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Inspección de Educación y éxito escolar.

El éxito escolar del alumnado puede resultar indirectamente influido por actuaciones de la Inspección de Educación con sostén en habilidades pertinentes.

Por: Antonio Montero Alcaide.

El éxito escolar del alumnado se subraya como objetivo principal del sistema educativo y esta declaración es compartida por distintas instancias, agentes y sectores. Cuestión distinta es cómo se alcanza tal éxito y qué factores tienen una incidencia más significativa. A su vez, el éxito se vincula a una revisión del principio de igualdad de oportunidades: no se trata ya de igualar las posibilidades de acceso a la escolarización, como ocurría cuando no estaban garantizados los puestos escolares para la educación obligatoria, sino de hacerlo en lo que atañe a las posibilidades de lograr éxito educativo. En este caso, sin asimilar igualitarismo con equidad: es decir, no es el caso de procurar que todos los alumnos alcancen el mismo éxito, sino aquél más ajustado al desarrollo de las capacidades de cada cual, de modo que se ofrezcan oportunidades de éxito a todos.

Pues bien, recientemente se ha debatido sobre la posibilidad de una incidencia relevante de las actuaciones de la Inspección de Educación en el éxito escolar del alumnado. Complejo asunto en el que es necesario preguntarse, para empezar, si tal vínculo puede advertirse, identificarse y, todavía más, establecerse una particular relación entre causa y efecto. La respuesta no va a tardar ni a perderse en circunloquios: tal relación es indirecta, puesto que las intervenciones de la Inspección de Educación, aunque se adviertan algunas actuaciones directas, inciden en el éxito escolar del alumnado a través del ejercicio de la dirección de los centros, del funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación didáctica, de los equipos de profesores y, principalmente, de las prácticas de estos últimos en las aulas.

Cabría pensar, entonces, en el ejercicio de los inspectores de Educación como agentes de cambio, pero procurando que tales cambios no concluyeran como Lampedusa puso en boca del príncipe don Fabrizio Salina (El Gatopardo, 1958): que todo cambie para que todo siga igual. Además de tener en cuenta la recomendación de un inspector de Educación con sabios años de experiencia -no confundir con antigüedad-: «Procura que al concluir una visita de inspección la situación del centro no quede peor de lo que estaba antes de realizarla».

Por otra parte, es posible constatar el efecto algo más directo de la Inspección, sobre todo desde perspectivas supervisoras, en la adecuación o mejora de aspectos formales que pueden tener determinada influencia en el éxito escolar del alumnado, advertido ya el efecto de los cambios «gatopardescos» o «lampedusianos». Si bien el ejercicio de la supervisión puede condicionar, más que determinar, las prácticas docentes, el cambio de éstas, cuando no son satisfactorias, requiere la mejora de las capacidades profesionales del profesorado. Y resultaría algo pretencioso considerar que las actuaciones de la Inspección, por sí mismas, puedan contribuir significativamente a ello.

Así las cosas, los cambios profundos, que afectan a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a la organización y el funcionamiento de los centros para alcanzar objetivos compartidos, a la extensión del liderazgo como cultura que afecte tanto a la dirección como al desarrollo profesional docente, pueden resultar influidos por intervenciones de la Inspección que se sostengan en habilidades o competencias pertinentes.

Entre éstas, cabe señalar la capacidad de análisis, a partir de numerosas y distintas variables, para describir el estado y orientar la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como, a su vez, el desenvolvimiento en situaciones de complejidad, para las que son contraproducentes respuestas simples o expeditivas; sin menoscabo de intervenciones, generalmente ocasionales, con un pronto carácter resolutivo. Otras habilidades no menores son la consideración y adecuación a las situaciones particulares, que recomiendan el ajuste de los protocolos generales; o la articulación de procesos factibles que, en función de las situaciones de partida o de los conflictos advertidos, permitan dinámicas de revisión y mejora progresiva. Destaca, de manera particular, la capacidad de priorizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje como referencia de las actuaciones de la Inspección, aun cuando éstas sean de distinta naturaleza o entidad, a partir del conocimiento de la realidad y de las situaciones propias de los centros.

En definitiva, las intervenciones de la Inspección de Educación pueden contribuir al éxito escolar del alumnado, principalmente de manera indirecta, cuando la legitimidad de su ejercicio se sostiene en habilidades que propicien la mejora. Y, a tal efecto, conviene referir el equilibrio entre la capacidad legal, potestas, y el saber y el desempeño socialmente reconocidos, auctoritas.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Inspeccion-Educacion-exito-escolar_0_1139586543.html

Imagen: http://images.diariodesevilla.es/2017/05/27/opinion/tribuna/Inspeccion-Educacion-exito-escolar_1139596420_69057239_667x971.jpg

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La deuda con los niñ@s del estado de México.

Las elecciones del Estado de México se acercan y el próximo 4 de junio los mexiquenses saldrán a decidir qué tipo de administración estatal desean para los siguientes seis años. Las y los candidatos han tratado de describir qué tipo de Estado de México tienen en mente para las próximas generaciones. Sin embargo, estas ideas no deben ser palabras vacías ni huecas sino que deben estar acompañadas de la responsabilidad que conlleva la oportunidad del presente para transformar el futuro. Dicha transformación debe comenzar por asegurar el derecho a aprender de las presentes y futuras generaciones de mexiquenses.

Empecemos con la generación más joven: las y los niños que recién nacieron o nacerán este año. La próxima administración estatal tendrá la responsabilidad de entregar en buen puerto la primera infancia de todas estas niñas y niños, quienes en seis años estarán pisando por primera vez las aulas de una escuela primaria. Para que tod@s lleguen listos para aprender, deben crearse las condiciones para que ejerzan su derecho a la salud, alimentación y seguridad en estos primeros seis años de vida. El primer paso es hacerlos visibles, asegurar su derecho a contar con identidad. Hoy en día, 1 de cada 10 niñ@s recién nacidos en el Estado de México no son registrados durante su primer año de vida (REDIM, 2012). Sin acta de nacimiento, se les priva a estos niñ@s de su derecho a la protección de su salud y de recibir apoyos sociales.

A la mitad de la próxima administración estatal, estos mismos niñ@s tendrán el derecho de acudir a y aprender en una escuela preescolar. Hoy en día, solamente 16% de l@s niñ@s de 3 años asisten al primer año de preescolar. Esta situación no sólo se viola el derecho a más de 8 de cada 10 niñ@s a la educación, sino también amplia las brechas en el aprendizaje de l@s niñ@s en desventaja socioeconómica. El primer grado de primaria puede ser muy tarde para muchos de ell@s.

Ahora hablemos de l@s niñ@s que llegan por primera vez a primaria en el ciclo escolar 2017-2018. La próxima administración estatal tendrá que realizar acciones responsables para asegurar que estos niñ@s avancen conforme a su edad, aprendan lo que quieren y necesitan, y participen en su proceso de manera constante. Actualmente, en el Estado de México perdemos a 16 niñ@s entre el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria. Luego, de los niños que sí se quedan, 6 de cada 10 no aprenden lo básico.

Millones de niñ@s ven truncadas sus trayectorias educativas por falta de sentido de pertenencia a la escuela, apoyo económico o problemas sociales que no pudimos atender a tiempo. Para cambiar esto hay que entender que cada escuela debe convertirse en un proyecto de la comunidad. La tarea de la próxima administración es estar cercana a cada escuela, entender que el problema educativo no se resuelve sólo a base de becas o computadoras, sino que empieza por atender a las personas: la formación inicial de los futuros maestros, la formación continua de los maestros en servicio, la integración sustantiva de las familias y la participación continua de los propios estudiantes en su educación.

Finalmente, imaginemos una joven que entra este agosto al primer grado de secundaria. Si seguimos la estadística de hoy en día, al terminar la secundaria, esa alumna habrá perdido a 3 de cada 10 compañer@s con los que entró. Peor aún, de los “afortunados” que se quedaron, 67% de ellos se graduará de secundaria sin alcanzar las competencias básicas para seguir aprendiendo. Si estos jóvenes no tienen la oportunidad de ejercer su derecho a aprender, ¿cómo esperamos que puedan llegar a educación superior y completar una carrera? Por ello, es importante que la próxima administración atienda de manera integral la educación básica y media superior. Al igual que en primaria, se requiere que las acciones no sólo se concentren en dotar de recursos económicos a las familias sino en desarrollar las capacidades de todas las personas de la comunidad escolar.

Hoy en día, el Estado de México no logra asegurar el derecho a aprender de niñas y niños. En el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE), el estado obtiene un mediocre 6.2 en una escala del 0 al 10. De continuar con esta trayectoria, el derecho a aprender de l@s niñ@s se seguirá viendo vulnerado, coartando sus oportunidades de ser la mejor versión de sí mism@s. La próxima administración estatal tendrá el enorme encargo de cambiar esta situación. Nuestra responsabilidad recae en analizar sus propuestas, escuchar su posicionamiento sobre la transformación educativa, elegir responsablemente la mejor plataforma y verificar que las responsabilidades de los funcionarios se cumplan. No bastan las buenas intenciones, es necesario elegir y exigir un rumbo claro y decidido para bien de las próximas generaciones.

Fuente: http://www.mexicanosprimero.org/index.php/educacion-en-mexico/enterate/noticias-de-hoy/4405-la-deuda-con-l-s-nin-s-del-estado-de-mexico-opinion

Imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/05/24/59261fbf9b96b.jpg

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Desfinanciamiento de universidades públicas.

Por: Ignacio Mantilla.

Por estos días, cuando se habla de las dificultades económicas por las que atraviesan las universidades públicas y cuando se debate sobre las aparentes fortalezas y conveniencias de programas como “Ser pilo paga” y otras iniciativas de créditos para adelantar estudios universitarios, y en general, cuando se defiende el subsidio a la demanda con preferencia al financiamiento de la oferta de las universidades públicas, aparece el falso argumento de la ineficiencia de las universidades públicas como causa de su desfinanciamiento.

Es mi obligación, por lo tanto, pronunciarme sobre este tema y muy especialmente, hacer énfasis sobre algunas de las verdaderas causas del problema financiero de las universidades del Sistema Universitario Estatal.

Desde la aprobación de ley 30 de 1992, actualmente vigente, las universidades públicas han aumentado su cobertura. En efecto, en 1993 teníamos unos 160.000 estudiantes de pregrado matriculados en las universidades públicas del país y actualmente hay cerca de 560.000. Hasta hace 25 años no había sino un par de programas de doctorado en el país, desarrollados en la Universidad Nacional. Actualmente hay cerca de 4000 estudiantes de doctorado y 1700 de especialidades médicas. En 2003 ya se contaban 19.652 estudiantes de posgrado en las universidades públicas, cifra que hoy se ha duplicado.

Estos números revisten especial importancia por cuanto el costo de la formación en posgrado, especialmente en programas de maestrías de investigación y doctorados, es considerablemente superior al costo de la formación en pregrado. En la Universidad Nacional, por ejemplo, los estudiantes de posgrado constituyen el 18 % de la población estudiantil actual y su costo semestral promedio es de 3 veces el de un estudiante de pregrado.

El decreto 1279 de 2003 estableció un régimen salarial para los profesores universitarios de las universidades públicas que incluyó factores nuevos tales como la productividad académica y los títulos universitarios, que tienen un peso especial en la remuneración. El impacto de este decreto ha mejorado los indicadores nacionales de investigación, pero ha implicado un incremento anual real adicional cercano al 3% en los salarios de los profesores, que las universidades públicas han cubierto con sus recursos propios.

Normas y sentencias en aspectos salariales, con posterioridad a la vigencia de la ley 30 de 1992, han contribuido al desequilibrio presupuestal de las universidades. (Ver documento del Sistema Universitario Estatal: “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia”). Así mismo, incrementos salariales por encima del IPC no han sido siempre garantizados por los gobiernos en los presupuestos de las universidades, teniendo éstas que cubrir con recursos propios las diferencias que se acumulan y crecen anualmente, por cuanto afectan también los aportes parafiscales. Su efecto se estima hoy en unos $300 000 millones.

La apuesta por mejorar y aumentar la formación de estudiantes de doctorado y maestría ha implicado, como es apenas natural, una transformación de una planta docente que para el año de expedición de la ley 30 estaba constituida  en su mayoría, por docentes que sólo tenían un título de pregrado. A manera de ejemplo, en la actualidad, en la Universidad Nacional de Colombia 1459  de sus 3008 profesores tienen formación doctoral y 1271 tienen un título de maestría de investigación o de especialidad en alguna rama de la medicina. Esta alta cualificación docente ha demandado importantes recursos adicionales por el reconocimiento de títulos y publicaciones, pero también ha demandado esfuerzos económicos adicionales para el cubrimiento de comisiones de estudio que han permitido alcanzar estas cifras.

Las universidades públicas cuentan hoy con cerca de 2500 grupos de investigación, el 50 % del total del país, que requieren infraestructura, apoyo tecnológico, de cómputo, de comunicaciones, pero muy especialmente de equipos de laboratorios y de técnicos y operarios adicionales.

La misión social, que adicionalmente cumplen las universidades públicas para formar una población estudiantil vulnerable, obliga la implementación de programas de bienestar ambiciosos que garanticen la permanencia y faciliten el buen desempeño académico, con evidentes costos adicionales.

Los anteriores aspectos, entre otros, han producido unos costos de funcionamiento que crecen anualmente a una tasa real de 4 puntos por encima de los aportes que establece la Ley 30 de 1992 para tal fin.

Los esfuerzos adelantados por las universidades públicas por ofrecer educación y realizar investigación de alta calidad, mayor cobertura, alta cualificación docente y mejores condiciones de bienestar para sus estudiantes, así como el cumplimiento responsable de la ley y decretos reglamentarios atendidos con recursos propios, son las verdaderas causas de su desfinanciación.

Es irracional, entonces, que a pesar de mostrar contundentes resultados la política educativa se incline ahora a financiar la demanda de la educación superior en contra del apoyo financiero indispensable para las universidades públicas.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/por-que-impugnar-una-ley-que-beneficia-la-educacion-superior-columna-694629

Imagen: http://www.elespectador.com/sites/default/files/ef3e72fe1189b2ad147831189b92f55b.jpg

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Violencia y escuela.

Por:  Luciano sanguinetti.

El video que se viralizó en los últimos días, en donde una mamá insulta violentamente a una maestra, pone sobre el tapete uno de los problemas graves que vive la educación en Argentina y en el mundo: la violencia. Una violencia que se manifiesta a través de formas distintas: acoso escolar o bullying (cuando esta violencia es entre pares), ataques vandálicos recurrentes en las escuelas (más de 33 casos en La Plata en el año 2016), robo de mochilas o celulares a la salida de las escuelas o, como en este caso, la agresión de madres o padres a los docentes y profesores.

Como se desprende de los focus group en la investigación que venimos haciendo sobre Familias y Escuela en el Observatorio de Calidad Educativa, la violencia que vive la sociedad ha ingresado en la escuela. Y familias y docentes reconocen que no están preparados para enfrentarla.

Tenemos que partir de una primera evidencia. Ser docente hoy no es lo mismo que hace treinta o cuarenta años.

Hoy vivimos un país cuya desigualdad estructural creció significativamente. Más del 48 % de los niños en edad escolar, como lo informa el INDEC, son pobres. Muchos de esos niños y jóvenes van a la escuela para aprender, pero también por un plato de comida. Cerca de 1.500.000 jóvenes y niños comen en las escuelas del Conurbano y un porcentaje importante de esos niños y jóvenes viven en un contexto de violencia que se ha naturalizado, como lo prueba la investigación de Carlos Auyero y María Fernanda Berti, “La violencia en los márgenes”, a pesar del aumento exponencial de la tasa de criminalidad de las últimas décadas.

Pero también el fenómeno creciente de la drogadependencia impacta sobre las escuelas. Como informa el último trabajo del Observatorio de la Deuda Social, el consumo de drogas y alcohol golpea cada vez más a los más jóvenes. Basta un solo dato: el 55 % de los jóvenes del Conurbano dice conocer que un vecino vende drogas en su barrio. Como comentan los docentes en los focus group: los nuevos estudiantes secundarios viven una euforia de fin del mundo, una suerte de epifanía inconformista que explota en rituales nuevos como el UPD (el último primer día) en el que los alumnos que terminan el ciclo festejan, en una suerte de jornada postapocalíptica, el último año de estudios.

Son pocos los protocolos para intervenir ante esta nueva situación. Pero insisto, no es un problema sólo argentino. Finlandia, hace varios años que detectó problemas similares e impulsó un largo trabajo para disminuirlo que concluyó en el exitoso programa KIVA. El plan finlandés para intervenir sobre el bullying está probado en el mundo, más de 15 países de la Comunidad Europea lo vienen desarrollando, y hace pocos meses ha llegado a la Argentina. Es bueno que organizaciones como el CETECO en La Plata estén avanzando, formándose y articulando experiencias y capacitación en este campo. Pero todavía son movimientos espasmódicos. Para el caso de los robos y el vandalismo es poco y nada lo que se ha avanzado para establecer programas de seguridad escolar en las inmediaciones de las escuelas (muchas ordenanzas de similar formato duermen en los consejos deliberantes de la provincia), establecer corredores seguros para los niños y las familias en los accesos a las escuelas, y son escasos (Tigre fue el primero) los municipios que impulsaron la asignación de botones antipánico a docentes y escolares. Muy pocas escuelas tienen cámaras de seguridad en las cercanías y es nula la capacitación de las fuerzas de seguridad para trabajar con niños y adolescentes. Basta mencionar la represión producida en las inmediaciones del municipio de Berisso sobre una marcha de estudiantes secundarios que reclamaban por el Fondo Educativo.

Volvamos a señalarlo, la violencia de la sociedad ya entró en la escuela. Si no queremos verlo estamos peor de lo que creemos.

Fuente: http://www.eldia.com/nota/2017-5-27-0-48-15-violencia-y-escuela-opinion

Imagen: http://www.uepc.org.ar/conectate/wp-content/uploads/2012/05/violencia_escolar.jpg

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Educación básica, ciencia y tecnología.

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo.

El trabajo docente que se lleva a cabo en las escuelas donde se desarrolla la educación básica en México (preescolar, primaria y secundaria), es clave para comprender al conjunto del sistema educativo nacional, porque dicha labor influye de manera directa tanto en la preparación como en las oportunidades de desarrollo para poco más de 23 millones y medio de niños, niñas y jóvenes de todo el país. En ese nivel educativo el número de profesores estimado para el presente ciclo escolar 2000-2001, por ejemplo, es de un millón 9 mil 257. De ellos en Preescolar laboran: 155, 777 (particular 16, 292); en Primaria: 545, 717 (particular: 42, 915); y en Secundaria: 307,763 (particular: 43,919). Cabe anotar que las estadísticas se refieren al número de plazas y no necesariamente al número de personas. (SEP. Informe de labores 1999-2000).

En esta franja del sistema educativo mexicano, que es a la vez su base, se reflejan sin embargo, ciertas prácticas y actitudes que son propias del quehacer educativo conservador: En las escuelas predomina, por ejemplo, la falta de planeación administrativa y académica, escaso conocimiento sobre la estructura curricular, ausencia de criterios académicos en el diseño de estrategias y medios para evaluar los aprendizajes, bajas inversiones para la actualización de los maestros en contenidos escolares o en diversos aspectos del desarrollo infantil; insuficiente capacitación en materia psicopedagógica; excesiva directividad y control sobre los alumnos, inclinación a mantener relaciones autoritarias y discriminatorias, procesos administrativos lentos, generalmente marcados por la «burocratización» y, en especial, existencia de un ambiente culturalmente pobre, o poco motivante para el desarrollo profesional de los maestros.

Esta situación no sólo es exclusiva del sistema de educación pública, sino que también se extiende hacia el conjunto de las escuelas patrocinadas por particulares, puesto que el tema de la obsolescencia de las prácticas docentes es un tema que se encuentra vinculado no tanto con la organización administrativa y financiera de las escuelas públicas o privadas, sino también con el accionar cotidiano de los maestros en los centros de trabajo. Esto se ve claramente dibujado en la interrelación que éstos sostienen con sus alumnos en primera instancia, pero también con sus colegas, con los directivos y mandos medios, con los padres y madres de familia, y con el resto de los sectrores sociales involucrados en los procesos educativos.

En México la fragmentación del magisterio en pequeñas «islas» profesionales, ha dado lugar a una desarticulación histórica y técnica del trabajo educativo en el nivel básico. Los tres subniveles de enseñanza cuentan con sus propios programas y planes centralizados de estudios en función de esa composición, y están organizados en lo administrativo de manera diferenciada, no sólo porque tienen distintos perfiles académicos para sus profesores y sus procedimientos de supervisión educativa son completamente antagónicos, sino porque las tradiciones y las costumbres magisteriales así lo han impuesto durante los úiltimos 40 años.

En esencia, el maestro y la maestra de Primaria realizan su función en medio de un conflicto singular: son mediadores entre las prácticas docentes «arraigadas» o «tradicionalistas» y el interés sensato de seguir correctamente las prescripciones del curriculum oficial vigente (puesto en operación desde 1993), tanto en el plano de lo normativo como en el técnico-pedagógico. Se trata de maestros y maestras (más de 500 mil en todo el país) que ejecutan cotidianamente su trabajo en el aula en medio de toda suerte de limitaciones económicas, técnicas y socio-culturales.

De este modo, la Educación Básica en México no solamente se enfrenta a las carencias físicas y materiales que han frenado su desarrollo durante los últimos 40 años, sino que ha sobrevivido dentro de un ambiente cultural empobrecido. Podríamos decir, en pocas palabras, que ese subsistema «camina» dentro de un entorno cargado de insuficiencias, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de actividades de recreación literaria, científica, histórica, ética y artística, entre otras. Salvo casos excepcionales, (principalmente en escuelas ubicadas en zonas urbanas que cuentan con todos los servicios), el subsistema ha tratado de «avanzar» en condiciones adversas: sin bibliotecas, ni centros de cómputo suficientes y actualizados, o sin laboratorios de idiomas, canchas deportivas y sanitarios adecuados, ni lugares para el trabajo académico debidamente equipados; sin laboratorios para la enseñanza de la ciencia e insumos para realizar prácticas, así como un panorama desolador en el campo de la educación tecnológica (que tradicionalmente ha sido asociada a la enseñanza de los oficios en secundaria), etc., por lo que las escuelas del nivel básico, en cualquiera de sus tres subniveles o modalidades, no cuentan con un ambiente pedagógico y cultural favorable o estimulante, motivante, para que alumnos, maestros y directivos, junto con padres y madres de familia, se sientan poderosamente atraídos por ellas. Esto significa que las escuelas no se han constituido en verdaderos sitios de encuentro educativo y de recreación cultural, científica, artística o tecnológica para la comunidad.

Una zona específica de la educación básica está representada por la enseñanza de la ciencia (ya que es parte de su estructura central y periférica, a través de las áreas de Matemáticas y demás Ciencias Naturales o Sociales). Zona que también aparece no sólo en situación de conflicto o en rezago, sino en plena crisis, porque si consideramos que la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) se caracteriza por contar con una estructura curricular rígida, desarticulada y obligatoria para todo el país, que además carece de dispositivos de actualización permanentes en el plano curricular (contenidos, métodos, estrategias de evaluación, etc.), y que vuelve sumamente difíciles los esfuerzos de reforma curricular, entonces los elementos que la componen o integran también se encuentran en franco deterioro. Esto no sólo como consecuencia de un diseño curricular único-nacional de los planes y programas, sino porque dicha organización no considera plenamente la pluralidad cultural que caracteriza al país en los ámbitos regional, estatal, municipal y comunitario.

Esto es sumamente grave porque dicha estructura, aunada a la falta de actualización de los planes y programas, abre cada vez más la brecha del conocimiento con respecto a los avances científicos, tecnológicos y humanísticos generados por el conjunto de la sociedad. Y corre el riesgo de no incorporar los distintos referentes culturales que caracterizan a cada comunidad; allí donde la ciencia se desmitifica al dejar atrás la noción de «conocimiento universal».

Un sistema educativo con tales limitaciones, que pretende poner al alcance de los niños y niñas la cultura general «básica», se vuelve obsoleto y en poco puede contribuir al desarrollo de la sociedad. De ahí la necesidad de retomar, una vez más, la discusión acerca de qué hacer y cómo lograr avances sustantivos en lo que se refiere, por ejemplo, a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las nuevas tecnologías para nuestros niños, niñas y jóvenes, a partir de nuevos criterios, novedosos recursos y metodologías originales que respondan a la altura de las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestro tiempo.

Fuente: http://www.lainsignia.org/2001/marzo/cul_086.htm

Imagen: http://www.cronicahidalgo.com/sitio/wp-content/uploads/2016/01/p22-ciencia.jpg

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Suspensos en finanzas.

Por: Saturnino Acosta.

Corría 2012 cuando docentes, destacados miembros de la industria financiera, asociaciones de consumidores y supervisores financieros pidieron al Gobierno que, entre otras medidas, introdujera la Educación Financiera como asignatura en la (ESO).

No fue casualidad. En plena crisis económica, muchos ciudadanos y entidades financieras, padecieron los primeros su incultura financiera y se asombraron los segundos de la inconsciencia y desconocimiento de los primeros, aunque también alguno se avergonzó, o debería por aprovecharse de ello. Tal fue la sorpresa ante la falta de conocimientos financieros, que José María Lamamie, entonces director del Departamento de Instituciones Financieras del Banco de España, aseguró que: «El objetivo más importante y más difícil de lograr para la difusión de la educación financiera es conseguir que esta materia entre en el currículo escolar».

Pues bien, después del varapalo que supuso comprobar en las cuentas corrientes lo que significa competencia financiera en tiempo de crisis, en 2014, haciendo caso a las recomendaciones de 2012 se introdujo cultura financiera dentro del currículo, tanto en Primaria –Ciencias Sociales–, como en Secundaria –Economía–.

Aún así, los datos de PISA 2015 en competencia financiera han sido peores que los de 2012, con o sin currículo, aunque algunos lo achaquen a la metodología utilizada.

Según se desprende del estudio de 2015, el 50,5% de los que realizaron la prueba, con quince años, suspenden, y lo que es peor, casi el 26% no supera el uno sobre cinco.

Eso significa no entender un recibo, factura o planificar una compra a plazos. Además de otros datos de interés, llama la atención la brecha entre niveles socioculturales y económicos de las familias, con una diferencia de 78 puntos.

Los expertos advierten que es fundamental formar desde las escuelas a ciudadanos que en un futuro estarán obligados a mantener una obligada relación con entidades bancarias, servicios financieros y empresas, o simplemente como consumidores ante timos, estafas, productos tóxicos o basura, incluso la conciencia de las pensiones y su funcionamiento.

La escuela hoy, la educación hoy si lo prefieren, debe ser una escuela de vida para la vida, de herramientas para construir y crecer personal y socialmente, pero también para no destruir ni ser destruido, social y personalmente.

Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/suspensos-finanzas_1018553.html

Imagen: http://blogs.hoy.es/escuela-de-padres/wp-content/uploads/sites/67/2016/03/notas.jpg

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Formación de docentes, gran deuda de la Reforma Educativa: Pedro Flores Crespo

Por: Adolfo Rodríguez y Leonardo Oliver *

La estrategia de formación de los maestros en servicio y de los que se van a incorporar las aulas es una de las grandes deudas de la Reforma Educativa que implementa la Secretaría de Educación Pública (SEP), señala el académico Pedro Flores – Crespo.

Entrevistado en el marco del Seminario de Periodismo y Política Educativa, el académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, agregó que la implementación de esta reforma se realizó de manera errónea; “comenzó al revés, con un modelo viejo y queriendo que los maestros se formaran en lo nuevo.”

El investigador señaló que, aunque en las propias leyes reglamentarias de la reforma educativa se planteó la necesidad de diseñar un modelo educativo pertinente al cambio que la educación de calidad exigía, esa presentación se fue atrasando.

Su llegada es tardía y se enmarca en un Servicio Profesional Docente que ha resultado ser muy problemático. No sólo es un esquema de evaluación muy exigente, sino que ha presentado ciertas fallas.

Además, señaló que el El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha reconocido que los sistemas de tutoría han sido insuficientes, los cursos que imparte el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así “los trajes a la medida” para la capacitación que el secretario Aurelio Nuño presentó no han respondido a las exigencias.

Finalmente, señaló que frente a este panorama se debe recalcar que  un elemento positivo es que hay actores con la intención de hacer modificaciones.

“Este cambio de rumbo que se perfila parte de reconocer las críticas de los propios maestros, así como de cuestionar la noción sobre la cual se diseñó la evaluación, noción basada en la desconfianza de la preparación de los maestros para desempeñarse en las aulas. Sin embargo, los resultados han desmentido esa aseveración”, concluyó.

*Texto realizado en el marco del Seminario de Periodismo y Política Educativa

Fuente del Artículo:

Formación de docentes, gran deuda de la Reforma Educativa: Pedro Flores Crespo

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