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Argentina: La OIT pidió explicaciones al Gobierno nacional por multar a sindicatos por marchar

La OIT, el organismo laboral especializado de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por las últimas disposiciones del oficialismo.

Se abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, junto a la CTA y la CTA Autónoma, reclamó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el intento de reforma laboral dispuesta por DNU y por la posterior imposición de una multa por $40.500.000 para costear el operativo de seguridad desplegado en la marcha del pasado 27 de diciembre.

 

La imposición de multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura «a las organizaciones o individuos responsables» por los costos de los operativos, ya que «el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad». En ese marco, señaló que «las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo». El pasado jueves, el Gobierno también estableció otro castigo económico a aquellos trabajadores estatales que lleven adelante actividades sindicales: descontará la jornada laboral del salario a los empleados que participen del paro nacional del 24 de enero.

En ese marco, y tras recibir la queja de las centrales obreras argentinas, la OIT emitió un comunicado en donde informa que el Director General de la organización, el togolés Gilbert Houngbo, se puso en contacto con el Gobierno nacional solicitando explicaciones por «los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales».

La respuesta de la CGT: «El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado»

«El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado» se titula el comunicado que emitió la CGT luego de recibir una factura por los costos del operativo de seguridad. Allí considera que «es una nueva provocación del Poder Ejecutivo» la intimación iniciada por la cartera de seguridad.

 

 

«Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», consideró la central obrera.

 

Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra «la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento». Finalmente, subrayan que la CGT «no representa los intereses de ‘una casta’, sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país».

 

El Gobierno presentó ante la Justicia un informe en defensa de la reforma laboral del DNU

El Ejecutivo presentó en la tarde del viernes el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, tal como informaron fuentes judiciales. Una vez que el Ministerio Público Fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.

 

«Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial», se sostuvo en el informe del Estado Nacional.

 

En el texto de más de 90 páginas se señaló que las reformas laborales, en general, «consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral».

 

No obstante, se aclaró que «en la Argentina contemporánea, las problemáticas habitualmente mencionadas para justificar las reformas no se verifican en su totalidad, a pesar de que es evidente que los déficits estructurales de trabajo decente son más que significativos». «Esto significa que es necesario realizar un trabajo de selección de los indicadores (y las problemáticas) que formaran parte de los fundamentos de la política de reforma, con el propósito de evitar errores y falacias de diagnóstico», según se sostuvo en el informe.

Fuente: https://www.ambito.com/politica/la-oit-pidio-explicaciones-al-gobierno-nacional-multar-sindicatos-marchar-n5925889

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El conflicto en Gaza aviva el debate sobre la libertad de expresión en las universidades de EEUU

En Estados Unidos, la libertad de expresión siempre ha sido uno de los pilares de los derechos constitucionales en el país. En la actualidad, el alcance de este derecho es parte de un debate sobre las regulaciones al discurso en campus universitarios que ha provocado hasta la renuncia de dos presidentas de sendas prestigiosas instituciones.

 

El conflicto entre Israel y Hamás ha sido clave en la discusión sobre libertad de expresión en las universidades, donde sus líderes han luchado por definir la línea donde el discurso político cruza el acoso y la discriminación, y los estudiantes judíos y árabes expresan su preocupación de que sus universidades están haciendo muy poco para protegerlos.

 

La cuestión ocupó un lugar central en diciembre cuando las entonces presidentas de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, y de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, testificaron en una audiencia en el Congreso sobre el antisemitismo en la universidad.

 

Durante la audiencia, la congresista republicana Elise Stefanik cuestionó a Gay si “¿el llamar al genocidio de judíos viola las reglas de Harvard sobre bullying y acoso?”, a lo que la académica respondió: “Puede ser, pero depende del contexto”.

 

Sus expresiones generaron una ola de críticas y peticiones de renuncia, lideradas por la misma congresista Stefanik, y terminaron en la dimisión de Gay. El caso se repitió con Magill, quien renunció a su cargo.

 

Ahora, los republicanos en la Cámara de Representantes consideran investigar a más universidad por temas que van más allá del antisemitismo. Esto, según los analistas, haría más difícil hablar abiertamente en las universidades sobre temas como el aborto, la raza y la diversidad.

 

“Muchos administradores y grupos de estudiantes, especialmente en ciertas escuelas, tienden a inclinarse hacia la izquierda, y cuando los estudiantes expresan puntos de vista diferentes, especialmente en lo que respecta a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, vemos que son silenciados”, dijo a la Voz de América Alex Morey del grupo no partidista Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.

 

El Departamento de Educación de EEUU ha advertido repetidamente a las universidades que deben luchar contra el antisemitismo y la islamofobia en sus campus o correrían el riesgo de perder fondos federales.

 

El secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que la agencia ha abierto más de 40 investigaciones en colegios y universidades en respuesta a denuncias de antisemitismo e islamofobia desde los ataques del 7 de octubre en Israel, incluidos Harvard, Stanford y MIT.

 

“Algunos profesores están siendo forzados a salir, despedidos, o encuentran el ambiente para la investigación y la enseñanza tan opresivo que muchos de ellos renuncian”, dijo David Jeating del Instituto para la Libertad de Expresión.

 

Sin embargo, ante ciertos intentos conservadores de reformar más ampliamente la educación superior, la organización PEN America advierte que cualquier mejora para proteger la libertad de expresión debe surgir de las propias instituciones.

 

“Tenemos una gran preocupación cuando vemos a políticos que intentan hacer esas reformas, y en la forma en que las hemos visto en legislaciones, como órdenes de silencio educativo, que definen qué se puede y no se puede enseñar en los campus”, apuntó Kristen Shahverdian, líder del equipo de libre expresión y educación de PEN America, en declaraciones a la VOA.

 

Más allá de cómo se desarrollen las guerras políticas, las universidades pueden tomar medidas para fomentar una cultura de libertad de expresión, según el profesor de la Primera Enmienda Eugene Volokh.

 

«Creo que las universidades deberían tener más paneles o debates sobre temas como el aborto, la raza, la acción afirmativa basada en la raza, los derechos de los transexuales, la inmigración tanto legal como irregular”, agregó Volokh.

 

Esto, aseguró, ayudaría a que a que los estudiantes entiendan la importancia de escuchar puntos de vista con los que no necesariamente coinciden.

 

Mientras tanto, el miércoles pasado varios estudiantes judíos presentaron una demanda contra Harvard acusándola de convertirse en «un bastión de odio y acoso desenfrenado contra los judíos».

Fuente: https://americanomedia.com/el-conflicto-en-gaza-aviva-el-debate-sobre-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-de-eeuu/

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Educación Emocional: cinco consejos para trabajar en el aula

Buscando generar un espacio de contención, la Educación Emocional es una herramienta que ayuda a los estudiantes expresar sus problemáticas.

Sin dudas, el objetivo de la Educación Emocional es ser una herramienta que ayuda a los estudiantes a identificar, expresar y gestionar sus emociones dentro y fuera del entorno educativo. Hoy, este recurso permite expresar sentimientos en un momento dado, promoviendo así una buena comunicación entre pares y el desarrollo de la autorregulación.

Las herramientas para trabajar la Educación Emocional

-Identificación el problema

Brindar la capacidad para identificar y compartir las emociones en el aula. Señalando el nivel o el grado del problema o el sentimiento, en el que se encuentran inmersos, para que así tanto los docentes como sus compañeros pueden interpretar esta emoción.

-Fomentar un diálogo abierto

Fomentar conversaciones abiertas sobre las emociones es fundamental para romper con un montón de barreras que impiden expresarse libremente. Realizar preguntas como. “¿Qué fue lo que te hizo sentir así?” o “¿Cómo podemos ayudarte a sentirte mejor?”. Esto va a ayudar a crear un un espacio y un intercambio seguro para el docente y los estudiantes.

-Seguimiento Individual

El seguimiento individual permitirá llevar un registro con detalle del estudiante y de sus emociones a lo largo del trayecto escolar. Esto puede permitir que se identifiquen patrones de conducta y así poder brindarle estrategias para gestionar sus emociones.

-Actividades Creativas

Realizar actividades creativas en el aula, como dibujar o escribir sobre los sentimientos que experimentan ayudará a expresarse de una manera mucho más descontracturada. Esto también es fundamental para externalizar emociones internas que en muchas ocasiones cuesta comunicar.

-Espacios de comunicación

Facilitar la comunicación efectiva entre educadores y estudiantes es un punto clave para que haya un feedback constante en todo el grupo educativo. Además, esto generará un ambiente en el que se no sientan juzgados; estando cómodos y seguros para expresar sus sentimientos.

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Uruguay: Sindicato de maestros evalúa paro y movilización durante primera semana de clases

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) evalúa por estas horas realizar un “paro y movilización” durante la primera semana de clases —que comenzarían el 4 de marzo—, “ante la resolución del sumario” con “30 días de suspensión” a maestras de la Escuela 35 del Buceo, quienes a inicios de 2023 leyeron una proclama sindical en contra de la reforma educativa adentro del centro.

Esto fue expresado en un comunicado firmado por el Secretariado Ejecutivo de Ademu, con fecha del 10 de enero, en el que afirman que este paro se haría “con el fin de que la población en general conozca lo que está viviendo el Magisterio”, y reivindican “la defensa total e irrestricta” de los afiliados de Ademu al “uso legítimo de sus libertades sindicales”.

“Atentan contra nuestros derechos individuales y colectivos, porque atentan contra el significado de la ANEP [Administracipon Nacional de Educación Pública] y, por lo tanto, de la educación pública”, manifiestan en un pasaje del comunicado.

Asimismo, afirman que la sanción impuesta, que implicó una retención de haberes para las implicadas, “es una clara provocación que busca acallar las voces” de quienes denuncian “que esta reforma se impone desde el atropello y la violencia institucional, socavando la educación pública y dañando a las comunidades educativas que la sostienen”.

Los docentes de Primaria sindicalizados cuestionan el uso del concepto de “neutralidad” en la resolución de la ANEP, por considerarlo “perimido”.

A su vez, argumentan que “en ningún momento de la investigación y sumario se pudo demostrar una violación a la laicidad”. Para Ademu, “el contenido de la proclama leída no es de carácter proselitista, aspecto que queda ampliamente demostrado con los alegatos expresados por la defensa” de las maestras.

Por último, expresan su “rechazo total” a las “formas del proceso de resolución y comunicación”, que fue tomada el 11 de diciembre, pero comunicada el 8 de enero, según lo denunciado. “Este hecho no es inocente ya que obstaculiza la organización y convocatoria sindical”, afirman.

Por todos estos motivos, Ademu resolvió “recurrir la resolución” y “poner a consideración” de sus afiliados “medidas de luchas, incluyendo paro y movilización para la primera semana de inicio de clases”.

“Estas acciones evidencian un ataque planificado y sostenido al movimiento sindical, en un clima que no ayuda a la convivencia democrática”, concluye el comunicado.

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Sindicato-de-maestros-evalua-paro-y-movilizacion-durante-primera-semana-de-clases-uc876351

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Venezuela: Destinar 30% del IVA a la educación propone la UCAB

Por Mariana Pérez

La Escuela de Educación de la universidad presentó una propuesta con cinco líneas de trabajo para recuperar el sistema educativo y «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad». Ejecutar un plan de emergencia para enfrentar la deserción y el rezago pedagógico, construir más de 24.000 escuelas, atender socioeconómicamente a los maestros y preparar a más de 250.000 docentes se cuentan entre las acciones de un nuevo «contrato social educativo»

«Es hora de salir del diagnóstico y pasar a la acción. La educación venezolana no aguanta más demagogia». Con estas palabras, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, presentó en rueda de prensa, celebrada el miércoles 17 de enero,  la «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país«, plan de política pública que tiene como objetivo mejorar el sistema educativo nacional.

La iniciativa fue desarrollada por profesores, investigadores, egresados y estudiantes de la Escuela ucabista durante el segundo semestre de 2023, con base en el análisis de la situación actual y los desafíos específicos en materia de acceso y asistencia escolar, situación de la planta física de los centros educativos, número y condiciones de los docentes en ejercicio y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

«Nos encontramos en la fase más aguda de la crisis terminal del modelo de gestión del sistema educativo ajustado a los planteamientos no renovados del Estado Docente«, advirtió Calatrava, quien apuntó que la propuesta se enmarca en la necesidad de «establecer un nuevo contrato social en materia educativa» que involucre a la «sociedad educadora» y no solo al Estado para que el país adapte la educación a las dinámicas y demandas propias del siglo XXI, tal como ha sugerido la UNESCO.

«Este nuevo contrato por la educación supone la construcción de un una pedagogía organizada a partir de los principios de cooperación, colaboración y solidaridad; procesos formativos centrados en aprendizajes vinculados con lo ecológico, lo intercultural y lo interdisciplinario; mayor profesionalización de la tarea de educar; escuelas como espacios de mayor inclusión, equidad y bienestar; así como el fortalecimiento de oportunidades que permitan el verdadero desarrollo del principio de educación a lo largo de la vida», comentó en referencia a los planteamientos de Naciones Unidas.

El profesor Calatrava agregó que la propuesta forma parte de los insumos aportados por la universidad a la Alianza por la Educación, proyecto impulsado por Fe y Alegría en el que están involucrados, además de la UCAB, universidades como la UNIMET y la Monteávila, el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE), la consultora EY  y varias empresas.

CINCO ACCIONES CONCRETAS, MEDIBLES Y EJECUTABLES

La  «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país» supone una lista de políticas públicas con soluciones económicas, sociales y curriculares,  para enfrentar problemas como la salida del sistema educativo de unos 4 millones de niños y adolescentes menores de 18 años; la deserción y emigración casi 200 mil docentes; las deficiencias de los planteles y el «horror» del deterioro del nivel de aprendizaje de los alumnos, identificado en estudios como el SECEL UCAB«Los datos refieren que quienes acuden hoy a la escuela no llegan ni siquiera a la nota mínima aprobatoria de 10 puntos»,  apunta el documento de unas 15 páginas.

«El objetivo es lograr avances concretos para el año 2030, con la posibilidad de prorrogarse hasta el 2050″, mencionó Calatrava, quien indicó que se trata de «promover la calidad y el desarrollo educativo integral de los jóvenes venezolanos, al mismo tiempo que la reivindicación y protección social de los docentes, «con el fin de asegurar la innovación pedagógica y potenciar las competencias profesionales de los docentes en ejercicio, con base en el nuevo contrato social por la educación». 

En ese sentido, los expertos liderados por el director de la Escuela de Educación han propuesto cinco acciones «concretas, medibles y ejecutables a corto y mediano plazo»,  para que Venezuela pueda alinearse con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 establecido por la ONU en la Agenda 2030, el cual se propone «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos».

Las cinco líneas de trabajo planteadas por el equipo de educadores son las siguientes:

  1. Asegurar que los venezolanos entre 0 y 18 años se integren a la escuela y culminen los niveles obligatorios en un sistema educativo público pertinente, de calidad, en democracia y libertad para el año 2050.
  2. Mejorar la actual planta física escolar y construir 24.513 nuevas escuelas correspondientes a los niveles obligatorios para 2030, prorrogable hasta 2050, a fin de garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación.
  3. Cumplir con una acción colaborativa de formación de educadores con las universidades e institutos pedagógicos del país, que permita el logro para 2030 de 255.374 nuevos profesionales.
  4. Ejecutar planes curriculares de formación para el trabajo de calidad integrados en la dinámica propia de la Educación Media venezolana, como vía para la vinculación pronta de hombres y mujeres al mundo productivo de acuerdo a las necesidades del país en 2050.
  5. Alcanzar para 2050 la plena integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad sin más limitaciones que las asociadas al desarrollo de su potencial y las oportunidades presentes del entorno, con miras a la construcción de una cultura y políticas inclusivas.

Según Carlos Calatrava, estas cinco acciones proponen la «evolución natural» desde un Estado Docente hacia una Sociedad Educadora. «Lo que hemos conocido siempre como el Estado docente requiere renovarse, no obviarse ni sustituirse«, dijo, al mismo tiempo que indicó que el nuevo esquema supone mayor participación y protagonismo de la familia y las organizaciones civiles.

De hecho, según se estipula en el documento, «en la Sociedad Educadora el Estado deja su rol único -por momento exclusivo- como responsable del sistema educativo. Comparte su protagonismo, capacidades y procesos de toma de decisiones con la familia y la sociedad«.

CONTRA LA DESERCIÓN Y EL REZAGO: 30% DEL IVA PARA UN PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA

Con respecto a la primera línea de acción, y siendo el sistema educativo venezolano uno de los grandes afectados directamente por la crisis económica del país, la «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país» plantea, a corto plazo, destinar 30% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto de Sucesiones al sector educativo. Esto se lograría mediante una reforma del Código Orgánico Tributario y el establecimiento de previsiones en la Ley Orgánica de Presupuesto.

«Esto no es nuevo. Vale recordar que al declararse la educación pública, gratuita y obligatoria en el año 1870, el ingreso para financiarla provenía de un impuesto sobre las estampillas», comentó el profesor Calatrava, quien indicó que la estrategia tributaria, además de garantizar una mayor autonomía en la captación de recursos, permitiría apuntalar el financiamiento de un programa nacional para abordar la emergencia educativa, con el objetivo de enfrentar la deserción escolar y el rezago pedagógico, así como la crisis salarial de los maestros.

Así, en lo inmediato, la Escuela de Educación de la UCAB llama a revitalizar y poner en primer plano el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para ello, propone una revisión exhaustiva de los contratos actuales del PAE; la total descentralización del programa, «para una mejor interacción municipio-centro escolar»la geolocalización de necesidades nutricionales por entidad federal, grupos de edad, incidencia de desnutrición, clase social y nivel educativo, y la  «asignación de recursos y materiales a partir de la incidencia de las necesidades de nutrición».

Pensando en los docentes, la propuesta llama a implementar un Sistema Nacional de Atención al Educador, orientado hacia la protección social de los maestros y profesores en ejercicio, con acciones como la «asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional del sector educación para protección del docente», la formalización de sus necesidades y demandas y la reactivación y mejoramiento de los servicios de previsión existentes. Ello a través del redimensionamiento del actual Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, IPASME”, puntualizó Calatrava.

La Escuela ucabista también pide, en lo inmediato, crear un «Programa de Educación Alternativa» que, junto con adaptaciones curriculares y la incorporación de profesionales no docentes de áreas diversas de aprendizaje, atienda a la población de jóvenes fuera del sistema educativo, ofreciéndoles así diversas alternativas de estudio de acuerdo con sus circunstancias.

Para esta modalidad, que puede ser entendida como una evolución del parasistema, los educadores ucabistas han pensado en la creación de aulas híbridas (presencial-virtual) que alcanzarían un 15% en cada municipio del país. Según lo establecido en la propuesta, el financiamiento de estas aulas se lograría a través de la creación de «fideicomisos con fondos de la banca privada y pública, que también ofrecerían a la población de estudiantes rezagados la posibilidad de contar con un programa de becas estudiantiles».

“La modalidad ya existe, se llama ‘Educación de Jóvenes y Adultos’. Lo que esperamos es dotarla de contenido, fondo y forma con el programa de Educación Alternativa”, puntualizó el profesor.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR: REMOZAMIENTO Y AMPLIACIÓN

Respecto a la segunda línea de trabajo y con la mirada puesta en la demanda educativa actual y futura, la propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB insiste en la urgencia de reparar, actualizar y ampliar la red de planteles educativos. 

«El 62% de las escuelas no cuenta con iluminación apropiada, el 60% no cuenta con baños operativos, el 70% no cuenta con internet, y existen deficiencias generales en la recolección de desechos para atender a los estudiantes», apunta el documento, en el que se habla de levantar 24.513 nuevos espacios educativos.

Entre las acciones a poner en práctica, a corto y mediano plazo, se encuentra la ejecución de un programa de emergencia para el mejoramiento de planta física escolar; la incorporación en estas tareas de padres y adultos significativos de comunidades aledañas; la dotación descentralizada de servicios públicos esenciales a los centros escolares, con la participación de las propias escuelas en este proceso, y el involucramiento de la empresa privada en la construcción de nuevos locales, junto con el Ministerio de Educación, «con mecanismos que garanticen la transparencia».

PARA SUPERAR EL DÉFICIT: FORMAR MÁS DE 250 MIL DOCENTES

Según documentan los expertos de la Escuela de Educación en su propuesta,  el sistema de educación básica y media del país cuenta con unos 400 mil maestros y profesores en ejercicio, luego de que alrededor de 97 mil emigraron a otros países y unos 100 mil abandonaron la carrera para dedicarse a otras actividades u oficios.  

Este déficit, según el análisis de la situación actual planteado en la propuesta, se debe a la «precariedad de las condiciones para el cumplimiento de su trabajo», junto con un «sueldo base que condena al hambre a maestros, docentes y profesores en todos los niveles de estudio».

Ante esto, y como parte de la tercera línea de trabajola  Escuela de Educación de la UCAB considera necesaria la formación de 255.374 nuevos docentes. Para ello, entre otras cosas, propone la actualización de las políticas nacionales de formación de educadores, mediante la «identificación de la vigencia de los roles y funciones profesionales tradicionales de la carrera docente, así como los correspondientes a las nuevas realidades del país y el mundo»,  y la definición de nuevos lineamientos en conjunto con las universidades e instituciones relacionadas. 

Como medida de emergencia, se recomienda la asignación inmediata del cargo de «Docente I» a todos los estudiantes de la carrera de educación del país, de manera de enfrentar el déficit de maestros. Esto supondría la «incorporación en centros escolares en el mismo municipio donde cursan estudios universitarios», así como un trabajo de seguimiento a los alumnos que cursan la carrera para garantizar su prosecución.

Adicionalmente, el plan sugiere la puesta en marcha del “Programa Andrés Bello”, iniciativa de certificación de competencias que implicaría el trabajo conjunto entre Estado, universidades que cuenten con la carrera de Educación, sector empresarial y comunidades, a través de la cual se ejecutarían formas innovadoras de formación de educadores, tomando como base las ofertas académicas que actualmente hay en el país. Todo ello va cumplir una doble condición de la carrera docente: ser espacio de formación profesional y campo de ejercicio profesional específico”, mencionó Calatrava.

La propuesta también plantea la reformulación del programa de becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, para seguir formando profesionales con niveles académicos y de calidad internacional, mediante la revisión y adecuación de los procesos de asignación y el ajuste de los mecanismos de retorno de los becados, para asegurar el ejercicio profesional en el país.

«Esto es muy importante porque permitiría la unión entre lo que se está aprendiendo con la transferencia de esos aprendizajes. Entonces, no se pensaría en esas prácticas profesionales al final, sino en cómo, de modo paralelo, vamos aprendiendo para formar«, apuntó el director de la Escuela de Educación de la UCAB.

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Lograr que los alumnos de educación media se capaciten para ingresar exitosamente al mercado laboral supone reformas al sistema curricular, algo que está contemplado como parte del cuarto lineamiento del plan propuesto por la Escuela de Educación de la UCAB.

A corto y mediano plazo, el proyecto establece la revisión y mejoramiento de los programas curriculares de la Educación Media Técnica; la consolidación de un sistema nacional de asesoramiento académico, vocacional y social para los estudiantes de bachillerato; la integración de al menos una opción de Educación Media Técnica en todos los liceos e institutos del país; el «establecimiento de un sistema nacional de certificación para el trabajo, a partir de la recuperación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)», y la puesta en marcha de un sistema nacional de prácticas laborales.

Respecto a la integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad para el año 2050 (planteada en la quinta línea de acción) los expertos en educación inclusiva del equipo de la UCAB proponen identificar la diversidad presente en las aulas, diferenciando entre dificultades de aprendizaje y condiciones de discapacidad, con el fin de determinar las ayudas técnicas necesarias y la adecuación de las orientaciones didácticas necesarias tanto a nivel regional como a nivel nacional.

En ese sentido, la propuesta incluye la construcción de al menos 6 mil nuevos centros especialmente dedicados para la modalidad de educación especial.

«De igual forma, dentro de los 100 mil nuevos docentes necesarios para reactivación del sistema educativo, 60 mil de esos profesionales deberían estar especializados en la atención de calidad en discapacidad, tanto para escuelas regulares, como especiales y alternativas», precisó Calatrava.

 

El director de la Escuela de Educación sostuvo que el inicio de 2024 es una «excelente oportunidad para atender la problemática que arrastra la educación venezolana desde mediados de los años ochenta» y espera que los hacedores de política pública puedan escuchar estas propuestas e incorporarlas.

Insistió en el llamado a la sociedad venezolana toda a involucrarse en la Alianza por la Educación porque, recordó, esto implica la salvación de Venezuela y su futuro.

«Nos estamos jugando los próximos 100 años del país, porque sin una educación de calidad difícilmente tendremos oportunidad de superar los retos de desarrollo social y económico que tenemos por delante como nación», concluyó Calatrava.

La «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país» está disponible, para su descarga y consulta, haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://elucabista.com/wp-content/uploads/2023/11/PROPUESTA-DE-LA-ESCUELA-DE-EDUCACION-AL-PAIS-1.pdf 

Los interesados en obtener más información sobre los proyectos y propuestas de la Escuela pueden seguir la cuenta @EducaciónUCAB en redes sociales o ingresar al portal https://educacion.ucab.edu.ve/

♦Texto: Mariana Pérez Guerra/Fotos: Gabriel Jaramillo (rueda de prensa) y Manuel Sardá (centros educativos) 

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Chile será sede de reunión extraordinaria de ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe

UNESCO

  • La cita reunirá a ministros de Educación de la región e incidirá en 33 países con aproximadamente 125 millones de estudiantes, que son atendidos por 6,9 millones de docentes. El evento tiene como objetivo avanzar en la definición de políticas públicas orientadas a la reactivación, recuperación y transformación educativa como aceleradores de las metas educativas de la Agenda 2030.

Durante los días 25 y 26 de enero de 2024 se realizará en Santiago de Chile la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe, “Ministerial de Educación: Santiago 2024”, cuyo objetivo final será la propuesta de una agenda de acciones concretas desde un espacio político y técnico, con el fin de superar la crisis educativa de la pospandemia.

La instancia es convocada por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile y coorganizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF. En el evento se abordarán e intercambiarán experiencias de políticas públicas para avanzar en la reactivación, la recuperación y la transformación educativa como aceleradores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), y el financiamiento de la educación como una condición habilitante.

El encuentro forma parte del seguimiento a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de las Naciones Unidas, en la que se establecieron esfuerzos para superar la crisis educativa derivada del COVID-19 y reimaginar los sistemas educativos del futuro. Asimismo, en la Cumbre se renovó el compromiso mundial con la educación como un bien público, a través de la movilización de la acción, la ambición y la solidaridad en busca de soluciones en el marco de los compromisos ya existentes.

A la cita ya han confirmado las y los ministros de Educación de Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, entre otros, quienes participarán de las actividades preparadas, conversatorios y bilaterales que se coordinarán previamente.

Deudas educativas

Esta reunión de ministros y ministras de Educación, a la que se ha invitado también a autoridades y expertos de finanzas, se realiza en un contexto en el que, según diversas evidencias internacionales, estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. El impacto por la pandemia ha sido especialmente grave en América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales del mundo, afectando a más de 170 millones de estudiantes en toda la región, quienes han perdido, en promedio, 1,5 años de escolaridad.

A su vez, los datos revelan las deudas históricas de los sistemas educativos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos los estudiantes: hay 4,3 millones de niños y niñas en edad de primaria y secundaria baja que permanecen fuera de la escuela, lo que constituye un núcleo de exclusión que no ha logrado ser subsanado a pesar de los esfuerzos de los distintos países de la región.

Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, señala que “hay que redoblar los esfuerzos para que la recuperación y la transformación educativa estén en el centro de la agenda política y social. Esto exige planes accionables y bien encaminados que estén acompañados por los recursos suficientes. Nada menos que el futuro de una generación depende de ello”.

Asimismo, el ministro Nicolás Cataldo señaló que “en el encuentro intercambiaremos experiencias de políticas educativas y su financiamiento para avanzar en la reactivación, recuperación y transformación educativa, y así afrontar los enormes desafíos que tiene nuestra región luego del impacto de emergencias y crisis prolongadas como la pandemia. El objetivo último es que como Estados logremos encontrar fórmulas para implementar acciones que nos permitan eliminar las brechas y garantizar una educación de calidad”.

Esta convocatoria cobra especial relevancia por cuanto incidirá en 33 ministerios de Educación que atienden las necesidades de aproximadamente 125 millones de estudiantes y 6,9 millones de docentes. La reunión también permitirá avanzar en la definición de políticas públicas orientadas a los aprendizajes fundamentales. Esto es especialmente importante considerando que, según los últimos resultados de las pruebas PISA 2022, en la región tres de cada cuatro estudiantes no alcanzan las competencias mínimas en Matemáticas y más de la mitad no cuenta con habilidades básicas en Lectura y Ciencias.

https://www.unesco.org/es/articles/chile-sera-sede-de-reunion-extraordinaria-de-ministras-y-ministros-de-educacion-de-america-latina-y

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Conocimiento Libre: Los derechos de Assange y la libertad de prensa penden de un hilo

Los derechos de Assange y la libertad de prensa penden de un hilo

Eve Ottenberg

 

Fuentes: Fuente: Counterpunch / Imagen: Thierry Ehrmann – CC BY 2.0

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Se acerca la fecha límite en la lucha de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos, ya que los jueces británicos decidirán sobre su caso el 21 de febrero.

Mientras tanto, la exigencia de EE.UU. de que Assange, editor de Wikileaks, sea juzgado en Virginia por cargos falsos es lo que ha mantenido a este periodista encerrado en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh durante cuatro años, y secuestrado en la embajada de Ecuador en Londres, donde buscó asilo, durante siete años antes de eso. Por aquel entonces, Assange predijo que Washington intentaría extraditarlo, pero sus supuestos amigos de la prensa desestimaron esta preocupación. ¿Adivinan quién evaluó correctamente la agresión judicial estadounidense? Esconderse del Imperio fue la decisión correcta. Pero tuvo un coste enorme. Básicamente, Assange ha estado encarcelado en condiciones miserables durante más de una década, todo por el delito de informar con una honestidad que avergonzó a las élites políticas estadounidenses.

¿A quién ofendió Assange en el patético panteón de célebres mediocres estadounidenses? Pues bien, molestó especialmente a dos peces gordos tremendamente narcisistas y con derecho a todo, Hillary «Me toca ser presidenta» Clinton y Mike «Bombardear China» Pompeo. Nadie querría revelar secretos que te enemisten con ninguno de estos dos, a juzgar por sus planes para Assange. Cuando Assange quedó fuera del alcance de Washington en la embajada ecuatoriana Clinton se lamentó: «¿No podemos utilizar un dron contra él?», mientras que Pompeo consideró la posibilidad de que la CIA lo secuestrara o envenenara, es decir, lo asesinara. ¿Qué secretos reveló Assange que enfurecieron tanto a esta pareja? Muchos. Y eran gordos.

Assange mostró que la candidata presidencial Clinton es una criatura antidemocrática horriblemente prepotente. ¿Cómo? Al publicar correos electrónicos filtrados que revelaban que la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata amañaron las primarias presidenciales de 2016 para dejar fuera de juego al populista de izquierdas Bernie Sanders. En cualquier verdadera democracia, esta noticia habría avergonzado a la clase dominante y la habría obligado a repetir las elecciones. Pero no en los Estados Unidos del siglo XXI. Aquí nuestros gobernantes centraron toda su ira en el mensajero, Assange, y dejaron que la reina elegida ilegítimamente conservara su corona de la campaña de las primarias. Este asunto demostró axiomáticamente que la democracia había muerto en Estados Unidos, pero eso no escandalizó a nadie. La gente de Washington tenía al candidato que querían y que habían ungido mediante subterfugios, y ninguna organización de noticias de pacotilla iba a alterar ese hecho inmutable.

Pero no piensen que actuar como si nada hubiera pasado significaba que la señora Clinton y sus muchos parásitos tuvieran la intención de aceptar que Assange dijera la verdad. Me sorprendería mucho que la campaña mediática y especialmente la histeria de los titulares sobre las falsas acusaciones suecas de violación contra Assange no se remontaran muy tortuosamente a los clintonistas ofendidos. No es que nuestra pusilánime prensa necesitara mucha insistencia para dar una patada a un gran periodista una vez caído. Probablemente también hubo muchos aduladores de Hillary que se relamieron subrepticiamente.

De qué modo Assange ofendió a Pompeo tiene que ver con la seguridad nacional -por supuesto, porque Pompeo era el director de la CIA del presidente Trump en 2017, cuando Assange transgredió al permitir que la luz iluminara los secretos de la agencia. Según publicó The Guardian el 27 de septiembre de 2021 sobre lo ocurrido cuatro años antes, «Pompeo y sus altos funcionarios estaban furiosos por la publicación de Wikileaks de «Vault 7″, un conjunto de herramientas de hacking de la CIA, una filtración que la agencia consideró la mayor pérdida de datos de su historia.» Un exfuncionario de Trump dijo que «correría la sangre» allá por 2017. Altos cargos de la CIA y algunos de la Casa Blanca pidieron que se estudiaran opciones para liquidar a Assange. En palabras de un ex alto funcionario de contraterrorismo, “parecía que no había límites».

Así que Pompeo parece haberse tomado las revelaciones de Assange como algo personal. Le CIA, c’est moi. Al igual que la Sra. Clinton, ambos mostraron un impresionante sentido del orgullo. Estos dos políticos dejaron que sus cabezas se hincharan hasta un punto en el que ya no distinguían con precisión dónde terminaban sus propios límites personales y dónde comenzaba el Imperio. Actuaban como si se considerasen personificaciones, incluso avatares del Imperio. Y en verdad, quizás su narcisismo era correcto. Tal vez los individuos Hilary Clinton y Mike Pompeo son en realidad meras ficciones -su verdadera naturaleza, forma, sustancia y destino se resumen mejor como hombres del saco imperial oficiales, dispuestos a atormentar a cualquiera que pudieran condenar por decencia, honestidad o rebelión en nombre de la justicia contra su propio poder personal.

A pesar de tan lúgubres especulaciones, aquí y allá se vislumbra la esperanza. En diciembre, el juez del distrito sur de Nueva York John Koeltl falló a favor de cuatro periodistas y abogados estadounidenses, que habían demandado a la CIA en el asunto Assange. Según informó RT el 20 de diciembre, estos ciudadanos «afirman que sus dispositivos electrónicos fueron registrados ilegalmente en nombre de la agencia cuando visitaron al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres». La denuncia contra la ya desaparecida agencia de seguridad de la embajada, Mike Pompeo y la CIA no prosperó del todo. Koeltl dictaminó «que los demandantes no podían responsabilizar personalmente a Pompeo de las supuestas violaciones de su protección constitucional frente a registros e incautaciones irracionales.» Uno se pregunta por qué no, dado que Pompeo parece haber abordado todo lo relacionado con Assange con la furia de un gánster ansioso de venganza.

Pero el hecho aparentemente inocuo y minúsculo de que un caso contra la CIA y su ex director por derogar los derechos de la Cuarta Enmienda pueda avanzar en estos tiempos oscuros es de por sí algo importante. «Estamos encantados de que el tribunal haya rechazado los esfuerzos de la CIA por silenciar a los demandantes, que lo único que pretenden es denunciar el intento de la CIA de llevar a cabo la vendetta de Pompeo contra Wikileaks», ha declarado Richard Roth, abogado de los cuatro estadounidenses. Los demandantes están encantados y nosotros también deberíamos estarlo. Este es uno de los raros momentos, desde tiempos inmemoriales, en que la CIA ha sido llamada a rendir cuentas por sus monstruosas acciones. Por cierto, aparte de Político, ningún medio de comunicación corporativo consideró oportuno informar sobre este acontecimiento y sus implicaciones para la tan abusada y a menudo desechada Declaración de Derechos.

Estos cuatro demandantes alegaron, según Kevin Gosztola en Dissenter del 19 de diciembre, que tuvieron que entregar sus dispositivos electrónicos a la empresa de seguridad de la embajada, UC Global. Los cuatro acusan a esta empresa de estar confabulada con la CIA. Koeltl dictaminó que si la empresa actuó como agente «de Pompeo y la CIA es una cuestión de hecho que no puede decidirse en una moción de sobreseimiento». Anteriormente, informa Gosztola, «en una vista celebrada en noviembre, Koeltl se interesó por el hecho aparente de que el gobierno no había obtenido una orden judicial para acceder al contenido de los aparatos electrónicos de los abogados o periodistas.» ¡Vaya! Con su fisgoneo sin orden judicial, la CIA ha arrasado durante años el cuidadosamente arreglado corral constitucional de los padres fundadores de la nación. Pero por fin alguien se ha dado cuenta desde las salas de justicia. ¿Podría ser que los abusos de la CIA estén por fin volviéndose contra la agencia?

Por lo tanto, existe una pequeña posibilidad de que la CIA y Pompeo no se salgan con la suya violando los derechos de quien les apetezca. Dados los poderes grotescamente exagerados de la agencia, por cortesía de abominaciones como la Ley Patriota, y el frecuente pisoteo de la Declaración de Derechos por parte de la agencia, esto es un pequeño consuelo. Pero es mejor que nada. Y puede que sea un comienzo. Cuando un juez muestra coraje y desafía ligeramente a los tiranos del estado de seguridad, envalentona a otros. De repente, empiezan a tomarse más en serio su papel jurídico como garantes de las protecciones constitucionales y se acobardan menos a la sombra de la CIA. Quién sabe si la decisión cuidadosa y mesurada de Koeltl puede incluso inspirar a los juristas del otro lado del Atlántico que tienen el destino de Assange en sus manos. Podrían fallar a su favor. La justicia engendra justicia. Sería un resultado excelente para Assange, para la prensa libre y para todos nosotros.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2024/01/05/assanges-rights-and-press-freedom-hang-in-the-balance/

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autora, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción

Fuente de la Información: https://rebelion.org/los-derechos-de-assange-y-la-libertad-de-prensa-penden-de-un-hilo/

 

 

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