Educación Pública

«La crisis de la educación pública hay que enfrentarla desde cimientos más radicales que los que ofrece nuestro tiempo, pero también sobre condiciones materiales más adecuadas. La acogida de la demanda por una educación no sexista debiese apuntar hacia el cuestionamiento de la existencia de la educación particular pagada, y también de la particular financiada con fondos públicos (hoy mayoría del sistema)».

Por: Ivan Salinas.

Asumiendo el ejercicio mental el ideal liberal de que todos somos iguales ante la ley, se vería muy injusto que un individuo tuviere más privilegios que otro cuando se enfrenta a la institucionalidad, al derecho. De allí que lo público, lo que se ajusta al contrato social que asume tal “igualdad ante la ley” tenga que ser enjuiciado por el incumplimiento de tal ideal.

Una niña de 11 años envió una carta a la Presidenta de la República pidiendo entrar al Instituto Nacional. Lo hace con la racionalidad obvia de quien siente vulnerado un derecho: el derecho a recibir la educación que reciben los estudiantes del Instituto Nacional, que son individuos con pene, con más de 200 años de tradición de ser educados así, entre otros que igualmente tienen pene. Esa gran diferencia biológica es inaceptable como excusa para negar el derecho, y abre un flanco muy necesario de debate sobre la posibilidad de pensar una educación pública inclusiva, y no sexista. Bien por el debate, y ojalá que se profundice.

La izquierda criolla actual, como es razonable y esperable, ha actuado condenando la segregación por género. Es una demanda de años, pero que ha adquirido más notoriedad a partir de los movimientos estudiantiles del 2006 y gracias al incansable y crecientemente organizado movimiento feminista chileno. Sin embargo, en todo esto hay una precaución que debe tomarse, y debe tomarse en serio si es que se buscan cambios serios.

Una pregunta de fondo que debemos hacernos sobre el espacio escolar es sobre su sentido de inclusión social. Por diseño, en Chile sabemos que las escuelas más que inclusión social lo que hacen es separar socialmente a quienes en ellas ingresan. El prolífico filósofo educativo John Dewey solía decir que la escuela no es un lugar en el que se prepara para la vida, sino más bien es la vida misma. Y hoy en Chile esa certeza filosófica tiene una profunda expresión material: niñas y niños pasan muchísimo tiempo en la escuela, donde comparten, hacen sus amigas y amigos, aprenden lo que les enseñan y lo que no les enseñan, y generan sus relaciones y afectos de largo plazo. Una escuela segregada es una receta para crear comunidades segregadas, y en Chile esas comunidades se definen por la plata que tiene tu familia (o cualquier otro marcador social que quepa en la nueva legalidad del voucher refundado de la Nueva Mayoría).

Hace unos años salió un estudio que hizo el mismo diario que publicó la carta de la niña que quiere entrar al Instituto Nacional. El estudio decía que la mayoría de los gerentes en Chile había egresado de colegios privados. No se trataba de una mayoría relativa: el 84% de los gerentes de las empresas que venden más de US$80 millones por año eran egresados de colegios privados. La otra cifra: el 50% de los gerentes había egresado de solo cinco colegios privados donde la mensualidad supera el sueldo mínimo: El Verbo Divino, Sagrados Corazones de Manquehue, Saint George, San Ignacio, y Tabancura. El primero es, por cierto, católico y sexista. De esta lista también egresan una gran cantidad de políticos actuales, según la misma fuente. Si asumimos la noción Deweyana de que la escuela es la vida, podemos asumir que la política y los negocios en Chile están controlados por un mismo sector social que crece segregado y separado de la educación pública. El sexismo en esta segregación es rampante en la educación a la cual el Estado no puede intervenir pero de la cual egresan sus dirigentes políticos. Bonito corolario de la “libertad de enseñanza”: que viva para el poder, que se norme para el resto.

Que la educación pública hoy represente el 38% de la matrícula escolar también representa una limitación al Estado y su capacidad de hacer realidad modificaciones ultra necesarias en la inclusión social de grupos históricamente oprimidos. Si a los 11 años una niña escribiera a la presidenta queriendo entrar al Verbo Divino, acusando la extremadamente evidente desigualdad que no solo se debe al sexo, sino también a la cuna, quizá estaríamos hablando de otro conflicto: uno inexistente y sin posibilidad de expresión mediática. Pero como ocurre con el baluarte de la educación pública, un liceo emblemático, la cosa toma otro cariz. El liberalismo del “buen sentir” se toma la palabra y se une a una izquierda que se lanza, idealista como el liberalismo mismo, a “normar” el deber ser de esa educación pública, una que quizá no han vivido. Allí está la trampa de asumir como imposición una demanda que debiese surgir desde la organización de sus actores centrales: la comunidad escolar.

Pero hay limitaciones obvia a las capacidades actuales de las comunidades escolares en la educación pública. El abandono sostenido de parte de gobierno tras gobierno, la precarización de sus docentes (puestos hoy a competir entre ellos y con colegios desde donde salen los gerentes de Chile), su financiamiento-voucher(o continuo desangramiento del Estado hacia los privados), el despojo del profesionalismo pedagógico (a través de su formación entregada al mercado, la constante responsabilización de la calidad educativa, y la externalización privada de la mejora escolar mediante asesorías técnicas educativas), se cuentan entre las limitantes estructurales para el desarrollo de capacidades en la comunidad escolar. Nuestra educación pública debe reconstruirse, de eso no hay duda. La izquierda está llamada a contribuir a esa reconstrucción. Pero para eso, es relevante tomar en su peso el contexto histórico y las posibilidades de desarrollo y éxito de una demanda tan racional y necesaria como la educación no sexista.

El sexismo en la educación pública tiene que acabarse. Pero para eso no es necesario poner al Instituto Nacional o los liceos emblemáticos como blanco. Las balas de los enemigos de la educación pública disparan contra tales blancos, generando una onda expansiva difícil de detener cuando la izquierda se asume tras esas balas. Lo que necesitamos es educación pública en serio, fortalecida, bien financiada, que permita que los proyectos educativos acojan demandas de educación integral, no sexista, con modernización y sentido, en comunidad y en colaboración. No queremos más competencia, ni entre las escuelas por estudiantes-voucher, ni entre los docentes por un sueldo decente. La izquierda podría tener eso en su centro para evitar el oportunismo de usar al Instituto Nacional, o cualquier liceo emblemático, como el blanco perfecto de autodestrucción cultural y política.

La crisis de la educación pública hay que enfrentarla desde cimientos más radicales que los que ofrece nuestro tiempo, pero también sobre condiciones materiales más adecuadas. La acogida de la demanda por una educación no sexista debiese apuntar hacia el cuestionamiento de la existencia de la educación particular pagada, y también de la particular financiada con fondos públicos (hoy mayoría del sistema). Emanciparse de la opresión también implica emanciparse de sus formas de procesar los conflictos. Discutamos cómo hacemos una educación pública no sexista, pero no hagamos que sea la izquierda la que termine sepultando a la educación pública sumándose con oportunismo a los idealistas del mercado.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/28/el-sexismo-publico-educativo-cambiarlo-sin-oportunismo-idealista/

Imagen: https://pbs.twimg.com/media/CteMITiWgAEDwDS.jpg

Se necesita una hoja de ruta y un calendario que no olvida la derogación de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley.

Por: Vicente Diaz.

Iniciamos un nuevo curso escolar en un sistema educativo atribulado por la presencia de viejas y nuevas urgencias, así como por la aparición de nuevas incertidumbres y preocupantes incongruencias.Sabemos que la educación es un bien público que nos concierne a todos, que nuestro futuro depende en buena medida de su calidad y que, precisamente por eso, no puede administrarse desde planteamientos políticos e ideológicos particulares, sino que debiera ser la sociedad en su conjunto, en su multiplicidad de tendencias ideológicas y culturales, quien se ocupara de él, evitando su modelación cíclica en función de los vaivenes electorales. Así pues, sabemos de la urgencia de alcanzar el pacto inteligente que precisa nuestro sistema educativo, a fin de abordar, cuanto antes, la mejora de algunos indicadores educativos esenciales en la sociedad del aprendizaje: la mejora del abandono educativo prematuro de nuestros jóvenes, elevar la tasa de graduación en secundaria postobligatoria de nuestra población activa…. Una urgencia tan encallada como la conformación del nuevo Gobierno.

Sabemos desde diciembre de 2013 que, “para obtener el título de graduado en la ESO será necesaria la superación de la evaluación final” (reválida). Sabemos también que “la evaluación final de ESO correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos”, por tanto, no condicionará la titulación en la ESO. Sabemos que dicha exigencia es una excepción en los sistemas educativos europeos. Y sabemos también que el título de la ESO obtenido en el presente curso, tanto por la opción de Enseñanzas Académicas como por la de Enseñanzas Aplicadas, resultará válido para proseguir estudios en la Secundaria Postobligatoria en cualquiera de sus modalidades. Pues bien, si todo ello es así y la prueba final de la ESO de 2017 ni tiene ni validez académica, ni está previsto que sirva de pilotaje para convocatorias posteriores, al tiempo que tendrá un coste significativo (deberán ser profesores externos a cada centro quienes las corrijan), ¿para qué hacerla? Resulta incongruente, inconsistente e innecesaria. Así es que estará plenamente justificada la objeción de la misma, en tanto en cuanto se puede abordar la sustitución de la LOMCE por el nuevo marco normativo que precisa la educación española.

También sabemos desde diciembre de 2013 que, “para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final” (reválida). Igualmente sabemos que “la evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller”. Del mismo modo, sabemos que “el titular del Ministerio de Educación establecerá, antes del 30 de noviembre de 2016, las características, el diseño y los contenidos de la prueba final de Bachillerato”, cuya realización material corresponderá a las Administraciones educativas autonómicas. Asimismo, sabemos que esa prueba final de Bachillerato se referirá a cinco materias troncales generales (una de ellas vinculada a una modalidad de Bachillerato), dos materias troncales de opción elegidas por el alumno (según la modalidad de Bachillerato cursada), una materia específica también a elección del alumno y Lengua Valenciana y Literatura.

Pero nuestros estudiantes de 2º de Bachillerato, y sus profesores, han comenzado el curso desconociendo dichas características, así como la vinculación (y ponderación) de las modalidades de Bachillerato y de las diversas materias cursadas por aquellos con los diferentes Grados universitarios. Una evidencia de la incertidumbre en la que se halla sumido nuestro sistema educativo y de la irresponsabilidad de quienes la han generado. Una incertidumbre que ha de sumarse a la que afecta a los Técnicos Superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, desconocedores igualmente del procedimiento de admisión que hayan de superar para acceder a los estudios universitarios para el curso 2017-2018.

Tamaña incertidumbre exige la máxima urgencia en la clarificación de los procedimientos generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades. Así pues, resulta imprescindible y de extraordinaria urgencia: a) hacer visible cuanto antes (por supuesto antes de Navidad) las características concretas de las pruebas de cada una de las materias; b) definir la adscripción de las materias troncales de cada modalidad de Bachillerato, y en su caso de las materias específicas que corresponda, a las ramas de conocimiento en las que figuran ordenadas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (por cierto, una adscripción que debiera ser válida para todas las universidades públicas españolas, como ocurría con la PAU del 2008), y c) determinar la ponderación de las materias de Bachillerato para el procedimiento de admisión a la Universidad para el curso 2017-2018.

Estas dos últimas urgencias debieran clarificarse, incluso, para antes del 31 de octubre del presente año, al tiempo que se extiende dicha clarificación a los procedimientos de admisión de los citados titulados en FP, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas.

Una hoja de ruta y un calendario que no olvida la derogación de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley de educación, aprobada a partir del pacto inteligente y responsable que la educación española necesita. Pero, mientras tanto, deberíamos entre todos (no es suficiente acuerdos parciales entre unas cuantas Universidades y/o comunidades autónomas  mirando hacia la anterior PAU) hacer frente a las incertidumbres, incongruencias y urgencias que he señalado. Para ello, nos vendría bien recordar aquellas palabras que Antonio Machado (y su Juan de Mairena): “Es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au dessus de la mêlée”. Y las circunstancias de nuestros estudiantes de Bachillerato nos lo exigen.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/09/19/opinion/1474287590_561146.html

Imagen: http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2016/09/19/opinion/1474287590_561146_1475509861_noticia_normal_recorte1.jpg

éxico.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propone que se consulte a los niños sobre el

Modelo Educativo y la Propuesta Curricular de la educación obligatoria.

El intermediario para el proceso sería la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que con ello se garantice la participación activa de los infantes, quienes además podrán plantear peticiones y sugerencias.

El argumento del Ombudsman Luis Raúl González Pérez dirigido al titular de la SEP, Aurelio Nuño, a través de una carta fechada el 5 de octubre, se basa en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La propuesta de la CNDH también recalca la necesidad de que los menores accedan a información clara sobre los procesos de gestión escolar y que la educación obligatoria contenga una perspectiva de derechos humanos a través de la práctica en todas las dimensiones de la vida escolar.

También incluye una petición para incluir la autonomía curricular que garantice a los niños en situación de mayor vulnerabilidad, acceder a educación de calidad en escuelas de zonas más favorecidas.

Fuente :

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/10/09/cndh-propone-consultas-a-ninos-sobre-modelo-educativo

Fuente imagen:

Por: Mariana Zegers

El Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales establece en su artículo número 13 que la educación superior “debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. En esta dirección, en teoría, camina la reforma a la educación superior, tan anunciada por el gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. Luego de ser postergada en varias ocasiones, fue ingresada al Congreso recientemente, el 4 de julio de este año.

Una de las reformas más esperadas de este segundo mandato de la actual Presidenta ingresó al Parlamento con más detractores que defensores. Ha sido fuertemente criticada por los movimientos sociales que han luchado por una educación universitaria gratuita y de calidad, por los dirigentes estudiantiles y el resto de los principales actores de la educación superior, incluidos los rectores de universidades públicas y privadas. Ni siquiera contó con la venia del oficialismo.

El proyecto de Reforma a la Educación Superior, tal como aparece en la sección introductoria, manifiesta claramente entre sus lineamientos principales la importancia de buscar permanentemente la equidad e inclusión, vía implantación de la gratuidad; la calidad y, finalmente, la mantención de un vínculo estrecho entre la educación universitaria y las necesidades nacionales y regionales.

¿Cuál es la fórmula económica de la gratuidad universitaria? Durante este y el año que viene se asegura gratuidad para estudiantes del 50% más pobre del país que ingresen a universidades estatales o privadas que no lucren y estén acreditadas por cuatro años o más, para avanzar al 2020 al 60 por ciento de cobertura. Luego, la gratuidad aumenta solo si los ingresos estructurales del país (aquellos que recibe el fisco por recaudación tributaria, de Codelco y Enap), corresponden al menos al 23,5 por ciento del PIB tendencial y si la economía se mantiene en los promedios que se estima. La gratuidad universal, entonces, queda subordinada a variables económicas. Mientras, se mantiene el financiamiento mediante becas y créditos (ver infografía sobre gratuidad universal Educación 2020).

Los dirigentes estudiantiles alegan que esta reforma no cumple lo prometido; que, muy por el contrario, se consolida el actual sistema neoliberal en la educación. Los rectores de las universidades estatales, por medio de una carta publicada en El Mercurio, tampoco tardaron en pronunciarse. Celebran que se establezca el objetivo de cambiar los fundamentos del actual sistema universitario, que se defienda la educación pública y se asuma la incidencia del actual sistema de mercado en la inequidad y la baja calidad. Señalan, sin embargo, que en la implementación del proyecto el Estado sigue siendo un mero proveedor de educación, y que su tarea consiste en regular la oferta y calidad, aumentando incluso el financiamiento a privadas. Asimismo, lamentan la mantención de mecanismos de financiamiento desacreditados por los estudiantes y criticados por diversos sectores, ya que favorecen a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

Con el cuestionamiento de los principales sectores interesados en el cumplimiento de los compromisos programáticos adquiridos por el Gobierno esta reforma hace su entrada, no tan triunfal, al Parlamento. Si bien, tal como han señalado los rectores, tal cumplimiento puede requerir una implementación gradual, “el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada”.

También hay quienes critican los mecanismos diseñados para garantizar que no se lucre. Uno de ellos es el Contralor general de la República, encargado de fiscalizar el gasto público, quien afirma que el proyecto de educación superior “lejos de establecer controles de los recursos públicos, lo que hace es quitarlos”. Respecto de la destinación de fondos públicos a privadas, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señala: “las universidades privadas viven paraísos fiscales dentro del país,  (…) ellos reciben dinero por lo cual no tienen que dar cuenta para nada.”

La Superintendencia de Educación Superior será la garante de que los recursos entregados por el Estado a las instituciones de educación sean íntegramente utilizados para el desarrollo de docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. El proyecto enviado en julio establece como sanción por el desvío de recursos la devolución de dichos capitales y el pago de una multa que asciende al 50% del dinero apropiado. Solo de hacer caso omiso a dicha sanción, se configura el delito de apropiación indebida, con una pena máxima de 5 años de cárcel.

En este contexto, no olvidemos los gravísimos problemas de desregulación y abusos del sistema privado de educación superior. Investigadores de Educación 2020 insisten en que no basta con crear una Superintendencia de Educación Superior o perfeccionar el sistema de acreditación, sino que es preciso un cambio drástico en el marco regulatorio.

A meses de enviado el proyecto, se mantienen los cuestionamientos, a pesar de que la ministra de educación Adriana Delpiano anunciara el ingreso de indicaciones sustitutivas, desconocidas hasta el momento. Es importante mencionar que estas indicaciones solo se pueden presentar una vez que una comisión en el Parlamento apruebe en general el proyecto y entre a una discusión particular. Por ello, se entiende que el Ejecutivo buscará llegar a un trato con los parlamentarios, asegurando las modificaciones necesarias para obtener el voto a favor de legislar.

En medio de la crisis de legitimidad de los políticos, el grueso de la población ya no confía en las decisiones tomadas a puerta cerrada por los parlamentarios. A los que se oponen a este proyecto, debemos sumar a aquellos que desconocen su contenido y que, en realidad, rechazan que cualquier iniciativa importante como esta sea elaborada, modificada y aprobada entre cuatro paredes.

Es sin duda preocupante que esta reforma, tan anunciada y comprometida por el Gobierno de Bachelet, sea rechazada por buena parte de los actores sociales implicados. Alarmante es que se dé a conocer en medio de una serie de sucesos y declaraciones, a lo menos, desafortunados: las denuncias del Cruch por montos impagos en el marco del traspaso de recursos de gratuidad, la destitución de Roxana Pey por falta de lineamiento con planteamientos efectuados por el Gobierno en materia de educación superior, los alegatos de no escucha por parte de los actores sociales afectados por este nuevo diseño, las críticas de las universidades estatales y públicas respecto del financiamiento estatal al mercado privado de la educación y de la no consagración a las instituciones estatales como prioritarias para el sistema, los reproches de las universidades privadas, que aseguran que se les margina del sistema, y de las universidades regionales, que alegan centralismo y falta de estímulos para el fortalecimiento de sus instituciones. Es de esperar que el resguardo de la calidad, el fortalecimiento de la educación pública y la implantación gradual de la gratuidad sean algo más que lineamientos discursivos, partiendo por el reconocimiento de la educación como un derecho y no como un bien de consumo.

Tomado de: http://radio.uchile.cl/2016/09/28/educacion-el-abismo-entre-el-mensaje-y-el-proyecto/

Entrevista/Fuente: revistaelbuho

Valeria Gallardo Muñoz

                                Fines y perversiones de una Reforma apresurada y mal orientada

El lugar de la entrevista fue el aula donde Hugo Aboites da clases a sus alumnos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X), ahí se puede ver a través de las ventanas pasar a los estudiantes y de fondo el área deportiva de la escuela, en el salón hay mesas para dos personas, están acomodadas formando un cuadrado, yo en medio de ellas montando la cámara sobre el tripié para grabar la entrevista, en ese momento escucho que alguien se acerca.
–¿No llego tarde, verdad? –preguntaba Hugo Aboites al llegar y cerrando la puerta tras de sí.
Le aclaré que llegaba justo a tiempo, nos saludamos y agradecí que aceptara la entrevista, él también me agradeció a mí, aunque en realidad era yo quien necesitaba su ayuda, ese gesto me había demostrado su cordialidad y sencillez.

Sobre Hugo Aboites
Vicente Hugo Aboites Aguilar estudió la licenciatura en filosofía en Italia y México y tiene la maestría y el doctorado en educación por la Universidad de Harvard, donde posteriormente fue también académico invitado. Desde 1980 es profesor e investigador titular del Dpto. de Educación y Comunicación de la UAM-X.
Ha escrito artículos sobre educación publicados en diversos países tratando temas como la medición estandarizada para los jóvenes en la educación media superior y superior, mercantilización de la educación, autonomía y educación, contribución de los pueblos originarios a la educación. Hugo Aboites ha servido como apoyo a movimientos estudiantiles por el derecho a la educación y el acceso a la educación pública.
Autor de Viento del Norte. TLC y privatización de la Educación Superior en México, Hugo Aboites, comienza a interesarse en el estudio de la educación mientras estudiaba filosofía en 1969 y su profesor era Paulo Freire quien lo “marcó profundamente en su interés en desarrollar un método de alta legislación para el noroeste de Brasil, y entender lo que era la educación, su ánimo liberador y emancipador”, fue en ese momento cuando decidió que se iba dedicar a la educación.
Él no se identifica a sí mismo como alguien reconocido, sino como alguien conocido en la UAM-X y quizá en otros lugares, esto se lo atribuye a que el tema que trata, es decir, la educación “es muy importante para un país y atrae la atención de una parte importante de la sociedad”.

¿Derecho a la educación?
En su artículo “El perfil educativo de México para el siglo XXI”, Hugo Aboites mencionaba que en la actualidad en México “no se tiene derecho a la educación, sino derecho a un examen para ver si se tiene derecho a la educación”, al respecto Aboites comentó en la entrevista que éste es un problema que se está enfrentando desde 1996, lo que contribuyó a que el año pasado se aprobara la obligatoriedad de la educación media superior en México, esto significó que, al menos en teoría, ya no se deben aprobar exámenes para ingresar al bachillerato.
“No debería haber exámenes, ni cobros ni canalización a escuelas técnicas como ocurre en la actualidad. Sí se han conseguido cosas importantes como el hecho de que se haya reconocido como un derecho, y un derecho no se puede someter a examen, a nadie se le hace un examen para saber si tiene derecho a la vida, el Estado debe garantizar las condiciones para que pueda ejercer ese derecho (a la educación)”.

Retos de la educación en México
Aboites distingue tres grandes problemas que enfrenta la educación pública en México actualmente:
• Educación centralizada y burocratizada: “Desde 1920 se decidió que la educación iba a ser centralizada, eso en sí mismo no es un problema, el problema es que se generó un burocratismo enorme y un ambiente hostil para la generación de conocimiento, de formación de niños y jóvenes, porque cuando todo tiene que ser a través de oficios y de jerarquías, entonces el proceso educativo pierde creatividad y la libertad que es indispensable”.
• SNTE: “En 1943 aproximadamente, se decidió que se iba a crear una especie de extensión del Estado mexicano, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y eso significó que la burocracia nacional (Secretaria de Educación Pública) y la burocracia sindical se unieron e hicieron el proceso de enseñanza-aprendizaje doblemente complicado, […] una pinza no tanto para fines educativos, sino más bien para fines políticos”.
• Desigualdad social: “Ésta impide que puedan generarse procesos de conocimiento iguales en toda la República”.

Virtudes y defectos de la Reforma Educativa
Para el autor de La medida de una nación: los primeros años de la evaluación en México: historia de poder y resistencia, ésta es una reforma “apresurada y mal orientada” en la que es más fácil enumerar desventajas que ventajas, sin embargo él también le encuentra una parte positiva. Para él, la reforma tiene virtudes involuntarias pues “se está creando la posibilidad, por primera vez en muchas décadas, de que los propios maestros empiecen a pensar ya no sólo en términos de sus reivindicaciones gremiales, salarios, democracia sindical, sino también en términos de preguntarse y responderse ¿qué educación queremos para este país plural, desigual y tan agobiado de malos políticos? […] y es muy importante eso porque es un paso importante en la conciencia de los maestros”.
Aboites también reconoce que son muchos los problemas de esta reforma, iniciando porque introduce el discurso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde la clave es la “calidad”, una palabra que es “importada del ámbito empresarial y que cuando se pasa a las personas no tiene mucho sentido”.
Otro inconveniente que menciona es que se excluye la bilateralidad entre el gobierno y el Sindicato que deberían ponerse de acuerdo para establecer las condiciones en que se va a realizar el trabajo, pero al decirse que “el ingreso, promoción y permanencia de los maestros será determinada a partir del Tercero Constitucional ya no se está hablando de bilateralidad, se borra eso y significa que el gobierno va a determinar unilateralmente en qué condiciones van a trabajar los profesores, lo que genera un malestar tremendo en los maestros”.

Evaluación en la Reforma Educativa
La Reforma Educativa que pretende implementarse en México incluye una constante evaluación al personal docente, pero esta evaluación parece ser bajo iguales estándares sin importar la zona u otras condiciones, al preguntarle a nuestro entrevistado si esto podría poner en desventaja a escuelas y profesores de escuelas rurales, contestó de manera certera:
“Por supuesto, ése es uno de los problemas de la centralización, cuando todo se dirige desde el centro de la República, entonces se piensa inmediatamente en exámenes únicos para todo el país, pero aplicar un examen a una escuela en una comunidad de 200 habitantes es muy distinto a aplicar un examen a niños que viven en una ciudad. […] Lo que pasa es que estos exámenes se hacen generalmente desde el punto de vista urbano clase mediero y la consecuencia es que niños y maestros de comunidades rurales quedan en un segundo lugar y en clara desventaja, son exámenes que no revelan la pluralidad de esta nación”.
Para Hugo Aboites ni la evaluación ni la supuesta idea de reconocer méritos y esfuerzos propios de los docentes puede ayudar a aminorar la corrupción. En su opinión, “cuando se pone en medio del proceso educativo la cuestión del dinero, entonces se genera con mucha facilidad la simulación, […] se abre el paso para que empiece a haber trampa”. Aboites cita el ejemplo de cómo en las escuelas se manda previamente la prueba Enlace para que cuando se aplique el examen real, la institución pueda obtener buenas calificaciones. También menciona que los estímulos económicos distraen al maestro de su labor y que las sanciones harán presión dentro del salón de clases y los maestros únicamente entrenarán al alumno para contestar un examen de opción múltiple.
“La mejor evaluación es, no la que ocurre en lapso de unas horas o en un examen, sino la que ocurre en toda la formación del estudiante que quiere ser docente, preparándose en Pedagogía, en Ciencias de la Educación durante cuatro años a cargo de profesores especializados, un examen no suple estos cuatro años de evaluación. […] Esto genera que tengamos profesores que son muy buenos contestando exámenes pero no necesariamente para formar a los niños y jóvenes, que es otra cosa totalmente diferente”.
Respecto a la lucha de estudiantes normalistas por conservar su derecho al pase automático a una plaza después de egresar de la carrera y sin tener que enfrentarse a evaluación alguna, Aboites comentó que “ellos están reivindicando algo que es muy importante, que las Escuelas Normales fueron creadas específicamente por el Estado para llenar las plazas del Magisterio Nacional como una preparación que el Estado especialmente brinda a los jóvenes para que sean maestros”.

¿Privatización de la educación?
¿Será que tras el telón de la Reforma Educativa se oculta la privatización de la educación?
“Sí, no en el sentido en donde creo yo que equivocadamente el presidente habla cuando dice que no se va a concesionar ni se va a privatizar ni pasar a manos privadas, […] sino en un sentido todavía más profundo, en el sentido de qué debe ser la educación ya no es la idea de construcción de una nación, sino la idea de construcción de jóvenes competitivos, eficientes en el mercado, es decir, una visión privada de la educación que está totalmente contrapuesta a lo que dice el Artículo Tercero constitucional cuando habla de una educación democrática, solidaria, que responde a las necesidades nacionales, que tenga en cuenta las culturas, en fin, una educación para formar seres humanos, humanista.
“Segundo, hay privatización en el sentido de que se mantiene la idea de que para recibir el servicio educativo los padres de familia deben pagar, y eso está incluso en la ley, es un absurdo y una contradicción, […] por tanto sí hay un proceso de privatización”.

Posibles consecuencias de la Reforma Educativa
Si esta Reforma se aplicase tal como está planteada, lo que representa aplicarla como se aprobó en el Artículo Tercero y como aparece en las Leyes Secundarias (Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación), podría acarrear varias consecuencias en perjuicio del sistema educativo mexicano.
“Estaríamos hablando de una profesión del Magisterio en donde éste ya no tiene derechos laborales, el maestro se ve sometido a un régimen de escrutinio y vigilancia constante donde puede ser sancionado, y la consecuencia de crear este tipo de ambiente en un proceso educativo es terrible porque un maestro que se siente perseguido, que debe actuar, literalmente, ante las cámaras […], no tiene iniciativa, prefiere no moverse, es sumamente conservador a fin de no sufrir ninguna sanción y esto es un impacto profundísimo en un sistema educativo”.
El futuro de la educación en México depende de lo que pase hoy con la Reforma Educativa y con el movimiento formado por más de medio millón de maestros contrarios a ella. Suponiendo que la Reforma no triunfe se tiene la oportunidad de que “el movimiento magisterial, las opiniones de académicos, la sensibilidad de padres de familia y de comunidades logre que le podamos dar una dirección distinta a la educación”. Aboites propone incluso, una evaluación donde no sólo participe un pequeño grupo de expertos, sino también académicos, maestros, padres de familia y los propios alumnos, para que sea un proceso más completo e integral.
Por el contrario, Hugo Aboites opina que de aprobarse en su totalidad esta Reforma, la educación a futuro se vería sumamente afectada.
“Yo anticipo que después de 20 años de evaluación como hemos tenido, sin frutos, sin resultados claros, ahora vamos a tener otros 20 años de una educación todavía más deteriorada”.

Fuente: http://www.revistaelbuho.com/articolo.php?act=articolo&id_articolo=698&id_categoria=20

Imagen: https://ticsensecundarias.files.wordpress.com/2014/04/re.jpg

Panamá/06 octubre 2016/Fuente: Panama América

Las diversas iniciativas planteadas por el Órgano Legislativo en cuanto a otorgarles incentivos a los padres de familia que tienen sus hijos en escuelas particulares, ante el inminente aumento de la matrícula y mensualidad en algunos centros educativos, no son vistas como una solución a la problemática educativa que atraviesa el país, según economistas.

Una de las propuestas que será debatida en la comisión de Educación de la Asamblea es la de modificación al tope de la Beca Universal para los estudiantes de escuelas particulares que actualmente es de $1,000 a $3,000.

Actualmente, en la ley de Beca Universal se plantea que tienen derecho los estudiantes de las escuelas particulares que entre la matrícula y mensualidad no paguen más de $1,000, lo que se aumentaría a un tope de $3,000, según la propuesta.

Durante la presentación del proyecto en la comisión, el diputado Leandro Ávila señaló que el pago de esta modificación se realizaría a través del 2% que se aumentó al ITBMS y también habría que estudiar si el Ifarhu utiliza en su totalidad el seguro educativo para el otorgamiento de becas.

Para el economista Juan Jované, nunca se va a ver una solución, si el Gobierno no atiende adecuadamente la educación oficial.

«Mucha gente tiene que acudir a la educación privada porque la oficial no está funcionando adecuadamente», sostuvo.

Aseguró que «si se aumenta el tope de la beca universal, quienes pagamos impuestos estaríamos pagando por una educación privada, y si se le quita del Impuesto Sobre la Renta, el Estado va a tener menos dinero como recaudación y menos dinero para mejorar la educación pública».

Otra de las iniciativas que apoyan los empresarios es que se retome el anteproyecto de ley 115, que considera deducir del impuesto sobre la renta los gastos escolares en los que incurren los padres de familia contribuyentes, quienes además de pagar el seguro educativo, invierten al optar por una escuela privada para sus hijos.

«Necesitamos solución básica, entendiendo que más allá de poder aliviar a las personas de clase media, lo fundamental es mejorar el sistema de educación oficial porque en ese caso la gente no tendría necesidad de ir a la privada», dijo Jované.

El economista considera que es un círculo vicioso, ya que si se subsidia a los estudiantes de escuelas particulares, mañana se necesitarán más ingresos y los que más pagan tributos es la clase media y, de alguna manera, si se les quita un impuesto, van a poner otro.

Según un estudio de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en algunas escuelas particulares se dará aumento en la anualidad y matrícula de hasta $500, así como hasta $95 en el costo de la inscripción para el periodo 2017.

En el país hay 812 escuelas particulares, las cuales imparten enseñanza a 152 mil estudiantes.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta mayo, en el programa de beca universal se beneficiaron 588,566 estudiantes, lo que representó $123.7 millones.

De acuerdo con el diputado Ávila, las escuelas particulares están aumentando su anualidad, no por el aumento de salario a los maestros en el sector oficial, sino porque aumentó el costo operativo, en general.

Ávila destaca que para el próximo año, estarían debatiendo este tema e incrementarían nuevamente la mensualidad.

Ante esta situación, surge también la iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Fanovich, que adiciona artículos a la Ley Orgánica de Educación, y establece que el costo de anualidad y matrícula en los colegios particulares, solo podrán ser elevados mediante asamblea general de padres de familia y acudientes, convocada por la dirección del colegio.

También indica que ningún plantel de educación particular podrá solicitar o exigir donaciones en dinero o especie a padres y acudientes.

Ante estas iniciativas, el economista Raúl Bethancourt señaló que la educación en Panamá no encuentra rumbo para ajustarse a los requerimientos de la empresa privada.

Indicó que el país no puede seguir otorgando becas sin compromisos.

«Si vamos a aumentar el subsidio a estudiantes que están en escuelas privadas, la pregunta es ¿cuál será el compromiso?», dijo.

«Antes de estar promoviendo aumentos a becas, debemos primero conversar sobre cuáles son los indicadores que requerimos para que el país siga progresando», señaló.

Fuente:http://www.panamaamerica.com.pa/economia/propuestas-no-solucionan-problemas-de-la-educacion-1044763

México/03 de Octubre de 2016/Expansión

El mal gasto en los recursos educativos y las reducciones a programas en este rubro generan desigualdad y merman las oportunidades en los estudiantes, señala Mexicanos Primero.

La educación en México podría recibir un recorte en programas de al menos 3,766 millones de pesos, de aprobarse la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En este rubro, se prevé una disminución para programas referentes a la formación docente y continúa, de inclusión y equidad educativa, becas educativas para niños y niñas indígenas de educación básica, infraestructura en las escuelas con la reducción de más de 70% de sus recursos, así como la desaparición de programas como Fortalecimiento de Educación Temprana y Desarrollo Infantil.

Aunado a esto, se suma el mal gasto educativo –que durante los últimos años se ha presentado– lo que genera desigualdades y resta oportunidades para el aprendizaje incluyente, aseguraron las organizaciones Mexicanos Primero y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con Fiorentina García, investigadora del CIEP, en el proyecto de presupuesto se recortó 111,000 millones de pesos a la educación aproximadamente.

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Considerados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como mal gasto educativo, señala a los comisionados sindicales que en 2014 le fueron destinados más de 1,000 millones de pesos, así como los recursos designados para sueldos de maestros que se estima en aproximadamente 17,200 pesos, cuando el que se destina para estudiantes es solo de 2,800 pesos.

En las reducciones a los programas, el monto destinado a infraestructura será uno de los más golpeados, ya que recibirá 71.9% menos, pasando de 7,607 millones de pesos a 2,141; le sigue el programa de Formación docente que sufrió un recorte de 34%, que en 2016 recibió 1,409 millones en este año y que para el próximo prevé un monto de 929 millones de pesos.

Detrás de esto se encuentra el presupuesto para la evaluación de aprendizaje a alumnos, que sufrió un recorte del 29.8% al pasar de 282 millones a 198 millones, y las becas educativas para niñas y niños indígenas de educación básica que tuvieron una disminución de 29% al pasar de 295 millones de pesos a 209.

«Es escandaloso que le quitemos a niños indígenas su beca, que su bequita es individualmente entre 200 y 800 pesos, en un pueblito chiquitito eso sí te aliviana para comer, le quitamos esa beca niños indígenas y se la estamos dando a un pensionado (…) ¿En qué lógica eso es justicia?», expresó David Calderón director general de Mexicanos Primero.

Al respecto, la organización hizo un llamado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el priista Alfredo del Mazo, en la plataforma change.org para que no se recorte el gasto en educación, pero que se gaste mejor en 2017 para que los recursos lleguen a los alumnos, maestros y escuelas que más lo necesitan.

Además, pidió a las autoridades federales y estatales, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a los legisladores a asumir su responsabilidad, ser congruentes y reorientar el presupuesto educativo.

Fuente: http://expansion.mx/nacional/2016/09/27/organizaciones-piden-no-castigar-presupuesto-destinado-a-educacion