Constitución de la República

Educación en la Constituyente Educativa

Giulio Parotto Paterno

Por: Giulio Parotto

Indudablemente que la educación es un sector estratégico en cualquier estado, y en especial en uno que pretende construir y consolidar una nueva sociedad construida sobre valores auténticamente democráticos, en un proyecto socialista de nuevo cuño. Una contribución en este aspecto no puede hacerse de manera descontextualizada, se debe tomar los antecedentes y la situación actual, un planteamiento ecológico y metaeducativo, es decir, una ecometaeducación socialista dialéctica transformadora.

De esta perspectiva es bueno reconstruir una panorámica histórica de la educación en Venezuela, dentro de la cual se constatan intentos continuos, con frecuencia contradictorios de dar respuesta a las necesidades socio-productivas y culturales del momento histórico, con el propósito de sostener las peculiaridades de producción, organización, cultura y poder en función de los intereses de las clases dominantes del momento, especialmente: la burguesía criolla, la Iglesia católica en particular, y el capitalismo internacional liberal burgués. Esto ha generado una evolución discontinua de cambios y contracambios, contradicciones e incoherencias, en numerosos documentos y prácticas, expresados en Leyes de Educación, reglamentos y resoluciones, siguiendo las modas del momento, en la palestra educativa extranjera, sin su estudio profundo y confrontación con la realidad nacional, para darle una adaptación adecuada.

El otro factor que ha determinado la incoherencia de la evolución de la educación en Venezuela es la designación de funcionarios ministeriales de las más diversas competencias profesionales y, con frecuencia, con desvinculación total con la educación, de tal manera que cumplían más funciones políticos partidistas que educativas, dejando estas en manos de funcionarios subalternos, quienes forman también parte de ese entorno. Esta situación de discontinuidad, ingobernancia e inadecuación administrativa de la educación ha permanecido y permanece en la actualidad; requiere de una solución a través de un organismo de largo alcance que siga una política educativa estable que adapte coherentemente la educación a las instancias académicas y las demandas socio-político-productivas. Un organismo constitucional autónomo dentro del Poder Moral con competencia en educación, de tal manera que se garantice su evolución de manera coherente y pertinente, al margen de los vaivenes políticos y modas del momento.

Para el funcionamiento de este organismo se propone una metodología de trabajo investigativo transformador que garantice la coherencia, el eco, y la creatividad, la meto, la evolución transformacional de la educación, en el tiempo: La ecometaeducación dialéctica transformadora colectiva, integral, continua y permanente.

Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a247995.html

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Consolidar la educación desde sus principios constitucionales

Bonifacio Barba

Por: Bonifacio Barba

De nuestra Constitución federal se han hecho varios juicios, entre ellos, que la multiplicidad de reformas la han desfigurado; que mezcla cuestiones de principios jurídicos con otras que son reglamentarias y que deberían estar fuera de ella; que no es respetada por muchos gobernantes y ciudadanos; que necesita ser reemplazada por una nueva, etc.  El artículo 3o., que se ocupa de la educación, no escapa al reformismo y otros problemas.

Un grupo de juristas, coordinados por los doctores Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés realizaron un estudio con el propósito de “examinar la posibilidad, las condiciones y la metodología para una revisión técnico-jurídica del texto vigente de la Constitución (…) a través de su reordenación y consolidación” (Fix- Fierro y Valadés, 2016: 1). Afirman que si bien la Constitución ha incorporado “los elementos y las instituciones principales del constitucionalismo contemporáneo”, su texto es “extenso, desordenado, asistemático y descuidado desde el punto de vista técnico” (Ibíd.). Para promover “una cultura constitucional más sólida y estable”, el estudio explica y justifica una revisión del texto constitucional, que permite un mejor conocimiento y manejo del mismo.

¿Qué beneficio trae la consolidación? El diccionario de la lengua española dice que consolidar es “Dar firmeza y solidez a algo”, “Reunir, volver a juntar algo quebrado o roto, de modo que quede firme”. El libro mencionado hace eso; luego de diagnosticar sintéticamente los problemas y defectos del texto constitucional (apartado III), describe la metodología para reordenarlo y consolidarlo en uno nuevo (apartado IV). Entre los criterios seguidos está el de “mantener siempre en el texto constitucional el enunciado de los derechos de las personas, así como sus restricciones y excepciones” (Op. cit., p. 14).

El Artículo 3o. de nuestra Constitución federal, de fundamental importancia para la formación de los mexicanos y la creación de una sociedad democrática, de acuerdo con los criterios del estudio permanece en el Título Primero, Capítulo I. De los Derechos Humanos, y resulta beneficiado de la revisión, se consolida. Ha sido objeto de 10 reformas hasta el 29 de enero de 2016.

Resalta, desde luego, su magnífico inicio: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, reconocimiento proveniente de la reforma de 1993. El texto vigente del artículo reconoce el derecho de toda persona y el texto reordenado vuelve a hablar de individuo, sin dar una explicación del cambio; quizá es una errata. En todo caso, la afirmación del derecho a la educación está ahí como criterio esencial para valorar la eficacia de todos los niveles de gobierno y de todo funcionario en lo que le ocurra a tal derecho.

En los tiempos que corren, con la reforma de varios aspectos orientados a garantizar la educación de calidad, es bueno ver el texto consolidado del artículo tercero para identificar y apreciar sus principios, pues por extrañas razones se afirma a veces que es necesario definir un nuevo modelo educativo. A este respecto, algunos elementos a destacar –que no obvian la lectura del texto completo–, está la prescripción de que la educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

En el texto vigente, la exposición de las bases de la acción educativa no tiene un orden conceptual claro y usa en la fracción II el término criterio cuando ya ha definido algunos. En el texto consolidado, luego del enunciado de los fines que contiene el párrafo citado arriba se introduce una expresión que da unidad a la parte del artículo que sigue con estas palabras: “… y en lo particular observará las siguientes prevenciones”, dando paso a exponer que habrá de ser laica, basada “en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos…”; el criterio será además democrático –con la definición de la democracia que da parámetros claros para valorar su avance, en conjunción con otros artículos constitucionales que se ocupan del desarrollo y de la planeación nacional–.

El criterio será también nacional, “en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica…”. Como se ve, los principios educativos desafían al gobierno como responsable de proteger y garantizar el derecho a la educación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/consolidar-la-educacion-desde-sus-principios-constitucionales/

 

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Educación en la Constitución de la CdMx

Roberto Rodriguez

Roberto Rodríguez

Pues ya está. El domingo pasado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México. La fecha de publicación coincide, esa era la intención, con el primer centenario de promulgación de nuestra Constitución federal. Hace un año, el 29 de enero de 2016, se dieron a conocer el grupo de reformas constitucionales a través de las cuales la capital de la República adquiría diversas facultades, atribuciones, responsabilidades y fórmulas de administración y gobierno compatibles con las correspondientes a los estados de la Federación.

El 5 de febrero del año pasado se difundió el acuerdo de la Judicatura Federal que autoriza el cambio de denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo. Previo proceso electoral, el 15 de septiembre de 2016 se instaló la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, integrada por un centenar de diputados de diversas fracciones políticas y organizaciones civiles, que se encargó de formular el texto constitucional a partir del proyecto que les entregó el jefe de gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera.

La publicación del texto constitucional de la CdMx culmina un intenso proceso de deliberación y debate, lo cierto es que apenas cierra una primera etapa. Lo más importante está por venir: la armonización de la normativa vigente el nuevo elenco de derechos y obligaciones; el diseño y deliberación de normas reglamentarias; la creación de las instituciones previstas en la flamante Constitución; los acuerdos de coordinación contemplados en ésta, así como la planeación, programación y presupuesto del conjunto. No es poco, pero la suerte está echada. Es un camino por recorrer a cargo tanto de las autoridades de la CdMx como de sus legisladores. Y la ventana de tiempo para adelantar es más bien corta, buena parte del trabajo legislativo y administrativo correspondiente debe cerrarse en el año y medio que resta a la actual gestión.

En la nueva Constitución, de hecho la primera para la ciudad, sobresale un enfoque garantista, es decir que se da preeminencia al tipo de derechos y garantías que deben disfrutar sus habitantes. En ella predominan las aspiraciones sobre las realidades; se trata más de aquello que la CdMx debe llegar a ser que de lo que impera en sus actuales modos de gestión, administración y gobierno. Hacer realidad todos los derechos que contempla será, por supuesto, una tarea de largo plazo.

En materia educativa la Constitución incluye un artículo específico, el octavo que se titula Ciudad educadora y del conocimiento. Este se divide en dos secciones, la primera (Derecho a la educación) enumera los derechos y garantías que corresponden a los habitantes de la Ciudad. Salvo algún matiz, los mismos corresponden a los ya contemplados en la Constitución Federal.

No obstante, es de interés que en su redacción, aunque se contempla el derecho a la calidad educativa, no se define, como sí lo hace el texto de la Constitución Federal reformado en 2013, lo que se entiende por ese concepto. Tampoco incluye la constitución de la CdMx las consideraciones sobre el régimen del servicio profesional docente que motivaron la reforma educativa nacional, lo que difícilmente podría ser considerada una omisión involuntaria. La segunda sección del artículo octavo (Sistema educativo local) incluye las obligaciones que la administración de la CdMx debe cubrir para garantizar los derechos educativos.

Entre dichas obligaciones hay una que llama la atención. Dice “Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia.” Como no se especifica si el fomento a la inclusión contempla exclusivamente a entidades del sector público, puede interpretarse, porque hay antecedentes, que el legislativo o el ejecutivo de la CdMx quedan facultados para establecer convenios con el sector privado que brinda servicios de educación superior.

Lo más importante, sin embargo, se desprende de la debilidad jurisdiccional de la CdMx en materia educativa. Salvo algunas instituciones de enseñanza media superior (los veinte planteles del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y algunos servicios de educación de adultos, lo cierto es que la enorme mayoría de los servicios educativos de la ciudad son de competencia y jurisdicción federal o autónoma.

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (antes Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal) tiene bajo su responsabilidad los servicios públicos de educación inicial, básica, indígena, especial, normal y de adultos, así como de la supervisión de los servicios educativos autorizados a los particulares. Además la SEP tiene control sobre el Instituto Politécnico Nacional, sobre el sistema de bachillerato no autónomo en la ciudad, sobre las cinco normales públicas y la docena de institutos tecnológicos de la entidad, y desde luego sobre el magisterio y el personal administrativo adscrito a todos estos sistemas.

Por ello, la Constitución, en su cuarto transitorio indica: “Los apartados del artículo 8, en lo referente a la educación preescolar, primaria y secundaria, entrarán en vigor en la Ciudad de México en el momento en que se efectúe la descentralización de los servicios educativos.” Pero ¿cuándo va a ocurrir dicha transferencia? Hace por lo menos veinte años que se habla de ello, y no ha pasado gran cosa. A ver si se aprovecha esta oportunidad.

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/educacion-en-la-constitucion-de-la-cdmx/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2017/02/c36nup3ukaapt7i-1200×600-768×384.jpg

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Entrevista: Fernando cornejo leon, profesor ecuatoriano, no podemos permitir que vuelven las privatizaciones.

Entrevistas

 América del Sur/Ecuador/08.11.2016/Autor: Alejandra Gando /Fuente: http://www.nodal.am/

Fernando Cornejo León, ecuatoriano, médico psiquiatra, neuropsicofarmacólogo y adolescentólogo, docente universitario en Ecuador y Argentina, gestor de políticas públicas. Viene desempeñando cargos en la rectoría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el Ecuador y además participa como tomador de decisiones en los directorios agencias de regulación y control de la salud pública del Ecuador.

En esta ocasión le entrevistamos para conocer su opinión en lo referente a los sistemas de salud pública en América Latina, los procesos políticos en la región y cómo estos impactan en los sistemas de provisión de salud e investigación.

Tenemos países en la región que han decidido por la vía democrática o por extraños mecanismos parlamentarios, un viraje hacia la derecha ¿cree usted que existirá una afectación a la provisión de salud en esos países?

Lo más complejo es una potencial pérdida de los derechos ganados, tales como son la gratuidad de los servicios de salud, el no pago en punto de atención o el acceso a medicamentos y tratamientos.

Está claro que las políticas de los gobiernos de Macri en Argentina o de Temer en Brasil pueden llevar a esos países hacia un retorno a la privatización de algunos servicios de salud que tendría como consecuencia una disminución del acceso a los mismos. Dentro de poco empezaremos a notar que muchos de los indicadores que mostraron avances en está década como la reducción de la mortalidad materna, de morbi-mortalidad  infantil o reducción de la prevalencia de enfermedades contagiosas,  presentarán retrocesos que los ubicarán en niveles similares a los de los años 90.

En Argentina es evidente como un sistema de salud fragmentado, deja en condiciones críticas a los hospitales públicos y ellos a su vez sufren recortes de fondos por parte del gobierno nacional o de los gobiernos locales de corte neoliberal. La dictadura brasileña por su parte, en la decisión de recortar el gasto público no ha tenido empacho en tocar fondos destinados a talento humano y equipamiento, ya veremos imágenes en donde los ciudadanos de escasos recursos no tendrán acceso a las atenciones más básicas.

En Ecuador estamos a punto de entrar en un proceso electoral, ¿qué hacer para que aquí no pase lo mismo? 

La sociedad debe estar consciente de que en está década se ha ganado en derechos mucho más que en varias anteriores, y que los resultados obtenidos por los gobiernos progresistas de la región, son el corolario de lucha por parte de varias generaciones. No podemos quedarnos estancados en la visceralidad de un momento político aupada por los medios hegemónicos, debemos reconocer el camino que ha sido recorrido no sin dificultad, y esa es una responsabilidad de la sociedad y de los actores políticos.

Ya en 1990 el pueblo ecuatoriano en Consulta Popular dijo que no a la privatización del Seguro Social y los servicios públicos de salud, sería lamentable que de un solo plumazo se borren todos estos derechos como lo están planteando los representantes que buscan la restauración de sus privilegios.

Hoy es el momento de profundizar el trabajo con los principales beneficiarios de la gratuidad en la salud, por ejemplo, que deben estar dispuestos a defender estos derechos consagrados en la Constitución.

Hablando de eso, ¿qué hemos ganado? 

El sistema de salud en el Ecuador ha tenido cambios radicales, empezando por la infraestructura pública, abandonada a su suerte durante la década de los 90, hoy podemos decir con orgullo que nuestros hospitales públicos, en algunos casos poseen mejor equipamiento que muchos del sector privado y están abiertos para toda la población.

Adicionalmente, hemos tenido cambios importantes en talento humano se ha  duplicado el personal de salud llegando ahora a 20.3 por cada 10 mil habitantes, lo que nos ubica en los estándares de los países con ingresos medios y altos mostrando como evidente el hecho de que se ha puesto un énfasis en la formación de personal para que se aproveche al máximo la nueva infraestructura.

En general en la región, y en Ecuador en particular, persiste una fragmentación del Sistema de Salud, lo cual impide temas básicos como el cruce de cuentas entre prestadores, lleva a duplicación de tareas y potencia ciertas ineficiencias en el sistema. Si bien hemos recuperado la rectoría y dejado de lado la nefasta autorregulación, hay mucho por hacer en ese aspecto.

¿Qué falta por hacer en Ecuador? ¿Hacia dónde deberíamos ir? 

Debemos reafirmar la rectoría del Estado con una Ley Orgánica de Salud que tenga vigencia en el tiempo, tenemos que construir un plan decenal de salud que nos oriente la política pública para los próximos años.

Hay que trabajar en una  política de medicamentos que busque el acceso universal a través de un perfeccionamiento de la compra pública pero que a la vez promueva el uso racional. El mercado público y privado de medicamentos en Ecuador, Colombia o Perú por ejemplo, excede con creces mercados de tamaños similares en países desarrollados por la irracionalidad en la prescripción.  En ese mismo sentido es imperante aprovechar de mejor manera el marco normativo ya existente como las licencias obligatorias.

Adicionalmente, se deben potenciar las alianzas público privadas para la producción de medicamentos con enfoque regional.

Desde el lado del talento humano, urge afinar la planificación de la política de formación del mismo, con enfoque a cumplir los derechos de la población e involucrar a la academia como corresponsable de la ejecución de la misma.

¿Cuál considera que debería ser el rol de organismos de integración regional? 

Hay institucionalidad muy importante y potente, en UNASUR por ejemplo, el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud (ISAGS) con sede en Río y cuya presidenta es la ex Ministra de Salud del Ecuador, este tipo de instancias nos pueden ayudar a conjugar políticas disgregadas y a generar estándares regionales en temas de atención y calidad por ejemplo.Otro tema en el que existe experiencia es la compra conjunta de medicamentos, pero debemos ir más allá, una vez identificadas las capacidades nacionales de producción de medicamentos,  públicas y privadas, debemos ir a un gran acuerdo de producción a escala regional y usar el poder de la compra pública para potenciar la industria farmacéutica local como fuente de desarrollo endógeno y abaratando la provisión de medicamentos.Lo que pretende el bloque conservador, es prescindir de este tipo de organismos, porque la falta de coordinación nos vuelve más débiles y proclives a ceder ante los intereses de las multinacionales.

En un escenario con recursos limitados, ¿dónde considera usted que el Estado de priorizar su inversión? ¿En talento humano, en infraestructura, en investigación? 

La infraestructura existe y ha habido una importante inversión en la misma, creo que es fundamental en este momento cimentar los procesos de talento humano en salud sobre todo médicos especialistas, fortalecer el sistema de becas a fortalecer a partir de una adecuada planificación de la formación del talento humano.

Se debe invertir en prevención como herramienta de ahorro de recursos, pero también de mejoría de la calidad de vida, dejamos de atender enfermos y empoderamos a los ciudadanos como actores del proceso de salud durante el ciclo de vida.

Y en referente a investigación?

Hemos tenido una época dorada en lo que se refiere a Educación Superior, Ciencia y Tecnología, programas de becas, repatriación de cerebros y producción científica. Debemos avanzar hacia programas regionales de investigación aprovechando las fortalezas de cada país con el objetivo de lograr que el conocimiento y sus beneficios se queden en la región.  

Un mensaje final a nuestros lectores de la región?

Es fundamental que en los países de la región, sobre todo en los que están sufriendo embates de la restauración conservadora,  se empiece a reestructurar los proyectos políticos de raigambre nacional, popular y democráticos.

No podemos permitir que vuelvan las privatizaciones, que se conculquen los derechos fundamentales como es el caso de Milagros Salas en Argentina o las detenciones a quienes protestan contra Temer y su gobierno de facto,  es el pueblo quien debe defender los derechos ganados y despertar a la dirigencia.

Y quienes estamos en procesos electorales en marcha como es el caso de Ecuador, tenemos que trabajar puerta a puerta, para recordar lo que está en juego, dos modelos de país, uno incluyente y garantista de derechos y otro excluyente en el que volverá a primar el derecho de las élites que tradicionalmente ostentaron el poder político y económico.

Nada es casual y es en los tiempos más duros en los que surge la necesidad de una sociedad organizada para defender los derechos ganados.

Fuente:

Fernando Cornejo León, profesor ecuatoriano: “No podemos permitir que vuelvan las privatizaciones”

Imagen:

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Honduras: Infórmate de las normas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Noticias

Tegucigalpa / 13 de julio de 2016 / Por: Ana Valeria Torres / Fuente: http://www.elheraldo.hn/

Las Normas Académicas sirven para regir a los y las estudiantes en sus ya sea en las actividades académicas y las actuaciones de todos los miembros dentro de la UNAH

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), manifestó las Normas Académicas basada en la Constitución de la República, su Ley Orgánica y sus Reglamentos, la Ley de Educación Superior y sus Normas Académicas, y otras normativas aplicable con el fin de regir, ordenar y regular el desarrollo y el crecimiento permanente de la actividad académica institucional, asumiendo con pertinencia las tendencias de la Educación Superior a nivel internacional.

La educación superior es un derecho humano y, por lo tanto, un bien público social. Es responsabilidad del Estado que la organiza, dirige y desarrolla a través de la UNAH. (Artículo 3)

La naturaleza y los objetivos de las Normas Académicas regulan la actividad académica institucional y la de los miembros de la comunidad universitaria, en sus diferentes funciones fundamentales y en sus diferentes dimensiones. (Artículo 11)

Las Normas Académicas sirven para regir a los y las estudiantes en sus ya sea en las actividades académicas y las actuaciones de todos los miembros dentro de la UNAH. (Artículo 12)

Las Normas Académicas tienen su ámbito de aplicación en todas las Unidades Académicas y Administrativas, y demás integrantes de la comunidad universitaria, y son de obligatorio cumplimient. (Artículo 13)

La evaluación y mejoras continuas, la UNAH está obligada a realizar procesos de evaluación y brindar resultados de calidad. (Artículo 75)

La permanencia estudiantil el alumno de grado después de haber cursado una asignatura
o experiencia educativa por dos (2) veces, sin aprobarla, tendrá la asesoría académica necesaria y la oportunidad de cursarla, por una (1) última vez, pagando un costo adicional, establecido en el Plan de Arbitrios de la UNAH. De reprobarla por tercera vez, no podrá continuar en la carrera que estudia,
teniendo la posibilidad de hacer cambio de carrera cumpliendo los requisitos del mismo. (Artículo 242)

En el Artículo 245 hace mención del índice académico mínimo de promoción en los estudios de grado en ningún caso será inferior al setenta por ciento (70%) y en los posgrados es de setenta y cinco por ciento (75%), para la permanencia y promoción.

El registro de las calificaciones por período es responsabilidad del docente que imparte la clase según el Artículo 246.

Los y las estudiantes tienen derecho a una educación científica, integral, técnica, humanística y cultural y a gozar de los beneficios de la UNAH, según el Artículo 262 y 263.

Fuente noticia: http://www.elheraldo.hn/sociales/vidaenu/979145-466/inf%C3%B3rmate-de-las-normas-acad%C3%A9micas-de-la-universidad-nacional-aut%C3%B3noma-de-honduras

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