso los acontecimientos en Francia ofrecen un baño de sobriedad a tanta mentira que pretende pasar por riguroso análisis económico o sociopolítico y nos demuestran que muchas veces la historia puede tomar un giro inesperado, y que lo que aparecía como un orden económico y político inmutable e inexpugnable se puede venir abajo en menos de lo que canta un gallo … francés.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=250445

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Nuestro derecho como país es aprender

Por: Pluma Invitada

Las palabras importan. Y cuando hablamos de las palabras consagradas en la Constitución, importan aún más. Son las palabras las que marcan el actuar de las autoridades y las que establecen la base mínima de lo que podemos esperar y exigir en el cumplimiento de nuestros derechos humanos.

Por eso, es imprescindible entender cada palabra de lo que ahora se propone en la iniciativa del presidente López Obrador en materia educativa.

Uno de los logros más importantes –aunque poco tratado en la conversación pública– de la reforma constitucional de 2013 fue reconocer explícitamente el derecho de cada niña, niño y joven (NNJ) al máximo logro de aprendizaje.

Con esta frase, por sencilla que parezca, el derecho a la educación en México dio un gran paso hacia delante. Hoy se entiende como el derecho a aprender y la obligación del Estado va más allá de facilitar el acceso a una escuela; el Estado debe garantizar el desarrollo de ambientes de aprendizaje eficaces, que cuenten con las condiciones básicas –maestros formados y acompañados, así como infraestructuramétodos y materiales y organización escolar adecuadas– para asegurar el desarrollo de cada estudiante.

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados que propone derogar esa frase de la Constitución presenta una visión tan limitada del derecho a la educación que implica un retroceso grave en el derecho a aprender.

El nuevo texto habla del interés supremo de las NNJ de la impartición de educación –no de aprender– y hace referencia a un nuevo Servicio de Carrera Profesional del Magisterio que debe favorecer –no garantizar– la equidad educativa, la excelencia de la educación y el desempeño académico de los educandos.

¿Qué pauta marca este fraseo para las autoridades? ¿Para las y los docentes? ¿Qué podemos exigir como ciudadanos, familias y NNJ?

La excelencia educativa es bastante general (con tendencia a ser excluyente) y desempeño académico implicaría que evaluáramos el cumplimiento de un derecho humano con base en calificaciones escolares. Si mi hija recibe un 10, pero no puede entender lo que lee, ¿se cumple su derecho?

Tal vez la evidencia más clara de la nueva visión sobre el derecho se encuentra en la propuesta para la Fracción IV: La educación universal y obligatoria implica el derecho de toda persona a acceder a la educación… El Estado promoverá la inclusión… y establecerá políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia.

Es claro que el derecho a la educación no se cumple si dejamos a NNJ fuera de la escuela.

Pero años de escolaridad dejan de tener sentido si en ese tiempo no aprendemos, no desarrollamos lo que necesitamos y queremos para ser constructores activos del mundo a nuestro alrededor.

Nuestro derecho es a APRENDER y no debemos aceptar menos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/nuestro-derecho-como-pais-es-aprender/

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La reforma educativa de la cuarta transformación nacional. 2 La problematización

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza

Una Iniciativa de reforma constitucional es parte de un dispositivo de gobierno. Se trata de la regulación de las interacciones educativas, con objetivos particulares, que se ejercen sobre objetos específicos, con medios, mecanismos y procedimientos adecuados, realizados por organismos específicos. Ese es el método general para analizar las relaciones de gobierno: formulación de problema, identificación de los objetos de intervención, definición de objetivos, elección de los medios de acción y determinación de los agentes y organismos responsables.

Se dirá que no es la única. Es cierto. Hay otras, basadas en las doctrinas del derecho, en la teología, la antropología de las decisiones, el análisis del discurso y muchas más. Nosotrxs queremos destacar el análisis político, el de las relaciones de poder, entendido como la conducción de conductas (Foucault).

Para eso, repetimos, se trata de

  • Formular el problema, es decir, las dificultades que aparecen, se reconocen, se articulan, nombran y tratan de resolver;
  • Identificar los blancos de intervención, es decir, los objetos que se van a intervenir, que pueden ser conductas, aspiraciones, cuerpos, mentes, corazones, expectativas, saberes, aptitudes, tierras, aires, etc;
  • Definir los objetivos y efectos buscados;
  • Determinar los medios de acción;
  • Reconocer los organismos responsables.

Podríamos abundar más en esta orientación teórica y metodológica. Dejémosla ahí para no aburrir. Se trata de mostrar los instrumentos del análisis, no de hacer comentarios a autores o vanagloriarse con el conocimiento de textos y citas de autoridad.[1]

Preferimos mejor detenernos en las cuestiones metodológicas, como lo harían los técnicos cuando las usan para analizar las situaciones, definir los problemas, las dificultades, arreglarlas o desmontarlas. En el caso de Cortocircuitos: desmontar los dispositivos para interrumpir, hacer saltar, interrumpir, hacer estallar las redes del poder.

Empecemos, como se dice, por el principio. ¿Cuál es el problema o los problemas que plantea la reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

La exposición de motivos procede por partes. Aun cuando la retórica es parte sustancial de los discursos del poder, pocas veces se hace a partir de grandes narrativas, como en este caso. Recordemos, una meta-narrativa es un discurso totalizador, que abarca todo, que explica todo y es consistente consigo mismo, auto-referencial dicen los que saben de esto. Ese es el papel que juega el relato de la IV Transformación Nacional.

La Iniciativa comienza justamente así. El primer párrafo es la gran historia de las transformaciones nacionales, que inician con la Independencia, que aportó el gran valor de la Libertad. La segunda, la Reforma, cuando se crean las instituciones que consolidaron la Nación, el régimen de la Legalidad. La tercera, la Revolución, que proclamó la Igualdad mediante la instauración de los derechos sociales como sustrato de la convivencia colectiva. Y aquí comienzan los problemas, pues la igualdad es solo formal: “las desigualdades reales que padecemos los mexicanos han impedido la realización de nuestro ser nacional”.  Dejemos de lado, por ahora, esa alienación del ser nacional y detengámonos en la cuestión de las desigualdades reales, que son el problema fundamental de nuestro tiempo y hacen indispensable la IV Transformación Nacional, a partir de un nuevo valor: la Equidad.

¿Cuáles son las desigualdades que forman el lastre de la convivencia colectiva? La Iniciativa lo dice claramente: económicas, sociales, culturales y regionales. Combatirlas, dice la iniciativa,

“es tarea ingente de la que depende nuestra viabilidad como Nación. La libertad, la legalidad, la igualdad y la equidad no pueden existir en un ambiente carente de educación. Si el pueblo desconoce sus derechos no puede defenderlos y si no adquiere las habilidades y conocimientos que le permitan su desarrollo personal y colectivo, se encuentra imposibilitado para llevar una vida digna la cual constituye el objetivo supremo de nuestro orden constitucional” (p.2).

La gran narrativa de la IV transformación se acompaña también con otro conjunto que podríamos llamar coyuntural, derivado de la reforma constitucional de 2013, la reforma neoliberal o reforma del Pacto por México.

En este punto, la Iniciativa procede secuencialmente. Tres son los pasos argumentales:

  1. “La visión del Poder Ejecutivo a mi cargo es que se debe priorizar el diálogo ante cualquier otro mecanismo de imposición de estructuras normativas que no obtengan el impacto deseado ante la ciudadanía. De igual forma, se considera que el uso de la fuerza y la imposición, no es la forma idónea para la construcción de los grandes acuerdos que necesita el país para lograr la verdadera transformación del sector educativo de México”…
  2. “El Ejecutivo a mi cargo considera un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas, regiones, costumbres y otros factores que inciden en la educación, los cuales no pueden ser medidos a través de programas computacionales que solo registran uno de los muchos aspectos que deben ser tomados en consideración para impartir una educación de excelencia y la preparación de quienes la imparten”… (subrayado y negritas en el original).
  3. …”La mencionada reforma se proyectó como el parteaguas en la educación de México, con el fin de fortalecer el derecho constitucional a recibir una formación integral que transformara la realidad de nuestro país, sin detrimento de los logros y derechos laborales obtenidos por las y los maestros de México. Desafortunadamente, en la aplicación de la Reforma Educativa han existido expresiones fuertes de rechazo por dicho sector, en virtud de considerar que el nuevo esquema de evaluación resulta retroactivo en su perjuicio, toda vez que la autoridad educativa podría privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente ninguna responsabilidad a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos…Se ha observado que las expresiones de descontento hacia la “Reforma Educativa”, han tenido como consecuencia que exista resistencia a la aplicación de la misma por parte de los docentes, y que estos se adhieren a los procesos de evaluación de su desempeño, de promoción, reconocimiento y permanencia que establece la ley de una forma no participativa, generando que el objeto por el que la misma fue aprobada, no cumpla con los impactos deseados en el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes que es nuestra propiedad”.

La Iniciativa de AMLO, en consecuencia, formula una problematización articulada por dos cuestiones: por una parte, las múltiples desigualdades sociales que laceran la vida individual y lastran el destino nacional; por otra, los problemas de implementación de la reforma educativa de 2013, derivados de la imposición de una norma por vías no dialógicas, por una estrategia evaluadora estandarizada que no tomó en consideración los contextos regionales y culturales, por  las resistencias a la misma reforma que hacían que no se cumpliera cabalmente con los impactos deseados en el aprendizaje de los niños.

La Iniciativa, entonces, articula cuestiones estructurales de la IV Transformación, como son las desigualdades sociales, con los problemas de implementación de la reforma educativa precedente, sobre todo, diríase única y exclusivamente, en las afectaciones laborales al magisterio, y sus efectos contraproducentes en el aprendizaje escolar.

En un doble movimiento, la Iniciativa de la IV Transformación Nacional problematiza la desigualdad social con problemas de implementación de la reforma precedente, para encontrar cómo se reproducen los problemas de aprendizaje debido a los mecanismos utilizados para pretendidamente elevar su calidad.

La particularidad de la Iniciativa, en lo relativo a su problematización, se advierte más claramente cuando se compara con la del pacto por México:

Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de acceso a la salud; e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación…

La evaluación educativa, instituida como parte de esa búsqueda de transformación, ha contribuido a un mejor conocimiento de nuestro sistema educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con mayor claridad lo mucho que hay por hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones internacionales en las que nuestro país ha participado, han hecho posible la comparación de nuestra realidad con las de otras naciones. Los retos son especialmente serios en la atención a los alumnos que provienen de hogares en condiciones de pobreza (Ejecutivo Federal, 2012).

No hay en la iniciativa de reforma constitucional de 2012, ninguna ubicación histórica trascendente, solo la retórica consabida de la importancia de la educación; lo que hay, de manera reiterada, es la problematización de los estándares de aprendizaje, de los signos rojos en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. De ahí se identifica un problema: la deficiente calidad en la educación mexicana, su definición como máximo logro de aprendizaje, los factores que inciden sobre ella y la elección del más importante: el desempeño docente, luego transformado en idoneidad, y de ahí la deriva estratégica: el dispositivo evaluador, sus fases, sus procedimientos, sus objetivos, el o los organismos responsables, las modificaciones institucionales, organizativas, normativas que produce, etc.

En resumen, la iniciativa de 2012 tenía una serie racional muy clara:

El problema: la calidad deficiente, observada por resultados en pruebas internacionales.

Las causas: las prácticas indebidas e inmorales que sufrían los maestros por el régimen corporativo.

La estrategia: el dispositivo evaluador, con cuatro tipos y varias fases, articuladas por el concepto de idoneidad.

El organismo responsable: un instituto autónomo, el INEE.[2]

Esta serie se acompañaba además, de una problematización vuelta sentido común de la época, con las campañas de desprestigio al magisterio (documental De Panzazo) y campañas mediáticas encabezadas por opinólogos, comentaristas, académicos, etc.

Si se observa, las problematizaciones que formulan las iniciativas de 2012 y 2018 no pueden ser más diferentes. He aquí un listado inicial de sus contrastes:

  1. La de 2012 se focaliza en los problemas de calidad, definidos por los resultados de estándares internacionales. La de 2018, por los problemas estructurales de la desigualdad social múltiple, y los coyunturales derivados de la implementación de la reforma anterior, de sus contrahechos y límites estructurales al estar basada en la imposición y en la desvalorización y castigo del magisterio.
  2. La de 2012 resulta de un proceso de negociación también focalizada, con agentes empresariales, académicos, ONG’s nacionales e internacionales, la Coalición Ciudadana por la Calidad de la Educación. La de 2018 después de una convocatoria a foros nacionales, después de compromisos de campaña con distintas fuerzas magisteriales, sociales y políticas.
  3. La de 2012 era parte de un programa de transformaciones estructurales conceptualmente dirigidas por la racionalidad neoliberal; la de 2018 pretende formar parte de un movimiento de resistencia contra las reformas neoliberales, organizado gubernamentalmente por la Coalición Juntos Haremos Historia, con responsabilidades en el Poder Ejecutivo y mayoría simple en el Poder legislativo federal, además de movimientos sociales, regionales, culturales y políticos.
  4. La reforma de 2012 continuaba los programas de reconfiguración neoliberal del país, de las instituciones, de la subjetividad de docentes estudiantes y funcionarios; la de 2018 forma parte, o debería formar parte de una crítica gubernamental y una redirección de los procesos educativos, a partir de la ubicación de las desigualdades y los efectos causados en el aprendizaje y en los docentes, de las iniciativas neoliberales.

Para resumir: los problemas planteados en la Iniciativa de reforma a los artículos 3º. 31 y 73 constitucionales, enviada por el presidente Andrés Manuel López obrador a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018 son de dos tipos: los de la lucha contra las desigualdades, una lucha histórica, que da fundamento y destino a la IV Transformación nacional; y los problemas derivados de la implementación de la reforma neoliberal de 2012-2013.

Analizar las estrategias de solución, los conceptos involucrados, los objetos de intervención elegidos y los objetivos, es el siguiente paso del análisis. Pero esa es otra historia, será el tema de otro Cortocircuito.

Referencias

[1] Quien quiera hacerlo, aquí hay algunos elementos. El sujeto y el poder

[2] Para analizar la producción legislativa de la reforma de la reforma de EPN y su racionalidad neoliberal, véanse nuestros libros Los poderes percutidos   y Anatomía política de la reforma educativa

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-reforma-educativa-de-la-iv-transformacion-nacional-2-la-problematizacion/

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Un siglo después de la Reforma Universitaria de 1918, la reunión cumbre de las universidades latinoamericanas reconoce la importancia de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Por: Daniel Mato

Resumen

Los líderes de la Reforma Universitaria de 1918 percibieron la idea de estar “viviendo una hora americana” desde el horizonte de su época. Su visión no incluía a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Setenta años después, como consecuencia de las luchas de esos pueblos y las de algunos movimientos sociales con agendas convergentes, en América Latina comienza a desarrollarse un número creciente de experiencias de Educación Superior por/con/para pueblos indígenas y afrodescendientes. En 2008, la 2da. Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) enfatizó la necesidad de que las instituciones de educación superior se trans- formen para ser pertinentes con la diversidad cultural de América Latina. En 2018, la 3ra CRES realizó recomendaciones aún más ambiciosas. Este artículo analiza la necesidad ética, social, jurídica y epistemológica de superar las formas de racismo oculto que impregnan la institucionalidad de los sistemas de Educación Superior para hacer que estos se transformen en interculturales. Ofrece un panorama de las experiencias; examina logros, avances y desafíos; así como las recomendaciones de la 3ra CRES. Finalmente ofrece algunos comentarios para estimular reflexiones e intercambios.

Las primeras líneas del Manifiesto de la Reforma Universitaria de Córdoba proclamaban: “Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica […] Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”.

Como difícilmente podría haber sido de otra forma, la visión de los dirigentes del movimiento de la Reforma Universitaria de 1918 acerca de qué era América y qué romper con la dominación monárquica, estaba marcada por las ideas hegemónicas de la época. Para comen- zar, de ningún modo puede omitirse que entre los firmantes no había mujeres y que el manifiesto se dirige a “hombres”. Esto es significativo, porque para entonces en su propia universi- dad ya había mujeres estudiantes y desde 1884 incluso egresadas (Cortés y Freytes, 2015). No obstante, el foco de este texto no es el de las diferencias de género, sino el de otro tipo de diferencias, aquéllas que suelen asociarse a referentes que históricamente han sido construidos como “étnicos” y “raciales”. En este sentido, no puede ignorarse que para los reformista de 1918, la idea de una “hora americana” no incluía a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Para la época del Manifiesto aún no se habían generalizado formas de conciencia acerca de que la impronta colonial y racista perdura más allá del rompimiento de relaciones de suje- ción política institucional entre colonias y metrópolis. En las ex-colonias de América, como en las de África y Asia, los sectores dominantes y otros grupos sociales de las nuevas repúblicas no suelen percibir que el legado colonial y racista ha continuado reproduciéndose y actualizándose a través de las “nuevas” relaciones sociales, económicas y políticas. Su marca ha persistido en los imaginarios y proyectos de quienes proclamaron la independencia del poder colonial y establecieron las nuevas repúblicas, así como en los de nuevos grupos sociales hegemónicos, pero también en los de otros sectores sociales que posteriormente promovieron movimientos democratizadores de esas sociedades. Esto puede observarse incluso hasta nuestros días.

No obstante, gracias a las luchas de pueblos indígenas y afrodescendientes y las de algunos movimientos sociales con agendas convergentes, desde la década de 1960 es posible advertir algunos cambios favorables respecto de estos problemas, al menos en algunos ámbitos de las sociedades contemporáneas. En América Latina en particular, algunos cambios favorables han venido dándose en el heterogéneo campo de las relaciones entre los sistemas de Educación Superior y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así, especialmente desde la década de 1990, algunas universidades y otros tipos de instituciones de educación superior (IES) han sido creadas por organizaciones e intelectuales de esos pueblos, en tanto algunos Estados, universidades y otras IES “convencionales”1 y organizaciones civiles han establecido instituciones y pro- gramas especiales en respuesta a sus demandas. Como consecuencia de esto, la Declaración Final de la 2da. Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), realizada en Cartagena de Indias en 2008 incluyó recomendaciones explícitas al respecto, las que fueron ratificadas y significativamente expandidas en la de la 3ra. CRES, reunida en la Universidad Nacional de Córdoba en junio de 2018.

Este texto está organizado en cinco secciones. En la primera sección se ofrece un breve análisis de los avances registrados en este campo entre la Reforma de 1918 y la CRES de 2018. La segunda sección se presenta un panorama sintético de los tipos de experiencias de Educación Superior por/para/con pueblos indígenas y afrodescendientes actualmente en curso en América Latina. En la tercera sección se señalan los principales logros, problemas y desafíos registrados en caracterizan el desarrollo de estos tipos de experiencias. En la cuarta sección se expone una síntesis de las recomendaciones de la Declaración Final de la CRES 2018 respecto del tema que nos concierne. Finalmente, en la última sección se ofrecen algunos comentarios para estimular reflexiones e intercambios.

De la Reforma Universitaria de 1918 a la Conferencia Regional de Educación Superior de 2018

Como se ha señalado en un párrafo anterior, hacia 1918 no se habían generalizado formas de conciencia acerca de que la impronta colonial y racista perdura más allá del rompimiento de relaciones de sujeción política institucional entre colonias y metrópolis.

Por esto, no resulta sorprendente que en la época de la Reforma Universitaria de 1918, los grupos sociales “criollos” que gozaban del privilegio de acudir a las universidades no fueran conscientes de que el legado colonial y racista continuaba afectando las formas en las cuales diversos grupos sociales se perciben a sí mismos y conciben sus proyectos de futuro para las respectivas sociedades nacionales. Aparentemente, tampoco eran conscientes de las condiciones de opresión que afectaban a las personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, ni del papel que los sistemas educativos, incluyendo las universidades y otros tipos de instituciones de educación superior (IES), jugaban al respecto.

A lo largo de la historia, los estados coloniales y poscoloniales han utilizado la educación como un medio para afirmar y legitimar su dominio sobre los pueblos indígenas y en el caso de América también sobre los contingentes de personas africanas esclavizadas y sus descendientes. Esto ha ocurrido principalmente de cuatro formas, que en diferentes países y momentos históricos se han combinado de diversas maneras, o algunas de ellas han resultado predominantes:

  1. En todos los casos los sistemas educativos (incluyendo universidades y otras IES) han jugado un importante papel en la difusión de representaciones homogeneizadoras de las poblaciones de estos países, “invisibilizando”, situando en el pasado y/o estigmatizando a pueblos indígenas y afrodescendientes, como también a gitanos y otros pueblos y sectores sociales execrados desde las visiones hegemónicas.
  2. En la mayoría de los casos, estos pueblos no han tenido acceso a las escuelas o universidades de las colonias en cuestión, como tampoco de las repúblicas creadas por los movimientos
  3. En otros casos, jóvenes y niños fueron apartados a la fuerza de sus familias y enviados a escuelas especiales para “civilizarlos”.
  4. En otros casos fueron aceptados en escuelas (y posteriormente en universidades y otras IES) convencionales, en las cuales sus idiomas, historias, conocimientos, modos de vida, visiones de mundo, y modos de aprendizaje y de producción de conocimientos fue- ron menospreciados, cuando no excluidos o incluso explícitamente prohibidos (Mato, 2018).

Lamentablemente, en la mayoría de los casos, las universidades y otras IES han jugado papeles importantes no solo en la construcción de representaciones homogeneizadoras de las poblaciones de los países, sino también en la transformación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en objetos de estudio, incluso en contra de su voluntad, fomentando enfoques de investigación etnocéntricos que produjeron representaciones descalificadoras de sus “razas”, formas de vida, visiones de mundo, conocimientos y proyectos de futuro.

Un siglo después, sabemos que las universidades y otros tipos de IES, sus bases éticas, políticas y epistémicas, como sus prácticas académicas, están marcadas por ese legado colonial y racista. Un siglo después, sabemos que si estas bases y prácticas no se revisan críticamente, continúan reproduciendo visiones de mundo, creencias y proyectos de futuro que actualizan la matriz colonial y racista.

No obstante, lo que en la actualidad muchos parecen continuar ignorando es que esas bases éticas, políticas y epistémicas y las prácticas académicas asociadas no solo afectan a los grupos sociales que no pueden acceder a la Educación Superior (y que en este sentido resultan “excluidos” de ella), sino que además menoscaban la legitimidad y la calidad de las universidades y otros tipos de IES, como también, de manera más abarcadora, la sostenibilidad histórica de las sociedades en cuestión.

Esto lo hemos ido aprendiendo poco a poco y no simplemente por mera elaboración intelectual, sino como consecuencia de las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de las de los movimientos sociales anti-racismo, de derechos humanos y de educación popular en numerosos países del globo. Especialmente a partir de la década de 1960, estas luchas han contribuido no solo al desarrollo de algunas corrientes intelectuales críticas, sino también a la adopción de algunos instrumentos internacionales de particular importancia para el tema que nos ocupa. Entre estos, cabe destacar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (adoptada en 1965, con entrada en vigor en 1969), el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT (adoptado en 1989 y hasta la fecha ratificada por 15 países latinoamericanos), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otros. Estas mismas luchas también contribuyeron a que las reformas constitucionales realizadas en varios países latinoamericanos, desde finales de la década de 1980, reconocieran derechos a estos pueblos. No obstante, los estudios realizados con cobertura para prácticamente todos los países latinoamericanos muestran la existencia fuertes brechas entre los avances constitucionales y jurídicos en esta materia y las políticas y prácticas concretas en que estos deberían materializarse (Mato, coord., 2012; 2018b).

En este marco de luchas, instrumentos internacionales y reformas constitucionales, a partir de la década de 1990, en América Latina comenzó a consolidarse una creciente y heterogénea corriente de creación de universidades y otros tipos de instituciones de Educación Superior (IES) que provisoriamente podemos caracterizar como “por/con/para” pueblos indígenas y afrodescendientes, cuya diversidad se describe más adelante en este texto. Reconociendo la importancia de este creciente movimiento, en 2007, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) estableció el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina. Tras realizar un mapeo del campo a escala regional, este Proyecto comisionó estudios sobre más de 30 experiencias en curso que se publicaron en un libro (Mato, coord., 2008) y sirvieron de base para formular un conjunto de recomendaciones que alimentaron las deliberaciones sobre el tema de la 2da. Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Cartagena de Indias en 2008.

Como resultado de esto y de algunas iniciativas convergentes, la Declaración Final de la CRES 2008 incluyó dos acápites sobre este tema. En uno de ellos, el C3 explícitamente enfatizó la necesidad de transformar a las instituciones de Educación Superior “para que sean más pertinentes con la diversidad cultural”, e incluso recomendó que era “necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector”. En tanto en el otro, el D4, destacó “La Educación Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países y de nuestra región”.2

Estas recomendaciones de la CRES 2008 han sido y aún son frecuentemente invocadas para argumentar acerca de la necesidad de avances concretos en la materia. Pero, además, junto con la continuidad de las mencionadas luchas y el desarrollo de un número creciente de experiencias en este campo y de estudios sobre el tema, sentaron las bases para que la 3ra CRES, celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba en junio de 2018, pudiera avanzar aun más en esta materia.

Este nuevo avance se expresó no solo en que uno de los siete ejes temáticos en los que se organizó la CRES 2018 se dedicará a Educación Superior, Diversidad Cultural e Interculturalidad, sino también en que la Declaración Final de esta reunión incluyera importantes recomendaciones en la materia.3 También se materializó en que en el Acto de Clausura de esta importante cumbre de la Educación Superior regional un grupo de rectores y otros representantes de universidades y otras IES creadas por organizaciones y/o intelectuales de pueblos indígenas fuera invitado a leer un significativo documento que un grupo aún más numeroso de ellos elaboró durante este evento. Este documento titulado “Carta de las Universidades e Instituciones de Educación de los Pueblos Indígenas” constituye un importante manifiesto dirigido a todas las universidades y otros tipos de IES de América Latina. Lo más significativo del caso es que su lectura fue aplaudida por toda la concurrencia y aclamada por buena parte de ella, como también que esta carta ha sido incluida en el sitio en internet de la CRES 2018, pasan- do así a formar parte de la documentación oficial de este evento.4

De este modo, un siglo después, podemos ver con esperanza que las ideas reformistas de romper con la “dominación monárquica y monástica” y de vivir “una hora americana” son actualizadas mediante el imprescindible y tantas veces postergado reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas y afrodescendientes para pensar no solo el pasado y el presente, sino también el diseño y construcción del futuro de América Latina.

La Educación Superior tiene inmensa importancia en el diseño y construcción del futuro de la región, no solo por su papel en la generación de conocimientos y la formación de profesionales y técnicos, sino también en la formación de ciudadanos y en la formulación de políticas públicas. La Declaración Final de la CRES 2018 ha establecido importantes puntos de partida para procurar cumplir con estos propósitos a cabalidad, ahora el desafío es ponerlos en práctica, lo cual si bien posible, seguramente no será una tarea sencilla. Las dificultades se deben a que para ponerlas en práctica resulta imprescindibles revisar, criticar y superar todas las formas de racismo, las visibles y las “ocultas” que caracterizan a nuestras sociedades y con ellas a nuestras universidades y otros tipos de IES. El racismo oculto es el más difícil de erradicar porque no suele expresarse de manera abierta en las interacciones entre personas, sino que palpita en modelos institucionales, normativas y planes de estudio que aparecen “naturalizados” por ciertas formas de sentido común, a las que –desde luego– también necesitamos cuestionar (Bonilla- Silva, 2006; Mato, 2017; Quintero, 2013).

Aún hoy, en pleno siglo XXI, exceptuando poco más de un centenar de valiosas experiencias –que sirven de referencia al análisis ofrecido en este texto– la mayoría de las universidades y otras IES latinoamericanas continúa respondiendo a anticuados formatos monoculturales. Es decir, continúa siendo institucional y epistemológicamente monocultural y por ende racista. Es necesario revisar el legado colonial y racista en el cual se cimentan los modelos monoculturales característicos de estas universidades y otras IES para lograr “transformar a éstas para que sean

más pertinentes con la diversidad cultural”, tal como ya lo recomendaba la Declaración Final de la CRES-2008 y la de la CRES de 2018 lo ha reiterado, agregando además importantes orientaciones.

Es necesario cuestionar y superar la hegemonía de ciertas representaciones de la modernidad eurocéntrica que -con la fuerza propia de las formas de “sentido común”- constituyen los referentes de algunas vertientes del pensamiento universitario latinoamericano contemporáneo, que todavía pretende evaluar a nuestras universidades con criterios que no responden a las características de nuestras sociedades. Un siglo después de la Reforma Universitaria de 1918 resulta imprescindible actualizar esa idea-fuerza de su Manifiesto Liminar que proclamaba “una hora americana”, la cual hoy es impensable sin la participación plena de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Educación Superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina: panorama sintético.

Una característica saliente de este campo es la existencia de una amplia diversidad de tipos de experiencias. Esto no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que las mismas han sido impulsadas por referentes y organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes muy diversos entre sí. Más aún, éstas tienen lugar en distintos países, en cada uno de los cuales la historia y presente de las relaciones entre dichos pueblos, los respectivos Estados y otros sectores sociales exhiben sus propias particularidades.

Dentro de este amplio y diverso campo de experiencias es posible distinguir entre cinco tipos principales de modalidades institucionales. A continuación presento esquemáticamente esos diferentes tipos. Por limitaciones de extensión no referiré ejemplos ilustrativos, sobre los cuales puede obtenerse información en las publicaciones resultantes de tres proyectos de alcance latinoamericano que -con la colaboración de más de un centenar de colegas y diversos apoyos institucionales- hemos venido desarrollando desde 2007.5

1)  Programas de “inclusión de individuos” indígenas y/o afrodescendientes como estudiantes en universidades u otros tipos de IES convencionales

Existen numerosas experiencias que responden a este tipo de modalidad (programas de cupos, de becas y de apoyo académico y/o psicosocial), aunque aún resultan insuficientes en comparación con las necesidades y demandas. Varios Estados, universidades y otros tipos de IES públicas y privadas de América Latina han establecido programas de cupos y de becas, otro tanto han hecho varias fundaciones privadas. Existen opiniones encontradas respecto de este tipo de programas. Algunas enfatizan que no sólo crean oportunidades para individuos, sino que contribuyen a desarrollar capas de profesionales indígenas que sirven de manera directa a sus pueblos y comunidades, así como que muchos de estos profesionales juegan papeles fundamentales en el desarrollo y gestión de experiencias de los cuatro tipos restantes de esta clasificación. Otras opiniones destacan que este tipo de programas favorecen la “fuga de cerebros” desde las comunidades apartadas hacia las grandes ciudades, así como su “occidentalización”, la pérdida de sus valores étnicos, de sus lenguas y de la valoración por sus saberes. Otras señalan que con las becas no basta, porque en las IES “convencionales” estos estudiantes frecuentemente deben lidiar con problemas de racismo, además de que en el currículo no encuentran reflejadas las historias, idiomas y conocimientos de sus pueblos, a lo que se añade que se encuentran muy lejos de sus familias y comunidades. Algunos programas de inclusión de individuos combinan más de una estrategia de abordaje, por ejemplo combinan cupos con becas y/o con apoyo psicosocial, otros se complementan con seminarios transversales, o con cátedras libres orientadas a educar sobre el tema a la comunidad universitaria en su conjunto, o bien se articulan con proyectos de investigación y/o de extensión que se desarrollan conjuntamente con comunidades de pueblos indígenas y/o afrodescendientes. Las iniciativas de este tipo no deben subestimarse, muchas veces son un valioso primer paso, pero es importante tener con- ciencia de sus limitaciones y buscar formas de avanzar hacia objetivos más ambiciosos.

2)    Programas de formación técnica o profesional (conducentes a títulos u otras certificaciones) creados por universidades u otras IES convencionales

Existen diversas modalidades dentro de este grupo de experiencias. En algunas de ellas se registra escasa “colaboración intercultural”, es decir entre las universidades u otras IES y comunidades, organizaciones o referentes de pueblos indígenas y afrodescendientes; mientras que en otras su participación resulta significativa. En algunos de estos casos se constata además una participación importante de docentes provenientes de los mencionados pueblos y la inclusión de sus lenguas, conocimientos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento. Muchas de estas experiencias están orientadas a la formación de docentes para pro- gramas de educación intercultural bilingüe a diversos niveles del sistema educativo.

En algunas de estas experiencias, las personas indígenas o afrodescendientes no solo participan como estudiantes, sino que también se incorpora a personas sabias de las comunidades para que contribuyan con sus conocimientos. En algunos casos su participación es solo ocasional, pero otras participan en calidad de docentes durante uno o más cursos. Junto con esto se presenta el problema de que por no contar con título universitario (y en ocasiones tampoco de otros niveles educativos) estos sabios no son formalmente reconocidos como docentes, ni remunerados como tales. Estas situaciones además de ser injustas constituyen nuevos mecanismos de subalternización de conocimientos y personas indígenas, y son fuentes de conflictos. Paradójicamente, estos referentes indígenas o afrodescendientes generalmente son los únicos que pueden dar clases de idiomas indígenas, o sobre las respectivas historias y cosmovisiones, o al menos quienes mejor pueden hacerlo.

Muchos programas de este tipo están dirigidos a docentes en servicio en comunidades indígenas o afrodescendientes. Aprovechando esta posibilidad, suelen combinar las actividades en las aulas universitarias con formas de enseñanza-aprendizaje en servicio en las escuelas de las comunidades en las cuales estos estudiantes universitarios son docentes. En otros casos, las clases a cargo de personas sabias de las comunidades se dan en los propios territorios, especial- mente cuando el contenido de las mismas se relaciona con conocimientos etnobotánicos y otros en los cuales estar en territorio resulta especialmente provechoso. Estas estrategias de trabajo suelen abrir amplias posibilidades para desarrollar formas sostenibles de colaboración intercultural. No obstante, éstas no están exentas de asimetrías de poder, dificultades y conflictos, todo lo cual es –de todos modos– parte de los caminos a transitar para poder construir modalidades sostenibles de colaboración intercultural, que sean equitativas y provechosas.

3)  Programas y proyectos de docencia, investigación y/o de vinculación social, desarrollados por universidades u otras IES convencionales con participación de comunidades de pueblos indígenas y/o afrodescendientes.

El conjunto de experiencias que forzadamente incluyo en este conjunto es expresión de la diversidad de contextos, culturas profesionales y académicas, culturas institucionales, y normativas monoculturalistas, que ponen a prueba la creatividad de numerosos grupos de docentes, investigadores, autoridades universitarias y otros actores significativos. Por esto, bajo la complicada denominación de esta modalidad he agrupado muy diversas experiencias, que un tanto arbitrariamente se podrían separar en tres subconjuntos, pero el problema es que algunas de ellas formarían parte de más de uno de éstos. Las experiencias comprendidas en cual- quiera de ellos pueden alcanzar logros más o menos significativos en el desarrollo de relaciones de colaboración intercultural, las cuales como en los casos antes comentados no están exentas de diferencias de intereses y visiones, asimetrías de poder, dificultades y eventualmente conflictos.

El primero de esos subconjuntos abarcaría las experiencias centradas principalmente en programas o proyectos de docencia, algunos de los cuales incluyen componentes de investigación y/o de vinculación con la comunidad. Se diferencian de los del tipo descrito en la sección anterior en que se trata de una o más asignaturas o seminarios que no necesariamente otorgan créditos, puntos, u horas para graduarse. Dependiendo de los casos, este tipo de actividades se caracteriza por incluir la participación de docentes provenientes de los pueblos indígenas y la inclusión de lenguas, saberes y modos de producción de conocimiento y aprendizaje propios de estos pueblos.

El segundo subconjunto abarcaría experiencias en las cuales la colaboración intercultural se da principalmente a través de programas o proyectos de investigación, algunos de los cuales además incluyen actividades docentes, otras no. Según los casos, estas experiencias producen conocimientos sobre estas comunidades, sistematizan sus idiomas y conocimientos, o generan tecnologías, que comparten de manera proactiva con las comunidades, o bien hacen esto mismo pero mediante modalidades de coproducción.

El tercer subgrupo incluiría experiencias en las que la colaboración se da especialmente mediante proyectos denominados de “vinculación”, “extensión”, “servicio”, u otras denominaciones, orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades. En muchos casos no se limitan a “aplicar” saberes académicos en las comunidades, sino que integran saberes de las comunidades. Este tipo de casos se caracterizaría porque aunque incluyen actividades docentes y de investigación, sus actividades principales son de servicio a y vinculación con las comunidades.

1)  Convenios de co-ejecución entre universidades u otros tipos de IES convencionales y organizaciones o comunidades indígenas y/o afrodescendientes

Aunque se trata de una modalidad de trabajo potencialmente muy provechosa, las experiencias de este tipo son relativamente escasas. Algunas se conciben desde el principio para alcanzar metas relativamente limitadas y son de duración muy acotada, unos meses, un año, un par de años. Otras comienzan de esta forma pero si los convenios se renuevan su existencia se extiende. En tanto otras se conciben desde el principio para extenderse por varios años, algunas de ellas han dado lugar a la creación de programas especiales al interior de las universidades u otras IES. Todas ellas involucran desde el comienzo la necesidad de negociar intereses y objeti- vos. Todas las que han sido estudiadas desde los tres proyectos que sirven de referencia a este artículo han sido propuestas por organizaciones, comunidades o referentes indígenas o afrodescendientes a las universidades u otros tipos de IES. Todas ellas han logrado satisfacer en mayor o menor medida los objetivos previstos. Esto de ningún modo supone que en el curso de las mismas no se hayan presentado diferencias y conflictos, sino que se ha logrado manejar estos sin comprometer los objetivos.

2)   Universidades y otros tipos de IES interculturales

Las universidades y otros tipos de IES interculturales se caracterizan por procurar integrar los saberes, modos de producción de conocimiento y modos de aprendizaje de varias tradiciones culturales. Más allá de este rasgo común, estos tipos de instituciones son muy distintos entre sí, como consecuencia de las diferencias existentes entre los diversos pueblos indígenas o afrodescendientes, los múltiples Estados nacionales y los heterogéneos actores que según los casos han intervenido en su creación, entre otros factores. No existe un modelo de referencia, y dadas las diferencias apuntadas tampoco sería pertinente pretender establecerlo.

Como consecuencia del proceso de colonización y las continuidades del mismo observables en las repúblicas fundadas en el siglo XIX, estas instituciones han sido creadas especialmente para atender las demandas y propuestas de formación de pueblos indígenas y/o afrodescendientes. Esta orientación de ningún modo puede considerarse “normal”, ya que en sociedades pluriculturales la educación intercultural debería estar dirigida a todos los componentes de las mismas.

El caso es que estas instituciones reciben principalmente estudiantes indígenas y/o afrodescendientes y en mucho menor medida estudiantes que no se identifican como pertenecientes a estos pueblos. En vista del rezago de los Estados en satisfacer las demandas de “interculturizar toda la educación superior”, dirigentes y organizaciones indígenas y afrodescendientes de varios países de la región se han dado a la tarea de crear instituciones propias. Por otra parte, también existen universidades y otros tipos de IES de carácter intercultural que han sido creadas por organismos estatales de distinto nivel, otras que han sido creadas formando parte de una universidad o sistema universitario “convencional”, como también otras que han sido creadas por diversos tipos de organizaciones sociales. También existe un caso particular, el de la Universidad Indígena Intercultural, que ha sido creada por un organismo multilateral particular, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el cual es cogobernado por un cuerpo de representantes de gobiernos y organizaciones indígenas.

Las publicaciones de los tres proyectos que sirven de referencia a este artículo documentan la experiencia de varias universidades de cada uno de los tipos antes mencionados (Mato, coord., 2008, 2009a, 2015, 2016, 2017, 2018a, 2018b). Limitaciones de extensión impiden exponer acá sobre las importantes diferencias existentes entre las universidades u otras IES interculturales creadas por organizaciones y/o referentes indígenas y/o afrodescendientes y las creadas por organismos estatales, sobre las cuales se ha expuesto en detalle en las publicaciones antes mencionadas. No obstante, de manera sintética cabe afirmar que en la mayoría de las universidades creadas por organizaciones y/o intelectuales de pueblos indígenas y/o afrodescendientes, el adjetivo “intercultural” alude a que incluyen conocimientos de diversos pueblos de estos tipos y también de la tradición occidental moderna. En esto se diferencian claramente del uso que los Estados hacen de este mismo adjetivo, ya que estos lo utilizan para referir a las relaciones entre dos “culturas” homogéneamente representadas, la de la “sociedad nacional” y “la indígena”. Si bien suelen reconocer la existencia de diferencias al interior de esta última, en la práctica suelen presentarla como si fuera homogénea.

Educación Superior y pueblos indígenas y afrodescendientes: logros, problemas y desafíos

Los proyectos de alcance latinoamericano que sirven de referencia a este artículo han permitido identificar tanto los principales logros de las experiencias estudiadas, como los problemas y desafíos que estas deben enfrentar. De manera sintética son los siguientes:

  • Logros: Los principales logros de los programas, universidades y otras IES estudiadas son:
  • i)mejoran las posibilidades de que individuos indígenas y afrodescendientes accedan a oportunidades de educación superior y culminen exitosamente sus estudios, ii) ajustan su oferta educativa a necesidades, demandas y proyectos de las comunidades y la relacionan con oportunidades locales y regionales (subnacionales) de empleo, generación de iniciativas productivas y ser- vicio a la comunidad, iii) desarrollan modalidades participativas de aprendizaje centradas en la investigación aplicada, iv) integran docencia/aprendizaje, investigación y servicio a las comunidades, v) integran diversos tipos de saberes y modos de producción de conocimiento, vi) pro- mueven la valorización y, según los casos, incorporan lenguas y conocimientos propios de estos pueblos y comunidades, contribuyen proactivamente a su fortalecimiento y realizan investigación sobre ellos, vii) desarrollan docencia e investigación orientados por criterios de valoración de la diversidad cultural, interculturalidad, equidad, inclusión, gobernabilidad democrática, desarrollo humano y sostenible, viii) forman egresados que contribuyen al desarrollo sostenible local y regional y al mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.
  • Problemas y desafíos: Los problemas y desafíos más frecuentemente enfrentados por estas universidades, IES y programas son: i) insuficiencia y/o precariedad presupuestaria, ii) actitudes racistas por parte de funcionarios públicos y diversos sectores de población que afectan el des- arrollo de sus actividades, iii) dificultades derivadas de la rigidez de los criterios de evaluación aplicados por las agencias especializadas de los Estados encargadas de otorgar reconocimiento y/o acreditación, iv) obstáculos institucionales derivados de la rigidez de procedimientos administrativos, los cuales afectan la ejecución de sus planes y actividades, v) obstáculos institucionales derivados de la rigidez de criterios académicos aplicados por las IES dentro de las cuales funcionan algunos de los programas estudiados, y/o por agencias gubernamentales que otorgan fondos para investigación y actividades de formación, vi) dificultades para conseguir docentes y otro personal con adecuada sensibilidad y recursos personales y técnicos para el trabajo intercultural, vii) dificultades económicas de los estudiantes para poder dedicarse más y mejor a su formación, viii) insuficiencia de becas.

Recomendaciones de la declaración final de la CRES 2018 respecto de Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad

Como se mencionó más arriba, la Declaración Final de la CRES 2018 incluye un conjunto de recomendaciones de tipo general acerca del tema que nos ocupa. A continuación se presenta un extracto de las mismas:

Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. […].

Es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es solo incluir en las instituciones de educación superior a mujeres, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente discriminados, sino transformarlas para que sean social y culturalmente pertinentes. Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales.

Es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas. […]

[…] Existe una importante deuda histórica de los Estados y sociedades latinoamericanas y caribeñas con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien sus derechos son reconocidos en numerosos instrumentos internacionales y en la mayoría de las constituciones nacionales, existe un alarmante déficit en el disfrute efectivo de los mismos, incluso en la educación superior. Las instituciones de educación superior deben garantizar el disfrute efectivo de estos derechos y educar a la población en general, y particularmente a sus comunidades, contra el racismo y todas las formas de discriminación y formas conexas de intolerancia.

Es fundamental promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas de pueblos indígenas y afrodescendientes y su uso efectivo en las prácticas de docencia, investigación y extensión. La formación de docentes interculturales bilingües para todos los niveles de los sistemas educativos es un deber prioritario de la educación superior. (CRES, 2018a: 8-9)

Dado lo expuesto en secciones anteriores de este artículo y la elocuencia de estas recomendaciones, no parece necesario formular comentarios al respecto. Estas recomendaciones expresan un claro reconocimiento a los logros, problemas y desafíos antes expuestos y constituyen un significativo avance en este campo. No obstante, ahora el desafío es cómo lograr que las políticas públicas en la materia y las universidades e IES efectivamente las pongan en práctica, sobre lo que expondremos brevemente en la sección final de este texto.

La Carta de las Universidades e Instituciones de Educación de los Pueblos Indígenas

Para valorar apropiadamente la carta objeto de la presente sección de este artículo, es necesario tener en cuenta algunos detalles de contexto que se refieren en los siguientes párrafos, así como destacar que su lectura en el Acto de Clausura de la CRES 2018 fue aplaudida por toda la concurrencia y aclamada por buena parte de ella. Al respecto interesa destacar que los más de dos millares de asistentes a este acto incluían un muy importante número de rectores y otras autoridades de universidades y otras IES, docentes, estudiantes, investigadores y especialistas en el tema de toda América Latina y el Caribe.

Para comprender cómo se llegó a esto, es necesario considerar que la CRES 2018 no solo contó con la participación de rectoras, rectores y otros representantes de diez universidades y otros tipos de IES de pueblos indígenas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, buena parte de las cuales forma parte de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), sino que además, la Magister Alta Hooker Blanford, Coordinadora de dicha red y rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), una de sus universidades miembro, formó parte del equipo del eje temático Educación Superior, Diversidad Cultural e Interculturalidad de esta cumbre y en tanto tal se encargó de redactar un capítulo sobre este tipos de instituciones (Hooker Blanford, 2018).

Estos colegas participaron activamente de las deliberaciones del simposio del eje temático antes mencionado, como también de las que se produjeron a continuación de una conferencia ofrecida por la mencionada rectora. Esto permitió que los colegas de instituciones de la RUIICAY y los de otras instituciones que no forman parte de esa red se conocieran y así surgiera la propuesta de reunirse para intercambiar ideas. La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba facilitó sus instalaciones para realizar dos extensas y muy provechosas reuniones, en las que a modo de observadores y/o en tareas de apoyo también participaron autoridades y docentes de esa unidad académica, los miembros del equipo de eje temático antes mencionado y otras personas interesadas en el tema. Así, se desarrollaron dos provechosas reuniones de aproximadamente tres horas cada una en las que los representantes de las universidades y otras IES indígenas acordaron el texto de la carta que luego presentaron en el acto de clausura. La lectura de ese documento en tan importante escenario fue posible por invitación formulada por el Coordinador General de la CRES, quien, tras ser invitado, se acercó un momento durante la segunda jornada de deliberaciones.

Entre otros asuntos de interés, esa carta expresa los siguientes:

Nuestro reconocimiento a los organizadores de la CRES 2018 por haber previsto el aborda- je de los temas de interculturalidad y diversidad cultural en la educación superior en América Latina y el Caribe, lo que nos ha permitido exponer nuestra palabra y nuestras propias experiencias […]

Desde nuestros Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, la interculturalidad, entendida como una forma de promover la diversidad cultural, los valores de nuestras culturas milenarias, permitió dar importantes pasos en las universidades convencionales durante las últimas décadas, por ejemplo: programas específicos con contenidos indígenas, formación de profesionales interculturales, acciones positivas a favor de jóvenes, entre otros. Sin embargo, debemos afirmar que persiste la deuda histórica de los Estados y de las IES hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes manifiesta en el no reconocimiento y no respeto a nuestras instituciones educativas y culturales, la academia que nos convierte en objetos de investigación y no protagonistas, la pérdida cultural indígena de quienes acuden a las universidades, hasta la violencia epistémica o la desvalorización de nuestros conceptos y nuestras pedagogías indígenas, entre otras manifestaciones […]

[…] Queremos compartir a los Estados y a las IES que, en las últimas décadas, nuestras abuelas y abuelos, sabias y sabios, y nuestras comunidades y pueblos indígenas en un esfuerzo compartido con sus organizaciones sociales y autoridades comunitarias, como sujetos de derecho hemos iniciado la reconstrucción y recreación de nuestras instituciones educativas, sociales, culturales y de espiritualidad indígena y afrodescendiente. Nuestras universidades e instituciones educativas con sus currículos y pedagogías, identidad y simbologías propias, nacen interculturales reafirmando su contenido y carácter indígena y afrodescendientes al mismo tiempo que buscan el acceso a las otras culturas, sistemas educativos, idiomas, a los otros saberes, ciencias y culturas, hacia una formación pluricultural e intercultural, son procesos educativos de creciente pluriversidad.

Nuestras universidades e instituciones educativas se han creado en el marco constitucional de nuestros países, aplicando los convenios internacionales […]. Sin embargo, solo algunos Estados reconocen la institucionalidad y dan apoyo financiero a nuestras Universidades e instituciones educativas, en otros casos se está en proceso, y en numerosos casos los Estados y las IES no reconocen, no respetan.

[…] Estamos convencidos que los Estados y las IES en el marco de la interculturalidad caminan hacia el dialogo de saberes, pueblos y culturas, proceso que pasa por el reconocimiento y respeto de las universidades e instituciones de educación indígenas y afrodescendientes, de sus sistemas jurídicos, de salud y de producción alimentaria, de sus idiomas propios, a la implementación de esfuerzos conjuntos en la formación de profesionales interculturales que reafirmen y refuercen su identidad cultural indígena y afrodescendiente al mismo tiempo que son profesionales egresados de las universidad convencionales, y otras acciones que deben buscar la eliminación del racismo hacia los pueblos indígenas y afro- descendientes y toda forma de desigualdad social que afecta a nuestras sociedades. […]

[…] Abogamos por una cultura de tolerancia, solidaridad, hermandad entre nuestros pueblos y comunidades y de armonía con la madre tierra, nuestros territorios y sus bienes naturales que son parte de los contenidos de las nuestras universidades e instituciones educativas cuyo objetivo es educar para la vida y para el buen vivir de nuestros pueblos, recuperar la solidaridad desde nuestras cosmovisiones y pedagogías, sueños y esperanzas, y formas de evaluación y acreditación, en ejercicio de nuestro derecho a la educación como un bien público y social, un derecho humano universal y una obligación de los Estados y de las IES a quienes también asiste una responsabilidad institucional de apoyar y acompañar para armonizar de manera conjunta y respetuosa, ambos procesos educativos y culturales. (CRES, 2018b)

Limitaciones de espacio impiden analizar apropiadamente esta importante declaración, por lo que me limitaré a destacar solo algunos rasgos que me parecen de especial importancia. Su tono es de reconocimiento y diálogo, pero no por ello renuncia a puntualizar las posiciones y demandas de quienes la suscriben. Pienso que un pasaje clave del documento es el que expresa que persiste una “deuda histórica” de los Estados y de las IES hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes “manifiesta en el no reconocimiento y no respeto a nuestras instituciones educativas y culturales, la academia que nos convierte en objetos de investigación y no protagonistas”.

Esta afirmación en buena medida parte aguas respecto de la orientación principal de Estados y universidades e IES “convencionales”, quienes en el mejor de los casos se orientan a incorporar a personas, conocimientos, sistemas lingüísticos, modos de aprendizaje y de producción de conocimientos de esos pueblos dentro de la institucionalidad de la Educación Superior establecida, o como máximo a transformar a esta para que pueda acoger a todo aquello “Otro”. Es con referencia a ella que se plantea el diálogo, y que lo hace como un diálogo entre iguales. Este posicionamiento que, por lo demás aparece explícitamente recogido en la Declaración Final de la CRES 2018, plantea un desafío de especial importancia, ya no solo a las universidades y otros tipos de IES “convencionales”, sino también y muy especialmente a la formulación de políticas públicas en la materia, a los sistemas de Educación Superior vistos en su conjunto y – aún más especialmente- a las normas y prácticas de las agencias de evaluación y acreditación que forman parte de los mismos (Hooker Blanford, 2017; Mato, 2014).

Comentarios finales para estimular reflexiones e intercambios

Pienso que lo más importante de la carta de las universidades e instituciones de educación de los pueblos indígenas respecto del foco del presente artículo es que los planteamientos que en ella se formulan fueron presentados en la reunión cumbre de la Educación Superior latinoamericana y caribeña y que su lectura fue entusiastamente aplaudida.

Pienso que también es importante considerar que esta carta no fue leída en el Acto de Clausura por azar, sino porque ella es parte de un proceso que ha venido gestándose y madurando lentamente desde los tiempos de la colonia. Un proceso en el que se ha avanzado especialmente gracias a las luchas de pueblos indígenas y afrodescendientes y las de algunos movimientos sociales con agendas convergentes que –entre otras consecuencias- han logrado avances importantes en instrumentos jurídicos internacionales y en constituciones nacionales, así como interpelar a diversos sectores académicos que han comprendido su pertinencia y valor, además de que se ha expresado en la creación de instituciones propias por parte de organizaciones indígenas y afrodescendientes (Bolaños, Tatay y Pancho, 2009; Cerruto, 2009; Flores, 2008; Hernández Cassiani, 2008; Hooker Blanford, 2008, 2016, 2018; Palechor Arévalo, 2017; Sarango, 2009). Estos procesos son los que han hecho posible la apertura que se produjo en la CRES 2008, que se amplió notablemente en la CRES 2018.

Lo ocurrido en la CRES 2018 constituye, sin duda, un avance para celebrar. El detalle es que esto viene a ocurrir un siglo después de la Reforma del 18. Es necesario reconocer que el tema no estuvo presente en la Reforma Universitaria de 1918, que su Manifiesto Liminar no lo incluyó, pese a que enfatizaba la ruptura con el orden monárquico (clara referencia al período colonial) y la vigencia de una “hora americana”, y a que por entonces ya se conmemoraba el primer centenario de los movimientos independentistas latinoamericanos, en cuyos ejércitos, tan- tas veces se ha reconocido, participaron indígenas y afrodescendientes. Reconocer esta limitación resulta necesario para poder contextualizar históricamente el proceso que nos ocupa y comprender que su temporalidad no es un hecho fortuito.

Es necesario advertir que las sociedades latinoamericanas están extremadamente atrasadas en reconocer y pagar la “deuda histórica” con los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo cual, visto de otro modo, significa también reconocer que lo están respecto de su especificidad histórico-social en tanto sociedades pluriculturales que han sido construidas por Estados que -nos guste o no- desde hace ya dos siglos educan a “sus” poblaciones en el racismo, sea abierto o solapado. Las universidades y otros tipos de IES de la región tienen importantes pape- les que cumplir al respecto. Para avanzar en ello, sería significativo que incorporaran la educación contra todas las formas de racismo como una de sus prioridades institucionales. Adicionalmente, se impone llevar a la práctica las recomendaciones consensuadas en la Declaración Final de la CRES 2018.

*Notas:

1 En este artículo, como en publicaciones anteriores, denomino “convencionales” a las universidades que no han sido creadas por referentes y/u organizaciones de pueblos indígenas o afrodescendientes, o para responder a sus demandas y Desde luego, se trata solo de una denominación genérica a los fines de la exposición, por cuanto dentro del universo de las así llamadas “convencionales” cabe observar la existencia de diversos tipos de modelos universitarios.

2 La Declaración Final de la CRES 2008 está disponible en: http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_con- tent&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es

3 La Declaración Final de la CRES 2018 está disponible en: http://www.cres2018.org/uploads/declaracion_cres2018%20(2).pdf

4 Esta carta está disponible en: http://www.cres2018.org/uploads/carta_pueblos_originarios.pdf

5 Es un deber destacar que el panorama y análisis que ofrezco en las páginas siguientes se basa en parte en las investi- gaciones sobre el tema que de manera individual he venido realizando desde 2004, pero muy especialmente en las rea- lizadas en el marco de las siguientes tres iniciativas: a) Entre 2007 y 2011 con la colaboración de 67 colegas de diez países latinoamericanos, desde el ya mencionado Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior, de UNESCO-IESALC (Mato, , 2008, 2009a, 2009b, 2012); b) A partir de 2011 desde el Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina (Programa ESIAL) de la Universidad Nacional de Tres

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Fuente: https://www.unse.edu.ar/images/archivospdf/Mato%202018%20-%20De%20Reforma%201918%20a%20CRES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018%20-%20en%20Revista%20Comahue.pdf

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