El modelo extractivo es mucho más que una política económica. En el libro «No secarán la tierra», de la editorial Grito Manso, Raúl Zibechi afirma que la explotación de la naturaleza es reflejo de un modo de pensar y actuar que domina mentes, cuerpos y sociedades. Las diferencias con las luchas obreras del siglo XX y los actuales espacios que construyen alternativas.
A medida que el extractivismo y los procesos políticos asentados en ese modelo comienzan a mostrar grietas, por la abrupta caída de los precios de las commodities, estamos en mejores condiciones para comprender sus características profundas y las limitaciones de los análisis anteriores. Una de ellas, y debemos asumir la autocrítica en primera persona, consiste en haber mirado primordialmente el costado ambiental y depredador de la naturaleza del modelo de conversión de los bienes comunes en mercancías.
Ahora podemos dar un paso más, algo que ya hicieron los zapatistas hace más de una década, cuando definieron el modelo como la «cuarta guerra mundial». El otro error de bulto fue considerar el extractivismo como modelo económico, siguiendo el concepto de «acumulación por desposesión» de David Harvey. En suma, al error de haber centrado las críticas —de modo casi excluyente— en lo ambiental se sumó el economicismo del que adolecemos muchos de los formados en Marx.
El capitalismo no es una economía sino un tipo de sociedad (o formación social), aunque evidentemente existe una economía capitalista. Con el extractivismo sucede algo similar. Si la economía capitalista es acumulación por extracción de plusvalor (reproducción ampliada del capital), la sociedad capitalista produjo la separación de la esfera económica de la política. La economía extractiva, de conquista, robo y pillaje, es apenas un aspecto de una sociedad extractiva, o una formación social extractiva, que es la característica del capitalismo en su fase de dominio del capital financiero.
Más allá de los términos, interesa subrayar que vivimos en una sociedad cuya cultura dominante es de apropiación y robo. ¿Por qué hacer hincapié en la existencia de una cultura extractivista diferente de la hegemónica en otros periodos del capitalismo? Porque nos ayuda a comprender de qué se trata el mundo en el que vivimos y las características del modelo contra el que nos rebelamos.
Para comprender mejor en qué consiste esa cultura, sería necesario compararla con la cultura hegemónica en periodos anteriores, por ejemplo, durante el predominio de la industria y el Estado desarrollista. En aquel lapso, los trabajadores manuales de la industria sentían orgullo por su oficio y por ser productores de riqueza social (aunque una parte sustancial fuera apropiada por el patrón). Ese orgullo tomaba forma de conciencia de clase cuando se identificaban los intereses propios mediante la resistencia a los explotadores.
No era el orgullo tonto de quien se cree superior, sino el resultado del lugar que tenían los obreros en la sociedad, lugar que no habían heredado sino construido en una larga y paciente lucha. Entre mediados del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX los obreros —y a veces las obreras— se formaron a la luz de la vela luego de extenuantes jornadas de doce horas de trabajo, crearon espacios propios de encuentro y ocio (ateneos, teatros, bibliotecas, cooperativas, sindicatos), instituyeron formas de vida con base en la ayuda mutua, crearon maravillas como la Comuna de París y la Revolución de Octubre, además de una larga decena de insurrecciones urbanas. Tenían motivos para la autoestima.
En la vida cotidiana la cultura obrera giraba en torno al trabajo, la austeridad por convicción, el ahorro como norma de vida y la solidaridad por religión. El mameluco de trabajo y la gorra eran señas de identidad con las que andaban por sus barrios, porque no querían vestirse como los patrones; todo en sus vidas, desde la vivienda hasta los modales, los diferenciaba de los explotadores. Esa cultura tenía sesgos opresores, como bien saben las mujeres y los hijos e hijas de los obreros industriales. Pero era una cultura propia, basada en el autocultivo de sí mismos, no en la imitación de los de arriba.
Este largo rodeo pretende llegar a un punto nodal: la cultura obrera podía conectar con la emancipación. La cultura extractivista va a contrapelo. Aunque portaba elementos opresivos, aquella cultura contenía aspectos valiosos, potencialmente anticapitalistas. La cultura extractivista es el resultado de la mutación generada por el neoliberalismo, a caballo del capital financiero. El trabajo no tiene el menor valor positivo, lugar que ocupan ahora el pillaje y sus contracaras, el consumismo y la ostentación. Donde antes había orgullo por hacer, la cultura gira ahora en torno al pavoneo de marcas y modas. Mientras los obreros de antaño condenaban el robo, por razones estrictamente éticas, hoy se festeja la apropiación, aun cuando la víctima sea vecina, amiga y hasta familia.
No toda la sociedad luce esta forma de vivir, ciertamente. Pero son modos que han ganado terreno en sociedades en las que los jóvenes no tienen empleo digno ni un lugar en la sociedad, ni la posibilidad de labrarse un oficio trabajando, ni conseguir un mínimo ascenso social luego de años de esfuerzos. Ni memoria de aquel pasado, que es lo más pernicioso, ya que atenta contra la dignidad.
El extractivismo ha evaporado los sujetos, porque en la llamada «producción» sencillamente no los hay. Incluso en la esfera de la reproducción el sistema se esfuerza por mercantilizarlo todo, desde los nacimientos hasta la alimentación, arremetiendo contra el papel central de las mujeres en esos espacios. De ahí la importancia de las microresistencias: el tianguis, el barrio, los territorios populares, los espacios colectivos del más diverso tipo. Ellas alimentan las grandes rebeliones. Si es cierto que la cultura hegemónica bajo el extractivismo obstruye los procesos emancipatorios, la organización y las resistencias estamos ante la necesidad imperiosa de trabajar a contrapelo de esa cultura. Los cimientos del mundo nuevo están ahí, en la vida cotidiana. Por eso el empeño en los trabajos colectivos, en todas las resistencias. Esos trabajos moldean una cultura nueva, que rescata lo mejor de la cultura obrera e intenta (no siempre) acotar las opresiones.
El Salvador: Más de mil menores han estado encarcelados por régimen de excepción
Human Rights Watch pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”.
Por Milton Rodríguez
“Abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele hacia los detenidos bajo el régimen de excepción. Eso se evidencia en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional Human Rights Watch.
Los registros analizados por tal organismo muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño. Esto en el marco del Estado de excepción que se impulsa que impulsa el gobierno salvadoreño desde el 27 de marzo del 2022 y que ha prorrogado en 10 ocasiones, a pesar de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por abusos de poder y capturas de personas inocentes.
Se trata de una base de datos, atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la que se enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022 bajo tal medida.
El documento indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas.
Uno de los datos más preocupantes es que a finales de agosto, 1,082 menores detenidos durante el régimen de excepción (918 niños y 164 niñas) habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Estos encarcelamientos fueron posibles debido a las reformas aprobadas por los diputados de Bukele en abril del 2022 y que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Una dato alarmante que revela el informe publicado este viernes es que “las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.
Serias preocupaciones
Tras contrastar la información, HRW plantea serias preocupaciones sobre la cantidad de vulneraciones a los derechos humanos de los salvadoreños.
Por otro lado, el informe indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y Mariona (La Esperanza). En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo sin dar detalles de las condiciones en que se encontraban.
HRW destaca que hasta el mes de agosto, más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000 personas. Esto contrasta con los datos oficiales brindados en febrero de 2021 cuando se dijo que el sistema penitenciario de El Salvador tenía capacidad para 300,000 personas.
Cuatro veces más detenidos
Por otra parte, el informe dice que la mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7,600 a 33,000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8,500 a 23,300. Según la base de datos, al mes de agosto, Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad.
Un dato importante que se detalla en el escrito es que más de 39,000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”. Es decir, que al hacer una comparación se puede verificar que son menos las personas que habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0.3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0.6 %).
Sobre este punto, HRW señala que “el uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”.
Es decir, el informe divulgado este viernes respalda los hallazgos presentados anteriormente por Human Rights Watch y Cristosal respecto a la sobrepoblación severa en centros penales y la muerte de personas en prisión. Y es que desde que comenzó el estado de excepción, policías y soldados han detenido a más de 61,000 personas. Alrededor de 3,000 han sido liberadas de prisión, algunos con medidas sustitutivas.
3,102 casos de denuncias
Tras conocer estos datos alarmantes, el organismo internacional recalcó que los abusos cometidos durante el régimen de excepción han sido posibilitados gracias al desmantelamiento acelerado de las instituciones democráticas encabezado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió el cargo en 2019, ya que actualmente ningún órgano gubernamental independiente puede servir como freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos.
Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.
Ante este parama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.
Agrupaciones ilícitas es “poco preciso” y da paso a capturas arbitrarias, advierte HRW
Así lo afirma Human Rights Watch. Ellos consideran que es una tipología penal imprecisa, pero que ha llevado a la captura de decenas de miles de salvadoreños.
Human Rights Watch (HRW) reveló, tras conocer una base de datos de detenidos en el régimen de excepción, que más de 39,000 personas habían sido acusadas de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”.
Estos datos contienen información entre marzo y fines de agosto de 2022.
Al hacer una comparación con estos datos se puede verificar que muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0.3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0.6 %).
Ante este panorama, Human Rights Watch destacó que el delito de “agrupaciones ilícitas” se define de una forma amplia e incompatible con estándares internacionales.
Además, advierten que los “tipos penales imprecisos” abren la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y “hacen poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”.
Hacinamiento carcelario
Por otra parte, el informe detalla que hasta agosto pasado, más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000. Esto supone un salto sustancial con respecto a cifras oficiales de febrero del 2021 en las que se estableció que el sistema penitenciario salvadoreño tenía capacidad para 30,000 personas.
Asimismo, el documento revela que más de 7,900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, lo cual duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en el país en febrero 2021.
Siempre sobre el hacinamiento, HRW indicó que la mayoría de los detenidos bajo el régimen fueron enviados al penal de Mariona, donde la población aumentó de 7,600 a 33,000; y a Izalco, donde pasó de 8,500 a 23,300.
Según los datos, se evidencia que hasta agosto 2022 “Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad”. Ante esto, Human Rights Watch considera que en el país hay un “hacinamiento extremo”.
HRW también expone que otros centros de detención, como el penal para mujeres de Ilopango y el de hombres de San Miguel, “tenían una población carcelaria seis veces superior a su capacidad”. Al respecto, el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, expresó en octubre del año pasado que las mujeres detenidas en Ilopango habían sido trasladadas a otra cárcel.
¿Qué dicen los expertos?
Para Oswaldo Feusier, penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “la filtración de datos confirma lo que ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces, sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos: que se trata de una política criminal fundamentada en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes”.
Por su parte, el representante de la organización “Los siempre sospechosos de todo” dijo que el régimen de excepción más que convertirse en un elemento jurídico para combatir la delincuencia se ha convertido más en un instrumento de tipo político que está siendo utilizado “para mantener la popularidad del gobierno como caballito de batalla”.
“El problema es que al estar siendo utilizado más con un fin político se olvida de que como instrumento jurídico debe garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas y de toda la población en general”, opinó.
Luego recordó que ya se ha demostrado a través de medios nacionales e internacionales que “ha existido detenciones de tipo ilegales” sin elementos de prueba suficientes para garantizar que la persona que se encuentra detenida se está beneficiando del vinculo que pudiera tener con una pandilla o con un miembro de pandilla o que este pertenezca en sí a la pandilla y que ayude a cometer delitos.
“Eso es una clara violación al derecho internacional de derechos humanos”, enfatizó. Por tanto, el experto dijo que “no es extraño que ahorita dentro de los centros penitenciarios se estén violentando derechos humanos de todos los privados de libertad, aun de gente inconsciente que ya lleva detenida casi el año de detención”.
Celia Medrano, especialista en derechos humanos, señaló la negación de información que existe aun en casos personas detenidas y que se bloquean por decisión estatal para que no se conozca la situación real de personas privadas de libertad.
En ese sentido advirtió que “el número de homicidios ocurridos en prisiones durante la vigencia de medidas permanentes de suspensión de garantías al debido proceso puede llegar a cientos”.
“No es exagerar que muchos de estos casos demorará años esclarecerlos puesto que las autoridades no notifican a familiares que sus parientes han sido asesinados en las prisiones y los entierran como personas no identificadas”, concluyó Medrano.
Informe de HRW confirma que régimen de excepción es “una política criminal”
Oswaldo Feusier dijo que la filtración de información confirma lo que “ya es un secreto a voces en los tribunales del país y han gritado las organizaciones de derechos humanos”.
El informe de Human Rights Watch confirma que el régimen de excepción, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, desde marzo del 2022, es “una política criminal” que sirve para ejecutar violaciones sistemáticas, graves y generalizadas a los derechos humanos de personas inocentes.
“Abusos a gran escala”
Así lo consideró en declaraciones a este medio, Oswaldo Feusier, abogado penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), al analizar la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional, Human Rights Watch, en la que se revelan “abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele, hacia los detenidos bajo el régimen de excepción.
Los registros analizados por HRW, correspondientes a una base de datos atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño.
El docente de la UCA consideró que la filtración confirma lo que “ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos”. “Se trata de una política criminal fundamentalmente para poder desarrollarse en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes”, dijo Oswaldo Feusier en referencia al Estado de excepción.
3,102 casos
Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.
Ante este panorama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.
Fuente: elsalvador
Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/el-salvador-mas-de-mil-menores-han-estado-encarcelados-por-regimen-de-excepcion/
En Brasil estamos saliendo finalmente de una profunda crisis que casi destruye los fundamentos no sólo de nuestra democracia sino de nuestra civilización todavía en proceso. Fuimos dominados por una barbarie cuyos actores, en su mayoría, eran verdaderos criminales. Estamos respirando políticamente aires de decencia, de voluntad firme de garantizar la democracia y el Estado de derecho democrático. Que nunca más vuelva a ocurrir la trágica e insólita depredación de los tres palacios sagrados que hacen funcionar a nuestro gobierno.
No mejor y con rasgos de tragedia es la situación general del mundo con la creciente degradación del planeta, el aumento ya incontrolable del calentamiento global, que ha inaugurado un nuevo régimen climático, para peor, hasta el punto de que en la COP sobre el clima celebrada en Egipto en enero de este año el Secretario General de la ONU, António Guterrez, advirtió: “O cerramos un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo”. Serias palabras de un hombre serio.
La crisis planetaria. No es solo coyuntural sino estructural, pues destruye nuestro sentido de vivir juntos. Puede ser una tragedia de resultado devastador, como en el teatro griego, o un drama cuyo final sea bienaventurado como en la liturgia cristiana. Depende de nosotros y de nuestra capacidad de decidir si será una cosa o la otra. Pero crece la conciencia de que nos acercamos al momento en que tenemos que decidir, en caso contrario, la crisis dejará de ser drama para volverse tragedia colectiva, como advertía sabiamente el Secretario General de la ONU.
Desde la llegada del existencialismo, especialmente con Sören Kierkegaard, la vida es entendida como un proceso permanente de crisis y de superación de crisis. Ortega y Gasset mostró en un famoso ensayo de 1942 que la historia a causa de sus rupturas y reanudaciones tiene la estructura de crisis. Esta obedece a la lógica siguiente: (1) el orden dominante ya no tiene un sentido evidente; (2) empieza la crítica y la percepción de que se levanta un muro delante de nosotros, por eso reinan la duda y el escepticismo; (3) urge una decisión que crea nuevas certezas en otro sentido; ¿cómo decidir si no se ve claro? Pero sin decisión no habrá salida para la crisis; (4) tomada la decisión, aun con riesgos, se abre un nuevo camino y otro espacio para la libertad. Se superó la crisis. Comienza un nuevo orden.
La crisis representa purificación y oportunidad de crecimiento. No es necesario recurrir a los caracteres chinos de crisis para saber el significado de esta. Basta recordar su origen más ancestral en el sánscrito, matriz de nuestra lengua. En sánscrito, crisis viene de kir o kri que significa purificar y limpiar. De kri viene crisol, elemento con el cual limpiamos el oro de la ganga, y acrisolar que quiere decir depurar. Entonces, la crisis representa un proceso crítico, de depuración de lo esencial: sólo lo verdadero y sustancial queda, lo accidental y añadido desaparece. A partir de lo esencial se construye otro orden.
Pero todo proceso de purificación no se hace sin cortes y rupturas. De ahí la necesidad de una decisión. La de-cisión opera una cisión con lo anterior e inaugura lo nuevo. Aquí nos puede ayudar el sentido griego de crisis. En griego krisis, crisis, significa la decisión tomada por un juez o un médico. El juez pesa y sopesa los pros y los contras y el médico conjuga los distintos síntomas; entonces ambos toman una decisión sobre el tipo de sentencia o sobre el tipo de tratamiento para la enfermedad. Ese proceso decisorio se llama crisis. Tomada la decisión, desaparece la crisis. El evangelio de San Juan usa 30 veces la palabra crisis en el sentido de decisión. Jesús comparece como “la crisis del mundo”, pues obliga a las personas a decidirse.
En Brasil posponemos siempre las crisis que nos obligarían a dar un salto cualitativo frente a las profundas injusticias sociales con los pobres, la población negra, los quilombolas, los indígenas, de los cuales hace días testimoniamos tristemente el verdadero genocidio del pueblo yanomami.
Siempre se hacen conciliaciones con el pretexto de la gobernabilidad y así se preservan los privilegios de las élites. La crisis del capitalismo es conocida. Es un sistema perverso que consiguió tomar todo el planeta con su industrialismo y el sueño ilusorio de un crecimiento ilimitado. Él, no simplemente la humanidad, es el factor principal de la crisis del sistema-vida y del sistema-Tierra. Sus grandes corporaciones con sus CEOs y técnicos están más preocupadas en asegurar sus ganancias que en tomar medidas para equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero y librar al planeta de una tragedia anunciada.
Es un sistema tan engrasado que funciona por sí mismo como un robot, poniendo en peligro el equilibrio del planeta que debe garantizar el sostenimiento de nuestras vidas. O superamos este sistema de un industrialismo voraz o él volverá el planeta inhabitable para ellos y para todos.
Bien dijo Platón en medio de las crisis de la cultura griega: “las cosas grandes solo suceden en torbellino”. Con la de-cisión, el torbellino y la crisis desaparecen y nace una nueva esperanza. ¿Podemos esperar eso para nuestra generación sometida a tantas amenazas?
El esperanzar de Paulo Freire nos puede inspirar: no solo esperar que las cosas sucedan para el bien por sí mismas, sino crear las condiciones objetivas para que la esperanza se transforme en un nuevo orden, en el cual, en palabras del Maestro ”la sociedad no sea tan malvada y no sea tan difícil el amor”.
*Leonardo Boff es filósofo y ecoteólogo y ha escrito: En busca de la justa medida: el pescador ambicioso y el pez encantado,Vozes 2022.
Traducción de MªJosé Gavito Milano
Fuente de la Información: https://leonardoboff.org/2023/01/28/la-crisis-de-brasil-y-del-mundo-tragedia-o-drama/
Los niños se enfrentan a una sequía devastadora en el Cuerno de África
¿Qué está pasando en el Cuerno de África?
Cuatro temporadas consecutivas de escasez de lluvias, fuertes aumentos en los precios de los alimentos y conflictos han llevado a los niños y las familias del Cuerno de África al borde de la catástrofe inducida por el cambio climático.
La sequía excepcional en grandes franjas de Somalia, Etiopía, Kenia, Eritrea y Yibuti ha desatado hambre, sed, desplazamiento y muerte en comunidades ya vulnerables a medida que fallan las cosechas y muere el ganado. A fines de diciembre de 2022, alrededor de 20,2 millones de niños en Etiopía, Kenia y Somalia se enfrentaban a la amenaza del hambre, la sed y las enfermedades graves.
Las comunidades se han visto obligadas a tomar medidas extremas para sobrevivir, con miles de niños y familias que abandonan sus hogares por pura desesperación en busca de agua, alimentos, pastos y tratamiento para los niños enfermos. La situación continúa deteriorándose, exacerbando una crisis inducida por el clima que ya estaba privando a los niños de los elementos esenciales de la infancia: suficiente para comer, agua potable, escuela, servicios de salud.
UNICEF está ampliando la adquisición y el posicionamiento de suministros esenciales para salvar vidas, aprovechando su presencia de larga data en la región y trabajando con socios para expandir los servicios críticos. Lea más sobre la respuesta de UNICEF y lo que UNICEF está pidiendo .
Fuente de la Información: https://www.unicef.org/emergencies/catastrophe-looms-horn-africa
Campestre siempre ha querido comprarse unas botas de invierno, pero su economía es tan precaria a pesar de sus tres trabajos. Se las imagina, se ve con sus botas puestas cubriendo sus pies de las temperaturas bajo cero. La ropa de invierno es cara y las botas mucho más, tener ropa de invierno es una opulencia para un migrante indocumentado como Campestre, de 76 años, sin derechos laborales.
Quisiera una chumpa[1] y unos guantes enguatados, también un pantalón, la ropa que usa para trabajar no lo ayuda con el frío, es la misma ropa de verano. Entonces se pone dos pantalones, dos camisas y dos chumpas, dos pares de calcetines y los zapatos más gruesos que tenga así no le traspasa tanto el frío cuando anda limpiando el estacionamiento del centro comercial en las mañanas.
Le ayudaría mucho también tener ropa adecuada en su segundo trabajo en las tardes, empujando carretas en un supermercado. No es mucho lo que le pagan, apenas para sobrevivir y tiene que hacer ajustes en los gastos de la comida, a veces sólo hace dos tiempos al día para guardar para las remesas que envía a su familia en Ayutla de los Libres, Guerrero, México.
Es en las noches en su tercer trabajo cuando lo ataca la nostalgia por el clima cálido de su tierra natal, Campestre es parte de las cuadrillas de indocumentados que cuando neva van a limpiar con pala y escoba las aceras y estacionamientos de casas y edificios residenciales. Observa a las costaladas de recién llegados, de desempleados y a otros que como él están en su tercer trabajo. Hombres y mujeres por igual palean la nieve para que pase el que tiene la máquina y la empuje hacia donde van a dejar el volcán blanco en una esquina del estacionamiento.
Admira a quienes saben manejar carro y maniobrar esas enormes palas en la parte frontal de los vehículos de doble tracción, a él le hubiera encantado aprender a manejar tractor en su juventud, hubiera tenido un mejor salario en la finca donde trabajaba cortando tomates, pero era un oficio que no querían compartir los tractoristas para que nadie les quitara el puesto.
En el invierno estadounidense a él le toca echar la sal en una cubeta y regarla con la mano entre gradas y aceras. Es un trabajo que sólo se realiza cuando neva, entonces cuando no neva, en las noches Campestre trabaja en una fábrica organizando tornillos que coloca en paquetes.
Es el mayor de la cuadrilla que limpia nieve, pero limpiando el estacionamiento del centro comercial hay otros como él, de su misma edad y también indocumentados, que como él no tienen familia en Estados Unidos. Con historias similares, de pobreza extrema, de muchos hijos qué criar, de hijos asesinados y nietos huérfanos.
Mientras limpia nieve piensa que le caería bien tener ropa adecuada de invierno, también para acostarse a dormir para que el frío del piso helado en el sótano que comparte con once migrantes más no traspase y le tulla[2] la espalda. No tiene colchón, duerme con la muda puesta sobre una sábana que dobla y que guarda cuando se va a trabajar.
Notas:
1 Chumpa: chaqueta corta y ajustada a la cadera
[2] Tullir: Hacer que alguien pierda el movimiento de su cuerpo o de alguno de sus miembros.
Con ropa de invierno Campestre no sufriría tanto por el dolor de la artritis en sus articulaciones, con el dolor de la caries en los dientes no puede hacer mucho, aguantarse como se aguantaba el mismo dolor en su juventud sudando en los surcos de tomates en las fincas en su natal Ayutla de los Libres.
Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/bloggers/El-frio-en-la-diaspora-20230125-0001.html
“‘Acaba de vaciar el segundo cargador y dice que quiere seguir disparando. Hace muchos progresos. Estoy muy orgulloso de ella’, cuenta un padre que está enseñando a manejar una escopeta a su hija de cinco años”.
Ciertos hechos de la vida cotidiana rebelan las características fundamentales sobre una determinada sociedad, mucho más que sofisticados análisis académicos. Hechos aparentemente puntuales y anecdóticos ‒o así es como lo muestra falsimedia mundial‒ tienen un profundo contenido para comprender la violencia que carcome a los Estados Unidos y que los está destruyendo desde dentro, desde las propias entrañas del monstruo, para retomar la famosa frase de José Martí.
La violencia con armas de fuego, los tiroteos, las masacres indiscriminadas en escuelas, centros comerciales, iglesias son el pan de cada día en los Estados Unidos. Eso no es novedad, es tan reiterativo que es casi una banalidad registrar semana tras semana una nueva masacre con armas de fuego en el “país de la libertad” [libertad de matar, incluida].
Esta normalización de la violencia no ayuda a desnudar la militarización consustancial a la vida estadounidense, como lo evidencia lo acontecido el 6 de enero de 2023 en una escuela pública de una pequeña ciudad de los Estados Unidos. Ese día en la Escuela de Primaria Richneck en la ciudad de Newport News, Estado de Virginia, fue abaleada una joven profesora de primaria por uno de sus alumnos, léase bien y frotémonos los ojos de espanto, cuya edad es de seis [6] años. Esto es lo novedoso de la noticia, como cuando un hombre muerde a un perro.
El hecho puntual fue el siguiente: a las 13:35 de la tarde un niño, cuyo nombre no se ha revelado, del primer grado, desenfundó un arma de fuego y disparó directamente a la profesora Abby Zwerner, de 25 años que resultó gravemente herida, hasta el punto de que se encuentra en peligro de muerte. La maestra, tras recibir el disparo, «les gritó a los alumnos que salieran corriendo», suponiendo que su agresor iba a seguir disparando. En el resto de los salones de la escuela, sus 550 estudiantes se escondieron asustados debajo de sus pupitres. Al cabo de unos diez minutos llegó la policía y detuvo a un “sospechoso” que “ha sido identificado como un estudiante varón de seis años de edad en la Escuela Primaria Richneck”.
Lo que siguió es lo de siempre: ruido mediático instantáneo y desechable, las autoridades civiles y policiales declaran que el hecho es inaudito, que no puede volver a pasar, que no se explican cómo sucedió. Se cerró la escuela durante una semana, supuestamente para que la comunidad se recupere del trauma creado por la agresión armada, textualmente para que los niños y sus familias tuvieran “tiempo para sanar”.
Otros datos sorprenden: el niño hizo un solo disparo que fue certero, lo cual indica o que es un tirador adiestrado o estaba muy cerca de la profesora; y el disparo se produjo, según la información del jefe de Policía local, luego de un “altercado” entre la maestra y el estudiante.
Hasta acá la información somera y superficial que se ha dado sobre este acontecimiento. Vale la pena profundizar en la cuestión, por sus implicaciones pedagógicas, sociales y culturales.
Varias preguntas de fondo se derivan del asunto: ¿Por qué razones un niño de escasos seis años lleva un arma de fuego, de verdad y no de juguete, consigo a clase? ¿Quién le suministró el arma o cómo la consiguió? ¿Qué tipo de controles se ejercen en las escuelas de los Estados Unidos con respecto al ingreso de armas? ¿Qué lleva a que un niño, que apenas está aprendiendo a leer y a escribir ‒que, de pronto, ni garrapatear su nombre puede‒ le dispare intencionalmente a su profesora en plena clase y en presencia de todos los alumnos de su curso? ¿Por qué un niño tiene el deseo de matar a su profesora? ¿Quién o quiénes y cómo le inculcan ese odio asesino a una mente infantil, cuyos intereses deberían estar centrados en el juego, el aprendizaje y el goce de la vida? ¿Qué puede considerarse como un “altercado” entre una profesora y un niño pequeño? ¿Una simple reconvención, un regaño, una orden pueden concebirse como un “altercado” que lleva a una de las “partes” (un estudiante) a dispararle a la otra (a la profesora)?
Aunque no se cuente con información exacta para responder con detalle y precisión a estas preguntas si se pueden realizar inferencias a partir de algunos elementos que cuando se difunden este tipo de noticias nunca se mencionan y atañen al conjunto de la sociedad estadounidense, y a la situación particular de la localidad a donde se llevó a cabo el criminal atentado. Empecemos por esto último.
Contexto de militarización institucional
En la pequeña ciudad de Newport News y en sus inmediaciones se encuentra la sede de empresas militares o ligadas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entre ellas están la Vertex Aerospace Flight International Aviation, una entidad que opera vuelos chárter para el Departamento de Defensa desde hace más de 35 años. Allí se encuentra la base de Fort Eustis, fundada desde la Primera Guerra Mundial, que alberga el Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los Estados Unidos. En localidades adyacentes se encuentran otras instalaciones militares: la Base de la Fuerza Aérea de Langley , la Estación de Armas Navales de Yorktown , Camp Peary, el Centro de Entrenamiento de la USCG Yorktown. En sus inmediaciones se encuentra la Estación Naval de Norfolk, el cuartel general y el puerto de base del Comando de Fuerzas de la Flota de la Armada de Estados Unidos. Esta es la estación naval más grande de Estados Unidos y del mundo, donde se concentra la mayor cantidad de fuerzas de la Marina, con 75 barcos, 14 muelles. 134 aviones y 11 hangares de aviones.
Como es obvio por estos datos, gran parte de los habitantes de esta pequeña ciudad trabajan directa o indirectamente con empresas militares o que abastecen a las fuerzas armadas o laboran en la Newport News Shipbuiding, una instalación conjunta de la Fuerza Aérea y el Ejército de los Estados Unidos. Allí se construyen los portaaviones y submarinos con los que Estados Unidos amenaza y agrede al resto del mundo.
La Newport News Shipbuilding reabastece de combustibles y supervisa la revisión de los portaaviones de la llamada clase Nimitz [portaaviones de propulsión nuclear]. También se ubica en la región el Camp Peary, centro de Entrenamiento Experimental de las Fuerzas Armadas, directamente dependiente del Departamento de Defensa (sic) y donde se alberga una instalación encubierta de la CIA, conocida como La Granja. En este lugar se entrena a los oficiales de la Dirección de Operaciones de la CIA y a los del Servicio Clandestino de defensa de la DIA. [Agencia de Inteligencia de la Defensa]
Todos estos datos nos indican que la pequeña ciudad de Newport News es un lugar profundamente militarizado porque se encuentra, literalmente, rodeado de instalaciones y bases militares. De ahí se deriva que gran parte de sus habitantes deben transpirar “disciplina militar” hasta por el último poro de su cuerpo.
Contexto de inseguridad y criminalidad
En esta dirección, y este es un segundo tipo de datos para tener en cuenta, en esta pequeña ciudad se muestren indicadores de violencia que superan con creces la media nacional de los Estados Unidos. En efecto, un cuadro de hace quince años es indicativo al respecto:
Una simple mirada nos indica que con respecto a Estados Unidos ‒un país profundamente violento‒ esta pequeña ciudad de 185 mil habitantes es mucho más violenta. Y por supuesto, esa criminalidad debe estar ligada a la militarización institucional de la vida cotidiana de Newport News. No debe ser raro que esos delitos sean efectuados por miembros activos o en retiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que habitan en la región o por personas con algún tipo de vínculo con esas instancias. Esta no es ninguna especulación, porque como está bien establecido muchos de los tiroteos y actos delictivos en los Estados Unidos son protagonizados por veteranos de guerra.
Al respecto, sería bueno saber si el niño de seis años que le disparó a sangre fría a su profesora es hijo o familiar de militares o de personas que han trabajado en algunas de las empresas bélicas de la zona. No sabemos con precisión si el arma que uso el niño-agresor pertenecía a un militar, o si es un arma privada, que se adquiere fácilmente en el mercado bélico de ese país, es decir, en un centro comercial de la esquina.
Militarización mental
El asunto no se reduce a la militarización fáctica de la vida en una pequeña ciudad como la de Newport News. A eso debe agregársele la militarización mental, es decir, la construcción de un imaginario en el cual las armas y la violencia forman parte esencial del American Way of Life [en verdad, American Way of Death]. Como parte de ese imaginario bélico y asesino se genera una cultura de guerra, de violencia y de muerte. No es raro que, desde la más tierna edad, los niños convivan con las armas de fuego, que sus padres o familiares cercanos manipulan a diario y exhiben en forma cotidiana a sus hijos. Tampoco sorprende que, como parte de esa cultura de la muerte, se inculque a los niños a usar las armas y se les adiestre en ese propósito. De ahí que jóvenes, adolescentes y, más recientemente, niños sean responsables de la muerte de numerosas personas, en algunas casos de sus propios progenitores que les suministran las armas o las dejan al descubierto en algún lugar de la casa. Al respecto, vale recordar lo sucedido en Orlando (Florida) el 26 de mayo de 2022, cuando un niño de dos años mató a su progenitor con una pistola de 9 mm, que encontró en casa abandonada.
Pero además se está consolidando la pedagogía de la muerte, porque los padres enseñan conscientemente a sus hijos cómo usar las armas, cargarlas y disparar. En un video puede observarse a un niño de cuatro años manejar con propiedad un rifle, cargar y descargar el cartucho, siendo felicitado por una mujer. E incluso en redes sociales una mujer llamada Kendal sostuvo que “Este video es increíble”, muestra lo que es “una buena educación”. Muchos padres en los Estados Unidos les profesan un culto abierto a las armas y sostienen que no ven ningún problema en enseñarles a matar a sus hijos, porque tienen derecho a defenderse.
En el fondo, en los Estados Unidos es más importante aprender a disparar que a leer y eso se lo inculcan una gran parte de los padres a los hijos. En lugar de libros en las casas se tienen verdaderos arsenales de guerra. Esto no es raro en un país con elevadas tasas de analfabetismo funcional y a donde a sus niños y jóvenes se les forma en la cultura de la muerte, algo que se aprende en casa y se práctica adentro [en las escuelas, por ejemplo] y afuera, como lo evidencian las miles de agresiones que ha sufrido el mundo por parte de los Estados Unidos en los últimos doscientos años.
La corrección política en la escuela
Un último hecho que no puede pasar desapercibido, por sus implicaciones pedagógicas, es el del lenguaje políticamente correcto que se usa para referirse a este caso de violencia con armas de fuego en una escuela de los Estados Unidos. Resulta revelador que se diga que un “altercado” entre la profesora y el niño fue el que produjo el ataque a bala contra la maestra. ¿De cuando acá se puede considerar como una disputa, pelea, discusión, riña, choque, discordia, reyerta, trifulca, para usar algunos de los sinónimos de altercado, la relación entre una profesora y un niño de seis años? ¿En qué habrá radicado el tal altercado? ¿Es que acaso la profesora le dijo al niño que hiciera silencio, que no molestara, que se sentara? ¿Le solicitó alguna tarea o le pidió que respondiera a una pregunta? O el altercado radicó, como sucede en un video célebre sobre la corrección política en la educación de los Estados Unidos, en que la maestra enseñó que 2+2=4 y el niño y sus padres sostienen que 2+2=22, porque como no hay verdades ni conocimientos universales, cualquier opinión es válida y debe ser admitida por los profesores, so pena de ser calificados de intolerantes y querer imponer verdades cuando la verdad no existe y cualquier opinión es válida y debe ser aceptada. A la profesora del video se le acusó de querer implantar su verdad matemática, esto es que 2+2=4, algo que, para el relativismo posmoderno es solo una opinión entre muchas y todas son igualmente validas, como la de decir que 2+2=22. Y la profesora del video fue matoneada por alumnos, padres de familia, rectores de escuelas y jueces, hasta expulsarla de la escuela en la que trabajaba. En la vida real, la profesora de Escuela de Primaria Richneck, fue abaleada por uno de sus pequeños alumnos.
Vale preguntarse, y la cuestión es totalmente válida y legitima en las actuales circunstancias de la dictadura de lo políticamente correcto en la educación, sí se atacó a una profesora, ya no discursivamente sino a punta de plomo, porque el pequeño estudiante-monstruo, de pronto azuzado por sus padres, supuso que la profesora no tenía el menor derecho a corregirlo ni hacerle ningún tipo de sugerencia. Es posible, entonces, suponer que solo porque la maestra procedió a hacerle una reconvención o le dijo algo el niño armado decidió dispararle. Puede ser, también es posible, que en días o en clases anteriores el niño se haya molestado por alguna sugerencia o recomendación de la profesora y haya decidido “vengarse” mediante el uso de una arma de fuego. A tal nivel de intolerancia se ha llegado en la educación de diversos lugares del mundo y esto, además, se trata de justificar en la lógica de lo políticamente correcto, presentando un brutal ataque como producto de un supuesto “altercado”. Como la corrección política ha llegado a las escuelas de los Estados Unidos no sorprende el lenguaje que se utiliza para tratar de explicar una agresión con un arma de fuego por parte de un pequeño niño: fue resultado de un altercado. Así las cosas, con la corrección política de índole pedagógica se pueden justificar hasta los asesinatos de profesores por parte de sus alumnos. Y andando el tiempo entonces llegaremos a admitir que está bien que a los profesores les peguen un tiro y los maten simplemente porque no pueden tener altercados con sus estudiantes al decirles que están equivocados, que hagan caso, que hagan las tareas y cosas elementales como esas, que son propias de la educación en esta y en cualquier época, pero que ahora se pretende cobijar diciendo que los profesores no pueden generar una “angustia emocional” en los niños cuando los corrigen o les hacen alguna observación.
A ese paso, en los Estados Unidos la suma de violencia homicida y corrección política puede llevar a que en un momento determinado se justifique que los profesores se armen, no de valor, sino de artefactos de fuego, para protegerse y responde a ataques con armas de fuego. Así, en Estados Unidos la educación deviene en una especie de Lejano Oeste [Far West] en la que se proclama el sálvese quien pueda y cómo pueda. Si se aplica en esta lógica aquello de ojo por ojo, entonces en Estados Unidos las escuelas van a ser un nido universal de ciegos y tuertos, frente a la cual el Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago termina siendo un juego inocente de niños, por supuesto no propio de los niños-gánsteres que se están formando en el país que debería llamarse Esclavos Unidos por el odio y la muerte.
Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar
El sur de Perú arde. Coléricos por la usurpación de la voluntad popular y la represión gubernamental, manifestantes incendiaron bancos en Yunguyo, departamento de Puno. Lo mismo hicieron en la comisaría de policía de Triunfo, Arequipa. En el campamento de la empresa Antapaccay, en Cuzco, la población saqueó bienes de la empresa e incendió instalaciones. También la lumbre ha quemado canales de televisión y residencias de políticos en otras ciudades.
La lista de las protestas documentadas es interminable. La mayoría son pacíficas, lo que no evita que la violencia policiaca se cebe en su contra. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 22 de enero fueron bloqueados 78 puntos, en 23 provincias. (http://shorturl.at/nACDR). Entre otras acciones, se han llevado a cabo tomas de aeropuertos, piquetes carreteros, de puentes y de redes ferroviarias; intentos por ocupar el cuartel en el distrito de Llave. Según las autoridades, se han producido 14 ataques contra sedes judiciales y siete incendios de sus edificios, así como, 34 protestas contra comisarías, cuatro de las cuales fueron convertidas en hogueras. Y, por supuesto, la multitudinaria ocupación de Lima.
La ira popular se desborda en múltiples regiones. Congresistas, como la fujimorista Tania Tajamarca, son expulsados a pedradas al regresar a sus demarcaciones. Pero el enojo ciudadano no distingue partidos políticos. ¿Está contenta con los resultados, señora Susel? ¿Qué se siente irse todos los días a dormir con 52 muertos?, reclamó una mujer a la parlamentaria Susel Paredes, activista LGTB.
Las piras no han sido prendidas por pequeños grupos radicales. Son, junto con los bloqueos de las vías de comunicación, los choques con la policía y la toma de oficinas públicas, obra de la sublevación popular en curso. Se trata de una moderna Fuente Ovejuna que crece más allá de partidos, alimentada por rondas campesinas, grupos populares que tienen el territorio como identidad, pequeños comerciantes, maestros, comunidades indígenas, transportistas, gremios y grupos estudiantiles. Es el retorno de Las Cuatro Regiones Juntas (el Tawantinsuyo, en quechua).
El heterogéneo y diverso movimiento popular que se desplaza por el país como el magma de un volcán no reivindica demandas particulares. Los protagonistas han hecho a un lado sus planteamientos específicos. Son, de entrada, un poder destituyente del viejo régimen político, que exige la renuncia del gobierno usurpador de facto, de su presidenta Dina Boluarte y del Congreso. Sin formularlo así, sostiene una especie de ¡que se vayan todos! Reclama nuevas elecciones y un refrendo sobre una Constituyente, además de la liberación de Pedro Castillo. El más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos indica que 69 por ciento de los consultados está de acuerdo en convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución.
En un país estructuralmente racista y clasista, como Perú, con la oligarquía limeña enseñoreada con las provincias, un enorme ejército de trabajadores precarios, la subrogación sistemática de obras y servicios y la persecución política endémica de los luchadores sociales, la revuelta popular en curso se alimenta también de viejos agravios, que hoy emergen a flor de piel. Alimentada por la ira y el resentimiento social, es un movimiento por la dignidad, formulado en clave política.
El Estado peruano, ha escrito Héctor Béjar, una de las grandes referencias intelectuales ético-políticas de esa nación, es un barco lleno de agujeros, que navega sin brújula y sin capitán. Los capitanes son fugaces. Llegan pensando qué se van a llevar. Es un Estado en situación de discapacidad, en el que no puede hacer nada, porque todo tiene que ser contratado con empresas privadas (https://rb.gy/bzkmer). Un Estado, que es una potencia en la producción de cobre y que, sin embargo, no ha podido evitar que 41 grandes contratos mineros estén paralizados por la resistencia de las comunidades, ni tiene la fuerza para comenzar a renegociar los pactos firmados por Fujimori que terminan este 2023.
El movimiento tiene fecha de arranque (7 de diciembre), pero no se avizora su final. Sorprende su permanencia, a pesar de la salvaje represión del gobierno de facto cívico-militar, que ha declarado la suspensión de las garantías constitucionales y asesinado a más de 60 personas; su avance por oleadas; su inteligencia para replegarse en las fiestas navideñas y rebrotar con más vigor y capacidad de convocatoria al terminar éstas; su potencia para reditar una nueva Marcha de los Cuatro Suyos, similar a la que en 2000 marcó el inicio del fin de la dictadura de Fujimori, mientras controla el sur del país; las redes de solidaridad que lo alimentan, hospedan, abastecen de agua, transportan, curan y protegen.
Con sus propias especificidades, la sublevación destituyente peruana se suma al ciclo de movilizaciones populares desde abajo que se han sacudido en los últimos años a Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. Como lo muestran estas experiencias sudamericanas, su desenlace es incierto. La historia no avanza en línea recta.
El gran capital minero trasnacional demanda estabilidad y garantías para sus inversiones y hará valer todos sus recursos e influencias para mantenerlos. Aunque la decisión de reprimir la insubordinación popular tiene amplio consenso en la derecha peruana, el gobierno usurpador de Boluarte es inviable a mediano plazo. Sin embargo, la magnitud de la magnitud de la violencia contra los sublevados puede ahogar a sangre y fuego, en el corto plazo, este empuje destituyente del Perú de abajo.
El pueblo peruano se ha convertido en sujeto de su propio destino. ¡Toda la solidaridad a su epopeya!
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