Concretar pacto de 800 mdp más para educación en la entidad este año, entre acuerdos // Insisten en anular Ley de Issste, o volverán los cierres.
Maestros afirman que en Oaxaca faltan al menos mil 300 plazas docentes en niveles básico y medio básico. La imagen, afuera de Palacio, donde dialogaron más de tres horas con la mandataria.
Laura Poy, Néstor Jiménez y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Viernes 14 de agosto de 2026, p. 7
En la reinstalación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el magisterio de la sección 22 de Oaxaca, adscrito a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acordó avanzar en el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos.
Dichos convenios incluyen destinar 800 millones de pesos como recurso extraordinario para este año al sector educativo de la entidad y concretar la regularización de horas, recategorizaciones y nuevas plazas en prescolar, primaria y secundaria, informó la secretaria general del magisterio oaxaqueño, Yenny Aracely Pérez Martínez.
En el encuentro en Palacio Nacional, al que también asistieron los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, así como el director general del Issste, Martí Batres, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, detalló que faltan al menos mil 300 plazas docentes en el estado, por lo que pidió a los representantes de cada nivel educativo estar atentos de este proceso, que empezará el primero de septiembre.
Luego de más de tres horas de negociación, Pérez Martínez dio a conocer a los cientos de profesores concentrados en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otro de los acuerdos con la Presidenta fue la entrega de recursos para uniformes escolares de primaria y secundaria, que por primera vez incluirá a alumnos de prescolar en la entidad, cuyos padres recibirán a partir de septiembre la tarjeta del Bienestar donde se dispersarán los fondos.
En entrevista, Delgado enfatizó que la Federación destina 6 mil 300 millones de pesos para atender a 197 mil 983 estudiantes de secundaria que reciben la Beca Rita Cetina en la entidad, así como a 376 mil 436 alumnos de primaria beneficiados con apoyos para útiles y uniformes, y a 148 mil 675 jóvenes que cursan bachillerato se les otorga la Benito Juárez, 35 mil 248 universitarios obtienen la de Jóvenes Escribiendo el Futuro.
En medio de un fuerte dispositivo policiaco, que desplegó a cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en las inmediaciones de Palacio Nacional, lo que incluso fue cuestionado por la maestra Pérez Martínez, quien apuntó: “no sabemos con qué objetivo se hizo este operativo, si venimos pacíficamente”. Dijo que en la mesa con la Presidenta “insistimos en nuestra demanda central de acceder a una pensión digna y la abrogación de la Ley del Issste y de la reforma educativa, así como reinstalar la mesa con la CNTE”.
Escuelas sin luz
Informó que ante la mandataria federal se detalló que hay acuerdos firmados con los gobiernos estatal y federal, “pero que no se han cumplido, entre ellos el que tenemos varias escuelas en el estado que no tienen servicio de energía eléctrica, y para contratarlo los padres de familia deben pagar más de 25 mil pesos para tener un dictamen y que puedan tener luz”.
A ello se suman los adeudos en el pago de la energía eléctrica en varios planteles, en particular de telesecundarias, que no cuentan con el recurso para solventar este gasto.
Indicó que Sheinbaum se comprometió a resolver esta demanda.
Al respecto, en un comunicado conjunto, la SEP y Gobernación detallaron que se acordó que se establecerá una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para asegurar que todas las escuelas de Oaxaca cuenten con el servicio eléctrico.
Pérez Martínez advirtió que si hay un nuevo incumplimiento de los acuerdos, “vamos a volver a movilizar, no nos queda otra”. Agregó que la próxima asamblea estatal será en los primeros días de septiembre.
¿Se está convirtiendo la escuela en un espacio de control algorítmico y captura de la identidad infantil?
Desde Otras Voces en Educación (OVE), presentamos una investigación exhaustiva sobre la vigilancia biométrica en las instituciones educativas de ALC. Analizamos cómo el reconocimiento facial, el registro de huellas y el monitoreo digital vulneran la privacidad y los derechos de nuestras infancias y adolescencias.
No nos quedamos solo en el diagnóstico: ponemos a disposición herramientas concretas de resistencia y defensa comunitaria.
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No está la revolución de las conciencias en las aulas. Si no fuese por los bastiones críticos, la crisis de la educación quedaría invisibilizada. La crisis de la educación no comenzó con el deterioro de los edificios escolares ni con la insuficiencia presupuestaria, aunque ambas expresiones la delatan. Tampoco nació con la digitalización acelerada de los procesos pedagógicos ni con la mercantilización obscena del conocimiento. Su raíz más profunda consiste en el intento sistemático de domesticar la conciencia humana para convertir el aprendizaje en obediencia y la inteligencia en simple destreza funcional al mercado. Si no fuese por los bastiones críticos que aún resisten en las aulas, en las universidades públicas, en las bibliotecas, en los colectivos pedagógicos, en las comunidades indígenas, campesinas y populares, esta crisis habría quedado completamente invisibilizada bajo la propaganda de una supuesta modernización educativa que confunde innovación con rentabilidad y calidad con estandarización.
Toda universidad que aspire a llamarse dignamente así debe comparecer, en esta hora, ante el tribunal de la conciencia social y responder la pregunta: ¿para qué existe? Ya no basta la venerable antigüedad de algunos de sus “claustros”, la magnificencia de sus edificios, el número de sus graduados ni la prolijidad de sus reglamentos. La crisis que envuelve a la civilización contemporánea, nacida del desastre belicista del capitalismo hasta sus formas más macabras y contradictorias, ha colocado a toda institución del saber frente a una exigencia que no admite evasivas. Allí donde la vida se reduce a mercancía, donde el trabajo humano se separa de su dignidad, donde la naturaleza se trata como cantera inagotable y el espíritu es distraído por el estruendo del consumo, la universidad no puede continuar hablándose a sí misma en el lenguaje apacible de no pocas rutinas académicas. Debe justificar su existencia no por aquello que conserva, sino por aquello que transforma.
Están infestadas por la corrupción de la ideología de la clase dominante. La verdadera cultura jamás ha consistido en la acumulación de conocimientos muertos, del mismo modo que un bosque no vive por el número de sus árboles caídos. Todo saber auténtico participa del movimiento interior de la vida, de esa fuerza que convierte la observación en comprensión, la comprensión en juicio y el juicio en acción. Cuando el conocimiento se limita a reproducir las condiciones del orden existente, abandona su vocación creadora para convertirse en simple administración de lo impuesto. Entonces las aulas dejan de ser talleres del espíritu y se convierten en fábricas ideológicas (falsa conciencia) refinadas, donde se pulen inteligencias destinadas a servir con mayor eficacia a los mecanismos que producen desigualdad, devastación y desencanto.
No existe neutralidad allí donde el destino de pueblos enteros es decidido por fuerzas económicas que subordinan la política, la ciencia y hasta la imaginación a la lógica del beneficio. Pretender que la universidad permanezca suspendida sobre semejante conflicto equivale a exigir al navegante que contemple serenamente la tormenta mientras el barco hace agua. Toda abstención es ya una forma de elección. Todo silencio prolongado termina pronunciando el discurso del poder que domina. Por ello, la universidad no puede refugiarse en la ilusión de una objetividad desprovista de responsabilidad histórica. Su misión consiste precisamente en iluminar las relaciones ocultas entre los fenómenos, descubrir las contradicciones que el sentido común acepta como inevitables y devolver a la inteligencia su capacidad de imaginar aquello que todavía no existe. Sin mercenarios del aula.
Tal tarea exige también una profunda transformación interior. Ninguna institución puede ofrecer al mundo una claridad que ella misma no cultive. Si el cálculo burocrático reemplaza al entusiasmo por la verdad, si la competencia sofoca la cooperación, si la producción mecánica de indicadores sustituye la lenta maduración del pensamiento, entonces la universidad habrá aceptado la misma lógica que pretende estudiar críticamente. Se volverá espejo de aquello que debía cuestionar. El espíritu científico perderá su razón de ser social cuando olvide que toda medición adquiere sentido únicamente en relación con la vida humana y que ninguna excelencia estadística puede compensar la renuncia al juicio moral transformador.
Y la historia enseña que las épocas más fecundas nacieron cuando el saber dialogó con las necesidades profundas de su tiempo. Las grandes obras del pensamiento jamás fueron simples ejercicios de erudición, fueron respuestas apasionadas a las preguntas esenciales de los pueblos. También hoy la universidad está llamada a escuchar el clamor de una humanidad desgarrada por guerras, migraciones forzadas, pobreza persistente, devastación ecológica y soledades multiplicadas bajo el brillo engañoso de las tecnologías más sofisticadas. Sería una amarga ironía que el perfeccionamiento de los instrumentos coincidiera con el empobrecimiento del sentido. La inteligencia técnica alcanza alturas admirables, mientras la sabiduría necesaria para orientar sus consecuencias parece retroceder con inquietante rapidez.
Justificar la existencia universitaria significa, por tanto, demostrar que el conocimiento puede convertirse en fuerza emancipadora y no únicamente en recurso productivo burgués. Significa formar mujeres y hombres capaces de pensar más allá de las conveniencias inmediatas, de reconocer en cada ser humano un fin y nunca un instrumento, de comprender que la riqueza de una sociedad no se mide exclusivamente por el volumen de sus mercancías, se mide por la amplitud de su justicia. La profundidad transformadora de su cultura y la dignidad con que protege la vida común. Allí donde la educación superior renuncia a esta responsabilidad, deja un vacío que pronto será ocupado por los intereses más poderosos del mercado, para quienes la verdad vale solamente mientras produzca rentabilidad.
Quizá ninguna generación anterior haya recibido una tarea tan ardua. Sin embargo, precisamente en las horas de mayor incertidumbre se revela la verdadera estatura de las instituciones. Así también la universidad debe mostrar ahora la razón íntima de su permanencia. No como santuario de privilegios, ni como oficina de certificaciones, ni como elegante ornamento de las naciones, sino como conciencia crítica de la sociedad, laboratorio de futuros posibles y hogar donde el pensamiento aprende nuevamente a reconciliar la libertad con la responsabilidad, la razón con la sensibilidad y el conocimiento con la esperanza. Sólo entonces podrá afirmar, sin rubor y con legítima grandeza, que su existencia constituye una necesidad para la humanidad y no apenas una costumbre heredada de otros tiempos.
Y la UNESCO estima que más de 250 millones de niñas, niños y jóvenes permanecen fuera de la escuela, mientras cientos de millones adicionales asisten a instituciones incapaces de garantizar aprendizajes fundamentales. En América Latina persisten profundas desigualdades: los niveles de abandono escolar, las brechas tecnológicas y las diferencias territoriales revelan que la educación continúa reproduciendo, antes que superar, las estructuras históricas de exclusión. A ello se suma un fenómeno silencioso: el debilitamiento del pensamiento crítico. Allí donde disminuye la capacidad para preguntar, aumenta la facilidad para manipular. Allí donde se castiga la imaginación, prospera el conformismo. Allí donde la historia deja de explicarse como conflicto social, el presente aparece como destino inevitable.
Sin embargo, toda época fabrica también sus antídotos. En cada generación emergen maestras y maestros cuya vocación rebasa los programas oficiales. Son mujeres y hombres que enseñan a leer el mundo antes que memorizarlo, que convierten la duda en herramienta de conocimiento y la solidaridad en método de aprendizaje. Ellos constituyen los bastiones críticos de nuestro tiempo. No representan una élite ilustrada separada del pueblo. Son parte viva de la comunidad que aprende enseñando y enseña aprendiendo. Su tarea cotidiana desafía el fatalismo porque demuestra que cada conciencia emancipada multiplica la posibilidad de transformar muchas otras.
Entonces la revolución de las conciencias no puede reducirse a un cambio de contenidos curriculares. Exige modificar las relaciones sociales que producen ignorancia organizada. Ningún libro, por extraordinario que sea, sustituye la experiencia colectiva de pensar en libertad. Ninguna plataforma tecnológica reemplaza el diálogo vivo entre quienes construyen conocimiento desde la cooperación. Ningún algoritmo posee la sensibilidad ética necesaria para reconocer el sufrimiento humano ni la esperanza compartida. La inteligencia artificial, los recursos digitales y las nuevas tecnologías sólo adquieren sentido emancipador cuando permanecen subordinados al desarrollo pleno de la persona y de la comunidad, jamás cuando sustituyen el juicio crítico o convierten la educación en una mercancía administrada por monopolios tecnológicos.
Porque el aula constituye uno de los pocos espacios donde todavía resulta posible interrumpir la reproducción automática de la ideología dominante. Allí una pregunta bien formulada puede desestabilizar siglos de prejuicios. Allí una lectura compartida puede revelar que la pobreza no es fracaso individual, es consecuencia de relaciones históricas de explotación. Allí una conversación honesta puede desmontar el racismo, el patriarcado, el colonialismo y todas las formas de opresión que pretenden presentarse como naturales. La conciencia crítica jamás florece en el aislamiento. Nace del encuentro, del debate riguroso, del respeto mutuo y de la voluntad colectiva para comprender la realidad con el propósito de transformarla.
En México, donde la tradición pedagógica ha dialogado con las luchas populares y las experiencias comunitarias de innumerables educadores anónimos, la defensa de la escuela pública conserva un significado profundamente humanista. Defenderla significa proteger el derecho del pueblo a pensar con autonomía. Significa impedir que el conocimiento se privatice como si perteneciera a una minoría privilegiada. Significa reconocer que la cultura constituye un patrimonio común cuya riqueza aumenta cuantas más personas participan de ella. Ninguna nación alcanza soberanía verdadera cuando entrega la formación intelectual de sus nuevas generaciones a los intereses del lucro.
Toda revolución auténtica comienza por transformar la manera en la que las personas interpretan su propia existencia. Las grandes conquistas sociales fueron precedidas por revoluciones invisibles que ocurrieron primero en la conciencia colectiva. Cada estudiante que descubre la dignidad de preguntar inaugura una posibilidad histórica. Cada docente que rechaza la resignación fortalece el horizonte democrático. Cada comunidad que convierte la educación en asunto común abre una grieta luminosa en el muro de las desigualdades. La revolución de las conciencias en las aulas no constituye una consigna romántica.
Es una necesidad histórica. Mientras existan bastiones críticos capaces de defender el pensamiento libre, la educación seguirá siendo el territorio donde la humanidad ensaya sus formas más altas de emancipación. Allí se prepara la derrota del miedo, del dogma y de la indiferencia. Allí comienza la construcción de una sociedad cuyo porvenir no dependa de la obediencia, sino de la inteligencia organizada, de la solidaridad consciente y de la voluntad revolucionaria de un pueblo que decide aprender para transformar el mundo.
Y la batalla decisiva por el sentido no se libra únicamente en los parlamentos, en los mercados financieros o en los laboratorios donde se patentan las tecnologías que reorganizan la vida cotidiana. Se libra, con una intensidad menos visible, aunque más profunda, en el territorio donde cada ser humano aprende a nombrar la realidad. Quien controla el lenguaje administra también el horizonte de lo imaginable; quien empobrece el vocabulario crítico estrecha la capacidad de discernir entre la justicia y el privilegio, entre la verdad y la propaganda. Por eso la educación constituye el espacio estratégico de toda emancipación histórica. Sólo así la revolución de las conciencias encontrará su mayor fortaleza cuando la escuela deje de contemplarse como una institución aislada y se reconozca como el corazón cultural de la comunidad organizada. Allí deberán encontrarse el saber científico y la memoria popular, la creación artística y el trabajo productivo, la investigación rigurosa y la experiencia cotidiana de los pueblos. Ninguna transformación será duradera mientras el conocimiento permanezca fragmentado entre especialistas desconectados de las necesidades colectivas. La pedagogía del porvenir habrá de reconstruir esa unidad fecunda entre pensamiento y acción, entre sensibilidad y razón, entre ética y práctica social, hasta hacer de cada aula un laboratorio de democracia viva donde la inteligencia colectiva aprenda a producir, junto con conocimientos nuevos, sujetos históricos capaces de convertir la esperanza en organización y la organización en fuerza material para emancipar a la humanidad.
La central sindical uruguaya PIT-CNT realiza este martes 11 de agosto un paro general parcial en Montevideo y su área metropolitana para exigir mayor presupuesto social, educación pública de calidad y combatir la pobreza infantil.
La movilización de los trabajadores comenzó en la Universidad de la República y avanza hacia el Palacio Legislativo para presentar sus reclamos presupuestarios en la Rendición de Cuentas.
Entre las demandas principales resalta la asignación de recursos específicos para la educación pública y para combatir la pobreza en la infancia del país suramericano.
Asimismo, la central obrera exige aplicar un gravamen del uno por ciento al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IRPF) a los sectores con mayores ingresos y rechaza los incumplimientos estatales en materia de seguridad social.
La medida de fuerza, convocada entre las 9:00 de la mañana y las 13:00 hora local, recibe el respaldo de organizaciones docentes como la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) y la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), que ejecutan una paralización de 24 horas en escuelas y liceos.
Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) coordina la detención total de labores durante 24 horas en el sindicato vial Suutravi, la Biblioteca Nacional, la Corte Electoral, dependencias de operadores penitenciarios, el Ministerio de Educación y Cultura (ATEC) y el Sodre.
La protesta también abarca de forma parcial a ministerios e instituciones públicas, mientras que áreas estratégicas operan con esquemas mínimos para garantizar derechos fundamentales.
Sindicatos como la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)mantienen guardias gremiales activas. Estas guardias aseguran de forma exclusiva la atención de urgencias, emergencias médicas, tratamientos oncológicos e internaciones hospitalarias.
Esta jornada de movilización nacional evidencia la tensión social en Uruguay ante el debate de la Rendición de Cuentas del Ejecutivo. La central obrera PIT-CNT busca presionar al Parlamento para que priorice la inversión en sectores vulnerables frente a las políticas de austeridad fiscal vigentes.
La unidad de los sectores educativo, sanitario y administrativo en esta huelga reafirma el compromiso de los sindicatos uruguayos con la defensa del Estado de bienestar y los derechos de la clase trabajadora.
Si la prohibición continúa, cerca de cuatro millones de alumnas quedarán excluidas del sistema escolar en el año 2030.
Cinco años después de la caída de Kabul y del regreso de los talibanes al poder, 2,4 millones de niñas están privadas de enseñanza secundaria en Afganistán. Son 200.000 más que en 2025 y más de un millón más que en 2024. Las restricciones impuestas por los fundamentalistas han impedido el acceso a un derecho humano fundamental y han revertido dos décadas de avances en la formación de las mujeres, según ha advertido este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que ha publicado un nuevo balance sobre una situación que la ONU califica de apartheid de género.
“Cuando las niñas no pueden completar la educación secundaria, pierden cualquier vía de acceso a la educación superior, al empleo cualificado y a la independencia económica, es decir, a algunos de los principales mecanismos de inclusión social”, ha explicado este martes Hoda Jaberian, coordinadora del Programa de Educación en Emergencias de la Unesco, en una rueda de prensa virtual.
Pero, ahora, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe formalmente el acceso a la educación de las niñas a partir de la escuela primaria. Desde 2022, más de 100.000 mujeres han tenido que dejar también la universidad. “Hoy podemos afirmar que Afganistán afronta simultáneamente una crisis de acceso [a la educación], una crisis de igualdad de género y una crisis de aprendizaje”, ha alertado Jaberian, que ha liderado varias misiones en terreno para verificar la situación de la población femenina.
Este es el escalón fundamental de un sistema que trata de borrar a 22 millones de mujeres del espacio público. En los años posteriores al 15 de agosto de 2021, los talibanes las han excluido de la mayoría de trabajos remunerados y empleos públicos, les ha obligado a viajar siempre en compañía un tutor masculino y hasta les ha prohibido hablar o mostrar su rostro en la calle.
Algunas mujeres han tratado de resistir con la creación de escuelas clandestinas, clubes de lectura secretos y de programas de televisión educativos emitidos desde el exterior. Pero algunas han pagado un alto precio por defender el derecho a aprender, como es el caso de Amal y Ariana, madre e hija, que viven como fugitivas después de que las autoridades descubrieran el aula que habían instalado en el sótano de su casa para impartir clases de matemáticas, historia, inglés y lengua darí. “Mi madre siempre dice que guardar silencio significa aceptar la injusticia”, le decía Ariana a EL PAÍS, en un reportaje publicado este lunes.
Las proyecciones de las Unesco indican que, si nada cambia, el país atravesará una escasez de más de 11.000 profesoras cualificadas de aquí a 2030. Esto, como ha advierte Jaberian, será un problema el día que comience la recuperación del sistema educativo. “Se trata de un auténtico círculo vicioso: menos niñas pueden estudiar, menos mujeres pueden convertirse en profesoras o profesionales cualificadas y, poco a poco, el sistema pierde el capital humano que necesita para recuperarse y desempeñar el papel que se espera de él en el futuro”.
Además, se calcula que, para 2066, aproximadamente 600.000 afganas podrían abandonar la fuerza laboral. Las pérdidas económicas, agrega la organización, ascenderían a 9.600 millones de dólares (unos 8.300 millones de euros).
Otra preocupación de los organismos internacionales es el creciente número de migrantes afganos que retornan desde Pakistán por las políticas de expulsión ordenadas por Islamabad. Entre abril de 2025 y agosto de 2026, han regresado 1,8 millones de personas y, de estas, unas 480.000 son niñas menores de 17 años. Las adolescentes que tenían acceso a la educación secundaria en Pakistán, dejarán de tenerlo al cruzar la frontera. Y las niñas que van a la primaria se encontrarán con un sistema al límite.
“Estos movimientos ejercen una presión adicional sobre un sistema educativo que ya se encuentra saturado: escuelas masificadas, infraestructuras inadecuadas o inseguras para el aprendizaje y una escasez de docentes con la formación y las capacidades necesarias para garantizar una educación de calidad”, ha descrito Jaberian.
Realizado por equipo de investigación Otras Voces en Educación
Resumen:
El avance de las tecnologías biométricas en los entornos escolares de América Latina y el Caribe se ha acelerado bajo discursos de modernización y seguridad. No obstante, esta implantación suele ocurrir sin una reflexión profunda sobre los derechos a la privacidad, la protección de datos de los menores y el consentimiento informado de las familias. El presente artículo analiza, desde la perspectiva de la pedagogía crítica y los derechos digitales, las implicaciones políticas, pedagógicas y legales del despliegue de sistemas algorítmicos de reconocimiento facial y dactilar en instituciones educativas de Brasil, México y Argentina. A través del análisis conceptual de la soberanía de los datos y la corporalidad, la sistematización de jurisprudencia y precedentes de resistencia comunitaria en la región, y la presentación de herramientas de objeción legal e incidencia, se examinan las consecuencias de la expropiación de la identidad infantil y se propone una ruta de actuación participativa frente a la indefensión administrativa.
1. La Escuela como Territorio de Control Algorítmico
En la última década, los entornos escolares de América Latina y el Caribe han sido testigos de una progresiva e inconsulta digitalización de sus dinámicas más cotidianas. Dispositivos de reconocimiento facial para el control del presentismo, lectores de huellas dactilares para el acceso a comedores escolares y cámaras con capacidades de análisis de comportamiento son presentados por corporaciones y Estados como hitos de «eficiencia» y «modernización». Sin embargo, desde las premisas de la pedagogía crítica, la escuela no puede ser concebida como un laboratorio de experimentación corporativa ni como un espacio de control policial suave (soft surveillance).
La implantación de tecnologías biométricas en la región no es un acto técnicamente neutral, sino una manifestación de colonización digital que vulnera la autonomía de los cuerpos y acostumbra a las infancias a la docilidad frente a la vigilancia masiva. Este artículo aborda la problemática desde su raíz: la indefensión administrativa de las familias en los contextos específicos de Brasil, México y Argentina, articulando fundamentos teóricos, marcos regulatorios vigentes, evidencia de casos empíricos de resistencia y una metodología de incidencia comunitaria destinada a transformar la preocupación individual en acción colectiva organizada.
2. Fundamentos Teóricos y Conceptuales
2.1. Pedagogía del Cuerpo y Expropiación de la Identidad
La introducción de lectores biométricos en los accesos escolares subvierte la relación del sujeto pedagógico con su propia corporalidad. Siguiendo la tradición de Paulo Freire, la educación debe ser un acto de concienciación y liberación; por el contrario, la vigilancia algorítmica opera como una «pedagogía del control». Al obligar a un niño o niña a escanear su rostro o su huella para habitar el espacio público escolar o acceder a su alimentación, se le enseña que su propio cuerpo no le pertenece de manera absoluta, sino que es una llave de acceso cuya propiedad y validación están en manos de un tercero corporativo o estatal. Esta normalización de la vigilancia durante la etapa de desarrollo cognitivo y social reduce la capacidad crítica del futuro ciudadano ante el rastreo constante en la vida civil.
2.2. La Irrecuperabilidad del Dato y la Prisión Digital Permanente
Desde la perspectiva de los derechos digitales, es imperativo diferenciar los datos alfanuméricos de los datos biométricos. Estos últimos poseen un carácter sensible, inalterable e irrecuperable. Si las credenciales o contraseñas digitales de un sistema escolar son vulneradas a raíz de un ciberataque, el protocolo técnico permite su sustitución inmediata. En cambio, si la base de datos biométricos de una escuela es hackeada o filtrada en el mercado negro —un escenario frecuente dada la precariedad de la infraestructura informática de los planteles en ALC—, el rostro y la huella del menor quedan comprometidos para el resto de su vida. La infancia es despojada de su derecho al anonimato y al olvido, quedando expuesta a la creación de «expedientes algorítmicos» que podrían condicionar su acceso futuro a empleos, créditos o servicios.
2.3. Discriminación Automatizada, Sesgos Algorítmicos e Interseccionalidad
El software de reconocimiento facial no está exento de ideología ni de fallas estructurales. Al ser desarrollado y entrenado mayoritariamente con patrones de rostros adultos y caucásicos, su efectividad decrece drásticamente al aplicarse a poblaciones infantiles y racializadas. En las realidades periféricas y diversas de América Latina, esto se traduce en tasas elevadas de «falsos positivos» y errores de lectura. Las infancias indígenas, afrodescendientes o de sectores populares terminan siendo sistemáticamente rechazadas por las interfaces técnicas, lo que genera dinámicas diarias de estigmatización y exclusión escolar frente a sus pares.
A la luz de los aportes teóricos y metodológicos desarrollados en conjunto por el equipo de Otras Voces en Educación y la organización Derechos Digitales, el análisis de la biometría escolar exige una mirada interseccional. Ambas organizaciones fundamentan que la vigilancia digital profundiza las asimetrías de poder preexistentes en las instituciones públicas del sur global. Al automatizar el castigo y el control del presentismo escolar, se vulnera prioritariamente a los estudiantes de contextos socioeconómicos precarizados, transformando los sesgos algorítmicos en barreras reales de acceso a la educación y a la protección social.
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3. Análisis de Contextos Nacionales y Evidencia Empírica de Resistencia
La base empírica de esta investigación se sustenta en el diagnóstico profundo sobre la biometría puesta en marcha en las escuelas de América Latina y el Caribe, una investigación exhaustiva realizada por el equipo de Otras Voces en Educación con el apoyo estratégico del Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales. Este trabajo integral de campo y mapeo regional, disponible en acceso abierto a través de nuestra página web, permitió identificar las dinámicas reales de exclusión y coacción administrativa que enfrentan las comunidades escolares, aportando los siguientes antecedentes clave para Brasil, México y Argentina:
3.1. Brasil: Marco Legal (LGPD/ECA) y Acción Civil Pública en Bahía
En el contexto brasileño, la biometría suele ingresar camuflada a través de sistemas vinculados a la frecuencia escolar en el marco de programas sociales o la gestión del transporte público. El andamiaje legal de contención se sostiene sobre:
Artículo 14 de la LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):Determina que el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes debe realizarse en su mejor interés y exige el consentimiento específico y en destaquebrindado por al menos uno de los padres o tutores legales.
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):Los artículos 17 y 18 garantizan la inviolabilidad de la imagen e identidad del menor, obligando a los Conselhos Tutelares a intervenir ante prácticas que sometan a las infancias a situaciones vexatorias.
Ejemplo de Resistencia Comprobable: En el estado de Bahía, el gobierno estadual inició un macroproyecto para instalar cámaras de reconocimiento facial en el transporte público y en más de 700 escuelas secundarias. La resistencia fue articulada mediante Acciones Civiles Públicas impulsadas por redes como LAVITS y el Instituto Alana ante la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Las organizaciones demostraron la captura no consentida de rostros de estudiantes afrodescendientes en periferias, logrando que la ANPD y la justicia intervinieran para paralizar la obligatoriedad del sistema por la falta de transparencia algorítmica y los sesgos raciales evidenciados.
3.2. México: LGPDPMSO y las Resoluciones del INAI contra Sujetos Obligados
En México, la instalación de tótems y cámaras «inteligentes» suele ser promovida de forma unilateral por las Sociedades de Padres de Familia o direcciones escolares bajo la narrativa de la seguridad. La legislación vigente establece:
LGPDPMSO (Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados):Las escuelas públicas son catalogadas como sujetos obligados y deben presentar obligatoriamente un Aviso de Privacidad Integral y una Evaluación de Impacto en la Privacidad antes de desplegar tecnologías de recolección de datos sensibles (Arts. 76 y 77 de la LGDNNA).
Ejemplo de Resistencia Comprobable: En el ámbito de la educación media superior y superior, estudiantes y comités de familiares interpusieron quejas ante el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) contra instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y universidades estatales por el uso de software de reconocimiento facial (proctoring). El INAI emitió resoluciones donde declaró procedentes los recursos al constatar que las autoridades no habían presentado las Evaluaciones de Impacto ni los Avisos de Privacidad obligatorios, forzando la suspensión del software algorítmico y el retorno a métodos de evaluación no invasivos.
3.3. Argentina: Ley 25.326 y la Inconstitucionalidad del Reconocimiento Facial
En Argentina, la instalación de lectores biométricos en accesos y plataformas jurisdiccionales se enfrenta a los principios rectores del derecho de datos personales:
Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales:Consagra los principios de Proporcionalidad y Minimización de Datos. Es ilegal recolectar un dato sensible (como la biometría) si el fin perseguido —registrar el presentismo o administrar el comedor— puede resolverlo por un medio analógico tradicional menos intrusivo (como el pase de lista oral o una credencial física).
Ejemplo de Resistencia Comprobable: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Observatorio de Derecho a la Ciudad y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpusieron un amparo colectivo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). En 2022, la jueza Elena Liberatori declaró la inconstitucionalidad del sistema tras probarse que se habían escaneado e incorporado masivamente datos biométricos de miles de niños, niñas y adolescentes sin orden judicial ni marco garantista. Este fallo sentó un precedente jurisprudencial que bloqueó la implementación de pilotos de vigilancia facial en las escuelas del distrito.
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4. Caja de Herramientas para la Acción Comunitaria
Frente a la indefensión administrativa identificada en el diagnóstico de Otras Voces en Educación, nuestra iniciativa ha desarrollado una infraestructura pedagógica y legal de libre acceso para las comunidades. Esta respuesta se operativiza a través de dos recursos fundamentales elaborados por nuestro equipo: la Guía sobre 5 pasos para frenar la vigilancia biométrica en tu escuela y el Kit de Objeción Digital, ambos disponibles para descarga gratuita en nuestra página web.
4.1. La Guía de 5 Pasos para Frenar la Vigilancia Biométrica
Este manual sintético orienta la ruta de las familias desde la sospecha inicial hasta la resolución del conflicto:
Identificación y Mapeo Seguro:El uso de la observación colectiva para detectar cámaras inteligentes, lectores de huellas o tótems en los accesos escolares.
Socialización del Riesgo:La convocatoria a reuniones informativas compartiendo los argumentos científicos sobre la irrecuperabilidad del dato biométrico y los sesgos algorítmicos corporativos.
Estructuración del Comité de Familias:La conformación de un bloque representativo (o el uso de la Cooperadora Escolar) para asumir una portavocía colectiva y evitar represalias individuales.
Diligenciamiento e Impugnación Legal:La personalización y llenado de las notificaciones de no consentimiento administrativo.
Auditoría de Alternativas Analógicas:La exigencia formal de mecanismos tradicionales de acceso que no vulneren la dignidad del estudiante.
4.2. El Kit de Objeción Digital: Protocolos e Instrumentos Legales
Complementando la guía de ruta, este kit robustece la acción administrativa y comunicacional en el territorio:
Protocolo de Recolección Segura de Evidencias:Pautas estrictas para fotografiar hardware escolar y digitalizar circulares protegiendo la identidad de menores mediante la remoción de metadatos y la anonimización de documentos.
Guía de Contraargumentación Comunitaria:Un compendio conceptual detallado para desmontar mitos corporativos y discursos escolares ligados a la «modernización» y a la «seguridad técnica».
Modelos Legales por País:Plantillas jurídicas de rechazo administrativo listas para rellenar, imprimir por duplicado y radicar formalmente ante las direcciones escolares de Brasil, México y Argentina.
5. Metodología del Taller Popular de Llenado Online e Incidencia Comunitaria
Para garantizar la apropiación colectiva de los recursos gratuitos disponibles, se propone una dinámica de educación popular virtual de 50 minutos:
[Apertura y Desmontaje de Mitos (10 min): Encuadre político del proyecto e introducción a los materiales de descarga gratuita.
Problematización y Pizarra Digital (15 min):Las familias cargan de forma anónima en una plataforma cifrada las evidencias recolectadas en las escuelas tras aplicar el protocolo de recolección segura.
Acción Digital y Llenado Legal (15 min):Trabajo en salas virtuales divididas por país (Brasil, México, Argentina) donde se orienta la edición de los modelos de cartas de no consentimiento en tiempo real.
Acuerdo de Entrega Masiva (10 min):Coordinación para acudir en bloque a las puertas del establecimiento escolar y entregar los documentos por duplicado ante la dirección, exigiendo el sello formal de recibido.
Esta estrategia se complementa con la Campaña de Incidencia Pública, la cual distribuye paquetes de agitación digital (gráficas, comunicados para mensajería instantánea y stickers) y busca la articulación con sindicatos docentes y la emisión de alertas públicas dirigidas a los Ministerios de Educación de la región para exigir moratorias inmediatas a la contratación de biometría en el sistema educativo.
La educación es un derecho humano incondicional y universal; la adopción de tecnologías biométricas es una opción de gestión administrativa secundaria. Supeditar el ingreso a las aulas o el derecho a la alimentación escolar a la entrega obligatoria de datos personales sensibles constituye una distorsión grave de los fines pedagógicos institucionales.
La experiencia acumulada en Brasil, México y Argentina, sumada a las evidencias recolectadas en el diagnóstico regional profundo de Otras Voces en Educación con el soporte de Derechos Digitales, demuestra que la indefensión administrativa se combate mediante la articulación social, la investigación rigurosa y la acción popular coordinada. La respuesta ante la vigilancia algorítmica no puede ser la resignación tecnocrática. Exige la construcción de un tejido crítico que demande el cumplimiento estricto de las legislaciones vigentes (LGPD, LGPDPMSO, Ley 25.326), emplee las herramientas de descarga gratuita provistas en nuestro sitio web y reivindique la escuela pública como un espacio soberano, libre de control corporativo y plenamente respetuoso de la integridad digital de las futuras generaciones.
Referencias Bibliográficas y Regulatorias
Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales. Hábeas Data. Buenos Aires, 2000.
Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Buenos Aires, 2005.
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, 2018.
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Diário Oficial da União, Brasília, 1990.
Derechos Digitales & Otras Voces en Educación.Soberanía de los Datos y el Interés Superior del Niño en ALC: Desafíos Políticos y Pedagógicos frente a la Vigilancia Biométrica. Documento de Trabajo Académico-Comunitario, 2026.
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la CABA.Fallo «Observatorio de Derecho a la Ciudad y otros c/ GCBA s/ Amparo», Expte. Nº 102432/2019-0 (Declaración de Inconstitucionalidad del SRFP). Buenos Aires, 2022.
México.Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPMSO). Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 2017.
México.Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 2014.
Organización de las Naciones Unidas (ONU).Convención sobre los Derechos del Niño. Resolución 44/25 de la Asamblea General, 20 de noviembre de 1989.
Otras Voces en Educación.Diagnóstico sobre la Biometría puesta en marcha en las Escuelas de América Latina y el Caribe. Investigación Regional con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales. Disponible en entorno web, 2026.
Este kit es un dispositivo de investigación-acción participativa y educación popular diseñado para que las comunidades escolares defiendan el aula como un territorio soberano, libre de control corporativo y policial. A continuación, se consolida la guía paso a paso con las tres herramientas fundamentales del kit para su distribución y descarga colectiva.
Índice del Kit
Protocolo de Recolección Segura de Evidencias (Fase de diagnóstico)
Guía de Contraargumentación Comunitaria (Fase de debate y concientización)
Modelos Legales de Objeción por País (Fase de freno legal y administrativo)
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
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