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España: Por qué los precarios del sistema universitario español no somos ciudadanos

Por: Pablo Sánchez León

Los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos, esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales.

La nueva legislación para la universidad propuesta por el ministerio Castells será la tercera desde 1983. Una crisis cada quince años apunta a que no se ha resuelto el problema fundamental: la precariedad, o el marcado dualismo de su “mercado de trabajo”, que las dos legislaciones universitarias anteriores de hecho contribuyeron a enquistar.

Para reducir la precariedad, la reforma propone fijar un límite del veinte por ciento de profesores sin contrato indefinido. Sin embargo, el problema no se resuelve estabilizando solamente al profesorado: la legislación debería contemplar también a los investigadores precarios, que vienen experimentando las peores condiciones laborales. Fijarse solo en los docentes es señal de que no se aspira a resolver los problemas de fondo. Es difícil no estar totalmente a favor de la estabilización laboral de todos los docentes, pero si de lo que se trata es de acabar con las fuentes de la precariedad, la estabilización debería suplementarse con una serie de garantías jurídicas.

Sin derechos sociales

Para comprender qué implicaciones tiene la precariedad universitaria vista en el tiempo resulta ilustrativo aplicar el esquema clásico de T. H. Marshall, que distingue entre ciudadanía civil, política y social.

Los precarios no tenemos en el lugar de trabajo reconocidos los beneficios sociales de que disfruta el resto de empleados universitarios. Aunque subsisten las becas y otras formas de remuneración que se acercan al destajo, desde hace un tiempo la mayoría de los precarios universitarios tienen con la administración algún tipo de contrato que conlleva derechos pasivos. Sin embargo, a los precarios no se nos permite solicitar el reconocimiento de sexenios de investigación, para cuya evaluación hay que disponer de una relación contractual estable. Con ello se nos priva del complemento retributivo que premia la productividad del trabajo y que simboliza el reconocimiento de la ciudadanía social.

Hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios

La justificación que suele hacerse es que el trabajo realizado en formación y especialización no merece el mismo reconocimiento que el de un profesional de carrera. Pero esto ha dejado de ser así hace tiempo: hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios. Con la negativa a evaluar sexenios también se impide conocer cuál es la distribución del mérito y el prestigio en la comunidad académica.

Se dirá que con la estabilización este problema terminará, pues los docentes contratados de forma indefinida podrán solicitar la evaluación de sexenios. Sin embargo, las evaluaciones se efectúan aplicando criterios actuales con carácter retroactivo. Este procedimiento penaliza al investigador por no haber anticipado los baremos con los que se medirán en el futuro los resultados de su investigación.

Toda esa doble discriminación ha tenido efectos no solo económicos y sobre la carrera individual, sino sobre el conjunto del sector en el largo plazo. Teniendo en cuenta que la actual precariedad lleva instalada al menos desde la absorción de la gran bolsa anterior tras la entrada en vigor de la LOU en 2004, el resultado agregado es que la comunidad académica aparece hoy día marcada por un divorcio entre la distribución del mérito y el prestigio y la jerarquía interna de puestos de trabajo. Hace tiempo que entre los docentes superiores y los investigadores se rompió la relación entre estabilidad laboral y capacitación profesional.

Capacidades políticas desiguales

Los docentes e investigadores precarios tampoco somos en nuestros lugares de trabajo ciudadanos en cuanto a iguales capacidades políticas. En este terreno, el ministerio Castells ha propuesto que los catedráticos pierdan el monopolio que han disfrutado como candidatos a rector, pero al hacerlo ha puesto el foco sobre otras discriminaciones que atraviesan el mundo académico. La propuesta ministerial de hecho profundiza una desigualdad que se viene arrastrando desde la aplicación de la LOU entre funcionarios y no funcionarios: en el borrador de la nueva ley a los contratados doctores se les sigue excluyendo como candidatos a rector.

El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo

La capacidad política desigual que la propuesta ministerial reproduce afectará asimismo a los actuales precarios, muchos de los cuales, al igual que otros contratados doctores, tienen méritos comparables a los de muchos titulares. De hecho, la nueva legislación prevé una variedad de contratos indefinidos que anticipa el aumento de discriminaciones en capacidades políticas entre docentes, todas ellas arbitrarias.

En este terreno, para los precarios actuales llueve sobre mojado. El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo: a menudo no pueden ser designados para cargos, salvo como representantes de su colectivo laboral, y no pueden dirigir proyectos de investigación o de innovación docente. Muy especialmente no pueden formar parte de comisiones de contratación ni a menudo intervenir en la definición de las líneas de docencia e investigación o en la distribución de asignaturas. Esa discriminación se reproduce en las agencias de evaluación y elaboración de políticas universitarias de las comunidades autónomas y el ministerio, donde uno nunca encontrará a un precario, por el hecho de serlo e independientemente de sus méritos y prestigio, designado como asesor ni menos como miembro nato.

Marshall argumentó con buen criterio que la capacidad política es la dimensión central de la ciudadanía, ya que es la que garantiza la preservación de las otras, de igual manera que su deterioro o conculcación degrada el conjunto de los derechos ciudadanos.

Sin garantías de una valoración justa sobre méritos e idoneidad

Pero el terreno en el que la precariedad de los universitarios es excepcional y extrema es en el de los derechos civiles. Para Marshall esta es la base elemental de la ciudadanía moderna: su eje nodular es la igualdad ante la ley, y su expresión está en la garantía de un juicio justo.

Pues bien, desde el esquema del sociólogo británico los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos. Esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales. En el medio académico, cualquier reclamación sobre las decisiones de una comisión de contratación o un tribunal de oposición aboca a una vía de litigio con la administración, en la que esta ejerce de juez y parte: las universidades respaldan las decisiones de las comisiones, y los tribunales solo las revocan cuando es posible demostrar que se han producido defectos en los procedimientos.

En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción; La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente

Sobre el contenido sustantivo de lo que se litiga, la justicia no considera que tiene jurisdicción alguna. Es decir que en relación con conflictos surgidos en torno de la valoración de su esfuerzo y sus resultados en méritos, los docentes e investigadores del sector público español carecen de un tribunal adecuado que les haga justicia. Eso permite todo tipo de arbitrariedades, además de efectos perversos dada la composición del sector antes mencionada, con casos de miembros de comisiones con menos méritos que los candidatos que van a evaluar.

El sistema actual deja las evaluaciones efectuadas por estas agencias públicas en papel mojado. Las agencias de hecho no valoran los méritos de los candidatos, sino que simplemente avalan que estos cumplan unos requisitos mínimos para poderse presentar a plazas. No consideran que les incumba el uso que otras instancias hagan de sus avales aun cuando suponen una subversión de sus criterios de medida. Por eso a todo este sistema le va tan bien el modelo de acreditación cuantitativa, por índices de impacto de las revistas de publicación, a pesar de estar cada vez más cuestionado, como atestigua el movimiento a escala mundial DORA (Declaration on Research Assesment) en pro de una valoración cualitativa.

Corrupción sin responsabilidad

Esta indefensión jurídica de los candidatos está detrás de la precariedad endémica del sistema académico español. En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción, y las relaciones clientelares están bastante extendidas. La conciencia de que la corrupción académica es un enorme riesgo se comprueba en la cantidad de proyectos de investigación financiados por entidades supranacionales que tratan temas de ética profesional. La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente.

En otros países, esa conciencia impulsa mecanismos institucionales que permiten evaluar en el tiempo las decisiones estratégicas de las universidades en general y las comisiones de contratación en particular. De esas evaluaciones se nutren entre otros los rankings internacionales sobre prestigio académico.

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes

A nadie puede extrañar que no haya universidades públicas españolas entre las primeras del mundo; las más jóvenes no figuran además entre las más dinámicas, lo cual señala que el patrón disfuncional a menudo arranca ya con el nacimiento de los nuevos campus. Incluso las que destacan en el ranking internacional lo deben a que entre los trabajadores del mundo académico los hay altamente vocacionales, y existen minorías hiperactivas que salvan la cara al conjunto de una comunidad profundamente desequilibrada. Todo esto tiene origen en los procedimientos de selección y promoción de profesores e investigadores. Es algo que no se resuelve solo aumentando la financiación ni estabilizando al profesorado, por necesarias que sean estas otras políticas.

El talón de Aquiles del sistema español es que vuelve a las comisiones y tribunales de todo tipo irresponsables ante decisiones tomadas que comprometen a largo plazo el bien público que es la docencia superior y la investigación. Sin ese rendimiento de cuentas, no solo no se selecciona y promociona a los mejores, sino tampoco a los más adecuados. Para discernir la idoneidad de un candidato es esencial que los fines colectivos de la institución estén bien definidos a corto, medio y largo plazo, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los que toman decisiones de contratación.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes. Los que se marchan al extranjero y consiguen allí formarse y especializarse, lo deben a que se encuentran con criterios de evaluación menos sesgados, pero sobre todo a que no se les evalúa en el tiempo solo a ellos, sino a las instancias que decidieron su contratación.

La administración española ni siquiera conoce la demanda real de docentes en investigadores disponibles en el mercado. Antes ya de la democracia, se decidió que la universidad imitase en su organización el modelo de la administración, sin tener en consideración que el capital humano, para desarrollarse sin provocar a su paso abusos y explotación (además de ineficiencia), es indispensable que fije objetivos que generen responsabilidad colectiva.

Identidades precarias resignadas

Marshall entendía que sin derechos civiles no puede hablarse de ciudadanía: lo que se viven son privilegios y exclusiones amparados jurídicamente. Desde su esquema, en la universidad española perdura el Antiguo Régimen, un mundo basado en la desigualdad ante la ley y la irresponsabilidad ciudadana.

Lo que su enfoque predeciría de un escenario así son elevados niveles de protesta colectiva, con movilizaciones recurrentes y eventualmente violentas. Sin embargo, entre los precarios académicos españoles no domina la idea de que acabar con su discriminación dependa de la acción colectiva, menos aún se halla extendida una conciencia de que el sometimiento que experimentan es una forma de sufrimiento inadmisible por innecesario.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”. Ninguno de estos tipos de trabajadores figura entre los más propensos a protestar. Ambos tienen además en común que están bastante indefensos.

La ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación

Desde luego no cuentan con el apoyo adecuado de los sindicatos. Los representantes sindicales han terminado confundiendo la defensa de los puestos de trabajo en el sector público con la protección de trabajadores concretos independientemente de su contribución a los fines colectivos de la comunidad académica. Además en ellos suelen dominar los funcionarios docentes, que no sitúan en primer plano las reivindicaciones de los precarios, y tienden a interpretarlas desde la misma cultura corporativa que reproduce la precariedad. Con todo, no se les puede pedir que se sitúen por encima de unas instituciones que no fomentan la responsabilidad.

La falta de criterios de valoración ligados a fines colectivos evaluables deja a los docentes seleccionados a merced de relaciones con superiores que no se basan en el mérito, y para las que no cuentan con recursos políticos adecuados. Con todo, los investigadores lo tienen aún peor, pues sus contratos suelen ser más cortos y, en los períodos de carencia, se ven obligados a buscar fuentes alternativas de financiación más degradantes; dentro de este colectivo, el más segmentado es a su vez el de las mujeres.

Una alternativa de justicia y responsabilidad

Pese a la buena intención del ministerio Castells, con la nueva legislación la tentación es grande de repetir el curso de las dos anteriores: resolver el problema de una gran bolsa de precariedad, pero a costa de asentar el marco de la siguiente. La ley puede además quedar empañada por una reducción futura en la financiación, que enquistaría aún más la desigualdad interna a la universidad española. Marshall señaló cómo esas oscilaciones en la financiación de los servicios públicos convierten a la ciudadanía misma en fuente de desigualdad.

Dejada así, la ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación. Resolver el problema de la precariedad en la universidad española implica dar pasos para establecer una cultura académica que asegure la responsabilidad de quienes toman decisiones, de manera que rindan cuentas por decisiones que afectan a la calidad de la docencia y la investigación, y por tanto a los estudiantes y la sociedad entera.

Por encima de todo, hay que resolver un problema de falta de derechos civiles elementales. Ahí la intervención institucional es obligada; pero por suerte también puede ser habilitada con bastante facilidad. Se trata de establecer comisiones de apelación que acojan denuncias de arbitrariedad en relación con la evaluación de los candidatos a contratos o plazas.

Estas comisiones podrían existir a escala de universidad y de comunidad autónoma; incluso podría haber un tribunal superior dependiente directamente de la Conferencia de Rectores. No soy jurista y solo puedo esbozar los ejes fundamentales de ese tipo de instancias. Sus miembros deberían proceder de otras universidades y otros campos de conocimiento, y una proporción de ellos deberían ser extranjeros. No deberían estar formadas solo por titulares y catedráticos, y la designación debería estar vinculada al mérito y prestigio, no al escalafón laboral.

La clave es que haya una reevaluación por pares de los méritos y la idoneidad de los candidatos denunciantes. Esto obligará a que las universidades asuman compromisos con fines colectivos medibles, de manera que las comisiones queden sujetas a rendimiento de cuentas. Las comisiones de apelación se situarían así en el eslabón inferior de una cadena de exigencia de responsabilidad, que es lo que sigue faltando en una universidad cada vez más burocratizada. Hay que generar bienes públicos que limiten la corrupción del sistema, algo indispensable para que el dinero público invertido rinda frutos comunitarios.

Una inversión en universidad que no parta de un diagnóstico completo y dinámico puede ser un esfuerzo malgastado. La disyuntiva que tiene delante el ministro Castells es entre una reforma más ambiciosa que solo la aprobación de la ley o una nueva huida hacia adelante que enquistará en el mundo académico un orden en el cual los precarios no somos ciudadanos.

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Ley de protección de la mujer en Irán: «Un primer paso, pero insuficiente»

El gobierno iraní aprobó el 3 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito la violencia contra la mujer, incluida la acción o el comportamiento que cause «daños físicos o mentales» a las mujeres.

El gobierno iraní ha aprobado el 3 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito la violencia contra la mujer, incluida la acción o el comportamiento que cause «daños físicos o mentales» a las mujeres. Sin embargo, el proyecto de ley no cumple las normas internacionales.

El proyecto de ley completo aún no se ha hecho público, pero en un resumen publicado en el sitio web del gobierno se afirma que «todo acto que cause daño físico o emocional o a la reputación de una mujer o que tenga como resultado la limitación de su libertad y sus derechos sociales se considera un delito».

Las activistas iraníes de los derechos de la mujer han hecho campaña a favor de dicha ley durante 16 años y el gobierno del Presidente Hassan Rouhani ha estado trabajando en el proyecto de ley desde las elecciones de 2013.

El proyecto de ley «Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres contra la Violencia» ha estado bajo revisión desde septiembre de 2019, después de que el poder judicial anunciara que había completado su revisión y presentado el proyecto de nuevo al gabinete.

El proyecto de ley tendrá que ser aprobado ahora por el Parlamento para convertirse en ley y resultará un desafío, ya que hay una mayoría conservadora en el Parlamento.

La decisión de seguir adelante con el proyecto de ley – que, si se aprueba, será la primera ley de este tipo en el código penal de Irán – se dice que también ha sido favorecida por el movimiento #MeToo que lanzó campañas desde el pasado agosto.

También se dice que varios de los llamados asesinatos de honor de los últimos seis meses están detrás de la decisión de aprobar el proyecto de ley.

El proyecto de ley aborda el acoso sexual y la coacción a las mujeres para que realicen actos sexuales como delitos. El envío a una mujer de un mensaje sexual no solicitado, un texto o una fotografía, la exigencia de relaciones sexuales o el hecho de obligar a la mujer a realizar actos sexuales podría acarrear penas de entre seis meses y dos años de prisión y hasta 99 latigazos, así como multas monetarias.

Se ha exigido a la judicatura que cree y patrocine centros que ofrezcan apoyo a las víctimas de la violencia y a las mujeres vulnerables a la violencia, según el resumen del proyecto de ley publicado en la página web del gobierno iraní. Además, las fuerzas de seguridad también están obligadas a crear una unidad especial de policía femenina para proteger a las mujeres.

Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de Irán para asuntos de la mujer y la familia, dijo en un Tweet que el proyecto fue el resultado de cientos de horas de deliberación por parte de expertos legales y del gobierno y que estaba «dedicado a las merecedoras y pacientes mujeres de Irán».

Según Human Rights Watch «el proyecto de ley tiene varias disposiciones positivas, entre ellas la de formar un comité nacional interministerial para elaborar estrategias y coordinar las respuestas del gobierno a la violencia contra la mujer». También obliga a los ministerios y organismos gubernamentales a adoptar medidas para ayudar a prevenir la violencia y prestar asistencia a las mujeres, entre otras cosas mediante la formación de unidades policiales especiales para estos casos». También crearía órdenes de alejamiento y un fondo de apoyo a la mujer».
Sin embargo, el proyecto de ley no cumple las normas internacionales, dijo la asociación de derechos humanos y añadió que «si bien el proyecto de ley define la violencia contra la mujer de manera amplia y tipifica como delito diversas formas de violencia, no tipifica como delito algunas formas de violencia de género, como la violación en el matrimonio y el matrimonio de niños». Tampoco modifica la definición limitada y problemática de violación que figura en el código penal, que excluye explícitamente la violación marital».

HRW subrayó que «el castigo obligatorio para la violación es la pena de muerte, que puede disuadir a las mujeres de denunciar la violación». El proyecto de ley tampoco define la violencia en el hogar. Algunos de los delitos que establece violan el derecho a la intimidad y otras libertades protegidas, como proponer una «relación ilícita» y alentar o persuadir a una mujer a cometer actos contrarios a la ‘castidad’».

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/12/01/2021/ley-de-proteccion-de-la-mujer-en-iran-un-primer-paso-pero-insuficiente/

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Entrevista a Silvio Schachter: «El techo para vivir no es una opción, no es una elección, es una necesidad prioritaria»

S.S.: El nombre Guernica tiene una asociación directa al bombardeo de la aviación alemana al pueblo de Guernica y uno de los cuadros icónicos y más emblemáticos del Siglo XX de Picasso que lleva ese mismo nombre.

Pero esta localidad recibe ese nombre antes, fue creada antes del bombardeo por una aristócrata que se llamaba Matilda Díaz Vélez que no tenía ninguna simpatía por la República española. Si bien es un homenaje a sus ancestros españoles vascos, no es una referencia al bombardeo. Eso se crea en 1934 cuando ella recibe de una herencia una parte de las estancias familiares y crea esta localidad que está en el partido que ahora se llama Presidente Perón.

El hecho que es conocido, se produce cuando 2.500 familias, unas 10.000 personas ocupan el terreno en Guernica e inmediatamente, no es el bombardeo de la aviación alemana pero sí el de los medios, políticos y varios funcionarios que reclaman acciones punitivas e ilegales y rodean a esta gente con una cantidad de adjetivos como “usurpadores”, “ilegales”, “especuladores”, etc. Cuando en realidad es un acto de desesperación de aquellos que no tienen techo, que están en situación de calle, que han sido expulsados de sus viviendas porque lacrisis económica les impide pagar un alquiler o la renta de donde estaban viviendo, inclusive en algunos lugares muy precarios como puede ser una villa miseria, donde un porcentaje muy alto de la gente que la habita tiene que pagar alquileres para vivir ahí.

La mayoría son familias, gente que se ha quedado sin trabajo, que estaba pagando unos lotes en zonas aledañas que producto de la crisis no pudo seguir pagando esas cuotas y no le quedó otro recurso que salir a ocupar una tierra.

Yo siempre insisto en que el techo para vivir no es una opción, no es una elección, no es que elijo este lugar porque quiero vivir acá. Es una necesidad prioritaria, nadie puede vivir sin un lugar físico a dónde hacerlo y es tan imprescindible como puede ser alimentarse o curarse.

Inclusive se puede vivir sin educación, con todo lo brutal que esto puede ser, pero se necesita un espacio físico para poder vivir. Y cuando ese espacio físico es negado por muchas razones, no queda otra opción que la búsqueda desesperada de un lugar accesible, a donde se pueda empezar a construir un techo.

Porque otro dato importante es que la ocupación de un terreno no resuelve el tema, es el primer paso de un largo y duro ejercicio de auto construcción con medios precarios, etc. La sorpresa de algunos que hablan de usurpación, que no se puede permitir este tipo de actos que violentan a la propiedad privada, ignora que el 25% de la población de América Latina vive en villas y asentamientos y que casi todas las villas, que nosotros le llamamos así, pero se puede llamar favela, cantregrill, rancho, depende de cada país, pero la mayoría de esos barrios pobres se han construido sobre terrenos ocupados. No vienen de loteos conforme a la lógica de la propiedad privada sobre la tierra. Quiere decir que estamos hablando de cien millones de personas viviendo en Latinoamérica en villas.

M.H.: Recuerdo el libro de Bernardo Verbitsky, Villa miseria también es América

S.S.: Excelente libro, de fines de los 50, de ahí surge el concepto “villa miseria”. Aunque ya había asentamientos pobres previamente. Él lo que hizo fue una descripción social del fenómeno. Porque es un fenómeno socio espacial, es espacial en tanto y en cuanto ocupa un espacio físico en el que desarrollar biológicamente la vida. Pero es un tema social, que tiene que ver con la pobreza, con la relación de propiedad. Es histórico a partir de la ocupación de tierras y la autoconstrucción de espacios, hábitats precarios donde vivir, se ha generado lo que en urbanismo se llama “urbanización formal” y “urbanización informal” y lo formal tiene que ver con las normas de propiedad del suelo urbano.

Estos procesos, entre lo formal y lo informal conviven a veces alejados entre sí y en otros casos en zonas de tensión, como sucede en Retiro o algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

M.H.: Como Flores Sur, Pompeya, entre otros. 

S.S.: Y uno va a Río de Janeiro y estando en Copacabana levanta la vista ve la favela en el morro.

M.H.: Yo conocí Mangueira, cuando fui en 1984, uno de los sambadores de Mangueira era amigo de un amigo, y ese año había ganado la escola entonces hicieron una fiesta ahí, y me llevó. Así conocí la favela de Mangueira. 

S.S.: Es una de las más grandes, aunque la más famosa es la Rosinha. Los sectores de la cultura, como Chico Buarque se declara fanático de la escola do samba de Mangueira.

M.H.: Cada escola tiene su torcida. 

S.S.: Sí. Mangueira sufrió cuando fueron las Olimpíadas y el Mundial de fútbol, que fue en el Maracaná, como se necesitaba más playa de estacionamiento y más servicios para el Maracaná que está muy próximo a Mangueira le serrucharon una parte a la favela y su gente fue desparramada por zonas que no recibían condiciones de habitabilidad. Fue hecho muy compulsivamente y comenzó inclusive en la época que gobernaba Lula. Hubo resistencias y movilizaciones que fueron bastante violentamente reprimidas por la policía, se oponían a la realización del Mundial y las Olimpíadas a cuenta de desalojar a la gente.

El desalojo siempre ha sido un método para aquellos que tienen el poder ante los más pobres. Para los cuales no existe la ley. Esto puede causar alguna reminiscencia a lo que fue la política de Cacciatore en la Ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura. Que “erradicó”, barrió y arrasó con las villas en la Ciudad.

M.H.: O el general Bussi que directamente las tapió en Tucumán. 

S.S.: Cacciatore subió a la gente en camiones y las dejó en descampados en el Gran Buenos Aires.

M.H.: Durante muchos años di clases en el Bachillerato Popular Darío Santillán en la Villa 21-24 de Barracas, y ahí tuve la oportunidad de conocer la historia del barrio a través de un trabajo que hicieron los chicos del CENS. La 21-24 fue completamente desalojada durante la dictadura. 

S.S.: Bueno, en la Villa 31 de Retiro quedaron muy pocas casillas a partir del recurso de amparo que presentaron abogados, una abogada que en ese momento era mi compañera y otro abogado que lograron que la justicia impidiera el desalojo de muy pocas casillas, en ese momento eran 20, la mayoría fueron desalojados. Cacciatore lo que hacía era tirarles los contenedores encima. Y a partir de que se frenó ese desalojo la Villa poco a poco se fue reconstruyendo.

M.H.: ¿En qué año fue esto? 

S.S.: En 1977 en plena dictadura. Hay un tema de Spinetta sobre la Villa del Bajo Belgrano que Cacciatore también desalojó, esa Villa desapareció por completo, nunca más se volvió a construir. Ahora hay viviendas de alta gama.

En general los desalojos compulsivos y más rápidos se producen en terrenos que tienen precio alto para el mercado inmobiliario. Aquellos que se construyen sobre basurales o zonas inundables son más “tolerables” por decirlo de alguna manera. Aquellas que no tienen valor comercial al menos en lo inmediato, lo que sucede es que la Ciudad crece y lo que hoy aparece como bajo valor, en algún momento descartado para el mercado inmobiliario, a medida que la Ciudad crece o que el Estado va construyendo servicios, ese suelo aumenta el precio y también la presión por el desalojo.

M.H.: Que es lo que pasa precisamente con la Villa 31, que está interrumpiendo el corredor de la costa. Y la otra que también cumple el mismo rol es la Rodrigo Bueno. 

S.S.: Claro porque está al lado de las tierras que fueron fraudulentamente adquiridas de lo que fue la Ciudad deportiva de Boca. Que tiene un proyecto que se llama “Santa María de los Buenos Aires”. El Estado siempre ha sido muy generoso con los grandes operadores inmobiliarios para cederles tierra a cambio de dinero y entregar tierra pública, que nos pertenece a todos, que se ha valorizado social y culturalmente con infraestructura que todos pagamos.

El derecho constitucional a la vivienda pocas veces se cumple 

M.H.: Yo quiero cuestionar también esta idea de sentido común de la propiedad privada que tanto se ha instalado en nuestros días. Porque hay que recordar que la propiedad de la tierra en América Latina no era privada, era comunitaria. Incluso hoy en día tenemos varios conflictos en el territorio nacional con nuestros pueblos originarios por ese motivo. 

S.S.: Ese es un tema que recorre toda América Latina, sobre todo en el área extractivista. Son pueblos originarios o trabajadores de la tierra cuyas familias han vividos siglos ahí, son desalojados compulsivamente, como en este caso se pretende con Guernica u otras tomas de tierra, para garantizar la explotación del subsuelo por parte de grandes compañías internacionales.

También el Estado es muy flexible, y en realidad actúa como punta de lanza, le ofrece el poder de policía a aquellas multinacionales que no lo tienen y en algunos casos también tienen el poder de policía ellos.

M.H.: Lo tratamos hace poco con Gustavo Lahoud referido al empresario inglés Lewis en el sur, que no solo tiene una policía privada, sino además el apoyo de la Prefectura en el último intento de llegar al Lago Escondido y de la propia policía provincial rionegrina. 

S.S.: La historia de los grupos es muy conocida en Brasil también, hay una película que se llama “Antonio Das Mortes” de Glauber Rocha. Siempre hubo estos grupos paramilitares, que actúan abiertamente como sucede ahora en Colombia y en otros lugares de Centroamérica.

Sobre lo que sucedió y sucede aquí en la Patagonia, Osvaldo Bayer escribió mucho y muy bien sobre el tema, donde los grandes estancieros utilizaban cazadores para desplazar a los habitantes originarios y les pagaban por orejas. Hoy utilizan otros métodos, pero el contenido es parecido.

El suelo no es un bien producido, no es un producto de la riqueza generada por el hombre, ni siquiera le cabe el concepto de meritocracia. El suelo no es producido por nadie, por eso no tiene valor, tiene precio, pero no valor. El suelo siempre es apropiado sobre la base del dinero. No es una mercancía común, porque es un bien limitado, no se reproduce y en cuanto más crece la ciudad lo que aumenta es su precio. Con lo cual es un bien que básicamente especulativo. Muchas veces he comentado este ejemplo. Si voy a un terreno y dejo ahí un millón de dólares durante un tiempo, cuando vuelva va a seguir habiendo un millón de dólares. Es el trabajo humano sobre ese terreno el que le da cierto valor. Cuando no hay trabajo humano en ese terreno el precio tiene que ver con todo lo que se construye alrededor. La estructura, la vida social, cultural, etc. Esos fenómenos que después derivan en otro proceso como la gentrificación son muy claros.

Lo que quiero señalar es que la idea de que hay un Estado mediador está en crisis, porque en realidad todo lo que está haciendo es desalojando, y el desalojo es una manera de encubrir el problema, porque está trasladando a la gente generando más parias urbanos. Además, justamente ahora en la provincia de Buenos Aires hay un ministro de Seguridad que no es Patricia Bullrrich pero que se parece mucho. De hecho, hay un spot suyo en el que se vanagloria en el corto período que está en la provincia de haber desarmado 800 tomas y metido presa a más de 500 personas. Lo cual se contradice bastante con algunas declaraciones del gobierno actual en las que se habla de justicia social, derechos, etc.

Me parece que empieza a ser cada vez más incompatible ese discurso con las realidades que se van planteando sobre todo para aquéllos con más niveles de urgencias. Hay que esclarecer este problema y reivindicar el derecho a la vivienda que dice la Constitución e innumerables declaraciones internacionales pero que pocas veces se cumple. Lo que sí se cumple es la judicialización de estos procesos y el desalojo compulsivo, con lo cual los derechos escritos si no se cumplen de poco sirven.

Fuente: https://rebelion.org/el-techo-para-vivir-no-es-una-opcion-no-es-una-eleccion-es-una-necesidad-prioritaria/
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Asociación colombiana de economistas negras: «Lo que queremos es darle poder a la gente; a las mujeres negras»

La economía puede leerse como una herramienta de construcción al servicio de comunidades y personas, si se entiende, interpreta y analiza a la luz de la clase, el género y la raza. A partir de aquí nace la propuesta de la Asociación Colombiana de Economistas Negras por una economía descolonizada.

Según información recopilada del censo nacional de 2018 y publicada por la Asociación Colombiana de Economistas Negras, en Colombia existen 1 millón y medio de mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, de las cuales solo el 43,4% estuvieron ocupadas durante ese año. De igual manera, las mujeres negras solo representan el 0,4% de las personas matriculadas en la educación superior, y su promedio de ingreso supera por poco los 700 mil pesos mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente en el país ($877.803).

“La Asociación nace a raíz de la necesidad principalmente de compartir la invisibilidad estadística que hay actualmente sobre los grupos étnicos y principalmente sobre las mujeres negras afrocolombianas. Aunque muchos documentos, muchas relatorías de organismos internacionales han sugerido que Colombia debe avanzar en la desagregación de sus estadísticas por grupos étnicos para mejorar las políticas públicas con un enfoque diferencial que se realiza, para conocer la situación real y actual de los grupos étnicos y mejorarla, realmente los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no son suficientes”, afirmó Ana María Valencia, integrante de la Asociación Colombiana de Economistas Negras.

La Asociación se declara abierta y participativa y está conformada por mujeres que evalúan de manera crítica las formas a través de las cuales se ha estudiado y ejecutado la economía en el mundo, a partir de la visión del hombre blanco privilegiado. Frente a esto Valencia afirma que “nosotras creemos en la economía como una herramienta al servicio de las comunidades y personas. Para eso, toca descolonizarla, entender una economía desde nosotras, mujeres históricamente discriminadas”.

Así, se concibe la economía como una herramienta que puede contribuir a la apropiación y el empoderamiento de las comunidades, con el fin de “enfrentarse a un Estado que es tecnocráta, un Estado donde sus funcionarios se ufanan de un conocimiento técnico que en ocasiones los representantes de las organizaciones de los Consejos Comunitarios no tienen. La Asociación quiere contribuir con esas herramientas analíticas, metodológicas, consensuales de proyectos de ley, de iniciativas, de temas presupuestales, para que la gente negra organizada tenga mejores herramientas para discutir sus derechos y las garantías de sus derechos con el Estado”, enfatiza Ana María Valencia.

Una de sus propuestas consiste en el contraste de las fuentes que exponen este tema; “evaluar lo que han dicho otras instituciones, investigaciones, lo que nosotros decimos también. Es importante para cuestionar esas cifras, para ponerlas a hablar entre ellas, pero también con la realidad. Por ejemplo cuando el gestor de Departamento Nacional de Planeación -DNP- nos dice que una persona que tiene $250.000 al mes ya hace parte de la clase media. Nosotras tenemos que ir a los documentos a las fuentes de las que se están pegando esos funcionarios para salir con esas teorías (…) Es difícil con entidades oficiales porque esos son los indicadores que se tienen en cuenta para tomar decisiones en el país, pero nuestra tarea es desnudarlos, es primero: darle la información a la gente para que no piense que esa es la última palabra, y segundo: que se sepa que se puede exigir y contribuir a la generación de información”

La mirada crítica que proponen también se puede aplicar a los modelos de crecimiento y desarrollo, cuestionando la visión que ubica a la comunidad y al territorio como elementos lucrativos, “pero que va en detrimento de las cosmogonía y cosmovisión de las comunidades negras. Nosotras como economistas también queremos desarrollo en los territorios afro, pero un desarrollo que sea consultado, que vaya en la misma vía con lo que nosotros pensamos que es el buen vivir y el bienestar”.

En concreto su propuesta busca analizar y ejercer la economía desde una perspectiva de género y de raza que parte de reconocer las dinámicas de poder, basadas en el racismo y género en Colombia.

La Asociación, cuya inauguración fue el pasado 25 de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, se propone crear acciones enfocadas en la “información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas del pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras”. Esta declaración incluye además un horizonte de valores y principios orientados hacia las garantías de Derechos Humanos y la autodeterminación como derecho colectivo de las comunidades negras.

Por lo pronto, la Asociación Colombiana de Economistas Negras resume su objetivo en «contribuir a que las organizaciones del pueblo negro y de las mujeres en particular puedan tener herramientas para la exigibilidad de los derechos, pero además para que la economía deje de ser ese pedestal de gente que habla cosas que las personas no entienden. Queremos que la economía sea algo cercano, sea visto como una herramienta útil que se pueda entender de forma sencilla y para que no nos metan los dedos a la boca. En últimas lo que queremos con la Asociación es darle poder a la gente, darle poder a las mujeres negras”. 

Fuente: https://www.colombiainforma.info/entrevista-lo-que-queremos-es-darle-poder-a-la-gente-a-las-mujeres-negras/

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CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19

Por: CLADE.

En comunicado público, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.

“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.

El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.

A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

>> Nota de la CLADE completa.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/clade-repudio-a-las-actuales-politicas-del-gobierno-brasileno-ante-la-pandemia-covid-19/

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Libro(PDF): «Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina»

Reseña: CLACSO

Las ponencias reunidas en este volumen reflejan la vivacidad y diversidad de un debate que aún está por darse en América Latina y el Caribe. Las razones de este retardo son fácilmente identificables: se trata de una de las tantas consecuencias negativas que el triunfo del «pensamiento único» ha tenido en esta parte del mundo. Debido a ello, temáticas como las de la pobreza, la desigualdad social y la inequidad fueron interpretadas en clave crudamente economicista y al interior de un campo teórico –el de la economía neoclásica y su expresión en la política económica, el así llamado «Consenso de Washington»– que impidieron su adecuada comprensión. La proliferación de trabajos inspirados en esta orientación intelectual y política llegó en algunos casos a extremos lindantes con el grotesco. Por ejemplo, proponer políticas altamente focalizadas, destinadas a grupos muy específicamente recortados de la población general, los llamados «targets», haciendo caso omiso del hecho que más de la mitad de la población de nuestro continente se encuentra afectado por la pobreza. Tales políticas pueden ser racionales y efectivas en países del capitalismo desarrollado (¡cosa que aún estaría por verse, de todos modos!) pero constituyen un lamentable consejo para situaciones como las que prevalecen en nuestros países. La famosa «trickle down theory» ha demostrado ser un bello cuento de hadas sin ningún asidero en la realidad. Pensar en que los mecanismos del mercado se harán cargo de atenuar –no hablemos de suprimir– la pobreza es desconocer la experiencia histórica de los capitalismos desarrollados en donde ésta fue considerablemente reducida gracias a la acción de las políticas gubernamentales. Mal que le pese al «pensamiento único» fue el estado y no el mercado quien hizo posible una sociedad menos injusta en el mundo industrializado. Ignorar tan elemental enseñanza sólo puede ocasionar más sufrimientos para nuestras sociedades.

Autor (a):  Alicia Ziccardi. [Compiladora]

Paulette Dieterlen. Sara Gordon. Elina Mecle Armiñana. Miguel Bazdresch Parada. Alicia Ziccardi. Francisco Verdera V.. Alicia Puyana Mutis. Fernando Cortés. Vanina Salles. Rosa María Rubalcava. Laura Golbert. Emilio Duhau. Carmen Midaglia. Pedro Robert. Sergio Raúl Llari. Beatriz Schmukler. Renato Duarte. Judith Villavicencio B.. Pedro Hernández Santiago. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO.

Año de publicación: 2001

País (es): Argentina.

Idioma: Español.

ISBN: 950-9231-57-6

Descarga: Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=233&pageNum_rs_libros=125&totalRows_rs_libros=1392

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Tensiones internacionales, pandemia y efectos previsibles

Por: Marcos Silva Martínez C.

La Pandemia  del COVID19, se convierte en catalizador de cambios geopolíticos y socioeconómicos. Las inquietudes  no deben ser, por si ocurrirán o no, sino, cuán profundos serán y cómo serán afrontados.

Es inevitable el desencadenamiento de una profunda  encrucijada socioeconómica y geopolítica global, que catapultará la inequidad socioeconómica y las tensiones políticas internacionales. Son previsibles  resultados inevitables que generarán redefiniciones del  actual orden geopolítico y económico internacional. “…Hay ya silbos de llama en la braza”… (El S. de Las Escalinatas).

La imprevisible pandemia y sus  efectos sanitarios, económicos y sociales, agudizarán la crisis económica y política internacional y  dinamizarán las crecientes tensiones  por el dominio del poder económico y político global, inducido y dinamizado por la incontrolable globalización del conocimiento científico y técnico y el mercado.

Es una realidad, que esta ocasionando  desplazamiento, diversificación y relocalizando de los centros de producción en el planeta y que  inevitablemente redefinirá un nuevo reparto del poder geopolítico. Los efectos y consecuencias de la pandemia sirven de catalizadores.

La encrucijada sanitaria y letalidad evidente, develan inconsistencias, debilidades e injustificable inequidad  del modelo socioeconómico-político global dominante. Desnudan  inconsistencias de la economía de mercado y consumo. Demuestran que la producción y el consumo, demandan condiciones mínimas para sustentarse y mantenerse en el tiempo  y que la acumulación  de riqueza e ingresos, deben articularse racionalmente con los derechos sociales y la dignidad humana.

No son pocos los gobernantes que explícita o sesgadamente tratan de evitar decisiones y acciones para prevenir  y atacar la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos, con el único argumento de no afectar el proceso  productivo  y proteger la economía y los intereses de los gremios económicos y el capital.

Contumaz   la posición del  psicópata, sociópata, narcisista, mitómano, ignorante y perverso  presidente de Estados Unidos, quien actúa con el beneplácito de la ultraderecha, dueña de más del 90% de la riqueza y los ingresos de esa nación.

Desafortunadamente se advierten posiciones parecidas a las del gringo, de  gobernantes de países emergentes y en desarrollo, como ocurre en Colombia. El jefe de gobierno, se manifestó renuente y vacilante a tomar medidas de fondo para proteger la salud de los colombianos, bajo socorridos e irracionales argumentos, de empresarios y gremios económicos colombianos.

La  primera cuarentena la decretó ante la inminencia de un fallo de Tutela de un Tribual  Judicial regional, sobre protección de la salud, frente a los efectos del COVID19. Igual ocurrió con la prórroga de la cuarentena, frente a la posición de la Alcaldesa de Bogotá. Es explicable en él, porque representa incondicionalmente  a los grandes empresarios y a los gremios económicos,  por encima de los intereses legítimos de los colombianos.

La amenaza de la encrucijada socioeconómico colombiana,  es dramática, debido al torrente de gastos que origina la pandemia y a que Colombia, en la región latinoamericana, es la más inequitativa y sexta en el planeta. Tiene  la mayor concentración del ingreso y la riqueza. Mayores índices de desempleo y subempleo (más del 65% antes del COVID 19). Un  desempeño económico-industrial desastroso. Presupuestos  desfinanciados sistemáticamente. Desproporcionada  importación de alimentos que se pueden producir en el país, etc.  El  endeudamiento público  ya supera el 100% del PIB, aunque el gobierno diga otra cosa (deuda externa e interna públicas, vigencias futuras, billonarias demandas contra el estado, deuda contingente y el cáncer de la corrupción).

A  este catastrófico panorama socioeconómico y fiscal, se debe agregar el accionar de los carteles de la corrupción y la politiquería, que explotan  para su particular favor, hasta los mismos efectos de la pandemia.

La corrupción es la pandemia  que crece exuberante, sin control, ante la inoperancia cómplice  del gobierno, de la justicia,  órganos de control, el populismo y la politiquería.

La problemática, económica, social y política colombiana, guardadas algunas proporciones, es similar a la de todos los países en desarrollo, dominados por el mismo modelo económico-político, impuesto desde los mismos centros de poder global.

Las vicisitudes que tienen que afrontar, la mayoría de naciones, para responder a la amenaza del fenómeno de la pandemia, evidencian el nivel de rezago en desarrollo nacional integral y la necesidad de procurar autosuficiencia, al menos en sectores estratégicos, que permitan responder oportunamente las necesidades de abastecimiento básico, de la comunidad. De igual manera demuestran la necesidad de romper, el incondicional sistema de dependencia de naciones de altos niveles de desarrollo y poder lograr autosuficiencia en  abastecimiento y desarrollo de sectores básicos de la producción.

La pandemia del COVID19 demanda cuantiosas  sumas de dinero, para poder    apoyar económicamente a multitudes desposeídas de bienes,  medios de subsistencia y trabajo, con  condiciones  de pobreza generadas por el modelo socioeconómico y político vigente. Son hechos y circunstancias que agudizan la problemática socioeconómica nacional de naciones, pero que los gobiernos  deben atender, ante la arremetida de la pandemia y los altos porcentajes de pobreza.

Es pertinente advertir  que junto a la retórica del manejo de la pandemia,  el presidente colombiano puede utilizar  la problemática sanitaria, para  tender cortinas de humo sobre los develados hechos de corrupción de su elección y últimamente  los que presuntamente relacionan a su Vicepresidenta con negocios con  Memo Fantasma y el narcotráfico.

El poder público en Colombia, hace tiempos alcanzó niveles de corrupción e inmoralidad, difícil de revertir, ante el poder de la politiquería, el clientelismo,  la corrupción, la  obsesión del dinero fácil y la actitud de electores de voluble memoria y voluntad incierta, condiciones que difieren poco  en otras naciones de la región.

Las deplorables  condiciones socioeconómicas, fiscales, institucionales, políticas y de degradación moral del poder público, demandan rectificaciones profundas del modelo económico-político institucional, que permitan reconstruir, reorientar e impulsar positivamente los destinos de las naciones y la justicia social.

Ante las desfavorables perspectivas socioeconómicas y políticas que gravitan sobre el planeta y en particular sobre las naciones de menor desarrollo y mayor dependencia de los centros de poder globales, debemos prepararnos para los cambios que inevitablemente se darán, como consecuencia de los efectos y coyuntura inducida por la pandemia.

Los ciudadanos honestos y socialmente responsables, conocedores de la dramática problemática nacional, debemos  intervenir, plantear soluciones para el mediano y largo plazo y prepararnos  para asumir la dirección y conducción del poder público y evitar la continuidad en el ejercicio de ese poder público, por quienes han demostrado ser incapaces e irresponsables política y socialmente.

Fuente: https://rebelion.org/tensiones-internacionales-pandemia-y-efectos-previsibles/

Imagen: https://pixabay.com/photos/stock-trading-monitor-business-1863880/

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