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Covid, vuelta a clases y el apocalipsis de julio de 2022

Por: Aram Aharonian

América Latina vio hace un año cumplir sus peores presagios: un brasileño que llegó de Italia daba positivo en Sao Paulo el 26 de febrero de 2020 por covid-19 y hacía saltar las alarmas en la región, con sistemas de salud –quizá- más frágiles que en Europa. Desde entonces, 21 millones de latinoamericanos se han contagiado y casi 700.000 han muerto.

Hoy, el llamado a la vuelta presencial a las aulas de clases pareciera ser un común denominador de muchos de los gobiernos en América Latina, que han pautado el mes de marzo para esta convocatoria. La propaganda oficial, encubierta con un discurso de legitimación con narrativas de Unesco y Unicef,  trata de esconder los enormes intereses mercantiles que subyacen detrás de esta convocatoria.Cuidados. Unas 16 provincias ya publicaron en sus sitios web las medidas para la reapertura escolar.

Mientras, la debacle económica amenaza con lastrar los avances conseguidos y el futuro de una región que ha perdido los caminos de la integración y unidad, tan necesarias en épocas de crisis económicas, sociales, sanitarias, ambientales.

Pero no cante victoria: Dos sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional dibujaron el escenario posible de la pospandemia en julio de 2022, cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado, tras una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica: el mundo, de repente, se enciende, hay batallas campales en cientos de ciudades, y los edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas. Apocalipsis el año que viene.

Philip Barrett y Sophia Chen, técnicos del FMI,  en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021) señalan que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”.

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI elaboró un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde los años ochenta: desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.

Los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres, epidemias y estallidos sociales. Muchos lo entendimos por experiencia o instintivamente, pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales, donde hay un importante efecto retraso de hasta dos años, que separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.

Seguimos sufriendo

Un total de 20.747.458 casos de Covid-19 han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con alrededor de 10,5 millones de casos confirmados y 254 mil muertos. Colombia se ubica en segundo lugar, con más de 2,2 millones de infectados y casi 60 mil decesos.  México y Argentina registraron poco más de dos millones de contagios, con 185 mil y 52 mil decesos, respectivamente.

La llegada de las primeras vacunas ofrece esperanza pero la desigualdad en el acceso a más lotes, el reto logístico y la lentitud en su distribución, además de la corrupción, invitan a la precaución. Además, las nuevas variantes evidencian que el virus está lejos de controlarse en la región epicentro mundial de la pandemia. “Quiero enfatizar que ciertamente no estamos fuera de peligro”, aseveró la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.

El impacto de un año de pandemia se centró en las mujeres, los alumnos pobres, en la clase media y por supuesto, en la gente que tenía comorbilidades y la gente mayor. Esos son los grandes perdedores en la región.  Un impacto recrudecido en Centroamérica, que tuvo que hacer frente a la crisis sanitaria y al embate de los huracanes Eta e Iota en octubre y noviembre, con gente en refugios sin poder aislarse. La Cepal advirtió que cerrarán 2,7 millones de empresas en América Latina y se perderán unos nueve millones de empleos.

La educación

Volviendo a la educación y la pandemia, las condiciones materiales de vida de la población estudiantil y docente fueron y siguen estando seriamente afectadas por la covid-19.  Muchas familias han sufrido sus estragos  y ahora los gobiernos, sin que previamente se haya vacunado a docentes y estudiantes, pretenden la reapertura general o parcial de las escuelas, lo cual atenta contra el derecho humano a la vida.

La precariedad de las condiciones de bioseguridad y los limitados o inexistentes apoyos institucionales para garantizar los protocolos que ella conlleva pueden derivar en una tragedia que afectará fundamentalmente a los trabajadores de la educación y, sobre todo, a les hijes de las familias de menos recursos, señala Otras voces en Educación.

En toda América Latina y el Caribe los sueldos y salarios docentes se han deteriorado mientras, aprovechando la precaria capacidad de movilización del magisterio, se atacan conquistas sociales importantes.

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2021/03/01/covid-vuelta-a-clases-y-el-apocalipsis-de-julio-de-2022/

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Educación pública, muerte silenciosa y pandemia

Por; javier Suazo

La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en la educación, ya que más de 1600 millones de estudiantes, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque cerraron las escuelas.

Cada vez se hace más necesario contar con individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestionen y persigan lo perfectible”

Andrews Paiva

 

Las llamadas políticas públicas universales, hace mucho tiempo desaparecieron de Latinoamérica. Cada vez más el Estado ha ido trasladando parte de las competencias, funciones y recursos en este campo a actores privados, algunos disfrazados de ONGs y otros de iglesias evangélicas. Igual, la descentralización y sus modalidades “impuras” como la desconcentración y terciarización, han acelerado este proceso, ya que los gobiernos subnacionales y locales encuentran más fácil negociar con centros de enseñanza privada para que presten este tipo de servicios, que asumir la responsabilidad que implica la enseñanza pública, garantizando acceso permanente y educación de calidad a la población.

Los gobiernos asignan menos recursos a los presupuestos de educación, salud y protección social, por lo que, en el caso de la educación, las familias se ven orilladas a buscar conocimiento en escuelas y universidades privadas, o simplemente, por los altos costos y aumento del desempleo y pobreza, renunciar a dicho conocimiento. La alta deserción escolar tiene explicación en esta realidad, pero también en la ausencia de nuevos enfoques y metodologías de enseñanza que utilicen al máximo recursos locales que ligan la presencia en las aulas o talleres de clase, con el trabajo material que se realiza dentro y fuera del hogar.

Varios países latinoamericanos, entre lo que destaca Uruguay y Costa Rica, le apostaron a la educación con políticas de cobertura universal, incluso en el marco de la vigencia de programas de ajuste económico, donde la orden del día era recortes de gastos sin excepción; prácticamente, con el respaldo de la población, convencieron a los OFIs, de la importancia de mantener o aumentar en forma vegetativa el gasto en educación. Con todo lo que ha significado el bloqueo a Cuba, la educación es uno de los pilares donde ha descansado el desarrollo a escala humana, aunque recién, por el bloqueo histórico y la crisis financiera, en lo económico se flexibilice la ejecución de políticas económicos para permitir mayor participación de inversión externa.

Antes del Covid-19, era evidente que, en la mayoría de los países, se apostaba a una educación acrítica, donde los valores del mercado, tecnicismo y los idiomas, eran más importantes que el humanismo. Y es que no puedan coexistir, sino que su avance se ha hecho a costo del debilitamiento de la educación en valores universales, derechos y culturas propias. Hay escuelas privadas donde se enseñanza el idioma inglés como segunda lengua, pero los jóvenes asumen que debe acompañarse con estilos de vida como en el país del norte. Como escribieron algunos miembros de la escuela de Fráncfort, “el conocimiento se constituye en la realidad y no por producción de conceptos, no hay que separar sujeto y realidad, ya que todo conocimiento depende de la práctica, de la época y de la experiencia”.

Con el Covid-19, la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, demanda que la población reciba una educación, pero una educación con pensamiento crítico. La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en educación, ya que “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. El cierre se dio por decreto de las Secretarias de Educación, sin que se tuviera certeza de volver a la educación presencial, incluso después que entrara la vacuna en los países que hicieron contratos a tiempo, como Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile y México, no así países como Honduras que confiaron en la OPS-OMS y su mecanismo COVAX, que se retrasó y orilló a las autoridades a negociar directamente la compra de vacunas con empresas comerciales y países, incluyendo la vacuna Sputnik V, y a obtener unas 5,000 vacunas (dosis) donadas por Israel a cambio de apoyar sus propuestas de tipo político e ideológico.

En el caso de la educación, los países latinoamericanos debieron aprender de Uruguay, el primer país que retomó la presencialidad con mucho éxito, efectividad y responsabilidad. La valorización de sus autoridades educativas es que la educación es más que un aula de estudio, es vida, contario al encierro que es muerte. En el caso de Costa Rica, una de las justificaciones para abrir las escuelas y colegios, lo fue el ausentismo generado por la pandemia, donde muchos alumnos y alumnas se retiraban por no contar con los recursos para acompañar la educación en línea.

 

Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil”. (unicef.org. nicaragua/prensa 12-01-2021),

A ello se agrega, el problema del inmovilismo, especialmente en los colegios de secundaria y la universidad, donde las asociaciones de estudiantes y los grupos estudiantiles no han podido seguir con la lucha dentro de los centros de estudio para enfrentar las reformas educativas promovidas por los gobiernos y apoyadas por los Organismos Financieros Internacionales, caso particular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas organizaciones de estudiantes siguen saliendo a las calles para protestas por la falta de educación presencial antes y durante el Covid-19, manteniéndose activas en las redes sociales; pero también lo harán una vez que se profundicen las reformas neoliberales por los gobiernos Post-Covid-19, en tanto los niveles de endeudamiento público serán inmanejables, sobre todo los pagos del servicio de la deuda externa.

Los procesos de innovación educativa también han sido afectados por el Covid-19, pero no aquel tipo de “innovación” que entrega 8,000 “tabletas” a niños y niñas para que puedan conectarse al internet y seguir las clases virtuales (que en mayoría son abandonadas), tal como sucede en Honduras; hablamos de aquella innovación que rescata las lenguas e idiomas ancestrales y valores comunitarios, donde se sigue con un tipo de enseñanza participativa liderada por maestros de las comunidades. En el caso de Nicaragua, la educación a distancia forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay evidencia que los costos por pago de maestros, materiales y servicios públicos de los gobiernos, han bajado por la pandemia, ya que, en el caso particular de la educación secundaria y universitaria, el ausentismo escolar es alto. Se argumenta que, la reingineria tecnológica en las universidades para enfrentar la demanda de la educación en línea, implica un gasto adicional, pero ello es mucho menor que el gasto de la educación presencial. A ello se debe que varios gobiernos que enfrentan problemas financieros por la caída de los ingresos tributarios, no estén muy interesados en volver a la normalidad, y sigan trasladando los costos de la educación virtual a la población.

Finalmente, los grupos y partidos de oposición y gobiernos deben concretar una alianza para priorizar la educación como una de las principales políticas públicas de los Estados, conjuntamente con la salud, generación de empleo masivo y el ambiente. Ocupamos asignar los recursos necesarios cada año para que se garantice una educación universal y de calidad, sustentada en un pensamiento crítico que involucre a las organizaciones sociales y comunitarias. Esta (s) políticas públicas no deben ser negociadas con el FMI y Banco Mundial, ya que es un mandato de la voluntad popular hecho gobierno.

Tegucigalpa, DC, 24 de febrero de 2021

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/211115

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El Banco Mundial teme un retroceso en la educación

La covid-19 ha creado la peor crisis para la educación y el aprendizaje en un siglo y se requieren medidas urgentes para mitigar esos impactos en todo el mundo, sostuvo un informe del Banco Mundial a un año de haberse desatado la pandemia.

Las alteraciones causadas por la covid en las sociedades y las economías agravan la crisis de la educación preexistente en el mundo y la afectan de maneras sin precedentes, según la institución multilateral que tiene como socios a 189 países.

Antes de la pandemia “ya había una crisis del aprendizaje”, pues unos 258 millones de niños en edad escolar no asistían a la escuela primaria ni secundaria, y la tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingreso bajo y mediano era de 53 por ciento.

Eso significa que más de la mitad de los niños de 10 años no podía leer ni entender un texto simple. En África al sur del Sahara la cifra era cercana a 90 por ciento.

La covid “ha agravado la crisis del aprendizaje, y es probable que el impacto en el capital humano de la actual generación de estudiantes se prolongue”, según el banco.

En abril de 2020, cuando se cerró el mayor número de escuelas, 94 por ciento de los estudiantes  -1600 millones de niños y jóvenes- dejaron de asistir a la escuela en todo el mundo, y todavía unos 700 millones de alumnos estudian hoy desde su casa, en un contexto de gran incertidumbre.

Familias y escuelas debieron elegir entre opciones de aprendizaje híbrido y remoto, o ningún tipo de escolarización, y en la gran mayoría de los países no se vislumbra el término de esta incertidumbre, según el banco.

Los niños pequeños están especialmente expuestos a riesgos, ya que la pandemia agrava las disparidades existentes en materia de nutrición, salud y estimulación, y los servicios para apoyarlos a menudo se omiten en la respuesta a la pandemia.

Audrey Azoulay, directora de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha dicho que “los cierres prolongados de los centros educativos tienen un creciente coste psicosocial para los estudiantes, aumentando las pérdidas de aprendizaje y el riesgo de abandono escolar”.

A este impacto en los sistemas educativos se suman las repercusiones negativas de la contracción económica global sin precedentes en los ingresos familiares, que aumenta el riesgo de deserción escolar y reduce los presupuestos de los gobiernos.

El banco calculó que, debido a las pérdidas de aprendizaje y los aumentos en las tasas de deserción, la actual generación de estudiantes podría perder 10 billones (millones de millones) de dólares en ingresos, casi 10 por ciento del PIB mundial.

Los países se desviarían aún más del objetivo de reducir la pobreza de aprendizajes, que podría trepar 10 puntos, hasta 63 por ciento de la población escolar.

Por ello, el banco considera que “se está gestando una catástrofe de desigualdad. Se observan inmensas diferencias en las situaciones de los estudiantes pobres y ricos en todos los países del mundo”.

La covid “representa un riesgo aún mayor para la educación y el bienestar de las niñas, ya que es mayor la probabilidad de que ellas abandonen la escuela, son más vulnerables a la violencia y enfrentan el matrimonio infantil y la fertilidad adolescente”, señaló el reporte.

Asimismo, los niños con discapacidad, las minorías étnicas, los refugiados y las poblaciones desplazadas tienen menos probabilidades de acceder a materiales de aprendizaje remoto y de regresar a la escuela después de la crisis

El sistema de educación terciaria también atraviesa una crisis profunda. En el momento más crítico, 220 millones de estudiantes de educación superior se vieron afectados por los cierres de los centros educativos en todo el mundo, y se prevén importantes reducciones del número de estudiantes actuales y futuros.

Además se registró una interrupción sin precedentes en la enseñanza y formación técnica y profesional. Un resultado de todos esos cierres es que posiblemente

la actual generación de estudiantes, y especialmente los más desfavorecidos, nunca reciba una educación completa ni el máximo de ingresos potenciales.

Como las pérdidas de aprendizaje van en aumento y es fundamental que los niños y los jóvenes vuelvan a participar en el proceso de aprender, ya sea con clases a distancia eficaces, opciones híbridas o mediante alternativas seguras de educación presencial, el banco propone una especie de decálogo a sus socios.

En primer lugar, evaluar las pérdidas de aprendizaje y monitorear los avances, cuando los niños regresen a la escuela y durante la instrucción a distancia.

Luego, proporcionar clases de nivelación y apoyo socioemocional a los estudiantes, reestructurar el calendario académico para hacer ajustes por los días escolares perdidos debido a la pandemia, y adaptar el plan de estudios para priorizar el aprendizaje fundamental, teniendo en cuenta el tiempo perdido.

Se debe preparar y apoyar a los maestros para manejar el agotamiento profesional, mejorar las habilidades digitales, identificar a los estudiantes que necesitan apoyo e implementar planes que garanticen la continuidad del aprendizaje y las condiciones de salud y seguridad cuando los niños regresen a las escuelas.

También se debe fomentar la reinscripción, minimizar la transmisión de enfermedades en las escuelas, y apoyar el aprendizaje en el hogar a través de la distribución de libros, dispositivos digitales cuando sea posible y paquetes de recursos para el aprendizaje a distancia.

El Banco Mundial se declaró dispuesto a agregar 6200 millones de dólares a los 5300 millones que ha desembolsado para proyectos que alcanzan a la educación y reportan beneficios a 400 millones de alumnos y 16 millones de profesores en 65 países.

Fuente: https://www.ipsnoticias.net/2021/01/banco-mundial-teme-retroceso-la-educacion/

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De alumnos a estudiantes: UAM

Por: Hugo Aboites*


A lo largo de 100 años, se ha dado una sorda lucha de palabras y significados en torno a qué nombre dar a los/las jóvenes universitarias. Es común que en las leyes orgánicas y reglamentos generados por la institucionalidad se les nombre (y considere) como alumnos (del verbo alere, alimentar, cuidar, educar a alguien), pero cuando las y los jóvenes se organizan y luchan contra alzas de colegiaturas, evaluaciones, pésimas condiciones y programas de estudio, inseguridad, entonces se llaman a sí mismos estudiantes (de studeo, que significa desear y conocer intensamente). Y, en colectivo, movimiento estudiantil.

Como siempre, las palabras nunca son una mera cuestión de tales y la historia de más de un siglo se ha encargado de dar al término estudiante un sentido muy lejano a la pasividad de dócil educando. En 1918, los estudiantes de la conservadora Universidad de Córdoba, gracias al autoritario cierre del hospital universitario, descubrieron a su institución como aliada al clero y el gobierno, burocrática y autoritaria y, por eso, lejana a la ciencia en el trabajo de profesores y estudiantes. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes… por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático (y) cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Y, por eso, “la federación universitaria de Córdoba se alza para luchar y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes” (La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, junio de 1918).

Aunque fueron militarmente reprimidos, la pasión ya estaba sembrada y en México (en la década de los 20), la autonomía se convirtió en demanda y, muy a medias, en realidad: la universidad debía ser no sólo independiente del poder clerical, político y económico, sino sobre todo, gobernada por y desde las necesidades y aspiraciones de los estudiantes.

Por eso en México fueron estudiantes y no alumnos los que lucharon en 1929, 1933, 1968 y, recientemente, en 1999, 2014 y, en la UAM, en 1998 y 2016. Pero las y los estudiantes siguen lejos de estar en el centro del gobierno universitario. Esa vena fresca ya no alimenta a las instituciones y, por eso, hay un deterioro profundo de la inspiración original de una institución estudiosa y solidaria con las necesidades sociales; horizontal, comunitaria y centrada en las y los estudiantes. Prevalecen los bonos a mandos medios y superiores, la aristocracia académica, la ampliación de la burocracia, el apoyo a grandes empresas y la tendencia a decisiones verticales, sin consenso, que afectan directamente la formación de los estudiantes. Así, en la UAM-Xochimilco, la mayoría de profesoras y profesores del trimestre inicial, llamado Tronco Interdivisional, abiertamente nos oponemos a que se imponga el programa que impulsa una comisión del rector y que afectará directamente la formación profesional de los estudiantes. En lugar de actualizar y mejorar el vigente, donde estudiantes y profesores –con base en textos críticos– analizan el contexto nacional y mundial para que la formación profesional se haga de cara a las necesidades y problemas del país, se le desecha y al amparo de la pandemia, se busca imponer la agenda de sustentabilidad (2030) del Banco Mundial-Unesco. Al contrario de nuestro programa que enfatiza la pluralidad de visiones, el del Banco Mundial reduce la problemática social y de las profesiones a la sustentabilidad y aún eso con una visión interesadamente corta, que oculta/niega la responsabilidad de corporaciones y gobiernos en el desastre ecológico mundial. Y así, el trabajo de formación estudiantes-profesores, que siempre ha luchado por ser de avanzada, con la propuesta del BM reduce su visión al nivel de una escuela patito y se impide así una formación de profesionales e investigadores fuertes y socialmente comprometidos. Por momentos, hasta retrocesos, como el texto de metodología del trabajo académico-científico (de escuela privada) está dedicado –a Dios, el supremo investigador”, pues –adiós evolución– ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar. El BM impulsa la idea de una sociedad donde hay individuos, grupos de calidad, ONG, pero no existen procesos de colonización, patriarcado, intereses de clase, poderes hegemónicos ni un desarrollo económico que sistemáticamente destruye la naturaleza. Y porque en la visión institucional son sólo alumnos, ni siquiera se piensa en un foro amplio de consulta y discusión para los que serán más afectados, los estudiantes. Ha pasado un siglo y cada vez son menos primordiales en el gobierno universitario.

UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/017a2pol

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El Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos

La cuestión de los «derechos humanos» nunca formó parte de las prioridades del Banco Mundial. Invariablemente, en las condicionalidades fijadas por el Banco, un derecho era prioritario: el derecho individual de la propiedad privada, que en la práctica favorece a los grandes propietarios, ya sean personas adineradas o bien sociedades nacionales y transnacionales. En las condicionalidades impuestas por el Banco no se encuentra ninguna referencia a los derechos colectivos de los pueblos y de las personas.

Índice:

– El ajuste estructural no respeta los derechos humanos.

– Estados, instituciones financieras internacionales e intereses privados

– Esta pretensión de irresponsabilidad es inaceptable en el derecho internacional

– La Declaración Universal de los Derechos Humanos

– La Declaración del Derecho al Desarrollo

– La Carta de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas

– El Banco Mundial, institución especializada de las Naciones Unidas

– Conclusión

Si el Banco Mundial tiene que tomar en consideración los derechos humanos, nunca lo hace con el sentido progresista de los grandes textos de las Naciones Unidas. Las ideologías tienen su lectura particular del derecho. Jean-Philippe Peemans recuerda con razón: «De todas maneras, con la óptica occidental hoy predominante, los derechos humanos se conciben ante todo con relación a la libertad de acción individual, como la no interferencia en el mundo privado de los asuntos económicos, el derecho a disponer libremente de la propiedad, y sobre todo la abstención del Estado de todo acto que viole la libertad individual de invertir el tiempo, el capital y los recursos en la producción y el intercambio… Para los neoliberales, las reivindicaciones sociales y culturales pueden ser aspiraciones legítimas, pero jamás derechos… la visión neoliberal rechaza todo enfoque colectivo del derecho. El individuo es el único sujeto que puede reclamar derechos, y así mismo los únicos violadores del derecho no pueden ser más que individuos que deben asumir la plena responsabilidad. No se puede atribuir violaciones del derecho ni a las organizaciones ni a las estructuras» [1].

El Banco Mundial, así como el FMI, se basa en este postulado para liberarse de toda responsabilidad en cuanto al respeto de los derechos sociales económicos y culturales. Pero estos derechos son indisociables de los derechos sociales y políticos y es imposible respetar los individuales si los colectivos no se tienen en cuenta. En tanto que instituciones multilaterales, el Banco Mundial y el FMI están obligados a aplicar los tratados internacionales y los derechos individuales y colectivos que éstos aseguran. La exigencia de transparencia y de buena gobernanza vale para todo el mundo. Las IFI exigen su aplicación a los gobiernos de los países endeudados mientras ellas mismas se permiten ignorarlas. La exigencia de evaluar y dar cuenta de las actividades realizadas no debe limitarse a los Estados, sino que ha de extenderse también al sector privado y, en particular, a las organizaciones internacionales, puesto que sus acciones, sus políticas y sus programas tienen un impacto muy importante sobre la efectividad de los derechos humanos [2]. Los planes de ajuste estructural tienen unas consecuencias tan nefastas en términos de degradación de los derechos económicos, sociales y culturales (en especial sobre los más vulnerables), y también ambientales, que se debe exigir a estos organismos responsabilidad de sus actos.

El ajuste estructural no respeta los derechos humanos

A pesar de los textos internacionales que constituyen el marco jurídico de protección de los derechos humanos, el FMI y el Banco Mundial «funcionan según la lógica de las sociedades financieras privadas y del capitalismo mundial, sin demasiada consideración de los resultados sociales y políticos de sus actos» [3].

El informe común presentado a la Comisión de Derechos del Hombre de la ONU, por el relator especial y el experto independiente, afirma: «Durante cerca de 20 años, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países acreedores han jugado a un juego ambiguo y destructivo consistente en telecomandar las economías del Tercer Mundo y a imponer a unos países impotentes políticas económicas impopulares, pretendiendo que la píldora amarga del ajuste macroeconómico les permitiría encontrar el camino de la prosperidad y el desendeudamiento. Después de dos décadas, en numerosos países, la situación es peor que cuando comenzaron a aplicar los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Estos programas de austeridad rigurosa han tenido un coste social y ecológico considerable y en muchos casos el índice de desarrollo humano ha caído drásticamente». O [4].

Recuerda rotundamente que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países deudores a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al empleo, a la educación, a los servicios sanitarios y a un ambiente sano no puede estar supeditado a la aplicación de políticas de ajuste estructural y de reformas económicas vinculadas a la deuda...». [5]

Pues bien, las políticas impuestas por las IFI subordinan la obligación del respeto de los derechos humanos, incluida la legitimidad de los gobiernos, a la aplicación dogmática de sus programas [6]. En realidad, los programas de ajuste estructural van más allá «de la mera imposición de un conjunto de medidas macroeconómicas en el nivel interno. [Son] la expresión de un proyecto político, de una estrategia deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo objetivo principal es hacer del planeta un campo de acción donde las sociedades transnacionales puedan operar con total seguridad. En resumen, los programas de ajuste estructural (PAE) desempeñan un papel de “correa de transmisión” para facilitar el proceso que pasa por la liberalización, la desreglamentación y la reducción del papel del Estado en el desarrollo nacional» [7].

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha señalado así mismo que las políticas de ajuste estructural tienen graves repercusiones sobre la capacidad de los PED para aplicar políticas nacionales de desarrollo cuyo objetivo principal es el respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, mediante la mejora de las condiciones de vida de la población local [8].

Según el informe de Bernard Muhdo, experto independiente, las políticas de ajuste estructural, fruto de una estrategia conscientemente elaborada y aplicada por los responsables del FMI y del Banco Mundial, han tenido unas consecuencias extremadamente negativas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en particular [9] en lo concerniente a la salud, la educación, el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, etc. [10] El mismo experto observa que las políticas inducidas por las IFI han sido rechazadas por los ciudadanos mediante movimientos de protesta, violentamente reprimidos por los gobiernos y los poderes públicos a fin de garantizar que los planes impuestos por dichas instituciones se lleven a cabo (privatización de la electricidad, del transporte público, de los hospitales; liberalización del precio de los medicamentos, del pan y de otros bienes de primera necesidad; protección de los intereses de las transnacionales en materia de inversiones y apropiación de los recursos naturales comunes, etc.). En consecuencia, existe una relación estrecha entre la violación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la violación masiva de los derechos civiles y políticos.

Frente a este tipo de violación de las obligaciones internacionales por parte de los poderes públicos de un Estado en cuestión, el FMI y el Banco Mundial tendrían que haber recordado a los gobernantes sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos civiles y políticos y de los derechos humanos en general. En lugar de cortar o suspender los programas, estas instituciones prosiguieron e intensificaron su aplicación. La indiferencia e incluso el cinismo quedan expresados sin disimulo en esta frase pronunciada durante la reunión del experto independiente con los responsables del FMI: «… para el FMI, bloquear un programa a causa de la violación de los derechos humanos no es atinado» [11]. A priori, es un hecho extremadamente grave: estas instituciones actúan como si no les concerniera ninguna obligación internacional, salvo aquellas relacionadas con los acuerdos comerciales o los acuerdos sobre inversiones. Por supuesto, persiguen en esto un fin bien preciso. En 1999, el experto independiente designado por la Comisión de Derechos Humanos identificó, con precisión, el proceso de mundialización y el papel de las instituciones financieras como parte integrante de la «contrarrevolución neoliberal» [12].

Según el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario [13], existen principios y normas jurídicas básicos o fundamentales relacionados con la protección internacional de los derechos humanos, cuyo alcance se extiende a todos los sujetos de derecho internacional.

Estados, instituciones financieras internacionales e intereses privados

El Banco Mundial así como el FMI no son abstracciones, en su seno las decisiones son tomadas por hombres, y también algunas mujeres, que actúan en nombre de los Estados o grupos de Estados. Pues bien, los propios Estados están indiscutiblemente vinculados por los documentos de las Naciones Unidas. Los Estados miembros del Banco Mundial y del FMI están por consiguiente, lo mismo que los otros, en la obligación de tener en cuenta el respeto obligatorio de los derechos humanos en las decisiones que toman en el seno de estas instituciones.

Pero incluso hay que ir más lejos. En el proceso de mundialización, a consecuencia de la acción de las transnacionales, del G7 y de las instituciones financieras internacionales [14], los poderes públicos nacionales y locales han sido despojados deliberadamente de sus poderes en cuestiones económicas y sociales. Los Estados intervienen cada vez más para asegurar la satisfacción de los intereses privados en vez de asegurar el pleno goce de los derechos humanos. Para el Banco Mundial, todo el problema del subdesarrollo y de la pobreza se reduce prácticamente al hecho de que los poderes públicos intervienen demasiado en lo social y en la economía, trabando a menudo la acción y la actividad del sector privado. Así, el presidente del Banco Mundial confirma en un documento titulado «Desarrollo del sector privado» que «un crecimiento producido por el sector privado es esencial para un desarrollo duradero y la reducción de la pobreza» [15].

Las instituciones financieras internacionales culpan a los Estados mientras que en el informe sometido a la Asamblea General de la ONU, el secretario general de las Naciones Unidas afirma: «Actualmente se tiende por lo general a pedir a los gobiernos que asuman demasiadas responsabilidades, olvidando que la antigua concepción del papel del Estado en el desarrollo ha pasado de moda… En tanto que no se dice nada de las responsabilidades internacionales o del papel de la economía mundial y de sus mecanismos e instrumentos, o incluso de su contribución al actual sistema político y al régimen de gobierno del mundo moderno -responsabilidades que incumben a estos sistemas- se imputa a los gobiernos males, dificultades y problemas que esencialmente tienen origen en el escenario internacional. Este tipo de enfoque no es ni objetivo ni justo, en particular con respecto a los países en desarrollo que casi no pueden decir una palabra en las decisiones fundamentales tomadas a escala internacional y que, sin embargo, son acusados de entorpecer el desarrollo, mientras que las causas profundas de la desigualdad en el plano internacional son ignoradas...» [16] (subrayado por el autor).

Es, por lo tanto, un error de fondo considerar que los Estados son los únicos responsables de la violación de los derechos humanos en el curso de la aplicación de las reglas comerciales multilaterales o a consecuencia de la aplicación de medidas impuestas por el FMI y el Banco Mundial [17]. Esta tesis está muy extendida en el seno de estas instituciones: los responsables de las violaciones de los derechos humanos serían, en efecto, los Estados miembros, considerados individualmente, pues son ellos los que deciden en última instancia las políticas que el Fondo y el Banco han de aplicar.

Esta pretensión de irresponsabilización es inaceptable en el derecho internacional

Tanto el FMI y el Banco Mundial como la OMC son ante todo organizaciones internacionales [18] en el sentido estricto del término. Como tales, poseen personalidad jurídica internacional [19], tienen sus propios órganos. [20], están dotadas de competencias para el tratado o acuerdo básico (competencias de atribución) [21]. Y, sobre todo, en tanto que organizaciones internacionales, tienen derechos y obligaciones. Por regla general, es evidente que ninguna organización internacional que pretenda actuar como sujeto de derecho internacional, ninguna de estas organizaciones que quiera ejercer sus competencias y que pretenda tener personalidad jurídica internacional puede argumentar con seriedad que está exenta del respeto de las obligaciones internacionales, especialmente las reglas de protección de los derechos humanos [22]. En tanto que sujeto de derecho internacional, toda organización internacional está sometida a este derecho, incluida la sumisión a las reglas de protección de los derechos humanos [23].

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Incluida en el corpus del derecho consuetudinario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, como su nombre indica, universal: por lo tanto vincula a los Estados y otros sujetos de derecho internacional en sus acciones específicas y en sus responsabilidades. Ningún organismo internacional puede ampararse en su reglamentación interna para considerarse desvinculado del respeto de los acuerdos internacionales ratificados por sus miembros [24].

Las instituciones internacionales tienen entonces la obligación de crear las condiciones para el pleno goce de todos los derechos humanos, el respeto, la protección y la promoción de estos derechos. Los programas de ajuste estructural, como he señalado antes, se diferencian netamente de esto. Rebautizados ahora como «estrategias de lucha contra la pobreza», confían que el simple crecimiento económico aportará por sí solo el desarrollo, lo que es desmentido, entre otras cosas, por los informes anuales del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Dicho crecimiento económico, tal como lo proponen las instituciones financieras internacionales, beneficia sobre todo a los sectores más privilegiados de la sociedad y aumenta cada vez más la dependencia de los países del Tercer Mundo [25]. Más aún, el crecimiento económico realmente existente es, en esencia, incompatible con la preservación del ambiente.

La Declaración del Derecho al Desarrollo

Esta visión del desarrollo, defendida encarnizadamente por el Banco Mundial a pesar de sus fracasos patentes, no es compatible con un texto tan acabado y eminentemente social como la Declaración del Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas, adoptado en 1986 [26]: «Artículo 1.1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable…

Artículo 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye […] el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales

Artículo 3.2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho internacional […]

Artículo 8.1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo […]. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales

En marzo de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propuso al Consejo Económico y Social el establecimiento del primer grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo. Este grupo se reunió una docena de veces en el curso de los años 80 [27] y llegó a la adopción de la Resolución 41/128 de la Asamblea General de la ONU, el 4 de diciembre de 1986, conocida con el nombre de Declaración del Derecho al Desarrollo. Sólo votó en contra Estados Unidos, «alegando en su explicación del voto el carácter confuso e impreciso de la declaración, el vínculo que establece entre desarrollo y desarme y la idea de que el desarrollo exige la transferencia de recursos del Norte desarrollado hacia el Sur subdesarrollado, y ocho se abstuvieron (Dinamarca, Finlandia, la RFA, Islandia, Israel, Japón, Suecia y el Reino Unido, quienes insistían en la prioridad de los derechos individuales sobre los derechos de los pueblos y en el rechazo a considerar que la ayuda al desarrollo constituya una obligación de derecho internacional)» [28].

La Carta de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas

Aunque la Declaración del Derecho al Desarrollo sea una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, carece del carácter vinculante que tiene un tratado internacional para los Estados que lo han ratificado. Pero otros textos pueden desempeñar esta función: la Carta de las Naciones Unidas (Preámbulo, párrafo 3 del artículo 1 y los artículos 55 y 56) es no sólo el documento constituyente de las Naciones Unidas sino también un tratado internacional, que codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Dos Pactos Internacionales, uno sobre los Derechos Civiles y Políticos y otro sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son también textos normativos estrechamente relacionados con el derecho al desarrollo, pues en ellos figuran también una gran parte de los derechos humanos que forman parte del contenido del derecho al desarrollo [29].

Los textos principales de las Naciones Unidas conciernen tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, el derecho al desarrollo y el derecho a la soberanía política y económica de los Estados. Pero en realidad, tanto el Banco Mundial como el FMI, la OMC y las sociedades transnacionales no aceptaron jamás estar sometidos a ellos.

Estas instituciones han podido gozar de una terrorífica impunidad hasta ahora porque, a pesar de algunos avances interesantes, el derecho actual está lejos de ser perfecto. Por supuesto, existe una serie de instrumentos y de jurisdicciones en materia de crímenes contra los derechos humanos individuales y de crímenes contra la humanidad, pero otros crímenes que causan un gran número de víctimas a lo ancho del mundo -crímenes económicos- no son objeto de ninguna jurisdicción internacional, de ninguna convención, de ninguna definición internacional, hasta ahora.

El Banco Mundial, institución especializada de las Naciones Unidas

Por lo demás, el Banco Mundial corresponde a la definición de una de las «instituciones especializadas creadas por acuerdos intergubernamentales y dotadas, en los términos de sus estatutos, de atribuciones internacionales extendidas en los ámbitos económico, social, de la cultura intelectual y de la educación, de la salud pública y otros ámbitos conexos». Así definido, está relacionado con el sistema de las Naciones Unidas por medio del Consejo Económico y Social (conocido con la sigla en inglés ECOSOC, que actúa bajo la autoridad de la Asamblea General), según el artículo 57, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. El sistema onusiano se basa en la cooperación internacional, en especial en la cooperación económica y social internacional. Según el artículo 55, a fin de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para asegurar entre las naciones relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto del principio de la igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho a disponer de sí mismos, las Naciones Unidas promoverán:
«a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades».

Todo el sistema de las Naciones Unidas se rige por los principios siguientes:
«1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta».

En consecuencia, desde un punto de vista histórico y contrariamente a sus proclamas, el FMI y el Banco Mundial son instituciones especializadas de las Naciones Unidas. En tanto que instituciones especializadas, están vinculadas por la Carta de las Naciones Unidas. Es inevitable, por lo tanto, plantearse la siguiente pregunta: ¿Están obligados el Banco Mundial y el FMI a respetar las obligaciones enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la obligación de respetar los derechos humanos?

El Tribunal Internacional de Justicia lo recordaba en el caso Barcelone Traction y en el de Timor Oriental [30]. Los estatutos del Banco Mundial están totalmente impregnados de las obligaciones que se desprenden del derecho consuetudinario, en particular las obligaciones erga omnes y las reglas jus cogens. Estas obligaciones, también llamadas derecho imperativo, significan que las reglas de derecho internacional, cualquiera que sea su naturaleza, siempre son jurídicamente obligatorias y su violación acarrea consecuencias jurídicas particulares en relación con las obligaciones y los derechos que derivan de éstas. Es el caso, por ejemplo, del principio de igualdad soberana de los Estados, de la prohibición del empleo de la fuerza, de la prohibición de la tortura, de la prohibición de la desaparición forzosa de personas, presentando todas un carácter imperativo.

Las reglas jus congens son parte integrante del orden público internacional del cual ningún sujeto puede sustraerse, tanto si ha ratificado los tratados o convenciones internacionales como si no lo ha hecho. Las obligaciones erga omnes, muy cercanas del jus cogens, establecen, como ha destacado el Tribunal Internacional de Justicia, la obligación jurídica (mejor dicho, la obligación de prevención y de represión) que tienen todos los sujetos de derecho internacional, vista la importancia de los derechos en juego, de proteger estos derechos, en particular la obligación de respetar y hacer respetar en todo momento y en cualquier circunstancia los derechos humanos.

Aunque sea cierto que el Banco Mundial y el FMI son independientes de la ONU en su funcionamiento, les corresponde, de todos modos, respetar los derechos humanos y el derecho consuetudinario en general. Las IFI deben integrar esta obligación en la elaboración y la aplicación de sus políticas: ningún sujeto de derecho internacional puede sustraerse a esta obligación invocando la falta de un mandato explícito o el argumento de la «no politización», y menos aún una interpretación restrictiva de los derechos económicos, sociales y culturales, como si fueran elementos menos vinculantes que los derechos civiles y políticos. Este último aspecto ha sido claramente señalado por Eric David, quien afirma que en lo concerniente al derecho aplicable a las IFI, «los derechos más específicamente concernidos por una situación de degradación económica y social son los derechos económicos, sociales y culturales. Una situación como ésta amenaza, en efecto, el goce de estos derechos por unas categorías más o menos amplias de la población. Por lo demás, no es exagerado decir que las situaciones de extrema pobreza conducen a la violación de casi todos los derechos económicos, sociales y culturales…» [31]. Dicho autor continúa: «... si los derechos afectados por los PAE son a priori los derechos económicos y sociales, puede ocurrir que, para colmo, la violación de estos derechos ocasione también una violación de los derechos civiles y políticos de las personas afectadas» [32].

Conclusión

Tanto el Banco como el FMI no pueden invocar su «derecho constitucional» para eludir la obligación de proteger los derechos humanos con el pretexto de que sus decisiones deben ser guiadas exclusivamente por consideraciones de orden económico. Es importante señalar que las políticas seguidas por las instituciones de Bretton Woods, cuyas actividades son de un vasto alcance, tienen repercusiones directas sobre la vida y los derechos fundamentales de todos los pueblos [33].

******

Eric Toussaint, presidente del CADTM (Comité para la Abolicion de la Deuda del Tercer Mundo) Bélgica, autor de La Bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. CLACSO, Buenos Aires, 2004. Coautor con Damien Millet de 50 Preguntas /50 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial. Icaria- Intermon/Oxfam, Barcelona 2004; coautor con Damien Millet de Los Tsunamis de la deuda, Icaria- Intermon/Oxfam, Barcelona 2006; coautor con Arnaud Zacharie de Salir de la Crisis. Deuda y Ajuste. CADTM – Paz con dignidad, Madrid, 2002.

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El autor quiere agradecer a Hugo Ruiz Díaz Balbuena, cuyos trabajos constituyen una de las principales fuentes de inspiración para la redacción de este capítulo. Se trata, en particular, del estudio inédito «Les politiques menées par les IFI et leur responsabilité pour les violations massives des droits humains suite a l’imposition des programmes d’ajustement structurel», 3 de octubre de 2004, 15 p.

Traducido por Raúl Quiroz

  1. El ABC del Banco Mundial
  2. El ABC del Fondo Monetario Internacional (FMI)
  3. Acerca de la fundación de las instituciones de Bretton Woods
  4. En un clima de caza de brujas, el Banco Mundial siempre está al servicio de los poderosos
  5. Conflictos entre la ONU y el dúo Banco Mundial/FMI
  6. SUNFED versus Banco Mundial
  7. ¿Por qué un Plan Marshall?
  8. ¿Por qué la anulación de la deuda alemana en 1953 no puede aplicarse actualmente para Grecia y los países en desarrollo?
  9. El liderazgo de Estados Unidos en el Banco Mundial
  10. El apoyo del Banco Mundial y del FMI a las dictaduras
  11. El Banco Mundial y Filipinas
  12. El apoyo del Banco Mundial a la dictadura en Turquía (1980-1983)
  13. El Banco y el FMI en Indonesia: una intervención emblemática
  14. Las falacias teóricas del Banco Mundial
  15. Corea del Sur y el milagro desenmascarado
  16. La trampa del endeudamiento
  17. El Banco Mundial vio venir la crisis
  18. La crisis de la deuda mexicana y el Banco Mundial
  19. Banco Mundial y FMI: al servicio de los acreedores
  20. Los presidentes Barber Conable y Lewis Preston (1986-1995)
  21. La operación de seducción de James Wolfensohn (1995-2005)
  22. La Comisión Meltzer sobre las IFI en el Congreso de Estados Unidos en el año 2000
  23. La cuentas del Banco Mundial
  24. De Paul Wolfowitz (2005-2007) a David Malpass (2019-…): Los hombres del presidente de Estados Unidos siguen estando a la cabeza del Banco Mundial
  25. El FMI y el Banco Mundial en la época del coronavirus: La búsqueda fallida de una nueva imagen
  26. Banco Mundial y FMI:76 años ¡Ya es suficiente! ¡ Abolición !
  27. El Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos

Notas

[1] Jean-Philippe Peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Academia Bruylant/L’Harmattan, Louvain-la-Neuve/París, 2002, p. 349.

[2] Jean-Philippe Peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Academia Bruylant/L’Harmattan, Louvain-la-Neuve/París, 2002, p. 349.

3. Nicolás Angulo Sánchez, El Derecho Humano al Desarrollo frente a la mundialización del Mercado, IEPALA Editorial, Buenos Aires, 2005, p. 145.

[3] M. Benchikh, R. Charvin, F. Demichel, Introduction critique au Droit international public, col. Critique du Droit, Presses Universitaires de Lyon, 1986, p. 12.

[4] NU-CDH, «Allègement de la dette et investissement local: coordination entre l’iniciative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)», Informe común de Reinaldo Figueredo (relator especial) y de Fantu Cheru (experto independiente), 14 de enero de 2000, E/CN.4/2000/51, párrafo 1.

[5] Idem, párrafo 5.

[6] En particular, el empobrecimiento masivo de capas enteras de población de los países del Tercer Mundo. Recordemos que la pobreza se considera «como un estado de negación, incluso de violación de los derechos humanos». Cf. ONU-CDH, «Mise en œuvre du droit au développement dans le contexte mondial actuel», Examen del sexto informe del experto independiente sobre el derecho al desarrollo, E/CN.4/2004.18/4, 17 de febrero de 2004, párrafo 12.

[7] ONU-CDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme», Informe del experto independiente Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, párrafo 31.

[8«Consecuencias de las políticas de ajuste económico originadas por la deuda externa en el goce efectivo de los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo», Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1992/22.

[9] La violación masiva y constante de los derechos económicos, sociales y culturales es indisociable del conjunto de los derechos humanos porque su violación va acompañada normalmente de violaciones graves de los derechos civiles y políticos. Cf. Jacques Fierens, «La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels», Institutions financières, l’exception aux droits humains, Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles, diciembre de 1998, Revue belge de droit international, 1991-1.

[10] ONU-CDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels», E/CN.4/2003/10, párrafo 42.

[11] ONU-CDH, «Quatrième rapport de l’expert indépendent Arjun Sengupta», E/CN.4/2002/WG.18/2/Add. 1, 5 de marzo de 2002, párrafo 21.

[12] ONU-CDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme», Rapport de l’expert indépendant Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, párrafos 28-30.

[13] El derecho convencional es el derecho escrito cuyas reglas se encuentran en las convenciones internacionales, como el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, sociales y Culturales (PIDESC). El derecho consuetudinario es el derecho no escrito, que es vinculante, tal como la prohibición de los crímenes contra la humanidad, el crimen de agresión, la no intervención, los derechos de los pueblos sobre sus recursos naturales, etc.

[14] Alejandro Teitelbaum las califica de «instrumentos y mandatarias de las grandes potencias y del gran capital», ver A. Teitelbaum, El papel de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, AAJ, Producciones gráficas, Buenos Aires, 2003, p. 104.

[15] Nota del presidente del Banco Mundial, 28 de septiembre de 2004. Citado por Hugo Ruiz Díaz Balbuena en «Les politiques menées par les IFI et leur responsabilité pour les violations massives des droits humains suite a l’imposition des programmes d’ajustement structurel», 3 de octubre de 2004, 15 p.

[16] AG/ONU, « Questions relatives aux droits de l’homme: questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mondialisation et son incidence sur le plain exercice des droits de l’homme», Rapport du Secrétaire général, 7.08.2003, párrafos 16-17.

[17] Responsabilizar sólo a los Estados resulta en la práctica «hacer responsables a una entidades de ejecución, mientras que las principales instituciones que presiden la adopción de estas políticas gozan de impunidad…». Cf. ONU-CDH, «La mondialisation et sus effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme», E/CN.4/Su.2/2003/14, párrafo 37. Sin cursiva en el documento.

[18] J. A. P. Ridruejo, Cours général de Droit international public, Recueil des Cours de l’Académie de Droit international (RCADI), 1998, tome 274, pp. 193-198.

[19CfRéparation des dommages subis au service des Nations Unies, (Affaire Bernadotte), Recueil, 1949, p. 174.

[20] J. Verhoeven, Droit international public, Précis de la Faculté de Droit de l’UCL, Larcier, Bruselas, 2000, p. 205.

[21] J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Montchrestien, París, 1995, segunda edición, pp. 731-732.

[22] E/CN.4/Su.2/2003/14, párrafo 37.

[23] P. M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, París, 1995, tercera edición, p. 115.

[24] Gustave Massiah, «La réforme de la ONU et le mouvement altermondialiste», ONU, Droits pour tous ou loi du plus fort? Cetim, Ginebra, 2005, pp. 404-405.

[25] Nicolás Angulo Sánchez, El Derecho Humano al Desarrollo frente a la mundialización del Mercado, IEPALA Editorial, Buenos Aires, 2005, p. 16.

[26] El texto íntegro de la Declaración se encuentra http://www.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm.

[27] La década de los años 80 es realmente paradójica, pues vio nacer un maravilloso instrumento potencial de derecho en el nivel planetario con la adopción de esta Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Por otra parte, fue también una de las décadas más negativas desde el punto de vista de los derechos humanos y del desarrollo a consecuencia del estallido de la crisis de la deuda, del deterioro de los términos del intercambio comercial, del crecimiento de las desigualdades entre los países del Centro y los de la Periferia, así como en el interior de cada país.

[28] Nicolás Angulo Sánchez, Op. cit, pp. 36-37.

[29] Idem, p. 288.

[30] CIJ, Recueil, 1970 y CIJ, Recueil, 1996.

[31] E. David, «Conclusions de l’atelier juridique: les institutions financières internationales et le droit international», Les institutions financières internationales et le droit international, ULB, Bruylant, Bruselas, 1999, párrafo 2.

[32] Idem, párrafo 4.

[33Cf. ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, E/CN,4/2003/10. Análisis del caso de Bolivia.

Fuente: http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos

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I Congreso Mundial de Educación 2020. Ponencia de Rosa Cañadell, Exvocera del sindicato USTEC•STEs. España

Ponencia de Rosa Cañadell

La educación es fundamental para el futuro de la sociedad. En ella, los chicos y chicas se socializan y aprenden conocimientos, valores, actitudes y comportamientos que, con seguridad, marcaran su futuro.

La educación oficial siempre ha tratado de transmitir la cultura dominante, pero los centros educativos son también un espacio de confrontación con otras culturas alternativas al servicio del cambio social. El objetivo de la educación debería ser tanto la emancipación individual como la emancipación social y colectiva.

 En estos momentos de crisis de todo tipo: económica, social, cultural, ecológica…en el que todo apunta que nos espera un mundo peor, es más importante que nunca todos nuestros jóvenes tengan herramientas para comprender el funcionamiento de la sociedad y sean capaces de mejorarla. Para ello es indispensable un acceso igualitario a la educación y al conocimiento, no sólo técnico y científico, sino también filosófico, histórico y artístico. Ya que es el conocimiento el que nos ayuda a entender las causas (de la desigualdad, la injusticia social, el racismo, el machismo, el agotamiento del planeta…) y a poder pensar soluciones.

Desde finales de los años 90 la política educativa a nivel internacional se ha redefinido en virtud de las necesidades del capitalismo, en su versión neoliberal. En muchos países, incluyendo el mio, la política educativa oficial se ha modificado con el objetivo de responder a la sociedad de mercado y a las necesidades del mundo financiero; los valores de la empresa han empezado a suplantar a los antiguos ideales humanistas y una versión   pragmática de la educación, ha cobrado vigor a lo largo y ancho del mundo y en la mayoría de las instituciones educativas.

En Cataluña y el resto del Estado español, estamos en una situación totalmente distinta de la que se dio en las décadas precedentes (después de la dictadura franquista) en las que se construyó una educación pública con la participación activa del profesorado, y con el estímulo y el apoyo de los poderes públicos. Una escuela pública que tuvo como reto la igualdad de oportunidades, la democratización de los centros, las buenas prácticas profesionales y el progresivo mejoramiento de las condiciones laborales del profesorado. Ello dio sus frutos y, por primera vez en mucho tiempo, las clases populares accedieron a la universidad.

Poco a poco fuimos construyendo un modelo de escuela pública basado en la idea que la educación es un derecho universal y un bien público, que la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Un modelo que considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo centra su preocupación en buscar los contenidos, valores y metodologías que mejor pueden ayudar a una educación global y que puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el alumnado llega a la escuela. Por este modelo luchamos durante mucho tiempo y habíamos avanzado bastante.

Pero llegaron los vientos neoliberales que todo lo impregnaron y nuestros gobiernos cambiaron el paradigma e impusieron un nuevo modelo: el que se deriva de la progresiva imposición del  neoliberalismo a escala mundial, y que viene avalado por las directrices de los organismos supra-nacionales, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la UE. Este modelo parte de la base que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía.

La educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser “adaptada” a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y, por otro, debe ser “rentable”, o sea gestionada con criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado.

Una característica de esta nueva etapa es la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo. Ya en 1995, Miquel Soler (catalán como yo, afincado en Uruguay y un gran maestro para América Latina) ya nos alertaba de la publicación del Banco Mundial en la que se decía: «La tasa de rentabilidad en educación se expresa como rendimiento anual, similar al cotizado por las cuentas bancarias de ahorro o los bonos de Estado…» y también: «las políticas oficiales deberían alentar el aumento del financiamiento privado a fin de estimular la competencia, la innovación y la sensibilidad al mercado de trabajo.»

Esta nueva estrategia educativa se ha ido imponiendo poco a poco y está ya presente a nivel mundial, Esta nueva concepción neoliberal de la educación tiene tres objetivos: 1) poder hacer negocio con la educación, por lo que es preciso privatizar lo máximo posible; 2) poner los conocimientos al servicio de las necesidades laborales de las empresas; y 3) promocionar valores que hagan posible la consolidación del sistema. Y para hacerlo posible se basan en varios pilares: las leyes educativas, los recortes con la excusa de la crisis, la Nueva Innovación educativa, la penetración de las empresas en las políticas educativas y ahora, aprovechando la tragedia de la pandemia del COVID-19.

Parece, pues, que el neoliberalismo nos ganó la partida, pero esto no significa que no se pueda rescatar el proyecto emancipador .

Como señalan desde el Col·lectiu Pere Quart.  : «Con las materias humanísticas, desde las aulas, se puede hacer frente a las ideas impuestas, desenmascarar las mentiras y el cinismo de los poderes establecidos y, contra la ortodoxia oficial y mediática, oponer resistencia a los discursos simplistas del miedo que provienen de formaciones fascistas o complacientes con las actitudes autoritarias. En las aulas, se puede afilar la capacidad crítica como forma de libertad democrática y como ejercicio de cuestionamiento continuo de la realidad»

No deberíamos permitir que se consolide una educación al servicio de las empresas y mucho menos  que las empresas dicten lo que se tiene que enseñar en las aulas. No debemos permitir que se implanten objetivos y valores tan descaradamente al servicio de la ideología más neoliberal que es, precisamente, la que nos ha llevado a la actual crisis, a la desigualdad, a la pobreza y a la falta de democracia.

La resistencia y la lucha, del profesorado, del alumnado, de las familias y de las fuerzas de la izquierda progresista, son el camino a seguir. Necesitamos una juventud sabia, solidaria, culta, con preparación laboral y sentido de la justicia.

Los y las jóvenes de hoy son los que podrán mejorar la sociedad del mañana y tenemos la obligación de prepararlos para que ello sea posible. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. No olvidemos que

PARA QUE OTRO MUNDO SEA POSIBLE

OTRA EDUCACIÓN ES NECESARIA.

 

26 setiembre 2020
ROSA CAÑADELL
Del Seminario Ítaca de Educación Crítica (SIEC)
Exvocera del sindicato USTEC·STEs
Barcelona. Cataluña. España.

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Vietnam: El Banco Mundial destina $ 422 millones a universidades, clima

Asia/Vietnam/13-07-2020

El Banco Mundial aprobó $ 422 millones para aumentar la capacidad académica en las tres universidades nacionales de Vietnam y mejorar la resiliencia climática del Delta del Mekong.

La Universidad Nacional de Vietnam-Hanoi, su hermana de Ciudad Ho Chi Minh y la Universidad de Da Nang recibirán $ 295 millones para mejorar su capacidad de enseñanza e investigación.

El paquete de crédito permitirá a las universidades actualizar su infraestructura de «superpoblada y obsoleta» a «moderna, integrada, ecológica y digital», declaró el martes el Banco Mundial.

También ayudará en la mejora del equipo y la transferencia de conocimientos.

El financiamiento apunta a ayudar a las universidades a convertirse en «instituciones competitivas a nivel regional con capacidades avanzadas de enseñanza e investigación», se lee en el comunicado.

Vinh Long Town, en la provincia homónima, recibirá los $ 127 millones restantes para mejorar el desarrollo urbano, el control de inundaciones y los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, así como los principales enlaces de transporte.

La ciudad, que es vista por la organización como «una ciudad secundaria ubicada estratégicamente a lo largo del corredor económico que conecta la ciudad de Ho Chi Minh con el Delta del Mekong», utilizará el crédito para reducir el riesgo de inundación al 60 por ciento de su población y construir tres caminos estratégicos. para servir como enlaces críticos en la red de transporte de la ciudad.

Ousmane Dione, director de país del Banco Mundial en Vietnam, dijo: «Estos dos proyectos ayudarán a acelerar el progreso real en áreas críticas para el crecimiento sostenible de Vietnam: trabajadores calificados e infraestructura más eficiente y más verde».

La financiación de ambos proyectos proviene de la Asociación Internacional de Fomento.

Esta no es la primera inversión que el Banco Mundial ha realizado en Vietnam con respecto al cambio climático y el desarrollo urbano.

El mes pasado, aprobó un préstamo de $ 84.4 millones para Vietnam para promover un paisaje resistente al clima, incluyendo sistemas de transporte y energía ecológicos que financiarán el programa de respuesta al cambio climático de cinco años (2016-2020) en curso.

Vietnam es una de las seis economías más afectadas por el cambio climático entre 1999 y 2018, según el Índice Global de Riesgo Climático publicado el año pasado por el grupo de expertos ambiental alemán Germanwatch.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200704154311872

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