Los gremios docentes de todo el país lanzaron una contundente convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha de 48 horas, con un objetivo claro: alzar su voz en apoyo a los jubilados y en defensa de la educación pública. La medida, impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), se llevará a cabo los días miércoles 11 y jueves 12 de septiembre, y promete movilizar a miles de trabajadores de la educación en todo el territorio nacional.
El epicentro de la protesta será el Congreso de la Nación, donde los docentes se unirán a la movilización de los jubilados para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad. Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, explicó que la medida es una respuesta directa al “intento de cercenar los derechos de los jubilados y desfinanciar la educación pública”.
“La educación y los derechos de nuestros jubilados están en juego, y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó Alesso. “Nosotros, los docentes, sabemos lo que es luchar por nuestros derechos y hoy nos unimos a nuestros mayores para decirle al gobierno que no vamos a permitir más atropellos”.
Además del apoyo a los jubilados, los docentes tienen una lista de reclamos que incluyen el rechazo a la reforma jubilatoria en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la restauración del Fondo de Incentivo Docente (FONID), y un presupuesto educativo acorde a las necesidades del sistema. “Es inadmisible que se siga recortando en educación mientras nuestros salarios quedan relegados”, agregó la dirigente.
El jueves 12, se espera que la protesta se extienda a las distintas provincias del país, donde se realizarán acciones en simultáneo. Los docentes también se manifestarán contra el presentismo, una medida que consideran “punitiva y desmotivadora”, y contra la represión a la protesta social, que ha sido un punto de conflicto en varias provincias.
Otro de los temas en agenda es el fallo reciente que declaró inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que buscaba declarar a la educación como un “servicio esencial”, limitando el derecho a huelga. “Este fallo es una victoria para todos los trabajadores de la educación. No vamos a permitir que nos quiten el derecho a huelga, que es una herramienta fundamental en nuestra lucha por una educación digna”, destacó Alesso.
El salario mínimo docente, que se encuentra en $420.000 y fue fijado unilateralmente por el Gobierno, también será un punto central en las jornadas de protesta. Los gremios lo han rechazado por considerarlo insuficiente frente al costo de vida actual.
Los docentes han dejado claro que esta jornada de lucha es solo el comienzo de un camino que buscará revertir las políticas que consideran perjudiciales para la educación pública y los derechos de los trabajadores. “Nos vamos a mantener en la calle hasta que se escuche nuestra voz”, concluyó la secretaria general de CTERA.
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