Documentos

Autora: Rose Mary Hernández

Año: febrero, 2021

              e-mail: Rosemhernandezr@gmail.com

Resumen

Una de las realidades pocos descritas en pandemia de la COVID-19 ha sido la situación de las mujeres en países que se encuentran en precariedad económica. Abordar la agenda social  feminista en Venezuela en el contexto de crisis sanitaria implica, entre otras cosas, entender el cómo ha sido la configuración del sistema mantenedor y replicador de desigualdades en este país, incluso retrocesos en los avances logrados y conquistados para la igualdad entre hombres y mujeres. Este documento es presentado con la estructura de un trabajo documental (ensayo científico), en el cual se consideró la evaluación de documentos para el análisis  y la argumentación de la autora para preconfigurar, configurar y, posteriormente reconfigurar a partir de la hermeneusis  interpretativa reflexiones pertinentes. En tal sentido, en el cuerpo introductorio, existe el despliegue de nudos críticos que permiten conocer las interrogantes que guían este trabajo, así como los objetivo rectores en cuestión. Como punto de cierre, se deja a la disposición un espacio desde la subjetividad interpretativa que invita a un conjunto de acciones que necesariamente deben ser impulsadas por las mujeres con el propósito de apoyarse en situaciones de vulnerabilidad multidimensional acrecentada en pandemia.

Constructos: Mujer, Trabajo, Agenda Social Feminista, Pandemia

Women and Work: Analysis for the Reconfiguration of the Venezuelan Feminist Social Agenda in the Face of the COVID-19 Pandemic

Abstrac 

One of the few realities described in the COVID-19 pandemic has been the situation of women in countries that are economically precarious. Addressing the feminist social agenda in Venezuela in the context of the health crisis implies, among other things, understanding how the system that maintains and replicates inequalities in this country has been configured, including setbacks in the progress achieved and conquered for equality between men. and women. This document is presented with the structure of a documentary work (scientific essay), in which the evaluation of documents was considered for analysis and the author’s argument to preconfigure, configure and subsequently reconfigure relevant reflections based on interpretive hermeneusis. . In this sense, in the introductory body, there is the deployment of critical nodes that allow us to know the questions that guide this work, as well as the guiding objectives in question. As a closing point, a space is made available from interpretive subjectivity that invites a set of actions that must necessarily be promoted by women with the purpose of supporting themselves in situations of multidimensional vulnerability increased by the pandemic.

Constructs: Woman, Work, Feminist Social Agenda, Pandemic

Introducción

Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales.
Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales.
Aristóteles (384 AC-322 AC)

A lo largo de nuestra existencia se viven períodos que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, se es dependiente de personas para satisfacer las necesidades, realizar alguna actividad, e incluso, estar protegidxs, es decir, se requiere de un cuidado y atención primaria y/o principal. En nuestras sociedades, el mecanismo para la resolución de estas atenciones se ha basado en la tradicional división sexual del trabajo que define al hombre como proveedor y sustentador económico y a la mujer como encargada de casa y cuidadora por excelencia. Sin embargo, el escenario aunque no ha cambiado en su totalidad, se cuestiona transversalmente la sustentabilidad de esta estrategia.

En el contexto de interés, como resulta el caso de Venezuela, cabe decir que, ante la crisis social-política y económica, aunado a la pandemia a causa de la COVID-19, entre las mujeres ha crecido forzosamente la participación laboral, sin que por tal razón se disminuya su capacidad de cuidado en el espacio doméstico. Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población han transformado el perfil de la demanda de cuidados/as, con una presencia creciente de población con necesidades de cuido sumamente complejas que, en muchos casos, demanda una profesionalización de esta labor.

Aunque estas tendencias ponen en jaque los cimientos tradicionales, las fronteras de
género en los hogares siguen siendo rígidas y sobrecargan a las mujeres o familiares que a su vez también ameritan de cuidados. En otras palabras, las conquistas públicas de las mujeres ante la realidad diaria en el país no han logrado recodificar los principios fundamentales de la división sexual del trabajo tradicional y, en cambio, han generado nuevas formas de desigualdades de género.

Aunado a esto, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea y, en especial, a través de lo publicado por organismos no gubernamentales en las redes sociales, como Voces de Género Venezuela, Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en  Educación, Araña Feminista, entre otros, revelan que, se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar. Los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales, como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar, han alcanzado el límite de su capacidad. Las mujeres pobres y marginadas corren, incluso, un mayor riesgo de contraer la pandemia y morir a causa de la enfermedad, perder los medios de subsistencia y estar expuestas a más situaciones de violencia.

En los últimos 14 años, los niveles nacionales de pobreza extrema han aumentado, a raíz del desplome de la actividad económica las mujeres están particularmente expuestas a los despidos y la pérdida de los medios de subsistencia. Ahora con la COVID-19, se han dado aparejadas pérdidas masivas de empleos formales, la contracción de las economías y la pérdida de medios de subsistencia, en particular, para las mujeres, quienes suelen ganar salarios más bajos y tienen empleos menos seguros que los hombres.

Los sistemas de protección social debilitados dejan indefensas a las personas más desfavorecidas de la sociedad, sin ninguna salvaguardia para capear el temporal. Este dato es reforzado por Azcona, G. (2021), autora principal del último informe de ONU Mujeres From Insights to Action y especialista superior en datos e investigación de ONU Mujeres, que: “la pandemia y las medidas para prevenir su propagación están provocando un aumento  desproporcionado de la tasa de desempleo de las mujeres (en comparación con los hombres)” (p.1), así como reduciendo su cantidad total de horas de trabajo formal para las mujeres.

En atención a esta retórica, emerge el siguiente trabajo, versado en Mujer y Trabajo: Análisis para la Reconfiguración de la Agenda Social Feminista Venezolana ante la Pandemia de la COVID-19 y con el mismo, se entretejen las siguientes inquietudes, necesarias de abordar dentro de una estructura comprensiva propia de las ciencias sociales, puntualizándose a continuación: ¿Cuál es el impacto del aumento de los puestos de trabajo de la mujer venezolana ante la condición país y la pandemia de la COVID-19?, ¿Cuáles son las condiciones de vida de la mujer venezolana ante la pandemia de la COVID-19?, ¿Cuáles aspectos deben considerarse para reconfigurar la agenda social feminista venezolana ante la pandemia de la COVID-19?

Seguidamente, conociendo estas interrogantes a partir de nudos críticos, se hace necesario trazar los propósitos relacionados, que guían el avance de este documento, señalando:

Describir el impacto del aumento de los puestos de trabajo de la mujer venezolana ante la condición país y la pandemia de la COVID-19, Resaltar las condiciones de vida de la mujer venezolana ante la pandemia de la COVID-19, Declarar aspectos para la reconfiguración la agenda social feminista venezolana.

A partir de este tejido indagativo y propositivo, calan, entonces, importancias en diferentes miradas. En lo político, en América Latina se ha configurado una agenda regional de género en múltiples conferencias regionales y mundiales que analizan la situación de las mujeres y han hecho propuestas de políticas públicas a los gobiernos. En tal sentido, en Venezuela, se han alcanzado importantes avances en las áreas educativa y laboral, entre otras. Pero, pese a los esfuerzos, persisten importantes desigualdades que no podrán ser eliminadas solo con políticas educativas, acceso a la salud o cambios legislativos, porque esas desigualdades están arraigadas en orientaciones culturales tradicionales.

Para la mujer venezolana, es difícil ganar dinero en este momento. Las personas que
trabajan para la administración pública, lo han estado realizando hacen desde casa y, ahora se ha dado una incorporación gradual a la presencialidad institucional, sin embargo, perciben su salario precario e irregular, aun así, este caso no es el de las trabajadoras del hogar, quienes también deberían tener el derecho de recibir un salario y, más aún en épocas de crisis. Algunas personas ni siquiera recibieron su salario cuando les pidieron que dejaran de trabajar a mitad del mes. Sería justo que los empleadores y empleadoras les dieran el mismo trato al conjunto de sus empleados y empleadas.

Desde lo social, uno de los principales obstáculos para la autonomía plena de las mujeres es su papel tradicional de cuidadoras, que las carga de una importante cantidad de labores domésticas, asumidas de forma casi exclusiva en muchos hogares. Pese al incremento del nivel educativo promedio de las mujeres y la tendencia a la reducción de la fecundidad, las mujeres todavía dedican mucho más tiempo que los hombres a estas tareas. Esta brecha de los cuidados aumenta en los hogares más pobres con niños pequeños y se asocia con una menor participación laboral de las mujeres que residen con su pareja.

En ese mismo orden de ideas, y, en el marco de la polarización política de Venezuela,
temas como este pasan por debajo de la mesa. Tanto en las políticas del oficialismo como en las propuestas y acciones de la oposición democrática, la grave situación de las mujeres venezolanas más pobres no forma parte de la agenda. Por ello es imprescindible recordar que la democracia y el desarrollo no serán una realidad mientras la mayor parte de la población se mantenga en una situación de precariedad y total ausencia de autonomía y libertad. De ahí la necesidad de abordar a la temática: Mujer y Trabajo: Análisis para la reconfiguración de la agenda social feminista venezolana ante la pandemia de la COVID-19.

Metodología

En cuanto a la estructura de diagramación, se hace preciso destacar que, en consideración  a la forma de acercarnos al objeto de estudio,  este trabajo se presenta como un estudio bibliográfico documental a  modo ensayo interpretativo. Parafraseando a  Reyes-Ruiz &Carmona (2020),  es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio.  Por consiguiente, como estructura, se partió del abordaje previo o introducción que muestra el nudo crítico y los propósitos que se desprenden de tales interrogantes, así como dimensiones que muestran la importancia del desarrollo. Seguidamente, se encuentra el Tramo I, aludiendo a la definición de Mujer y cómo la misma se ha establecido desde las posturas opresoras a lo largo de la historia, vinculado se encuentra el siguiente Tramo II, referido a Trabajo, donde se incorporan escenarios vivenciados el contexto interno ante la pandemia y, con ello, se declaran aspectos a considerar para la reconfiguración la agenda social feminista venezolana ante la COVID-19, lo cual se corresponde con el Tramo III de esta presentación para luego dejar a la vista una ideas a modo de cierre.

En tal sentido, en este último espacio, como valor agregado a la educación se expresa una contribución al conocimiento en cuanto a la definición de Mujer, no en un plano cultural, sino como sujeta con derechos, intercalados en el área laboral. Esto es necesario, ya que también contribuye a temas sociales tales como el nivel de desarrollo y productividad del país, el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza.

Tramo I
Mujer

Lo que molesta de los ignorantes no es su ignorancia,
sino que sepan tantas cosas que no son así.
Josh Billings (1818.1885)

En este espacio se pretende clarificar desde lo teórico el concepto de género, haciendo
énfasis en los errores más frecuentes que se cometen al utilizarlo como sinónimo de Mujer, omitiendo la pluralidad de contenidos que encierra dicho concepto, o al utilizarlo retóricamente en textos legales y discursos políticos que no necesariamente transforman la mera igualdad de derecho en una igualdad de hecho.

En tal sentido, se tiene como norte, proporcionar los elementos teóricos necesarios pero suficientes para entender el significado de Mujer desde la perspectiva de género como categoría analítica de los hechos y relaciones sociales, incluido el Derecho. Para ello voy a referirme a algunos de los aportes más significativos sobre la materia elaborados por académicas feministas que desde la antropología, la sociología, la psicología, la historia y la filosofía han nutrido, a partir de mediados de los años 70, el bagaje teórico feminista.

Quiero recalcar que, el objetivo de esta parte del estudio, no es hacer una historia del
feminismo ni de las corrientes feministas, sino dar cuenta del marco teórico, de los elementos conceptuales y metodológicos que la perspectiva de género ofrece para el análisis social y que es la base para la construcción de una perspectiva de género en el Derecho, tal como lo veremos en lo que a continuación se incorpora.

Es propicio iniciar este recorrido refiriendo a Eichner, M. (2015), quien considera que, a lo largo del tiempo, el uso más específico de la palabra mujer se encuentra vinculada a la persona del sexo femenino que ha pasado por un proceso biológico llegando a la pubertad o a la edad adulta. Esta es una definición biológica es la que más ha calado en un contexto global, y a partir de la misma, se siguió dando una baja connotación desde la interpretación social, política, económica, religiosa, entre otras dimensiones, limitado así sus derechos, relegándole funciones mínimas, participación casi inexistente, e incluso, con la posibilidad de ser la responsable del hogar en cuanto al cumplimiento de las tareas básicas y de los cuidados, lo que genera una inserción diferenciada de hombres y mujeres al mundo laboral, es la existencia de procesos de
sexualización de la división social y técnica del trabajo.

Mujer y género desde una perspectiva feminista

El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva
filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y que lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetas humanas y de derecho, sosteniendo que, ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres.

Parafraseando a Kelly, Ch. (2017), los movimiento sociales y feministas, han buscado
promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos como votar y ocupar cargos públicos; derechos económicos como recibir igual remuneración por igual tarea, ejercer las potestades propias del derecho privado, tales como suscribir contratos, derechos sociales como recibir una educación, ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia como el abuso, el acoso sexual y la violencia doméstica.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances por parte del feminismo en cuanto la mujer como sujeta con derechos, la igualdad jurídica para su reconocimiento no se ha logrado a cabalidad, se requiere un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros, que aún no muestran mayor disposición. Las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades, a lo cual las sociedades machistas-patriarcales no están dispuestas de reconocer.

Bajo las concepciones anteriormente descritas, la perspectiva de género, surgida del bagaje académico feminista, se constituye en un instrumento crítico de análisis de los hechos e instituciones sociales, que incide además críticamente en los tradicionales paradigmas académicos. En este sentido, cuando en esta investigación utilizo el término “perspectiva de género”, me estoy refiriendo a la “perspectiva de género feminista”, es decir aquella que incide en el análisis del poder sexuado en las relaciones sociales, deslindándome de las posturas que utilizan el término “género” como una referencia meramente descriptiva de la diferencia entre los sexos y neutra en términos de poder.

Tampoco utilizo el término como sinónimo de mujeres. En este trabajo, me posiciono con las teóricas y activistas feministas que reconocen en la construcción sociocultural del género un sistema de organización y jerarquización social, una forma de organizar el poder a partir de la diferencia sexual.

Ahora bien, cuando en este ensayo se refiero a género, se está refiriendo a un tipo específico de poder, a las relaciones de poder que establecen desigualdades a partir de la diferencia sexual, a la desigualdad entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino; desigualdades en términos de acceso y distribución de recursos fácticos y simbólicos, y en términos de reconocimiento de las diferencias.

Cabe mencionar que, el género como corriente teórica y perspectiva analítica dio un vuelco a las distintas disciplinas del conocimiento a partir de la inclusión de las mujeres y el análisis crítico de su específica situación dentro de las estructuras sociales. Desde esta perspectiva se hizo notar que el género es una forma de organizar el poder en base a la sexualidad y que está presente en todas las sociedades y ámbitos de la vida social por lo cual su incorporación es necesaria a efectos de analizar los sistemas de poder y las relaciones sociales.

La necesidad de estas y otras formulaciones teóricas se hizo presente desde que las
investigaciones feministas, coherentes con la incorporación de las experiencias personales y subjetivas de las mujeres, introdujeron como método de trabajo el estudio de casos concretos. El tomar en cuenta la experiencia cotidiana de las mujeres en las investigaciones a través de los casos concretos era una exigencia que respondía por un lado, a revalorar como ámbito de estudio y de acción política el espacio doméstico y de la familia asignados a las mujeres y a lo femenino durante siglos; y por otro, a develar el hecho constatable desde la propia experiencia como mujeres, de que los cambios en las condiciones y oportunidades de vida no iban necesariamente ligados ni al discurso ni a la práctica ni a los resultados de la aplicación de determinadas políticas aún en contextos donde en lo formal se declaraban derechos y libertades iguales para todos y todas.  La relación entre lo personal y lo político ha sido una constante en el movimiento político feminista y una de las cuestiones básicas a debatir y analizar por las intelectuales y activistas feministas.

Por ello, el Feminismo plantea el análisis relacional de la vida cotidiana y el espacio
doméstico con las relaciones e instituciones sociales, las normas y el mundo de lo simbólico y cultural a fin de determinar de qué manera éstos factores (el derecho por ejemplo, como sistema normativo) permiten el cambio social o al contrario, para determinar cómo éstos se constituyen en mecanismos de reproducción o mantenimiento del status quo en tanto funcionales al sistema de dominación. Se incide en que junto a las fundamentaciones filosóficas es necesaria una comprensión sociológica, antropológica y psicológica de la situación de las mujeres y su recurrente subordinación en los distintos contextos socioculturales.

Y siendo que las construcciones socioculturales de género son estructuras que de manera transversal moldean los distintos hechos sociales y las distintas áreas de conocimiento, la hegemonía masculina naturalizada como universal mantiene y reproduce el sistema de dominación cuando se transforma en norma o precepto moral, social, institucional, religioso o legal y se intenta medir y evaluar a todas las personas según el patrón masculino-hegemónico generándose una lógica de la diferencia como dicotomía jerárquica: masculino/femenina, cultura/naturaleza, civilizado/salvaje, público/privado, etc. Esta lógica de dicotomías jerárquicas es el reflejo del poder de ese “relativo hegemónico masculino”.

Parafraseando a Scott, J (1.940). el género como categoría analítica no persigue la causalidad universal y general sino la explicación significativa, es decir, la búsqueda del significado de las cosas en la acción concreta. Y para encontrar el significado es necesario considerar tanto los sujetos individuales como la organización social y descubrir la naturaleza de sus interrelaciones, descifrar los procesos y las estructuras. Es necesario, también, saber cómo actúa el género y cómo tiene lugar el cambio. Paralelamente debe tenerse en cuenta que el poder social no está unificado ni es coherente ni está centralizado sino que existen “constelaciones dispersas de poder”, de relaciones desiguales. Sin embargo es dentro de estos procesos y relaciones donde hay lugar para construir el cambio.

Algunas reflexiones sobre el concepto de patriarcado

No es objeto de esta investigación polemizar acerca de la distinción entre patriarcado y sistema de sexo-género, sin embargo, considero importante hacer algunas observaciones al respecto con el objetivo de dejar en claro que no son los términos sino los contenidos que les asignamos lo que se torna importante a efectos de nuestra argumentación.

El concepto de patriarcado generado por la Teoría Feminista de los años setenta (Feminismo de la Segunda Ola) alude a la hegemonía masculina en las sociedades antiguas y modernas en términos de dominación y para algunas corrientes, en términos de explotación.

Fueron las feministas radicales quienes fundamentaron su análisis de la realidad en función al concepto de patriarcado. Para ellas, el patriarcado es una situación sistemática de dominación masculina por la cual los hombres particulares son agentes activos de la opresión de las mujeres en tanto a través de la sexualidad de las mismas y su capacidad reproductiva, satisfacen sus intereses específicos de obtención de placer sexual y reproducción (en términos de producción de hijos).

Por tanto, la sexualidad y reproducción serían los elementos clave de la sujeción femenina, esto sin negar la existencia de otros aspectos de dominación patriarcal como el laboral (división sexual del trabajo) o la extracción de apoyo emocional que refuerza el ego masculino, entre otras. Así tenemos por ejemplo que para Millett, K. “el sexo es una categoría social impregnada de política” porque implica un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder que determina relaciones de dominación y subordinación de lo masculino hacia lo femenino. Millett afirma el carácter patriarcal de las sociedades actuales y de todas las civilizaciones históricas sosteniendo que “todas las vías de poder (…) se encuentran por completo en manos masculinas”, que se basa y al mismo tiempo sustenta una ideología de la superioridad masculina, que ha penetrado en la cultura y que transciende las clases sociales.

Al respecto, Amorós, C. (2014), define el patriarcado como “el conjunto metaestable de pactos, asimismo metaestables, entre los varones, por el cual se constituye el colectivo de éstos como género-sexo y, correlativamente, el de las mujeres” (p.12). Así el patriarcado es una organización social o conjunto de prácticas que crean el ámbito material y cultural que le es propio y favorece su continuidad. Esta definición sostiene que el patriarcado es metaestable.

Esto significa que el patriarcado se adapta a cada nueva estructura económica y/o política y, además que, sin negar la existencia de intereses contrapuestos entre los hombres, existe entre ellos acuerdos tácitos o explícitos que permiten la continuidad de la hegemonía masculina. Amorós (ob cit), considera como sinónimos los términos patriarcado y sistema sexogénero, pues sostiene que un sistema igualitario no produciría la marca de género, la marca de la pertenencia a un determinado grupo social con determinadas características y funciones y que se adquiere mediante el proceso de socialización. La socialización de género tiende a inducir a una identidad sexuada, determina rangos distintos para hombres y mujeres y prescribe roles sexuales.

Los cuestionamientos que desde el Feminismo se han dado a las teorías del patriarcado inciden en que si bien se ofrece un análisis desde el sistema de género no explican cómo funciona el sistema y a pesar de que afirman la primacía del sistema patriarcal en todo el orden social no demuestran cómo la desigualdad de géneros estructura el resto de desigualdades y las otras áreas de la vida social que aparentemente no se vinculan con el género. Las críticas contra las teorías del patriarcado también recaen sobre su argumento base, señalándose que si la dominación de las mujeres procede de la apropiación de su capacidad reproductiva o de su sexualidad por parte de los hombres, la subordinación de las mujeres estaría determinada por las diferencias físicas como única variable, lo que implicaría asumir un significado inherente al cuerpo humano dejando de lado la construcción sociocultural y la historicidad del género.

En atención a Rubin, G (2018), precisa que los términos “patriarcado”, “modo de reproducción” y “sistema sexo-género” se propusieron con la finalidad de distinguir entre sistemas económicos y sistemas sexuales, incidiendo en que los sistemas sexuales tienen cierta autonomía y que no siempre se pueden explicar en términos de fuerza económica. El término “modo de reproducción” fue propuesto en oposición al de “modo de producción” pero, como objeta Rubin, esa terminología vincula economía con producción y sistema sexual con reproducción, con lo cual se limitan los contenidos de ambos sistemas obviando el hecho de que tanto en el sistema de producción como en el de reproducción tienen lugar producciones y reproducciones. La autora sostiene que no se pueden relegar los diversos aspectos de la reproducción social al sistema sexual ni limitar el sistema sexual a la reproducción en su sentido biológico o en su sentido social.

Además, Rubin (o bit) argumenta que, aunque patriarcado se introdujo para diferenciar las fuerzas que mantienen el sexismo de otras fuerzas sociales como el capitalismo, el término conduce a confusión pues tiene el inconveniente de no distinguir entre la capacidad y la necesidad humana de crear un mundo sexual (la forma como cada sociedad trata el sexo, el género y los bebés) y uno de los modos en los que empíricamente se han organizado los mundos y las relaciones sexuales. En efecto, el patriarcado es una forma de dominación específica que se basa en el poder de los padres o patriarcas sobre esposas, hijos, rebaños y dependientes.

Otro inconveniente que trae consigo el término patriarcado es, a decir de Rubin, que no toma en cuenta la diversidad de formas de organización por género del que informan los estudios antropológicos y que no pueden describirse como patriarcales, pues el poder de los hombres sobre las mujeres no se basa en sus papeles de padres o patriarcas sino en su masculinidad adulta colectiva manifestada en cultos secretos, casas de hombres, guerras, redes de intercambio, conocimientos rituales y procedimientos de iniciación.

Podemos decir entonces que, el término sistema sexo-género es un término nuevo que
intenta superar las limitaciones de los término patriarcado y modos de reproducción. Además, el concepto de sistema sexo-género remarca su carácter histórico y las especificidades culturales de cada sociedad. Considero que estas características dialogadas en este espacio, abren un abanico de posibilidades para el análisis y las estrategias de cambio social, político y cultural, y que merece, a posterior, ser estudiada y sometida a procesos reflexivos, cuando se apunta a la construcción de una sociedad más justa, que favorezca la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Tramo II
Trabajo

El Estado de Bienestar es un sistema de solidaridad donde se protege a las personas frente a la vulnerabilidad en la medida en que se desarrollan políticas públicas coherentes en igualdad, equidad y confianza. Este Estado es un derecho no un privilegio. Este momento, procura describir el impacto del aumento de los puestos de trabajo de la mujer venezolana ante la condición país, así como resaltar las condiciones de vida de la mujer venezolana ante la pandemia de la COVID-19.

En tal sentido, se incorporan elementos del cómo la crisis económica nacional afecta más duramente a las mujeres. Esto se debe a lo siguiente: Las mujeres suelen ganar salarios más bajos. Las mujeres tienen menos ahorros. La economía informal concentra un número muchísimo más alto de mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a la protección social. Es más  probable que las mujeres sean quienes deban ocuparse del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y, por lo tanto, deban abandonar el mercado laboral. La mayoría de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres.

Ahora, bien, como punto de arranque, es necesario introducir una breve revisión internacional, encontrando que, durante los últimos cincuenta años se ha ampliado el consenso sobre la necesidad de la participación plena de las mujeres en diversos ámbitos de la vida social, para lograr sociedades democráticas y con desarrollo sostenible. Tal es la importancia que se le atribuye a esta condición, que la igualdad de género aparece como el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas.

La búsqueda de equidad de género no consiste exclusivamente en promover indicadores paritarios entre hombres y mujeres en diversos aspectos económicos y sociales como ingreso, educación o acceso a la salud. Sin embargo, modificar estos indicadores requiere reconocer las bases detrás de las históricas diferencias entre ambos sexos, y supone comprender con mayor profundidad los condicionantes que impiden una autonomía plena de las mujeres en varios planos que se interrelacionan: autonomía económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones En América Latina se ha configurado una agenda regional de género en múltiples conferencias regionales y mundiales que analizan la situación de las mujeres y han hecho propuestas de políticas públicas a los gobiernos. Se han alcanzado importantes avances en las áreas educativa y laboral, entre otras. Pero, pese a los esfuerzos, persisten importantes desigualdades que no podrán ser eliminadas solo con políticas educativas, acceso a la salud o cambios legislativos, porque esas desigualdades están arraigadas en orientaciones culturales tradicionales.

Uno de los principales obstáculos para la autonomía plena de las mujeres es su papel
tradicional de cuidadoras, que las carga de una importante cantidad de labores domésticas, asumidas de forma casi exclusiva en muchos hogares. Para Marchionni (2020), pese al incremento del nivel educativo promedio de las mujeres y la tendencia a la reducción de la fecundidad en toda América Latina, las mujeres todavía dedican mucho más tiempo que los hombres a estas tareas.

Esta brecha de los cuidados aumenta en los hogares más pobres con niños pequeños y se asocia con una menor participación laboral de las mujeres que residen con su pareja. En este contexto en el que las mujeres llevan la responsabilidad del cuidado de sus hogares, niños, enfermos y adultos mayores, las medidas de confinamiento necesarias por la covid-19 han tenido importantes repercusiones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), “el cierre de los centros de estudio implica un incremento del cuidado de los niños en los hogares, mientras que la red de salud colapsada por la atención a los enfermos de covid-19 traslada a los hogares el cuidado de otras dolencias” (p 4).

Todas estas nuevas  responsabilidades recaen mayoritariamente sobre las mujeres, especialmente sobre las más pobres. A este incremento de las labores de cuidado dentro del hogar se agregan otros impactos sobre las mujeres. Las más vulnerables se ocupan en gran medida en el trabajo doméstico y es difícil mantener estos empleos en medio de las medidas de emergencia (Cepal, ob cit). Al mismo tiempo, los sectores económicos en los que ha aumentado más el desempleo por efecto de la pandemia son los que concentran mayor empleo femenino. Por último, la convivencia en el núcleo familiar de forma permanente, ante la imposibilidad de salir a trabajar o a estudiar, ha aumentado también significativamente el riesgo de violencia de género y ha disminuido las posibilidades de las víctimas para pedir ayuda.

En ese orden de ideas, las mujeres venezolanas comparten la situación descrita para América Latina. Sin embargo, la emergencia humanitaria compleja de los últimos años, ha aumentado la desigualdad de género en el país latino. Una de las principales causas de la mayor desigualdad es la pérdida de autonomía física de las mujeres, al no poder decidir sobre su fecundidad por la escasez de métodos anticonceptivos y el deterioro de los servicios de salud públicos, que ha terminado por causar graves incrementos en la mortalidad materno infantil con una tasa que se calcula por encima de 110 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos registrados, Kislinger, L. (2019).

Adicionalmente, cinco de cada diez mujeres son pobres menstruales; es decir, no pueden adquirir productos para la absorción del flujo menstrual, lo que acarrea dificultades adicionales para la inserción educativa o laboral de estas niñas y mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020, la participación laboral de las mujeres venezolanas es cuarenta y tres (43) por ciento: la tasa más baja de América Latina (UCAB, 2020). Esto significa un importante retroceso en su autonomía económica, cónsono con su intensa dedicación a las labores del hogar: 13 horas diarias para el conjunto de las mujeres y 16 horas entre las que no tienen un empleo fuera del hogar. Este promedio es superior al reportado para la región latinoamericana (8 horas diarias). La diferencia radica en las peores condiciones de la situación venezolana, que obliga a las mujeres a dedicar largas horas a conseguir agua, gas para cocinar o comida.

Con unas condiciones de partida mucho más precarias que las de otras mujeres latinoamericanas, las venezolanas deben además, enfrentar los efectos de la covid-19: pérdida de sus pocos empleos, aumento de las tareas de cuidado en el hogar y mayor probabilidad de violencia intrafamiliar. Si ya las desigualdades de género aumentaban, los efectos de la pandemia podrían contribuir a la consolidación de esta tendencia.

Otro dato significativo de incorporar en este momento, son las cifras aportadas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cuales reflejan que, entre el 1 y el 5% de las mujeres del país sudamericano se prostituyen ante la falta de alternativas y debido a la crisis económica agravada por el coronavirus. La trata de mujeres venezolanas hacia otros países también se ha disparado de manera muy grave, sobre todo hacia México, donde se estima que este año haya más de 50.000 mujeres obligadas a vender su cuerpo.

Esto resulta preocupante, sin embargo, a pesar de haberse convertido en un problema
grave, el Ministerio de Salud no aporta datos desde hace varios años sobre las trabajadoras sexuales, y los activistas y ONGs que trabajan con ellas se quejan de que deben trabajar sin datos ni información. Las últimas estadísticas oficiales datan de 1997 y en aquel momento se hablaba de que en el país sudamericano había 371.000 mujeres prostituyéndose.

En época de coronavirus, las mujeres prostitutas están más expuestas a contagiarse del virus y sufren un impacto económico negativo debido al confinamiento. Así lo ratificó el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Espinal (2020), quien aseguró que, estas trabajadoras “se encuentran entre las más vulnerables”(p.02). Además, de acuerdo a cifras que maneja la OPS en Venezuela, se estima que entre el 1 y el 5% de la población adulta de mujeres se dedican a la prostitución en el país caribeño. Es una cifra que califican como dramática.

Con la crisis económica en el país también han aumentado el número de mujeres que
deciden irse de Venezuela y emigrar a otros países en busca de una vida mejor. Pero su sueño de mejorar, muchas veces se frustra y se convierte en una pesadilla porque terminan siendo víctimas de trata y obligadas a trabajar como empleadas sexuales en el lugar de destino. Uno de los países donde hay más venezolanas en esta situación lamentable es México, donde una investigación llevada a cabo por varios medios de comunicación locales, por el diario venezolano El Universal (2020) y por el portal web de investigación también venezolano Armando Info (2020), se asegura que, “Organizaciones mexicanas criminales dedicadas al narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Los Cuinis, comenzaron a atraer mujeres venezolanas con buen aspecto físico a México para prostituirlas sin su consentimiento” (p.2). El problema comenzó en 2013, pero se ha agravado durante los últimos años y se estima que para este 2020 haya más de 50.000 víctimas, todas mujeres jóvenes y niñas entre 12 y 35 años.

En consecuencia, la cifra de mujeres venezolanas víctimas de trata ha aumentado un
300% en los últimos dos años, según las cifras aportadas por la investigación de estos medios, y ONGs como Paz Activa y Centro de Justicia y Paz, que trabajan con la trata de personas, esclavitud moderna y trabajo forzoso, afirman que en el ránking mundial de este delito, Venezuela ocupaba en 2018 el puesto número 18 del mundo, apenas superada por Perú en la región latinoamericana. El 70% de las víctimas son mujeres y los 25% menores de edad entre 7 y 14 años.

Sin embargo, en el marco de la crisis política de Venezuela, estos temas no son discutidos. La bancada del oficialismo, al igual que quienes adversan, no se hacen partícipes del sentir común y la embarazosa situación de las mujeres venezolanas en estado de pobreza no es incorporada a los diálogos significativos. Por ello es imprescindible recordar que la democracia y el desarrollo no serán una realidad mientras la mitad de la población se mantenga en una situación de precariedad y total ausencia de autonomía y libertad.

De acuerdo con el estudio “Comprendiendo el impacto de la pandemia en las mujeres
venezolanas que trabajan”, realizado por Deloitte (2020), el 82% de las mujeres dijeron que su vida ha sido impactada negativamente por la pandemia. El mismo reporte arroja que 65% de ellas afirma que ahora tienen mayores responsabilidades en el cuidado de sus hogares y familia; mientras que 1 de cada 3 señala tener mayor carga laboral que antes.

En un panorama en el que 40% de las mujeres se siente imposibilitada de balancear los compromisos de trabajo y vida personal, y en el que el fin de la pandemia es aún incierto, resulta lógico preguntarse, ¿hasta cuándo podrán seguir haciéndose cargo de estas responsabilidades?.

En igual retórica, ante el notable incremento en los niveles de ansiedad y la sobrecarga emocional que expresa este sector de la población, producto del aumento de responsabilidades y el actual contexto de salud, algunas mujeres (23% de las encuestadas) se han encontrado ante el dilema de elegir entre sus actividades personales y su carrera; incluso 10% de ellas ha considerado dejar de trabajar. Esta situación representa, sin duda, un riesgo para el desarrollo profesional de las mujeres y un posible retroceso a los avances en materia de inclusión y equidad de género que se han ido alcanzando.

Puede decirse que, la pandemia ha provocado cambios adversos en la rutina de 70% de las mujeres, quienes creen que este evento tendrá un efecto directo en el progreso de su carrera profesional. De hecho, 3 de cada 5, como revela nuestro estudio, han puesto en duda querer progresar en sus carreras en este momento, cuando ven lo que esto demandaría.

Antes de la pandemia, solo 1% de las mujeres hacía home office de tiempo completo; hoy, de acuerdo con la encuesta mencionada, la cifra se elevó a 37%. En este contexto, las organizaciones deben entender que la flexibilidad laboral no implica únicamente trabajar desde casa, sino que es un concepto que va más allá. Contempla también ajustarse a los horarios y necesidades de cada individuo de la organización y desarrollar una cultura organizacional en la que se generen prácticas y se impulse la definición de políticas en la materia, evitando que quienes se adhieran a ellas se sientan excluidos o con culpa.

El encontramos a más de un año y medio de la declaración oficial de la COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), traducido en un tiempo de crisis global e incertidumbres, se ha visto con preocupación cómo el coronavirus provoca, además de una gravísima emergencia de salud, el enconamiento de muchas de las desigualdades preexistentes, debido tanto al impacto social y económico de la pandemia como a las medidas adoptadas para paliarla.

En este escenario, las mujeres han sufrido y siguen sufriendo de forma especialmente
aguda las consecuencias de estas desigualdades, al tener que enfrentarse a una mayor
vulnerabilidad y también a nuevos obstáculos para alcanzar la igualdad. Son muchos los ámbitos en los que pueden observarse estas consecuencias. Uno de los más dramáticos ha sido el de la violencia de género, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con riesgos claros sobre el aumento de la mortalidad materna, el exceso o sobrecarga laboral para paliar el alto costo de la vida y, en otros casos, la desincorporación en el trabajo teniendo en cuenta que, el sistema de cuidados recae sobre ellas y, durante el confinamiento ha resultado cuesta arriba quien se encargue de las tareas escolares u otro tipo de actividades que cumplen los que aún se encuentran en edad formativa o ante la limitación que causa el estado de dependencia o autonomía de quien así lo tuviese.

Comprender el concepto de género ha llevado a un controversial debate, las ciencias
sociales se ven en la urgencia de encararlo con firmeza dada la connotación caótica que causa la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que, es precisamente en este ámbito de construcción teórica donde se configuran sus variadas significaciones como categoría de análisis crítico de las relaciones sociales, que a su vez, impulsan cambios en contenidos dentro de la disposiciones legales y en propósito de políticas públicas.
Sin embargo, en el país a pesar de avances introducido por los movimientos sociales y, en especial, los feminismos, nos encontramos aún en una sociedad donde sigue predominando la atribución del trabajo productivo a los hombres y el trabajo reproductivo a las mujeres, lo cual a su vez incluye, el trabajo no remunerado en el hogar y la atención o cuidado a las personas dependientes o que no pueden atenderse por sí mismas como resulta con las niñeces, las y los adultos o discapacitados.

Aunada a esta situación, existe un punto necesario de considerar, que refiere las facciones extremas políticas, lo cual hace estar a la mujer venezolana en mayor desventaja en relación a quienes habitan en otras localidades de la región. Por un lado, existe un gobierno que dice ser socialista, feminista, pero que presenta un discurso político en el cual planes y programas distan de un bienestar común, ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos, y, en otro, una oposición que solicita sanciones y bloqueo económico que son cruelmente padecidos por la ciudadanía común, de menor ingreso y posibilidad, en especial las mujeres.

Incorporando apreciaciones y datos de la Organización Internacional para las Migraciones (2020), este crítico estado ha traído como consecuencia que, 5,2 millones de personas abandonen el país, fenómeno ha sido calificado como el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis globales de desplazamiento. La recesión económica nacional que se atraviesa ha sumergido a la población en una condición de pobreza: un 79,3% no tiene suficientes recursos para cubrir la canasta básica alimentaria, 1 de cada 3 personas está en inseguridad alimentaria y solo en 1 de cada 4 hogares está garantizado el servicio de agua con frecuencia diaria.

Además, el nivel de participación económica es uno de los más bajos en la región, con un 44% de la población que se refugia en la inactividad, situación que afecta en mayor proporción a las mujeres (57%) que a los hombres (29%). Asimismo, la precarización del sistema de salud ha aumentado los casos nuevos de infección por el VIH y los de tuberculosis, así como el aumento de las tasas de mortalidad infantil y materna a niveles no vistos desde 1997: 25 de cada 1 000 niños nacidos en Venezuela mueren antes de cumplir los 5 años, y 125 mujeres mueren por cada 100 000 nacidos.

Ahora, con la llegada de pandemia por COVID-19, esta realidad ha empeorado y el sentido económico como una actividad social básica en la producción de los bienes necesarios a la subsistencia de la humanidad no solo ha tomado un mayor hincapié en la explotación laboral, sino también de riesgo a la salud por encontrarnos mayor tiempo en la calle y en la primera línea de posibilidad de contagio y muerte.

Y es que esta anomalía económica ha obligado permanecer fuera de casa, en doble o triple jornadas de trabajos en horarios irregulares, extenuantes, sin protección legal de beneficios contractuales, o, sumergidas en el teletrabajo, que se hace cada día más difícil con un salario calculado en el mejor de lo casos en 30 dólares que no permite cubrir los altos costos que representa la adquisición de equipos tecnológicos de alta gama, los servicios básicos incluyendo el eléctrico, así como la conectividad, que a juicio interpretativo, deben declararse como derecho laboral en pandemia y, por ende, gratuitos.

A la par de este panorama, se encuentra el trabajo reproductivo y familiar realizado aguas adentro, en atención a la casa y quehaceres, a las ocupaciones del hogar, el cual recae principalmente en las mujeres que se encuentran en condición de pobreza como población vulnerable que, ni ellas ni la sociedad, perciben que esta responsabilidad es desigual e injusta, que el cuidado tiene que ser una responsabilidad familiar compartida y una responsabilidad del estado y de la sociedad en su conjunto.

Según la actualización de población y vivienda en Venezuela (2020), el 31% de las mujeres mayores de 15 años se dedican con exclusividad a las tareas del hogar, presentando niveles educativos más bajos, con un analfabetismo del 15,1%, más bajo que el promedio nacional que estaba en 11% para el año 2016. Igualmente, una parte importante de las mujeres incorporadas en la fuerza de trabajo también realizan trabajo reproductivo, lo que representa una carga de trabajo adicional que no comparten los hombres. De los datos disponibles en esa consulta indican que, sólo 26,9% de las mujeres incorporadas a la fuerza de trabajo no tenían hijos, la mayor parte de ellas eran menores de 19 años; 34,3% tenían uno o dos hijos, y 31,6% tenían tres o más hijos.

Debido al cierre de las instituciones públicas como medida de bioseguridad ante el COVID-19, la situación descrita representa una carga reproductiva significativa que se suma a la carga productiva. Las madres no cuentan con suficiente apoyo institucional para la atención a los niños menores de cinco años, la cobertura de pre-escolares y maternales del sector público no está disponible y los costos del sector privado, para estos servicios, son bastante elevados. Muy pocos centros de trabajo cumplen lo pautado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), en cuanto a la obligatoriedad de brindar el servicio de guarderías para los hijos de trabajadores y trabajadoras en aquellos centros de trabajo que tengan veinte o más trabajadores de ambos sexos.

Es así entonces como la mujer venezolana diariamente se enfrenta a un tejemaneje o
malabarismo para realizar el trabajo y cuidado en la coyuntura venezolana y la pandemia de la COVID-19. Los grandes desafíos se hace presente para atender las responsabilidades laborales y familiares que, por asimetría de género, asumen casi totalmente y, que obliga a establecer estrategias para poder enfrentar tan disparatada realidad fenoménica, que resalta la existencia de un Estado donde reina la explotación, pobreza, desigualdad en la repartición de las cargas productivas y responsabilidades económicas entre géneros, y donde la desigualdad en las cargas reproductivas de ambos sexos permanece inamovible, recargando a las mujeres todo el peso en las responsabilidades reproductivas.

Las mujeres en pandemia, además de trabajar para poder mantenerse y a los suyxs, se han convertido en maestras, profesoras y supervisoras de sus propixs hijxs, en cocineras, en cuidadoras de niñxs y/o adultos mayores, generalmente familiares, es decir, en administradoras y participantes activas de otras tareas del hogar. A lo largo de más de un año y medio de confinamiento, las labores en casa aumentaron de manera significativa para este sector. El escenario ha sido un gran reto, pero también cargado de cansancio y desconcierto: por un lado, la impresión de tener que estar más presente en el hogar y apoyar a la familia; por el otro, la sensación de compromiso con el trabajo y de demostrar disponibilidad absoluta, sin importar horarios.

El balanceo de estos compromisos representa un riesgo para la salud integral de las mujeres y un posible retroceso a los avances en materia de inclusión y equidad de género que se han ido alcanzando en el país. Tal desequilibrio responde a una ideología de género que pudiera ser transformada, entre otras posibilidades, por medios y mecanismos de políticas públicas educativas contundentes, pero las acciones de igualdad de género del organismo de rector de la educación en nuestro país, el Ministerio de Educación, aún marchan muy lentamente, y los medios de información y comunicación tienen contenidos profundamente sexistas que afianzan
aún más las desigualdades de género en nuestra sociedad.

En este escenario se hace inminente la formulación e implementación de prácticas sociales para superar el desequilibrio que representa adjudicar la responsabilidad familiar, predominantemente a las mujeres. Es necesario que las mujeres como movimiento organizado de la sociedad tomen las riendas de las reivindicaciones que nos corresponden para el logro de la equidad de género en el trabajo.

Los programas dirigidos a las mujeres y a las familias a abordar aspectos cruciales relacionados con la pobreza de las mujeres y de las familias, los datos que vinculan la pobreza con el tiempo que le dedican las mujeres a las tareas de cuidado necesitan considerarse e incorporarse para lograr una mayor justicia social y equidad de género.
Finalmente, el país tiene la oportunidad de crear un nuevo pacto social y de género que reconozca los impactos diferenciados que recae sobre las mujeres, especialmente sobre grupos de mayor riesgo, a través de la participación igualitaria de mujeres y la incorporación del enfoque de género en todos los espacios y en todas las acciones y políticas públicas de mitigación y recuperación.

Tramo III
Aspectos deben Considerarse para Reconfigurar la Agenda Social Feminista Venezolana ante la Pandemia de la COVID-19.

No basta con levantar al débil, hay que sostenerlo después.
William Shakespeare (1564-1616)

La pandemia de la COVID-19 ha representado un desafío en Venezuela en materia de
salud, economía, bienestar, cohesión social y derechos humanos de las mujeres. El confinamiento ha tensionado y ampliado las desigualdades de género ya existentes en el país. La economía y, con ello, en el sector laboral o de trabajo, no se ha reivindicado como ha debido de ocurrir, al contrario, sigue marcando las grandes diferenciaciones entre hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes asumen el mayor número de ocupaciones con pagas deprimentes, así como la mayor carga doméstica. Aunado a ello, afrontan más riesgos de opresión y violencia, dadas las medidas de encierro decretadas por el gobierno para atender la emergencia sanitaria con lo cual debe permanecer mucho más tiempo con su agresor que casi siempre es parte del entorno doméstico y familiar.

Se supone que, ante esta realidad, los movimientos sociales, en especial los feministas, ha de establecer una alteración en las agendas próxima: enfatizando en la resolución de nudos críticos sociales, pero también en el tema de mujer y trabajo. Los ejes problemáticos, que quedan al descubierto drásticamente en esta pandemia, hacen una invitación a que la ocupación feminista se reestructure desde las prioridades, se revisen las alternativas estratégicas y establezcan nuevos lazos de solidaridad para salir de este desconcierto sanitario más fortalecida.

Si bien las mujeres siguen en la primera línea de la catástrofe sanitaria, su respuesta en el futuro será coral, integradora y sostenible. Por tanto debe pensarse al factor político, la calidad de la democracia, la fortaleza institucional, la sensibilidad cultural frente a las desigualdades y las reformas del Estado, como la oportunidad para la inclusión de la igualdad de género en los procesos de cambios y/o transformación. Alcanzar este estado de justicia implica incorporar la noción que las mujeres, en cuanto sujetas, no constituyen ni una clase social ni un estatus, de modo que las injusticias de género no pueden ser atribuidas solamente a un componente, sino que, incluyen tanto las injusticias económicas y la ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, como las sinrazones presentes en la forma en que se organiza la acción política y la toma de decisiones que las excluye.

La recuperación de una senda hacia el desarrollo implica, necesariamente, pensar en
políticas públicas diseñadas con un enfoque de género. No deberían abordarse estos temas como una moda o una exigencia de las agencias multilaterales para obtener financiamiento. Por el contrario, el empoderamiento de las mujeres venezolanas es condición indispensable para la disminución de la pobreza y el aumento de las oportunidades en las poblaciones más vulnerables. Es necesario retomar políticas de cuidado infantil que permitan la inserción económica de las madres y políticas de conciliación familia-trabajo, entre otras que promuevan la autonomía económica de las mujeres.

Entonces, mirar recomendaciones para reconfigurar la agenda social feminista venezolana ante la pandemia de la COVID-19, transita por:
1. Desde la mirada feminista, no solo volver sobre los fundamentos teóricos, sino también políticos organizativos, de nuestros compromisos de lucha por la emancipación nacional y universal. Los objetivos de la agenda feminista, también tienen que estar centrados en la distribución de la riqueza social, bajo una matriz que incorpore la infraestructura de cuidados de manera definitiva.

2. Se debe trabajar en la formulación de alternativas al neoliberalismo y mantenerse
alerta para evitar todo riesgo de entrar en el juego del razonamiento neoliberal o de servir a sus procesos de reestructuración.

3. En atención a los puntos 1 y 2, proceder a realizar estrategias de transversalización presupuestal robustas que reorienten el gasto para cumplir con el acceso y disfrute de derechos humanos en condiciones de igualdad. Sumar a la sociedad civil organizada,
pues las organizaciones cuentan con el conocimiento para su realización.

4. Incidir en el gobierno para que defina el horizonte temporal en que logrará garantizar los derechos humanos de las mujeres.

5. Es imprescindible tener en cuenta la perspectiva de género, para que las medidas
que se adopten en el corto, medio y largo plazo sean lo más efectivas posibles, tanto para las mujeres como para los hombres.
6. Finalmente, en un plano específico, cualquier conversación sana desde la agenda feminista venezolana, pasará por exigir al gobierno nacional derogar la resolución 2792 emanada en octubre 2018 por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, la cual sigue vigente y con la que se congelaron las convención colectivas de todos los sectores laborales del país luego de la reconversión monetaria y puesta en marcha del plan de recuperación económica, así como ajustar los salarios en el corto tiempo con miras a cumplir con lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución y alcanzar salarios acordes a los niveles inflacionarios.

A Manera de Cierre y Aporte a la Educación
Es cierto que este virus no entiende de clases sociales pero sus costes, el impacto de esta pandemia, sí ha aumentado aún más la brecha social, la desigualdad, y la vulnerabilidad. Para el momento de la expansión de la crisis sanitaria a finales del 2019, Venezuela se encontraba en una crisis económica iniciada durante los últimos 14 años y ahora, con la llegada de la COVID19 nos enfrentamos a una nueva, con afectación general y en especial a las mujeres.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa afectando nuestras vidas cotidianas, las desigualdades presentes se magnifican. El virus mismo afecta desproporcionadamente a las mujeres y ha tenido un mayor impacto económico en adultas de bajos ingresos, personas de color, raza originaria, campesinas, y en la comunidad LGBTQ+. Para muchas mujeres, los efectos financieros de la pandemia se agudizan por la continua desigualdad de género en el hogar.

En general, las mujeres venezolanas hacen la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Las mismas representan el 75% de los cuidadores y pasan hasta un 50% más de tiempo brindando cuidados que los hombres. En las relaciones heterosexuales, las mujeres pasan mucho más tiempo cuidando niños y haciendo los quehaceres domésticos que sus parejas varones. Este tiempo adicional que dedican al trabajo doméstico es una de las razones principales de las brechas de género en la remuneración y en los ascensos en el trabajo.

La desigualdad de género en el hogar solo se está agravando a medida que la pandemia aumenta los cuidados y las responsabilidades del hogar. En el abordaje realizado para este ensayo, donde se contó con un total de 45 entrevistadas al respecto, el 70% de las mujeres informaron que son plenamente o principalmente responsables de las tareas domésticas durante el confinamiento y el 66% dijo lo mismo sobre el cuidado de los niños. El 80% de las mujeres también informaron que pasan más tiempo educando en casa a sus hijos o ayudándolos con la enseñanza a distancia que sus cónyuges.

Sabemos que el estricto cumplimiento de los roles de género es un factor de riesgo para la violencia sexual, es decir, algo que hace que la violencia sexual sea más probable que suceda en nuestra sociedad. Ante lo que parece una avalancha de malas noticias cada minuto de cada día, tratar de procesar las implicaciones de la pandemia a largo plazo puede ser abrumador. Pero parte de la reflexión implica analizar las estructuras de la sociedad que contribuyen a la opresión y examinar cómo nuestras propias acciones están influenciadas por normas sociales dañinas.

Cuando perpetuamos los estereotipos de género y no reflexionamos sobre los comportamientos que pueden ser dañinos, corremos el riesgo de crear comunidades que no son seguras. Las actitudes que implican desigualdad de género se encuentran entre los factores principalmente asociados a la perpetración de violencia interpersonal. Las personas que se rigen por las normas tradicionales de función de género o creen que las mujeres son inherentemente inferiores tienen más probabilidades de cometer violencia sexual.

Las normas y las creencias nocivas son la fuerza impulsora detrás de la opresión y la desigualdad en nuestra sociedad. Las expectativas culturales de lo que significa “ser hombre” y “ser mujer” ejercen influencia en todos los aspectos de nuestros comportamientos cotidianos, inclusive quién se hace cargo de la mayor parte del trabajo doméstico.

Pero, esto puede ser sustantivo: todas y todos podemos trabajar para cambiar las normas y crear una sociedad más segura y equitativa. Primero, debemos considerar la manera en que las tareas domésticas y las responsabilidades del cuidado se dividen en el hogar. Si su pareja, un integrante de la familia u otro miembro del hogar le dice que se siente abrumado, tómese el tiempo para realizar algunas de las tareas que esa persona realiza. Ya sea que cuide niños o adultos mayores, dé el ejemplo compartiendo la responsabilidad en pie de igualdad. Y siempre tómese el tiempo para reflexionar sobre si usted está haciendo su parte, independientemente de su género.

En un momento en que pequeños pasos pueden hacer una gran diferencia, no podemos permitirnos ignorar la cuestión de la desigualdad de género. Al modelar la igualdad de género en el hogar y enfrentarse a los estereotipos dañinos en nuestra vida cotidiana, podemos allanar el camino para una sociedad en la que las mujeres sean iguales en el hogar, en el trabajo y en sus comunidades, y trabajar por un mundo libre de violencia sexual.

Aspectos necesarios de considerar y que emergen durante el desarrollo de este ensayo, es que, os costes de la pandemia son fundamentalmente económicos, sí, pero no exclusivamente. No solo debemos centrar el análisis y nuestra preocupación en la desigualdad de ingresos, sino también sobre una serie de desigualdades institucionalizas en nuestra sociedad que atiende a las individualidades por ser mujer, por la edad, por la procedencia, por la pertenencia a una clase social, por la orientación sexual, por formar parte de una minoría sexual, por el nulo o escaso nivel formativo, por la presencia de una discapacidad intelectual y diversidad funcional, por la situación de dependencia de mayores y personas con discapacidad, por la existencia de enfermedades mentales o físicas, por la ausencia de vivienda o porque ésta sea infravivienda, por pertenecer a una minoría étnica, por adicciones a sustancias o de otro tipo, por residencia en poblaciones segregadas y marginales, por confinamiento en centros penitenciarios, o de inmigrantes, por el acceso a la tecnología o a la inaccesibilidad a las TIC, por la existencia de redes informales, por la adhesión a las redes formales, por la procedencia de ingresos de economía informal, por las violencias sobre las mujeres, por la violencia y los abusos sexuales a menores, etc. Estas, además, añaden opresión y discriminación, aumentando, por tanto, la vulnerabilidad, el riesgo de aislamiento y de exclusión social.

Esto es, las personas marginadas se vuelven aún más vulnerables en las emergencias. Por ello, en el contexto actual producido por el virus, la corona-crisis, los que corren más riesgo son las personas que se encuentran en los márgenes de nuestra economía y nuestra sociedad, y en ello, las mujeres son las más notorias. Estamos todavía en tiempo presente, pero mañana ya es futuro y debemos adelantarnos con medidas de protección social universales y competentes con efectos preventivos y sostenibles.

No se trata de respuestas graciables y temporales, sino de soluciones que sirvan para ampliar los derechos y las protecciones a las mujeres, y no para aumentar las filas de los precarixs y vulnerables, puesto que, se estima que 85% personas que viven en situación de pobreza y exclusión social en el país. Ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias donde el centro sean las personas, como aboga el enfoque de Derechos Humanos, porque en esta crisis no existen responsabilidades individuales sino consecuencias colectivas. Respuestas a través de los sistemas de protección para que las personas puedan vivir con confianza, con seguridad, con dignidad y con plena realización de sus derechos, porque los sistemas de protección social son instrumentos para la transformación social, para la democracia y para la creación de sociedades justas. Los sistemas de protección social son más que la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de la sociedad en situación social y económicamente desfavorecida.

Es necesario entender que, más allá del impacto sobre la salud, el COVID-19 afectará al mundo del trabajo en tres dimensiones: la cantidad de empleos con el consecuente aumento de desempleo y subempleo; la calidad del trabajo en relación a salarios, acceso a la protección social y horas; y los efectos sobre grupos específicos más vulnerables a los resultados adversos del mercado laboral tales como personas mayores y jóvenes, autónomos, migrantes, personas con discapacidad, con problemas de salud física o mental, y también, a las mujeres que están sobrerrepresentadas en el sector servicios y en determinadas profesiones.

Curiosamente, por la equivocada asignación de roles de género, en esta pandemia las
mujeres ocupamos mayoritariamente las profesiones y ocupaciones de primera línea, todas ellas con exposición directa: profesionales de la salud -médicas, farmacéuticas, enfermeras, auxiliares de enfermería-, trabajadoras sociales, auxiliares de gerontología, auxiliares de ayuda a domicilio de personas dependientes, limpiadoras y cocineras de centros sanitarios, de mayores, de migrantes, etc. Y, sin embargo, se señala el impacto laboral en los empleos feminizados de alto riesgo consecuencia de la corona-crisis. No podemos dejar de señalar el impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en el 2015 por
la Organización de Naciones Unidas (ONU), una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

El COVID-19 afecta casi a todos los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, pero preciso destacar uno en particular: el objetivo 10, “Reducir las desigualdades”, objeto de nuestra disciplina y profesión a través de la atención directa y de la reforma social, y, además porque sobre este impactan otros como el objetivo 4 “Calidad de la educación” (en estos momentos se ha procedido al cierre de los centros educativos en todos sus niveles sustituyéndose la educación presencial por la educación online lo que supone que en muchos casos no se tenga accesibilidad y por tanto, dificultando el proceso y progreso educativo); el objetivo 5 “Igualdad de género” (los empleos y economías de las mujeres están en peligro, aumentan los niveles de violencia contra las mujeres y su mayor exposición al contagio pues representan la mayoría de las profesiones sanitarias y del trabajo social); el objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” (en estrecha relación al anterior) y 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” (las personas que viven en barrios marginales se enfrentan a un mayor riesgo de exposición debido a la alta densidad de población y a las malas condiciones de salubridad).

Finalizo este breve texto, manifestando el deseo de que esta pequeña reflexión compartida nos abra los ojos a realidades invisibles e invisibilizadas, que no son  inexistentes y hay personas que las sufren. Esperamos que no se cumpla aquella afirmación de Groucho Marx: “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

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