En la conmemoración de 2022, la ONU puso el acento en la relevancia de las aguas subterráneas. Por ejemplo, en Europa y América del Norte, los nitratos y pesticidas representan una “gran amenaza” para la calidad de estas aguas; según Naciones Unidas, “el 20% de las masas de agua subterránea de la UE incumple la legislación comunitaria en materia de calidad del agua debido a la contaminación agrícola”.
El organismo internacional subraya que la región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del planeta, “y se prevé que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente en un 30%” hasta 2050. El objetivo del Día Mundial es hacer difusión de la “crisis mundial” en torno a este recurso básico. “Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea”, destaca Naciones Unidas.
Más de una decena de organizaciones del País Valenciano suscribieron, el pasado 22 de marzo, con motivo de la jornada global, una declaración de respaldo a las poblaciones indígenas, campesinos/as y afros en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia que se enfrentan al impacto generado por el monocultivo de la caña de azúcar en sus territorios.
El origen, añade el pronunciamiento, es el modelo de producción intensiva, que se sustenta en el acaparamiento de tierras, destinado a productos como azúcar y agrocombustibles que se consumen en los países del Norte.
Uno de los ejemplos mencionados son los grandes ingenios azucareros: “Están vulnerando –principalmente- el derecho humano al agua ya que generan situaciones de estrés hídrico, escasez, alteración del curso de las fluentes fluviales naturales y la contaminación de acuíferos”.
Asimismo, respecto a la contaminación de las aguas, están aumentando los casos de enfermedad renal crónica o cutáneas, entre otras. A ello se suma la vulneración de los derechos laborales y la criminalización de las personas defensoras.
Alianza por la Solidaridad; Ecologistas en Acción; CEDSALA; MOSSolidaria; Erre Ese +; Por Ti Mujer; Centro educación ambiental Julia; Joventut pel Clima-València; ACICOM; Biogradables; Terreta Neta y La Casa de Patraix suscribieron el comunicado.
El modelo afecta particularmente a las mujeres. En el caso de los impactos sobre las fuentes de agua, porque se hacen cargo de la recolección en pozos para las actividades domésticas y de higiene, de modo que se ven forzadas a desplazamientos más largos; y son las encargadas principales del cuidado de los familiares que enferman por la contaminación de las aguas.
El pasado 3 de marzo fue aprobada, a propuesta de Unidas Podemos, la Resolución y Proposición No de Ley (PNL) para que las Cortes y el ejecutivo valencianos insten al Gobierno de España a que pida el cumplimiento de los derechos de las personas defensoras, en Guatemala y Colombia, por los “ataques y amenazas” que afrontan; el texto hace referencia especial a las mujeres defensoras, que son objeto de una “violencia específica”.
Además se solicita a los Estados de Colombia y Guatemala que hagan cumplir la consulta libre, previa e informada -a las comunidades indígenas- en los proyectos de empresas por los que estas comunidades se vean afectadas (Convenio 169 de la OIT); y también que se respete el resultado de estas consultas.
En los casos que esto no suceda, las Cortes Valencianas solicitan a la Administración autonómica un “análisis de las posibilidades” para “propiciar” que estas empresas no contraten ni perciban subvenciones públicas en el País Valenciano.
El comunicado de las 12 organizaciones se apoya en el informe El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿Desarrollo para quién?, de 2020, en el que han participado Alianza por la Solidaridad (España y Colombia); el colectivo ecologista Madreselva (Guatemala); ASPRODE y PROVIDA (El Salvador); APADEIM (Nicaragua) y ASOM (Colombia).
Sobre el negocio de la agroindustria, concluye la investigación: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia “concentran la producción de caña en torno a 36 ingenios azucareros, que suman algo más de 6.300 kilómetros cuadrados de explotación en departamentos con alta vulnerabilidad socioambiental”.
Respecto al desequilibrio ambiental en un contexto de emergencia climática-, el informe señala los efectos del monocultivo de caña en zonas como la Costa Sur de Guatemala o el Valle del Cauca, en Colombia: “Tuvieron hasta tiempos recientes una gran biodiversidad y ahora sufren una deforestación masiva, desvío de cauces, desaparición de humedales o destrozo de manglares”.
Otro punto destacado es el consumo de recursos hídricos; El amargo negocio de la caña de azúcar compara la media diaria requerida por una hectárea de caña (36 metros cúbicos), con las necesidades de una familia de cinco miembros (0,6 metros cúbicos de agua diarios). Pero la agroindustria cañera no sólo se apropia del agua, sino que además “hace un uso intensivo de pesticidas, madurativos y fertilizantes, en algunos casos prohibidos por los Convenios Ambientales de Rotterdam o Estocolmo, que contaminan los que dependen las comunidades”.
“¿Trabajo o esclavismo?”, se pregunta el informe. Una de las respuestas posibles se halla en el caso de El Salvador, donde las personas entrevistadas para el reporte apuntan remuneraciones –en los campos de caña- de 6 dólares por jornada laboral (8 euros diarios en Guatemala); y con periodos de trabajo discontinuos durante el año. Y ello, pese a que la caña es el segundo producto en generación de divisas en El Salvador.
Otro apartado de la investigación está dedicado a la violencia, la criminalización y las “comunidades en riesgo” por la lucha contra el monocultivo azucarero. ¿En qué contexto? Colombia y Guatemala destacan entre los países con más defensores del territorio y líderes comunitarios asesinados; un centenar entre enero y mayo de 2020 en Colombia, según Indepaz. El último Jorge Enrique Oramas, campesino y luchador contra la minería de 70 años, asesinado en Cali el 16 de mayo de 2020.
Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org/
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