Page 1 of 6
1 2 3 6

Proyecto formativo en la Franja de Gaza

Por: Teresa Galicia

 

UCAS Technology Incubator es un centro de innovación pionero con sede en la Franja de Gaza

“…En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos
para seguir creyendo, contra toda evidencia …
que la condición humana vale la pena…”
Eduardo Galeano

Acercarse a la realidad es base de un proceso educativo que pretenda ser reflexivo y crítico, incluyendo lo que sucede más allá de nuestras fronteras. La Franja de Gaza es un territorio palestino ubicado entre Israel, Egipto y el Mar Mediterráneo. Tiene 360 kilómetros cuadrados y más de dos millones de habitantes. Forma con Cisjordania el Estado de Palestina, gobernado de manera oficial por la Autoridad Nacional Palestina con reconocimiento limitado.

Según el Informe 2022 de Amnistía Internacional, las autoridades de Cisjordania y la Franja de Gaza han restringido indebidamente la libertad de expresiónde asociación y de reunión, empleando fuerza excesiva para dispersar concentraciones pacíficas. En la Franja de Gaza, tras la brutal represión de las protestas pacíficas contra el aumento del costo de la vida en 2019, se había instaurado un clima general de represión que disuadía eficazmente la disidencia.

Lo anterior muestra que la situación humanitaria en Gaza era ya terrible antes de la situación actual. ONU Mujeres lleva apoyando a las mujeres palestinas desde 1997 para conquistar sus derechos sociales, económicos y políticos, prestando en el terreno apoyo y asistencia. Lo que está sucediendo ahora impone costos injustificables y específicos a las mujeres y las niñas (16 /10/2023).

Hasta la publicación de este artículo, las fuerzas israelíes continúan intensificando su ataque a la Franja de Gaza. Amnistía Internacional ha documentado ataques ilegítimos israelíes, incluidos ataques indiscriminados, que han causado gran número de víctimas civiles y deben investigarse como crímenes de guerra ya que, según el derecho internacional humanitario, todas las partes del conflicto deben distinguir en todo momento a los combatientes y los objetivos militares de los civiles y los bienes de carácter civil y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Los ataques directos contra civiles o bienes civiles están totalmente prohibidos y son crímenes de guerra (20/10/2023).

Todo lo anterior muestra en su cruda realidad lo que la población está sufriendo. Cuando presenté el proyecto formativo en República Dominicana, también hablé de las experiencias internacionales que en los años recientes ha desarrollado este proyecto. Recordemos que esta iniciativa social surge en los Estados Unidos en el año 2007 para mejorar el acceso a la justicia y aportar una formación jurídica de los abogados buscando una repercusión social que beneficiara a las personas de escasos recursos económicos. Esta iniciativa se ha estado replicando en diversos países, siendo la experiencia dominicana la primera en América Latina https://www.e-consulta.com/opinion/2023-10-05/experiencias-formativas-y-el-congreso-caribeno.

El proyecto de la incubadora sigue avanzando, en Pakistán en lNGO (Peace & Justice Network (2016) y en Peace & Justice Network (2018); en Bulgaria NGO (Equaly opportunities Initiative) (2020) y en la Franja de GazaPalestina en el INSAF (2022-2023). Todos ellos liderados por Fred Rooney, quien, por cierto, estuvo en Franja de Gaza hace escaso mes y medio.

La apertura de esta   incubadora legal se realizó mediante un convenio de financiamiento con UCAS Technology Incubator, centro de innovación pionero con sede en la Franja de Gaza, dedicado a empoderar el talento local mediante el fomento de emprendedores en ciernes, pensadores creativos y nuevas empresas impulsadas por la tecnología. En el desarrollo y la ampliación del apoyo a nuevas categorías de jóvenes beneficiarios por parte de la Incubadora UCAS, se realizó la apertura de la incubadora legal INSAF (justicia en árabe), primera incubadora en Oriente Medio para apoyar a jóvenes abogados.

Esta incubadora legal se enmarca dentro del Programa Sawasya, programa conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las Naciones Unidas Mujeres, que tiene como objetivo fortalecer el estado de derecho, lograr la justicia comunitaria y unificar las instituciones legales y judiciales palestinas con abogados y abogadas que ejercen la profesión y promueven el estado de derecho y la justicia comunitaria.

De manera similar a la de República Dominicana, cada abogado desarrolla su práctica en un entorno profesional y espacio común dentro de la incubadora. Además, los participantes del programa reciben apoyo con capacitación a partir de cursos y talleres de educación legal continua, habilidades de gestión empresarial y representación de clientes. A cambio, los abogados participantes proporcionan servicios gratuitos y con descuento para aumentar el acceso a los servicios legales para quienes los necesiten, adquiriendo experiencia y redes para desarrollar su práctica. Después de once meses de formación, incubación y ejercicio de la profesión, salen del programa empoderados y capaces de trabajar en temas diferentes y económicamente viables en la especialización que practicaron promoviendo y fomentando el acceso a la justicia para todas y todos.

Este tipo de proyectos diversos e innovadores, con diferentes enfoques, financiamiento y propósitos existen en todo el mundo y permiten acercarse a los saberes profesionales que se van presentando en este tipo de experiencias, reconociendo las prácticas y la acción política social de su ejercicio en la realidad social. Si bien, el futuro de este y otros proyectos de las y los jóvenes de Gaza están hoy impregnados de incertidumbre, estoy convencida que sus integrantes están apoyando a los que más lo necesitan en esta terrible situación.

Personalmente sigo caminando, recuperando y valorando la perspectiva de quienes viven la experiencia. Para acercarse a lo que son las incubadoras y como impactan en la vida de las jóvenes abogadas, en este video las mujeres de la Incubadora de Gaza, narran su experiencia dentro de este proyecto formativo Gaza women telling their story.

Pensando en esta experiencia formativa y en lo que hoy está viviendo la población palestina, es necesario insistir en lo que escribió Galeano, porque aún en los tiempos más oscuros, las acciones de las buenas personas mantienen la esperanza aún en las peores circunstancias.

Fuente de la información:  https://www.e-consulta.com/opinion/2023-10-26/proyecto-formativo-en-la-franja-de-gaza

Comparte este contenido:

Nueva Constitución: qué dice la propuesta sobre educación de Chile

  • Solo quedan algunas pocas semanas y algunos temas de la propuesta de Nueva Constitución ya están definidos, como lo es vivienda, Fuerzas Armadas y Policía, el derecho al agua, educación, entre otras.

Sobre este último ítem, se aprobó el «derecho a la educación» y la «libertad de enseñanza», que permite a privados abrir establecimientos educacionales.

Ambos puntos se mantienen similares a lo ya escrito en la actual Constitución, algo que dista mucho de lo que realizó la Convención Constitucional sobre ededucación.

Sin embargo, en este caso se especifican en mayor medida algunos roles del Estado en la educación pública y privada, así como se definen más normativas para quienes administren colegios privados y públicos.

¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución sobre educación?

El artículo 16 numeral 22 consagra el «derecho a la educación». Esta, indica, tiene por objetivo el pleno desarrollo de una persona en las distintas etapas de su vida, igual que la actual Constitución. Aunque esta vez se agrega que esto es bajo el contexto «de una sociedad libre y democrática».

Además, se reconoce el derecho preferente y deber de los padres- y tutores legales (nuevo)- sobre la educación de sus hijos o pupilos. En este punto se especifica que consiste en elegir el tipo de educación, su establecimiento de enseñanza y decidir por su interés superior. El Estado deberá proteger el ejercicio de este derecho.

El aparato estatal, según la propuesta de nueva Constitución, tiene los siguientes roles en educación:

Fortalecer y fomentar la mejora de la educación en todos sus niveles.

Promocionar, regular y supervigilar la educación.

Promover y financiar la educación parvularia desde sala cuna menor.

Financiar y garantizar el acceso a la educación básica y media (obligatoria) mediante establecimientos públicos y privados.

Dar recursos a instituciones educacionales según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. Nunca esta acción podrá condicionar la libertad de enseñanza.

Financiar la educación de personas con necesidades educativas especiales.

Sostener y coordinar una red de establecimientos educacionales pluralista y de calidad en todos los niveles de enseñanza. Financiando además el nivel parvulario y escolar, siendo la ley quien permita el financiamiento de la educación superior.

Fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la protección del patrimonio cultural y la creación artística.

Promover el desarrollo profesional y el respeto por los docentes de la educación.

Asimismo, será rol de la comunidad y las familias contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación

Libertad de enseñanza

El texto que aprobó el pleno del Consejo Constitucional menciona que la libertad de enseñanza:

Comprende el derecho de las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, así como de crear y desarrollar proyectos e idearios educativos, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad del país.

Este funcionará para que se garantice el derecho preferente de los padres y tutores sobre la educación de hijos y pupilos. Así, podrán tener una elección que estimen conveniente, con respecto a su moral y religión.

El Estado deberá reconocer la autonomía y diversidad de los establecimientos, y promoverá su diversidad local y regional. El aparato estatal deberá definir los contenidos mínimos que verá cada nivel, aunque cada empresa tendrá libertad curricular en relación a su propia identidad e integridad.

Además, una ley de quórum calificado instalará los requisitos mínimos para las instituciones educativas.

Las autoridades internas deberán prevenir y sancionar los actos que afecten gravementente el orden y la convivencia dentro de la institución. Asimismo, ninguno de estos establecimientos, sea público o estatal, podrá orientarse a propagar tendencias políticas.

Fuente:https://lupaconstitucional.malaespinacheck.cl/2023/10/19/nueva-constitucion-que-dice-la-propuesta-sobre-educacion/

Comparte este contenido:

Azahara Palomeque: La Inteligencia Artificial vapulea el futuro del trabajo. Europa

Varios estudios pronostican la desaparición de millones de puestos de trabajo como consecuencia de los diferentes usos y desarrollos de la Inteligencia Artificial. La clase media y los trabajos feminizados serían los más afectados.

Se puede afirmar sin titubeos que una de las mayores preocupaciones en los centros de poder occidentales es el futuro del trabajo. Desde quienes apuntan a las sustanciales mudanzas en el mercado laboral como consecuencia de la crisis climática, hasta los fenómenos azuzados por la COVID-19 –como la llamada ‘Gran Dimisión’– pasando por el impacto que tendrá la Inteligencia Artificial (IA), los debates no paran de sucederse. Específicamente, los efectos de la IA en el empleo ocuparon buena parte de la reunión que mantuvieron los congresistas estadounidenses en el Capitolio con Sam Altman, creador de OpenAI (la empresa que inventó ChatGPT), quien no supo detallar las disrupciones que traerá su criatura. Aunque los distintos actores políticos y económicos difieren en cuanto a los números, existe unanimidad a la hora de afirmar que habrá cambios drásticos, una gran conmoción que, dependiendo de cómo se gestione, puede acabar con millones de personas en la calle.

Millones de afectados

Los peores augurios vienen de la mano de Goldman Sachs. Según un informe reciente de la multinacional bancaria, 2/3 de los trabajos actuales en EE.UU. y en Europa podrían estar sujetos a algún tipo de automatización provocada por la IA generativa, y sería esta tecnología la causante de la pérdida de 1/4 del empleo en dichas regiones. Extrapolados los datos a nivel global, se estima que desaparecerían 300 millones de puestos de trabajo. Aunque algunos expertos apuntan a la creación de nuevas profesiones y un posible incremento de la productividad en algunos sectores, estos avances son más difíciles de predecir y dependerían tanto del desarrollo de la tecnología como del marco regulativo en que esto ocurra. En este sentido, es significativo que la nueva Ley europea sobre Inteligencia Artificial haya dejado fuera de la clasificación como “alto riesgo” el uso de estos sistemas generativos en el mercado laboral y en entornos educativos, lo cual añade más incertidumbre a un tejido social atravesado por la inflación y la guerra en Ucrania.

Mucho más detallado es el último estudio realizado por el Foro Económico Mundial (FEM), conocido como “Foro de Davos” y radicado en Suiza. FEM pronostica que un 23% del mercado mundial experimentará una sacudida debido a varios factores, entre los que destaca la IA, pero también una tendencia a la desglobalización –o relocalización, el término utilizado en la investigación medioambiental– y la transición hacia una economía verde. Así, proporciona números más halagüeños: 83 millones de puestos de trabajo serían eliminados, pero, a cambio, se crearían 69 millones a nivel global. En cualquier caso, los riesgos seguirían siendo notables, principalmente impulsados por la ralentización del crecimiento económico, una subida del coste de los insumos y la reducción del poder adquisitivo de la ciudadanía. Es relevante que en los ámbitos académicos ecologistas se estén discutiendo circunstancias similares, relacionadas con el agotamiento de los recursos naturales y las adversidades climáticas, cuestiones que no suelen tenerse en cuenta en los círculos financieros. El último libro de Gonzáles Reyes y Almazán realiza un análisis pormenorizado por sectores en un contexto de colapso ecosocial, y prevé la disminución de empleos (en el turismo, la pesca, la ganadería, etc.) bien por su carácter insostenible o el daño medioambiental que causan.

Trabajos de clase media y feminizados

La dominación del tejido productivo por parte de la IA presenta algunas novedades: a diferencia de otras épocas en que las máquinas han sustituido el trabajo manual, ahora estaríamos hablando de “tareas que requieren razonamiento, comunicación y coordinación”, asegura el informe del FEM, o, como afirma The Guardian“trabajos de clase media”. Una lectura comparativa de los documentos citados, junto a la investigación de Business Insider, nos devuelve los siguientes empleos amenazados: aquellos que requieren análisis o procesamiento de datos en el ámbito tecnológico (incluyendo programadores e informáticos); análisis de mercado o financiero (asesores fiscales, gestores, profesionales del marketing); asistentes de varios tipos; diseñadores gráficos, periodistas y creadores de contenido en general; y hasta abogados y profesores, aunque en torno a la docencia hay discrepancias, pues para el éxito de los procesos pedagógicos son importantes la interacción humana y la empatía. Además, un estudio citado por Bloomberg subraya el sesgo de género en los peligros laborales que entraña la IA, la cual podría reemplazar a miles de mujeres en puestos tradicionalmente feminizados, como el de secretaria, traductora, o personal de recursos humanos. A grandes rasgos, el análisis del mercado laboral español efectuado por FEM coincide con los sectores identificados como en decadencia internacionalmente, aunque el mayor varapalo estaría desencadenado por la caída del crecimiento global.

Ante este panorama nada alentador, cabe preguntarse, con pensadoras como Yayo Herrero, qué sentido tiene el trabajo como vía de acceso a distintos derechos sociales (sanidad, pensión) y de qué manera orientar la política hacia la obligación de “proteger personas”, no sectores económicos; o por qué las cifras de empleo siguen dominando la opinión pública en lugar de hacerlo la utilidad social del mismo, de acuerdo con David Graeber. Este último autor ya abogaba por la implementación de una Renta Básica Universal (RBU) con el objetivo de blindar cierto bienestar al ciudadano y ahorrarle el desgarro moral que conlleva dedicarse a un “trabajo de mierda”. Puede parecer mentira, pero no hace tanto que los empresarios de Silicon Valley, incluido el mismísimo Altman, abrazaban también esta medida, conscientes de la inestabilidad social que provocarían sus hazañas algorítmicas. Buscar herramientas de protección colectiva, comunitaria, y no sólo predecir la catástrofe empieza a tornarse perentorio en un mundo plagado de incertidumbres.

Fuente: https://www.lamarea.com/2023/07/12/la-inteligencia-artificial-vapulea-el-futuro-del-trabajo/

Comparte este contenido:

Costa Rica destina 7,5 % del PIB a la infancia, según estudio de Unicef

El Estado de Costa Rica destinó durante el 2020 alrededor del 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la atención de los menores de edad, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El organismo reveló que un 81 % de estos recursos se destinaron en forma directa, con becas, comedores escolares y hospitales, mientras que un 19 % fue de forma indirecta, a través de bonos de vivienda, cuidados prenatales y otros del entorno protector.

La mayoría del gasto público se dirigió hacia las personas entre los 12 y 17 años con un 39 % del gasto total; seguido por el gasto recibido por personas entre los 6 y 11 años (37 %) y por último, el gasto en personas menores de 5 años (24 %). Además un 52 % del gasto fue hacia hombres y un 48 % hacia mujeres.

«Invertir en la infancia es una forma estratégica de reconstruir el país social y económicamente durante y después de la pandemia. Estos datos nos muestran la importancia de contar de forma permanente con este tipo de análisis, para enfrentar los desafíos y cerrar las brechas presupuestarias para que cada niño, niña y adolescente pueda contar la protección de todos sus derechos y desarrollar todo su potencial», dijo la representante de Unicef, Patricia Portela.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Del total de recursos directos, un 49 % se invierten en educación por medio de entidades como el Ministerio de Educación Pública, seguido de salud en donde se destina el 28 %, por medio de las acciones, en su mayoría realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

En el área de protección social se destina el 12 %, en donde se destacan las iniciativas de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, que entre sus acciones, buscan brindar protección a las personas menores de edad.

«Es una tarea ineludible del Estado garantizar el disfrute de los derechos de las personas menores de edad. Es así como la información que provee este estudio busca servir de base para el análisis y seguimiento de las políticas públicas y objetivos sociales establecidos», manifestó la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez.

Con respecto a la inversión por derechos de la niñez y la adolescencia, la mayor proporción se destina al derecho de desarrollo, que representa el 54 % del gasto total; seguido de supervivencia con un 37 %.

Según explica la investigación esto es debido a que el país dirige gran parte de sus esfuerzos y recursos a fortalecer el sistema educativo y de salud para que la población cuente con servicios de fácil acceso y calidad.

Los derechos, cuyas áreas están recibiendo una menor asignación, son protección con 9 % del gasto total dirigido a las personas menores de edad y un 0,4 % en el tema de participación.

El documento es realizado por el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con 66 instituciones públicas y el acompañamiento de Unicef y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-infancia_costa-rica-destina-7-5—del-pib-a-la-infancia–seg%C3%BAn-estudio-de-unicef/47354974

Comparte este contenido:

España: Por qué los precarios del sistema universitario español no somos ciudadanos

Por: Pablo Sánchez León

Los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos, esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales.

La nueva legislación para la universidad propuesta por el ministerio Castells será la tercera desde 1983. Una crisis cada quince años apunta a que no se ha resuelto el problema fundamental: la precariedad, o el marcado dualismo de su “mercado de trabajo”, que las dos legislaciones universitarias anteriores de hecho contribuyeron a enquistar.

Para reducir la precariedad, la reforma propone fijar un límite del veinte por ciento de profesores sin contrato indefinido. Sin embargo, el problema no se resuelve estabilizando solamente al profesorado: la legislación debería contemplar también a los investigadores precarios, que vienen experimentando las peores condiciones laborales. Fijarse solo en los docentes es señal de que no se aspira a resolver los problemas de fondo. Es difícil no estar totalmente a favor de la estabilización laboral de todos los docentes, pero si de lo que se trata es de acabar con las fuentes de la precariedad, la estabilización debería suplementarse con una serie de garantías jurídicas.

Sin derechos sociales

Para comprender qué implicaciones tiene la precariedad universitaria vista en el tiempo resulta ilustrativo aplicar el esquema clásico de T. H. Marshall, que distingue entre ciudadanía civil, política y social.

Los precarios no tenemos en el lugar de trabajo reconocidos los beneficios sociales de que disfruta el resto de empleados universitarios. Aunque subsisten las becas y otras formas de remuneración que se acercan al destajo, desde hace un tiempo la mayoría de los precarios universitarios tienen con la administración algún tipo de contrato que conlleva derechos pasivos. Sin embargo, a los precarios no se nos permite solicitar el reconocimiento de sexenios de investigación, para cuya evaluación hay que disponer de una relación contractual estable. Con ello se nos priva del complemento retributivo que premia la productividad del trabajo y que simboliza el reconocimiento de la ciudadanía social.

Hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios

La justificación que suele hacerse es que el trabajo realizado en formación y especialización no merece el mismo reconocimiento que el de un profesional de carrera. Pero esto ha dejado de ser así hace tiempo: hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios. Con la negativa a evaluar sexenios también se impide conocer cuál es la distribución del mérito y el prestigio en la comunidad académica.

Se dirá que con la estabilización este problema terminará, pues los docentes contratados de forma indefinida podrán solicitar la evaluación de sexenios. Sin embargo, las evaluaciones se efectúan aplicando criterios actuales con carácter retroactivo. Este procedimiento penaliza al investigador por no haber anticipado los baremos con los que se medirán en el futuro los resultados de su investigación.

Toda esa doble discriminación ha tenido efectos no solo económicos y sobre la carrera individual, sino sobre el conjunto del sector en el largo plazo. Teniendo en cuenta que la actual precariedad lleva instalada al menos desde la absorción de la gran bolsa anterior tras la entrada en vigor de la LOU en 2004, el resultado agregado es que la comunidad académica aparece hoy día marcada por un divorcio entre la distribución del mérito y el prestigio y la jerarquía interna de puestos de trabajo. Hace tiempo que entre los docentes superiores y los investigadores se rompió la relación entre estabilidad laboral y capacitación profesional.

Capacidades políticas desiguales

Los docentes e investigadores precarios tampoco somos en nuestros lugares de trabajo ciudadanos en cuanto a iguales capacidades políticas. En este terreno, el ministerio Castells ha propuesto que los catedráticos pierdan el monopolio que han disfrutado como candidatos a rector, pero al hacerlo ha puesto el foco sobre otras discriminaciones que atraviesan el mundo académico. La propuesta ministerial de hecho profundiza una desigualdad que se viene arrastrando desde la aplicación de la LOU entre funcionarios y no funcionarios: en el borrador de la nueva ley a los contratados doctores se les sigue excluyendo como candidatos a rector.

El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo

La capacidad política desigual que la propuesta ministerial reproduce afectará asimismo a los actuales precarios, muchos de los cuales, al igual que otros contratados doctores, tienen méritos comparables a los de muchos titulares. De hecho, la nueva legislación prevé una variedad de contratos indefinidos que anticipa el aumento de discriminaciones en capacidades políticas entre docentes, todas ellas arbitrarias.

En este terreno, para los precarios actuales llueve sobre mojado. El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo: a menudo no pueden ser designados para cargos, salvo como representantes de su colectivo laboral, y no pueden dirigir proyectos de investigación o de innovación docente. Muy especialmente no pueden formar parte de comisiones de contratación ni a menudo intervenir en la definición de las líneas de docencia e investigación o en la distribución de asignaturas. Esa discriminación se reproduce en las agencias de evaluación y elaboración de políticas universitarias de las comunidades autónomas y el ministerio, donde uno nunca encontrará a un precario, por el hecho de serlo e independientemente de sus méritos y prestigio, designado como asesor ni menos como miembro nato.

Marshall argumentó con buen criterio que la capacidad política es la dimensión central de la ciudadanía, ya que es la que garantiza la preservación de las otras, de igual manera que su deterioro o conculcación degrada el conjunto de los derechos ciudadanos.

Sin garantías de una valoración justa sobre méritos e idoneidad

Pero el terreno en el que la precariedad de los universitarios es excepcional y extrema es en el de los derechos civiles. Para Marshall esta es la base elemental de la ciudadanía moderna: su eje nodular es la igualdad ante la ley, y su expresión está en la garantía de un juicio justo.

Pues bien, desde el esquema del sociólogo británico los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos. Esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales. En el medio académico, cualquier reclamación sobre las decisiones de una comisión de contratación o un tribunal de oposición aboca a una vía de litigio con la administración, en la que esta ejerce de juez y parte: las universidades respaldan las decisiones de las comisiones, y los tribunales solo las revocan cuando es posible demostrar que se han producido defectos en los procedimientos.

En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción; La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente

Sobre el contenido sustantivo de lo que se litiga, la justicia no considera que tiene jurisdicción alguna. Es decir que en relación con conflictos surgidos en torno de la valoración de su esfuerzo y sus resultados en méritos, los docentes e investigadores del sector público español carecen de un tribunal adecuado que les haga justicia. Eso permite todo tipo de arbitrariedades, además de efectos perversos dada la composición del sector antes mencionada, con casos de miembros de comisiones con menos méritos que los candidatos que van a evaluar.

El sistema actual deja las evaluaciones efectuadas por estas agencias públicas en papel mojado. Las agencias de hecho no valoran los méritos de los candidatos, sino que simplemente avalan que estos cumplan unos requisitos mínimos para poderse presentar a plazas. No consideran que les incumba el uso que otras instancias hagan de sus avales aun cuando suponen una subversión de sus criterios de medida. Por eso a todo este sistema le va tan bien el modelo de acreditación cuantitativa, por índices de impacto de las revistas de publicación, a pesar de estar cada vez más cuestionado, como atestigua el movimiento a escala mundial DORA (Declaration on Research Assesment) en pro de una valoración cualitativa.

Corrupción sin responsabilidad

Esta indefensión jurídica de los candidatos está detrás de la precariedad endémica del sistema académico español. En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción, y las relaciones clientelares están bastante extendidas. La conciencia de que la corrupción académica es un enorme riesgo se comprueba en la cantidad de proyectos de investigación financiados por entidades supranacionales que tratan temas de ética profesional. La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente.

En otros países, esa conciencia impulsa mecanismos institucionales que permiten evaluar en el tiempo las decisiones estratégicas de las universidades en general y las comisiones de contratación en particular. De esas evaluaciones se nutren entre otros los rankings internacionales sobre prestigio académico.

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes

A nadie puede extrañar que no haya universidades públicas españolas entre las primeras del mundo; las más jóvenes no figuran además entre las más dinámicas, lo cual señala que el patrón disfuncional a menudo arranca ya con el nacimiento de los nuevos campus. Incluso las que destacan en el ranking internacional lo deben a que entre los trabajadores del mundo académico los hay altamente vocacionales, y existen minorías hiperactivas que salvan la cara al conjunto de una comunidad profundamente desequilibrada. Todo esto tiene origen en los procedimientos de selección y promoción de profesores e investigadores. Es algo que no se resuelve solo aumentando la financiación ni estabilizando al profesorado, por necesarias que sean estas otras políticas.

El talón de Aquiles del sistema español es que vuelve a las comisiones y tribunales de todo tipo irresponsables ante decisiones tomadas que comprometen a largo plazo el bien público que es la docencia superior y la investigación. Sin ese rendimiento de cuentas, no solo no se selecciona y promociona a los mejores, sino tampoco a los más adecuados. Para discernir la idoneidad de un candidato es esencial que los fines colectivos de la institución estén bien definidos a corto, medio y largo plazo, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los que toman decisiones de contratación.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes. Los que se marchan al extranjero y consiguen allí formarse y especializarse, lo deben a que se encuentran con criterios de evaluación menos sesgados, pero sobre todo a que no se les evalúa en el tiempo solo a ellos, sino a las instancias que decidieron su contratación.

La administración española ni siquiera conoce la demanda real de docentes en investigadores disponibles en el mercado. Antes ya de la democracia, se decidió que la universidad imitase en su organización el modelo de la administración, sin tener en consideración que el capital humano, para desarrollarse sin provocar a su paso abusos y explotación (además de ineficiencia), es indispensable que fije objetivos que generen responsabilidad colectiva.

Identidades precarias resignadas

Marshall entendía que sin derechos civiles no puede hablarse de ciudadanía: lo que se viven son privilegios y exclusiones amparados jurídicamente. Desde su esquema, en la universidad española perdura el Antiguo Régimen, un mundo basado en la desigualdad ante la ley y la irresponsabilidad ciudadana.

Lo que su enfoque predeciría de un escenario así son elevados niveles de protesta colectiva, con movilizaciones recurrentes y eventualmente violentas. Sin embargo, entre los precarios académicos españoles no domina la idea de que acabar con su discriminación dependa de la acción colectiva, menos aún se halla extendida una conciencia de que el sometimiento que experimentan es una forma de sufrimiento inadmisible por innecesario.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”. Ninguno de estos tipos de trabajadores figura entre los más propensos a protestar. Ambos tienen además en común que están bastante indefensos.

La ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación

Desde luego no cuentan con el apoyo adecuado de los sindicatos. Los representantes sindicales han terminado confundiendo la defensa de los puestos de trabajo en el sector público con la protección de trabajadores concretos independientemente de su contribución a los fines colectivos de la comunidad académica. Además en ellos suelen dominar los funcionarios docentes, que no sitúan en primer plano las reivindicaciones de los precarios, y tienden a interpretarlas desde la misma cultura corporativa que reproduce la precariedad. Con todo, no se les puede pedir que se sitúen por encima de unas instituciones que no fomentan la responsabilidad.

La falta de criterios de valoración ligados a fines colectivos evaluables deja a los docentes seleccionados a merced de relaciones con superiores que no se basan en el mérito, y para las que no cuentan con recursos políticos adecuados. Con todo, los investigadores lo tienen aún peor, pues sus contratos suelen ser más cortos y, en los períodos de carencia, se ven obligados a buscar fuentes alternativas de financiación más degradantes; dentro de este colectivo, el más segmentado es a su vez el de las mujeres.

Una alternativa de justicia y responsabilidad

Pese a la buena intención del ministerio Castells, con la nueva legislación la tentación es grande de repetir el curso de las dos anteriores: resolver el problema de una gran bolsa de precariedad, pero a costa de asentar el marco de la siguiente. La ley puede además quedar empañada por una reducción futura en la financiación, que enquistaría aún más la desigualdad interna a la universidad española. Marshall señaló cómo esas oscilaciones en la financiación de los servicios públicos convierten a la ciudadanía misma en fuente de desigualdad.

Dejada así, la ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación. Resolver el problema de la precariedad en la universidad española implica dar pasos para establecer una cultura académica que asegure la responsabilidad de quienes toman decisiones, de manera que rindan cuentas por decisiones que afectan a la calidad de la docencia y la investigación, y por tanto a los estudiantes y la sociedad entera.

Por encima de todo, hay que resolver un problema de falta de derechos civiles elementales. Ahí la intervención institucional es obligada; pero por suerte también puede ser habilitada con bastante facilidad. Se trata de establecer comisiones de apelación que acojan denuncias de arbitrariedad en relación con la evaluación de los candidatos a contratos o plazas.

Estas comisiones podrían existir a escala de universidad y de comunidad autónoma; incluso podría haber un tribunal superior dependiente directamente de la Conferencia de Rectores. No soy jurista y solo puedo esbozar los ejes fundamentales de ese tipo de instancias. Sus miembros deberían proceder de otras universidades y otros campos de conocimiento, y una proporción de ellos deberían ser extranjeros. No deberían estar formadas solo por titulares y catedráticos, y la designación debería estar vinculada al mérito y prestigio, no al escalafón laboral.

La clave es que haya una reevaluación por pares de los méritos y la idoneidad de los candidatos denunciantes. Esto obligará a que las universidades asuman compromisos con fines colectivos medibles, de manera que las comisiones queden sujetas a rendimiento de cuentas. Las comisiones de apelación se situarían así en el eslabón inferior de una cadena de exigencia de responsabilidad, que es lo que sigue faltando en una universidad cada vez más burocratizada. Hay que generar bienes públicos que limiten la corrupción del sistema, algo indispensable para que el dinero público invertido rinda frutos comunitarios.

Una inversión en universidad que no parta de un diagnóstico completo y dinámico puede ser un esfuerzo malgastado. La disyuntiva que tiene delante el ministro Castells es entre una reforma más ambiciosa que solo la aprobación de la ley o una nueva huida hacia adelante que enquistará en el mundo académico un orden en el cual los precarios no somos ciudadanos.

Comparte este contenido:

Ley de protección de la mujer en Irán: «Un primer paso, pero insuficiente»

El gobierno iraní aprobó el 3 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito la violencia contra la mujer, incluida la acción o el comportamiento que cause «daños físicos o mentales» a las mujeres.

El gobierno iraní ha aprobado el 3 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito la violencia contra la mujer, incluida la acción o el comportamiento que cause «daños físicos o mentales» a las mujeres. Sin embargo, el proyecto de ley no cumple las normas internacionales.

El proyecto de ley completo aún no se ha hecho público, pero en un resumen publicado en el sitio web del gobierno se afirma que «todo acto que cause daño físico o emocional o a la reputación de una mujer o que tenga como resultado la limitación de su libertad y sus derechos sociales se considera un delito».

Las activistas iraníes de los derechos de la mujer han hecho campaña a favor de dicha ley durante 16 años y el gobierno del Presidente Hassan Rouhani ha estado trabajando en el proyecto de ley desde las elecciones de 2013.

El proyecto de ley «Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres contra la Violencia» ha estado bajo revisión desde septiembre de 2019, después de que el poder judicial anunciara que había completado su revisión y presentado el proyecto de nuevo al gabinete.

El proyecto de ley tendrá que ser aprobado ahora por el Parlamento para convertirse en ley y resultará un desafío, ya que hay una mayoría conservadora en el Parlamento.

La decisión de seguir adelante con el proyecto de ley – que, si se aprueba, será la primera ley de este tipo en el código penal de Irán – se dice que también ha sido favorecida por el movimiento #MeToo que lanzó campañas desde el pasado agosto.

También se dice que varios de los llamados asesinatos de honor de los últimos seis meses están detrás de la decisión de aprobar el proyecto de ley.

El proyecto de ley aborda el acoso sexual y la coacción a las mujeres para que realicen actos sexuales como delitos. El envío a una mujer de un mensaje sexual no solicitado, un texto o una fotografía, la exigencia de relaciones sexuales o el hecho de obligar a la mujer a realizar actos sexuales podría acarrear penas de entre seis meses y dos años de prisión y hasta 99 latigazos, así como multas monetarias.

Se ha exigido a la judicatura que cree y patrocine centros que ofrezcan apoyo a las víctimas de la violencia y a las mujeres vulnerables a la violencia, según el resumen del proyecto de ley publicado en la página web del gobierno iraní. Además, las fuerzas de seguridad también están obligadas a crear una unidad especial de policía femenina para proteger a las mujeres.

Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de Irán para asuntos de la mujer y la familia, dijo en un Tweet que el proyecto fue el resultado de cientos de horas de deliberación por parte de expertos legales y del gobierno y que estaba «dedicado a las merecedoras y pacientes mujeres de Irán».

Según Human Rights Watch «el proyecto de ley tiene varias disposiciones positivas, entre ellas la de formar un comité nacional interministerial para elaborar estrategias y coordinar las respuestas del gobierno a la violencia contra la mujer». También obliga a los ministerios y organismos gubernamentales a adoptar medidas para ayudar a prevenir la violencia y prestar asistencia a las mujeres, entre otras cosas mediante la formación de unidades policiales especiales para estos casos». También crearía órdenes de alejamiento y un fondo de apoyo a la mujer».
Sin embargo, el proyecto de ley no cumple las normas internacionales, dijo la asociación de derechos humanos y añadió que «si bien el proyecto de ley define la violencia contra la mujer de manera amplia y tipifica como delito diversas formas de violencia, no tipifica como delito algunas formas de violencia de género, como la violación en el matrimonio y el matrimonio de niños». Tampoco modifica la definición limitada y problemática de violación que figura en el código penal, que excluye explícitamente la violación marital».

HRW subrayó que «el castigo obligatorio para la violación es la pena de muerte, que puede disuadir a las mujeres de denunciar la violación». El proyecto de ley tampoco define la violencia en el hogar. Algunos de los delitos que establece violan el derecho a la intimidad y otras libertades protegidas, como proponer una «relación ilícita» y alentar o persuadir a una mujer a cometer actos contrarios a la ‘castidad’».

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/12/01/2021/ley-de-proteccion-de-la-mujer-en-iran-un-primer-paso-pero-insuficiente/

Comparte este contenido:

Entrevista a Silvio Schachter: «El techo para vivir no es una opción, no es una elección, es una necesidad prioritaria»

S.S.: El nombre Guernica tiene una asociación directa al bombardeo de la aviación alemana al pueblo de Guernica y uno de los cuadros icónicos y más emblemáticos del Siglo XX de Picasso que lleva ese mismo nombre.

Pero esta localidad recibe ese nombre antes, fue creada antes del bombardeo por una aristócrata que se llamaba Matilda Díaz Vélez que no tenía ninguna simpatía por la República española. Si bien es un homenaje a sus ancestros españoles vascos, no es una referencia al bombardeo. Eso se crea en 1934 cuando ella recibe de una herencia una parte de las estancias familiares y crea esta localidad que está en el partido que ahora se llama Presidente Perón.

El hecho que es conocido, se produce cuando 2.500 familias, unas 10.000 personas ocupan el terreno en Guernica e inmediatamente, no es el bombardeo de la aviación alemana pero sí el de los medios, políticos y varios funcionarios que reclaman acciones punitivas e ilegales y rodean a esta gente con una cantidad de adjetivos como “usurpadores”, “ilegales”, “especuladores”, etc. Cuando en realidad es un acto de desesperación de aquellos que no tienen techo, que están en situación de calle, que han sido expulsados de sus viviendas porque lacrisis económica les impide pagar un alquiler o la renta de donde estaban viviendo, inclusive en algunos lugares muy precarios como puede ser una villa miseria, donde un porcentaje muy alto de la gente que la habita tiene que pagar alquileres para vivir ahí.

La mayoría son familias, gente que se ha quedado sin trabajo, que estaba pagando unos lotes en zonas aledañas que producto de la crisis no pudo seguir pagando esas cuotas y no le quedó otro recurso que salir a ocupar una tierra.

Yo siempre insisto en que el techo para vivir no es una opción, no es una elección, no es que elijo este lugar porque quiero vivir acá. Es una necesidad prioritaria, nadie puede vivir sin un lugar físico a dónde hacerlo y es tan imprescindible como puede ser alimentarse o curarse.

Inclusive se puede vivir sin educación, con todo lo brutal que esto puede ser, pero se necesita un espacio físico para poder vivir. Y cuando ese espacio físico es negado por muchas razones, no queda otra opción que la búsqueda desesperada de un lugar accesible, a donde se pueda empezar a construir un techo.

Porque otro dato importante es que la ocupación de un terreno no resuelve el tema, es el primer paso de un largo y duro ejercicio de auto construcción con medios precarios, etc. La sorpresa de algunos que hablan de usurpación, que no se puede permitir este tipo de actos que violentan a la propiedad privada, ignora que el 25% de la población de América Latina vive en villas y asentamientos y que casi todas las villas, que nosotros le llamamos así, pero se puede llamar favela, cantregrill, rancho, depende de cada país, pero la mayoría de esos barrios pobres se han construido sobre terrenos ocupados. No vienen de loteos conforme a la lógica de la propiedad privada sobre la tierra. Quiere decir que estamos hablando de cien millones de personas viviendo en Latinoamérica en villas.

M.H.: Recuerdo el libro de Bernardo Verbitsky, Villa miseria también es América

S.S.: Excelente libro, de fines de los 50, de ahí surge el concepto “villa miseria”. Aunque ya había asentamientos pobres previamente. Él lo que hizo fue una descripción social del fenómeno. Porque es un fenómeno socio espacial, es espacial en tanto y en cuanto ocupa un espacio físico en el que desarrollar biológicamente la vida. Pero es un tema social, que tiene que ver con la pobreza, con la relación de propiedad. Es histórico a partir de la ocupación de tierras y la autoconstrucción de espacios, hábitats precarios donde vivir, se ha generado lo que en urbanismo se llama “urbanización formal” y “urbanización informal” y lo formal tiene que ver con las normas de propiedad del suelo urbano.

Estos procesos, entre lo formal y lo informal conviven a veces alejados entre sí y en otros casos en zonas de tensión, como sucede en Retiro o algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

M.H.: Como Flores Sur, Pompeya, entre otros. 

S.S.: Y uno va a Río de Janeiro y estando en Copacabana levanta la vista ve la favela en el morro.

M.H.: Yo conocí Mangueira, cuando fui en 1984, uno de los sambadores de Mangueira era amigo de un amigo, y ese año había ganado la escola entonces hicieron una fiesta ahí, y me llevó. Así conocí la favela de Mangueira. 

S.S.: Es una de las más grandes, aunque la más famosa es la Rosinha. Los sectores de la cultura, como Chico Buarque se declara fanático de la escola do samba de Mangueira.

M.H.: Cada escola tiene su torcida. 

S.S.: Sí. Mangueira sufrió cuando fueron las Olimpíadas y el Mundial de fútbol, que fue en el Maracaná, como se necesitaba más playa de estacionamiento y más servicios para el Maracaná que está muy próximo a Mangueira le serrucharon una parte a la favela y su gente fue desparramada por zonas que no recibían condiciones de habitabilidad. Fue hecho muy compulsivamente y comenzó inclusive en la época que gobernaba Lula. Hubo resistencias y movilizaciones que fueron bastante violentamente reprimidas por la policía, se oponían a la realización del Mundial y las Olimpíadas a cuenta de desalojar a la gente.

El desalojo siempre ha sido un método para aquellos que tienen el poder ante los más pobres. Para los cuales no existe la ley. Esto puede causar alguna reminiscencia a lo que fue la política de Cacciatore en la Ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura. Que “erradicó”, barrió y arrasó con las villas en la Ciudad.

M.H.: O el general Bussi que directamente las tapió en Tucumán. 

S.S.: Cacciatore subió a la gente en camiones y las dejó en descampados en el Gran Buenos Aires.

M.H.: Durante muchos años di clases en el Bachillerato Popular Darío Santillán en la Villa 21-24 de Barracas, y ahí tuve la oportunidad de conocer la historia del barrio a través de un trabajo que hicieron los chicos del CENS. La 21-24 fue completamente desalojada durante la dictadura. 

S.S.: Bueno, en la Villa 31 de Retiro quedaron muy pocas casillas a partir del recurso de amparo que presentaron abogados, una abogada que en ese momento era mi compañera y otro abogado que lograron que la justicia impidiera el desalojo de muy pocas casillas, en ese momento eran 20, la mayoría fueron desalojados. Cacciatore lo que hacía era tirarles los contenedores encima. Y a partir de que se frenó ese desalojo la Villa poco a poco se fue reconstruyendo.

M.H.: ¿En qué año fue esto? 

S.S.: En 1977 en plena dictadura. Hay un tema de Spinetta sobre la Villa del Bajo Belgrano que Cacciatore también desalojó, esa Villa desapareció por completo, nunca más se volvió a construir. Ahora hay viviendas de alta gama.

En general los desalojos compulsivos y más rápidos se producen en terrenos que tienen precio alto para el mercado inmobiliario. Aquellos que se construyen sobre basurales o zonas inundables son más “tolerables” por decirlo de alguna manera. Aquellas que no tienen valor comercial al menos en lo inmediato, lo que sucede es que la Ciudad crece y lo que hoy aparece como bajo valor, en algún momento descartado para el mercado inmobiliario, a medida que la Ciudad crece o que el Estado va construyendo servicios, ese suelo aumenta el precio y también la presión por el desalojo.

M.H.: Que es lo que pasa precisamente con la Villa 31, que está interrumpiendo el corredor de la costa. Y la otra que también cumple el mismo rol es la Rodrigo Bueno. 

S.S.: Claro porque está al lado de las tierras que fueron fraudulentamente adquiridas de lo que fue la Ciudad deportiva de Boca. Que tiene un proyecto que se llama “Santa María de los Buenos Aires”. El Estado siempre ha sido muy generoso con los grandes operadores inmobiliarios para cederles tierra a cambio de dinero y entregar tierra pública, que nos pertenece a todos, que se ha valorizado social y culturalmente con infraestructura que todos pagamos.

El derecho constitucional a la vivienda pocas veces se cumple 

M.H.: Yo quiero cuestionar también esta idea de sentido común de la propiedad privada que tanto se ha instalado en nuestros días. Porque hay que recordar que la propiedad de la tierra en América Latina no era privada, era comunitaria. Incluso hoy en día tenemos varios conflictos en el territorio nacional con nuestros pueblos originarios por ese motivo. 

S.S.: Ese es un tema que recorre toda América Latina, sobre todo en el área extractivista. Son pueblos originarios o trabajadores de la tierra cuyas familias han vividos siglos ahí, son desalojados compulsivamente, como en este caso se pretende con Guernica u otras tomas de tierra, para garantizar la explotación del subsuelo por parte de grandes compañías internacionales.

También el Estado es muy flexible, y en realidad actúa como punta de lanza, le ofrece el poder de policía a aquellas multinacionales que no lo tienen y en algunos casos también tienen el poder de policía ellos.

M.H.: Lo tratamos hace poco con Gustavo Lahoud referido al empresario inglés Lewis en el sur, que no solo tiene una policía privada, sino además el apoyo de la Prefectura en el último intento de llegar al Lago Escondido y de la propia policía provincial rionegrina. 

S.S.: La historia de los grupos es muy conocida en Brasil también, hay una película que se llama “Antonio Das Mortes” de Glauber Rocha. Siempre hubo estos grupos paramilitares, que actúan abiertamente como sucede ahora en Colombia y en otros lugares de Centroamérica.

Sobre lo que sucedió y sucede aquí en la Patagonia, Osvaldo Bayer escribió mucho y muy bien sobre el tema, donde los grandes estancieros utilizaban cazadores para desplazar a los habitantes originarios y les pagaban por orejas. Hoy utilizan otros métodos, pero el contenido es parecido.

El suelo no es un bien producido, no es un producto de la riqueza generada por el hombre, ni siquiera le cabe el concepto de meritocracia. El suelo no es producido por nadie, por eso no tiene valor, tiene precio, pero no valor. El suelo siempre es apropiado sobre la base del dinero. No es una mercancía común, porque es un bien limitado, no se reproduce y en cuanto más crece la ciudad lo que aumenta es su precio. Con lo cual es un bien que básicamente especulativo. Muchas veces he comentado este ejemplo. Si voy a un terreno y dejo ahí un millón de dólares durante un tiempo, cuando vuelva va a seguir habiendo un millón de dólares. Es el trabajo humano sobre ese terreno el que le da cierto valor. Cuando no hay trabajo humano en ese terreno el precio tiene que ver con todo lo que se construye alrededor. La estructura, la vida social, cultural, etc. Esos fenómenos que después derivan en otro proceso como la gentrificación son muy claros.

Lo que quiero señalar es que la idea de que hay un Estado mediador está en crisis, porque en realidad todo lo que está haciendo es desalojando, y el desalojo es una manera de encubrir el problema, porque está trasladando a la gente generando más parias urbanos. Además, justamente ahora en la provincia de Buenos Aires hay un ministro de Seguridad que no es Patricia Bullrrich pero que se parece mucho. De hecho, hay un spot suyo en el que se vanagloria en el corto período que está en la provincia de haber desarmado 800 tomas y metido presa a más de 500 personas. Lo cual se contradice bastante con algunas declaraciones del gobierno actual en las que se habla de justicia social, derechos, etc.

Me parece que empieza a ser cada vez más incompatible ese discurso con las realidades que se van planteando sobre todo para aquéllos con más niveles de urgencias. Hay que esclarecer este problema y reivindicar el derecho a la vivienda que dice la Constitución e innumerables declaraciones internacionales pero que pocas veces se cumple. Lo que sí se cumple es la judicialización de estos procesos y el desalojo compulsivo, con lo cual los derechos escritos si no se cumplen de poco sirven.

Fuente: https://rebelion.org/el-techo-para-vivir-no-es-una-opcion-no-es-una-eleccion-es-una-necesidad-prioritaria/
Comparte este contenido:
Page 1 of 6
1 2 3 6