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El enfoque burocrático de las políticas públicas educativas

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

No olvidemos que la burocratización negativa de procesos y de servicios públicos está más cercana a las prácticas de corrupción

Esta semana Erick Juárez Pineda, director editorial del sitio Educación Futura, escribió en redes sociales digitales lo siguiente: “Dice la Secretaria de la SEP, Delfina Gómez Álvarez (@delfinagomeza) que está atenta a los comentarios, pues está reunida con Adela Piña Bernal (@Adela_PBernal), titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (@USICAMM_OFICIAL).”

De inmediato le envié el siguiente comentario: “Ya vimos, estimado Erick (@elErickJuarez) que la maestra Adela Piña sólo se reúne con autoridades educativas locales, pero no con las/los maestr@s del país. Delfina Gómez y ella no aprenden a tocar piso. Siguen «de vuelo» en las nubes del poder.”

Lamentablemente, eso es cierto. Para nuestras autoridades educativas, es más importante construir consensos con los funcionarios educativos estatales y con los mandos medios de las oficinas burocráticas locales, que con las y los docentes.

Lo que ha sucedido durante el último año, con la emisión de convocatorias a concursos para la promoción vertical y horizontal de maestras y maestros de la escuela pública, por parte del organismo público encargado de ello, las políticas y los criterios institucionales utilizados por la Unidad mencionada, en los procesos previos a las evaluaciones, y durante las evaluaciones mismas, han tendido a marginar a docentes, asesores técnicos y directivos escolares, que sí cumplen con los perfiles académicos correspondientes.

La Unidad prácticamente los ha dejado fuera de los concursos con argumentos burocráticos absurdos, sin considerar criterios académicos. Pero lo grave no es eso, sino el mensaje que transmiten los filtros artificialmente creados para favorecer a ciertos aspirantes. La fórmula del “retrato hablado” parece ganar cada día mayor espacio en los procesos de promoción.

En otras palabras, lo que prevalece en la esfera pública del sector educativo, desde la perspectiva de las funcionarias responsables de la SEP y la USICAMM, es un enfoque burocrático y “elitista” (no académico, sino clientelar) de las políticas educativas.

Es cierto que las buenas intenciones, de las titulares de las instituciones educativas nacionales, se expresan diariamente y con énfasis en los medios de comunicación (tradicionales y digitales), y quizá tienen razón en que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato discriminatorio hacia las/los docentes), así como disminuir los tiempos y los movimientos desfasados, y enfocarse en generar mayor claridad en la comunicación con las/los maestr@s; problemas que se han dado en los trámites y procesos administrativos de las convocatorias señaladas (admisión y promociones), donde docentes, asesores técnicos y directivos escolares han quedado marginados. Sin embargo, lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales claramente vinculadas con esos procesos.

Esto escribí en junio pasado, con motivo del cambio de titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM, de la SEP): Aparte de la ineptitud, el burocratismo y la opacidad; el corporativismo y el clientelismo serán los sellos de la siguiente administración de la USICAMM. El cambio, con la Maestra Adela Piña Bernal, al frente de la Unidad en cuestión, lamentablemente asegurará el continuismo de ese tipo de prácticas. Ojalá me equivoque… Es lamentable decirlo hoy, pero no, no me equivoqué.

Debo admitir que no todo lo que está tocado por la burocracia es negativo, ineficiente o está marcado por la corrupción, no. Hay que reconocer que hay segmentos y zonas del trabajo burocrático que sí cumplen con sus tareas y funciones en tiempo y forma; con actitudes positivas, colaborativas y cordiales. Existen grupos de trabajo burocrático que sí han contribuido a la solución de trabas en procesos y procedimientos para beneficiar a la ciudadanía. Sería injusto no reconocerlo.

Tristemente la USICAMM se ha destacado por su burocratismo negativo y ha conseguido –con merecimiento- indiscutibles trofeos de ineficiencia, ineptitud y sospechas de corrupción. ¿Cuáles serán las dependencias del conjunto de la administración pública federal, con más quejas de la ciudadanía? No dudo que la USICAMM ocupa alguno de los primeros sitios en esa lista. Y su incapacidad para resolver problemas se ha agudizado a lo largo de los dos últimos años, desde que se declaró oficialmente el periodo de pandemia por Covid-19 en México.

Esos resultados negativos en el servicio público, no son lo que demandaron las maestras y los maestros durante las protestas en contra de la “Reforma Educativa estructural” del gobierno de Peña Nieto (2015-2016). Lo que sucede hoy en día, está completamente alejado de las necesidades académicas del sistema educativo y de las demandas sociales expresadas en distintos foros por docentes, asesores y directivos escolares.

La Unidad mencionada ha recurrido a los medios electrónicos de información para llevar a cabo sus tareas, a través de procedimientos automatizados, sin embargo, en ello también ha fallado. No basta con diseñar o contratar a empresas que diseñan los sistemas de información. El problema está en la organización, en la alimentación de dichos sistemas y sus bases de datos, así como en la capacitación, la actualización técnica, etc., y en el manejo de las actitudes por parte de las personas que atienden y llevan a cabo el servicio público, tanto en el nivel federal como estatal.

Éste es un asunto, entre otras cosas, de profesionalización del servicio público. En la medida en que no se logre esto y se siga en la improvisación, estarán cerradas las puertas para la promoción de las profesoras y profesores que tienen experiencia en el sistema educativo público, como docentes, asesores técnicos o directores escolares, en el nivel de educación básica o media superior, puesto que la mayoría no ha sido aceptada para concursar por una plaza (o incentivo) de promoción (vertical u horizontal), debido a inconsistencias, de procedimiento, creadas (intencionalmente o no) por la propia burocracia educativa.

La experiencia indica que no hay mucho que cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en la Unidad del Servicio Profesional Docente (SPD) del sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es sólo de personas sin capacidad técnica, sino de marco legal y de diseño institucional.

Mientras se realizan los ajustes reglamentarios, procedimentales e institucionales para lograr un cambio de fondo en la USICAMM, para que los procesos de promoción en el ámbito de la escuela pública sean satisfactorios, completos y profesionales; propongo que se inicie un plan de “desburocratización” de los procesos y los procedimientos que están inmersos en ello.

No olvidemos que la burocratización negativa de procesos y de servicios públicos está más cercana, como fenómeno social y como sistema, a las prácticas de corrupción. Y en ello, como se sabe, hay varios actores sociales importantes: las/los dirigentes gremiales y las/los funcionarios públicos que parecen favorecer a grupos o personas incondicionales (al estilo del viejo corporativismo).

Si este gobierno del presidente López Obrador se quiere desmarcar de los gobiernos (neoliberales) del pasado, deberá de empezar por erradicar la corrupción junto con la burocratización asociada a ella.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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Que origen no sea destino

Por: Erick Juárez Pineda

En México, ocho de cada 10 personas que nacen en la pobreza, continúan así toda su vida: origen es destino.

Este anhelado mejoramiento de las condiciones de vida o movilidad social pareciera cada día más difícil y poco esperanzador.

Diversos estudios señalan que el origen de las personas es determinante en su realización socioeconómica, por lo cual las opciones de movilidad son limitadas (Vélez, 2019).

Para combatir esto, sería necesario garantizar condiciones básicas, como educación y salud, y al mismo tiempo asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. Sin embargo, esto parece cada día más lejano.

Según el estudio La movilidad social en México: diagnóstico y pendientes, publicado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el logro de las personas está determinado en buena medida por sus condiciones socioeconómicas y sociales de origen; y para ello influyen distintas circunstancias o “accidentes de cuna”: nacer en la parte baja de la escalera social, nacer en regiones o estados más al sur del país y ser mujeres (CEEY, 2019).

Lo viví en carne propia. Como hijo de trabajadora del hogar y de carpintero, he sido testigo de cómo las personas se esfuerzan sin poder progresar lo suficiente; de tener muchos talentos y no contar con las condiciones necesarias para ­explotarlos.

LOS RIVERA DESTINO

Crecí en Valle de Chalco Solidaridad, estado de México, uno de los municipios más abandonados de la zona metropolitana del valle de México. Casas de cartón, hambre y enfermedades comunes que matan a personas por no tener medicamentos a la mano, son escenas cotidianas. Eso, sin contar el hacinamiento, inseguridad y carencia de servicios básicos, como agua o electricidad.

Para romper estas dinámicas de desigualdad y promover esta ansiada movilidad social, la educación de calidad es uno de los pocos recursos efectivos para enfrentarlo. Para ello las instituciones públicas de educación superior representan un faro de esperanza para miles de jóvenes que buscan mejorar su contexto y trayectoria personal.

Asistir a la universidad resulta, a veces, la única salida; es una aspiración que muchos soñamos desde pequeños.

Lo digo desde la academia y la experiencia: es necesaria la defensa y fortalecimiento, no sólo de la educación básica donde se va logrando una cobertura universal, sino desde la universidad pública.

En el discurso, el fortalecimiento a las universidades es un hecho; en la realidad, no es así. Tan sólo en los últimos cinco años, aunque el aumento de la matrícula en instituciones de educación superior públicas aumentó 19.4 por ciento, el presupuesto asignado se ha reducido en más de 9.8 por ciento en términos reales (Álvarez, 2021).

Recientemente, Angélica Buendía Espinoza, destacada investigadora de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, señalaba que más allá de la cobertura en educación superior, es el tema de calidad lo que preocupa, el cual, debe ir vinculado con procesos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción eficientes dentro de estas instituciones.

Es necesario establecer políticas de mejora de las trayectorias educativas y personales de las personas que más lo necesitan y, por supuesto, de un desarrollo académico, científico y tecnológico que tenga como fin la búsqueda de soluciones a problemas reales que aquejan a la sociedad.

El reto es enorme. Para que origen no sea destino, impulsemos entre todos que la educación sea el proyecto más importante de desarrollo social.

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/22/politica/que-origen-no-sea-destino/

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Crónica de una comparecencia trivial

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

Delfina Gómez lo volvió a hacer. Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, dijo que Cananea y Hermosillo están en Jalisco. Sus profesores de Geografía han de estarse revolcando en su tumba o muriendo de pena ajena, si es que aún viven. No se sabe si reconoció su error fuera de la comparecencia, porque en el momento de la pifia ni ella ni nadie corrigió su dicho; ahí está la grabación para quien quiera verlo y escucharlo (Comparecencia de la secretaria de Educación Pública)

Además de semejante desatino -que no es el primero, por cierto-, la comparecencia resultó bastante tersa; Delfina Gómez dijo medias verdades y prodigó alabanzas en exceso para un magisterio que se siente defraudado por la 4T, principalmente por el maltrato de que han sido objeto por parte de la USICAMM. También respondió a los escasos cuestionamientos con generalidades e hizo muchas promesas.

En su primera intervención dijo que más de veinte millones de alumnos regresaron a las aulas, más de 1 millón 600 mil trabajadores de la educación volvieron a sus centros de trabajo y más de 178 mil escuelas abrieron sus puertas tras 18 meses del cierre debido a la pandemia. Todo esto sin presentar detalles, sin desagregar la situación por nivel, zona geográfica o grupo de edad para mostrar en dónde se localizan las escuelas que no han regresado, los alumnos ausentes y los motivos.

Reiteró, como lo ha venido haciendo desde hace más de tres meses, que el regreso era necesario no solo por motivos académicos, sino también para proteger la salud física y emocional de los alumnos y docentes. Repitió, una vez más, cifras de vacunación ya conocidas, información sobre Aprende en Casa, libros de texto y la alianza con televisoras privadas para divulgar contenidos educativos, sin aludir en ningún momento al monto del presupuesto público destinado a ello. Mencionó la realización de 1200 programas de radio en 22 lenguas indígenas, “se generaron siete mil cuadernillos de apoyo”, pero la diapositiva decía 700 mil; con la participación de 32 mil Líderes Escolares Comunitarios (LEC´s), nombre rimbombante con el que hoy se identifica a los mal pagados promotores de CONAFE.

La primera intervención de la secretaria concluyó con una pretensión de síntesis. Para que haya un “cambio verdadero” en la educación, la administración actual prioriza cuatro programas:

  • Becas que han beneficiado a 11 millones de estudiantes de nivel básico, media superior y superior
  • Revalorización y Dignificación del magisterio, con la asignación de 390 mil plazas basificadas, “un dato histórico, nunca se había logrado tanta basificación como en este rubro” (sic)
  • La Escuela es Nuestra: entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, ha atendido cerca de 60 mil planteles, con recursos entregados de manera directa para mejorar la infraestructura escolar. De 2019 a 2021 se han ejercido 20 mil millones de pesos (de nuevo, la diapositiva decía “más de 21 mil millones)
  • Libros de texto gratuito. En 2021 se distribuyeron 182 millones 432 mil 97 ejemplares; por primera vez se distribuyeron 18.6 millones de libros de vida saludable y 1.1 millones de materiales de apoyo; se encuentran en distribución 3.8 millones de libros del Programa Nacional de Inglés (PRONI)
  • Aunque anticipó cuatro programas prioritarios, mencionó también el impulso al Programa Nacional de Convivencia Escolar gracias a la firma de convenios con UNESCO e INMUJERES.

Como todo buen funcionario acostumbra, los retos no podían faltar: mejorar continuamente los libros y materiales educativos; fortalecer transparencia de procesos de promoción de maestras y maestros; ampliar la asignación de becas; contar con una infraestructura educativa más moderna y digna para alumnos y maestros, pues “si bien se ha hecho el esfuerzo, cabe señalar que todavía falta mucho por hacer. Cincuenta años que se dejaron abandonadas las escuelas, obviamente es difícil en dos años lograrlo”.

Pese a que la titular de la SEP intentó acotar las prioridades gubernamentales, y por tanto las intervenciones, en la primera y segunda ronda de comentarios y preguntas, los legisladores de diferentes partidos, incluso Morena, colocaron sobre la mesa otros temas: estancias infantiles; falta de pago a profesores; inconformidades del magisterio ante USICAMM; despidos de docentes “porque estudiaron una carrera neoliberal”; el modelo caleidoscopio de las UBBJ (senador Mario Zamora Gastélum del PRI); el Mexe y las universidades interculturales; Internet para todos; el pago de la deuda por escuelas al CIEN (Certificados de Inversión Educativa Nacional), el programa del sexenio anterior para atender el rezago en infraestructura, definido por el senador Gilberto Herrera Ruiz de Morena como el fobaproa educativo.

En otra oportunidad, abordaremos algunos de los temas arriba mencionados, en especial el de las UBBJ y la situación de precarización magisterial. En las líneas siguientes, nos detendremos en el problema de la infraestructura, esto en razón de su relevancia en el aún inconcluso proceso de regreso a clases presenciales.

Infraestructura escolar: 50 años de deterioro y contando

Ante los cuestionamientos de los legisladores sobre el abandono de las escuelas, en su segunda y tercera intervención, la secretaria Delfina Gómez aclaró que la mención a los 50 años de abandono había estado motivada por el comentario de un padre de familia durante una de sus múltiples visitas: mi escuela tiene 50 años y nunca ha venido, a lo que le respondí es que hace 50 años yo no estaba” (1 hora 14 minutos). La compareciente en tan alta tribuna legislativa, representando el cargo que ostenta, se presentó a decir lo que le dijeron en lugar de mostrar datos duros sobre la situación. Más claro y contundente se vio el senador Herrera Ruiz, quien le entró al quite con una comparación entre Escuelas al CIEN del sexenio anterior y LEEN de la administración actual.

En su descargo, la titular de la SEP reconoció que falta mucho por hacer, pues las necesidades de las escuelas no estaban cubiertas en su totalidad. Lo que no dijo es que el abandono gubernamental prolongado por décadas se ha convertido en un problema estructural del sistema educativo. Tampoco que al rezago inexplicable en la reconstrucción después del sismo de 2017 se suma la vandalización de instalaciones escoalres durante la pandemia, lo que complica todavía más el problema.

Lo que la titular de la SEP tampoco dijo en su comparecencia, es que no todas las escuelas saqueadas durante la pandemia cumplen con las características establecidas en las reglas de operación del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), mucho menos reconoció que éste programa se ha convertido en una especie de bolsa guarda todo, por lo tanto, los recursos nunca serán suficientes para al menos, paliar las múltiples carencias y necesidades de infraestructura escolar,

¿Por qué decimos que es un programa guarda todo? Recordemos: cuando en 2019 comenzó a funcionar LEEN, los recursos directos a las escuelas eran para atender únicamente problemas de infraestructura básica. En los albores de la pandemia, se anunció la inminente desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); ante las presiones e inquietudes de diferentes grupos por un lado,  y el interés en proteger las orquestas Azteca de Salinas Pliego por otro, la SEP, en ese entonces a cargo de Moctezuma Barragán, decidió que los recursos del programa LEEN se destinarían a tres componentes en lugar de uno: infraestructura, atención a escuelas de tiempo completo y alimentación (La SEP de la IVT. Tapando hoyos, dejando boquetes). Es decir, se le sumaron nuevos propósitos y exigencias, sin que el presupuesto creciera en la misma proporción.

Así las cosas, un número desconocido de escuelas hoy se encuentran peor que antes de la pandemia. Diversos reportajes nacionales e internacionales advertían desde mayo pasado sobre la situación; el tema continúa siendo motivo de preocupación. Apenas en octubre pasado, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), reconoció que La mitad de las escuelas en Querétaro fueron dañadas durante la pandemia. Por su parte, la CETEG denunció recientemente que el 70% de escuelas de Acapulco fueron desmanteladas. Y decir desmanteladas significa que carecen de lo más elemental e indispensable, los delincuentes se llevaron lavabos, cables, equipos de cómputo. Estos son los casos más graves, pero hay que agregar aquéllos en donde la falta de uso también hizo estragos: deterioro de instalaciones sanitarias y eléctricas, descomposturas severas de bombas de agua, cisternas con agua estancada, etc. (Alumnos en Veracruz regresan a clases con instalaciones deterioradas)

Ni antes, ni tampoco en el “regreso seguro” a clases, se cumplen las condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, conocidas como las “4 A”[1]. El gobierno mexicano y organismos internacionales las han reconocido como criterios para valorar el grado de cumplimiento del derecho a la educación; el Estado, a través de la SEP, tendría que garantizarlas, con mayor razón en las actuales circunstancias, donde atender los problemas de infraestructura resulta indispensable para cumplir con las medidas sanitarias establecidas por las propias autoridades educativas y de salud.

En comparación con los espacios abiertos y mobiliario adaptable que otros sistemas educativos han comenzado a utilizar, en congruencia con los modelos educativos antidisciplinares adoptados, en nuestro país las escuelas públicas, sobre todo las de mayor antigüedad, responden a un modelo arquitectónico obsoleto, tipo reclusorio.  El robo de equipos de cómputo y recursos materiales por parte de la delincuencia común agrava la situación, las escuelas se han convertido paulatinamente en sitios enrejados, rodeados de alambres de púas y ventanas clausuradas, lo que les da una apariencia deprimente, lúgubre.

La deuda del sistema en esta materia es grande. El déficit refiere a infraestructura básica como muros, paredes, techos, instalaciones hídricas y eléctricas. También a instalaciones deportivas, a la iluminación, temperatura adecuada y ventilación en las aulas, un aspecto crucial para reducir el riesgo de contagios en estos tiempos pandémicos.

Se dice fácil, con abrir ventanas es suficiente, pensarán tal vez algunos despistados lectores. Pero no es así de sencillo; de las casi 200 mil escuelas públicas que existen en el país, no todas cuentan con espacios adecuados, suficientes y funcionales. Debido a ello, para el regreso a clases presenciales, algunas optaron por esquemas rotativos con diversas variantes; por ejemplo, 40 alumnos que antes de la pandemia tomaban clases todos juntos en un espacio reducido, ahora están distribuidos para asistir ya sea por días, horas o semanas.

Todo indica que el deterioro de la infraestructura escolar continuará, así lo ratifica el presupuesto de egresos 2022 aprobado por los legisladores; no se contemplan recursos extraordinarios para atender tantas carencias. Algunos gobiernos estatales han optado por hacerse cargo, en la medida en que sus enjutos presupuestos se los permiten, de realizar reparaciones mayores que tomarán algunos meses. En esos casos, aunque alumnos y familias quisieran regresar ya, tendrán que esperar.

Hasta aquí la crónica de una comparecencia que transcurrió tersa, sin que nadie corrigiera las pifias evidentes de la secretaria. Una comparecencia en la que el debate brilló por su ausencia, plagada de medias verdades, información superficial, demasiada complacencia y una verborrea anodina tras la cual parece ocultarse la incompetencia y el desconocimiento de los problemas educativos actuales.

Los problemas postpandémicos son demasiado graves para tanta frivolidad.

Fotografía: eldiariodeyucatán


[1] Tomasevsky (2004), Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

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Ese oro que sangra en vez de brillar

Por: Sergio Ferrari

Objeto de deseo para algunos, refugio especulativo para otros, parámetro de las reservas en la mayoría de los bancos del planeta. El oro, sin embargo, sigue siendo un metal de dos caras: la que deslumbra y la del dolor.

Cada año se extraen 3.300 toneladas de oro a nivel mundial. El 49% del mismo se utiliza para fabricar relojes y joyas, un 29% como inversión, 15% lo compran los bancos centrales y el 7% restante se destina para dispositivos técnicos.

Su precio explota. La segunda semana de noviembre alcanzó el récord de los últimos seis meses. Los últimos días su precio oscilaba en los 1.875 dólares estadounidenses por onza.

Entre el 50% y el 70% del total global se refina en Suiza. De las siete mayores procesadoras a escala internacional, cuatro residen en ese país alpino, no sólo el segundo importador mundial, sino también el mayor exportador de este metal precioso, aunque no cuente ni con un solo yacimiento dentro de sus fronteras.

Es síntesis, la mayor parte del oro que circula por el mundo, pasa por Suiza. Llega sin refinarse y parte con deslumbrante “pureza”. Un negocio que le representa entre 70.000 y 90.000 millones de francos anuales (1 franco = 1,09 dólares estadounidenses). Si bien se extrae oro al menos en 90 países, prácticamente la mitad de todas las importaciones del metal procesado y refinado en Suiza provienen de Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong. Paradójicamente, ninguna de esas naciones cuenta con extracción nacional. Por otra parte, una cantidad significativa llega de países productores cuyas economías dependen, en gran medida, de su exportación, como Burkina FasoGhanaMali y Perú, entre otros.

Según un informe oficial de la Oficina Federal de Aduanas de Suiza, en 2017 este país importó 2.404 toneladas métricas de oro, con un valor aproximado de 70.000 millones de francos suizos. Ese mismo año exportó oro por un valor de 67.000 millones de francos suizos. Es otras palabras, en 2017 el tráfico de oro representó el nada despreciable 24% de las exportaciones y el 31% de las importaciones helvéticas. Para contextualizar estas cifras, en ese mismo periodo, la industria relojera helvética exportó por 20.000 millones de francos, lo que equivaldría a unos 24 millones de relojes.

Las ventajas fiscales también influyen en la importación del metal precioso, debido a que en este país no se aplican impuestos al oro adquirido como inversión ni a las monedas de oro importadas ni al oro procesado. Las aleaciones con otros metales también pueden declararse como oro y, en consecuencia, eximirse de impuestos. Tal es el caso de la plata, que, aunque sólo contiene un 2% del metal precioso, puede importarse libre de tasas.

Sangra la tierra

Aunque todas estas cifras son públicas, el informe The Impact of Gold, (El Impacto del Oro) que publicó la segunda semana de noviembre la organización WWF Suiza (World Wide Fund for Nature – Fondo Mundial para la Naturaleza) les da nueva relevancia.

El camino del oro desde la mina hasta nuestro país — sostiene dicho informe– “es especialmente problemático. Suele ser opaco y difícil de rastrear porque los intermediarios mezclan ese mineral proveniente de diferentes fuentes”. Sin trazabilidad — concluye el informe– “no se puede descartar que el metal utilizado fue producido en condiciones sociales y ecológicas inaceptables”. https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-11/2021_11_WWF_The%20Impact%20of%20Gold.pdf

La publicación de WWF Suiza sistematiza conceptos y constataciones.

El oro se extrae a menudo en condiciones sociales y ecológicas deplorables, con consecuencias nefastas para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Abrir nuevas minas y construir las infraestructuras necesarias requiere grandes superficies. Ahí donde se descubren vetas se talan enormes extensiones de bosque, muchas veces de forma ilegal. Sólo en Brasil, su extracción supone la destrucción anual de una superficie natural del tamaño de 14.000 campos de fútbol.

Por otra parte, su extracción requiere casi sistemáticamente productos químicos altamente tóxicos, como el mercurio y el cianuro. Estas sustancias se expanden en el aire, el suelo y el agua. En consecuencia, la biodiversidad se resiente, así como la salud de la población local. Entre otras enfermedades, dichos venenos pueden causar ceguera, daños cerebrales, tumores y malformaciones fetales.

La recuperación del oro tiene, además, un impacto directo en la calidad y la disponibilidad del agua en las regiones afectadas.  Finalmente, son evidentes los efectos nocivos sobre el clima, debido al alto consumo de energía ya que la producción de un kilo de oro genera unas 12 toneladas de emisiones de CO2.

La organización ambientalista WWF Suiza subraya que, junto con el enorme impacto medioambiental, la extracción suele asociarse con condiciones laborales deplorables, esclavitud, tráfico de personas, trabajo infantil y prostitución forzada. Muchas veces los pueblos indígenas o las comunidades autóctonas son expulsadas de sus tierras, ahora convertidas en yacimientos a cielo abierto.

La dramática Amazonia peruana

Hacia mediados del 2019, Perú exportaba unas 60 toneladas de oro producido ilegalmente en su suelo, gran parte del cual iba directamente a las refinerías suizas. La región de Madre de Dios (con Puerto Maldonado como capital), en la Amazonia peruana, es históricamente uno de los principales centros de extracción aurífera del país sudamericano.

Un reciente reportaje de la agencia española de noticias EFE señala que “desde el aire, el paisaje es desolador: allí donde antes hubo bosque amazónico, ahora rebosan cráteres de fango, árboles talados y arenales yermos tapizados en mercurio y morralla. Un páramo depredado por la *fiebre del oro* aluvial, que a ras de suelo creó un infierno clandestino y sin ley en la selva peruana. Se trata de La Pampa –entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica–, un territorio dentro del escudo protector de la reserva nacional de Tambopata que durante años ha sido el epicentro de la minería ilegal en la región peruana de Madre de Dios, y en donde este suculento negocio, más rentable que la cocaína, arrebató en las últimas décadas 25.000 hectáreas de una de las selvas con más biodiversidad del planeta”.

Dicho reportaje, elaborado in situ, señala que “hoy a pesar de los esfuerzos millonarios destinados a echar a los mineros ilegales de la zona, el flagelo sigue en brasas, el desastre ambiental intacto, y la trata de personas, el sicariato y la explotación laboral y sexual continúan proliferando como efectos colaterales de esta tragedia. Allí se extiende una suerte de poblado sin nombre, en donde hoy viven unas 40.000 personas dedicadas a actividades vinculadas a la minería ilegal. En esta ciudad improvisada escasean los lujos, pero sobran hoteles, restaurantes, bares y, sobre todo, prostitución, al más puro estilo del ‘salón’ de las películas de vaqueros”.

En Madre Dios se produce el 70% del oro artesanal de Perú, que es el primer productor de oro de Latinoamérica y el 5to a nivel mundial. En Madre de Dios, el 70% de la economía tiene que ver con la minería, pero solo el 10% es legal.

A comienzos del 2019, el Gobierno peruano puso en marcha la Operación Mercurio en la región de La Pampa, un mega operativo para tratar de erradicar las actividades no legales. Según la publicación digital peruana Actualidad Ambiental, si bien se ha logrado reducir la minería ilegal en un 98%, existe evidencia de que la misma ha migrado a áreas circundantes.

A pesar de más de 700 operativos policiales en menos de dos años y de la expulsión de 25.000 mineros ilegales, un informe de Monitoreo de Deforestación en la Amazonía indica que, tras el inicio de la Operación Mercurio, 1.100 nuevas hectáreas quedaron deforestadas debido a la actividad aurífera, y se constató la aparición de seis nuevos puntos de extracción no autorizada: Pariamanu, La Pampa (en dos zonas ubicadas al norte de dicha región), Camanti, Chaspa (Puno) y Apaylon. En síntesis, toda política represiva de estas actividades cuando no van acompañadas de propuestas productivas y de reinserción laboral parecen estar condenadas al fracaso.

Autocrítica helvética

El Consejo Federal suizo (poder ejecutivo colegiado) “es consciente de que existe el riesgo de que se importe en Suiza oro extraído ilegalmente, con las posibles violaciones de los derechos humanos que esto representa”.

Así lo afirman las autoridades federales en el informe “Comercio de oro producido en violación de derechos humanos”, presentado ante el parlamento a fines de 2019, como respuesta a una interpelación que cuatro años antes presentó el senador nacional ecologista Luc Recordon. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54475.pdf

El Gobierno le encargó a un grupo independiente que realizara un análisis del sector del oro en Suiza, sus principales actores y los posibles riesgos y desafíos. Como parte de este proceso, el grupo se puso en contacto con representantes del sector privado y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) activas en derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo.

El informe acepta como probable que las actividades de las empresas en toda la actividad aurífera tengan repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, como: maltrato de los trabajadores y violaciones de la legislación laboral, en particular en lo que se refiere a condiciones de trabajo seguras y saludables y a una remuneración que proporcione una vida digna. También reconoce posibles violaciones del modo de vida tradicional de los pueblos indígenas, su autodeterminación y sus tierras. Así como impactos negativos en las comunidades locales: reasentamiento y desplazamiento forzado, violación de los derechos de propiedad, de la libertad de asociación y de opinión y expresión.

El informe habla de los eventuales daños al medio ambiente y no excluye la posibilidad que las empresas auríferas cometan violaciones contra el estado de derecho. Finalmente, el Gobierno recomienda asegurar mayor transparencia en todas las actividades relacionadas con el oro que llega a Suiza. Recomienda, además, estimular a las asociaciones involucradas en la industria y el comercio del metal (por ejemplo, la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos y la Swiss Better Gold) a que mejoren la manera como operan y a entablar un diálogo con las ONG interesadas en los desafíos pendientes en este sensible sector de la economía helvética.

Entre las recomendaciones de su informe de noviembre, WWF reclama leyes que obliguen a las empresas con sede en Suiza que compran y procesan oro a cumplir normas sociales y ecológicas mínimas y hacer público su comportamiento. Y llama a los consumidores a que asuman actitudes más responsables al adquirir productos que contienen oro. Ciertos sellos de calidad existentes como FairTrade y FairMined contribuyen a promover una extracción más responsable y transparente y a minimizar la potencial destrucción futura del medio ambiente.

500 años después, las carabelas repletas de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo se ven reemplazadas por buques o aviones de carga que llegan a destinos europeos. Se les agregan otros, provenientes de África y de Asia. Una gran parte del oro importado por Viejo Mundo desemboca en las sofisticadas refinerías de Suiza, principal plataforma giratoria del comercio mundial.  Casi todo legal, aunque no siempre justo y, por eso mismo, tampoco ético.

Ese oro que sangra en vez de brillar

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Bienes comunes vs. propiedad privada… en tiempos de pandemias

Por: Julia Cámara/Miguel Urbán

Se dice, y es verdad, que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la covid-19 lo ha cambiado todo. Tanto que durante un tiempo fue posible dudar de si iba a ser también el punto y final de lo que conocemos como neoliberalismo. O, lo que es lo mismo, del entramado de políticas, dinámicas económicas e intereses que ha impregnado en las últimas décadas las agendas de los gobiernos y de las instituciones internacionales –y, por supuesto, también de las de la Unión Europea– en torno a la bandera de Más mercado. Desde luego, la pandemia ha profundizado y acelerado la crisis hegemónica que ya sufría el neoliberalismo desde hace años. Sus políticas siguen siendo las que rigen mayoritariamente el mundo, pero su capacidad de autolegitimarse y de seducir está cada vez más cuestionada.

La crisis actual ha revelado dramáticamente la fragilidad e inconsistencia de los postulados básicos neoliberales. Durante los primeros meses de la pandemia, las cadenas transnacionales de creación de valor, en torno a las que se articula la división internacional del trabajo, se rompieron. La consecuencia fue una brusca interrupción de los suministros y el colapso de los mercados, contribuyendo de esta manera a la paralización de una parte importante del tejido empresarial. Además, se dio la paradoja de que en toda Europa no tuviéramos capacidad de producir las necesidades básicas para responder ante una emergencia sanitaria de estas características.

La supuesta superioridad del mercado frente a lo público, que ha justificado las políticas de ajuste presupuestario y la mercantilización y privatización de servicios básicos para la vida, como la sanidad y los cuidados, también se ha visto cuestionada. A la hora de la verdad, el cortafuegos para detener y superar la enfermedad ha sido responsabilidad del sector público, que ha tenido que hacer frente a la situación de emergencia en un estado de extrema debilidad provocada, justamente, por las políticas neoliberales. La misma crisis sanitaria ha disparado a la línea de flotación del sálvese quien pueda, uno de los pilares antropológicos del neoliberalismo. Ahí se abre una pelea cultural y política sobre cómo debería ser la vida en común a partir de ahora.

¿Significa esto que estamos entrando en un escenario posneoliberal? Sabemos de sobra que transformaciones de estas características nunca se dan sin luchas sociales. Si no hacemos nada, puede que ocurra todo lo contrario y que nos encontremos viviendo una aceleración capitalista que utiliza la crisis como coartada. Por el momento, los pilares centrales que sostienen el orden neoliberal permanecen intactos. La distribución, la producción y la negativa de liberalización de las patentes de las vacunas han demostrado cómo las grandes corporaciones, las manos visibles de los mercados, se han configurado como una economía en la sombra que gobierna el mundo reforzando un poder corporativo que condiciona, en su propio beneficio, la agenda de los gobiernos y las instituciones. Un auténtico secuestro de la democracia donde la lex mercatoria impera sobre cualquier otro derecho.

Por tanto, no estamos ante los restos del naufragio del orden neoliberal. Pero sí es cierto que esta crisis ha desnudado sus limitaciones, mostrándolo incapaz de asegurar algo tan básico como la propia vida y el bienestar de las mayorías sociales. El relato que se nos vende desde hace décadas presenta las privatizaciones como la respuesta lógica, prácticamente natural, a los problemas y necesidades colectivas. Crisis como la actual nos demuestran no solamente que esto no es cierto, sino que, si queremos tener alguna posibilidad de éxito frente la emergencia climática y los retos del presente, es estrictamente necesario invertir el proceso. Recuperar espacios para el común, poner el máximo posible de esferas de la vida a funcionar al servicio de los intereses de las clases populares y no de los de una minoría privilegiada cuya forma de vida, depredadora de recursos y derechos, implica cada vez más violencia.

Las crisis son momentos de bifurcación que funcionan como agujeros de gusano que nos permiten asomarnos a otros tiempos y espacios posibles. En periodos como este vemos aflorar, chocar y articularse imágenes utópicas y distópicas. No hay certezas claras y las contradicciones cohabitarán, irán en aumento y tendrán expresiones cada vez más violentas. Cómo se reconfigure ese marco de convivencia, a nivel micro y macro, será determinante y marcará el próximo periodo. Lo que finalmente ocurra no está escrito y dependerá de muchos factores. Entre ellos, de la capacidad que tengamos para imaginar alternativas buenas y deseables para las mayorías sociales y de empujar colectivamente para hacerlas posibles.

Toda alternativa que cuestione el statu quo actual debe pasar por una profundización democrática que acabe con el poder corporativo y permita el control social de sectores estratégicos de la economía necesarios para las mayorías sociales. Solo desde el cuestionamiento de estas lógicas tendremos la oportunidad de sentar las bases de otra economía que enfrente los retos de la emergencia climática y que ponga la sostenibilidad y defensa de la vida en el planeta en el centro de las políticas. El primer paso para el fin del neoliberalismo es, ineludiblemente, pensar que es posible otro sistema que anteponga nuestras vidas a sus beneficios.

En este sentido, la vieja fórmula de bienes comunes aparece como posibilidad que abre la puerta no solo al rescate frente a las lógicas privatizadoras neoliberales, sino a un replanteamiento radical de aquello a lo que nuestra propia existencia colectiva nos da derecho. No se trata solamente de ampliar los terrenos sometidos a la gestión pública, sino de producir y reproducir colectivamente las bases y condiciones de nuestra vida. Una ampliación del concepto de lo público que supera la vía institucional y toma formas diversas en función del contexto y del bien concreto.

En este Plural comenzamos con el artículo de Isabelle Garo, “Marx y la propiedad, un análisis estratégico”en donde aborda la cuestión de la propiedad en la obra de Marx como un enfoque fundamentalmente político y estratégico de la cuestión comunista. Es esta dimensión estratégica la que se analiza en el artículo, partiendo de la cuestión de la propiedad y los bienes comunes, que desde hace algunos años ha vuelto al centro de la reflexión contemporánea sobre las alternativas al capitalismo. La autora defiende la cuestión de la propiedad en Marx no como una forma estrictamente jurídica, sino como una palanca política y como un gradiente de desarrollo individual. Esta reflexión en términos de formas y dinámicas contradictorias, enraizadas en condiciones siempre concretas y que implican la creciente conciencia de los actores de la transformación política y social, sigue siendo muy actual, a condición de que no se busque en ella unas recetas prefabricadas.

Continuamos el Plural con el artículo de Daniel Chavez Sean Sweeney, “El clima, la energía y el mito de la transición”, en donde abordan cómo el enfoque neoliberal hegemónico en las políticas de energía a escala global impide el desarrollo de alternativas efectivas de respuesta a la emergencia climática y la satisfacción de necesidades sociales. Un modelo basado en la satisfacción de demandas de ganancia a un número reducido de empresas privadas es incompatible con el suministro de energía para asegurar el bienestar social y para abordar una transición energética que enfrente la emergencia climática desde un punto de vista de justicia social. Esta situación, según los autores, debe ser reconocida como una verdadera emergencia política para la que no cabe otra solución que vigorizar “la propiedad pública y democrática de los sistemas y recursos energéticos”. Una alternativa pública que signifique la recuperación integral de la generación, transmisión, distribución y gestión de la energía como un elemento central para enfrentar los retos ambientales, económicos y sociales del cambio climático.

El siguiente artículo corresponde a Éric Toussaint, “Bienes comunes, deudas y patentes de la industria farmacéutica”que aborda cómo desde el inicio del capitalismo los bienes comunes fueron sistemáticamente cuestionados por la clase capitalista en su lógica de mercantilización y de apropiación privada. Siendo las deudas un mecanismo de expropiación y de ataque contra los bienes comunes, tanto en el Norte como en el Sur. El saber, los descubrimientos científicos, los procedimientos técnicos que deberían constituir bienes comunes de la humanidad no se han librado de la voracidad capitalista. Cuanto más se extendió el capitalismo, más favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas, especialmente por medio del sistema de patentes. Desde la extensión de la pandemia, el debate sobre las patentes se ha vuelto fundamental, condensando perfectamente la contradicción entre capital y vida, entre propiedad privada y bienes comunes.

Entre las experiencias prácticas que recogemos en el Plural está la aportación de Karla Lara, “Antes, ya había un antes… ¡ya corrían los ríos!”, que aborda el ejemplo de Honduras como laboratorio neocolonial extractivista y escenario de lucha y disputa por el agua y el territorio. Una lucha con un alto coste personal y colectivo, que se lleva la vida de decenas de activistas asesinadas, como Berta Cáceres, encarceladas como las defensoras del río Guapinol, y acosadas como cientos de defensoras medioambientales anónimas. Recogiendo un llamamiento a desaprenderse de las historias de derrotas para recordar, refundar, repensar, pero desde otro lugar, con otros referentes teóricos, esa es la tarea fundamental para pensar en la lucha por la defensa del agua, para la defensa de la vida.

A continuación, Javiera Manzi y Karina Nohales, en su artículo “Socializar la vida. Horizontes feministas posneoliberales”, hablan de la crisis de la reproducción social existente ya antes, pero puesta todavía más en evidencia por la pandemia, como “una crisis dentro de la crisis”. Escriben desde Chile, campo de pruebas del neoliberalismo pero también de la posibilidad de su destitución democrática, y uno de los epicentros del movimiento feminista de los últimos años. Plantean una estrategia de socialización (de los trabajos y las riquezas, pero también de la política y el placer; de la vida) que nos insubordine frente al mandato de la ganancia privada y construya un marco decisional y distributivo de lo común.

Por último, desde la Comisión de Comunicación de La Ingobernable reflexionan sobre el modo en que las experiencias de democracia directa y autogestión puestas en práctica en los centros sociales pueden ser herramientas de lucha contra el modelo neoliberal de ciudad y un entorno urbano cada vez más privatizado. En “Centros sociales y luchas por el derecho a la ciudad: aprendizajes en el proceso de La Ingobernable” nos hablan de las diferentes decisiones que la asamblea fue tomando en el contexto del carmenismo y de un Madrid asediado por las privatizaciones, de su aprendizaje de la experiencia previa de otros centros sociales, y de algunas de las preguntas que se abren en el futuro de la lucha por los comunes urbanos. Animando a estimular el debate a partir de las luchas reales y de la conquista de espacios para el común en los núcleos urbanos.

En resumen: una mirada poliédrica a un debate que podría parecer antiguo pero que no solo es de plena actualidad, sino que se nos revela como fundamental para hacer frente en buenas condiciones a los retos del presente. Desnaturalizar un régimen de propiedad privada de una minoría, basado necesariamente en el expolio y desposesión de las mayorías sociales, para abrir horizontes de posibilidad donde las necesidades colectivas y la vida buena para todas y todos sean la prioridad de cualquier articulación social, económica y política.

Fuente: https://vientosur.info/bienes-comunes-vs-propiedad-privada-en-tiempos-de-pandemias/

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En defensa de los humanos sin derechos

Por Aram Aharonian

Se calculaba el año pasado que unos 281 millones de personas, aproximadamente el 3,6 por ciento de la población mundial, residen actualmente fuera de sus países de origen.

Hoy la cifra debe ser bastante mayor, pero no se trata de reducir una situación inhumana a meras cifras. Un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación de factores, pero sobre todo por modelos capitalistas que los expulsan de sus países.

Son seres humanos a quienes se les conculca sus derechos… Muchos de ellos ni siquiera saben que tienen derechos.

La verdad es que los seres humanos siempre se han desplazado y mezclado, como lo demuestra el análisis del genoma de restos óseos hallados en los yacimientos arqueológicos,  explica Eva Maria Geigl, directora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. En 2012, en la cueva de Denisova en los montes Altai, en Rusia, se hallaron los restos de una joven que vivió allí hace unos 50.000 años. El análisis del genoma de una de sus falanges permitió demostrar la existencia de una población que coexistió con los neandertales.

Esa población que vivía en Asia se desplazó y sus miembros se aparearon con los primeros Homo sapiens procedentes de África. Hasta ese momento los paleoantropólogos no sospechaban de la existencia de ese grupo humano, de esos primeros migrantes.

“Todos somos de origen africano. El Homo sapiens evolucionó en África y abandonó el continente en oleadas sucesivas. La última de esas migraciones fue la de nuestros antepasados directos. Todos migrantes, porque la historia de la humanidad está tejida por una sucesión de migraciones. Desde siempre, los grupos de población se desplazan y se mezclan, lo que a veces se traduce en la sustitución de las poblaciones autóctonas, aunque no siempre es así”, añadió.

Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 supera en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970.

Entre las violaciones de derechos humanos que padecen los migrantes figuran la denegación de derechos civiles y políticos, en forma de detención arbitraria, tortura o ausencia del debido proceso judicial, así como la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, la vivienda o la educación. La denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados.

Según cifras de Naciones Unidas de 2020, Europa y Asia acogían a alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. Les seguían América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 21%, África, con el 9%, América Latina y el Caribe, con el 5%, y Oceanía, con el 3% de la población mundial de migrantes.

Como resultado de la pobreza y la violencia, el triángulo norte de América Central se enfrenta a un número creciente de personas en movimiento. Desde 2014, se estima que 265.000 migrantes en tránsito, provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, se han ido (o tratado de ir) a Estados Unidos cada año. Un número creciente de ellos son mujeres y niños no acompañados.

Según las estimaciones, solo uno de cada cinco tiene éxito.  El otro 80% es detenido por las autoridades mexicanas o estadounidenses. Un número creciente de migrantes varados también genera tensiones en las comunidades locales. Y entre ellos destacan no sólo los centroamericanos, sino miles de haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, expulsados de sus países, en busca del sueño de una vida mejor, que generalmente se convierte en pesadilla.

Por su parte, la Unión Europea viola los derechos de los refugiados que llegan a Europa desde África y el Medio Oriente, incumpliendo la Convención de Ginebra, dice el español Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos en migraciones en Europa. Para de Lucas la Unión Europea y Naciones Unidas estigmatizan a los inmigrantes, al tratarlos desde una lógica de mercado.

 “Hay una mirada de sospecha sobre los inmigrantes: ellos no son un ejército de reserva para la delincuencia ni una amenaza a las fuentes de trabajo. Al derecho formal estatalista se le escapa el pluralismo jurídico. El Derecho construyó un concepto restrictivo que fomenta la estigmatización del inmigrante”, afirma.

Con la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19, y bajo el uso político del argumento sanitario del extranjero sin papeles como agente de contagio – para contener poblaciones irregularizadas-, las agresiones y la represión recrudecieron particularmente con los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y de los haitianos. Y en el norte de Chile contra los migrantes venezolanos.

Demás está decir que estos migrantes sufren múltiples agresiones y violaciones a sus derechos humanos en los países de tránsito y destino, por parte de diferentes actores sociales, grupos delictivos e instituciones oficiales y privadas. Lo peor es que diferentes Estados nacionales generan dinámicas de irregularización de estas poblaciones del Triángulo Norte Centroamericano y Haití, y están “ilegalizando” a los migrantes, y presentándolos como transgresores de la ley (criminalizándolos), sólo por el hecho de carecer de documentación migratoria.

Me detengo en algunos titulares de la prensa internacional.

-Uno dice que fuerzas polacas dispararon chorros de agua y gas lacrimógeno en el puesto de control de Kuznica –cerrado desde hace diez días– a migrantes que de nuevo intentaron cruzar la frontera desde suelo bielorruso, mientras Polonia acusó a Bielorrusia de darles granadas de humo y armas. Unos  cuatro mil migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y Afganistán, viven en campamentos improvisados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero.

-Cerca de 19.000 niños atravesaron en lo que va del 2021, a pie y algunos solos, la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, advirtió es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una cifra que marcó un «máximo histórico» de menores migrantes, pese a ser uno de los lugares más peligrosos.  La cifra es casi tres veces más que el número registrado en los cinco años anteriores juntos, afirmó Unicef. La mitad son menores de cinco años.

 El Darién se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que tratan de cruzar América Central y México, hacia Estados Unidos… o la muerte.

– La policía francesa desalojó al menos a mil 500 migrantes de un campamento improvisado cerca de Dunquerque, donde esperaban una oportunidad de cruzar el Canal de La Mancha hasta Reino Unido.

-La guardia costera turca rescató a 45 migrantes cuando trataban de alcanzar costas europeas tras ser devueltos por Grecia a aguas territoriales turcas. El barco de rescate Geo Barents fletado por Médicos sin Fronteras subió a bordo a 62 migrantes, a los que rescató en las costas de Libia en condiciones precarias.

Un mes atrás, nos horrorizamos con las fotos de la policía estadounidense de fronteras “cazando” y “arreando” a caballo a refugiados haitianos, incluidos niños.

Los países de tránsito y destino tienden a ver a los migrantes como una carga. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los refugiados, también contribuyen al desarrollo de sus países de acogida. Pero aprovechar el potencial de desarrollo de la migración requiere que las autoridades públicas promuevan la integración socioeconómica y la cohesión social de los migrantes.

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo, aventura o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Nuestros indígenas recorrieron en canoas desde el Amazonas hasta el Orinoco, para llegar a  las Antillas. Desde 1492 los europeos vienen “haciéndose la América”, escapando de los conflictos propios, en busca de las riquezas del Nuevo Mundo, con una cruz y un garrote en la mano.

Otros se van de sus tierras para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Incluso, algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Muchos de nosotros descendemos de los barcos, de esos migrantes expulsados de sus tierras, masacrados en genocidios alentados por potencias.

El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a regularizar la situación de 11 millones de migrantes, y su par  mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que dará a conocer los nombres de los legisladores estadunidenses que no apoyen la iniciativa de regularización migratoria,

En una votación de 220-213, los diputados estadounidenses aprobaron el viernes 19 de noviembre un extenso paquete migratorio, aunque más reducido que el propuesto por Biden. Si la disposición pasa en el Senado, permitirá a las personas que llegaron sin documentos antes de 2011 obtener hasta 10 años de autorización de trabajo, pero sin abrirles el camino hacia la ciudadanía. La iniciativa se avaló unas horas después de que concluyera la cumbre trilateral de los socios del T-MEC (EEUU, México y Canadá).

 Hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación, y (que) merecen ser tratados con justicia”, señaló el mandatario mexicano. Por otra parte, contrastó la influencia política que ejercen los lobbies cubano-estadounidenses en el bloqueo a la iniciativa de Biden.

Mientras los tres presidentes norteamericanos se reunían, unos dos mil migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica y Haití, partieron de la chiapateca Tapachula, al sur de México, llevando sus pertenencias en mochilas o en paquetes sobre sus cabezas. Niños pequeños iban sobre los hombros de sus padres o en cochecitos.

Las caravanas comenzaron hace varios años como una manera de que los migrantes que no cuentan con dinero para pagar a traficantes de personas se sientan más seguros al viajar en grupo hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de Guatemala y México las han disuelto de forma sistemática. Hoy, la Guardia Nacional de Texas blindó la frontera entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras con contenedores de carga ante la posible llegada de la nueva caravana

Algunos analistas hasta hablan de algo llamado necropolítica, esa capacidad para administrar a través del poder quién vive o quién muere. Y, al final, quienes mueren son las personas más empobrecidas, lógicamente. Valgan estas palabras en defensa de estos humanos sin derechos.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) 

https://estrategia.la/2021/11/21/en-defensa-de-los-humanos-sin-derechos-todos-somos-migrantes/

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México: ¿Adiós al PROFEXE?

¿Adiós al PROFEXE?

Miguel Casillas

El Programa de fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXE) ha sido una de las principales herramientas de política pública hacia la educación superior. En teoría el programa dispone de un fondo financiero con recursos extraordinarios en el que concursan las instituciones de educación superior para complementar sus presupuestos.

En un contexto generalizado de mínimos incrementos del presupuesto ordinario a las IES públicas y después de más de 30 años de políticas neoliberales y de estricto control bajo el tope salarial, el financiamiento extraordinario ligado al cumplimiento de metas de desarrollo es más importante que nunca para muchas de las instituciones.

A pesar de su sociogénesis ligada a los gobiernos neoliberales, el diseño del PROFEXE mantiene, aun dentro del gobierno de la 4T (pues se han publicado sus reglas de operación para 2020 y 2021), significativos rasgos de continuidad con ejercicios anteriores desde el PIFI: sus objetivos están definidos fuera de las instituciones, las cuales además deben asumir evaluaciones externas. Las reglas de operación son definidas por Hacienda, son fondos determinados, etiquetados, no pueden ser utilizados fuera de los criterios establecidos; son fondos anuales o bianuales, no acumulables. El interlocutor de la autoridad educativa es el rector; está excluida la comunidad. Las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y otras organizaciones no participan de estas negociaciones, pues desde el principio de los años 2000, se trata de despolitizar los procesos.

El diseño del PROFEXE se sigue sosteniendo en el neointervencionismo mediante el cual el gobierno condiciona la entrega de recursos a cambio de la implementación de políticas públicas en las instituciones. Se mantiene viva la concepción de un estado evaluador-interventor a través del financiamiento.

Para todos los efectos de la evaluación el PROFEXE funciona con los mismos criterios e instrumentos que en el viejo régimen: la competitividad, entendida como el número de programas educativos acreditados, el porcentaje de egresados, el número de egresados que hacen el EGEL; y la difusa responsabilidad social universitaria. El otro concepto clave es la calidad, entendida como la habilitación de la planta de profesores; el número de profesores de tiempo completo con perfil deseable, el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, y el número y grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

En sus reglas de operación se mantienen olvidados los mismos agentes que el pasado: los estudiantes, su aprendizaje y su experiencia escolar; los profesores de asignatura; los trabajadores administrativos y su reconversión tecnológica.

Sin embargo, el destino del PROFEXE es incierto. Por un lado, en el proyecto de egresos de la federación se propuso un fondo económico muy considerable, pero por otro, en declaraciones de sus funcionarios, el gobierno de la 4T pareciera dispuesto a liquidarlo.

Estaría muy bien terminar de una vez con el PROFEXE y declarar nulos los indicadores sobre los cuales se midió el fortalecimiento académico de las instituciones. Sin embargo, es muy improbable que el gobierno cambie la política educativa de fondo y renuncie al afán neointervencionista. Frente a ello, cabe preguntarse por los instrumentos de política pública que sustituirán al PROFEXE y por los criterios, valores e indicadores que orientarán el desarrollo del sistema de educación superior.

Para que la nueva Ley general de educación superior pueda traducirse en acciones concretas que modifiquen los cursos de acción predominantes en las instituciones, se requieren de orientaciones claras, con instrumentos precisos que puedan ser observables y medibles, si no, todo quedará en un discurso abstracto de muy difícil realización.

En cuanto al financiamiento extraordinario, lo que no puede privar es la arbitrariedad como sustitución del PROFEXE o de cualquier otro instrumento que esté amparado en reglas de operación claras, auditables, verificables y congruentes con el espíritu de la Ley. En efecto, sin reglas transparentes y construidas con el concurso de las instituciones involucradas, corremos el riesgo de volver a la época de Echeverría o de Fidel Herrera en Veracruz, en que los funcionarios de Educación cargaban un portafolios lleno de billetes que repartían a discreción según sus simpatías.

A pesar de todas las insuficiencias, las comunidades universitarias tienen un largo recorrido en procesos de autoevaluación institucional y sería absurdo renunciar a ello. También, a pesar de los criterios e indicadores impuestos para orientar el sistema, las universidades han desarrollado y siguen dando continuidad a una serie de iniciativas, que apuntan hacia el fortalecimiento institucional, como el impulso a la formación de los profesores, a su actualización y hacia la profesionalización que implica el incremento de profesores de tiempo completo, que si se detuvieran representaría una verdadera regresión.

La planeación democrática y participativa deberá sustituir al viejo sistema. Urge claridad de parte del gobierno sobre el futuro de los fondos concursables si es que van a seguir existiendo. Mientras, no puede simplemente desaparecer el PROFEXE sin ser sustituido por un programa que lo supere.

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/adios-al-profexe/

 

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