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México / 19 de agosto de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

“Soy una prueba de los maestros olvidados y que la Reforma Educativa no fue más que movimiento inútil. En ciclos escolares anteriores presenté dos evaluaciones, una de permanencia y otra de promoción resultando idónea en ambas ocasiones, con buenos resultados. En la evaluación de permanencia obtuve el 2° lugar a nivel Ciudad de México, sin recibir a la fecha ni la “basificación” del segundo recurso, que fue la promesa por hacer el examen, ni la mejora salarial y menos la promoción.” Es la narración que me envió una profesora de Educación Primaria hace unos días.

Durante los últimos años he recibido una cantidad considerable de mensajes como éstos, e información de profesoras y profesores tanto de educación básica como de media superior, sobre irregularidades cometidas por la burocracia durante la puesta en operación y los procesos finos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), que forma parte del aparato legal de aquello que se ha dado en llamar “Reforma Educativa”, del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El contenido de dichos mensajes está dirigido a protestar en contra de las irregularidades en que han sido víctimas muchos de los docentes, directivos escolares y asesores académicos de la escuela pública, participantes de las evaluaciones organizadas por la SEP, a través de la Coordinación Nacional del SPD. Las denuncias y manifestaciones de coraje o decepción, por la manera en que se ha puesto en práctica la mencionada ley, también tienen por objetivo mostrar los desvíos y sesgos que han producido las burocracias tanto del gobierno federal como de las entidades federativas en tales procesos. Han sido de tal grado las fallas y las inconsistencias, -escriben las diferentes figuras escolares-, que por esa razón le han dado en llamar a esta Reforma más bien “administrativa y laboral”, pero no pedagógica.

Además de no ser educativa, esta Reforma ha sido deficientemente aplicada, pues la operación de la misma no se apega a criterios de equidad, eficiencia, transparencia y oportunidad en los procesos y productos de la evaluación educativa.

“Para la promoción obtuve el lugar 57 para Supervisión de Primaria. Al solicitar a la presidencia de la República, el informe (acerca) de cómo iba el proceso y la aclaración (respectiva sobre) la asignación de plazas, me informaron que a diciembre (2017) habían entregado 25 espacios. En mayo (de 2018) hubo otra remesa de 33 espacios más, lo que da un total de 58 plazas para Supervisor, por consiguiente debí haber sido asignada, lo cual nunca sucedió. La repuesta de las autoridades es: «Vuelve a hacer el examen, pero no hay lugares y lo sabes», lo cual es una burla a mi trabajo y a mi persona. Aún peor, el director que me asignaron en turno vespertino apenas si obtuvo la evaluación de “suficiente” en el examen de permanencia, sin hacer evaluación de promoción, y (aún) así lo asignaron como director de doble turno, con resultados muy por debajo de los míos, lo cual se supone que no debería hacerse, ya que fue asignado por “dedazo”. ¿Es o no es una burla?”, así lo narra una de las profesoras afectadas.

Aun si se concediera que esta Reforma tiene solo carácter “laboral” y no pedagógico, sus componentes legales deberían de cumplirse al pie de la letra, pero esto no ha sido así. La entrega de plazas, por ejemplo, a partir del criterio discutible del “mérito”, se ha quedado en el discurso, en incumplimiento o simplemente ha quedado arrastrada por el poder de la burocracia. No solo se trata de un problema de la aplicación inexacta de la ley (tal como lo han dicho algunos defensores de la Reforma Educativa actual), sino de la inercia deplorable de los usos y costumbres que gobiernan en las oficinas y mostradores locales o de cada entidad.

Algunos de los mensajes que he recibido y que más me han llamado la atención, son aquellos que se refieren a la aplicación torcida de la LGSPD, debido a que no se ha atendido lo escrito en ella ni se han seguido dichos principios básicos administrativos, ello se puede evidenciar en el manejo poco claro y expedito de la información, en la falta de transparencia en los procesos y el uso de los recursos, así como en la carencia de “certeza” y atención prioritaria al “mérito” como criterio para la designación de plazas, incentivos y reconocimientos profesionales; tampoco se ha atendido eficientemente el otorgamiento de promociones y el envío de los resultados puntuales, a los interesados, de las evaluaciones de desempeño.

Las preguntas que quedan sobre la mesa de los diputados federales y senadores, que fungirán como representantes de la sociedad en el Congreso de la Unión durante el siguiente periodo ordinario, a iniciar en septiembre próximo, son: ¿Qué modificaciones a las normas legales se prevén en el corto y mediano plazos en materia de educación para solucionar estas injusticias? ¿Hay planes para establecer un nuevo régimen de evaluaciones para docentes, directivos escolares y asesores técnicos con apego a la realidad educativa? De seguir adelante el plan de echar abajo la Reforma actual: ¿Están contemplados candados y sanciones dirigidos a las autoridades educativas, tanto del ámbito federal como estatal, a efecto de evitar estas aplicaciones sesgadas e irregulares de las normas?

Aparte de la necesidad de realizar modificaciones urgentes al marco legal de la educación en todo el país (no solo en lo que concierne a la evaluación de las figuras educativas), es conveniente que se ponga orden a los manejos irregulares que realizan las autoridades intermedias y superiores en las entidades federativas. Hacer un alto en el camino y crear nuevas condiciones para que los docentes, directivos y asesores sean respetados en sus derechos y obligaciones, son prioridades que deberá observar el próximo gobierno de la República, a partir de un nuevo marco legal.

Así mismo, es tiempo de valorar la pertinencia de crear un organismo autónomo que se dedique a revisar y resolver, de manera neutral, los procesos de evaluación a los que están y estarán sujetas las diferentes figuras escolares. Me refiero específicamente a la creación de una Defensoría de los Derechos de los Profesionales de la Educación.

Si en el ámbito federal los ciudadanos contamos con instituciones similares para defender derechos diversos en los ámbitos del consumo, la violencia, la discriminación, los conflictos fiscales y los servicios médicos, entre otros ¿por qué no habría de ser así para los educadores?

jcmqro3@yahoo.com

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/13/reforma-educativa-y-burocracia-problemas-y-soluciones

ove/mahv