Por: Mauro Jarquín Ramírez.
La reforma educativa partió del diagnóstico de que la educación mexicana no era de calidad debido básicamente a dos cosas: mal desempeño docente e ineficiente administración escolar. En este tenor -y al más puro estilo del gerencialismo educativo internacional impulsado por la OCDE y el Banco Mundial- los reformadores consideraron que, para impulsar la calidad educativa, era necesario hacer del profesorado un objeto de intervención, a través de la creación de un marco institucional de control docente e incertidumbre laboral. Asimismo, dicha política debía ser acompañada con la construcción de nuevas directrices administrativas en las escuelas, apegadas a las lógicas del new public management. El simplista supuesto subyacente de todo esto residía en esperar que, ante las transformaciones de los insumos de trabajo (docentes), la “mejora” en los insumos de capital (infraestructura) y la gerencialización del proceso administrativo, los productos escolares, medidos en pruebas estandarizadas de aprendizaje, mejorarían sustancialmente, algo que incluso en los propios términos de los reformistas no ha ocurrido[1].
Sin embargo, a pesar del rechazo que el profesorado y las comunidades educativas han mostrado a la reforma y los valores que la impulsaron, esta sigue operando, aunque de manera desigual, en los distintos niveles del sistema educativo mexicano, modificando paulatinamente el ambiente laboral del profesorado y con ello, transformando también de manera sutil en las comunidades educativas el “sentido común” sobre las tareas, fines y procesos de la educación pública. El gobierno de los números, los estándares, las evaluaciones y el control docente en las escuelas se ha impuesto por la fuerza, se ha mantenido por la ley y se ha justificado por la razón intelectual de ciertos “expertos” en educación, consultores internacionales y personeros de grupos de interés, cuya mayor inspiración son los lineamientos educativos gerenciales de entidades multilaterales, las cuales se han visto sumamente interesadas en consolidarse como actores centrales en los procesos de gobernanza educativa nacional.
Al respecto, es de resaltar la particular persistencia que la OCDE ha mostrado con el paso de los años en su campaña de consolidación como el referente a seguir en la política educativa. Para lograrlo, ha echado mano tanto de su capacidad de presión política internacional, como de la construcción de alianzas con determinados actores del sistema educativo mexicano que se han encargado de difundir sus lineamientos educativos por todas partes donde han podido, presentándolos como novedosos, “de avanzada” y hasta progresistas. En ese sentido, basta mencionar, por ejemplo, la colaboración constante entre Andreas Schleicher, Director de Educación de la OCDE con la organización Mexicanos Primero.
La insistencia de la OCDE por mantener políticas gerenciales en educación ha sido constante desde el año 2010, cuando desarrolló propuestas centrales que nutrirían la posterior reforma educativa, pero se ha agudizado en los últimos meses. Durante su Participación en la reunión «El Servicio Profesional Docente 2014-2018: Alcances, Beneficios y Desafíos”, organizada por la SEP el pasado 15 de Febrero, Gabriela Ramos, Directora OCDE y representante del G-20, dijo: “Desde la OCDE celebramos que muchas de las medidas introducidas en materia de selección y formación docente, estén alineadas con las mejores prácticas internacionales”, para después completar: “sin embargo, esta es la OCDE, tenemos algunas recomendaciones […] tenemos que insistir en continuar con estos esquemas que se han aprobado.” Ideas similares desarrolló la organización en el documento “Education Policy Outlook México”, publicado en marzo pasado, en donde reconoce favorablemente las políticas realizadas para lograr la “calidad” y “equidad” educativas, como la autonomía escolar y la consolidación de la autoridad evaluadora. De igual forma, insiste en la necesidad de dar continuidad a los esfuerzos por “fortalecer la profesión docente” y mantener las políticas establecidas hasta el momento.
Ante el cambio de gobierno y el debate generalizado sobre el rumbo educativo del país, la OCDE ha mantenido su punto de vista, tal como lo expresó a inicios de septiembre pasado, cuando en la presentación del documento “Education as a Glance 2018”, Gabriela Ramos expresó que habían elementos “muy positivos” en la reforma educativa, que debían ser “resaltados” y tomados en cuenta. Sin embargo, Ramos también afirmó: “si hay elementos positivos que se puedan rescatar para el beneficio de los niños y los maestros de México, les damos la bienvenida”[2], con lo cual abrió la posibilidad de ciertos cambios en la reforma, cambios en los cuales la propia OCDE espera estar presente al tener “los mejores datos”, “la mejor evidencia” y “los mejores análisis”.
La OCDE pasa por alto que el descontento no radica en una disposición particular, sino en el intento global por mercantilizar la educación básica, lo cual no se solucionará “mejorando”, por ejemplo, la evaluación docente. Será tarea del gobierno entrante tomar las riendas de la educación nacional y analizar democráticamente la reforma, debatir lo necesario y, desde luego, cumplir con sus promesas de campaña.
[1] http://www.jornada.com.mx/2018/09/25/sociedad/035n1soc
[2] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-reforma-educativa-no-es-perfecta-ocde
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