La CTERA dijo que la adhesión fue del 90% y que continuarán los reclamos con nuevas acciones.
Los gremios docentes realizaron un paro nacional con movilizaciones en distintas partes del país contra las políticas del gobierno de Javier Milei y las administraciones provinciales. El acto central se llevó adelante frente al Congreso de la Nación, donde confluyeron los principales sindicatos del sector, mientras que en distintas provincias también se destacaron grandes concentraciones, marchas y otras actividades para visibilizar el reclamo.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dejaron en claro que la jornada tuvo una adhesión del 90% a nivel nacional y que la lucha continuará con nuevas acciones.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, denunció el desfinanciamiento del sistema educativo y apuntó contra la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la paritaria nacional y los recortes en presupuesto para comedores escolares y programas de conectividad. “¡Nos quieren de rodillas! ¡Quieren que no haya paritaria nacional docente! ¡Quieren que no haya presupuesto para la educación! ¡Quieren que no haya comedor y copa de leche para nuestros pibes y para nuestras pibas! ¡Quieren que no haya FONID, que no haya conectividad!”, expresó.
Alesso anuncio de continuidad del conflicto. “Por eso, hoy, continuamos el plan de lucha que venimos haciendo en el país, en todas las provincias. ¡Esta continuidad no termina acá! ¡Vamos a construir el Frente Nacional Educativo en todo el país! ¡Con carpas, clases públicas, movilizaciones, debate con la sociedad! ¡Y vamos a seguir el plan de lucha hasta que retrocedan las políticas de ajuste!”, afirmó.
Los docentes y trabajadores de la educación no solo rechazan el ajuste salarial, sino también que insisten en la necesidad de inversión y más presupuesto para la educación pública, que viene siendo desfinanciada por el gobierno de La Libertad Avanza.
Bajo el anuncio del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se instala una política que no viene acompañada de recursos adicionales ni de fortalecimiento de equipos de apoyo, pero sí de nuevas obligaciones de fiscalización y control dentro del aula. En vez de asumir estructuralmente la falta de financiamiento, la sobrecarga laboral y la carencia de profesionales en los establecimientos, el ministerio opta por una señal normativa que, en la práctica, recae sobre quienes ya sostienen el sistema en condiciones precarias.
Por: Teresa Melipal/Santiago de Chile
La entrada en vigencia de la Ley 21.801, publicada en el Diario Oficial y que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales desde el inicio del año escolar 2026, marca un nuevo capítulo en la gestión educativa del país. A través del lanzamiento de la campaña gubernamental “Modo Aula”, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo ha defendido esta normativa como un intento por “fortalecer la convivencia, el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología”.
Pero más allá del discurso oficial, la medida se implementa en un sistema educativo asfixiado presupuestariamente y con una sobrecarga laboral creciente para las y los docentes.
El Partido Comunista y la administración del modelo
No es un dato menor que Cataldo sea militante del Partido Comunista de Chile. Un partido que históricamente levantó banderas contra la mercantilización de la educación hoy administra, desde el ministerio, el mismo modelo de financiamiento vía subvención por asistencia heredado de la dictadura.
El actual gobierno decidió no tocar el corazón del sistema: la lógica de que los recursos dependen de la matrícula y la asistencia. Es decir, si un establecimiento “no tiene buena matrícula, no hay plata”. Este esquema, impuesto en los años 80, fue mantenido por los gobiernos de la ex Concertación, de la derecha y ahora también por una administración que se reivindica transformadora.
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se avanzó en reformas como la eliminación del copago y el Sistema de Admisión Escolar, pero el mecanismo central de financiamiento no fue modificado. Y hoy, bajo un ministerio encabezado por un dirigente comunista, tampoco.
La consecuencia es clara: faltan profesores, faltan psicólogos, trabajadores sociales, equipos de apoyo a la inclusión. Mientras tanto, se imponen nuevas exigencias y regulaciones.
Más exigencias, menos recursos
En este marco, la Ley 21.801 amplía responsabilidades sin resolver carencias estructurales. La prohibición no solo alcanza a estudiantes: incluye a docentes, asistentes y directivos dentro de la sala de clases. Serán los propios profesores quienes deban fiscalizar el cumplimiento, modificar reglamentos internos y enfrentar los conflictos derivados de la medida.
Todo esto ocurre en un contexto de recortes y ajustes.
La creación de los Servicios Locales de Educación Pública fue presentada como el fin de la municipalización. Sin embargo, sin modificar el modelo de financiamiento, el cambio resulta más administrativo que estructural.
El caso del Servicio Local de Educación Pública Del Pino es ilustrativo: tras un primer año respetando las condiciones heredadas, ahora —en medio de una reducción presupuestaria asociada a la política de subvenciones— se proyecta el recorte de 5.000 horas docentes. Eso significa menos profesores, más estudiantes por sala y menor acompañamiento profesional.
¿Dónde queda la “prioridad por la educación pública” cuando se recortan horas en establecimientos que atienden principalmente a familias trabajadoras?
Entre la continuidad y la profundización del ajuste
El desfinanciamiento sostenido de la educación pública no comenzó con este gobierno, pero sí continúa bajo su administración. Y mientras tanto, la ultraderecha de José Antonio Kast ya anuncia que buscará profundizar esta orientación, avanzando aún más en la lógica de mercado.
La paradoja es que hoy es un ministro del Partido Comunista quien aplica políticas de ajuste indirecto al mantener intacto el sistema de subvención y al priorizar medidas de control antes que inversión estructural.
Control sin transformación
Se habla de recuperar la concentración y mejorar la convivencia, pero no se garantiza financiamiento basal suficiente, estabilidad laboral ni dotación adecuada de profesionales. Se exige educar en ciudadanía digital mientras se restringen herramientas y no se entregan recursos tecnológicos públicos suficientes.
La discusión de fondo no es solo sobre celulares. Es sobre quién paga la crisis de la educación pública y qué modelo la organiza.
Mientras no se rompa con el sistema de subvención por asistencia y no se garantice financiamiento estable, cualquier normativa —por bien intencionada que se presente— seguirá descargando la crisis sobre docentes y comunidades educativas.
Y eso no es un problema técnico. Es una decisión política.
Preparar la resistencia desde las comunidades educativas
Frente a este escenario de más control y menos presupuesto, la pregunta no puede ser solo cómo se implementa la ley, sino cómo respondemos colectivamente a un modelo que sigue deteriorando la educación pública.
Las y los profesores en Chile han sido protagonistas de una historia de lucha. Las y los docentes históricamente han salido a las calles contra la municipalización, por el fin del lucro, por el pago de la deuda histórica, por mejores condiciones laborales y por el derecho social a la educación. Si hoy la educación pública no está aún peor, es en gran medida gracias a esa organización y movilización sostenida desde abajo.
No se trata únicamente de defender nuestras condiciones de trabajo, que ya son precarias, sino también de defender el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes de familias trabajadoras que estudian en el sistema público. La educación pública importa, y mucho, en los barrios populares.
Por eso no podemos desentendernos del rol que históricamente que han jugado los docentes. Son parte de las comunidades educativas y somos, también, trabajadores que conocemos desde dentro las necesidades reales de nuestras escuelas y liceos. Son los primeros que debemos proteger las necesidades educativas de nuestras comunidades frente a recortes, sobrecarga laboral y políticas que eluden el problema estructural del financiamiento.
Preparar la resistencia no significa solo rechazar una ley puntual. Significa abrir espacios de deliberación en los establecimientos, fortalecer la organización docente, articularnos con asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, y exigir un financiamiento basal suficiente que rompa con la lógica de competencia por matrícula.
Porque si el ajuste continúa, y si sectores como la ultraderecha buscan profundizarlo, la defensa de la educación pública dependerá, una vez más, de la fuerza organizada de quienes la sostenemos día a día.
La crisis no la provocamos docentes ni estudiantes. Pero sí podemos ser quienes la enfrentemos colectivamente.
El magisterio rechaza los cambios al Cootad que imponen reglas fiscales rígidas y ponen en riesgo 1.900 empleos.
Docentes ecuatorianos marcharan este jueves en el centro de Quito para exigir el retiro de las reformas al Cootad que amenazan la educación municipal. Foto: Unión Nacional de Educadores.
La Unión de Educadores Municipales del Distrito Metropolitano de Quito (UEMDMQ) convocó a una movilización en defensa de la educación municipal para este jueves 19 de febrero de 2026, a las 17:00 hora local.
La movilización convocada bajo el lema “La Educación Municipal No Se Topa”, se realizará en el centro de la ciudad de Quito, capital de Ecuador, frente al Banco Central, y surge ante el debate final de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en la Asamblea Nacional, previsto para el viernes 20 de febrero.
El gremio denuncia que, bajo el argumento de la «eficiencia del gasto», el Ejecutivo pretende imponer una regla fiscal rígida para los Gobiernos seccionales con la que pueda desconocer una parte de la deuda que mantiene con los municipios y prefecturas, la cual asciende a cerca de 1.000 millones de dólares.
Esta norma obligaría a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar al menos el 70 por ciento de su presupuesto anual a inversión y obra pública, limitando el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30 por ciento. Esta meta debe alcanzarse progresivamente hasta el año 2029 para municipios y prefecturas, y hasta 2030 para las juntas parroquiales.
Los educadores advierten que esta reforma impactaría directamente en el financiamiento de la educación municipal. Asimismo, señalan que, de concretarse, representaría una asfixia para el funcionamiento del sistema, lo que podría derivar en el despido de aproximadamente 1.900 docentes,además de personal administrativo y de servicios. La medida afectaría a 112 instituciones educativas municipales, 1.927 profesores y 32.825 estudiantes.
Pichincha sería la provincia más golpeada, ya que concentra más del 30 por ciento de las instituciones municipales del país y el 62,4 por ciento de la planta docente nacional. Solo en esta región se registra el 55,8 por ciento de la matrícula estudiantil de este sistema, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito.
Los docentes defienden la autonomía de los Gobiernos seccionales para gestionar sus recursos según las necesidades reales de sus comunidades. Consideran que limitar el presupuesto para salarios es un atentado contra la calidad educativa y la estabilidad laboral del magisterio municipal.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su solidaridad con el magisterio municipal y las familias afectadas, anunciando su adhesión a la movilización. De igual modo, alertó que si se aprueba el Proyecto de Ley Reformatorio al Cootad, presentarán de inmediato una demanda de inconstitucionalidad.
La movilización de este jueves busca frenar una reforma que prioriza las metas fiscales del Ejecutivo sobre la inversión social. Los gobiernos locales coinciden en que la propuesta pone en riesgo proyectos fundamentales que no califican como «obra pública» tradicional. El magisterio ecuatoriano se mantiene en alerta permanente, exigiendo que no se sacrifique la educación de las mayorías para cubrir los baches financieros del Estado.
La convocatoria a paro nacional y movilización para este miércoles 11 en la docencia es muy importante. Y es clave asegurar la más amplia participación para rodear el Congreso con la docencia porteña y bonaerense, y la de todo el país en cada plaza y localidad.
Para sumar activamente a esta medida convocada esencialmente contra la reforma laboral esclavista, porque ataca todos los derechos conquistados con décadas de lucha y en particular ataca a la educación pública al declararla como un supuesto “servicio esencial” y no como un derecho humano y social que el Estado y los gobiernos deben garantizar con mayor presupuesto y salarios que cubran la canasta familiar. Porque si se aprueba esta contrarreforma, si la convierten en ley, nos impedirán volver a hacer un paro, abrazo, sentada, una asamblea o cualquier tipo de protesta educativa que afecte el dictado de clases.
Las dos CTA –la CTA Autónoma, que incluye a gremios estatales como ATE, junto a la CTA de Trabajadores con Yasky y Baradel, que está integrada por la CTERA-, llaman a paro nacional ese día. Justamente, desde una confluencia de sindicatos como ATE, Aceiteros o la UOM, definieron movilizar en Córdoba y Santa Fe, además de parar y movilizar el día que se trate la reforma laboral, cosa que será este miércoles 11. Solo la conducción Celeste de la CTERA, llamativamente, no ha convocado aún a parar y debemos seguir exigiéndolo.
Sí han llamado al paro y a movilizar este 11F gremios como SUTEBA con el FUDB, el Frente Docente Bonaerense que integran con la FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, con lo que más de un tercio de la docencia del país queda comprometida, pero se debe asegurar la más masiva participación. Al convocarlo, SUTEBA y el FUDB hablan de “paro nacional docente”, pero la dirigencia Celeste de la CTERA aún no lo convoca. Tampoco los gremios docentes nacionales de la CGT como la UDA o la CEA.
No a la reforma esclavista, por salario y mayor presupuesto
Desde la Coordinación Nacional Docente dejamos en claro no tener ninguna confianza en las burocracias sindicales y menos en los jerarcas de la CGT que responden al PJ y apenas llaman a una marcha aislada, negándose a llamar a un paro nacional y plan de lucha hasta derrotar todo el ajuste de Milei, el FMI y sus cómplices. Por eso, junto a exigirles que convocaran, definimos impulsar esa acción en todos los sindicatos donde sea posible parar, además de movilizar ese día.
Así lo decidimos con la UnTER en Río Negro y AdoSaC en Santa Cruz; en Tierra del Fuego, el Congreso de SUTEF votó hoy llamar a paro el 11 y también convocamos a paro y movilización desde Ademys en CABA. Además, lo habían votado las Seccionales combativas de ATEN en Neuquén y finalmente llamó a paro la conducción provincial, con movilización. Y se llama a parar y marchar el 11F en Jujuy desde el CEDEMS, como parte de una amplia unidad.
En Misiones, mantienen su acampe y convocan a movilizar ese día, lo mismo haremos desde la UEPC Capital en Córdoba, donde marcharemos en unidad con otros sectores y no resulta factible parar, ya que la docencia se reintegra el 19. Lo mismo en Chaco, donde el regreso será recién el 23 de febrero, por lo que el SITECH Federación con un amplio arco de sindicatos, convocan a movilizar este 11F.
En Entre Ríos, la Celeste no habla de paro diciendo que a las escuelas se retoma este jueves 12, aunque tampoco llaman a movilizar aún contra la reforma esclavista. En Santa Fe, como de costumbre, la burocracia Celeste se llena la boca de discursos “combativos”, pero solo llamaron a “participar” de la marcha de este martes 10 y no realizan asambleas desde el año pasado, todo lo definen por arriba.
En Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Formosa, Salta o Tucumán, las conducciones de los gremios de CTERA no han dicho palabra, lo que debilita la lucha. Por eso debemos exigirles que se pronuncien y convoquen, pero llamando a su vez a la docencia a parar, adhiriendo al paro nacional de las dos CTA y de ATE, lo que asegura toda cobertura gremial.
También luchamos por mayor presupuesto educativo y en rechazo de la miseria salarial que pagan los gobernadores, entre ellos Kicillof, que está ofertando un mísero 0.5% de “aumento” real, consolidando una fuerte pérdida salarial, luego de meses de salarios congelados. Por eso, justamente con la Multicolor, movilizamos el jueves pasado al ministerio de Trabajo en La Plata, contra un acuerdo salarial a la baja y a espaldas de la docencia.
Solidaridad con el Garrahan, unidad de todas las luchas
Aunque esta movilización y paro del miércoles 11 tienen un sentido claro: vamos al Congreso y a todas las plazas del país a enfrentar la nefasta ley de contrarreforma esclavista, el intento de atacar la Ley de Glaciares para beneficiar a las corporaciones mineras y de bajar la punibilidad de nuestras infancias a 12, 13 o 14 años.
A su vez, desde Alternativa Docente (ANCLA / MST en el FIT Unidad), fuimos parte del Cabildo Abierto realizado el viernes 4 en el hospital Garrahan y nos sumamos activamente a sus resoluciones. Por lo que impulsamos ser parte de la más amplia unidad en la diversidad y llamar a movilizar este miércoles en una potente columna independiente que parta desde el Garrahan. Para confluir en Congreso con un programa integral de lucha.
La defensa del Garrahan excede la solidaridad con trabajadores perseguidos y dirigentes como Norma Lezana a quien pretenden despedir por plantarse y torcerle el brazo a Milei y su ajuste. Es una trinchera clave donde ensayan la aplicación de esta reforma laboral regresiva y esclavista. Defender el Garrahan es defender derechos laborales, la salud pública y la organización colectiva. Con la docencia universitaria y demás sectores, debemos luchar también porque la educación sea causa nacional.
Sumate al 13 Encuentro Nacional el sábado 28
Por último, queremos invitar también a nuestro 13° Encuentro Educativo Nacional el sábado 28 desde las 10.30 h en CABA con delegaciones de todo el país, de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires y a la vez, con conexión virtual para quienes compartan esta convocatoria (ver notas aquí y aquí).
El 13° Encuentro Nacional Educativo será un espacio para que docentes, estudiantes de nivel terciario o universitario y trabajadores de la educación del país podamos encontrarnos, intercambiar experiencias y debatir colectivamente cómo defender la educación frente al ajuste, el privatismo y la precarización. En un contexto de salarios de miseria, escuelas deterioradas y políticas que atacan nuestros derechos, se vuelve imprescindible fortalecer la organización desde abajo y construir propuestas al servicio de las mayorías populares.
Por eso, desde Alternativa Docente, te invitamos a participar activamente el sábado 28, para compartir experiencias, fortalecer lazos y pensar colectivamente cómo transformamos la educación pública, pero según las necesidades del pueblo trabajador y no de los sectores privatistas, la Iglesia, el Banco Mundial, la OCDE y el FMI.
Será una jornada con seminarios y paneles, intercambio de ideas y un momento cultural para seguir construyendo una corriente educativa nacional, democrática, combativa, unitaria y amplia. Que sea independiente de los gobiernos y las conducciones burocráticas, pelee por unificar las luchas y aporte a la construcción de una verdadera alternativa para la educación y el conjunto de la clase trabajadora. Además de impulsar un No Inicio de clases nacional el 2 de marzo, con continuidad. Sumate.
En el marco del Día Mundial de la Educación, que se conmemoró el pasado 24 de enero, la doctora Alcira Ramírez, educadora e investigadora, dijo a Radio Fe y Alegría Noticiasque la vigencia del hecho educativo es la herramienta principal para que el país salga adelante.
A pesar de las tensiones estructurales que lo acechan, según ella, el recurso educativo sigue siendo una oportunidad en medio de un mundo complejo, entendiendo que todavía la educación es esperanza para Venezuela y el mundo.
Ramírez mencionó que a casi seis años del inicio de la pandemia de Covid-19, sus secuelas aún persisten en el sistema y advirtió que el rezago educativo es un fenómeno global, pero que en Venezuela se profundiza debido a crisis preexistentes.
“La recuperación del rezago puede durar entre dos y tres años. Las generaciones que vivieron la paralización de clases tendrán consecuencias marcadas en su vida. En Venezuela, esto se suma a problemas de infraestructura y condiciones docentes que ya arrastrábamos”, explicó la investigadora.
Educación técnica
Ramírez señaló que en el mercado laboral actual está más valorado las capacitaciones cortas y la educación técnica que los títulos universitarios tradicionales. Sin embargo, aclaró que la educación no debe verse solo como una fábrica de empleados para el sector empresarial.
“Ser competente no significa solo estar preparado para una empresa. Significa ser capaz de asumir roles sociales, ser voluntario, trabajar en una ONG o en la familia. Es hacerse competente para la vida”, enfatizó, rescatando el concepto de “saber ser” que promueve el modelo de educación popular.
Para la doctora Ramírez, el docente es el pilar que sostiene la esperanza, pero hoy enfrenta una realidad: una mística inquebrantable frente a una precarización extrema.
Retos del docente
Asimismo, destacó que los retos de la formación docente actual incluyen el cierre de la brecha digital, destacando que no basta con tener equipos, sino que se requiere acompañamiento humano.
También está el enfoque en habilidades blandas, que pueden lograrse fomentando el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la creatividad.
Y, por último, mencionó la atención a la diversidad, formar maestros capaces de atender realidades como la migración y las discapacidades en el aula de clase.
Finalmente, la investigadora recordó que la escuela no es una isla.
Un llamado urgente
Ramírez hizo un llamado urgente al Estado venezolano para atender la infraestructura (con un 70% en condiciones precarias) y haciendo énfasis en la precarización de los salarios, de la incluso social y de la falta de matrícula que también tiene que ver con la falta de valorización del docente.
“En el imaginario, el docente es quien prepara el futuro, pero en la práctica es poco valorado. No podemos hablar de educación si no hablamos de los problemas sociales que la impactan. El Estado debe facilitar la labor docente y entender el contexto de supervivencia de las familias”, concluyó.
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió este jueves la liberación de todos los presos políticos en el país y el «cese de la persecución», en momentos en que se esperan nuevas excarcelaciones tras el anuncio hace una semana sobre la liberación de un «número importante de personas».
POR EFE
En un comunicado con motivo del Día nacional del Maestro, la organización hizo un llamado a «la paz de Venezuela, al respeto irrestricto de la libertad sindical», a «la libertad de todos los educadores, dirigentes sindicales y demás presos políticos y a la unidad de todos los educadores en la defensa de sus derechos y de la escuela como espacio de libertad y democracia».
La FVM pidió también «seguir luchando por una educación pública de calidad, por la justicia social de los docentes, por salarios dignos, seguridad social y una mejor calidad de vida, así como por el cese de la persecución, el acoso laboral y las suspensiones de sueldos».
A propósito también de su aniversario número 94, la federación aseguró que mantiene «una actitud de defensa vigilante del sistema democrático y de sus instituciones».
«Ningún cambio ni ninguna transformación puede darse en un país si no se toma en cuenta a la educación y sus actores fundamentales», aseveró.
La nación suramericana vive momentos de incertidumbre luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.
Dos días después, la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia.
En ese contexto, el titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunció hace una semana la liberación de «número importante de personas».
Este miércoles, la mandataria encargada informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos.
Por su parte, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, contabilizaba hasta el miércoles 84 excarcelados desde el pasado 8 de enero y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cifraba en 102 los liberados.
El chavismo convocó este jueves a los maestros a una movilización en Caracas.
El Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), a través de su vocero Humberto Montero, manifestó que los gremios docentes deben formar parte activa del proceso de elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación anunciada por el presidente de la República, y no limitarse a un rol consultivo sin incidencia real en el contenido final de la norma.
Montero reaccionó al mensaje presidencial en el que se informó que el Ejecutivo presentará una nueva legislación que sustituirá la Ley 47 de 1946, al considerar que la actual normativa está desactualizada, parchada y con más de 80 años de vigencia, y que será reemplazada por una ley enfocada en una educación moderna del siglo XXI y orientada a resultados.
Frente a este anuncio, el dirigente magisterial sostuvo que los educadores están preparados para aportar y cuentan con propuestas técnicas para atender los problemas estructurales del sistema educativo, siempre que se les permita participar desde la etapa de diseño y redacción.
“Cambiar la ley es necesario, pero debe hacerse de manera integral y con observaciones de quienes conocemos de forma y de fondo la realidad del sistema educativo: los educadores”, afirmó.
Participación real no simbólica
Montero subrayó que el llamado al diálogo anunciado por el presidente debe traducirse en mesas de trabajo con poder real de decisión, donde las propuestas de los gremios docentes sean incorporadas al borrador de la nueva ley.
Indicó que, según lo expresado por el mandatario, el proceso no se hará por presiones políticas ni gremiales, sino para buscar soluciones y actualizar el marco legal sin privilegios, lo que a su juicio coincide con la postura de los educadores, quienes han presentado propuestas de mejora durante años sin ser tomadas en cuenta.
Aportes en lo administrativo y académico
El vocero de Frenei señaló que los educadores pueden aportar tanto en el plano administrativo como en el académico.
En el ámbito administrativo, indicó que es necesario agilizar los procesos para enfrentar con eficiencia los problemas del sistema y garantizar una correcta administración de los recursos públicos.
En el plano académico, insistió en la urgencia de actualizar contenidos que están desfasados, recordando que no es posible aspirar a mejores resultados en pruebas internacionales sin una revisión profunda del currículo.
“Si queremos participar en evaluaciones como PISA, el primer paso es modificar los contenidos que ya no responden a la realidad actual”, sostuvo
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