La Unión Europea se encamina a su primera ley de Inteligencia Artificial
Un belga atormentado por el cambio climático se suicidó tras semanas interactuando con Eliza, un chatGPT. «Sin estas conversaciones, mi marido seguiría aquí», afirmó su viuda. El periódico El Mundo llevaba a portada una fotografía realizada con Inteligencia Artificial de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Y un alcalde australiano amenaza con demandar a dicho chat si no elimina información difamatoria y falsa contra él. Todos estos acontecimientos han ocurrido en el transcurso de una semana y ya abren el debate sobre los riesgos éticos, sociales y económicos de una tecnología que avanza a pasos agigantados.
«En los últimos meses, los laboratorios de Inteligencia Artificial (AI) han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable», reza una carta abierta publicada por más de 1.000 expertos del sector y respaldada por más de 10.000 firmas anónimas.
La Inteligencia Artificial está penetrando en la vida de las personas a un ritmo voraz al que la regulación no ha hecho frente y que deja a las grandes tecnologías que emergen en un vacío legal de impunidad. El riesgo creciente para identificar qué es verdad o que no está aupando la desinformación y la polarización social. Y la automatización de trabajo de las máquinas está dando paso a un escenario asimétrico en el que destruye más puestos de trabajo de los que genera. El 14 % de los empleos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son altamente automatizables y un 32 % podría enfrentar cambios sustanciales.
Por todo ello, el millar de firmantes de la misiva pide a las compañías tecnológicas una tregua de seis meses en el que se establezcan de forma clara y precisa las nuevas reglas del juego.
Con esta tormenta de fondo, Italia se ha convertido recientemente en el primer país occidental en bloquear el programa ChatGPT, que utiliza los algoritmos y los macrodatos para dar una respuesta instantánea a todo tipo de dilemas y preguntas: desde una ecuación a un discurso político o un soneto. El regulador italiano de protección de datos personales impulsó esta medida con carácter inmediato alegando preocupaciones sobre la seguridad, sobre brechas en torno a la Directiva europea de protección de datos y en torno a fisuras para la identificación de menores de trece años.
La decisión transalpina podría generar un efecto cascada en el resto de socios europeos. Las agencias de datos de Francia e Irlanda ya se han puesto en contacto con sus homólogas italianas para recabar información sobre esta decisión y Alemania ya estudia seguir los pasos de Roma, según revela la agencia Reuters.
Hacia la primera ley europea
«La forma en la que abordemos hoy la Inteligencia Artificial definirá el mundo en el que vivimos mañana», resumen desde la Comisión Europea. En abril de 2021, el Ejecutivo comunitario presentó su propuesta para crear el primer marco jurídico que regule la IA. Se trata de la primera legislación en esta materia y busca establecer una base europea armonizada en torno a las implicaciones humanas y éticas de la Inteligencia Artificial.
En ella, que de momento es solo una propuesta, se desgranan de forma gradual las tecnologías en función de su riesgo: inaceptable, alto riesgo, limitado o mínimo. La IA de color rojo en lo alto de la tabla se prohibirá y será aquella que presente una amenaza a la integridad, la vida o los derechos de las personas. La naranja, de alto riesgo, cuenta con el potencial de entrar en conflicto con los derechos fundamentales. En este caso, la normativa obligará a las compañías a ser más transparente y a aportar garantías de seguridad. La tercera, de riesgo limitado, incluye a los chatbots y solo exige a estos sistemas que se identifiquen claramente como máquinas y no como humanos.
Sin embargo, dado el fugaz desarrollo tecnológico de los últimos dos años, los chatbots podrían escalar un peldaño más arriba y estar sometidos a una regulación más estricta. No obstante, la mayoría de aplicaciones con AI que se utilizan en la UE, como videojuegos o filtros de spam, se encuentran en la categoría de riesgo mínimo.
Las leyes de protección de datos europeas son las que cuentan con más salvaguardas del globo y una regulación de este tipo se proyecta como pionera. Pero para ser implementada por los 27 gobiernos todavía debe culminar el farragoso proceso de trámite institucional. El próximo paso es la Eurocámara, que la deberá someter a votación.
«Ser una potencia global implica ser líder en la IA», reza un informa del Parlamento Europeo sobre esta tecnología, más y más presente en todos los aspectos del día a día. Se espera que el volumen de datos en el mundo pase de 33 zettabytes en 2018 a 175 en 2025 (1 zettabyte son mil billones de gigabytes).
En esta nueva era en la que los datos son el nuevo oro, la forma en la que se regulan y controlan las tecnologías emergentes definirá el presente y el futuro, como reconoce Bruselas.
Fuente de la Información: http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/04/08/la-union-europea-se-encamina-a-su-primera-ley-de-inteligencia-artificial/
Reforma pensional | ¿Le apunta a una mesada de más de 5 millones mensuales? Hay malas noticias
El régimen de transición propuesto en la reforma pensional es clave para determinar si se pueden mantener las condiciones actuales de jubilación, en especial porque bajarán los subsidios que hoy reciben los pensionados.
Igualmente, es indispensable cumplir con la edad, 57 años para mujeres y 62 para hombres, pero este es un requisito que tarde o temprano todos los trabajadores cumplen. El gran problema del sistema pensional del país está en las semanas cotizadas, pues por la elevada informalidad laboral son pocos los trabajadores que logran alcanzar ese requisito y eso es lo que hace que solo uno de cada cuatro adultos mayores logre pensionarse.
Ese cambio, no estará exclusivamente en Colpensiones o en las AFP, sino en los dos, implicará una reducción en el valor de las pensiones, pues el Gobierno solo subsidiará los tres primeros salarios mínimos de una persona (hoy 3.480.000 pesos) y el resto estará a cargo de la AFP. El resultado es que con la mezcla de los dos difícilmente se verán pensiones de más de 5 millones de pesos, así la persona devengue o cotice por el doble o el triple.
Como en todo cambio, se establece un régimen de transición para los trabajadores que ya tienen una expectativa legítima de pensión y a los que no se les pueden cambiar las reglas de juego abruptamente. El problema está en definir a partir de qué momento se alcanza ese derecho.
En la reforma se propone que el régimen de transición cobije a quienes a partir de la vigencia de la ley tengan mínimo 1.000 semanas cotizadas, es decir, unos 20 años, lo que comparten expertos como Misael Triana, miembro del Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo de Colombia, quien, sin embargo, cree que también se debería agregar una condición de edad, para evitar que personas que empezaron a trabajar y a cotizar jóvenes, por ejemplo a los 20 años, a los 40 ya tengan las 1.000 semanas, pero en realidad están lejos de la edad de pensión. Su propuesta es que se exija un mínimo de semanas y un mínimo de edad para beneficiarse del privilegio de poder mantener las condiciones actuales de subsidio a las pensiones que da el Gobierno y que van hasta los 25 salarios mínimos.
Una estimación de Congreso Visible, en la que calculó la edad promedio de los miembros de los partidos políticos que conforman el actual Congreso, indicaría que esta es de 47,3 años, una edad en la que, si se tuvo la fortuna de un trabajo estable, es factible contar con las 1.000 semanas, el problema es que en Colombia esa no es la regla, sino la excepción.
Llamado a la responsabilidad
Iván Jaramillo, viceministro del Trabajo, dice que el trámite parlamentario de cualquier reforma siempre tiene una composición de intereses y que la meta del Gobierno es llamar a la responsabilidad en la construcción de un sistema pensional que sea sostenible en el tiempo.
Iván Daniel Jaramillo, viceministro de pensiones en el Ministerio del Trabajo. – Foto: @jaramillojassir
En cuanto al menor valor de las pensiones tras la reforma, Jaramillo dice que, en efecto, lo que se busca es corregir una de las mayores fallas del sistema actual, que les da más subsidio a los que tienen salarios más altos, en una especie de Robin Hood al revés y que eso no se puede seguir permitiendo.
El abogado Triana coincide en que el sistema debe buscar equidad, pero, al mismo tiempo, señala que una persona que se educó, creció profesionalmente y cumplió con todos sus aportes, al tiempo que acomodó su estilo de vida, por ejemplo, a un ingreso mensual de 10 millones de pesos, difícilmente acepta que su pensión no llegue ni a la mitad de su salario. “En la Ley 100 está claro que nadie debe recibir una mesada que afecte su mínimo vital y eso cambia en el caso de cada persona. El trabajo será buscar cuánto debe ser ese porcentaje mínimo del salario que se reciba como pensión”, precisa Triana, mientras el viceministro Jaramillo dice que entiende los argumentos, pero que este país no puede ser sostenible si no corrige sus problemas de equidad y que las personas con salarios altos, además del aporte obligatorio a pensión, podrán seguir haciendo aportes voluntarios que en el futuro mejorarán sus mesadas.
El abogado Triana dice que esta coyuntura va a llevar a muchas personas a ver de dónde pueden echar mano para completar las 1.000 semanas. Señala, por ejemplo, que los hombres que prestaron servicio militar obligatorio tienen derecho a las semanas en las que prestaron ese servicio, el cual se reclama a la Fuerza Armada correspondiente. Asimismo, quienes se dan cuenta de que un empleador no les pagó semanas a las que tienen derecho, probablemente irán a demandar y esto también se hace de forma sencilla: lo clave es tener las pruebas de la existencia del contrato de trabajo, como puede ser una copia de este, de la liquidación final o de certificaciones laborales. Además, este tipo de demandas laborales no prescriben, así la persona haya trabajado para la empresa hace 50 o 60 años.
Fuente de la Información: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/verificar-las-semanas-cotizadas-uno-de-los-primeros-efectos-de-la-reforma-pensional/202351/
A medida que los republicanos obtienen la mayoría calificada, ¿qué sigue para las escuelas públicas?
Erupción de Mebane
Parte I
A las 9 am del miércoles por la mañana, la representante Tricia Cotham, elegida como demócrata del condado de Mecklenburg y ex subdirectora y educadora, anunció en la sede del Partido Republicano de Carolina del Norte que cambiaría el registro de su partido, entregando a los republicanos que estaba flanqueada por una gran mayoría. .
Una serie de disposiciones en diferentes proyectos de ley que ya se han presentado en esta larga sesión representan una amenaza para la financiación general de las escuelas públicas, pero aún más importante para la inscripción.
“Si la escuela se cae, el pueblo se cae con ella”, dijo un superintendente que se desempeña como presidente de la asociación.
Están preocupados por dos razones: “como resultado de la pérdida de estudiantes locales directamente debido a los cupones, o como resultado de la dilución de los fondos estatales totales para cubrir los gastos privados y de educación en el hogar de los estudiantes en ciudades y suburbios lejanos, dejando menos financiamiento por estudiante para cada distrito”.
No se trata de oponerse a la elección de escuela. Se trata de que las escuelas públicas sean el “centro de la vida comunitaria”. Los padres allí quieren buenas escuelas públicas, no lo que se ve como un regalo del gobierno para ir a una escuela privada. Algunos conservadores ven estos cambios de política como una “traición a la base rural del partido”. Vale la pena leer todo este artículo.
Dado que la financiación estatal para los distritos está determinada por la membresía diaria promedio (ADM), los cambios de política aquí se sentirían en los 115 distritos escolares, pero especialmente en aquellos en condados rurales pequeños.
Más allá de las líneas partidarias, eso debería ser motivo de alarma. Alarma que precipita la acción. ¿Por qué?
Ahora, el senador estadounidense Thom Tillis, R-NC, entonces el arquitecto de las victorias republicanas en 2010, ganó con una estrategia de trabajos, trabajos, trabajos. Nuestros estudiantes son nuestros futuros trabajadores y nuestros distritos son nuestros principales empleadores. En más de la mitad de nuestros condados, son los principales empleadores. En todos nuestros condados, se encuentran entre los cinco principales empleadores.
Una coalición bipartidista e intersectorial de líderes apoya la meta de logro del estado.
Un informe nacional publicado esta semana encontró que Carolina del Norte se encuentra entre los 15 estados que se espera que reciban el «mayor golpe» cuando los fondos de ESSER expiren en 2024.
Al salir de la pandemia, 29 de nuestros 115 distritos están designados como de bajo rendimiento , frente a solo ocho distritos antes de la pandemia . Todos nuestros distritos necesitan más apoyo, no menos.
El sesenta por ciento de los fondos para nuestras escuelas públicas proviene de asignaciones estatales.
Las escuelas públicas en los condados que se inclinan hacia la izquierda y los condados que se inclinan hacia la derecha siguen siendo la mejor opción para la mayoría de los estudiantes.
Es hora de recordárselo a los políticos y padres.
Es hora de recordarles a todos los legisladores cuánto valora nuestro estado a las escuelas públicas.
Recuerde, Carolina del Norte, cerca del apogeo de la percepción de nuestro estado como líder nacional en educación, Leandro fue presentado en 1994 después de casi 100 años de liderazgo demócrata. La decisión unánime de la Corte Suprema de Carolina del Norte que establece el derecho constitucional a una educación básica sólida se dictó en 1997.
Siempre ha sido difícil, tanto históricamente como en la actualidad, reconciliar las percepciones del sistema educativo de Carolina del Norte y sus realidades.
Lo que me queda claro después de visitar escuelas entonces y ahora es que los desafíos que enfrentamos para brindar la educación básica sólida que nuestra constitución estatal y la educación del siglo XXI requieren nuestra economía del mañana no comenzaron con la Gran Recesión o los cambios políticos. de 2010.
Nuestro sistema de educación no era lo suficientemente bueno en la década de 1990. No es lo suficientemente bueno ahora.
Y aunque Leandro y el plan de remediación integral siguen siendo objeto de acaloradas disputas, especialmente dado el control republicano de la Corte Suprema de Carolina del Norte, nuestra constitución estatal es clara: las personas tienen derecho al privilegio de la educación, y es el deber del estado proteger y mantener ese derecho.
Carolina del Norte se encuentra entre los estados que se espera que reciban el » mayor golpe » a medida que expiren los fondos de ESSER
Cuando se supo la noticia sobre Cotham, Education Research Strategies estaba publicando un informe que encuentra que Carolina del Norte se encuentra en una cohorte de 15 estados que estarán en “una desventaja particular” cuando expiren los fondos federales de la pandemia en 2024.
¿Por qué? Carolina del Norte se encuentra en las tres categorías de riesgo, identificadas en el informe:
1) ESSER representa un alto porcentaje de los dólares de educación en general,
2) muchos de nuestros distritos atienden a un número significativo de estudiantes que viven en la pobreza, y
3) muchos de nuestros estudiantes asisten a la escuela en uno de esos distritos de alta necesidad.
El impacto colectivo de estos proyectos de ley en ADM es motivo de alarma
Los distritos escolares públicos se financian con ADM, una medida de inscripción. Los distritos obtienen fondos que están vinculados a su ADM, por lo que cualquier pérdida en la inscripción generalmente conduce a una reducción de los fondos.
Varios proyectos de ley presentados en esta sesión podrían alejar a los estudiantes de las escuelas públicas, incluidas las escuelas chárter, amenazando su financiamiento en el momento en que más lo necesitan.
Se prevé que los ingresos estatales disminuyan a medida que se implementen estos proyectos de ley. Y la matriculación en kínder puede seguir siendo desigual después de la pandemia.
Ambos programas proporcionan dinero público a los estudiantes para que lo usen en escuelas privadas.
En 2024-25, PESA pasaría de ser un programa para estudiantes con discapacidades a estar abierto para todos.
Los estudiantes de educación en el hogar podrían obtener hasta el 28% de la asignación estatal por alumno para la membresía diaria promedio en el año anterior. Cualquier otro estudiante que asista a una escuela no pública podría obtener hasta el 33%.
Actualmente, ese programa está financiado a un nivel de $49 millones. Según este proyecto de ley, la financiación de PESA ascendería a $326 millones en 2024-25 y aumentaría cada año hasta 2032-33, cuando alcanzaría un nivel de financiación de $1540 millones.
Eso es más de $ 1.5 mil millones con una «b», todos ustedes.
En 2025-26, el porcentaje que podrían recibir los estudiantes que asisten a escuelas no públicas sube al 66% para un estudiante de tiempo completo.
Y luego, en 2026-27, el programa de Becas de Oportunidad y PESA se fusionarían. En ese momento, los estudiantes de escuelas no públicas podrían recibir el 100 % de la asignación estatal por alumno para la membresía diaria promedio en el año anterior. Los estudiantes de educación en el hogar continuarían recibiendo el 28%.
El Proyecto de Ley del Senado 406 , titulado “Elige tu escuela, elige tu futuro”, eliminaría los requisitos de elegibilidad de ingresos para los vales y otorgaría Becas de Oportunidad en una escala móvil.
Si se promulga, la financiación aumentaría a $176 millones para el año escolar que comienza en agosto. Eso es un aumento de $81 millones.
Para 2032-33, el financiamiento total aumentaría a $509 millones.
Lea más aquí sobre este proyecto de ley, que no se aplica a la educación en el hogar.
Hay una disposición diferente en el Proyecto de Ley 259 de la Cámara, el proyecto de ley de presupuesto de la Cámara, que también ampliaría la elegibilidad para becas de oportunidad. Véase la sección A.6.(a) del proyecto de ley. Para 2032-22, aumentaría la financiación total a $367 millones.
Pérdida de ADM para personas mayores
La Parte II del Proyecto de Ley del Senado 406 se titula “secuencia de cursos para la graduación temprana de la escuela secundaria”. Requeriría que todos los distritos escolares permitan que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria en tres años.
Los estudiantes inscritos en el 10° grado en 2023-24 serían elegibles para graduarse en el año escolar 2024-25.
Eso significa que para 2025-26, los distritos podrían experimentar una pérdida significativa de ADM para las personas mayores.
La igualación de fondos para las escuelas chárter significa menos dinero para los distritos
Por cada estudiante, los distritos podrían encontrarse con menos fondos.
Los cambios propuestos a la financiación de las escuelas chárter en el Proyecto de Ley 219 de la Cámara de Representantes , titulado “Ómnibus de escuelas chárter”, podrían dejar a los distritos con menos dinero por estudiante. El resumen del proyecto de ley dice que la intención de la legislatura es “que los fondos estatales y locales para los estudiantes que asisten a escuelas chárter se proporcionen de una manera que resulte en una financiación por alumno aproximadamente igual a la proporcionada a los estudiantes que asisten a otras unidades de escuelas públicas”.
De acuerdo con esta presentación de Fiscal Research en febrero de 2023, las escuelas chárter reciben la misma parte de fondos estatales por alumno que su distrito escolar Y el distrito escolar debe proporcionar «una cantidad igual a la asignación local de gastos actuales por alumno de la LEA».
El Proyecto de Ley 219 de la Cámara parece requerir más, lo que deja a los distritos preguntándose si tendrán que igualar la financiación con los ingresos de otros códigos de financiación, en particular el fondo ocho.
El fondo ocho incluye “ingresos de reembolsos, incluidos costos indirectos, tarifas por costos reales, matrícula, ingresos de impuestos sobre las ventas distribuidos utilizando el método ad valorem de conformidad con GS 105-472(b)(2), reembolsos de impuestos sobre las ventas, obsequios y subvenciones restringidas como para usar, fondos fiduciarios, subvenciones federales restringidas en cuanto al uso, asignaciones federales hechas directamente a las unidades administrativas escolares locales, fondos recibidos para programas de prejardín de infantes y programas especiales y saldos de fondos asignados (ingresos acumulados en una unidad administrativa escolar en años anteriores pero aún no gastado).”
Más autoridad para la Junta Asesora de Escuelas Charter podría conducir a más escuelas charter
En Carolina del Norte, la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte actúa como el organismo autorizador de escuelas autónomas, según las recomendaciones de la Junta Asesora de Escuelas Autónomas .
El presupuesto de la Cámara cambiaría el papel de la junta asesora de las escuelas chárter. Ahora se llamaría Junta de Revisión de Escuelas Chárter y tendría el poder final de «aprobar o denegar solicitudes, renovaciones y revocaciones de escuelas autónomas», en lugar de la Junta.
Este proceso de dos pasos ha sido clave para moderar el crecimiento de las escuelas chárter en Carolina del Norte, en relación con otros estados , fomentando la fortaleza dentro del sector de las escuelas chárter y teniendo en cuenta el impacto en los distritos.
También se está considerando un modelo de financiación completamente nuevo.
El Proyecto de Ley del Senado 670 , titulado “Crear un nuevo modelo ponderado de financiamiento para estudiantes”, aboliría “todos los fondos, subvenciones, asignaciones y otras fuentes de financiamiento que gastan sus fondos del Fondo de Escuelas Públicas del Estado” y promulgaría un modelo ponderado de financiamiento para estudiantes.
El proyecto de ley propone un monto de financiación base para cada estudiante distribuido al distrito escolar sobre la base del ADM. Se proporcionarían asignaciones adicionales al distrito para cada estudiante para estas categorías y en estos porcentajes ponderados:
Grados K-5 — 31%
Grados 8-12 — 29%
Estudiante económicamente desfavorecido: 38%
Distrito escolar del condado pequeño: 32 %
Recuento de estudiantes de niños excepcionales: 130 %
Recuento de estudiantes dotados académica o intelectualmente: 4 %
Número de estudiantes de estudiantes con dominio limitado del inglés: 10 %
El proyecto de ley propone que las escuelas chárter se financien de la misma manera y reciban fondos directamente de la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte.
Esté atento a una nota fiscal que, con suerte, nos permitirá ver los fondos actuales por distrito en comparación con los fondos por distrito si se aprueba este proyecto de ley.
Los cambios de política propuestos plantean muchas preguntas
Si bien podemos ver en los proyectos de ley el aumento propuesto en los fondos para estos cambios de política, lo que no podemos ver es la estimación a lo largo del tiempo de cuántos estudiantes podrían elegir educación en el hogar o escuelas privadas y, por lo tanto, no podemos estimar el impacto en ADM. .
Es posible que tengamos una mejor idea a medida que se preparan las notas fiscales sobre estos proyectos de ley, pero además de evaluar el impacto en ADM en todo el estado, debemos comprender qué factores podrían contribuir a un impacto desproporcionado en distritos particulares.
A medida que el estado continúa considerando cómo diseñar calificaciones de rendimiento escolar para las escuelas públicas, los padres también necesitarán una forma de evaluar la calidad de las escuelas privadas. Algunos investigadores están proponiendo sistemas de clasificación por estrellas muy parecidos a los que tenemos en el sector del cuidado infantil temprano.
Actualmente, Carolina del Norte utiliza una fórmula para estimar la cantidad de estudiantes que reciben educación en el hogar. Eso tendría que cambiar. Necesitaríamos un conteo real.
Hay preguntas sobre las pruebas y la rendición de cuentas. Hay preguntas sobre la oportunidad de fraude, especialmente con la educación en el hogar. Hay dudas sobre incentivar la proliferación de escuelas privadas de baja calidad que operan fuera de la supervisión estatal. Hay preguntas sobre cómo afectará esto la demografía y las necesidades excepcionales de quienes eligen las escuelas públicas.
Y está la cuestión del remolino: si los padres que eligen educación en el hogar o escuelas privadas cambian de opinión, ¿cuáles serán las reglas para reducir el ADM cuando los estudiantes se inscriban en la escuela a mitad de año?
En otros estados donde se están considerando cambios significativos en las políticas que podrían afectar a ADM, se han propuesto fondos de estabilización para los distritos: en Texas, $10,000 por estudiante durante dos años para distritos con menos de 20,000 estudiantes. Las propuestas de políticas en Carolina del Norte no parecen incluir dicha financiación.
Como mínimo, parece que el impacto colectivo justifica algunas preguntas. Legisladores, pregunten a sus superintendentes sobre el impacto de estos proyectos de ley en los distritos a los que sirven.
También parece que merece una comisión de estudio.
El tema de la financiación no es nuevo en Carolina del Norte, pero generalmente lo abordamos con un enfoque más coordinado con la oportunidad de transparencia y aportes.
En 2009, la legislatura encargó una evaluación del sistema de financiación escolar de Carolina del Norte a la firma consultora Augenblick, Palaich and Associates (APA), con sede en Denver. Se presentó un informe final a los legisladores en septiembre de 2010, titulado “Recomendaciones para fortalecer el sistema de financiamiento escolar de Carolina del Norte”, y aunque hubo apoyo bipartidista para llevar a cabo la reforma del financiamiento escolar, se suspendió debido a la Gran Recesión.
Cinco años más tarde, luego de que la recesión amainara, la legislatura solicitó a la ahora desaparecida División de Evaluación de Programas que preparara este informe . Espere el nombre del informe: «Los problemas específicos de asignación y a nivel del sistema afectan negativamente la distribución de recursos K-12 de Carolina del Norte».
En 2017 se convocó una comisión legislativa para abordar las recomendaciones y los informes. Parecía que la legislación podría adoptarse, y luego sucedió COVID.
En Carolina del Norte y en otros estados, los legisladores señalan que esto aumentará la competencia, y lo hará.
La competencia debe ser brindar la mejor educación a nuestros estudiantes, sea cual sea el entorno.
En la Parte II , un vistazo a cómo los superintendentes, educadores y defensores pueden opinar y marcar la diferencia.
Recursos
Presentación de Fiscal Research en febrero de 2023 sobre la financiación de las escuelas públicas.
Aspectos destacados del presupuesto de las escuelas públicas de Carolina del Norte de 2023.
Florida promulgó recientemente una legislación similar, con la esperanza de convertirse en “el laboratorio de opciones escolares más grande de la nación”.
Aquí está la decisión de la Corte Suprema de Carolina del Norte que dictaminó que las Becas de Oportunidad son constitucionales.
Envíeme un correo electrónico a mrash at ednc.org con sus preguntas y observaciones.
Nota del editor: este proyecto de ley se actualizó el 6 de abril de 2023 para incluir el proyecto de ley del Senado 665 y el proyecto de ley del Senado 670.
Fuente de la Información: https://www.ednc.org/as-republicans-clinch-supermajority-what-is-next-for-public-schools/
La “Batalla cultural” es un concepto clave en la teoría política y cultural de Gramsci. Para él, esta batalla cultural es la lucha por el control del pensamiento y la cultura en una sociedad. Según Gramsci (1975), el poder no sólo se ejerce a través de la fuerza, sino también mediante la cultura, la educación, la religión, los medios de comunicación, las artes y otros aspectos de la vida social.
Vivimos en tiempos convulsos en todas las esferas de la vida, pero especialmente en la política. Son tiempos en los que asistimos al auge de la ultraderecha en Europa (y en el mundo entero). Son tiempos de “batalla cultural”, en los que unas posturas y otras luchan por imponer sus conceptos e ideas como un marco de pensamiento hegemónico. Sobre este tema, ya hablé en otro artículo en este mismo diario en el que trataba de plantear, cómo funcionaba y qué intereses había detrás de las construcciones de estos nuevos relatos.
Un ejemplo reciente que demuestra el estado actual y la importancia de la “batalla cultural” se puede encontrar en la esfera política, específicamente en la moción de censura liderada por un partido de extrema derecha. Durante esta situación, se plantearon ciertas ideas en el Congreso de los Diputados que hace unos años hubiera sido impensable mencionar abiertamente por cualquier partido político.
Asistimos así, escandalizados, a ver cómo se cuestionan temas como la igualdad de oportunidades, el género, la inmigración, las clases sociales, los derechos,… Anteriormente, si bien sobre estos asuntos nunca ha habido un pacto social, sí había un acuerdo mayoritario que establecía un marco de pensamiento y referencia, donde no se cuestionaban. Sin embargo, actualmente, son claramente susceptibles de ser debatidos.
Como decimos, es cierto que si bien desde las posturas más conservadoras siempre se había intentado reformular ese marco de pensamiento, no ha sido hasta hace bien poco que nos encontramos con que hay sectores y grupos que se han apropiado ese discurso y han conseguido implantar un nuevo marco de pensamiento en el que estas ideas son cuestionables, debatibles, discutibles,… de manera explícita, y esto tiene que ver, ineludiblemente, con el auge de la ultraderecha.
La educación no permanece ajena a esto puesto que es uno de los principales campos de batalla cultural debido a que no solo se ocupa de desarrollar conocimientos y habilidades, sino que también ayuda a moldear la conciencia y la visión del mundo de las personas. En este sentido, la educación puede ser una herramienta para la liberación y la transformación social, pero también puede ser utilizada para mantener -o cambiar- el statu quo y la dominación de una clase o grupo social sobre otros (Freire, 1975).
Por lo tanto, en educación, como uno de los campos principales de batalla cultural, asistimos a un escenario parecido a este que hemos descrito en política.
Si bien, en educación siempre hemos encontrado un grado más de batalla entre formas de entender los conceptos (luego veremos por qué) hace unos años, hubiera sido impensable que alguien cuestionara reducir la enseñanza obligatoria (por ejemplo) y tuviera el respaldo que tiene en la actualidad cuando se plantea abiertamente. Avanzamos hacia un marco de pensamiento en el que esto podría darse como discusión política, social y educativa, directa y explícita.
Igual ocurre con otras ideas que hace unos años no hubiéramos pensado jamás que tuvieran tanto soporte como ahora. Como por ejemplo cuestionar que todos deberíamos tener igualdad de oportunidades y que deberíamos estar en una escuela que nos incluyera y nos permitiera participar.
Cuestionar este concepto, el de la inclusión educativa, se ha convertido en uno de los objetivos principales de algunos y algunas, porque dinamitándolo les permite construir un marco de pensamiento que abra la puerta a replantear otras muchas cosas en el ámbito no sólo educativo, sino social y político.
Esto tiene que ver, a mi juicio, con el vínculo ente educación e ideología y cómo esta es siempre un espacio político, probablemente uno de los más importantes. Tema sobre el que ya escribí. Y, por lo tanto, actualmente, nos encontramos en una situación en la que determinados actores políticos, que además tienden a camuflarse presentando sus posturas como de izquierdas y con ideas progresistas, cuestionan, desde un pensamiento absolutamente conservador, todos los marcos de pensamiento previos y que eran medianamente estables en educación. Cuestionan los acuerdos mayoritarios que habíamos alcanzado sobre ella.
El interés de estos actores políticos es claro, la educación puede ser utilizada de diferentes maneras en esta batalla cultural. Por un lado, puede serlo por las clases dominantes para perpetuar su poder y control sobre la sociedad. Pero por otro, puede ser utilizada por los oprimidos para desafiar la hegemonía cultural y luchar por su emancipación. De forma que hay que controlar las palabras y los discursos sobre educación que conformarán nuevas realidades en ella.
En este sentido, estos actores políticos representan la avanzadilla para que calen nuevas ideas conservadoras. Si cambian el marco de pensamiento sobre conceptos educativos, será más fácil que luego se acepte la extensión de esos conceptos en el aspecto político y social. Un ejemplo claro de esto sería cómo entender -mal entender a la luz de los estudios- la igualdad de oportunidades a través de la meritocracia.
La labor de estos actores es, por lo tanto, la de relatar, la de dar batalla cultural; son los encargados ir consiguiendo, poco a poco con sus discursos, que el resto de las personas asumamos la transformación de esas ideas que no deberían discutirse en otras cuya discusión resulte aceptable.
Esta situación es muy grave si queremos avanzar hacia la construcción de una educación de calidad para toda la ciudadanía, ya que la configuración de un marco de pensamiento hegemónico configurará las actuaciones legales, prácticas,… que vengan después.
Por lo tanto, creo que hemos de asumir esta nueva situación en la que nos encontramos y actuar en consecuencia. Teniendo en cuenta lo que ocurre en la política, lo primero sería ser conscientes de la situación para, después, aceptar que nosotros también hemos de dar esta batalla cultural: contrarelatar.
Mi opinión es que el tiempo de centrarnos en lo que hacemos y no discutir con nadie ha pasado. Esa actitud implica la renuncia a construir un marco de pensamiento en educación realmente educativo y ceder espacios para que ese marco lo construyan otros actores con otras ideas no tan educativas que sí son muy conscientes de esta situación y están preocupados y organizados por crear relatos.
Es necesario estar en esta batalla cultural. Lógicamente, no pensando en aquellos y aquellas contra quienes se da esta batalla. No parece probable que nos convenzamos unos a otros, pero sí pensando en las personas que nos escuchan o leen.
Es necesario volver a dibujar, trazar líneas rojas y explicitar que hay cuestiones, en la educación, que no son discutibles. Podemos hablar sobre qué necesitamos para hacerlas, pero no “si hay que hacerlas”. Es necesario explicitar cuáles son los intereses de determinadas personas en generar ciertos discursos. Es necesario poner sobre el tapete que hay cuestiones que se están igualando cuando no son susceptibles de igualarse y que igualarlos supone construir un marco interesado, falaz y en el que siempre ganan los pensamientos conservadores.
Hay asuntos sobre las que no cabe ponerse de perfil y deben ser líneas rojas que todos condenemos públicamente o estaremos dejando que nuevos discursos erosionen y construyan otros marcos mentales.
Hay que dar batalla cultural porque si no la damos, si no utilizamos nuestro altavoz en medios, en nuestros ámbitos de influencia, en nuestros contextos cercanos,… estamos dejando que otros ocupen esos espacios y cuando dejamos y cedemos espacio a que otros den esta batalla, estaremos perdiéndola.
Esto es lo que se concreta en la frase atribuida a Gramsci (1975) “la realidad está definida con palabras, por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad”.
Es por ello que nuestras palabras son importantes, en nuestros ámbitos de influencia, en nuestros contextos. Porque en ellas se encuentra nuestra visión de la educación y si no la contamos, nunca podrá ser compartida por otros y otras.
No se trata de tener una actitud agresiva, se trata de ser conscientes de la necesidad, hoy más que nunca, de dar nuestra opinión, compartir nuestra visión educativa y confrontar otros puntos de vista en los contextos que tengamos a nuestro alcance.
El cambio social a través de la educación pasa por una educación más crítica y participativa, que enfatice el pensamiento crítico y la reflexión sobre los valores culturales y las estructuras de poder existentes en la sociedad y para que esto ocurra, es necesario crear un marco de pensamiento en la sociedad, con respecto a la educación que ahora mismo, no existe.
Referencias
Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI
Gramsci, A, (1975). Cuadernos de la cárcel. Fondo documental EHK
António Guterres condena enérgicamente la decisión de los talibanes, que es una grave discriminación, y destaca que el personal femenino es fundamental para las operaciones de las Naciones Unidas en el país, incluida la prestación de ayuda humanitaria.
El Secretario General de la ONU condena enérgicamente la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres afganas trabajar con las Naciones Unidas en Afganistán.
“Se trata de una violación de los derechos humanos fundamentales inalienables de las mujeres”, dijo el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric.
El vocero indicó que también viola las obligaciones de Afganistán en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, e infringe el principio de no discriminación, que es un principio básico que sustenta la Carta de las Naciones Unidas.
“El personal femenino es esencial para las operaciones de las Naciones Unidas, incluida la prestación de asistencia vital. La aplicación de esta decisión perjudicará al pueblo afgano, millones de personas que necesitan esta asistencia”, explicó Dujarric.
Revocar la decisión inmediatamente
En ese contexto, Guterres “hace un llamamiento a los talibanes para que revoquen inmediatamente la decisión y anulen todas las medidas que restringen los derechos de las mujeres y las niñas al trabajo, la educación y la libertad de movimiento”.
Las autoridades talibanas de Afganistán emitieron el martes una orden por la que se prohíbe seguir trabajando a las mujeres nacionales que formen parte del personal de la ONU.
Tras la caída de Afganistán en manos de los talibanes en agosto de 2021, la ONU mantuvo su compromiso de permanecer y cumplir su mandato para entregar ayuda humanitaria, al tiempo que pedía un apoyo unido de la comunidad internacional para la población del país.
A pesar de los contactos iniciales relativamente constructivos con las autoridades talibanes, las decisiones tomadas el año pasado por los líderes fundamentalistas han incluido la prohibición de que las mujeres accedan a la educación superior, trabajen para las ONG y accedan a muchos espacios públicos.
Un miembro del personal de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU habla con mujeres desplazadas en la provincia oriental de Nangahar, en Afganistán.
Prohibición inaceptable
En respuesta a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa el mismo martes, Dujarric dijo que una comunicación oficial procedente de los dirigentes talibanes había indicado que la orden se aplicaría a todo el país.
«Esperamos escuchar voces firmes del Consejo de Seguridad«, dijo, señalando que la Misión de la ONU en Afganistán opera bajo el mandato de este órgano de las Naciones Unidas.
Para el Secretario General, cualquier prohibición de este tipo es inaceptable y «francamente inconcebible», dijo Dujarric.
Explorar todas las vías
De una población de unos 40 millones de personas en Afganistán, la ONU está tratando de llevar ayuda humanitaria a 23 millones de hombres, mujeres y niños.
«Seguiremos buscando todas las vías para garantizar que podemos llegar a las personas más vulnerables, especialmente mujeres y niñas», indicó el portavoz.
Personal femenino esencial
La decisión centrada en el personal de la ONU es sólo la última de una preocupante tendencia de edictos que socavan la capacidad de las organizaciones de ayuda para llegar a los más necesitados, añadió.
«Huelga decir, pero desgraciadamente es necesario decirlo, que el personal femenino es esencial para que las Naciones Unidas presten asistencia vital», afirmó.
«Tales órdenes, como hemos visto hoy, violan los derechos fundamentales de las mujeres e infringen el principio de no discriminación», aseguró.
El lugar «más represivo» para ser mujer
En marzo, Roza Isakovna Otunbayeva, representante especial de la ONU y jefa de la Misión de Asistencia de la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad que Afganistán bajo el régimen talibán sigue siendo el «país más represivo del mundo [para] los derechos de la mujer».
«En un momento en que [el país] necesita todo su capital humano para recuperarse de décadas de guerra, la mitad de sus potenciales médicos, científicos, periodistas y políticos están encerrados en sus casas, sus sueños aplastados y sus talentos confiscados», declaró en una sesión informativa ante el Consejo.
El estudio muestra que 1 de cada 8 estudiantes de secundaria que se graduará el próximo año no matriculará en la universidad pública debido a las políticas del gobernador.
La mayoría de los estudiantes universitarios de Florida desaprueba las políticas educativas impulsadas en los últimos tiempos por el gobernador Ron DeSantis, según encuesta encargada por la publicación en línea Intelligent.com en Internet.
El estudio realizado en marzo entre 1.000 estudiantes de Florida – 783 alumnos de secundarias básica y 364 universitarios, arrojó que el 91% de los futuros estudiantes universitarios y el 79% de quienes cursan estudios superiores no están de acuerdo con las políticas del gobernador.
La encuesta halló que 1 de cada 8 estudiantes de secundaria que se graduarán este año no matriculará en una universidad pública debido a las políticas educativas de DeSantis.
Además, el 78% de los encuestados mostró preocupación por el impacto negativo que pueda tener las nuevas políticas en su desarrollo educativo.
Como parte de su batalla ideológica contra la cultura WOKE, en abril de 2022, DeSantis firmó una la ley para prevenir que se imparta la Teoría Crítica de la Raza en las escuelas públicas , al considerar dicha teroría es dañina, al basarse en la premisa de que el racismo está arraigado en las instituciones estadounidenses. Sin embargo, los críticos del gobernador consideran que trata de blanquear la historia de los EEUU. En marzo del mismo año, DeSanitis firmó la ley del Derecho de los Padres a la Educación que prohíbe que se impartan en las escuelas públicas del estado clases de educación sexual y nada relacionado con la ideología de género desde Kindergarten hasta 12 grado.
Incluso en la actualidad está a debate en el Congreso estatal la ley HB999 que prohibiría utilizar los fondos universitarios para apoyar cualquier programa o actividad que propugnen la diversidad, la equidad y la inclusión a través de las prácticas DEI, o basándose en la Teoría Crítica de la Raza. Quienes se oponen a esta ley, que entraría en vigor el 1 de julio de 2023, consideran que el texto de la medida es muy vago y podría utilizarse para prohibir actividades promovidas por los sindicatos de estudiantes multiculturales, fraternidades y hermandades de estudiantes afroamericanas, así como los estudios LGBTQ.
La encuesta encargada por la intelligent.com y realizada en línea por Pollifish desde el 16 y el 22 de marzo de 2023.
Ayotzinapa es una herida abierta. Han transcurrido ocho años y medio de la atrocidad y el agravio no cicatriza. ¿Cómo va a cerrarse si la verdad no llega? ¿Si no hay justicia? ¿Si el daño no se repara?
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayotzinapa, el último, nos muestra, desglosados en 36 puntos, los enormes obstáculos para iluminar las tinieblas que se ciernen sobre la tragedia. Con evidencias probadas exhiben la imposibilidad de cerrar el caso.
El informe demuestra que distintas autoridades de nivel municipal, estatal y federal, incluyendo los servicios de información contra el narcotráfico, es decir, Ejército, Policía Federal, estatal, Cisen y policía municipal de Iguala, supieron, en tiempo real, sobre la llegada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y su intención de tomar autobuses para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Las declaraciones de testigos protegidos y los documentos hallados por el GIEI dibujan un retrato aterrador sobre el narcoestado existente en Guerrero. Existía colusión de integrantes de las corporaciones e instituciones de seguridad de ámbito municipal, estatal y federal con la delincuencia organizada de Iguala y ciudades cercanas. No obstante se sabía sobre el trasiego de drogas en autobuses de pasajeros, los expertos no han localizado reportes sobre salidas de estos camiones ni sobre los filtros de entrada a la ciudad por parte de grupos de narcos.
Militares estaban coludidos con el narcotráfico, según se deduce de las escuchas de Chicago (intervenciones telefónicas de la DEA, de conversaciones de integrantes de Guerreros Unidos) responsables del 27 y del 41 Batallón, en las que se habla de pagos a, al menos, un comandante y un capitán. Testigos protegidos han confesado que recibían periódicamente dinero para permitir los negocios de Guerreros Unidos.
Los normalistas rurales no fueron capturados todos al mismo tiempo, en un solo operativo. Fueron atacados con armas de fuego en siete momentos distintos, en diferentes lugares, a lo largo de cuatro horas. La información sobre los acontecimientos fue conocida en tiempo real por el C4. A pesar de saberlo y de la brutalidad de las agresiones, ninguna autoridad gubernamental de ningún nivel hizo algo para evitarlo.
Pese a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir el acceso pleno de los expertos a información fundamental, la Secretaría de la Defensa Nacional la oculta. Las declaraciones de mandos y el personal del 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala, se han modificado según avanzan las investigaciones. Sus integrantes han mentido una y otra vez. Por ejemplo, ocultaron su presencia en barandillas o dijeron, falsamente, que esa noche permanecieron en sus cuarteles.
Un soldado observó, a través de medios técnicos, tres camionetas de la policía municipal. En la de en medio, eran transportados civiles. Sin embargo, esta evidencia no ha sido entregada a Fiscalía General de la República (FGR).
“Inexplicablemente”, pese a las evidencias en su contra y de tener todo el sustento legal, las órdenes de captura contra numerosos militares que participaron en los hechos fueron canceladas por la fiscalía en septiembre de 2022. Seis de ellas, prioritarias para el GIEI, no se han reactivado.
Como parte de una lógica contrainsurgente, el Ejército infiltró como estudiantes en Ayotzinapa a tres soldados. Conocidos como órganos de búsqueda y observación (OBI), informaban a sus superiores de los acuerdos y movimientos de los alumnos. Se comunicaban todos los días para dar cuenta de la situación. Uno quedó entre los 43 muchachos desaparecidos. Otro OBI se reportó el 27 de septiembre, después de los hechos, y anunció a sus mandos que suspendería la comunicación por asuntos de seguridad. El secretario de Sedena en aquel entonces señaló falsamente que el soldado desaparecido había suspendido la relación desde el 22 de septiembre. El 27, la secretaría tomó contacto con la familia del joven. “Todo esto –aseguran los expertos– fue ocultado en la investigación durante siete años, hasta que el GIEI encontró los documentos en los archivos de la Sedena tras la orden de acceso del Presidente de México.”
La secretaría supo en todo momento lo que se estaba haciendo a los normalistas rurales. A pesar de ello, no realizó nada para evitarlo, protegerlos o rescatarlos. Sin embargo, el Ejército lo niega, como también niega la existencia, comprobada con documentos, del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), cuando se dio el ataque contra los jóvenes.
No fueron los únicos servicios de inteligencia del Estado que supieron lo sucedido en tiempo real. El Cisen tuvo agentes e información de lo que acontecía. Pero, esos reportes no se han dado a conocer.
Del informe del GIEI se desprende que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad. Una atrocidad en la que están involucradas las más altas autoridades civiles y castrenses de la administración de Enrique Peña Nieto, con el poder suficiente para frenar y boicotear el esclarecimiento cabal de los hechos. Si la verdad de la noche de Iguala no aflora y si no se hace justicia a las víctimas, el fantasma de Ayotzinapa perseguirá sin piedad al país entero.
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