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Los multimillonarios golpean a la democracia

Por Sergio Ferrari 

Ofensiva antisindical mundial

Cuestionado por mal comportamiento laboral el Gobierno argentino recibió una fuerte sanción. La principal confederación sindical mundial ubica a Argentina entre los 10 peores países en cuanto a respeto de los derechos sindicales.

Tabla de posiciones que significa una verdadera condena a Javier Milei. Inmutable y luego de algunas semanas el Gobierno argentino parece no haberse dado por aludido ante esas serias críticas internacionales. Sigue adelante con su programa macro de ajustes -robustecido por la reciente visita al país de la directora del Fondo Monetario Internacional- y de medidas antisindicales.

Por su parte, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales ratificaron el 22 de julio su “Plan de lucha” contra el Gobierno de Milei, anticipando una marcha en la primera semana de agosto y una movilización cuando el Gobierno convoque a patronales y sindicatos al Consejo del Salario Mínimo con el objetivo de definir el nuevo ingreso básico.

La radiografía gremial que publicó en junio pasado la Confederación Sindical Internacional (CSI), la organización de trabajadores más grande del mundo, reconoce como tendencia mundial un aumento de las violaciones de la libertad de expresión y de reunión a lo largo del último año, así como de los casos de agresión violenta contra trabajadores y ataques frontales contra las libertades civiles, como puede verse por la cantidad de arrestos y detenciones de trabajadores y sus representantes.

En su Informe de 2026 El Índice Global de los Derechos de la CSI. Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, esta organización expresa su preocupación por la persecución de líderes sindicales, algo cada vez más habitual en un número cada vez mayor de países y advierte sobre el uso cada vez más frecuente de las nuevas tecnologías como método de control y para vigilar, disciplinar y silenciar a los trabajadores. Además evalúa que cada vez son menos los gobiernos que consultan a los sindicatos antes de enmendar o promulgar leyes laborales.

Alarmante ataque al sindicalismo

El diagnóstico de la CSI, entidad que aglutina 344 centrales y federaciones de 171 países con más de 200 millones de miembros, es contundente: lo que está ocurriendo es una erosión global de los principios democráticos, resultado de lo que califica como un “golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia”. Como un desgaste financiado por los ricos e implementado por líderes autoritarios y de extrema derecha. “El acaparamiento de beneficios y el hecho de que las expectativas de recaudación de impuestos sobre el patrimonio no se cumplan en la práctica”, alega la CSI, “hacen que este golpe de Estado se traduzca en un deterioro del nivel de vida”. En consecuencia, las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que deberían constituir la base de la democracia, son acalladas, mientras que aquellos que las socavan concentran más riqueza en sus manos.

Para la CSI, se trata de “un patrón que los poderosos preferirían mantener oculto: el debilitamiento sistemático de la democracia mediante ataques a los trabajadores, a los sindicatos y a la negociación colectiva”. Desde la represión de las huelgas hasta la erosión de las medidas de protección jurídica y la criminalización de los sindicatos, nada de esto constituye incidentes aislados, sino tácticas de una estrategia más amplia que pretende silenciar la disidencia y afianzar las desigualdades.

Varios porcentajes ilustran el deterioro de los derechos laborales esenciales. En el 50% de los países, por ejemplo, hubo ataques contra la libertad de expresión y reunión. En 75 países (el 50% de los evaluados) se ha arrestado o detenido trabajadores, un récord histórico. El derecho al registro legal de los sindicatos se ha visto obstaculizado en el 75% de los países. El derecho de huelga se vulneró en el 87% de los países. La negociación colectiva se restringió en 121 países, el mismo número que el año anterior, y en tres de cada cuatro países se obstaculizó la libertad de asociación, así como de formación de sindicatos y la afiliación a los mismos.

Europa y las Américas (Norte, Centro y Suramérica) se han llevado las peores calificaciones desde 2014, año en que se creó este Índice. A modo de advertencia y sanción, cada año la CSI señala los peores diez países, es decir, los que menos respetan los derechos sindicales. En 2026 Argentina entra en dicha categoría con otras dos naciones latinoamericanas, Panamá y Ecuador; Turquía y Bielorrusia en Europa; Túnez, Egipto, Nigeria y Suazilandia, en África, y Myanmar (Birmania) en Asia. (https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_right_index_2026_es_v2.pdf?44483/4fb8b077de35d3439ad7f7f790918425a5947576c54824f0d83c2882641ee790).

Caer más bajo, casi imposible: el mal ejemplo argentino

Argentina está hoy entre los peores calificados en cuanto a derechos sindicales y su ubicación en la lista empeoró por segundo año consecutivo, pasando de “la existencia de violaciones regulares de los derechos” a una situación en la que “los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”. Según la CSI, “desde su llegada al poder en 2023, el presidente de extrema derecha Javier Milei ha encabezado un programa radicalmente antisindical, socavando derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y la actividad sindical”.

Este descenso brusco y sin precedentes en apenas 24 meses deja a Argentina en el nivel 3 de 5 en una escala donde 5+ es el peor, el de “derechos no garantizados debido a la destrucción del Estado de derecho”. El mismo nivel en el que se encuentran únicamente naciones con situaciones de conflicto extremo, catástrofes o guerras, desde Haití a Sudán del Sur, pasando por Siria, Burundi y Libia. Argentina se acerca peligrosamente a esta calificación extrema.

La evaluación que la CSI hace de Argentina detalla los hechos concretos detrás de tan mala nota. Por ejemplo, la imposición de parte del Gobierno de niveles obligatorios de servicios “mínimos” sobre los trabajadores. Es decir, la exigencia de que en un contexto de huelga, de todo modo continúen proveyendo las funciones y tareas estrictamente necesarias para proteger las instalaciones de la empresa y garantizar la prestación de servicios, y con severas sanciones por incumplimiento. Además, el hecho de que los trabajadores y los sindicalistas deban enfrentar abusos sistemáticos y una reducción del espacio cívico. En agosto de 2025, recuerda la CSI, la policía detuvo a Federico Giuliani, secretario general de la sección cordobesa de la Asociación de Trabajadores del Estado (Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, o ATE-CTA A), junto con otros 14 manifestantes. Una vez en libertad, Giuliani se vio obligado a huir a España en calidad de refugiado político. (https://www.elsaltodiario.com/argentina/represion-sindical-federico-giuliani).

Como respuesta a la ofensiva gubernamental del Gobierno de Milei en los últimos 30 meses, las tres confederaciones sindicales argentinas más importantes convocaron varias huelgas. Según el Centro de Economía Política (CEPA), durante ese mismo periodo cerraron 28.262 empresas y se perdieron 350.000 puestos de trabajos formales, lo que ilustra la dimensión del proyecto antisocial del actual Gobierno (https://centrocepa.com.ar/documentos/informes/820-analisis-de-la-dinamica-laboral-y-empresarial-datos-a-abril-2026).

En el frente de resistencia contra Milei no solo se encuentran el movimiento sindical y en especial los sectores más combativos del mismo. Son centenares las movilizaciones sociales a nivel local, regional y nacional, así como el aumento de la represión. Cada miércoles desde hace varios meses, el Movimiento de Jubilados se moviliza en las principales ciudades del país. Cada 24 de marzo (aniversario del golpe de Estado de 1976), miles de personas salen a la calle por la Memoria y ahora también con consignas antigubernamentales. Fuerza creciente y muy significativa la de las mujeres y las diversidades que se autoconvocan dos veces por año. La última Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en noviembre de 2025, congregó, según diversas fuentes, más de un millón y medio de participantes, y miles de personas se movilizaron en febrero de este año con la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista para reclamar contra la precarización de la vida y la reforma laboral aplicada por el Gobierno, iniciativa que reduce los derechos de los trabajadores y busca debilitar a los sindicatos.

En su Tercer Informe Especial de la Represión a la Protesta Social, publicado en enero, la Comisión Provincial de la Memoria constata que, en 2025, 4 de cada 10 movilizaciones públicas fueron reprimidas y que en 34 de las 79 marchas hubo represión (17 de 60 el año anterior); que unas 1.369 personas fueron heridas (1.216 heridos el año anterior), algunas de enorme gravedad, como ocurrió con el fotorreportero Pablo Grillo, y que dos personas perdieron la visión en un ojo. También, que se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos y aumentaron las detenciones arbitrarias con respecto a las del año anterior (https://www.comisionporlamemoria.org/se-duplico-la-represion-en-el-ultimo-ano-con-mas-personas-heridas-y-detenidas-arbitrariamente/).

Ultraderecha vs. sindicatos latinoamericanos

Una delegación de la UNI Global, principal confederación internacional de sindicatos del sector de servicios, con sede en Nyon, Suiza, visitó la región sudamericana a fines de junio de este año. En su informe sobre esa visita sostiene que “Argentina no es un caso aislado [ya que en] todas las Américas, gobiernos de derecha ganan las elecciones y muchos de ellos llevan a cabo la misma política una vez en el poder”. ¿De qué manera? Invocando la noción de urgencia económica para imponer reformas por decreto, lo cual les permite eludir el debate y la consulta.

Como ocurrió en Brasil bajo el Gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2023, y como está ocurriendo hoy en Argentina bajo el de Milei, subraya el Informe de la UNI Global, estos gobiernos terminan socavando la capacidad de los sindicatos para obtener los recursos que necesitan para continuar funcionando.

Por otra parte, Chile ha complicado considerablemente la realización de huelgas al imponer un nivel excesivo de “servicio mínimo” como el que Milei promueve en Argentina. En tanto, Ecuador y Perú están limitando las manifestaciones sindicales a áreas designadas como de “bajo impacto”, mientras que Trinidad y Tobago ha restringido los lugares donde se puede manifestar, concretamente, a zonas alejadas de las instituciones públicas. En Panamá y El Salvador los líderes sindicales han sido procesados y encarcelados (https://uniglobalunion.org/news/in-argentina-and-across-the-americas-unions-push-back-against-right-wing-attacks/).

¿Alternativas viables ante este programa antisindical? Más que recetas teóricas, es el momento de reforzar la unidad de los movimientos sociales a nivel nacional y regional. El Informe de la CSI vislumbra esta propuesta de “organización, negociación y campaña juntos”, lo que dará poder a los trabajadores y las trabajadoras para revertir esta erosión de sus derechos y construir un futuro más justo, inclusivo y democrático para todos. En tiempos en que las instituciones democráticas se encuentran bajo constante presión, los sindicatos no solo defienden los derechos en el trabajo, también salvaguardan la misma democracia.

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Argentina: ¿Por qué paran los docentes? La pelea por la educación pública en primera persona

¿Cómo continúa el plan de lucha de los docentes frente a las medidas de ajuste? Analizamos la situación actual del conflicto educativo, las principales demandas del sector y las voces de quienes sostienen la educación pública en todo el país. Desde el reclamo salarial hasta la defensa del presupuesto universitario y escolar, recorremos los puntos clave de una movilización que sigue creciendo.

 

https://www.laizquierdadiario.cl/Por-que-paran-los-docentes-La-pelea-por-la-educacion-publica-en-primera-persona

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Chile: Estudio revela que niñas y niños piden más juego, naturaleza y afecto en su educación

«Escuchando las voces de los niños y niñas para la transformación» es una investigación inédita dirigida por la académica del Departamento de Educación, Mónica Manhey, junto con Sofía Espinosa, Aylene Lazo y Camila Villalobos, estudiantes de quinto año de Pedagogía en Educación Parvularia e integrantes del Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Políticas Públicas.

El estudio recogió las opiniones de 105 niñas y niños de entre 4 y 8 años sobre la educación que reciben y la que desean. Las y los participantes provenían de jardines infantiles, colegios y liceos públicos y privados de la Región Metropolitana.

Uno de los hallazgos que más interpela al equipo investigador es que los principales anhelos expresados por las niñas y niños -más juego, mayor contacto con la naturaleza y vínculos afectivos cálidos- coinciden con aquello que la evidencia científica internacional identifica desde hace años como una educación de calidad durante la primera infancia.

«La pregunta que nos deja el estudio no es técnica, sino política: si sabemos lo que necesitan y lo que ellos mismos piden, ¿por qué seguimos sin traducir eso en cambios concretos en el currículo escrito y vivido? Escuchar genuinamente a la infancia no es solo un imperativo ético derivado de sus derechos, sino también una vía muy directa para mejorar la calidad de la educación que les ofrecemos», comentó la profesora Mónica Manhey.

Presentación ante organismos nacionales e internacionales

La presentación pública de los resultados se realizó el 31 de julio en el Auditorio Pedro Ortiz y fue encabezada por las tres estudiantes, quienes cursan quinto año de la carrera y se encuentran en periodo de práctica profesional.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Camila Barrios, del Departamento de Educación. En el ámbito internacional, comentaron y valoraron la investigación Patricia Misiego Telesca, representante de UNICEF Panamá, y María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos (IIN-OEA), con sede en Montevideo, Uruguay. Ambas destacaron la relevancia del estudio para la incidencia pública.

En Chile, también valoraron la iniciativa Denise Arriagada, vicepresidenta subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI); Ivonne Morales y Odette Barahona, de la Agencia de Calidad de la Educación; la exsubsecretaria de Educación Parvularia Claudia Lagos; y el profesor Carlos Andrade, codirector de la Cátedra UNESCO sobre Bienestar de la Niñez y Juventud, Educación y Sociedad de la Universidad de Chile.

Participación de más de 100 niñas y niños

Para desarrollar la investigación, se seleccionó intencionalmente una muestra que permitiera representar distintas realidades educativas de la Región Metropolitana. Entre los criterios de inclusión se consideró la participación de niñas y niños de entre 4 y 8 años que cursaban segundo nivel de transición, primero o segundo básico.

La muestra buscó, además, incorporar paridad de género, diversidad sociocultural -incluidos pueblos originarios, familias migrantes y niñas y niños con discapacidad-, así como diversidad territorial y socioeconómica.

Las y los participantes provenían de establecimientos públicos y privados de comunas con distintos niveles de ingreso, desde Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia y Puente Alto hasta Vitacura y Ñuñoa.

«Inicialmente proyectamos una muestra de 60 participantes, pero en terreno alcanzamos 105, ello debido al entusiasmo de los niños y niñas y la apertura a las educadoras y direcciones de los establecimientos», relató Manhey.

Lo que dijeron las niñas y niños participantes

La metodología consideró una entrevista semiestructurada que fue presentada a las niñas y niños como «el juego de la entrevista». Esta incluyó cinco preguntas abiertas, se realizó principalmente en formato grupal -o de manera individual, según el contexto- y tuvo una duración máxima de 30 minutos.

Las entrevistas se realizaron sin la presencia de sus educadoras o educadores, con el propósito de que las y los participantes se sintieran libres de expresar sus opiniones. Las preguntas abordaron lo que más y menos les gustaba de su jardín infantil o colegio, cómo imaginaban su establecimiento ideal, cómo les gustaría aprender y qué les dirían a sus educadoras sobre la manera de realizar las clases.

Los comentarios fueron organizados en tres grandes categorías. En primer lugar, se identificó aquello que más valoran de su experiencia educativa actual. El juego apareció de manera transversal como el elemento central -«me gusta jugar en el patio con mis amigos»-, junto con los vínculos afectivos con sus educadoras, a quienes se refirieron como «las tías», y el deseo de «que digan cosas bonitas».

En segundo lugar, surgieron críticas relacionadas con recreos que consideran demasiado breves, patios de cemento con pocos elementos naturales -«casi no tenemos piedras… es pasto falso»-, conflictos entre compañeras y compañeros y una cantidad de tareas que perciben como excesiva.

Finalmente, las niñas y niños expresaron sus anhelos de transformación: más naturaleza y espacios para jugar, infraestructura lúdica, como columpios y juguetes, y elementos propios de su cultura infantil, como videojuegos y personajes de fantasía. Estas respuestas reflejan su deseo de incorporar aventura, juego y sorpresa en el aprendizaje.

Las infancias sí opinan

El estudio confirma que las niñas y niños, desde los 4 años, son capaces de formular críticas fundamentadas y propuestas de transformación educativa cuando se generan condiciones adecuadas de escucha. Para ello, se requiere utilizar un lenguaje sencillo, respetar sus ritmos y aplicar técnicas lúdicas que reduzcan la asimetría de poder entre las personas adultas que investigan y quienes participan del estudio.

Según la profesora Manhey, la clave no está en la edad, sino en el tipo de interacción que se logra generar, en este caso, mediante un juego.

«Que este tipo de investigación sea poco frecuente -sobre todo en Chile y América Latina- responde a una tradición adultocéntrica que históricamente ha tratado a la infancia desde la lógica de la ‘incompletitud’, como sujetos en preparación para la vida adulta y no como actores sociales con opinión propia y válida hoy», comentó.

A esto se suman obstáculos concretos. La investigación con niñas y niños pequeños exige protocolos éticos rigurosos, tiempo, recursos y formación especializada para realizarla adecuadamente, condiciones que muchas veces desalientan a los equipos de investigación.

La investigación se desarrolló en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Productividad y Continuidad en Investigación (FPCI) 2024, código 10-0924.

Carolina Escobar, periodista Facultad de Ciencias Sociales.

https://uchile.cl/noticias/243092/estudio-ninas-y-ninos-piden-mas-juego-naturaleza-y-afecto-en-su-educacion

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Las aulas del extractivismo digital: La ofensiva biométrica sobre las infancias en América Latina

Por: Equipo de Investigación de Otras Voces en Educación (OVE)

Caracas / Ciudad de México / São Paulo / Buenos Aires

Bajo las consignas corporativas de la “modernización”, la “eficiencia administrativa” y la supuesta “seguridad”, las escuelas públicas y universidades de América Latina se han convertido en la nueva frontera del extractivismo de datos. Una silenciosa pero agresiva ola tecnológica avanza sobre las aulas de la región, implementando sistemas de reconocimiento facial, lectores de huellas dactilares y software de vigilancia afectivo-gestual (proctoring).

Lo que las empresas transnacionales de tecnología educativa (EdTech) y los gobiernos locales promocionan como el «futuro de la educación», pedagogos críticos, sindicatos docentes y organizaciones de derechos digitales lo califican como un laboratorio de control social y despojo de la privacidad de los sectores más vulnerables.

El Mapa de la Emergencia: Radiografía de la Vigilancia Regional

La biometría no se presenta de la misma manera en toda la región, pero comparte un mismo objetivo: registrar el cuerpo para automatizar la disciplina.

🇧🇷 Brasil: El rostro a cambio del almuerzo escolar

En Brasil, la biometría facial avanzó de manera masiva en las redes municipales y estaduales de enseñanza bajo la excusa de «controlar el ausentismo» y «optimizar las raciones del comedor».

  • El ejemplo: Municipios como Goiânia (a través del programa Conecta Educação) y diversas localidades del estado de São Paulo adoptaron softwares privados de reconocimiento facial (como faceSchool, de la empresa Biomtech). El sistema escanea el rostro de niños de primaria al ingresar al plantel y, de manera automatizada, envía alertas de texto a los padres y notificaciones al Conselho Tutelar (Consejo Tutelar) si el estudiante no se presenta.
  • La denuncia: Organizaciones civiles como InternetLab e Intervozes han denunciado la profunda opacidad en los contratos y la absoluta vulnerabilidad de los servidores donde se alojan los mapas faciales de millones de menores de edad, violando flagrantemente la Lei Geral de Proteção de Dados(LGPD).

🇦🇷 Argentina: «Proctoring» y la vigilancia gestual en la educación superior

En Argentina, el desembarco biométrico se aceleró en el nivel superior y secundario técnico, mudando el control físico de los pasillos al ecosistema virtual de los exámenes.

  • El ejemplo: Universidades públicas (como la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Buenos Aires) e institutos terciarios adoptaron plataformas integradas con el ecosistema de gestión educativa (como variantes del SIU) que incluyen herramientas de proctoring automatizado. Durante los exámenes, el software graba al estudiante, analiza sus movimientos oculares, el parpadeo y la posición de la cabeza para detectar supuestos «patrones de fraude».
  • La denuncia: El Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) ha liderado batallas legales advirtiendo que estos softwares asumen de manera algorítmica que la neurodivergencia, un tic o mirar hacia un costado por concentración son sinónimos de «trampa», estigmatizando y excluyendo a los estudiantes a través de una caja negra matemática.

🇲🇽 México: La burocratización de la identidad y la resistencia civil

En México, la biometría escolar ha intentado filtrarse a través de la presión administrativa de los macroproyectos de identidad digital ciudadana.

  • El ejemplo: Tras las discusiones legislativas y decretos en torno a la modernización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para convertirla en una «CURP Biométrica» (recolectando fotografía facial, huellas dactilares y escaneo de iris), decenas de planteles públicos y privados comenzaron a exigir o sugerir este trámite a los padres de familia como requisito indispensable para las inscripciones escolares.
  • La denuncia: La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) tuvo que activar campaigns de contención legal ante la Secretaría de Gobernación (Segob), obligando a las autoridades a aclarar que ninguna escuela puede condicionar el derecho constitucional a la educación a cambio de datos biométricos. La CURP tradicional sigue siendo el único documento obligatorio.

El Impacto en la Educación Infantil: La Colonización de la Niñez Temprana

El eslabón más frágil de esta cadena punitiva es la Educación Infantil. En los primeros años de vida, el espacio escolar debe ser un entorno de juego, exploración y configuración de la identidad. La introducción de la biometría en el nivel inicial altera profundamente los procesos psicológicos y pedagógicos del desarrollo del niño:

  • Destrucción del espacio seguro: Para el pensamiento infantil, una máquina que escanea sus cuerpos para «permitirles la entrada» o «darles comida» despoja a la escuela de su carácter de hogar comunitario. El aula deja de ser el espacio del cuidado y se asimila a una aduana o una prisión.
  • La mirada del docente como intermediario de la máquina: En la pedagogía de la primera infancia, la mirada afectiva y el registro observacional del maestro son fundamentales para evaluar el desarrollo integral. La biometría desplaza la sensibilidad docente: el maestro ya no valida al niño mediante el vínculo humano, sino que espera a que una pantalla aroje una luz verde de «autorizado».
  • La internalización de la autocensura corporizada: Investigaciones recientes en el campo de la educación y los derechos de la niñez demuestran que someter a niños pequeños a una evaluación algorítmica diaria provoca que modifiquen de manera inconsciente sus gestos y posturas corporales para «agradar» al software, mutilando la espontaneidad afectiva y el desarrollo psicomotriz libre.

Como bien lo ha señalado el colectivo internacional de investigadores coordinado por la coalición Defending Rights & Dissent (2022), «la videovigilancia y el escaneo biométrico constante en la niñez temprana dañan la capacidad de autorregulación interna de los infantes, sustituyendo el aprendizaje social y ético por el miedo al castigo automatizado de la máquina».

El Despliegue de la Infraestructura en la Región

Para comprender cómo opera materialmente este fenómeno en las aulas latinoamericanas, es necesario desarmar los componentes que integran el extractivismo de datos:

El peligro de la convergencia tecnológica: El verdadero hito del extractivismo digital ocurre cuando estas tecnologías se cruzan de forma integrada. Un estudiante latinoamericano puede verse obligado a entregar su huella dactilar para entrar al colegio, su rostro para poder almorzar y el análisis de sus movimientos oculares para aprobar un examen escrito, tejiendo un perfil conductual permanente y comercializable del que las infancias no pueden escapar.

Los Actores del Mercado: El Negocio detrás de los Algoritmos

El mercado corporativo que lucra con el despliegue biométrico en la educación latinoamericana se compone de empresas con lógicas comerciales diferenciadas: las transnacionales globales de supervisión e identidad, y las empresas locales (EdTech) que actúan como aliadas de los gobiernos de la región.

  1. Transnacionales de Supervisión Virtual (Proctoring) e Identidad

Operan de forma masiva principalmente en el nivel técnico superior y universitario de América Latina, mercantilizando el control ocular, auditivo y el reconocimiento facial:

  • Smowltech (SMOWL): Con sede en España, es una de las firmas europeas con mayor penetración en las plataformas de evaluación digital universitarias de América Latina, monitoreando «patrones sospechosos» mediante inteligencia artificial integrada a los campus virtuales de la región.
  • Sumadi: Esta corporación ofrece supervisión remota basada en reconocimiento facial para garantizar la «integridad de las evaluaciones», manteniendo alianzas e integración con los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) más utilizados en las instituciones del continente.
  • Proctorizer: Diseñada específicamente y comercializada con fuerza en el mercado de la educación a distancia en Latinoamérica. Vende a las universidades la promesa de eliminar la suplantación de identidad mediante controles automatizados de reconocimiento facial del examinado.
  • Respondus / Proctorio: Gigantes globales del sector EdTech escolar y universitario ampliamente criticados a nivel internacional por sus invasivas políticas de captura de datos de video, audio y patrones biométricos del teclado, con una extendida presencia en contratos institucionales latinoamericanos.
  1. Empresas Locales de Gestión y Seguridad Escolar (Control de Accesos)

En el nivel de educación infantil y básica, el negocio se enfoca en la «gestión de asistencia» y los accesos físicos mediante el rostro o la huella:

  • Biomtech (Brasil): Desarrolladora del software faceSchool. Lidera contratos con gobiernos municipales (como Goiânia y São Paulo) para automatizar el control de asistencia de las infancias en escuelas públicas bajo la narrativa de la optimización del presupuesto alimentario.
  • Colegium (Chile / Regional): Una de las plataformas de gestión escolar y académica más extendidas de América Latina (con presencia en Chile, Argentina, Colombia y México). Aunque nació como un sistema de administración de notas y comunicación, ha incorporando módulos para centralizar los procesos de control escolar cotidianos.

La Voz de la Resistencia: ¿Por qué decimos NO a la biometría en la escuela?

Desde la perspectiva de la pedagogía crítica de Otras Voces en Educación, la resistencia a estos sistemas no es un rechazo ludita o tecnofóbico; es un acto de defensa de los derechos humanos y de la soberanía de los cuerpos. Sostenemos un NO rotundo basados en tres dimensiones teóricas y políticas urgentes respaldadas por investigaciones científicas globales:

  1. El cuerpo no es una contraseña (Dimensión Técnica y de Seguridad)

Si la base de datos de una corporación o de un ministerio es hackeada y te roban una contraseña digital, puedes restablecerla en minutos. Pero el rostro, el iris y la huella dactilar de un niño son irreversibles; no se pueden cambiar. La recopilación masiva de biometría infantil crea un registro permanente que los expone de por vida al robo de identidad y al perfilamiento comercial.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2021) en su informe sobre la privacidad en la era digital determinó que:

«Los datos biométricos son únicos e inmutables, por lo que su filtración o uso indebido genera un perjuicio de imposible reparación para el individuo. El uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios educativos vulnera de raíz el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las infancias.»

  1. Formamos ciudadanos críticos, no sospechosos (Dimensión Pedagógica)

La vigilancia modifica la conducta. Un estudiante que ingresa a la escuela sabiéndose escaneado y clasificado por un ojo algorítmico asimila que la desconfianza y el control punitivo son las condiciones normales de la vida en sociedad. La filósofa Shoshana Zuboff, en su obra La era del capitalismo de vigilancia(2020), detalla cómo el extractivismo de datos transforma la experiencia humana en materia prima para la predicción conductual.

Monitorear los cuerpos destruye la confianza pedagógica y la autonomía. Rompe frontalmente con el legado de Paulo Freire (Pedagogía del oprimido, 1970), quien concebía el aula como un territorio de libertad, diálogo y concienciación, jamás de domesticación algorítmica. La vigilancia automatizada anula el «acto de amor y valentía» que constituye la verdadera práctica educativa.

  1. El algoritmo castiga la diversidad (Dimensión Social y de Clase)

La tecnología no es neutral; hereda los sesgos racistas, de clase y de género de los oligopolios tecnológicos que la programan. En su revelador libro Armas de destrucción matemática, la científica de datos Cathy O’Neil (2018) desmitifica la objetividad de estos sistemas:

«Los modelos matemáticos y los algoritmos que gobiernan la inteligencia artificial están basados en elecciones humanas sesgadas. No son objetivos; son opiniones humanas incrustadas en código que automatizan y multiplican la discriminación socioeconómica.»

Los sistemas de reconocimiento facial fallan masivamente al identificar rostros de personas afrodescendientes, indígenas y disidencias. En las escuelas latinoamericanas, esto se traduce directamente en falsos positivos de indisciplina, exclusión injusta en las puertas de acceso y la criminalización tecnológica de las infancias pertenecientes a las clases históricamente desposeídas.

Herramientas de Autodefensa: La Respuesta Colectiva y la Objeción Digital

Frente al avance de la infraestructura EdTech, las comunidades de América Latina están articulando un tejido de respuesta que combina el litigio estratégico, la presión regulatoria y herramientas de concientización comunitaria apoyadas por iniciativas que defienden los derechos de las infancias en la era digital (como las promovidas por Derechos Digitales).

  1. Acciones de Amparo Colectivo y Decisiones Judiciales de Suspensión
  • En Argentina: Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el O.D.I.A. lograron importantes precedentes judiciales con amparos y fallos de inconstitucionalidad que frenaron sistemas de reconocimiento facial masivo e intentonas de control biométrico en edificios públicos. Estos mismos recursos se adaptan en las universidades para denunciar la ilegalidad del e-proctoring al no contar con evaluaciones de impacto previas ni consentimiento libre de los estudiantes.
  • En México: Activistas y familias, respaldados por la R3D, activaron amparos frente a las exigencias informales de datos biométricos o la «CURP Biométrica» en los procesos de inscripción. Las resoluciones han forzado a las autoridades a ratificar que ningún derecho social puede ser condicionado o revocado a cambio de entregar datos del cuerpo.
  1. Campañas de «Objeción Digital» y Kits de Derecho de Admisión
  • Kits de cartas de rechazo de consentimiento: Formatos legales estándar que padres y madres entregan en las escuelas exigiendo que sus hijos no sean sometidos a escaneos faciales ni de huellas dactilares. Estas cartas apelan al derecho superior de la niñez y a las normativas de protección de datos personales de cada país, exigiendo un método alternativo no biométrico de asistencia (como listas físicas o credenciales tradicionales).
  • Políticas de Privacidad Escolar desde las Familias: Campañas de concientización dirigidas a cooperadoras y sindicatos docentes para prohibir que las escuelas utilicen aplicaciones móviles comerciales que requieran geolocalización o almacenamiento en la nube de fotografías de los alumnos sin el consentimiento expreso, informado y revocable.
  1. Denuncias ante los Organismos de Protección de Datos Personales
  • En Brasil: Organizaciones civiles como InternetLab e Intervozes han impulsado denuncias basadas en la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Mediante solicitudes de transparencia y denuncias administrativas, exigen a las secretarías de educación municipales que abran los contratos firmados con las empresas de reconocimiento facial (faceSchool o similares), obligándolas a revelar dónde se alojan las plantillas biométricas y quién tiene acceso a ellas, lo que ha provocado la suspensión técnica de varios contratos por no cumplir con los estándares de seguridad mínimos requeridos para proteger a menores.
  1. Resistencia Tecnológica y de Infraestructura Autogestionada
  • Migración a Software Libre: En respuesta al monitoreo invasivo de los exámenes virtuales (proctoring), colectivos de estudiantes universitarios y docentes críticos de países como Perú (p. ej., a través de denuncias de Hiperderecho) y Chile promueven el boicot a programas cerrados y privativos de corporaciones globales, exigiendo la migración hacia sistemas abiertos y herramientas de evaluación que no requieran análisis biométrico o de visión por computadora para validar el rendimiento académico.

De la Resistencia Individual a la Autodefensa Colectiva

El avance de la biometría en las escuelas de América Latina devela un intento de suplantar el rol docente y el cuidado comunitario por la gestión fría de un algoritmo privado. Frente a la indefensión administrativa en la que se encuentran miles de familias, la respuesta no puede ser el aislamiento.

La principal lección de la resistencia latinoamericana es que las herramientas puramente individuales no bastan. Por ello, desde las redes de educación popular, sindicatos de los 15 países de la región y plataformas como OVE, se avanza en la construcción de Protocolos Participativos de Actuación y Kits de Objeción Digital. En estos laboratorios comunitarios, toda la escuela (directivos, profesores, padres y estudiantes) debate colectivamente antes de que una sola cámara entre a un plantel, devolviendo la gobernanza de la tecnología a los seres humanos y alejándola del mercado corporativo. La consigna que unifica a la comunidad educativa latinoamericana es innegociable: con los datos, los cuerpos y las infancias de nuestra región, no se comercia.

Referencias Bibliográficas

  • ACNUDH [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] (2021). El derecho a la privacidad en la era digital (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/48/31). Organización de las Naciones Unidas.
  • Defending Rights & Dissent [Colectivo de Derechos y Disidencia] (2022). Vigilancia y control algorítmico en las escuelas de la primera infancia: Un ataque al desarrollo psychoemocional. DRD Press.
  • Derechos Digitales (2024). Informe sobre los derechos de la niñez frente al extractivismo EdTech y la infraestructura de vigilancia escolar en América Latina. Santiago de Chile. (Organización financiadora del presente proyecto de investigación de OVE).
  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
  • InternetLab & Intervozes (2023). O rosto da escola pública: O avanço do reconhecimento facial e a proteção de dados de crianças e adolescentes no Brasil. Monografías de Derechos Digitales, São Paulo.
  • O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática: Cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Capitán Swing.
  • R3D [Red en Defensa de los Derechos Digitales] (2024). La CURP biométrica y la exclusión escolar en México: Informe técnico de derechos digitales frente al abuso administrativo. Ciudad de México.
  • Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de vigilancia: La lucha por un futuro humano en el nuevo orden de la tecnopoder. Paidós.

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Editorial OVE: Femicidio – Feminicidio y Faminilicidio: Casos de Asesinatos en Sociedades Disociales

Autora: Rose Maru Hernández Román

El libro comienza con un recorrido histórico sobre la relación de verticalidad en las estructuras de poder entre hombres y mujeres, denotando así el puente de la desconstrucción social desde los sistemas opresores. Para profundizar en la dinámica de estos actos de abuso se analiza la casuística de asesinatos de mujeres reportados por el portal Alerta 24 durante el año 2025, empleando la metodología de estudio de caso, combinado con un enfoque cualitativo y un diseño de investigación documental, todo necesario para entender aún más la estructuración de crímenes de odio. Como parte conceptual, se delimita los términos femicidio y feminicidio, demostrando que son categorías con pesos políticos y jurídicos diferenciados. Lo antes expuesto ha servido como antesala para introducir el término emergente: faminilicidio (en el marco de las sociedades disociales), el cual responde al control coercitivo, los roles de género rígidos y la normalización del poder patriarcal donde el asesinato se utiliza como herramienta extrema para mantener el dominio, castigar la independencia o preservar el «honor» familiar en sociedades donde persisten la violación de los derechos básicos.

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Las “cucarachas” desafían a Modi tras un escándalo educativo

Cucarachas en las calles de Nueva Delhi. El lunes 20 de julio de 2026, miles de manifestantes, jóvenes en su mayoría, marcharon hacia el parlamento indio para exigir la dimisión de Dharmendra Pradhan, el ministro de Educación, y una reforma del sistema de selección universitaria en unas protestas que terminaron en choques con la policía.

Habían sido convocados por el Cockroach Janata Party (CJP), una plataforma civil cuyo nombre, traducible como “partido popular de las cucarachas”, es una clara referencia satírica al partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi.

Las manifestaciones en la capital representan la culminación de un movimiento político que se inició en mayo de 2026 tras el que es el mayor escándalo hasta la fecha del sistema educativo indio.

El curso académico 2025-2026 culminó con la filtración masiva de las preguntas del Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión (NEET-UG), la prueba que regula el acceso a los grados universitarios vinculados a la especialidad de medicina. Alrededor de dos millones de aspirantes se vieron obligados a repetir el examen.

El peso político del escándalo reside en el papel que juegan las pruebas NEET-UG dentro de la aspiración de hacer de India una economía desarrollada. El supuesto rol de “ascensor social” que otorgan a estos exámenes la lógica meritocrática bajo la que se hallan diseñados se difumina por completo al contacto con la sociedad de castas, las lógicas de acumulación de la riqueza y las divergencias regionales.

Una dinámica a la que se le suman las elevadas tasas de paro entre una creciente masa de profesionales sobrecualificados para un mercado laboral incapaz de digerir su talento. La NEET-UG se ha transformado en el símbolo de un segmento social atrapado en un limbo entre un subdesarrollo que no termina de desaparecer y un progreso que nunca llega a asentarse del todo.

Frente a ello, el Estado, lejos de ofrecer respuestas, ha suministrado motivos para la ira. Durante el proceso abierto por las presuntas filtraciones, Surya Kant, presidente del Tribunal Supremo, calificó a los líderes del movimiento estudiantil de “cucarachas”. El desliz no tardó mucho en convertirse en oportunidad.

Abhijeet Dipke, un comunicador político treintañero formado en Estados Unidos, aprovechó para fundar el CJP. En menos de una semana, la cuenta de Instagram del movimiento político superó los 20 millones de seguidores. Su rampante popularidad les ha permitido incorporar a sus filas a históricos activistas como Sonam Wangchuk, cuyos perfiles tienen el potencial de hacerles llegar a otros sectores agraviados de la sociedad india.

De «cucarachas» a desafío para Modi

Todavía en proceso de registro formal ante la Comisión Electoral, el futuro del CJP transita entre la euforia y la insignificancia. La oposición al BJP ya tiene un líder. Bajo el liderazgo de Rahul Gandhi, el Congreso Nacional Indio (INC) ha conseguido detener la “hemorragia de votos” que la formación venía sufriendo desde inicios de siglo.

Ello, junto con su elevado grado de institucionalización, rema a favor de una integración del CJP en la coalición INDIA, donde sus exigencias se convertirían en un engranaje más de la maquinaria discursiva del INC.

Esta aproximación comenzó a materializarse cuando Rahul Gandhi y su hermana Priyanka –considerada una de las principales estrategas del partido– protagonizaron una protesta en apoyo de la causa estudiantil frente al parlamento que terminó con la breve detención de ambos y la suspensión de la sesión parlamentaria.

Sin embargo, el futuro no está escrito. El cierre del estrecho de Ormuz pone contra las cuerdas a la economía india, alimentando un clima de opinión antiestablishment que tanto el INC como el BJP, tras décadas en el poder, difícilmente pueden aspirar a galvanizar. En su pulso, Irán, Estados Unidos e Israel pueden llenar Nueva Delhi de “cucarachas” y plantear nuevos problemas a Modi.

Si el conflicto se prolonga, la conversión del CJP en un movimiento transversal se perfila como un escenario plausible. Probablemente por ello, la administración del primer ministro ha apostado por una “demolición controlada”.

Apenas cinco días después, el 25 de julio, Dharmendra Pradhan, ministro de Educación y uno de los dirigentes con mayor trayectoria dentro del BJP, fue forzado a dimitir. Acto seguido, Modi anunció un programa de reforma de las pruebas NEET-UG que incluye la celebración de un examen alternativo, una auditoría tecnológica independiente y una compensación general para los afectados.

Las “cucarachas” desafían a Modi tras un escándalo educativo

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Venezuela tras el terremoto: Tragedia, colonia y metamorfosis política

Por: Luis Bonilla-Molina

Venezuela vive una tragedia histórica. El mundial de futbol había logrado desplazar de los grandes medios de comunicación internacional la situación colonial que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela desde el 3 de enero, mientras una parte importante de la izquierda continental y mundial agradecía esta salida del foco mediático, porque ya no encontraban argumentos para justificar la entrega que hace la Junta de administración colonial del país a los designios de Trump. Esta Junta de Administración Colonial está liderada por los hermanos Rodríguez (Delcy, Jorge) y Diosdado Cabelllo.

El 1 de mayo de 2026 será recordado como el momento en el cual comenzó a diluirse la ilusión que tenían amplias capas de la población trabajadora, respecto a que el nuevo momento político anunciado por la dupla Delcy-Trump, permitiera mejorar sus condiciones salariales y materiales de vida. El salario mínimo siguió anclado en menos de 0,4 de dólar mensual y la bonificación de los ingresos –sin incidencia salarial– no alcanzó los 200 dólares mensuales, además que estos bonos no les llegan a todos los trabajadores y trabajadoras. Mientras ocurría esto, el dólar se volvía a disparar (actualmente superior a los 745 bolívares), incentivando la inflación en un país donde cada producto de la cesta básica puede llegar a costar dos o tres veces más que la media regional.

Venezuela, de la mano de Marco Rubio volvió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial; aunque el Delcinato pretenda justificarlo como la única posibilidad de recuperar los 5000 millones de dólares retenidos por el FMI y que corresponden a Venezuela, la realidad es que esto implica un nuevo ajuste estructural de la economía. El antecedente más reciente de un paquete de medidas económicas y políticas contra la clase trabajadora, que no tenía nada que envidiar de las recetas neoliberales, lo aplicó Maduro, entre 2018-2025. Pero lo peor es que los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello,guardan absoluto silencio sobre el mantenimiento de las sanciones y el bloqueo de las cuentas internacionales de Venezuela que ha aplicado Estados Unidos desde el primer gobierno de quien ahora definen como socio, Donald Trump.

El 13 de mayo de este año, el gobierno venezolano daba a conocer el inicio de la reestructuración de la deuda venezolana en diálogo con el FMI, estimada para ese momento en 170 000 millones de dólares, cifra que contrasta con los 82 000 millones de dólares de ingresos que tendrá el país en 2026, según estimaciones del propio organismo multilateral. El 26 de mayo Delcy Rodríguez anunciaba la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, para hacerlo más eficaz, es decir, una reforma del Estado al estilo de las recomendaciones del FMI, centrada en achicar el Estado con el pretexto de hacer más eficiente el gasto público.

El 24 de junio, horas antes de desencadenarse la tragedia telúrica, el Financial Times anunciaba que el gobierno venezolano daría a conocer el monto de la deuda externa del país, reestimada en unos 240 000 millones de dólares, cifra que compite con la que originó la crisis de la deuda en Grecia, el país más endeudado de la Eurozona. Esta cifra explica la prisa de la Junta de administración colonial por reestructurar el gobierno y hace presumir despidos, cierre de instituciones públicas y la intensificación del corralito sobre el salario de la clase trabajadora local.

En Venezuela la relación trabajo-salario ha llegado a lo que algunos expertos del tema consideran como nueva esclavitud, o la desaparición del salario real y su sustitución por el concepto de ingresos (bonificaciones), como parte de la estructura económica local, causando la pérdida de derechos adquiridos, la precariedad de los montos por vacaciones, aguinaldos (treceavo mes) o la imposibilidad de contar con una pensión de jubilación que permita comprar por lo menos un remedio en las farmacias.

Con una nueva ley de Hidrocarburos, aprobada en modo fast track por el parlamento colonial de los hermanos Rodríguez y compañía, se reducen los ingresos petroleros venezolanos por barril, de 10 a 1,7 dólares, algo que hace añorar la ley del sector aprobada por la socialdemocracia en la década de los cuarenta del siglo XX. Todo parece indicar que, a corto plazo, se abre paso a una profundización trágica del ya conocido colapso de todos los servicios públicos. En solo una década (2014-2024) Venezuela perdió los elementos más palpables de la modernidad institucional burguesa, entrando a una fase deretorno a la pre-modernidad, a tal punto que la oferta electoral de 2024 se centró en la posibilidad de garantizar agua potable, electricidad, transporte público, seguridad policial, horario semanal en las escuelas y universidades que solo abrían sus puertas durante dos días.

Aunque parezca increíble, la diáspora migratoria, calculada en unos seis millones de venezolanos y venezolanas, ha logrado con sus remesas ayudar a solventar la crisis de ingresos, pero no hay dinero que logre mantener poder adquisitivo ante el avance desenfrenado de la inflación.

Un elemento importante, solo explicable como parte de la derrota histórica de la revolución bolivariana, es la simpatía que tuvo en la mayoría de la población la captura, secuestro y encarcelamiento en Estados Unidos de la pareja presidencial Maduro-Flores. A diferencia de 2002 cuando la población se volcó a las calles y derrotó el golpe de Estado contra Hugo Chávez Frias, en esta oportunidad solo se observaron menguadas concentraciones administradas por la cada vez más reducida base social del Madurismo, que en su liderazgo mutó rápidamente al Delcinato colonial. Las simpatías por la operación militar gringa tenían que ver con la situación material de vida de la clase trabajadora y el silogismo interpretativo que hacían: “si la desaparición del salario y la precariedad de la situación material de vida como efecto de las sanciones norteamericanas, tiene un origen en la rivalidad entre Maduro y Trump, si Maduro ya no está eso va a cambiar para mejor”. El común de la población pensó que se levantarían las sanciones, Venezuela podría vender libremente el petróleo y los ingresos permitirían mejorar su situación económica. Pero lo que ha ocurrido es el mantenimiento de esa precariedad e incluso su empeoramiento, lo que está convirtiendo las simpatías en desencanto y molestia con los gringos, aunque ello todavía no se torna en un movimiento antiimperialista con influencia de masas.

El panorama resulta por lo menos desolador.

Terremotos
Pero cuando se pensaba que las cosas no podían empeorar más, la realidad terminó por demostrar lo contrario. Dos terremotos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Ritcher, sacudieron Caracas y el litoral de La Guaira el 24 de junio, un evento sísmico que los expertos califican como un “doblete”. Decenas de edificios colapsaron, otros quedaron inhabitables o con severos daños, siendo La Guaira ubicada frente al mar, la zona más afectada. Miles de muertos y cifras aún no estimadas de desaparecidos revelan la magnitud de la catástrofe.

Como en una película de horror, las primeras horas no contaron con la presencia del Ejército y los altos funcionarios en el escenario de los terremotos. Solo bomberos locales, defensa civil y un numero cada vez más creciente de ciudadanos y ciudadanas asumió por su cuenta la atención a las víctimas. Junto a la infraestructura colapsada por el terremoto, quedó sepultado el discurso de la alianza cívico-militar como motor del cambio en Venezuela.

Pero en política no hay vacío que se sostenga; por ello, un mar de manos y cuerpos solidarios construyó una cadena humana de auxilio, haciendo llegar desde todos los rincones del país medicinas, alimentos, ropas, enseres y herramientas rústicas para ayudar a rescatar a las personas atrapadas. Los equipos pesados de salvamento tardaron más de 36 horas en llegar, al tiempo que lo comenzaban a hacer las brigadas internacionales de ayuda, quienes fueron el motor de la labor humanitaria técnicamente calificada y testigos de lo que ocurría allí.

Casi todo el litoral de La Guaira quedó reducido a escombros, cayendo por igual urbanismos construidos por el sector privado como por el gobierno. Las denuncias de las y los afectados, quienes habitaban en apartamentos y casas de interés social entregadas por el gobierno nacional, muestran imágenes de errores estructurales de fabricación que demandan una investigación pública para determinar su certeza y eventuales responsabilidades.

Ante el abandono gubernamental continuado que siguió a las horas y días de la tragedia, la respuesta fue contundente de parte de la gente sencilla. Inmediatamente ocurrida la tragedia –lo cual contrasta con la inoperancia gubernamental– se generó una marea de solidaridad ciudadana, que se negaba a entregar los víveres y medicinas al gobierno porque desconfiaba de que llegarían a las víctimas. Caravanas, tras caravanas de motorizados voluntarios y autoorganizados conformaron un puente permanente de auxilio. La tardía respuesta oficial fue además torpe, pretendiendo detener esta marea solidaria, pero los retenes, alcabalas y piquetes policiales-militares de contención fueron superados, traspasados e ignorados por la ciudadania. Esta situación de rebeldía popular también expresaba profunda desconfianza en todas las formas institucionales e incluso en las organizaciones políticas, confiando solo en lo que hacían y entregaban directamente, de sus manos a los afectados. La consigna de “solo el pueblo salva al pueblo” comenzó a ser repetida por la gente de distintas inclinaciones ideológicas.

Muy pocos políticos se atrevieron a estar directamente en el lugar del desastre, desalentados quizá por el rechazo captado en cámaras para las redes sociales, que generó la visita de Jorge Arreaza (excanciller e integrante de la dirección del PSUV) y Nicolas Maduro Guerra (hijo de Maduro) a quienes la ciudadanía abucheó e increparon por la inoperancia del gobierno y los problemas de las viviendas sociales que cedieron ante los terremotos.

Al final, el gobierno estableció refugios y albergues para las personas afectadas, ubicadas en distintos lugares de Caracas, con la promesa de reubicarlos en viviendas en los próximos meses. Pero aún hoy, centenares de familiares buscan en solitario a sus seres queridos atrapados entre los escombros, contando básicamente con la ayuda de voluntarios, vecinos y movimientos sociales. La colonización no solo viola la soberanía territorial y democrática, sino que está diluyendo los remanentes de un proceso revolucionario que prometió romper con la lógica neoliberal y colocar la institucionalidad al servicio de la gente.

Cronología de la colonización
La burguesía es enemiga del socialismo, independientemente del discurso ideológico que asuma para acumular riqueza. Por eso, en la medida que se consolida la nueva burguesía bolivariana (2002-2017), bajo la dirección de Maduro procura recuperar la relación con los Estados Unidos y reconciliarse con la vieja burguesía existente antes del proceso Bolivariano, con quienes se habían quebrantado los lazos a partir del golpe de Estado de 2002. Entre 2018-2023 Maduro fue el artífice de este reencuentro por partida doble, y sus operadores políticos fueron Delcy Rodríguez (diálogo y reconciliación con la patronal FEDECAMARAS), y Jorge Rodríguez (negociaciones con la oposición con una agenda permanentemente guiada por los EE UU que evidenció las limitaciones del sector de María Corina Machado). Diosdado Cabello operó –y lo sigue haciendo– como la garantía de control interno, intervención de los instrumentos políticos y represión a las organizaciones de la clase trabajadora).

Ahí comenzó el proceso de colonización, en la claudicación Madurista, en la derrota histórica del movimiento contradictorio que se denominó revolución bolivariana. Maduro construyó el camino para lo que luce como una traición para facilitar la colonización abierta a partir del 3 de enero. Incluso los poscoloniales, como Ramón Grosfoguel y sus colegas, quienes habían cerrado filas en la defensa del Madurismo, hoy han roto abiertamente con el liderato colonial (Delcy-Jorge Rodríguez y Diosdado) por la grosera y espantosa entrega que se está haciendo del país a los gringos y el sionismo.  El 3 de enero y los hechos posteriores, son el desenlace de la traición a la revolución bolivariana que inició Maduro.

Los sucesos en cascada que han conformado la situación colonial son:

Enero: Intervención, Captura y Control Inicial de Activos

2 de enero de 2026. Anuncio militar: El presidente Donald Trump anuncia públicamente que las Fuerzas Armadas de EE. UU. llevarán a cabo operaciones en territorio venezolano.
3 de enero de 2026. Operación militar e incursión: tropas estadounidenses ejecutan un despliegue militar sobre Caracas. ataque militar de los Estados Unidos a Venezuela, con absoluta inoperancia de las fuerzas armadas, policiales y el liderazgo político local. Captura, secuestro y encarcelamiento de Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos. Trump anuncia que EE UU dirigirá temporalmente a Venezuela, precisando que ha hecho un acuerdo con la línea de sucesión en el mando en Caracas, quienes le han prometido “que no cometerán los mismos errores de Maduro”. La legitimidad de origen del gobierno venezolano comienza a residir en la bota militar gringa.
3 de enero (por la tarde); Anuncio de tutela: La Casa Blanca anuncia que EE. UU. «administrará» de manera directa los asuntos de Venezuela y la gestión de sus recursos naturales mientras se establece la transición con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez.
4 de enero. Consolidación del nuevo esquema colonial. Reuniones conjuntas del departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Guerra
5 de enero. Juramentación de la presidenta interina Delcy Rodríguez por intermedio de una norma extra constitucional. Su encargaduría excede los límites constitucionales por falta absoluta (30 días) o temporal (máximo 6 meses). El marco jurídico sobre la forma y tiempo de la presidencia en Venezuela, ahora lo determina la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Secretarías de Guerra y Energía y la Central de Inteligencia Americana. Maduro y Cilia Flores aparecen en la corte de Nueva York
Delcy Rodríguez abandona públicamente el antiimperialismo y lo sustituye por la llamada Diplomacia de paz.
Estados Unidos confirma que tendrá una política extraordinaria para la protección de los activos de Venezuela, conforme a los intereses de la potencia agresora.
6 de enero de 2026. Plan de gobernanza interina: Sectores del Departamento de Estado y de la CIA establecen la coordinación estratégica con sectores de la administración local (Plan de tres fases) bajo supervisión de Washington.Comienzan reuniones con sectores empresariales norteamericanos que puedan vincularse a la explotación del petróleo venezolano en la nueva condición.
7 de enero. Estados Unidos comienza conversaciones para la reapertura de su Embajada en Caracas.
9 de enero de 2026. Orden Ejecutiva de Control de Activos: Trump firma la Executive Order titulada «Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People». La administración Trump crea la figura de los Foreign Government Deposit Funds en el Departamento del Tesoro de EE. UU., canalizando allí todos los ingresos derivados de la venta de petróleo y recursos naturales venezolanos para protegerlos de acreedores e intervenir en su distribución.Se informa que Estados Unidos se quedará con un porcentaje de las ventas petroleras para resarcir los supuestos daños causados por Venezuela.
Cumbre Petrolera en la Casa Blanca: Trump se reúne con ejecutivos de 17 grandes empresas energéticas (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Valero, entre otras) para coordinar inversiones de más de $100.000 millones bajo protección federal y control estadounidense de las ventas petroleras.
Primera Visita Diplomática: Arriba a Caracas una delegación técnica y de seguridad del Departamento de Estado de EE UU para iniciar la evaluación previa a la reapertura de la Embajada estadounidense.
15 de enero. Visita del director de la CIA, John Ratcliffe, quien es recibido y acompañado por el General González López, quien semanas después sustituiría a Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa de Venezuela.
28 de enero de 2026. Mecanismo de Control Presupuestario: el secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Senado de EE UU y detalla que la administración interina de Delcy Rodríguez debe someter su presupuesto mensual a la aprobación de Washington. Se confirma la implementación de un bloqueo/cuarentena naval para controlar la comercialización internacional del crudo venezolano directamente por EE. UU.
29 de enero. Se publica en Gaceta oficial extraordinaria la ley de Hidrocarburos, que había sido aprobada en primera discusión el 22 de enero y en segunda discusión el 29 de enero.
31 de enero. Llegada de Laura Dogu, primera encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas desde los eventos del 3 de enero. Ella sería sustituida en abril por John Barrett, actualmente en funciones.

Febrero: Reestructuración Energética y Visitas del Gabinete

10 de febrero. Estados Unidos emite una licencia general que autoriza nuevamente actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela.
11 y 12 de febrero de 2026. Visita de Alto Nivel: El secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, realiza una visita oficial a Venezuela, reuniéndose en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez. Inspecciona campos petroleros y las instalaciones operadas por Chevron en el país. (Estuvieron presentes ejecutivos de Chevron y Repsol). El 12 de febrero se produce visita a la Faja Petrolífera del Orinoco.
Se difunde la Reforma del Marco Legal Petrolero: Coincidiendo con la visita, se reforma la la legislación hidrocarburífera venezolana que elimina el monopolio estatal de PDVSA, cediendo el control operativo y la comercialización al sector privado e inversionistas estadounidenses e internacionales. Se suprimen impuestos, se disminuyen las regalías que recibirá Venezuela y se crean condiciones de explotación petrolera prácticamente similares a las mineras durante la colonia española.
14 de febrero. Equipos estadounidenses realizan evaluaciones sobre puertos petroleros, logística de exportación y terminales marítimos.
18 de febrero. Visita del general Francis Denovan (Comando sur) y del subsecretario Josph Humire, quienes son recibidos por la presidenta interina y el “alto mando militar venezolano”. Los puntos de agenda fueron narcotráfico, terrorismo, seguridad regional, migración, cooperación militar, implementación del denominado “plan de tres fases”. El 19 de febrero el gobierno venezolano anuncia la firma de acuerdos en estas materias.
20 al 23 de febrero. Equipos técnicos comenzaron la implementación de los acuerdos alcanzados el 18 y 19 de febrero en materia de cooperación policial, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y coordinación migratoria.

Marzo: Restablecimiento Diplomático y Normalización Institucional

4 de marzo. Visita del secretario del interior Doug Burgum
13 de marzo – 19 de marzo. Publicación de las licencias generales 49A, 52 y 5V. La licencia 52 se considera uno de los documentos más importantes emitidos respecto a Venezuela en 2026, mediante la cual autoriza transacciones financieras y comerciales que antes estaban prohibidas con PDVSA y con cualquier empresa donde esta tiene una participación del 50% o más.
19 de marzo de 2026: Reapertura de la Embajada de EE UU: se reanudan formalmente las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Unidad de Asuntos Venezolanos). El Departamento de Estado flexibiliza las advertencias de viaje (Travel Advisory pasa a Nivel 3) para personal autorizado y contratistas.
Estados Unidos realizó un traslado de 100 millones de dólares en oro de Venezuela a este país.

Mayo:

23 de mayo. Estados Unidos, con autorización de la Junta de administración colonial dirigida por Delcy Rodríguez permite un ejercicio militar norteamericano de evacuación de su embajada, que es en realidad una muestra de poderío e intimidación a la colectividad. Este ejercicio con aviones, helicópteros y tropas en la ciudad de Caracas fue realizado por el Comando Sur, el cuerpo de Marines de los EE UU y organismos de emergencia local bajo su mando.

Junio: Supervisión Militar y Evaluación Estratégica

3 de junio de 2026. Visita del jefe del Estado Mayor Conjunto: el General Dan Caine, máxima autoridad militar de las Fuerzas Armadas de EE UU, quien viaja a Caracas en visita oficial, mantiene reuniones con mandos militares e integrantes del gobierno interino para revisar los planes de estabilidad regional, seguridad de infraestructuras críticas y el avance del plan de tres fases dispuesto por la Casa Blanca. Visita la sede reabierta de la Embajada de EE UU en Caracas.
11 de junio. Tropas norteamericanas, con la utilización de drones y misiles, realiza un ataque cinético puntual dentro del territorio venezolano, dirigido por el Comando Sur, en el cual se destruye una vivienda y se produce la ejecución extrajudicial de Héctor Guerrero, sindicado de ser el líder del llamado Tren de Aragua. Esta operación se realizó con el conocimiento de la Junta de administración colonial.
25 de junio de 2026. Marco Rubio, después de los terremotos, mantiene contactos de seguimiento directo con la administración en Caracas para coordinar asistencia de emergencia y supervisión continua de las relaciones bilaterales.

Julio: Consolidación de la Gestión y Balance de Políticas

23 de julio de 2026. Designación y Declaración de Tutela Energética: en un acto público, Donald Trump reafirma de forma explícita que el secretario de Energía, Chris Wright, encabeza la ejecución directa de la política energética y económica sobre Venezuela.
Trump subraya que EE UU ejerce el derecho sobre la gestión económica y los rendimientos petroleros del país tras la intervención.
24 de julio de 2026. Donald Trump declara que “Venezuela no está lista para elecciones y dice que Delcy Rodríguez está haciendo un trabajo fantástico”.

Bases norteamericanas-israelíes
Los terremotos que sacudieron a Venezuela han resultado ser el pretexto ideal para que Estados Unidos decidiera desplegar fuerzas de élite, tropas y más de 3000 funcionarios militares en el país con el pretexto de “conducir” la reconstrucción económica y material posterremotos. Se trata en realidad de nuevas formas de presentar el establecimiento de bases militares en el país, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional anunciada por Trump en noviembre de 2025. Esto se complementa con los enfoques y las Estrategias acordadas en la reunión del Comando Sur, la Secretaría de Guerra, el Departamento de Estado y ministros de la defensa de la región, en la llamada Cumbre del “Escudo de las Américas” en marzo de este año. Para rematar, el 20 de julio de 2026 Marco Rubio presenta el documento titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, que de conjunto renuevan los peores aires del marcartismo.

Como siempre, la estrategia gringa va de la mano de las iniciativas israelíes, por ello, también en los días siguientes a los terremotos, la Junta de administración colonial presidida por Delcy Rodríguez suscribió acuerdos de cooperación militar, técnica y financiera con integrantes del Estado Mayor sionista.  En la firma de los acuerdos estaba presente el uruguayo israelí Roni Kaplan, con rango de capitán, portavoz de las fuerzas de defensa de dicho país para la prensa internacional hispanohablante y asiática, desde junio de 2012, quien vive en Jerusalén.

Esta presencia norteamericana-israelí pareciera presagiar la intención de extender en el tiempo la situación colonial que vive Venezuela desde el 3 de enero.

El mundo al revés
En Venezuela todo puede ocurrir, y el realismo mágico de Gabriel García Márquez hace de las suyas. Después del 3 de enero pareciera que toda la realidad política hubiese entrado a otra dimensión.  María Corina Machado promotora de la invasión norteamericana a Venezuela, fue descartada por Trump como relevo presidencial en el corto plazo, y ahora permanece estacionada en Panamá, anunciando que en cualquier momento podría volver al país, mientras el mandatario norteamericano le advierte que no cuenta con su autorización.

A estas alturas, nadie parece acordarse del llamado Cartel de los Soles, excusa que usó la administración Trump para realizar la operación militar del 3 de enero contra la soberanía venezolana. Las acusaciones de narcotráfico no recaían solo sobre Maduro y Cilia Flores, sino también sobre otras figuras que hoy permanecen en el poder con la habilitación gringa. Otro de los acusados de pertenecer a este cartel -y por quien Estados Unidos ofrece veinticinco millones de dólares de recompensa– se reúne en Caracas a cada rato con el director de la CIA, el encargado de negocios o el jefe del comando Sur. Y como si lo inusitado no tuviera límites en el folclore político venezolano, ahora Diosdado Cabello se muestra defensor del inquilino de la Casa Blanca, atacando a los influencers que cuestionan a Trump. Los argumentos formales y las fronteras esperadas de la política  se diluyen, ante el peso de la economía colonial del petróleo.

Por otra parte, la otrora radical antiimperialista en los escenarios de Mercosur Delcy Rodríguez, ahora como presidenta interina invita a los israelíes a contribuir con la reconstrucción económica de Venezuela. Los israelíes, expertos en demoliciones son convocados ahora para reconstruir la infraestructura y economía del país, para lo cuál una delegación de oficiales militares de alto rango se instaló en Caracas y al sur del país, donde están localizados los yacimientos de oro.

Cuando el surrealismo político pareciera llegar a su fin, el eterno ministro de defensa de la administración de Maduro, Vladimir Padrino López, declara que él se dio cuenta de la operación militar del 3 de enero, pero ante la superioridad militar y tecnológica desplegada por los gringos le ordenó a los pilotos y militares venezolanos que no actuaran para evitar pérdidas humanas, desacatando las órdenes de su superior (Maduro) quien lo había colocado al frente de la defensa de la soberanía nacional. En cualquier país decente eso ameritaría un juicio por traición a la patria, pero lo que recibió fue una mudanza de cartera y ahora es el flamante ministro encargado de la agricultura de la colonia en la que él contribuyó a convertir a Venezuela.

Y como si estuviéramos frente al mundo fantástico de Alicia en el país de las maravillas, el actual ministro de la Defensa de Venezuela, el general Gustavo González López, sigue pronunciando ante sus subalternos el saludo de “Chávez vive, patria socialismo o muerte” mientras coordina agendas de trabajo con el director de la CIA o generales gringos, quienesahora se pasean por el territorio venezolano como si fueran criollos.

Los antinorteamericanos son ahora amigos del imperio, y los proinvasión sufren sus rigores porque “el diablo paga mal a quien bien le sirve”. Desde afuera esto no se ve nítidamente y desde adentro se vive como comedia griega trágica. Como si se tratara de una obra de Kafka, comenzamos a ver sin disfraces a los “Undgeziefer” o bichos monstruosos caminando por las paredes de la política, con el valor humano  reducido a la utilidad y el peso de la deshumanización burocrática.

Panamá: La reunión de la oposición liderada por María Corina Machado
En mayo de este año, la dirigente opositora María Corina Machado –con la participación del presidente Mulino– realizó una reunión con el conjunto de las oposiciones que la acompañan, especialmente con la Plataforma Unitaria Democrática, pero también con sectores de izquierda que se le han sumado. El resultado fue un documento que confirma lo que venimos señalando desde el 2024, la estrategia de Estados Unidos y la que ella encarna se distancian, porque mientras la administración Trump quiere fomentar una convivencia entre todos los factores políticos pronorteamericanos, incluido el Delcinato colonial, la líder derechista quiere un gobierno de reseteo que expulse a quienes hoy le han garantizado a los Estados Unidos construir una situación colonial en Venezuela. Los términos resolutivos del encuentro en Panamá parecieran indicar que la oposición que ella lidera quiere ir a por todo, sin medir las turbulencias que ello puede generar. Este error de cálculo y estrategia política la mantiene al margen del poder en Venezuela, a pesar de ser la ficha ideológicamente más afín a los intereses imperiales. Hasta que no se concrete un acuerdo de élites y María Corina Machado acepte una reconciliación de la vieja y nueva burguesía, los caminos al palacio de Miraflores parecieran estarle bloqueados.

Si ella persiste en esta línea de acción el único camino que le quedaría es enfrentar a los Estados Unidos e intentar liderar un polo nacionalista burgués, algo que parece altamente improbable. Lo más seguro es que termine aceptando una cumbre Delcy-María Corina que allane el camino a un pacto de élites de carácter pronorteamericano. Pero es a ella a quien le corresponde desojar la margarita.

Dinorah la enviada del Pentágono
Como lo advertimos, después de la reunión de Panamá, el Departamento de Estado, confirmando la línea colonial, designó sin eufemismos ni disimulos a la señora Dinorah Figueroa como vocera de los intereses norteamericanos en una transición pactada con el Delcinato. Figueroa viene de ser la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 de mayoría opositora, pero en sus tiempos de universidad compartió banderas con Jorge Rodríguez. Ahora vuelven a reencontrase el actual parlamento y el opositor de 2015 para avanzar en la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y elecciones tuteladas, que expresan el modelo colonial de transición tutelada, que además podría convertir la participación de María Corina Machado en una nueva carrera de obstáculos, esta vez no fomentada por Maduro sino por Trump.

El 1 de agosto nacerá el sietemesino. El trabajo de esta nueva instancia colonial se iniciará el 1 de agosto, con la misión de construir la arquitectura jurídica, institucional y política para sostener y mantener en el tiempo la situación colonial en Venezuela. Ya prácticamente nadie duda de ello, cualquier convocatoria a elecciones será para garantizar gobernabilidad de la colonia. Solo los venezolanos organizados podrán revertir esa situación.

La izquierda persiste
En los últimos meses ha resurgido el tejido social de la izquierda que estaba roto en torno a las polémicas sobre Chavismo o Madurismo. Pero aún siegue siendo débil. Mientras un sector –el minoritario– seguimos apostando por la preservación de nuestra identidad y la construcción de un instrumento político amplio e incluyente, otros sectores siguen en la disyuntiva de qué hacer en torno a María Corina Machado y su coalición. Incluso, factores que en 2024 apoyaron abiertamente a Edmundo González Urrutia, ahora señalan que el propósito es evitar que llegue María Corina Machado al poder, mientras otros –que parecieran ser mayoría aún– hablan de la necesidad de garantizar que la líder opositora participe en elecciones; eso sí, con matices. Muchos señalan que no votarían por ella pero que se le debe garantizar su participación. En lo que sí parece coincidir toda la izquierda no madurista, ni afín a la junta de administración colonial, es en que el rescate de la soberanía electoral pasa necesariamente por la recuperación de la soberanía territorial.

¿Qué hacer? La táctica para salir de la situación colonial
Hay quienes hablan de protectorado y no de colonia, a pesar de que Venezuela ha perdido su capacidad de vender su petróleo y riquezas, no controla el flujo del dinero del comercio exterior ni tiene autonomía para determinar con quien negocia, y la legitimidad de su gobierno depende de una fuerza de ocupación extranjera, en este caso del imperialismo. Pero este no es un debate académico ni intelectual.  Esto tiene que ver con las correlaciones de fuerza y la táctica. ¿Hasta dónde se puede ampliar el abanico de alianzas sin perder la independencia de clase en función de recuperar la República? ¿Cuáles son las formas de lucha e instrumentos de organización de la clase trabajadora para lograr la liberación nacional? ¿Cómo combinar la lucha por una nueva independencia de la República con la perspectiva socialista y democrática? Todas estas interrogantes están atravesadas por la necesidad de explicar de forma paciente y didáctica a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general que el desastre en el que se convirtió la revolución bolivariana no es el socialismo por el que luchamos como horizonte histórico, y que el socialismo es bienestar, justicia social y salarial, ampliación de las libertades de opinión, organización y protagonismo ciudadano. Una tarea nada fácil para los y las revolucionarias venezolanas del presente. En consecuencia, debemos entrar al debate sobre la situación de Venezuela no como una abstracción, sino en asociación directa con la táctica de resistencia que conlleva la caracterización que se haga.

En este momento, estamos sumados a la campaña de recolección de fondos que impulsa la Corriente COMUNES para asistir a una comunidad de La Guaira y al radio FM comunitaria Voces antimperialistas. La recomposición de la izquierda venezolana deberá ocurrir a partir de lo territorial y las luchas concretas, estando convencidos que como dijo Voltaire, todo cambio comienza desde un centro.

Conclusión
Desde nuestra perspectiva, la revolución Bolivariana excede ampliamente los tiemposchavista- madurista, porque en realidad esos periodos fueron solo momentos convergentes de décadas de resistencias antisistema acumuladas, y que siguen en la actualidad intentando reorganizarse más allá de la debacle colonial. La expropiación de los símbolos y discursos de la izquierda, para colocarlos al servicio de un proceso policlasista ambiguo, que terminó en derrota, con el agravante de confusión para la población sobre el sentido y orientación real de una estrategia anticapitalista, obligará a la izquierda venezolana a repensarse, renovarse y construir nuevos códigos, imágenes y formas de articular instrumentos políticos con lucha social cotidiana. Si no lo logra quedará atrapada en el espejo roto del fracaso de la revolución bolivariana.

Venezuela no es un callejón sin salida sino un lugar donde todo es posible. Hasta ahora Estados Unidos ha logrado una situación privilegiada, en la cual tiene marcadas casi todas las cartas del juego político. La oposición de derecha liderada por María Corina Machado, la derecha que ha pactado desde hace años con el Madurismo (“alacranato”), y la junta de administración colonial (los Rodriguez y Cabello) están alineados con los intereses de los Estados Unidos. Pero la antipatía antinorteamericana comienza a crecer, subterránea y lentamente, aunque aún no se exprese en formas organizativas clásicas, sino como el murmullo que anuncia la crecida del río. Todo pareciera anunciar un incremento de la tensión que pondrá a la hora del día no la premisa rosaluxemburguista de Socialismo o barbarie, sino la de Democracia o Dictadura. La nueva izquierda comienza a reorganizarse, saliendo de su laberinto, ojala y los tiempos le permitan ser factor determinante en la salida democrática y popular a esta crisis.

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