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ENTRE HUELGAS Y DESPIDOS ¿Qué está pasando en el sistema educativo?

Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

A los trabajadores del Sutiems

Toda nuestra solidaridad

En las últimas dos semanas, hemos tenido noticia de huelgas, paros, plantones, movilizaciones de diferentes sindicatos y grupos del sector educativo que, sumados a diversos conflictos y reclamos preexistentes, presenta un panorama inquietante. Va un rápido pero necesario recuento:

  1.  Las primeras horas del día 8 de junio, estalló la huelga del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), ocasionando el cierre de las 26 preparatorias existentes en la Ciudad de México. Sus demandas son básicamente las mismas que las de otros grupos: aumento salarial para resarcir cuando menos en parte, el elevado costo de la canasta básica; condiciones dignas de trabajo, respeto al contrato colectivo de trabajo y al modelo educativo del IEMS[1]. Aseguran que el presupuesto asignado es el mismo desde 2018, mientras que el número de planteles ha aumentado, al igual que los docentes contratados por honorarios; los edificios carecen de mantenimiento; piden un aumento salarial de al menos 9%, igual que el otorgado a los policías.  Esta es una huelga largamente anunciada; los trabajadores llevaban un mes intentando llegar a un arreglo con la titular del IEMS, Silvia Estela Jurado Cuéllar y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz; el ofrecimiento de las autoridades fue de 3.5% al salario y 2% en prestaciones, muy por debajo de lo otorgado a los policías desde hace dos años (Mantiene Gobierno capitalino incremento del 9% en salario de policía durante 2020) Cuando estalló la huelga, el IEMS emitió un comunicado oficial poniendo en duda su legalidad; al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum declaró que estaba dispuesta al diálogo con el sindicato y afirmó que un día antes los trabajadores ya habían firmado el acuerdo en el que aceptaban el aumento ofrecido; de inmediato el SUTIEMS declaró que Sheinbaum estaba mal informada por sus subordinadas. Han transcurrido ocho días desde que comenzó la huelga; las autoridades se niegan a negociar y comienzan a recurrir a las típicas triquiñuelas legaloides como poner en duda la representatividad del sindicato, y así desacreditar la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a huelga, hoy día tan demonizado.
  2. Hace dos días, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Docentes Conalep (SUTDCONALEP) realizaron un mitin frente a Palacio Nacional; como parte de la misma jornada de lucha, la Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Conalep, realizó un paro de labores a nivel nacional en demanda de reconocimiento a la antigüedad de los maestros en los 308 planteles de todo el país, así como equiparar su salario con el de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; por parte del Gobierno Federal, son considerados como prestadores de servicios (Los profesores del CONALEP realizan paro de labores en todo el país), por tanto, carecen de derechos laborales básicos. Estas demandas son añejas; desde 2019 a la fecha, los medios han informado de movilizaciones en diferentes entidades y plantones en dependencias públicas, reclamando la instalación de mesas de negociación para resolver la basificación, homologación y reconocimiento de antigüedad.
  3. Y las UBBJ con La sargenta Raquel Sosa a la cabeza, siguen dando de qué hablar. Egresados llevan tres años esperando que les entreguen su título y cédula profesional. Los afectados pertenecen a las generaciones que iniciaron estudios en las escuelas financiadas por Morena y los terminaron cuando éstas pasaron a formar parte del sistema de universidades Benito Juárez (Recibir cédula profesional o título en la UBBJG, un compás de espera…). Algunos han acudido a la CNDH a poner su queja; tras revisar el caso, dicho organismo ha emitido la recomendación 75/2022 dirigida a la titular de las UBBJ; Sosa la rechazó alegando que las recomendaciones no son vinculatorias (Recomendación a las UBBJG por vulneraciones a DH de estudiantes) No hay poder institucional que ponga un alto a las arbitrariedades y atropellos hacia los docentes y estudiantes; quien nombró a Sosa sabe bien lo que ocurre, pero ha optado por minimizar y tolerar la situación. Si nos hemos enterado de lo que sucede es gracias a los docentes despedidos y estudiantes agredidos que decidieron abandonar el silencio, organizar movilizaciones, protestar y denunciar las arbitrariedades y problemática que aqueja a las UBBJ.
  4. En los últimos meses, la CNTE se ha hecho presente, quizá no con la fuerza, representatividad y contundencia mostrada en las luchas magisteriales de las que fuimos testigos entre el 2012 y el 2018. La sección XVIII de Michoacán instaló recientemente un plantón en la Ciudad de México y acordó realizar diversas acciones a nivel estatal. “Esta coyuntura política ha puesto de manifiesto que, aunque se esperaba lo contrario, solo cambiaron los colores y no las formas de gobernar” se afirma en un comunicado emitido hace una semana (Protestas de CNTE en CDMX, sin éxito; analizan nuevas acciones). La sección VII de Chiapas, con quien AMLO tuvo un encontronazo en agosto del año pasado, también se sumó a esta jornada de lucha. Por otra parte, en la Ciudad de México militantes de la sección IX, concretamente de la región oriente de Iztapalapa, convocaron a plantones en oficinas y dependencias de la SEP para reclamar el cumplimiento de lo que consideran promesas incumplidas. Además de las movilizaciones, estas secciones se han rebelado contra el calendario escolar 2022-2023. La sección XVIII anunció que el actual ciclo escolar lo concluirán el 8 de julio, tal como estaba considerado en su programa alternativo y no hasta el 29 de julio, como establece el calendario oficial
  5. También en el programa Prepa en Línea, los conflictos y turbulencias políticas no cesan. El año pasado, la SEP de Delfina Gómez contrató servicios especializados de Administración de Recursos Humanos para el pago de honorarios a los “agentes” de aprendizaje, justo un mes antes de que venciera el plazo establecido en la ley en materia laboral para concluir con el esquema de outsourcing (SEP subcontrata a 22 mil asesores y tutores). En marzo del presente año, ante la imposibilidad de repetir el mismo esquema por la entrada en vigor de la nueva ley, optó por el despido masivo de asesores bajo el argumento de que no contaban con el perfil requerido (Sosa dixit), o que trabajaban por más de doce horas en otro lugar. La inconformidad de los afectados, muchos de los cuales desmintieron los supuestos motivos de la SEP, creció como la espuma en unos cuantos días; el presidente fue cuestionado al respecto pero lo salvó la alarma sísmica  (¿Qué es Prepa en Línea de la SEP y cuál es el conflicto que tienen con los asesores virtuales?).
  6. También en otros programas de nivel medio superior comienzan a acumularse los adeudos. Ahí están los docentes de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) que llevan varios meses sin cobrar, no tienen derecho de antigüedad, mucho menos servicios de salud; en la SEP nadie los ve ni los oye; en Twitter impulsan la campaña #SepYaPágame, a ver si así…
  7. No podíamos dejar de mencionar a los profesores del Programa Nacional de Inglés (PRONI). En un corto reciente, describimos la recurrente falta de pagos (Teachers PRONI, ¡nada que celebrar!), problema agravado durante el gobierno de la 4T pese a que los recursos están contemplados en el presupuesto de egresos de la federación. A la fecha, la mayoría tiene más de cuatro meses, ¡SÍ!, como lo leen ustedes, cuatro meses sin cobrar un peso; si bien no han dejado de trabajar, cada día están más endeudados y encima, autoridades estatales comienzan a exigirles que entreguen calificaciones y extiendan tres semanas más su presencia en la escuela, aunque el convenio que firmaron al inicio del año tiene vigencia hasta los primeros días de junio (Mensaje de maestros de Guerrero
  8. Otros grupos afectados son los trabajadores de programas sociales que dependen del gobierno de la Ciudad de México. En marzo pasado, promotores culturales comunitarios, trabajadores de Artes y Oficios Comunitarios, talleristas y otros colectivos culturales dedicados a acercar la educación y la cultura a sectores marginados de la población de la ciudad, realizaron jornadas de protesta y movilizaciones para demandar lo mismo que todos: estabilidad, derechos laborales, condiciones dignas de trabajo  (Trabajadores de cultura y PILARES protestan en Zócalo CdMx).  A este caso se suma el de Monserrat Jiménez, despedida la semana pasada después de trabajar diez años con niñas y adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Socióloga de profesión, un día de mayo se presentó en su centro de trabajo y se encontró con que le impidieron la entrada; su pecado fue integrarse al movimiento Queremos trabajo Digno , luego de atestiguar el despido injustificado de otros compañeros y la reducción de aproximadamente 20% de su raquítico salario durante la pandemia (Enseñó a niños a defender derechos y la despiden por exigir trabajo digno).

Tantos conflictos no son mera coincidencia; dan cuenta de los efectos de la política laboral y educativa del gobierno actual. En diciembre del año pasado, escribimos un corto titulado El sector educativo en tiempos de la 4T. Estampas de la precariedad; seis meses después, este artículo viene a confirmar lo señalado entonces: la situación no ha mejorado, al contrario, la precariedad en que se encuentran los trabajadores de la educación es cada día más evidente: mismas prácticas, mismas justificaciones, mismas respuestas para todos: desconocimiento, negativas, la austeridad como excusa, desprecio a los derechos laborales, arrogancia del poder en turno. Todos estos rasgos son al parecer, el sello de identidad de los y las funcionarias de la IV T.

Poco a poco se ha ido corriendo el velo: para el gobierno actual la educación no es prioridad, tampoco mejorar las condiciones de trabajo de los educadores o cumplir con las promesas al magisterio, utilizadas como señuelo para obtener votos. La retórica que ensalza la educación como medio de transformación, progreso, cambio, superación y cuanto adjetivo gustan endilgarle los funcionarios de alto, bajo y medio pelo en sus discursos, no es más que palabrería hueca. Pero la realidad es ésta, los hechos ahí están, solo hemos hecho aquí un breve recuento, parcial sin duda alguna, sin profundizar en los detalles.

¿Cuál es nuestra interpretación? Desde hace rato lo dijimos: la 4T encontró el modo de someter a las resistencias más visibles prometiéndoles el oro y el moro; ahora que los reclamos crecen, ha optado por ignorar, invisibilizar, o de plano,  desacreditar públicamente las protestas; si se acercan elecciones, ha ofrecido aumentos salariales diferenciados a docentes de nivel básico que no alcanzan a resarcir la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación; para los trabajadores administrativos y de apoyo con salarios miserables, ha anunciado aumentos importantes. Eso está muy bien, sin duda alguna lo merecen, tienen derecho, pero al final del día, eso no elimina el impacto político calculado y buscado: atomizar, separar, aislar a los iguales cada vez más precarios.

¿Qué pasará con la frustración, con el enojo y la desilusión? ¿Cómo se procesará ese mal sabor de boca, esa sensación de engaño que ya comienzan a expresar cada vez más abiertamente, docentes y trabajadores de la educación que votaron por un cambio? ¿En qué se convertirá todo ese malestar colectivo? ¿Acaso en potencia disruptiva? Eso está por verse, ojalá que las luchas confluyan y quienes luchan se encuentren para unir sus voces en un solo grito: ¡NO MÁS SOBRE EXPLOTACIÓN NI PRECARIZACIÓN DOCENTE! Para lograrlo, es preciso romper el silencio.

Lo que sí podemos hacer aquí y ahora, es dejar a un lado la indiferencia y mostrar solidaridad con quienes están dando la batalla por trabajo digno.

Fotografía: lasillarota

[1] El Instituto de Educación Media superior (IEMS) surge de una demanda que organizaciones sociales de Iztapalapa realizaron en 1995, para que las instalaciones de la ex Cárcel de Mujeres que se encontraban en remodelación se utilizaran como centro. Fue hasta el año 2000 que se crea formalmente, con el propósito de ofrecer educación media superior en aquellas zonas de la Ciudad de México en las que la demanda era alta y la oferta educativa insuficiente. Cuando AMLO gobernaba el entonces Distrito Federal, el IEMS comenzó a funcionar con quince planteles, actualmente cuenta con 28; los interesados no presentan examen de admisión, un sorteo decide si ingresan o no. Los detractores del hoy presidente le adjudicaron a estas escuelas el mote de “pejeprepas”.

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com
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Las Cumbres, un monroísmo agotado

Rebelion

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La Doctrina Monroe (1823) garantizó la influencia de los EE.UU. en América Latina durante el siglo XIX y justificó su expansión en el XX.

Bajo ese marco, la I Conferencia Panamericana (1889/90) realizada en Washington, se propuso crear la unión aduanera americana, implantar una moneda de plata única, unificar aranceles, regular el tráfico comercial y la solución de conflictos. En medio de la inédita situación internacional creada por la I Guerra Mundial (1914-1918), un nuevo intento de coordinación económica continental fue el Primer Congreso Financiero Panamericano, convocado en Washington (mayo 1915). Los intereses centrales de los EEUU en ese congreso fueron: “establecer relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias” entre los países del continente, desplazar los créditos europeos (cerrados por la guerra) con los norteamericanos, asegurar la posibilidad de establecer sucursales o agencias de la Federal Reserve en los diversos países, fortalecer “los medios de transporte oceánicos”, arribar a una “legislación uniforme” para imponer el “patrón oro” y regular lo relativo a documentos de comercio. No logró sus objetivos. De modo que décadas más tarde fue convocada la I Reunión de Ministros de Hacienda de las Repúblicas Americanas (Guatemala, noviembre de 1939), que concluyó sólo en proyectos y recomendaciones, aunque sumamente ambiciosos, en diversas áreas: monetaria, cambiaria, bancaria, aduanera, tributaria y sobre libre comercio. La II Guerra Mundial volvió a alterar el panorama. Pero la conferencia de Bretton Woods (1944) finalmente resultó exitosa, pues fue el punto de partida efectivo para intentar la mundialización económica hegemonizada por los EEUU. Allí nacieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, generalmente conocido como Banco Mundial), que concretaron las perspectivas de coordinación en dos áreas: la monetario-financiera y la relativa al desarrollo. Más difícil fue lograr un acuerdo en el campo comercial, aunque en 1948 entró en vigor el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), que funcionó de facto entre las partes contratantes, hasta la constitución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, con la cual surgió un mercado internacional regulado en forma obligatoria para sus miembros, en cuanto a bienes, servicios y propiedad intelectual.

Aunque las décadas de la Guerra Fría implicaron el uso del monroísmo para preservar al continente del “peligro” comunista y para cercar a Cuba en aras de la democracia occidental, el desarrollismo impulsado en América Latina logró despegar al capitalismo en la región. Le siguió la globalización transnacional bajo hegemonía de los EEUU en las dos décadas finales del siglo XX, favorecida por las políticas del presidente Ronald Reagan (1981-1989), las cartas de intención del FMI para garantizar el pago de la extendida deuda externa en América Latina, la ideología neoliberal del “Consenso de Washington” y finalmente el derrumbe del socialismo en la URSS y Europa Oriental. En esas circunstancias, también tomó auge la recurrente idea histórica de constituir el área de libre comercio; y bajo esa perspectiva se convocó la I Cumbre de las Américas, realizada en Miami en 1994, cuyo propósito central fue el “libre comercio” y la “comunidad de democracias” de las Américas, vinculada a la OEA (https://bit.ly/38Zzu7g). En la II Cumbre realizada en Chile (1998) quedó constituida el “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA), que reunió a 34 países del hemisferio, con la exclusión de Cuba.

Al realizarse la IV Cumbre (Argentina, 2005), también se reunió la Cumbre de los Pueblos, donde los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Néstor Kirchner (Argentina) e Inácio Lula da Silva (Brasil) condenaron y frenaron el ALCA. En 2012, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que no asistiría a la VI Cumbre (Colombia) si se excluía a Cuba, una posición asumida igualmente por los países del ALBA, lo que obligó a la presencia de Cuba en la VII Cumbre (Panamá, 2015). Fue un hecho histórico que permitió la apertura diplomática entre los EEUU y Cuba, que arribó a la visita de Barack Obama a La Habana (marzo 2016), un proceso revertido por el presidente Donald Trump (2017-2021), en una época de predominio de gobernantes conservadores y neoliberales en América Latina. Para la VIII Cumbre (Perú, 2018), el presidente venezolano Nicolás Maduro, no fue invitado, aunque estuvieron presentes varios representantes de la oposición, pero tampoco asistió el presidente Trump, aunque sí el vicepresidente Mike Pence.

Con el nuevo presidente Joe Biden, la convocatoria a la IX Cumbre en Los Ángeles (junio 2022), con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ha vuelto a remover el escenario continental. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue el primero en cuestionar esa exclusión (https://bit.ly/3slcjed), despertando iguales reacciones de otros mandatarios. Finalmente, no asistieron a la Cumbre ocho presidentes (https://cnn.it/3QhUIhR). Alberto Fernández, presidente de Argentina, pronunció un fuerte discurso de cuestionamiento a las exclusiones, a la OEA, al BID y al “pensamiento único” que se ha querido imponer (https://bit.ly/3xpCaDu); mientras el presidente Biden trató de minimizar el asunto enfocando la necesidad de la unidad continental, ante los desafíos que enfrenta la democracia actual en el mundo (https://bit.ly/3xE3yz8).

Lo que se advierte como una fuerza indetenible en esta larga historia, es que el desarrollo de las cumbres ha demostrado la creciente polarización de dos tendencias: la americanista de tipo monroísta y la latinoamericanista que la cuestiona. EEUU confía en los gobiernos conservadores y neoliberales, pero avanzan los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda que toman definiciones propias. Y esta tendencia se proyecta como una nueva realidad histórica, en la cual el viejo americanismo monroísta cada vez sirve menos para la unidad de propósitos continentales bajo los intereses privilegiados de los EEUU. Se ha juntado a éste la geoestrategia que trata de convencer que China y Rusia son “amenazas” al continente, mientras en la región, gobernantes de ideologías contrapuestas encuentran en esos mismos países posibilidades económicas y opciones para el desarrollo (https://bit.ly/3mDjnj7). Históricamente está agotada la visión neoliberal, bajo cuyos conceptos nunca se promovió el bienestar colectivo en América Latina y, como se experimenta en la actualidad, no solo agrava las condiciones de vida y trabajo, tampoco soluciona los problemas económicos y, sobre todo, agudiza las confrontaciones sociales y políticas.

Las nuevas realidades, en un mundo que avanza al multilateralismo, presionan al cambio de la visión continental. Un orden internacional basado en reglas, como postulan hoy los EEUU, forzosamente se inclina al reconocimiento de la diversidad latinoamericana, en la cual los mejores “aliados” y “socios” para la unidad continental han dejado de ser los gobiernos sujetos al tradicional monroísmo y esclavizados a la ideología neoliberal, que impiden conquistar los objetivos del bienestar y la democracia, reconocidos en palabras, mientras afianzan una cultura de privilegios para las capas ricas.

Fuente Original:  www.historiaypresente.com

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La educación inclusiva: un proceso complicado pero necesario

Paulette Delgado

Por: Paulette Delgado

Durante junio, mes del orgullo, se habla mucho de la importancia de la inclusión y la diversidad. ¿Cómo están las escuelas en este rubro? ¿Qué tan inclusivas son las escuelas? ¿La educación inclusiva es realmente inclusiva?

Cuando se habla de educación inclusiva no se trata sólo de incorporar estudiantes diversos a las instituciones, sino también de la importancia de readaptar las escuelas, los planes de estudio y todo lo que sea necesario para que todos los estudiantes tengan acceso a un proceso educativo realmente inclusivo. El tema de la inclusión no es nuevo, pero sí es una temática que se escucha más en el mes de junio por ser el mes del orgullo. También se habla mucho de este tema cuando se trata de incluir a estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, sin embargo, la inclusión es mucho más que eso. Es ver por las necesidades educativas de cada estudiante, considerando sus condiciones sociales, interculturales, de salud, personales, etcétera. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva?

La UNESCO define la educación inclusiva como “un proceso para responder a la diversidad de todos los estudiantes, garantizando su presencia, participación y logros; atendiendo especialmente a quienes, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, por lo que es necesario definir políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos”. En el 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a los ministros de educación de América Latina y el Caribe (ALC) se comprometieron a desarrollar políticas inclusivas para “mejorar la calidad y la pertinencia de la educación”. Para cumplir con esto, las escuelas de cada país no deben tener mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, y deben adaptarse para incluir a los diversos estudiantes y sus necesidades. “La educación inclusiva se fundamental en principios como la equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso sin distinciones ni privilegios y la atención a las necesidades educativas como elementos centrales del desarrollo; por tanto, se imparte gratuitamente y se definen acciones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción ni privilegio, a los primeros niveles de educación”.

La ONU incorporó a la educación inclusiva como su cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y realizó un estudio sobre cómo los países de ALC se están esforzando para hacer la educación más inclusiva. En la región, de los 19 países estudiados, la mayor parte no comparte información de cómo y qué hacen para alcanzar estos objetivos. De la proporción de las escuelas primaria con infraestructura para estudiantes con discapacidad, por ejemplo, sólo cinco tienen información al respecto. De estos pocos países, menos de la mitad tienen la infraestructura que se necesita para ofrecer una educación adecuada a estos estudiantes. Aún más grave es que se desconoce la proporción de docentes que tienen la formación requerida para trabajar con estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad.

La mayoría de las escuelas educan a los estudiantes en cuatro diferentes entornos: 1) ser educado en un salón de clases regular con el apoyo de un asistente de maestro, 2) ser educado en un salón de clases regular con un maestro de apoyo adicional. 3) ser educado en una clase especial dentro de una escuela ordinaria y 4) ser educado en una escuela especial segregada. Para medir la eficiencia de cada uno de estos entornos se requiere involucrar a los docentes, familias e infantes con dificultades de aprendizaje, de conducta, con alguna discapacidad, entre otros. Cada uno debe dar su punto de vista sobre la educación inclusiva, dar a conocer cuáles son sus metas, si están satisfechos con el sistema educativo actual, si les gustaría intentar otras metodologías, qué quieren lograr a corto y largo plazo, y cómo sienten que toma la comunidad la educación inclusiva.

Otro punto importante por considerar en la educación inclusiva es crear un entorno de aprendizaje seguro ya que, según el informe de la UNESCO titulado “Políticas de educación inclusiva: estudios sobre políticas educativas en América Latina”, más de uno de cada cinco estudiantes reportan haber sufrido algún tipo de bullying. En Perú, 48 % de las niñas y 47 % de los niños reportaron haberlo experimentado en algún punto; en Chile las niñas en un 14 % y los niños en un 16 %, pero lograr crear un entorno seguro y realmente inclusivo demanda tiempo, ya que se necesita que cambie la actitud de cada uno de los integrantes de una comunidad educativa.

Además, se debe capacitar a los docentes sobre prácticas inclusivas y no discriminatorias. En este informe se menciona que “la educación inclusiva atiende las necesidades educativas en un ambiente de calidez para los estudiantes, docentes y familias; además, busca lograr en todos los estudiantes su presencia, participación y éxito académico en los diferentes niveles educativos y según los contextos de estudio”. Los diferentes países incluidos en el estudio se han concentrado principalmente en los estudiantes, dejado la formación docente de lado. Muchos de los docentes no aprendieron sobre educación inclusiva durante su formación, por eso es importante capacitarlos al respecto y mantenerlos actualizados.

Según el reporte, estos programas deben incluir “las normativas locales e internacionales; el nuevo enfoque de la educación inclusiva, desde su epistemología, fundamentos y las diferentes condiciones que pueden presentar los estudiantes en el marco de una a educación inclusiva; los principios de intervención temprana; los modelos para hacer inclusión, enfocados a la gestión de los docentes y directivos; la implementación de metodologías innovadoras e inclusivas, como comunidades educativas, grupos interactivos, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos y/o problemas, tertulias literarias o la definición de metodologías en las cuales el docente haya tenido mucho éxito; metodologías de evaluación de aprendizajes adaptadas, entre otras líneas de actualización”. Debe llevarse a cabo un trabajo de atención y motivación a los docentes ya que ellos están en el centro de todo, si no cuentan con una buena formación o no tienen las herramientas para saber cómo formar a estudiantes con distintas necesidades, la educación inclusiva nunca será posible.

¿La educación inclusiva es realmente inclusiva?

Como es el mes del orgullo, es necesario mencionar a las infancias y juventudes LGBTQ+ ya que, según un informe de la organización Stonewall, muchos de ellos sufren de bullying y acoso. Tan sólo el año pasado, en Hungría se aprobó una ley que prohíbe la enseñanza de contenido LGBTQ+ en las escuelas, lo cual puede generar aún más discriminación contra esta comunidad.

Muchas familias están a favor de prohibir este tipo de enseñanza ya que consideran que no es “apropiada para la edad”, pero según investigaciones de Stonewall del 2018 la educación inclusiva no puede esperar. Las actitudes anti-LGBTQ+ y discriminatorias se ven desde temprana edad, si las escuelas buscaran desarrollar en los estudiantes actitudes inclusivas desde una edad temprana, disminuirían los casos de acoso más adelante.

Otra encuesta realizada por GLSEN en el 2017 en Estados Unidos, reportó que sólo a uno de cada cinco estudiantes LGBTQ+ se les enseñó sobre representaciones positivas de personas que pertenecen a esta comunidad en las clases de historia. Un 64.8 % de los estudiantes dijeron que no tenían acceso a información sobre esta minoría en la biblioteca de sus escuelas ni a través de las computadoras de las instituciones, ni en lecturas asignadas. Por eso es importante comprender cómo es realmente la educación inclusiva y los beneficios que tiene para todas las personas.

La educación inclusiva busca enseñar sobre el respeto y la aceptación de personas de todo tipo, ya sea diferentes etnias, género, orientación sexual, fe, (dis)capacidades, etcétera. Se trata de asegurar que todas las personas  tengan acceso a un ambiente escolar seguro y donde puedan ser felices. Para ello, es vital tener políticas educativas, programas, planes de estudio, entre otros, que reflejen la diversidad total del mundo en el que los estudiantes viven, debido a que al integrarse en la sociedad en su adultez, convivirán con una gran diversidad de personas en distintos aspectos y momentos de sus vidas. Si desde la infancia, contamos con este tipo de información, la vida adulta será mucho más llevadera, empática y armoniosa.

Según un artículo publicado para la revista Education Sciences, las familias argumentan que las políticas públicas de inclusión total les negará el derecho a elegir lo que consideran el entorno educativo más apropiado para sus hijos. Además, muchos creen que las escuelas no cuentan con el personal preparado para brindar a sus hijos la mejor educación. Por su parte, los docentes indican que, para poder trabajar con  estudiantes LGBTQ+, con discapacidades, dificultades de aprendizaje o de comportamiento, necesitan una mayor preparación. Los docentes  necesitan más apoyo y, en varios casos, incluso ayudantes, y recursos apropiados para el aula. Sin un sistema de apoyo garantizado y que se actualice constantemente, los educadores seguirán viendo la educación inclusiva como algo negativo o que hay que evitar, en lugar de ser vista como una propuesta a su favor y que podría beneficiar a toda la comunidad educativa.

Educación inclusiva, educación especial y la lucha por brindar la mejor educación para todas las personas

Debido a que muchos docentes  e instituciones educativas no cuentan con las herramientas necesarias para poder brindar apoyo a todos los estudiantes, se habla de las escuelas especiales como una modalidad paralela a la educación regular. La realidad es que el sistema educativo aún tiene un largo camino que recorrer para realmente ser inclusivo y aún así muchos estudiantes  no tienen otra opción más que asistir a una institución tradicional. Muchas veces los docentes de estas escuelas no están capacitados para brindar la atención requerida, ni saben cuáles son las estrategias más idóneas para facilitarles una enseñanza más acorde.

En Latinoamérica, según el informe de la UNESCO que se mencionó al inicio, varios países no cuentan con “un equipo multidisciplinario requerido, como lo son: psicólogos, docentes especialistas en educación especial, psicopedagogos, trabajadores sociales, entre otros, que puedan brindar el abordaje que los niños con necesidades educativas especiales necesitan”. La educación especial separa a los estudiantes con discapacidades o desafíos de aprendizaje de la educación general, mientras que en la inclusiva todos conviven dentro del mismo entorno. La primera tiene un enfoque individual y busca brindar a cada niño los recursos que necesitan para progresar, la segunda, en teoría, debería brindar apoyo adicional para apoyar a que cada alumno se adapte al plan de estudios regular, aceptando los diferentes patrones de aprendizaje de cada alumno y adaptándose a sus necesidades individuales.

La educación inclusiva es menos costosa que las aulas separadas y tiene mejores efectos positivos, inclusive para la Universidad de Princeton, los “modelos de instrucción empleados y el entorno del aula parecían tener un mayor impacto en el éxito académico y social de los estudiantes”. Por otro lado, las escuelas especiales tienen personal especializado con la experiencia para instruir a los estudiantes utilizando las mejores prácticas. Los estudiantes pueden obtener mejores calificaciones y socialización al juntarse con gente con las mismas diferencias neurológicas o mismas discapacidades que ellos.

El problema es que no existen escuelas especiales accesibles para todas las personas o en todas las ciudades. En el caso de Australia, se estima que el 10 % de los escolares de entre 5 y 8 años tienen alguna discapacidad y la mayoría de estos, el 89 %, asiste a escuelas ordinarias. Por ley, todo niño tiene derecho a la educación y aunque tenga alguna discapacidad, debe tener acceso a la educación gratuita, por eso los sistemas educativos deberían pensar en todos sus estudiantes, cómo incluirlos y ayudarlos a tener éxito.

En Australia existe La Coalición Australiana para la Educación Inclusiva donde organizaciones y defensores de la discapacidad han desarrollado un plan de diez años para que exista educación inclusiva en todo el país. Para esta coalición, se debe empezar por eliminar las escuelas especiales no dejando que se matriculen estudiantes nuevos, especialmente a primero de primaria para que no haya nuevas generaciones en el futuro.

Un punto importante que mencionan en su plan es que los jóvenes con discapacidades ayuden a diseñar enfoques de enseñanza en escuelas ordinarias y recibir un pago por su asesoramiento. Ya que tener una educación inclusiva requiere de la participación de todos, debería de incluirse la opinión también de minorías, alumnos neurodivergentes, entre otros, para poder satisfacer sus necesidades. Además, se necesita un acuerdo sobre lo que significa «educación inclusiva» para los maestros, alumnos, padres de familia, administradores y la comunidad para dar capacitaciones y fondos.

La educación inclusiva es un servicio para todos los estudiantes, sin discriminación alguna. A medida que la sociedad se vuelve cada vez más diversa, todos los estudiantes tendrán que interactuar con personas de grupos étnicos diferentes, de diversas nacionalidades, con alguna discapacidad, que sean neurodivergentes, que tengan otro tipo de fe, u orientación sexual, entre otros. Es por eso que integrar en la escuela temas de diversidad e inclusión desde temprana edad, contribuirá a formar personas mejor preparadas para navegar diversas interacciones en el futuro.

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Pandemia. La pandemia no termina: nuevas subvariantes del COVID

La Izquierda Diario

Por: Víctor Romero

A principios de esta semana, la Secretaría de Salud de México reportó una tendencia en el aumento de contagios de COVID-19 a nivel nacional y que tienen como protagonista a nuevas sub variantes del virus.

Si bien es sabido que la pandemia por Covid 19 no ha terminado, los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo tratan de reiniciar las actividades sociales y económicas con toda normalidad. Esto contraviene, en buena medida, a los señalamientos de expertos que coinciden que no se debe baja la guardia y seguir con las medidas de seguridad e higiene.

Según el médico y experto de la facultad de medicina de la UNAM, Alfonso Vallejo Paras, se han detectado, al menos, tres nuevas variantes del virus las cuales fueron denominadas como BA.12.1, BA.4 y BA.5 y son responsables de la llamada “quinta ola”.

Las subvariantes se han observado fundamentalmente en personas no vacunadas. Afirmó que “Este aumento de casos se debe a las subvariantes de ómicron a medida que el virus muta” lo que, explicó, “lo hace más contagioso” mientras todavía hay personas “susceptibles”… Es cierto que hay un aumento de casos, pero no ha llegado a los niveles de olas anteriores. Se espera que el número de muertes sea menor debido al avance de la vacunación”.

Recomendó retomar las medidas conocidas por todo, como volver a usar cubre bocas, lavarnos las manos con frecuencia, distanciarnos socialmente, usar espacios ventilados y continuar con la vacunación para evitar mutaciones.

Ganancia empresarial vs. salud pública

Como se ha argumentado desde el inicio de la pandemia por la izquierda diario, el control del Covid sigue pasando por la liberación total de las patentes de las vacunas, porque el surgimiento de nuevas variantes tiene mucho que ver en que hay poblaciones enteras —de los países más pobres— que no han sido vacunada por el simple hecho de que el acceso a los biológicos es muy costoso. Esta situación reveló que la ganancia empresaria —protegida por sus gobiernos— está por encima de las necesidades de salud de la población. Solamente liberando el conocimiento y la producción de medicamento de las trabas empresariales es que es posible detener por completo a la enfermedad.

Otra situación que ha quedado al descubierto es que los Estados nacionales están privilegiando el reinició total de las actividades económicas en lugar de la salud de sus pueblos, pues al declarar implícitamente o explícitamente el fin de la emergencia sanitaria ofrecen una sensación de falsa seguridad a las personas, en lugar de procurar una verdadera vigilancia epidemiológica y preventiva.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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Amor a los libros

La Jornada

Por: Ángeles González Gamio 

Mucho se discute en estos tiempos si la vertiginosa era tecnológica que vivimos, que entre otras, ofrece la posibilidad de leer casi cualquier obra en medios electrónicos, es el fín del libro de papel. Los de la generación del Inapam sostenemos que nunca se va a acabar, que ambos soportes van a coexistir. Se insiste en el placer que brinda sentir el papel, su olor, en muchos casos disfrutar del diseño y un bella portada; es un objeto personal.

Esto trae a cuento el extraordinario libro que escribió hace casi tres décadas la maestra Juana Zahar Vergara: Historia de las librerías de la Ciudad de México. Lo publicó la UNAM, tuvo tres ediciones hace años y ahora sería muy importante que salga nuevamente a la luz.

La obra es fruto de una exhaustiva investigación que peinó archivos y bibliotecas e incluyó trabajo de campo, ya que entrevistó a muchos de los principales libreros de fines del siglo XX.

Se inicia con la llegada a la capital de la Nueva España de la imprenta de Juan Pablos, que va a establecerse en la llamada Casa de las Campanas, sobre cuya localización precisa hay una polémica.

Sea cual fuere el sitio, el hecho es que en 1539 se comenzaron a imprimir los primeros libros que se hicieron en el continente americano. Los volúmenes que iban a reproducirse y ejemplares para venta llegaban a Veracruz, y a San Juan de Ulúa, donde los esperaban comerciantes que en ese mismo sitio los adquirían. Otros arribaban en las valijas de los viajeros y muchos venían en calidad de pedidos especiales; así, desde los primeros años de la Conquista, se estableció el comercio de libros en la metrópoli.

La creciente importación generó la necesidad de establecer controles aduaneros, tanto para el pago de impuestos como para controlar el acceso de obras censuradas por la Santa Inquisición, pues eran temidas las “listas de libros prohibidos”. Ya desde entonces hablan los cronistas de los trucos que se practicaban para contrabandear los opúsculos: en barriles, entre la ropa, entre los libros autorizados, con modificaciones en el título y autor. A lo largo del siglo XVI, las transacciones se daban fundamentalmente entre particulares, con las bibliotecas de los conventos y de los colegios y de miembros cultos de la iglesia.

En el siglo XVII se comenzó a generalizar la venta al público, en tiendas y almacenes junto con otras mercancías; surge una que otra librería, principalmente en las casas impresoras. Unos y otros se localizaban en los alrededores de la Plaza Mayor.

En el siglo XVIII toma auge la venta de libros, que se van a vender en lugares como el Mercado del Parián, que se encontraba en medio de la Plaza Mayor. Populares eran las llamadas “tiendas” y las “imprentillas”. Destaca en ese siglo la labor impresora que ejercían algunas viudas, como Rodríguez Lupercio y Rivera Calderón.

El siglo XIX ve aparecer las librerías propiamente dichas como sitios en donde solamente se expenden libros, aunque continúan funcionando los “caxones” y las “alacenas” que los venden con otras mercancías. Se comienzan a popularizar las tertulias en las librerías. Varios portales se tornan lugares predilectos para negocios libreros; eran famosos el del Águila de Oro, situado en donde hoy está la Casa Boker, el de Las Flores, el de los Mercaderes y el de los Agustinos; estos tres ubicados alrededor de la Plaza Mayor.

Una tertulia de fama fue la que se celebraba en la librería de José María Andrade, que se encontraba en el Portal de los Agustinos, en donde se reunían personalidades como Manuel Orozco y Berra, Lucas Alamán, Joaquín García Icazbalceta, José María Lafragua y Manuel Payno. Muchas de estas costumbres permanecieron en el siglo XX.

La maestra Zahar nos lleva por un recorrido interesantísimo por las librerías y los libreros más destacados que surgieron en esa centuria, sin olvidar las que venden ejemplares viejos que continúan vigentes. Como bien dice la autora, “todas las librerías son importantes e imprescindibles, porque han sido, son y seguirán siendo, focos de luz que iluminan la Ciudad de México” y el espíritu de sus habitantes, añadiría yo.

El tentempíe de rigor decidimos ir a disfrutarlo a… una librería. Optamos por El Péndulo de la colonia Polanco, en Alejandro Dumas 81. Se autonombra cafebrería y desde que nació en 1993, en la Condesa, ha combinado los libros con actividades culturales y la gastronomía. Todas sus sucursales cuentan con una arquitectura abierta y luminosa. Puede tomar desde un café con un panqué casero, hasta una rica lasaña con una copita de vino tinto.

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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La educación y los viajes en tranvía

Juan Carlos Miranda Arroyo
Por:  Juan Carlos Miranda Arroyo

¿Las reformas educativas fracasan o son reconfiguradas por las comunidades educativas?

¿Cuáles son los problemas educativos nacionales y locales que han identificado las/los tecnócratas, diseñadores y operadores, de las políticas públicas educativas durante el periodo neoliberal, en México (1992-2022)? ¿Qué estrategias fueron diseñadas y aplicadas, y cuáles han sido sus resultados? ¿Las reformas educativas fracasan o son reconfiguradas por las comunidades educativas? ¿La lógica del reformismo educativo ha conducido hacia una crisis de credibilidad y de legitimidad de tales dispositivos singulares –por retóricos- de políticas públicas? Son algunas preguntas que surgen a propósito de un ensayo publicado recientemente.

En “La ilusión viaja en tranvía. La imposibilidad de las reformas Educativas en México”, (Korpus 21, vol. 2, núm. 5, 2022), Manuel Gil Antón y Leobardo-Eduardo Contreras afirman que “las Reformas Educativas (RE), impulsadas en el siglo XXI (en México), son imposibles en su pretensión de lograr cambios sustanciales en los aprendizajes, dado que su diseño descansa en una serie de ilusiones.”

“Las más importantes –indican Gil y Contreras-, que son denominador común de las RE en general, refieren al tiempo, el espacio, la causalidad y a los actores involucrados, que conducen a la simplificación del problema que pretenden atender y su fracaso”.

La ilusión de la educación viaje en tranvía

¿El tren y los pasajeros de la educación pública, es el mismo que se descarrila en las zonas urbanas y semiurbanas; al igual que en las comunidades rurales e indígenas? El extravío del transporte público educativo -de ficción- no se debió a la falta de vías férreas; se debió a su abandono y a la imposición de un modelo tecnocrático. Ello sucede no sólo con las reformas educativas (el remedio), que se han lanzado desde las élites dirigentes y gobernantes de México, sino que transcurre en la educación como un todo, como un “sistema” o conjunto de instituciones educativas.

Si se me permite hacer la extensión analítica, necesaria, más allá de las iniciativas reformistas, la educación pública en México viaja en un tren de la ilusión, de acuerdo con la metáfora que nos regalan los académicos de El Colegio de México.

Junto con esta afirmación, esbozo aquí algunos argumentos: Porque ahí se juega el proyecto educativo nacional; y porque ahí de expresan las enormes desigualdades regionales y locales; y se estacionan los grandes obstáculos que no permiten avanzar por un camino que asegure el derecho humano a la educación.

Gil y Contreras afirman: “… usando esta situación como analogía (La ilusión viaja en tranvía), la conjetura central que se propone en este ensayo es que la factibilidad de realizar Reformas Educativas (RE) como se ha hecho en las primeras décadas del tercer milenio, es ilusoria. Argumentamos que la estrategia para lograrlas es inadecuada, pues pretenden transitar por vías cegadas y a través de aparatos de política pública que, por los supuestos en que descansan, son estériles. En otros términos, son espejismos. Sin embargo, se insiste: hay que abordar el tranvía (vehículo imaginario) para llegar (ya sin rieles ni cableado) a la cita (imposible) con la histórica transformación educativa en el país”.

Aparte de los remedios ilusorios referidos en el ensayo de Gil y Contreras (debido a las contradicciones entre el reformismo y la realidad educativa), aparecen como constantes en el escenario ferroviario urbano: el “centralismo” (SEP) en la toma de decisiones y atribuciones legales; y los grandes problemas añejos del sistema educativo mexicano que no han sido atendidos, históricamente, como el conflicto del rezago educativo, entendido como aquella población mayor de 15 años que no ha iniciado o no ha concluido la educación básica (especialmente primaria y secundaria). Hasta 2018, se calculaba una cantidad de alrededor de 32 millones de mexicanas y mexicanos en esa condición.

Por otra parte, si interpretamos -con el apoyo de la metáfora buñueliana- que la educación pública viaja en un tranvía, como la ilusión, ello nos coloca ante la inevitable discusión acerca del impacto que produjo el “tsunami de la salud” en la educación pública. Para la SEP, los problemas o los efectos de la pandemia sobre la educación han sido minimizados de manera ilusoria.

Otro trágico transporte público descarrilado. La enfermedad Covid y sus consecuencias devastadoras en todos los ámbitos de la vida social y que, en especial, generó estragos en las/los estudiantes, en términos de la “expulsión” escolar de niñas, niños y jóvenes que ya no regresaron a clases (hoy seguimos sin estadísticas oficiales al respecto, por parte de las autoridades educativas federales y estatales); y del efecto que ello propició en el rezago de aprendizajes escolares, a pesar de la puesta en operación de los fallidos programas de “Aprende en Casa” (utilizados como remedios improvisados durante los años 2020 y 2021).

La dinámica de la educación pública y sus viajes ilusorios dan vueltas y vueltas a través de un tranvía inexistente. La ausencia de políticas públicas para revalorizar de manera integral al magisterio; la carencia de planes para armonizar la formación inicial de docentes (y de profesionales de la educación) con los nuevos vientos del cambio curricular; la casi inexistente política pública orientada hacia el fortalecimiento de la formación continua y la profesionalización de docentes, directivos escolares y asesores técnicos, sólo por señalar algunos problemas no resueltos.

El realismo mágico de Buñuel, o de Rulfo, o de García Márquez resultan ser herramientas interesantes, creativas, para entender los derroteros de las actuales y anteriores políticas públicas educativas operadas en México. A los excesos retóricos e inoperancia de las reformas educativas, y de las PPE dominantes en su conjunto, son los rasgos a los que he denominado, entre otras razones, de la “crisis del reformismo educativo”. Sólo en México se han ensayado dos (ilusorias) reformas educativas, con esas características, en un periodo de 10 años con los pésimos resultados que conocemos.

Hace unos meses pregunté a uno de nuestros colegas y amigos en Argentina, al destacado profesor Alejandro Castro Santander, acerca de la evolución de la reforma educativa argentina, a lo que me contestó: “Aquí no hay nada de eso”. Hay políticas públicas silenciosas, inciertas, pero no hay una narrativa reformista.

Pero en 30 años, en México, hemos vivido un tránsito de PPE con una narrativa reformista, que no se aparta ni evita la crítica de la ilusión. Con diseños nacionales que han transitado por la modernización, la planificación centralizada hasta la descentralización, la desconcentración, el federalismo y las políticas de evaluación de la educación pública.

Esa manera de abordar o resolver los problemas educativos nacionales, ha dado lugar a un escenario de fracasos, derrotas, pérdidas, catástrofes silenciosas, etc., lo cual incluye una crisis del reformismo educativo, entre otros aspectos.

Sólo en México, hoy, los funcionarios del más alto nivel de la SEP creen que los libros de texto son más relevantes que el plan y los programas de estudio de la educación básica; y que éstos, a su vez, son más importantes que un replanteamiento curricular de fondo y del proyecto nacional de educación.

Gil y Contreras argumentan en torno a la escasa factibilidad de realizar reformas educativas (RE) como se ha hecho en las primeras décadas del tercer milenio, en México, (eso es ilusorio, señalan); analizan, así mismo, las RE derivadas del Pacto por México (2012-2018) y su continuidad pragmática actual (2018-2024), y exponen, como bosquejo inicial, otra vía para la transformación educativa. Por todo ello, sugiero su lectura.

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalización a los luchadores

Edgar Isch L.

Por: Edgar Isch L.

Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.

En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial; el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.

En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).

La acción de la CONAIE y los movimientos populares

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.

El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE), las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular, la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.

En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.

La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión

En diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.

En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de cometimiento de delitos de todo tipo.

Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.

La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.

La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.

Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.

Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.

Lucha creciente y más descredito gubernamental

Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.

El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la noche del día 14.

En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares luchan por sus derechos.

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