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Declaración de organizaciones de la sociedad civil
Conferencia de Financiamiento de la Alianza Mundial por la Educación, Dakar
Adoptada el 31 de enero de 2018
Nosotras/os, representantes de organizaciones no gubernamentales
nacionales, regionales e internacionales y organizaciones de la sociedad
civil de todas las regiones del mundo, nos hemos reunido en el evento de
organizaciones de la sociedad civil en Dakar, Senegal, el 31 de enero de
2018. Este evento, organizado por la Campaña Mundial por la Educación
(CME), en conjunto con la Red Africana de Educación para Todos
(ANCEFA) y la Coalición de Organizaciones en Sinergia para la Defensa
de la Educación Pública (COSYDEP) de Senegal – tuvo lugar previamente
a la Conferencia de Financiamiento de la Alianza Mundial por la
Educación (AME), programada para realizarse en Dakar, del 1º al 2 de
febrero de 2018.
Celebramos la Conferencia de Financiación de Reabastecimiento de la AME y
apoyamos con entusiasmo la meta establecida por esta Alianza Mundial, de
movilizar al menos USD 2 mil millones al año hasta el 2020.
Luego de nuestros diálogos, hemos adoptado esta declaración, que refleja las
aspiraciones de las Organización de la Sociedad Civil aquí presentes con
respecto a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4:
1. Reafirmamos que la educación es un derecho humano fundamental que
los Estados deben brindar gratuitamente, a través de sistemas públicos
inclusivos, transformadores de las relaciones de género y financiados
adecuadamente. Por esta razón, el financiamiento de la educación
pública y gratuita es parte integral del derecho a la educación y es una
de las obligaciones centrales de los gobiernos y la comunidad
internacional. La AME debe garantizar que todo su trabajo refuerce el
derecho a la educación.
2. Recordamos que la educación es fundamental para el logro de todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, caso no tengamos un
cambio radical en la financiación de la educación dedicada a los grupos
más marginados, las ambiciones de la agenda de los ODS, y en
particular del ODS 4 y de la Agenda de Educación 2030, llevarán por lo
menos 50 años para lograrse. La AME debe estar en la vanguardia de la
promoción del financiamiento sostenible para la agenda completa del
ODS 4.
3. Hacemos un llamado a los gobiernos para que cumplan su compromiso
de “no dejar a nadie atrás”, mediante la inversión de más recursos para
abordar las diversas inequidades y las múltiples desventajas que
enfrentan las niñas y los niños con discapacidad; aquellas/os que viven
en áreas rurales remotas o barrios marginales; las personas migrantes y
que viven en comunidades de pastoras/es; así como huérfanas/os,
refugiadas/os, minorías étnicas y todos los demás grupos que sufren
discriminación. El enfoque en la igualdad de género, en particular, es
esencial para lograr el derecho a la educación para todas y todos.
Hacemos un llamado a la AME para que fortalezca su apoyo a la agenda
completa del ODS 4 / Educación 2030, incluyendo la alfabetización y
educación de personas jóvenes y adultas, así como la educación en la
primera infancia.
4. El derecho a la educación incluye las principales obligaciones de los
Estados y las comunidades internacionales. Los marcos legales y
políticos establecen que los gobiernos deben aumentar los recursos
domésticos para la educación hasta alcanzar como mínimo 4-6% del PIB
y 15-20% de los presupuestos nacionales. Afirmamos que el 6% del PIB
y el 20% de los presupuestos nacionales deben considerarse
referenciales mínimos para los países en desarrollo. Bajo ninguna
circunstancia, debería haber una regresión en el financiamiento
educativo, incluso en situaciones de crisis económica o conflicto. Los
gobiernos deberían ejecutar sus presupuestos educativos con mayor
sensibilidad hacia la equidad, la igualdad de género, la inclusión y la
calidad. Acciones para asegurar la transparencia de los presupuestos y
el seguimiento de los fondos de manera independiente, con la
participación de la sociedad civil, pueden garantizar que los nuevos
recursos se apliquen efectivamente en el terreno. La asistencia bilateral
y multilateral debe aumentar al 0,7% y al menos el 30% de la ayuda a la
educación debe comprometerse con el apoyo a esfuerzos multilaterales
como la AME. A su vez, la AME necesita usar su influencia para
garantizar que los gobiernos se comprometan verdaderamente en
invertir por lo menos el 6% del PIB y el 20% de sus presupuestos en
educación, considerando para este último indicador la cantidad total de
ingresos (como es la práctica establecida), sin descontar el valor gasto
de los Estados en el pago de la deuda pública, de manera que este
requisito se tome en cuenta en el modelo de financiación de la AME.
5. La ausencia de impuestos adecuados y justos priva a los Estados de los
recursos necesarios para financiar de manera sostenible la educación
pública, gratuita y de buena calidad. Los flujos financieros ilícitos que se
estiman en USD 50 mil millones al año solo en África también perjudican
la financiación de la educación y son una forma sistemática de
corrupción. Se deben tomar medidas concretas para erradicar la
corrupción en todos los niveles. Los gobiernos deberían invertir
urgentemente en la construcción de una base impositiva más progresiva
y expansiva; evitar la concesión de incentivos fiscales perjudiciales y
tomar medidas para contrarrestar los abusos fiscales. Los ministerios de
finanzas deberían involucrarse en debates estratégicos que vinculen
cuestiones de justicia fiscal y educación. La AME, a su vez, debería
expandir explícitamente su enfoque en la financiación doméstica de la
educación, mirando más allá del porcentaje del presupuesto que se
invierte en este campo para abordar el tamaño de los presupuestos del
gobierno en general, por ejemplo, utilizando como indicador el
porcentaje del PIB que se dedica a la educación y alguna forma de
calcular en qué medida la base tributaria en los países es progresiva. La
AME también debe sumar su voz a la creciente convocatoria por la
creación de un organismo intergubernamental democrático, que cuente
con los recursos suficientes para establecer y hacer cumplir normas
impositivas mundiales y con poder para gravar los enormes ingresos
depositados en los paraísos fiscales.
6. Reconocemos que el sector privado mira cada vez más los sistemas de
educación pública como mercados lucrativos, dejando de lado a las y los
ciudadanas/os como impulsoras/es clave de las políticas, al permitir que
las empresas y organizaciones privadas dominen la toma de decisiones
políticas. Hacemos un llamado a todas las compañías que apoyan la
AME y la Global Business Coalition on Education para que apoyen, de
manera inequívoca, el fortalecimiento de sistemas públicos
transparentes y se comprometan en estar en la vanguardia de las
prácticas progresivas en sus propios temas fiscales (incluso a través de
informes para cada país). Como la AME busca expandir el compromiso
del sector privado, esto siempre debe enfocarse en reforzar los sistemas
gubernamentales y la rendición de cuentas de la educación pública a las
ciudadanas y ciudadanos nacionales. La AME debe ser explícita en no
respaldar a las escuelas privadas que cobran tasas, las empresas de
educación con fines de lucro y las reformas que puedan crear sistemas
educativos estratificados o desiguales, así como la mercantilización de la
educación.
7. La privatización de la educación está inevitablemente conectada a un
proceso de limitación del acceso al conocimiento a las clases de élite.
Este proceso está segmentado y condicionado por la capacidad de pago
y la riqueza relativa, tanto de las familias como de los países. En este
proceso generalizado, la lógica impulsada por el mercado se expande en
todas las esferas de la vida y profundiza las desigualdades a nivel global
– puesto que la privatización de la educación representa una barrera
crítica que socava las posibilidades de establecer órdenes políticos
democráticos e igualitarios.
8. De acuerdo a la prioridad en la Estrategia 2020 de la AME, se debe
poner énfasis en la profesionalización de las y los docentes, a menudo
mujeres, como el paso fundamental para mejorar los entornos de
aprendizaje y la calidad de la educación. No se deberían apoyar los
planes educativos que promuevan el uso de docentes no calificadas/os o
no formadas/os y con bajos salarios, lo que perjudica la profesión. Para
que todas las niñas y niños estén en la escuela primaria, necesitamos
1,7 millones más maestras y maestros, 1 millón más solo en África,
quienes deben ser docentes profesionales bien formadas/os.
9. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aplican a todos los individuos
y a todos los países sin distinción, por lo que invertir en la educación de
las niñas y los niños migrantes, incluidas/os las y los refugiadas/os y
solicitantes de asilo, es una obligación clave de todos los Estados.
Igualmente, la educación para niñas y niños desplazadas/os en el
interior de los países es una obligación clave. La AME debe asegurarse
de tener los sistemas para responder a los desafíos específicos de la
realización del derecho a la educación en países frágiles y afectados por
conflictos y contextos de emergencia, incluidos los países bajo
ocupación y todos los espacios donde el derecho a la educación se ve
amenazado. La AME debería trabajar para garantizar que iniciativas
como “Educación no puede esperar” (“Education cannot wait”) estén
totalmente armonizadas y, caso posible, integradas a la AME.
10. La AME debe seguir con su importante enfoque en la equidad,
asegurando que los patrones de exclusión, sub-provisión y bajo
rendimiento sean acompañados de cerca en cada país y contexto. Hay
la necesidad urgente de seguir más sistemáticamente las medidas
adoptadas para proporcionar una educación inclusiva, en particular para
las/los niñas/os con discapacidad. La educación de las niñas es una de
las intervenciones más transformadoras que un país puede realizar, y
todos los obstáculos a la matrícula, la progresión y los logros de las
niñas en el sistema educativo deben articularse claramente y abordarse
en los planes respaldados por la AME. Nunca antes habíamos sido más
conscientes del impacto devastador de los conflictos, las crisis y las
emergencias en la educación. Las niñas enfrentan barreras particulares
debido a diversas formas de discriminación que se manifiestan durante
el conflicto, incluida la violencia de género y el matrimonio precoz.
Asegurar que datos fiables se recopilen de manera desagregada es un
paso importante hacia el avance de la equidad.
Nos comprometemos como sociedad civil a perseguir el aumento,
entre países en desarrollo y donantes, de la proporción de los
presupuestos que se dedican a la educación, el tamaño de los
presupuestos en general, la sensibilidad de las asignaciones hacia la
equidad y el seguimiento del gasto para garantizar que los
presupuestos educativos se utilicen de manera plena y efectiva en la
práctica. Reconocemos que tenemos un papel particular a desempeñar
en el seguimiento de los compromisos y el monitoreo independiente
de los presupuestos de educación. Hacemos un llamado a los
gobiernos y donantes a respetar la participación de la sociedad civil, a
detener la criminalización de las y los activistas que defienden el
derecho a la educación y a oponerse a la reducción del espacio de la
sociedad civil en el debate y toma de decisiones sobre las políticas
públicas. Hacemos un llamado específico a la AME para que la
participación amplia de la sociedad civil y el respeto a los derechos
humanos sean requisitos absolutos en su modelo de financiamiento.
Queremos renovar nuestra voluntad de continuar trabajando desde el
diálogo al interior de la Alianza Mundial por la Educación y con todos
los socios de la AME, con miras a la actuación conjunta hacia la plena
realización del derecho a la educación.

Co-convocado por: Campaña Mundial por la Educación – ANCEFA- COSYDEP.
Puede bajar la declaración en el siguiente link:

declaracin de organizaciones de la sociedad civil_gpe_esp