Elaborada por el equipo de docentes de Otras Voces en Educación
Esta guía está diseñada bajo la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP) y la pedagogía crítica. No busca ser un manual técnico individual, sino una herramienta de organización colectiva para que las comunidades escolares (familias, docentes y estudiantes) transformen la preocupación en acción política y legal.
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Las carpas azules, símbolo del refugio en Vargas, están instaladas frente al estadio de béisbol César Nieves, en Catia La Mar, al oeste del estado. Allí, cientos de refugiados intentan retomar parte de sus rutinas después del doble terremoto, uno de 7,2 y el otro de 7,5, ocurrido el 24 de junio. No es una transición sencilla, en especial para los niños, niñas y adolescentes que perdieron sus hogares, familiares e incluso sus colegios.
Una mujer de rostro sereno, pañoleta roja y una franela con la imagen de Cristo coronado de espinas, dice sin vacilar: “Lo único que quiero hacer es dar clases”.
Es Jazmín Urimare Ramírez, una docente con 28 años de experiencia que se mantiene firme en su compromiso con la enseñanza. Su tiempo, vocación y energía, por encima incluso de su dolor físico, tienen un solo propósito: educar a niños y adolescentes. Perdió sus dos espacios vitales: su apartamento en el bloque 1 de la urbanización La Páez y su colegio, la U.E. Cruz Felipe Iriarte, en Mare Abajo. Ambas estructuras quedaron sepultadas tras el doble terremoto.
A este panorama se suma su condición de salud: es paciente oncológica y su doctora de cabecera falleció durante la tragedia. Su tratamiento —que suma cinco años de lucha contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que afecta las células plasmáticas de la médula ósea— quedó interrumpido.
“Si me preguntas del 1 al 10 cuánto me duele, te digo 15. Pero aquí estoy, lo aguanto de a poco hasta que vuelva a retomar mi tratamiento”, señala.
El día del terremoto, la profesora Urimare, como se le conoce en la escuelita, descansaba en la sala de su apartamento la tarde del 24 de junio, cuando la estructura comenzó a sacudirse. Las paredes se quebraron y el edificio quedó al borde del colapso. “Lo perdí todo: mi hogar y la escuela que era mi segunda casa”.
Su cuadro de salud requiere una atención especializada que hoy se tambalea tras el sismo. Con la pérdida de su hogar y el fallecimiento de su médica tratante en la tragedia, la docente ha tenido que recurrir a analgésicos comunes para intentar aplacar dolores óseos intensos. Ha atravesado varios ciclos de quimioterapia —un proceso que describe con serenidad como parte de una rutina de resistencia—, pero la falta de su esquema regular amenaza con agravar su estado. “A mí me tocaba el tratamiento el 25 de junio y el terremoto fue el 24. Para el 28 la doctora me iba a programar una nueva biopsia de médula, que es muy costosa”, relata.
Tras atenderse entre el Hospital Periférico de Pariata y el Centro Integral de Macuto, ahora está a la espera de ser evaluada por un nuevo especialista que determine cómo retomar su esquema médico. Pese al desgaste físico y la recomendación de descansar que recibe a diario por parte de sus colegas, rechaza detenerse. Para Jazmín, el aula improvisada no es un esfuerzo prescindible, sino el motor que la mantiene en pie. De no estar activa en la “escuela”, no duda en decir que se moriría “y yo no me quiero morir todavía. Quiero seguir luchando hasta que Dios diga. Mi fuerza me la da Dios, mis santos y los niños”.
Durante los primeros días en el campamento notó cómo los niños se acostaban de madrugada y permanecían expuestos a un tiempo de ocio sin contención. Para la maestra, la afectación emocional de los pequeños requería una intervención urgente guiada por la empatía.
“Estos niños están afectados psicológicamente. Hay muchos que han perdido a sus padres y eso los ha impactado mucho más. Hay que trabajar un poquito con el corazón, hay que trabajar con el amor”, agrega.
Es una escuela, pero también un refugio; un espacio de orden y estabilidad indispensable para el crecimiento sano de los niños. La iniciativa comenzó en una carpa unifamiliar dotada inicialmente con un televisor, mesas, sillas y cuadernos. Posteriormente, con el apoyo de líderes comunitarios, aportes de la comunidad e insumos institucionales —que incluyeron pizarras acrílicas, marcadores y ventiladores—, el proyecto cobró forma.
“Esto es para ti, para que trabajes. Mira, me dio como taquicardia, fue una emoción demasiado… Se me salieron las lágrimas, la abracé, le dije gracias”, recuerda sobre el inicio del proyecto, que luego sumó pizarras y el respaldo del Ministerio de Educación.
Actualmente, el espacio atiende a más de 60 niños inscritos en materias básicas como Matemática, Lengua y Lectura. Además, la iniciativa ha sumado a ocho docentes voluntarias; incluso se abrieron turnos en las tardes para la atención adaptada de niños dentro del espectro autista.
Jazmín comenzó a dar clases desde que tenía 27 años de edad, en otra Venezuela. Inició con alumnos de educación universitaria, luego con alumnos de bachillerato, y poco a poco transitó a la primaria. Para ella, la educación es el pilar fundamental de los países.
Entre la carencia de toldos y la incertidumbre del reasentamiento, la profesora Urimare no pierde el norte de su entrega pedagógica ni el arraigo por su tierra.
“A Vargas hay que construirla. Vargas tiene que volver a crecer y Vargas se va a construir. Yo tengo fe en que Vargas va a nacer de nuevo”, enfatiza.
Frente al tiempo que tomará la reconstrucción de las infraestructuras destruidas, la docente sostiene que este modelo de aulas provisionales debería multiplicarse en cada centro de acopio de la entidad: “En todos los refugios de nuestra Guaira debería de haber dos escuelas mínimo”.
Mantenerse en un aula en Venezuela implica confrontar una economía donde el salario base de un docente se redujo a cifras simbólicas. Ante un sueldo oficial que apenas alcanza para sobrevivir, la respuesta de Jazmín no pasa por la resignación sino por la exigencia y el oficio diario.
La profesora, como muchos maestros, también ha recurrido a manifestar contra los bajos salarios. Al momento de responder sobre las razones para no abandonar las aulas, su respuesta es tajante: “Por vocación. Por vocación, porque tenemos que hacer milagros”, dice.
Incluso cuando advierte a los jóvenes bachilleres sobre la realidad del gremio, son ellos quienes reafirman el deseo de enseñar. “Siempre les digo: piénselo tres veces porque somos mal pagados, ‘pero yo quiero ser docente’. Es vocación”.
Las carencias operativas persisten en el día a día. Al no contar con un espacio cerrado, el mobiliario corre el riesgo de deteriorarse por el clima, por lo que la docente coordina con los líderes comunitarios del refugio para que las familias resguarden el material en sus propios espacios.
“Bueno, por los momentos necesito toldos porque, con este tiempo, se me van a mojar las mesas y las sillas. Todo el mundo me dice que se van a dañar, pero ¿cómo hago si no tengo dónde guardarlas?”, dice.
A pesar del desgaste físico que implica el avance de su enfermedad y la incertidumbre sobre el reasentamiento de su propia familia, la profesora Urimare mantiene la estructura del aula comunitaria.
Madre de cuatro hijos —tres residenciadas en la entidad y uno en el exterior—, enfrenta la incomprensión cotidiana de quienes ven en su esfuerzo un desgaste innecesario frente a su salud. “Todos los días me dicen: ‘Mamá, estás loca, ¿cómo vas a publicar en las redes eso?’”, relata.
Su meta sigue fija en la reconstrucción del sistema escolar de la región y en el retorno de los niños a aulas permanentes: “Espero que se reconstruyan las escuelas para que estos niños vayan a las escuelas, porque en un refugio… no, es difícil. Y espero que pronto cada familia que perdió su casa tenga su hogar de nuevo”.
Caracas / Efecto Cocuyo
Mauricio Andrés
Durante décadas, el movimiento estudiantil chileno ha levantado demandas por el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, las condiciones que permiten a un joven estudiar no dependen únicamente de lo que ocurre dentro de las universidades o liceos. También están determinadas por el trabajo de sus familias, los salarios que reciben sus padres, las posibilidades de compatibilizar estudio y empleo y el rol que el Estado decide asumir frente a los derechos sociales.
En ese contexto, cuesta ver el programa de reformas impulsado por José Antonio Kast como algo ajeno a lo que vivimos como movimiento estudiantil. Sus propuestas económicas, tributarias y laborales no son medidas aisladas, sino parte de un mismo proyecto político que apunta a reducir el rol del Estado, ampliar los beneficios del gran empresariado y profundizar la flexibilización de las relaciones laborales. A esto se suman, además, los recortes al gasto público que golpean directamente áreas tan sensibles como la educación y la salud.
La reforma tributaria plantea reducir la carga impositiva para las grandes empresas y establecer mecanismos de mayor estabilidad para los grandes inversionistas, bajo el argumento de incentivar la inversión y el crecimiento económico. Paralelamente, la propuesta de reforma laboral apunta a ampliar la flexibilidad de la jornada de trabajo, otorgando mayores facultades a los empleadores para organizar los horarios de acuerdo con las necesidades de la empresa y debilitando herramientas de negociación colectiva de los trabajadores.
Uno de los aspectos menos discutidos del proyecto es que no solo modifica el régimen tributario y laboral, sino que también introduce cambios directos al sistema de educación superior. Mientras el discurso oficial sostiene que el objetivo es «reactivar la economía» y «estimular la inversión», las medidas concretas muestran una redistribución de recursos y prioridades que inevitablemente repercute sobre las familias trabajadoras y los estudiantes.
Esa misma lógica de ajuste aparece cuando el proyecto aborda la educación. Una de sus disposiciones posterga aún más la ampliación de la gratuidad para los estudiantes de los deciles 7 al 10. El informe estima que, sin la reforma, el séptimo decil podría incorporarse a la gratuidad hacia 2038. Con la modificación propuesta, esa expansión simplemente deja de ocurrir antes de 2050. Es decir, miles de familias de sectores medios y populares deberán seguir financiando la educación superior durante al menos otra generación.
El proyecto tampoco se limita a retrasar la ampliación de la gratuidad. También establece una moratoria de dos años para que nuevas instituciones de educación superior puedan incorporarse al sistema de financiamiento de la gratuidad. El propio Ministerio de Hacienda estima que esta medida impediría que cerca de 48.000 estudiantes accedan a este beneficio durante los primeros años de aplicación.
¿Por qué debería importarle todo esto a los estudiantes? Porque la mayoría de quienes estudian en Chile provienen de familias trabajadoras. Estas medidas no pueden analizarse de manera aislada. Si, paralelamente, se impulsan reformas laborales que buscan flexibilizar las jornadas, aumentar la capacidad de los empleadores para distribuir los horarios de trabajo y reducir el poder de negociación colectiva, las consecuencias recaen directamente sobre las familias que financian esos estudios y sobre los miles de estudiantes que trabajan para sostenerse mientras cursan una carrera.
Cuando se debilitan los derechos laborales, se deterioran también las condiciones materiales que hacen posible estudiar. Salarios más bajos, jornadas más inciertas y menor capacidad de negociación significan mayores dificultades para costear transporte, alimentación, arriendo, materiales de estudio o el propio arancel. Para un estudiante popular, la flexibilidad laboral no suele significar mayor libertad para compatibilizar estudio y trabajo. En la práctica, suele traducirse en horarios impredecibles, mayor disponibilidad frente al empleador y dificultades para asistir regularmente a clases o planificar la vida académica. Quien trabaja para sostener sus estudios termina enfrentando permanentemente la disyuntiva entre cumplir con su jornada laboral o continuar estudiando.
A esto se suman los recortes en educación. Menor inversión pública puede traducirse en menos becas, deterioro de la infraestructura, menor financiamiento para universidades estatales y una mayor transferencia de los costos educativos hacia las propias familias. En otras palabras, mientras se aliviana la carga tributaria de los grandes grupos económicos, aumenta la presión sobre quienes dependen de los servicios públicos para ejercer derechos básicos.
Por eso, la discusión no es únicamente sobre impuestos o sobre educación superior. Es una discusión acerca de qué modelo de desarrollo se quiere construir. Mientras el Estado posterga el acceso a derechos sociales como la gratuidad y limita su expansión, entrega nuevas garantías tributarias a grandes inversionistas y reduce la carga impositiva de las empresas. En otras palabras, el proyecto traslada parte importante del costo de financiar la educación desde el Estado hacia las familias trabajadoras.
Desde esta perspectiva, la lucha estudiantil no puede limitarse exclusivamente a las demandas universitarias. Históricamente, las mayores conquistas del movimiento estudiantil se han producido cuando ha logrado articularse con el movimiento de trabajadores y otros sectores populares. Si las reformas laborales afectan a las familias de los estudiantes y los recortes afectan el acceso a la educación, entonces ambos procesos forman parte de una misma disputa política sobre quién financia el desarrollo del país y quién soporta sus costos.
El desafío para el movimiento estudiantil es comprender que defender la educación también implica defender las condiciones materiales que hacen posible estudiar. La pregunta, entonces, no es solo cómo enfrentar los recortes a la educación, sino también si los estudiantes estarán dispuestos a organizarse junto al movimiento de trabajadores para enfrentar un proyecto que afecta simultáneamente las condiciones de estudio y las condiciones de vida de las mayorías populares.
Por eso es necesario que para este segundo semestre del gobierno de Kast, los organismos estudiantiles como la CONFECH, la FECH y la FEUSACH, dirigidos por Partido Comunista y el Frente Amplio, asi como los centros de estudiantes, junto a sindicatos, dejen la pasividad que han mantenido durante lo que va de gobierno de Kast y llamen a asambleas para discutir cómo enfrentar la megarreforma del gobierno y se llame a levantar un plan de lucha con un gran paro nacional unificado que detenga todo el plan del gobierno.
https://www.laizquierdadiario.cl/Las-reformas-de-Kast-y-la-lucha-estudiantil-Como-afectan-al-estudiante-popular
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Un informe de la ONU revela que los esfuerzos nacionales en materia de biodiversidad están muy lejos de los objetivos para 2030, de cara a la cumbre COP17 en octubre
El esfuerzo colectivo para salvar la naturaleza es insuficiente. Esa es la conclusión principal del primer informe oficial sobre el plan mundial para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
El Informe Global es el primer intento de evaluar hasta qué punto los gobiernos han avanzado en el cumplimiento de los objetivos que acordaron hace casi cuatro años en el Marco Mundial para la Biodiversidad. Ningún objetivo muestra una trayectoria totalmente positiva.
Los compromisos nacionales elevarían la superficie de tierras y aguas protegidas hasta aproximadamente el 23% para 2030, por debajo del objetivo del 30%. Por su parte, la financiación destinada a la biodiversidad (186.000 millones de dólares movilizados entre 2020 y 2023) sigue estando muy por debajo del objetivo anual de 200.000 millones de dólares fijado para 2030.
“Se han logrado avances, pero no vamos por buen camino para alcanzar los objetivos”, declaró a Dialogue Earth Cristina Eghenter, experta en políticas de gobernanza global de WWF. Señaló que los problemas fundamentales son la falta de capacidad de ejecución y la escasa ambición a nivel nacional.
Estas conclusiones llegan en un momento crucial. En octubre, los negociadores se reunirán en Ereván, Armenia, en la COP17, la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, con el objetivo de convertir este diagnóstico en un cambio de rumbo. “La COP17 debe considerarse una conferencia sobre la aplicación”, afirmó Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Armenia ya ha señalado dónde quiere que se centre la atención. “Actuar por la naturaleza” es el lema de la conferencia.
El Marco Mundial para la Diversidad Biológica se adoptó en la COP15 de 2022 como sucesor de las Metas de Aichi, que expiraron en 2020 sin haberse cumplido prácticamente en absoluto.
En conjunto, incluye 23 objetivos que deben alcanzarse para 2030 y cuatro metas menos específicas para 2050. El marco amplía la responsabilidad más allá de los gobiernos. Integra al sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas en el proceso de consecución de los objetivos.
La magnitud del problema al que pretende hacer frente es abrumadora. La última evaluación exhaustiva, realizada en 2019, reveló que una cuarta parte de las especies evaluadas se encontraban en peligro de extinción, y que las especies estaban desapareciendo entre decenas y cientos de veces más rápido que la media histórica. Las evaluaciones de seguimiento a menor escala realizadas desde entonces no han encontrado indicios de que el declive se esté desacelerando.
“Lo que se necesita es una transformación: cambiar los sistemas de gobernanza, conservación y económicos”, declaró a Dialogue Earth Alejandra Duarte, responsable de políticas de Women4Biodiversity. “Eso no se está logrando al ritmo necesario para alcanzar la ambición de los objetivos para 2030 y 2050”, afirmó.
El Informe Global se basó en informes nacionales de 129 países, más de 3.700 objetivos nacionales y aportes de empresas, ONG y otros actores no estatales. Describe un impulso y un compromiso “sin precedentes” en torno al marco, pero constata que los avances “aún no se están produciendo al ritmo ni a la escala necesarios”.
La tendencia es similar en las 23 metas. Los objetivos tradicionales, más fáciles de cuantificar —áreas protegidas, conservación de especies, restauración de ecosistemas— acaparan la mayor atención a nivel nacional y reciben las evaluaciones más positivas. Por el contrario, las metas relacionadas con la gobernanza, las subvenciones, la integración de la biodiversidad en otros sectores y la financiación son las que más se quedan atrás.
“Algunas metas se están aplicando en mayor medida. Las más tradicionales, como el ‘30 por 30′, acapararon toda la atención”, señaló Eghenter, refiriéndose al objetivo de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta para 2030. “Pero otras, como las metas impulsoras y aquellas que promueven condiciones propicias para una aplicación efectiva, aún no están siendo abordadas con la misma firmeza por las partes”.
Las cifras relativas a la financiación siguen la misma tendencia. De los 186.000 millones de dólares movilizados entre 2020 y 2023, 136.000 millones procedieron de presupuestos públicos nacionales, 33.000 millones de fuentes privadas y solo 18.000 millones de financiación pública internacional. Esto supone una fracción del hito anual de 20.000 millones de dólares que se suponía que los países desarrollados debían alcanzar para 2025. La financiación privada, señala el informe, alcanzó su punto máximo en 2021 y desde entonces ha disminuido.
Detrás de esta situación se esconde un problema de seguimiento. Solo se dispone de datos cuantitativos sólidos para unos pocos objetivos. La información sigue siendo escasa sobre cómo —o si— se está involucrando a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y el sector privado en la consecución de los objetivos.
Ana Di Pangracio, subdirectora de FARN, ONG medioambiental argentina, declaró a Dialogue Earth que el informe refleja un patrón que ya ha observado anteriormente. Según ella, los países que se comprometieron a eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medioambiente han comenzado a identificarlas, pero no están llevando a cabo las regulaciones necesarias para redirigir realmente los fondos. “Estamos repitiendo los errores del pasado”, afirmó. Invertir más dinero en la biodiversidad mientras se sigue financiando su destrucción en otros ámbitos no servirá de nada, añadió.
Ese diagnóstico recae ahora en los negociadores. En la COP17, los gobiernos tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo interpretar las conclusiones del Informe Global.
“Los Estados miembro no quieren un discurso demasiado negativo, debido al estado [precario] del multilateralismo”, explicó a Dialogue Earth Juliette Landry, investigadora sobre gobernanza internacional de la biodiversidad en el IDDRI, un centro de estudios con sede en París.
Las partes quieren que el informe demuestre que el marco sigue funcionando, aunque aceptan que hay que reconocer las deficiencias, señaló Landry. Además, dijo que los países en desarrollo tienden a insistir en que las naciones ricas no han aportado la financiación prometida, mientras que otros hacen hincapié en la débil coordinación sectorial o en la escasa capacidad técnica.
Aún está por ver si el texto final de la decisión de la COP nombrará a los sectores con más responsabilidad en la pérdida de biodiversidad —al igual que el balance climático de la ONU lo hizo con los combustibles fósiles—, añadió. Atribuir la responsabilidad a industrias o países concretos es políticamente delicado en un proceso basado en el consenso.
La financiación será la batalla que determine todo lo demás en Ereván. Schomaker ha vinculado la credibilidad de la cumbre a la participación plena de las empresas y las instituciones financieras en las negociaciones. “La financiación privada no debería estar ahí simplemente para hacer promesas al margen”, escribió. “Debería formar parte del debate central sobre cómo integrar la biodiversidad en la toma de decisiones económicas y financieras”.
Pero el volumen no es el único problema, señaló Alejandra Duarte. A pesar de que se prometen más fondos, muy poco de ese dinero llega a los grupos que realmente llevan a cabo labores de conservación sobre el terreno, afirmó. Esto se debe a que, por lo general, para acceder a esos fondos se requieren estructuras institucionales formales y sistemas de rendición de cuentas de los que carecen las organizaciones de base y las dirigidas por pueblos indígenas.
El Fondo Cali, adoptado en la COP16 para canalizar los beneficios derivados del uso comercial de los recursos genéticos hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales, sigue siendo de carácter voluntario, y Duarte considera que tiene el mismo problema de acceso. “Lo que se necesita es que la propia arquitectura de financiación llegue directamente a estos grupos”, afirmó. Señaló un proyecto llevado a cabo por su propia organización que destinó fondos directamente a iniciativas de restauración dirigidas por mujeres en seis países de África y América Latina.
Para Eghenter, la esperanza es que la COP17 se convierta en el momento en que los gobiernos dejen de solo catalogar las carencias y empiecen a fijar plazos para subsanarlas. “Se han asumido compromisos y ahora contamos con el Informe Global que nos indica lo que hay que hacer”, añadió. “El texto final de la COP debería marcar los próximos pasos, fijar plazos y transmitir la sensación de que los países se están uniendo para abordar las carencias”.
Fermín Koop es el editor adjunto para América Latina de Dialogue Earth.
Fuente: https://dialogue.earth/es/naturaleza/el-mundo-no-esta-cumpliendo-compromisos-naturaleza/
Contra el gasto militar y las narrativas: Una conversación urgente
En Asunción, Paraguay, los primeros días de julio, se realizó un encuentro de organizaciones sociales de nuestro continente con el fin de ir tejiendo, como un ñanduti, una agenda latinoamericana por la paz y la desmilitarización. La convocatoria fue realizada por Jubileo Sur, SERPAJ-Paraguay, LIMPAL, y por la Fundación Rosa Luxemburgo, y reunió por varios días a dirigentes de diversas organizaciones de Ecuador, Uruguay, Colombia, Cuba, México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, y Brasil, junto a paraguayos, quienes realizaron un análisis de la situación que atraviesa nuestra región y el mundo. El aumento del gasto militar y del fenómeno de la militarización, violencia policial, control territorial de organizaciones criminales, corrupción, aplicación de estados de excepción, represión a las protestas sociales y a migrantes; aumento de la presencia militar de EE.UU. en nuestro continente, entre otros, fueron parte del diagnóstico realizado como también la necesidad de seguir resistiendo y defendiendo nuestro derecho de vivir en paz.
En la ciudad de Asunción conversamos sobre este encuentro con Mariana Fernández, coordinadora de proyectos sobre desarme, desmilitarización y seguridad humana, de la Fundación Rosa Luxemburgo.
¿Cuáles son los motivos, por qué han convocado a este encuentro en Paraguay?
El encuentro es una iniciativa de la campaña “10 % por la vida”, que es una campaña que se lanzó el año pasado desde la fundación, pero con apoyo de organizaciones de todo el mundo. Tenemos organizaciones de las Américas, de Europa, África y Asia, y la campaña se centra en una idea bastante simple que tiene que ver con imaginar qué se podría hacer si en vez de invertir en armas, en guerra, en control, en vigilancia, usáramos ese dinero para invertirlo en justicia climática, justicia social. Digamos, en las prioridades de la gente, de las personas, en las preocupaciones diarias de las personas.
¿Dónde se originó esta campaña?
La campaña empezó, el lanzamiento y primera reunión que tuvimos, fue en Costa Rica, con participación de organizaciones de todos los continentes, y después tuvimos presencia en espacios internacionales como la COP, como la Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo y, además, con mucha presencia también en Alemania, porque la Fundación Rosa Luxemburgo es una fundación alemana, bueno, de la izquierda alemana, y entonces también en este momento, en Alemania, se discute muchísimo el tema del rearme y del aumento de presupuestos para defensa.
¿Hay mucha preocupación de la Fundación por esta suerte de militarización de Alemania y del mundo?
Hay mucha preocupación, exacto. Mucha preocupación sobre ese tema y cómo se está corriendo la conversación, de la opinión pública también, se está corriendo desde los medios hacia la idea de que es necesario el rearme, que es necesario volver a invertir en defensa, que es necesario aumentar, por ejemplo, la inversión militar de la OTAN. Entonces este es un tema que preocupa mucho a la Fundación. Hoy estamos acá en Asunción porque lo que empezamos a charlar en nuestras reuniones mensuales, semanales, con la gente que está más integrada a la campaña ya, con las organizaciones, es que bueno, la región de Latinoamérica ha tenido un viraje muy, muy extremo, hacia ese lado, y lo estamos viendo…
¿Ese viraje es un aumento del gasto militar también en nuestro continente?
Un aumento, exacto. Un aumento de las narrativas militaristas, también, un aumento de relatos, narrativas, discursos y, efectivamente, concretamente de presupuesto de defensa, para el control interno, y de las fronteras. Entonces, identificamos a Latinoamérica como un espacio donde esta conversación era muy urgente. Realmente es muy urgente en todos lados, pero identificamos a Latinoamérica, en este momento, como un espacio donde se está perdiendo el carácter democrático de las sociedades, está avanzando la extrema derecha, avanzan estos discursos, y nos parecía muy importante que desde aquí se dé esta conversación que tal vez no está tan presente como en otros lados. En Europa, lo vemos un poco más presente el movimiento por la paz, el movimiento por el desarme, lo veo también un poco más en Estados Unidos, son movimientos muy débiles todavía, no quiero dar la impresión de que allí son fuertes, pero es un tema, el militarismo que sentimos que no está tan fuerte, ni tan presente en la conciencia de la gente.
Yo recuerdo, no sé si existe todavía, que en EE.UU. había una organización que trabajaba para que los impuestos no fueran destinados a la guerra.
Los taxs, sí, exacto. Hay una coalición que trabaja específicamente con el tema impuestos, y hay muchas campañas en EE.UU. que hablan sobre los gastos del Pentágono, y lo que se podría lograr en función de los presupuestos para salud, para la educación, temas centrales para la sociedad estadounidense que no tienen cubiertos, si se usara el presupuesto del Pentágono. Entonces es un tema mucho más, me parece, en el activismo…
¿Luchan para que los impuestos sean destinados a cuestiones sociales y no a la guerra?
Exacto, exacto. Nos parecía importante traer esta discusión a la región Latinoamericana y, especialmente, elegimos Paraguay porque es un país que suele ser olvidado por el resto de los países, suele estar muy aislado, y que está atravesando un proceso de militarización muy, muy fuerte, que creo que el resto de los países de la región no están tan conscientes como si lo ven tal vez en Ecuador, como se ven en otros lados, no son tan conscientes de lo que está pasando en Paraguay, entonces nos parecía bueno poner el foco acá.
En la convocatoria ustedes cuestionan el modelo de seguridad que hay en América Latina y en el mundo. ¿Me puedes contar un poco más de eso?
Sí, parte de las campaña también es, como ya decía, es cambiar las narrativas y empezar a entender la seguridad no como la ausencia de conflicto, simplemente, y como algo que se logra o se alcanza a través de la fuerza, de la violencia, de las armas, sino que también seguridad es tener un techo, tener empleo digno, tener acceso a comida, salud, educación. Entonces creemos que ese concepto de seguridad humana es muy importante para construir esta idea alternativa de lo que es una sociedad segura, porque sabemos que el tema de seguridad en Latinoamérica, en todas las sociedades, en todos los países, es una de las prioridades de los votantes, es una prioridad muy importante. Pero entonces, la idea es poder reformular qué es ser seguro, lo que son las comunidades seguras, desde el cuidado, desde el trabajo colectivo. Nos parece muy importante trabajar en esa reformulación de la idea de seguridad.
Esto plantea una idea de que los movimientos sociales tengan un diálogo con nuestros Estados y planteen esta propuesta para hacer mínimamente un 10 % de recorte en el gasto militar…
Exacto. La idea concreta de la campaña es una reducción coordinada de presupuestos militares del 10%. Es una idea muy moderada, y es a propósito que sea moderada. Si lográramos, de los billones de dólares que hoy se gastan por año, el 10 % nos ayudaría a cubrir cuestiones de alimentación, nos ayudaría a cubrir las inversiones que se necesitan para la adaptación al cambio climático que son cifras mucho menores a lo que se gasta hoy en guerra y en armamento. Es una propuesta moderada a propósito, digo, porque la idea es poder empezar la conversación, tener algo desde donde poder pensar en una idea realista, una idea moderada, una idea coordinada de vuelta. Esto, al pensar en una coordinación de los países y una reducción no cambiaría la correlación de fuerzas. Quien más gasta seguirá siendo quien más gasta; entonces, sabemos que no es una idea radical, pero sabemos que es una idea transformadora. Transformadora e inmediata en el sentido de obtener fondos que se necesitan urgentemente, por ejemplo, para la adaptación al cambio climático, pero también una idea transformadora en las ideas, en las narrativas, en los discursos de vuelta. Pensar en sociedades desmilitarizadas, en el sentido de sociedades que cuidan en vez de controlar.
En la propuesta plantean que ese 10 % de recorte al gasto militar una parte se destine a las problemáticas locales y la otra parte vaya al apoyo internacional.
Correcto, correcto.
– ¿Los países más ricos deberían apoyar a los países que están con más dificultades?
Correcto. Ese es un punto importante de la iniciativa, que es el tema de la responsabilidad histórica de los países, principalmente del norte global, y hablamos principalmente de Europa y EE.UU, con respecto a lo que ha sido su accionar militar histórico. Entonces, creemos que es responsabilidad de esos países que más gastan, y que más han gastado históricamente, contribuir a ese fondo que imaginamos que se podría formar con ese dinero. Por otro lado, como decíamos antes, este diálogo que planteamos, entre movimientos y gobiernos, tiene que ver con esas prioridades nacionales algo que nos parece que también puede ser atractivo para las sociedades, para los pueblos, pensar en que ese dinero ahorrado se utilice en el mismo país. Esto nos parece muy importante, especialmente en países que no han tenido responsabilidad en temas de militarismo. Nos parece fundamental que esas prioridades sean planteadas desde los movimientos y para los pueblos. Nos parece fundamental que en todos los procesos de este diálogo que planteamos, los movimientos, las organizaciones sociales sean una parte principal de ese diálogo.
En Chile hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Defensa, contra el entrenamiento militar de tropas chilenas en EEUU, contra una base militar que EEUU financió en el Fuerte Aguayo, contra la venta de carros de combate a Alemania que irían después a Ucrania. Ese diálogo hay que profundizar y, efectivamente, la sociedad debería decidir cuáles son las prioridades de los presupuestos nacionales. Debemos ir construyendo esa conversación, que no comience en una sola reunión, sino sea una campaña, un proceso que estemos dando simultáneamente en muchos lugares, porque en la medida en que lográramos convencer a distintos gobiernos, esta idea puede ir avanzando…
Exacto, sí. Un poco esa idea de la coordinación de este recorte es justamente para darle un poco de oportunidad, o darle la oportunidad a los gobiernos para que no puedan decir: “no, esto va a disminuir la seguridad, vamos a quedar expuestos” Si una región entera lograra llegar a este acuerdo, creo que sería una muestra clara de que no es necesario este aumento continuo del gasto militar año tras año.
Yo creo que es un buen precedente la Proclama de la CELAC que declara a América Latina una Zona de Paz, libre de armas nucleares, lo que sugiere que sería interesante también, en el futuro, se podría pensar una declaración parecida que comprometa a América Latina y el Caribe para ir reduciendo gradualmente el gasto militar y destinarlo a temas sociales, a la vida…
Sí, correcto, eso imaginamos, imaginamos una serie de pasos hacia esa coordinación global, imaginamos tratados regionales o declaraciones regionales de ese estilo. Ojalá que Latinoamérica sea la cabeza de ese cambio.
Finalmente, ¿hay o no preocupación de la Fundación Rosa Luxemburgo de que pueda estallar una guerra mundial?
Es una pregunta complicada, bueno, a ver, sí. No es que en el análisis esté presente esa idea tan así, pero sí se observa un crecimiento de los conflictos alrededor del mundo, y sobre todo de conflictos donde la población civil está muy involucrada. No estamos hablando de ejército contra ejército, sino contra poblaciones civiles, entonces hay una preocupación muy grande por el tema de las guerras que hoy existen; hay una preocupación muy grande como ya dije antes sobre el papel de Alemania en estimular y ser parte de ese proceso de rearme y la fundación trabaja desde la idea de la paz positiva. Una idea, no de ausencia de conflicto, sino de crear las condiciones necesarias para que la gente pueda vivir en paz. Para eso hace falta desarrollo, hace falta acceso a alimentos, a salud, etc. y nos parece fundamental avanzar sobre esos temas y criticar lo que está pasando mientras insistimos con esta idea de que no sólo pedimos el fin de la guerra, sino que pedimos reparaciones, y pedimos que se inviertan en las prioridades sociales que hacen falta, que son urgentes.
Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org
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Se esperan temperaturas superiores a lo normal en todo el mundo. Desde la ONU instan a frenar los combustibles fósiles y a tomar medidas tempranas para proteger a la población.
El fenómeno de El Niño, actualmente en pleno desarrollo, continuará intensificándose de manera constante hasta alcanzar la categoría de evento «fuerte» entre los meses de agosto y octubre de 2026, ha avisado la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Este patrón climático –de origen natural y que calienta las aguas del Pacífico–, sumado a un contexto de temperaturas oceánicas sin precedentes, amenaza con exacerbar las anomalías térmicas y alterar de forma drástica los patrones de precipitaciones en todo el planeta.
Según los últimos datos del organismo especializado de las Naciones Unidas, se esperan anomalías medias estacionales en la temperatura de la superficie del mar que superarán los 2,9 °C en las principales zonas de monitoreo del Pacífico ecuatorial. Sin embargo, El Niño no actúa solo. La OMM prevé que el dipolo del océano Índico entre en una fase positiva, un fenómeno oceánico que calentará el Índico occidental y enfriará el oriental. La interacción de ambos eventos climáticos tiene el potencial de agravar los impactos a nivel regional, multiplicando el riesgo de sequías, inundaciones e incendios forestales, con especial virulencia en la cuenca del Índico. A esto se suma que la superficie del océano Atlántico tropical continuará registrando valores por encima de su media histórica.
«Un planeta en llamas«
Ante estas proyecciones António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha advertido de que “El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción”. Guterres ha querido vincular este fenómeno natural con la crisis climática, señalando que El Niño está «echando más leña al fuego de un planeta en llamas, abrasado por sofocantes cúpulas de calor, incendios forestales apocalípticos y océanos excepcionalmente cálidos».
El máximo responsable de la ONU aprovechó la ocasión para reiterar su llamado a frenar la expansión de los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global. «Si no actuamos para proteger a las personas y atajar la crisis de raíz, los peligros serán aún más mortíferos. El calentamiento toca a su fin, y no podemos permitirnos esperar al acto principal», sentenció.
Un mapa global de calor y contrastes hídricos
Las perspectivas estacionales elaboradas por los principales centros mundiales de producción y recopiladas por la OMM dibujan un mapa de extremos. En cuanto a las temperaturas, es «sumamente probable» que se registren valores superiores a la media en la mayor parte de las superficies terrestres. Las zonas con las probabilidades más altas de sufrir este calor extremo incluyen el sur de Europa, África continental, la península arábiga, el subcontinente indio, Asia oriental, América Central, el Caribe, gran parte de América del Sur y Nueva Zelandia.
En lo que respecta a las precipitaciones, las proyecciones para el período de agosto a octubre muestran la huella de un episodio fuerte de El Niño, dividiendo el mundo entre regiones inusualmente húmedas y zonas castigadas por la sequía. Se prevén lluvias por encima de lo normal en el Cuerno de África, partes de Asia central, el sur de Europa, la región occidental de América del Norte (al sur del paralelo 45° N) y el sureste de América del Sur. Por el contrario, el riesgo de sequía se cierne sobre el subcontinente indio, el norte de Europa, el sur y este de Australia, el sur de América Central, partes del Caribe y el noroeste de América del Sur.
Prevención y acción temprana ante el clima extremo
Como recuerda la OMM, El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural que se repite en ciclos de entre dos y siete años, con una duración típica de nueve a doce meses. Sus efectos suelen alcanzar el punto máximo entre noviembre y febrero. Aunque a nivel popular se ha extendido el uso del término «superniño«, la OMM insiste en que esta denominación no forma parte de su sistema operativo de clasificación, el cual categoriza los episodios únicamente como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes.
Frente a la inminencia de este evento «fuerte», la comunidad meteorológica internacional centra sus esfuerzos en la anticipación. Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, ha recordado que «los pronósticos por sí solos no evitan los peligros; eso solo pueden hacerlo las personas». La meteoróloga argentina subrayó que el actual escenario, marcado por un contenido de calor oceánico sin precedentes, ofrece a los gobiernos una ventana vital para anticipar los riesgos. «Las decisiones que tomemos hoy determinarán las consecuencias que experimentaremos mañana», señala.
Fuente: https://climatica.coop/el-nino-evento-fuerte-agosto-octubre/
Entra en vigor el Reglamento Europeo que regula la aplicación de la IA; prevé una implementación escalonada hasta 2028 y el régimen sancionador contempla multas millonarias de hasta 35 millones de euros
Este domingo entra en vigor el Reglamento Europeo que regula la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea (UE), la primera ley del mundo en este sentido. Establece un marco común para que la IA se utilice en la UE de forma segura, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales, y exige un control técnico y ético de todas estas herramientas para mitigar los riesgos. Aprobada en 2024, la normativa prevé una implementación escalonada hasta 2028.
El régimen sancionador prevé multas millonarias: hasta 35 millones de euros en el caso de las muy graves, por utilizar por ejemplo sistemas de IA prohibidos; o de 15 millones en el caso de las graves, por incumplimientos relacionados con los sistemas catalogados como “de alto riesgo”.
Los sistemas que conllevan riesgos inaceptables están ya prohibidos desde el pasado año, y entre ellos están los que usan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas; los que tratan de explotar la vulnerabilidad de las personas (menores, mayores o discapacitados); los que usan la clasificación biométrica para deducir la raza, la religión o la orientación sexual; o los sistemas que usan la ‘puntuación social’ para evaluar conductas.
Y a estas herramientas ‘inaceptables’ se acaban de incorporar como sistemas prohibidos –aunque no entrarán en vigor hasta el próximo mes de diciembre– algunos de los peores usos de la IA generativa, como la creación o manipulación sin consentimiento de contenidos íntimos (‘deepfakes sexuales’) o cualquiera capaz de generar pornografía infantil.
Marcado como el punto de inflexión del Reglamento, el 2 de agosto se empieza a aplicar el grueso de la norma: todas las obligaciones de transparencia, las reglas que regulan la mayoría de los sistemas de IA y las obligaciones de los proveedores y de los usuarios, pero la Comisión Europea ha aprobado una norma (Omnibus Digital) para simplificar el complejo ecosistema de leyes digitales e intentar que su aplicación sea más gradual y coordinada.
Y aplaza, hasta diciembre de 2027, algunos de los puntos más trascendentes de la ley, entre ellos las exigentes obligaciones que tienen que cumplir los sistemas de IA catalogados como ‘de alto riesgo’ (por ejemplo los que se usen para evaluar o calificar a estudiantes, para filtrar currículos, para evaluar la solvencia económica de las personas o para fijar el precio de un seguro de vida o de salud).
Información al usuario
Sí entra en vigor el próximo 2 de agosto la obligación de informar a cualquier usuario de que está interactuando con un sistema de IA, pero no el etiquetado obligatorio de los contenidos que se generen con herramientas de IA (con una marca de agua con las siglas AI), que se ha pospuesto hasta el próximo 2 de diciembre para aquellos sistemas capaces de generar contenidos sintéticos (imágenes, vídeos o audios que imiten elementos o personas reales).
Dos años más (agosto de 2028) tardarán en entrar en vigor todas las obligaciones referidas a los sistemas de inteligencia artificial, clasificados también ‘de alto riesgo’ pero que estén integrados en productos o en servicios ya regulados (como los dispositivos médicos, los asistentes de conducción, los juguetes o los asistentes de la navegación aérea).
Al complejo armazón legislativo europeo se suma el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la IA que ha aprobado el Gobierno español (en tramitación en el Congreso), que busca adaptar la norma europea al marco de España, que en ningún caso establece un régimen paralelo pero sí lo concreta, lo desarrolla, organiza quién supervisa, cómo se sanciona o cómo se debe usar esta herramienta en el sector público.
¿Regulación versus innovación?
Especialistas en derecho y transformación digital han analizado con EFE el entramado jurídico y el complejo calendario de aplicación del Reglamento Europeo de IA.
El director general de la empresa BIP Iberia –consultora especializada en adaptación a los mercados digitales–, Giovanni Alessandrello, ha apuntado que el mayor riesgo es que las empresas interpreten las prórrogas “como una invitación a esperar”.
En declaraciones a EFE, Alesandrello ha valorado el reglamento como “una prueba de madurez” porque cualquier sistema de IA se debe poder “explicar, gobernar y auditar” y ha rechazado la “falsa” dicotomía que a su juicio existe de que Estados Unidos ha elegido la innovación y Europa la regulación o que este tipo de normas frenen la innovación y competitividad europeas.
“La cuestión no es si debemos regular la IA; el reto es cómo gobernarla sin frenar la innovación, porque sin control puede generar riesgos sistémicos, pero una regulación excesivamente rígida puede impedir que Europa compita. El desafío es encontrar el equilibrio”, ha manifestado.
El abogado especializado en tecnología y derechos digitales Guillermo Hidalgo, de la firma Maio Legal, percibe que el Reglamento aporta reglas claras, porque no es lo mismo regular un chatbot de atención al cliente que un sistema que decide si te conceden un crédito, y se ha mostrado convencido de que la norma puede ser “un sello de calidad para la IA europea”.
Hidalgo, en declaraciones a EFE, ha advertido que la tecnología avanza más rápido que la regulación y es previsible que aparezcan sistemas con un impacto real sobre las personas que queden fuera de los que ya están catalogados ‘de alto riesgo’, o de la confusión y la complicación que pueden suponer para muchas empresas el calendario de aplicación o el solapamiento con otras normativas (como las de protección de datos) ya vigentes.
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