América del Sur/Argentina/19-08-2022/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
En el video de la gresca se escucha cómo los testigos les advierte sobre un portero por lo que frenan el ataque.
Hace algunos minutos se viralizó un video sobre una feroz pelea entre alumnas de una escuela de Santa Lucía. Se trata de dos adolescentes que, tal como se ve en las imágenes, se trenzan a los golpes y los testigos, lejos de separarlas, se alejaban y las arengaban.
Según las fuentes, el violento episodio ocurrió en las inmediaciones de la escuela General Antonio González Balcarce y por el video que proporcionaron, una de las jóvenes terminó con la nariz ensangrentada y el rostro marcado.
Además, entre los gritos de las personas que estaban alrededor de la pelea, se escucha que alguien alerta sobre la presencia de un supuesto adulto. «Corran, el portero», fue la frase que logró separar a las adolescentes.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Dos-menores-de-una-escuela-de-Santa-Lucia-se-trenzaron-a-los-golpes-una-termino-sangrando-20220818-0049.html
La formación respalda la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre.
La parlamentaria de Por Andalucía por la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha mostrado esta mañana su rechazo a la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que ha achacado a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla, y ha trasladado el respaldo de su grupo parlamentario a la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre frente al Parlamento de Andalucía.
Así, Durán ha afeado que el pasado jueves, el mismo día que se registraba la entrega de más de 52.000 firmas en Cámara autonómica en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una bajada de ratios en los centros escolares andaluces, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) diera a conocer que el Gobierno de Moreno Bonilla financiará con dinero público una nueva Dirección General de Enseñanza Concertada.
“A tan solo un mes del inicio del curso escolar nos enteramos de que, lejos de atender las reivindicaciones que la comunidad educativa, la intención de Moreno Bonilla es dar continuidad a su plan de privatización de la educación pública financiando con dinero público y fondos europeos una Dirección General dedicada a impulsar y fortalecer los espacios de educación privada en Andalucía”, ha criticado la parlamentaria.
En este sentido, Durán ha señalado que “este tipo de acciones, unidas a que durante la última legislatura se cerraron en Andalucía más de 1100 aulas públicas mientras se favorecía a la concertada con importantes cantidades de dinero público, han provocado la “alarma” de la comunidad educativa y de su propia formación ante lo que consideran “el inicio de un cambio en el modelo educativo andaluz que pretende dejar escorados en segundo plano a los centros públicos”.
“El Partido Popular no puede usar la institución para crear un espacio de fortalecimiento de la educación privada cuando la escuela pública tiene carencias tan básicas como las elevadas ratios, la falta de personal educativo, PTIS y orientadores o la climatización de las aulas, que están mermando significativamente la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos”, ha zanjado.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/18/08/2022/por-andalucia-rechaza-la-creacion-de-la-nueva-direccion-general-de-educacion-concertada-que-achaca-a-las-politicas-de-privatizacion-educativa-de-moreno-bonilla/
Los trabajadores del sector transporte y correos suspendieron sus labores como una protesta ante la fuerte inflación que atraviesa el país.
Reino Unido vive a partir de este jueves una nueva ola de huelgas masivas en los transportes, correos y puertos, prosiguiendo el mayor movimiento social de este tipo en décadas ante una inflación disparada y un poder adquisitivo que se derrumba.
En este período de vacaciones escolares solo un tren de cada cinco circulaba este jueves. Decenas de miles de empleados ferroviarios fueron llamados a parar el trabajo por los sindicatos británicos RMT, TSSA y Unite. Network Rail, gestor público de la red, instó a los británicos a evitar este tipo de transporte.
Los pasajeros que, pese a todo, intentaban tomar un tren se mostraban comprensivos con los huelguistas, dada una inflación que superó el 10% anual en Reino Unido por primera vez en 40 años, desvalorizando los salarios.
«La huelga es justa, porque la inflación está ahora en un nivel récord» afirmó a AFP Usam Sarda, un dentista de unos 30 años, en la estación londinense de Euston.
«Toda mi simpatía está con ellos», los huelguistas, sostuvo Greg Elwood, un asesor de 26 años, interrogado en la estación de Leeds, al norte de Inglaterra.
El mayor movimiento de huelga ferroviaria desde 1989, al final de los años Thatcher, podría «proseguir indefinidamente» advierte este jueves el secretario general de RMT, Mick Lynch. Las huelgas en este sector se han producido ya por episodios desde junio, a falta de acuerdos salariales.
«Subpagados»
«Los trabajadores británicos están fundamentalmente subpagados» agrega el sindicalista, para quien el movimiento «no cesará» y puede en cambio extenderse «a cada sector de la economía».
De hecho, los paros se multiplican en el país. El viernes, el conjunto de la red de transportes de Londres estará casi paralizado y seguirá perturbada todo el fin de semana, mientras se prevé otro día de huelga ferroviaria el sábado.
El domingo, los estibadores del puerto de Felixstowe (este de Inglaterra), iniciarán una huelga de ocho días, amenazando con detener gran parte del tráfico de mercancías.
Los sindicatos de distintos rubros convocaron a huelga luego de que la inflación en Reino Unido sobrepasara el 10%. Foto: AFP
Acciones similares están previstas o se han producido en los depósitos de Amazon, entre abogados penalistas o entre los recogedores de basura.
Estos movimientos sociales podrían durar más allá del verano y extenderse a los funcionarios de la educación y de la salud, donde los sindicatos han calificado de «miserables» las ofertas de aumentos salariales de un 4%.
En todas partes, la consigna es la misma: los trabajadores reclaman alzas de salarios correspondientes a la inflación, que llegó en julio al 10,1% en doce meses y podría superar el 13% en octubre, según las previsiones del Banco de Inglaterra.
Ucrania, Covid, Brexit
Los precios se han disparado principalmente por las cotizaciones de gas, de las que el país es muy dependiente, y que aumentan por la guerra en Ucrania, pero también por las perturbaciones en las cadenas de abastecimiento y la falta de trabajadores, como consecuencia del covid-19 y el Brexit
El poder adquisitivo se ve corroído a velocidad récord por las subidas de los precios, lo cual «demuestra la necesidad vital (…) de defender el valor de los sueldos», afirma en un comunicado Sharon Graham, secretaria general de Unite, uno de los principales sindicatos del país.
Algunas huelgas se han podido evitar de último momento gracias a ofertas de remuneración consideradas satisfactorias.
Los empleados de una empresa de suministro de carburante en el aeropuerto internacional de Heathrow, en Londres, que amenazaban con perturbar el tráfico, desistieron finalmente de la huelga. También lo hizo el personal de tierra de British Airways, tras una mejora salarial.
Los ferroviarios mantienen en cambio su huelga, ya que las negociaciones con multitud de operadores privados están en un callejón sin salida.
Los sindicatos también denuncian la decisión del gobierno de modificar la ley para permitir el recurso a trabajadores interinos en reemplazo de los huelguistas.
La célebre gran tienda de lujo londinense Harrods ha sido la «primera empresa en amenazar a su personal» con recurrir a esta ley, en plena votación del personal sobre una propuesta de huelga, según Unite.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/trabajadores-reino-unido-huelga-por-inflacion/988655/2022/
Marco Antonio Ávila es un profesor de castellano que conduce el Ministerio de Educación chileno desde el 11 de marzo pasado. En su lenguaje se detecta al docente que hay en él. Tiene una larga trayectoria pedagógica que lo respalda pese a su juventud. Con 44 años, nació en la primera etapa de la dictadura de Augusto Pinochet, obtuvo un Magíster en Innovación y Educación y se desempeñó en aulas de escuelas con serios problemas de vulnerabilidad. Pasó por Buenos Aires para asistir a la III Reunión de ministros de su área en la CELAC. De una entrevista que le concedió a PáginaI12 en el hotel donde estuvo alojado, se desprende el rumbo educativo que le dará a su cartera.
– ¿Cuál era el estado de la educación pública en su país cuando llegaron al gobierno con el presidente Gabriel Boric?
– Quisiera señalar que la educación pública en Chile es alrededor del 35 por ciento y el resto una educación particular subvencionada, financiada por el Estado también. El escenario con que nos encontramos hoy es bastante similar en todo el sistema por la cantidad de tiempo que los alumnos estuvieron afuera de las aulas a propósito del confinamiento por la Covid. Los profesores volvieron muy agotados, con mucho cansancio y probablemente porque en los dos años anteriores trabajaron intensamente de forma telemática. Eso hizo que repensáramos las formas en que se hace pedagogía a través de la pantalla y yo diría que además – y en eso hay una responsabilidad del gobierno anterior – porque no se preparó el aterrizaje de estos estudiantes y no se pensó un ingreso gradual, un número de horas acotado como se hace con el jardín de infantes, con la orientación de trabajar cuestiones de carácter socio-emocional o preguntarles a los chicos cómo habían vuelto, que les pasó en su experiencia durante la pandemia, si perdieron un familiar, elementos que no fueron considerados. Las clases volvieron el 2 de marzo y nosotros asumimos el gobierno el 11. Por lo tanto era muy difícil poder revertir cualquier medida.
– Por ejemplo, ¿cuál?
– Nos encontramos con un sistema que está de alguna manera altamente estresado. Y el segundo componente importante y que no es solo responsabilidad del gobierno anterior, sino una cuestión histórica: el deterioro de la infraestructura escolar en Chile. Que debe haberse agudizado por la falta de mantenimiento de los colegios durante estos dos años. Eso en algunos estudiantes es una causal de reivindicación y molestia, de paralización.
– ¿Y su gobierno qué empezó a hacer para revertir lo que describió?
– Nosotros creemos que hoy se deben entregar apoyos al sistema educativo. Hemos hecho una asignación de recursos para reparar infraestructura en cuestiones menores de habitabilidad. Diseñamos una política de apoyo a los profesoras y profesoras para trabajar temas de carácter socio-emocional y algunas herramientas para la recuperación de la lectoescritura, especialmente en niveles de la educación básica o primaria.
-¿Se apunta a modificar esa matriz de mayor oferta educativa que pasa por el sector privado y no por el público?
– Chile tiene una larga tradición mixta en donde probablemente algunas de las situaciones de privilegio podrían haberse dado antes de la ley de Inclusión, que es una ley muy importante de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Eso cambió radicalmente, por lo tanto toda esta provisión que recibe recursos del Estado tiene prohibición de discriminar o de hacer procesos selectivos. Hoy día, ese 35 por ciento esperamos que siga creciendo y en ningún caso pensando en el deterioro de la educación privada, sino convirtiéndola en una oferta atractiva, valorada por las familias y que nos permita ir incorporándola por todo el país.
– ¿Hacia dónde va conceptualmente en materia educativa este gobierno que apenas lleva tres meses?
– Es parte central del programa del presidente Boric y de las tareas que a mí me tocan, impulsar el desarrollo de la educación pública y eso tiene un proceso de traspaso. La dictadura lo que hizo fue retirarle la educación al estado nacional y colocarla en los municipios que son gobiernos locales. Y lo que se está haciendo con la educación actual es sacársela a los municipios. Un ejercicio gradual porque hoy solo tenemos once servicios locales que es un modelo que se usa en muchos lugares, el de los distritos escolares, muy parecido a lo que hay en Canadá y otros países. Hoy tenemos solo 11 distritos escolares y de acá a 2027 vamos a instalar 70 distritos escolares.
– Usted mencionó en alguna entrevista que hay mucha presión sobre el sistema educativo y que había que descomprimirlo. ¿A qué se refería?
– El sistema educativo chileno tiene muchas cosas positivas que nosotros valoramos enormemente pero una de las más negativas y que está relacionada con un tipo de paradigma específico, se transformó en un sistema, como una cultura de la auditoría… digamos. Se está permanentemente demandando a la escuela y por ende al docente, y eso está muy en la línea de los enfoques de efectividad escolar que hay muchas veces en Estados Unidos donde existen mediciones estandarizadas, categorización de escuelas…
– ¿Qué sería una medición estandarizada, para que se entienda?
– La medición estandarizada para nosotros se llama SIMCE, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Esto provoca un frenesí por sacar buenos resultados porque permite después una categorización. Durante muchos años la prensa hacia rankings y cuando se publicaba esto en el diario de la tarde, salían los mejores y los peores colegios. Las escuelas públicas tenían peores resultados porque no seleccionan y atienden a toda la población, las escuelas subvencionadas muchas veces mejores resultados porque no solo cobraban y además tienen la posibilidad de seleccionar y obviamente las escuelas privadas los resultados superiores. Se daban rendiciones que estresaban al sistema educativo, se estrechaba el currículum donde parece que no hay arte, música ni deporte y solo hay lenguaje y matemática. Después de tres mediciones la escuela puede ser cerrada y eso claramente es muy extraño. Y no puede derivar en que el Estado cierre las escuelas, sino todo lo contrario.
-¿Cómo van a lograr ir hacia la aprobación de una ESI que su país hoy no tiene?
– Chile no tiene una educación sexual integral, lo que tiene es una política de afectividad sexual y género que es antigua y que lo que hizo fue orientar en términos muy generales qué es lo que pueden hacer los establecimientos.
– Hay un tema complejo en Chile que es la situación de los pueblos originarios. ¿Cómo es el acceso a la educación de ese sector de la sociedad?
– Chile tiene una importante tradición de valoración, al menos en el tema educativo, de los pueblos. Siempre ha existido. Y eso se ha ido formalizando en los últimos veinte años, y ha permitido que hoy tengamos diez pueblos reconocidos con toda su cultura. Nosotros en el sistema educativo hemos incorporado educadores tradicionales que tienen una validación desde el Estado para poder impartir clases de lengua y cultura en cada una de esas comunidades.
– El presidente Boric, la ministra Camila Vallejo y usted son emergentes de las luchas estudiantiles y ahora llegaron al gobierno. ¿Qué mensaje tiene para las generaciones que hoy ocupan su lugar en las movilizaciones?
– Nosotros como universitarios teníamos ya molestias de cómo se estaba llevando adelante la vuelta a la democracia y el poco cambio al modelo. Valoro muchísimo lo que hicimos pero creo que se podría haber hecho muchísimo más y desinstalar algunos cimientos del modelo instalado por la dictadura. Hasta que apareció este grupo de jóvenes en 2011, más jóvenes que nosotros y que nos devolvieron la esperanza. Por eso, yo siendo miembro de uno de los partidos del Frente Amplio, Revolución Democrática, creo que la principal enseñanza y el liderazgo del presidente Boric es la capacidad de entender que los momentos de la historia son únicos y que hay que disputar el poder y ganar la capacidad de influir en la vida de las personas. No ganábamos nada si nos quedábamos en la reivindicación callejera y en las marchas, porque debíamos organizarnos, constituir partidos, disputar el poder local para precisamente llegar a disputar el gobierno en algún momento y eso fue lo que hicimos. Por eso hoy la responsabilidad que tenemos es muy grande.
No hay una vacuna o una mascarilla, o una medida igualmente concreta, para ayudar a los estudiantes a continuar su educación cuando las escuelas deben enfrentarse a la extraordinaria magnitud de los acontecimientos, debido al cambio climático. Revitalizar las visiones sobre la educación exige transgredir los límites tradicionales de la comprensión y la planificación educativa. ¿Los gobiernos y los actores clave en el ámbito de la educación a lo largo de América Latina y el Caribe están dispuestos a dar el paso adelante?
Además de arrasar con el ganado, los cultivos, las viviendas –en esencia, las fuentes de ingresos y las condiciones de bienestar de las personas–, los huracanes son especialmente crueles con la educación. Dañan y destruyen la infraestructura escolar, los equipos y el material didáctico, y las inundaciones y los desprendimientos de tierra que se producen impiden el acceso de profesores y alumnos a las escuelas. Tras el paso de los huracanes, las escuelas se utilizan a menudo como refugios, con lo que las clases se interrumpen aún más. Las cifras son escandalosas: en 2016, el huracán Matthew dañó 300 escuelas en Haití; en 2021, Eta e Iota afectaron a 76 escuelas en Nicaragua y 340 en Guatemala.
El cambio climático está causando fenómenos meteorológicos más frecuentes y graves, y 2022 no es una excepción. Como ejemplo, en 2020, la temporada de huracanes del Atlántico más activa de la que se tiene constancia, hubo 30 tormentas con nombre, incluidos 14 huracanes, de los cuales 7 se convirtieron en huracanes importantes. Las tormentas nunca vienen solas; ese mismo año coincidieron con el pico de la pandemia de COVID-19, que dejó a 170 millones de estudiantes sin uno de cada dos días efectivos de clase en más de dos años en la región. El impacto en la asistencia y, por tanto, en los logros de aprendizaje, no tiene precedentes, al igual que el aumento de las tasas de deserción. Se calcula que la pérdida equivale a 1,5 años de aprendizaje.
La repercusión del calor extremo en el desarrollo de los niños
También se espera que en América Latina y el Caribe siga habiendo fenómenos relacionados con el cambio climático lento, como el aumento de las temperaturas de la superficie y de los océanos, y de la frecuencia e intensidad de las olas de calor y las sequías. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones desconocen la repercusión del calor extremo en el desarrollo de los niños desde que están en el vientre materno y, durante los años escolares, en su capacidad de concentración en clase y en su bienestar general. Todo esto significa que completar la educación secundaria, un determinante clave de las oportunidades de vida, se ha vuelto más difícil.
Al mismo tiempo, debemos considerar que la escuela debe ser algo más que un lugar de aprendizaje: debe proporcionar un espacio para que los estudiantes desarrollen conexiones sociales y emocionales, tal y como se destaca en la recientemente publicada Evaluación Internacional de la Ciencia y la Educación Basada en la Evidencia (ISEE). Sin embargo, aunque este informe de la Unesco afirma que el cambio climático tiene el potencial de debilitar la cohesión e interacción social, no identifica explícitamente cómo. A la luz de esto, es crucial que todos concordemos en el hecho de que, sin infraestructura escolar o acceso físico a las escuelas, los estudiantes tienen menos oportunidades de crear las relaciones a través de las cuales puedan florecer.
Uno de los actos de resistencia más valientes en América Latina y el Caribe consistirá en proteger, cada vez más, el derecho de los estudiantes a permanecer físicamente en la escuela.
Lo relacionado con las Escuelas Promotoras de la Salud (EPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsó apropiadamente la noción de que la política y los programas educativos deben prestar atención al entorno físico de la escuela. Lamentablemente, el enfoque de las EPS nunca despegó, en realidad, en América Latina y el Caribe, a pesar de que en un alto porcentaje de escuelas el acceso a las necesidades más básicas, como el agua potable, el saneamiento y la higiene, sigue siendo extremadamente limitado.
Además, aunque las EPS proporcionan un enfoque teórico útil, su supuesto es que existe una infraestructura escolar (aunque sea básica) en la que un profesor solo o un equipo de directores, personal y profesores pueden trabajar para crear un sentido de comunidad y de empoderamiento para lograr cambios. Pero hay pocos indicios de que en la región se esté debatiendo al menos sobre cómo se percibe el futuro de las escuelas en la actual situación de emergencia por el cambio climático.
Como en una guerra, mientras la región sigue luchando por recuperarse de la pandemia de COVID-19, las carreteras, los caminos y las instalaciones escolares pequeñas y grandes seguirán siendo arrasados junto a los medios de subsistencia y las fuentes de ingresos. Después de ser testigos de cómo los gobiernos de América Latina y el Caribe tuvieron grandes dificultades para adaptarse al cambio durante la pandemia, por ejemplo, descuidaron la creación de otras opciones para el aprendizaje y la socialización, ¿cómo podemos esperar que los responsables políticos y de la toma de decisiones imaginen un futuro diferente y viable para las escuelas, que aborde seriamente la crisis del cambio climático que se desenvuelve ante nosotros?
Aunque las escuelas se enfrentan a diferentes obstáculos en la región, el cambio climático puede representar el mayor de ellos, al amenazar los fundamentos mismos de cómo pensamos que debería ser una escuela, una edificación que se encuentra en el corazón de una comunidad comprometida con las nuevas generaciones, aquella en la que los padres quieren que sus hijos estén seguros y sean felices. De hecho, uno de los actos de resistencia más valientes en América Latina y el Caribe consistirá en proteger, cada vez más, el derecho de los estudiantes a permanecer físicamente en la escuela.
No hay una vacuna o una mascarilla, o una medida igualmente concreta, para ayudar a los estudiantes a continuar su educación cuando las escuelas deben enfrentarse a la extraordinaria magnitud de los acontecimientos, debido al cambio climático. Revitalizar las visiones sobre la educación exige transgredir los límites tradicionales de la comprensión y la planificación educativa. ¿Los gobiernos y los actores clave en el ámbito de la educación a lo largo de América Latina y el Caribe están dispuestos a dar el paso adelante?
“Pasen a firmar los que no tengan miedo”, dijo el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, copiando las palabras de Emiliano Zapata, a 268 líderes rurales, entre los que se encontraban familiares del Caudillo del Sur. En Los Pinos, ante un cuadro del jefe del Ejército Libertador, los dirigentes de las centrales nacionales pasaron uno a uno a suscribir el Manifiesto Campesino, que avaló el fin del reparto agrario y la privatización del ejido. La fecha quedó registrada junto a la emboscada de la Hacienda de Chinameca: 1° de diciembre de 1991.
Antes de comenzar la ceremonia, unos cuantos representantes que se olieron de qué iba la encerrona, preguntaron dónde estaba el baño y pusieron pies en polvorosa para no sumarse al documento. Entre ellos estaba Pancho, un líder tseltal que llevaba años luchando por la tierra con sus compañeros de la selva Lacandona. Regresó a su región y no volvió a aparecer en la vida pública hasta mucho tiempo después del levantamiento zapatista.
El compromiso de los líderes de superar el reparto agrario convocando a un gran esfuerzo de conciliación entre los hombres del campo adquirido ese día, fue visto como una gran traición por cientos de miles de campesinos en todo el país, pero especialmente por los chiapanecos, que llevaban décadas luchado por tierra. Esa contrarreforma al artículo 27 constitucional nubló el horizonte indígena y animó a centenares de comunidades a tomar las armas.
En el libro Voces de la historia, los habitantes de Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán y Nuevo Matzan, recuerdan su experiencia y las de sus abuelos en las fincas y pueblos, donde nacieron y se criaron aguantando el hambre, así como las razones que los llevaron a colonizar la Selva, para buscar dónde comer un poco mejor y dejar atrás el dolor de la pobreza y el puro sufrir.
Casi todos los que conocemos salen a la finca. Con nuestro trabajo se hicieron ricos los patrones, aunque nosotros seguimos igual en nuestra pobreza. Además del trabajo pesado tenemos más sufrimiento en la finca. Al patrón no le importa el trabajador. Quedamos con hambre. Maltrataban mucho los caporales: chicoteaban, golpeaban con ramas, con cincho, con la palma del machete, daban patadas; con cualquier cosa venía el castigo, explican. Por eso, en un moderno éxodo, marcharon a buscar una nueva vida en la selva.
La lucha por la tierra se generalizó en todo el estado durante las décadas de 1970 y 80. Los indígenas no sólo buscaban recuperar la que los finqueros se habían apropiado por medio del despojo violento. También la que habían ocupado en la selva para huir de la miseria. Un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, en 1971, otorgó la posesión de 614 mil hectáreas a 66 familias lacandonas, negándosela al resto de pobladores. En palabras de la Unión de Uniones, detrás del decreto estaban los intereses de Nacional Financiera, es decir, de la gran burguesía, que pretendía llevarse toda la madera de caoba y cedro contenida en las miles de hectáreas tituladas a favor del grupo lacandón.
El gobierno quiso reconcentrar a los otros indígenas (tseltales, tsotsiles, choles) y fijar los límites de la Comunidad Lacandona, por medio de la Brecha. Las comunidades resistieron poniendo el cuerpo por delante con la consigna de ¡no a la Brecha! En octubre de 1981, 2 mil campesinos de la selva marcharon y ocuparon la plaza de Tuxtla Gutiérrez. Caminaron días para llegar a un vehículo que los trasladara a la capital del estado. Años después, su lucha cosechó frutos. En 1989, Salinas de Gortari entregó la dotación a 26 colonias.
En entrevista con Roberto Garduño en La Jornada, el mayor Sergio, el Representante, rememoró esas faenas y cómo los habitantes de la región se vieron amenazados por las autoridades: “Con el decreto de 1972, el gobierno empezó a decir que nos íbamos a salir por las buenas y por las malas… pero no quisimos salir porque nuestros padres y nuestros abuelos buscaron este lugar para vivir y trabajar”.
En la selva, los rebeldes aprendieron a manejar el fusil para defenderse de las guardias blancas. Luego siguió la educación política e ideológica y el fortalecimiento de la organización comunal. Sergio recordó el caso de la venta del café como síntoma de la injusticia, porque los coyotes engañan y pagan precios de risa por el producto.
Los zapatistas –añadió– “empezamos a trabajar en nuestras comunidades casa por casa y barrio por barrio. Mucho tiempo luchamos de manera pacífica, pero nos ignoraban, por eso empezamos… pero no nos han dejado, nos han reprimido, por eso hemos tomado el fusil”.
A pesar de que se había izado la bandera blanca en el campo, la sublevación de 1994 permitió a campesinos e indígenas, zapatistas y no zapatistas, recuperar miles de hectáreas. En lugar de parcelarlas como hicieron otros, los rebeldes impulsaron en ellas proyectos de asociación colectiva para la producción agrícola y ganadera, que les han permitido controlar su vida y practicar el autogobierno. Estas experiencias son la base material sobre los que se erigen los caracoles, que este 9 de agosto cumplieron 19 años de vida.
El agravio de Carlos Salinas contra los pequeños productores rurales, cuando en Los Pinos llamó a los líderes a que pasaran a firmar sin miedo un acuerdo para cerrar la puerta a la vía campesina de desarrollo, fue respondida años después por el EZLN, descarrilando en los hechos el fin del reparto agrario.
Pero el rechazo fue aún más lejos. Sobre ese ¡no! inicial, los rebeldes pasaron a construir una sociedad que representa todo lo contrario de lo que el salinismo quiso impulsar. Esa sociedad alternativa ha tomado forma en los caracoles. En ellos se sintetiza tanto la historia profunda y subterránea de campesinos e indígenas por la tierra y la autonomía, como su disposición y potencia para construir un otro mundo.
Varias expertas en educación exponen los pros y contras de realizar tareas escolares en vacaciones.
Cuando Eva Bailén era pequeña le encantaba estudiar y hacer deberes, ¡incluso en verano! Sin embargo, su apreciación sobre estas tareas cambió radicalmente al tener a sus tres hijos. «Me parecía absurdo que tuvieran que llegar de clase y seguir delante de los libros cuando era un suplicio para ellos y, más aún, que en verano les obligaran a hacer ejercicios aburridos y repetitivos carentes de creatividad que lo único que conseguían es que no tuvieran ganas de volver al colegio en septiembre».
Esta madre emprendió en 2015 una intensa campaña de recogida de firmas por la racionalización de los deberes escolares. Logró 200.000 adhesiones, al tiempo que avivó un debate que afecta a muchas familias. Hoy, Bailén es responsable de la Escuela de Familias del Observatorio de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos y sigue pensando que no debería haber deberes en verano o, de serlo, que sean voluntarios. «Obligar a los niños a hacerlos es trasladar a las familias la responsabilidad de que los realicen. Hay muchos padres que para poder conciliar dejan a los niños con los abuelos, pero ellos no saben ayudar a los nietos, ni tienen por qué asumir ese rol».
Añade que «cuando los padres aún no están de vacaciones lo que menos les apetece al llegar de la oficina y tener un conflicto con los hijos que no tienen ganas de hacer deberes. Tampoco es justo que al estar los padres unos días de vacaciones, se tengan que llevar los libros a la playa para finalizarlas. Además, se suma la paradoja de que en el instituto ya no se les mandan tareas de verano a los alumnos, justo cuando ya son autónomos y saben organizar su tiempo sin tener a sus padres detrás».
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de Cofapa y profesora de Educación en la Universidad Villanueva, defiende la idoneidad de hacer deberes en verano de manera voluntaria y ajustados a la edades de los alumnos, pero disiente al considerar que «estas tareas deben realizarlas los hijos de forma autónoma, sin necesidad de tener a sus padres al lado. Lo que está claro es que si no se ha trabajado en esta autonomía durante el curso, no será posible que en verano los hagan ellos solos. Además, las vacaciones son muy largas y muchos progenitores agradecen que se les oriente desde las escuelas sobre este tipo de tareas para que sus hijos ocupen el tiempo en algo productivo que les beneficie en su desarrollo».
Aún así, Bailén añade que «las familias no deben hacerse cargo de las carencias del sistema educativo. Si los alumnos han aprendido bien no tienen por qué repasar en verano y si tienen que hacerlo es porque no se les ha trasladado correctamente el contenido».
En este aspecto, la presidenta de Cofapa apostilla que «los deberes no son para que aprendan más, sino para reforzar y fomentar la inquietud por el aprendizaje, para que investiguen sobre aquello que les guste y les ayude para el curso siguiente».
Ladrón de Guevara señala que en toda maleta «debería haber un libro, al igual que lo hay en la de muchos adultos, así como cuadernos para pintar o escribir redacciones de lo que ven —porque viajar es ya un aprendizaje—, o lo que les cuentan los abuelos cuando están con ellos. Las matemáticas también se pueden repasar viendo los tiques de la compra o calculando las medidas de ingredientes de recetas de cocina… En opinión de esta profesora, «el debate de deberes sí o deberes no, no se va a acabar nunca, solo se lograría calmar esta polémica si los padres pudieran elegir entre colegios que mandan o no estas tareas. Lo curioso es que lo que le va bien a un hijo igual al hermano no le va bien. hay que evaluar cada caso», concluye la presidenta de Cofapa.
Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/deberes-verano-debate-nunca-acabar-20220713163346-nt.html
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