El Ministro de Educación y la Academia de Ciencias de China firman un acuerdo entre partes con el objetivo de fomentar la cooperación científica y tecnológica para los investigadores bolivianos que podrán ser capacitados en diferentes áreas.
La firma del “Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología entre la Academia de Ciencias de China y el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia” se realizó entre el Ministro de Educación, Roberto Aguilar (Bolivia) y el presidente de la Academia de Ciencias de China, Prof. Chunli Bai (China).
De acuerdo al convenio firmado por ambas instancias, el objetivo es fomentar la cooperación científica y tecnológica entre investigadores bolivianos y chinos en áreas de interés mutuo a través de intercambios científicos, visitas, investigación colaborativa, conferencias, seminarios y talleres, intercambio de información y publicaciones, además de otras formas de colaboración de mutuo acuerdo.
Entre las áreas de investigación que se proyecta desarrollar están: la conservación de la biodiversidad, minería y materiales, biotecnología (aplicada a la agricultura y a la biomedicina) y energía, entre otras.
El Acuerdo de Cooperación permitirá que los investigadores bolivianos puedan interactuar con científicos de reconocimiento a nivel mundial a través de intercambio de proyectos y capacitación.
Este convenio será promovido por el Ministerio de Educación y será ejecutado por las universidades y otras instancias bolivianas vinculadas a la investigación.
“El Ministerio de Educación promoverá que estudiantes bolivianos se presenten a programas de doctorado en la Universidad de la Academia de Ciencias de China (UCAS) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) a través del Programa de becas (CAS-TWAS)”, señala el acuerdo, en su artículo 5.
Asimismo, la Academia de Ciencias apoyará a instituciones de investigación bolivianas (universidades, institutos gubernamentales u otros) a implementar y fortalecer programas de postgrado científico en Bolivia. El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la firma, según un boletin de prensa.
Ana Ether Furundarena afirma que las condiciones laborales de los trabajadores de la Enseñanza pública vasca «son buenas»
«Me asombran las reivindicaciones pedagógicas de los sindicatos», dice la responsable de Educación del partido
El PNV está ya en guerra abierta con los sindicatos de Educación. Si ya la relación de la consejera, Cristina Uriarte, con las centrales sindicales no es precisamente fluida después de que hayan convocado tres huelgas en este curso, la responsable de Educación y Euskara del PNV, Ana Esther Furundarena, ha cuestionado hoy de raíz, las reivindicaciones de los sindicatos.
Furundarena ha cargado contra las centrales y ha considerado que no tienen motivos para reivindicar mejoras laborales: «Las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza pública vasca son buenas. Seguro que son mejorables, como las de todos los trabajadores en todos los ámbitos. Pero en general son buenas», ha asegurado.
Además, ha considerado que le «asombran» las reivindicaciones pedagógicas de los sindicatos de la enseñanza, porque consideran que «están intentando torpedear y derogar Heziberri 2020, igualándola con la Lomce cuando no tiene nada que ver».
En una entrevista difundida por su partido, Furundarena, miembro del EBB -la ejecutiva del PNV-, ha defendido Heziberri 2020 porque es «nuestro» plan estratégico, y «digo nuestro por que es un plan elaborado con la participación de los diferentes agentes»,, ha dicho, y ha considerado que la solución al conflicto debe venir de la mano de «la voluntad real de acordar, intenciones verdaderas de negociar», insinuando así que es algo que hasta ahora no se ha visto por parte de los sindicatos. Además, ha pedido «respeto, reconocimiento, realismo, responsabilidad y verdad».
Por otra parte, en la misma entrevista, Furundarena se ha mostrado muy satisfecha con el avance que ha experimentado el conocimiento y el uso del euskera durante las últimas décadas, pero advierte de que aún hay un largo trecho de la normalización lingüística plena.
Em este sentido, ve necesario que el euskera tenga cada vez más hablantes «y que dichos hablantes lo utilicen en cada vez más lugares y para cada vez más funciones, que sea utilizado tanto en el ámbito publico como privado, ése es el reto: Que haya hablantes vascos e influir en las costumbres de dichos hablantes. Es fundamental impulsar la activación de estos hablantes y protegerlos».
La agencia enfrenta un recorte de $163 millones y ha sido notificada por varios municipios que dejarán de atender planteles.
El Departamento de Educación se apresta a completar una nueva reestructuración de las rutas de transportación escolar en busca de generar ahorros en este servicio y aún evalúa cómo atender las necesidades más apremiantes de la infraestructura de los planteles para hacer frente al millonario recorte presupuestario que tendrá el próximo año fiscal. Y en medio de todo, la crisis económica del Gobierno podría hacer que la agencia se quede sin la ayuda que le dan los municipios.
Sin ofrecer detalles sobre los acercamientos que ha recibido, la secretaria de Educación, Julia Keleher, señaló que varias administraciones municipales le han enviado cartas informando que ya no podrán hacerse cargo de los servicios que brindan a las escuelas. Según un inventario trabajado por Educación, los municipios ofrecen a las escuelas servicios como mantenimiento de la planta física, recogido de basura y transportación escolar (para lo cual sí reciben fondos).
“Por la crisis, con los recortes que ellos también tendrán, pues se les hace difícil”, expresó la secretaria.
Aunque típicamente no reciben fondos para atender escuelas, es harto conocido que es común que los municipios sean quienes se encarguen de realizar arreglos menores en la infraestructura de los planteles ubicados dentro de sus límites geográficos, así como darles mantenimiento durante el verano o resolver imprevistos que surjan en el día a día.
Al reconocer la importancia de estas labores, Keleher sostuvo que buscará la forma de establecer alianzas con municipios de modo que puedan asignarle fondos para cubrir los gastos en los que deben incurrir.
“Estamos buscando los sobrantes que tenemos, que podemos identificar, para ver cómo le podemos dar dinero a los municipios porque las quejas de los alcaldes es que no tienen los fondos para hacerlo”, destacó Keleher.
Educación enfrentaría una reducción de $163 millones para el próximo año fiscal en las asignaciones que recibe del Fondo General, de acuerdo al presupuesto recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló. En total, el presupuesto del Departamento de Educación sería de $1,474,297,000, precisó el subsecretario de Administración de la agencia, Pablo Muñiz.
No obstante, la cifra podría ser diferente en la versión final de las resoluciones presupuestarias aprobadas por la Legislatura este fin de semana.
De hecho, ya algunas de las partidas designadas para aspectos educativos han sido modificadas, entre ellas las asignadas para la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, los fondos para instituciones de educación alternativa y para la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), adelantó la secretaria. Al momento de esta entrevista, Keleher no tenía detalles sobre la cantidad exacta de fondos asignados, luego que en las vistas públicas celebradas en la Legislatura saliera a relucir que las partidas destinadas para las escuelas Montessori y el mantenimiento de escuelas estaban en cero o habían sido reducidas.
Ante los retos económicos que enfrenta, Educación ha optado por dar prioridad al mantenimiento de las 210 escuelas identificadas como receptoras tras el cierre de 167 escuelas. Estas tareas requerirán de unos $20 millones, estimó Keleher.
De nuevo cambiarán rutas
En el 2014, se transformó el proceso de contratación de transportación escolar, luego que se revelara que no se celebraban subastas para estos servicios desde el 2003 y que los mismos contratos estuviesen vigentes desde el 2012.
En ese año también se formalizaron acuerdos con 26 municipios, a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), para que estos se encargaran de contratar la transportación escolar en un intento de generar ahorros y descentralizar los servicios que ofrece la agencia.
Este verano se completará una nueva reestruturación de las rutas -tanto de los servicios que reciben los alumnos de corriente regular como los de Educación Especial que requieren acomodos adicionales- con el objetivo de reducir en un 10% los gastos de transportación escolar, precisó Keleher.
El monto total que se generaría en ahorros se definirá una vez se establezca cuál es el presupuesto exacto que manejará la agencia a partir del 1 de julio, sostuvo la funcionaria.
Bajo la administración anterior, la revisión de las rutas que recorren los porteadores escolares fue realizada por personal de la misma agencia. Esta vez, Educación usará los servicios de un “asesor” que se encargará de esta revisión.
“Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que sabemos dónde están los estudiantes, dónde viven. Lo vamos a hacer por geocodes (coordenadas geográficas) porque no estoy segura que tengamos las direcciones más actualizadas de los estudiantes. Eso lo tendremos cuando se pueda hacer la matrícula en línea, pero ahora tenemos que buscar alguien con la experiencia en transportación y en las direcciones como son aquí, que es algo que yo no tengo”, señaló Keleher.
La entrada en escena de un intermediario entre Educación y los proveedores de servicios de transportación para revisar los proceso crea suspicacia y malestar entre porteadores consultados por este diario, quienes solicitaron no ser identificados pues los procesos de contratación para el próximo año escolar aún no han comenzado.
Al menos tres de estos proveedores cuestionaron cómo la agencia escogió a este asesor externo, pues aseguraron que las empresas e individuos que tienen la experiencia que Educación detalló que necesita también tienen lazos con empresas de guaguas escolares.
“No sería una competencia justa si viene una compañía, reestructura las rutas y luego se benefician porque consiguen las rutas que más pagan. ¿Ellos también van a subcontratar a las demás compañías?”, comentó un transportista escolar.
Sin embargo, la secretaria respaldó el uso de un experto externo, al asegurar que ya se han identificado decenas de rutas que estaban mal diseñadas. En algunos casos, los porteadores viajaban por la misma carretera en múltiples ocasiones para recoger a alumnos, lo cual pudiera haber causado que se pagara más por esa ruta ya que se recorrían distancias mayores a las necesarias, sostuvo Keleher.
Las consultas al gabinete psicopedagógico de la Universidad se han duplicado en este curso.
El gabinete psicopedagógico del Campus de Ourense atendió 1.781 consultas en el curso 2016-17, frente a las 894 registradas en el ejercicio anterior. La responsable del departamento, Isabel Ferreiro, afirma que los universitarios recurren a este servicio gratuito en busca de orientación académica, pero también por cuestiones relacionadas con depresión, malos tratos y bullying. «Cada vez, desgraciadamente, estamos teniendo consultas relacionadas con acoso escolar que sufrieron en etapas anteriores. Hay un repunte de casos de violencia psicológica», puntualiza.
La experta destaca las dificultades con las que se encuentran las víctimas de acoso escolar una vez que llegan a la universidad. «Aquí se hacen muchos trabajos en grupo. Es parte del Plan Bolonia, pero a este tipo de alumnos les cuesta mucho relacionarse con los compañeros». En este sentido, han programado un taller específico para trabajar el acoso escolar durante el próximo curso .
«Puertas abiertas»
Isabel Ferreiro hace un llamamiento a la comunidad universitaria para que se haga uso de este servicio. «Estas puertas siempre están abiertas. Les podemos ayudar a que su vida académica sea mejor y, por lo tanto, también su vida personal». Además de la atención personalizada, el equipo pedagógico, al que se unió la psicóloga Verónica Mariño en marzo en calidad de becaria, organiza cursos relacionados con el desarrollo personal en los que se trabajan las habilidades de comunicación, la motivación y la autoestima. También ofrecen talleres centrados en técnicas de estudio y sesiones de coaching. «La Universidade de Vigo, además de preocuparse por los contenidos de las carreras que se imparten en los distintos campus, también se interesa por el bienestar emocional del alumnado», reconoce Isabel Ferreiro. Precisamente, la Universidade de Vigo es la única institución académica de Galicia que cuenta con este servicio.
Fomentar la integración del alumnado con diversidad funcional es otro de los objetivos del gabinete psicopedagógico del Campus de Ourense a través del Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiais (PIUNE), puesto en marcha por la Universidade de Vigo en 2013. Por aquel entonces, solicitó apoyo un alumno y, en la actualidad, 19 universitarios están dentro del citado proyecto.
Aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad en la Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos los hace en escuela comunes, aseguran desde UNICEF.
El 60% de los estudiantes discapacitados cursan estudios en escuelas comunes en la Argentina, un porcentaje que se duplicó respecto a 2005, aunque todavía muchas escuelas no admiten su inscripción pese a la vigencia desde el año pasado de una resolución del Consejo Federal de Educación que considera este acto como discriminatorio.
Especialistas en discapacidad de Unicef, Derechos Humanos de la ONU, académicos de la Universidad Autónoma de Madrid y autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, debatieron en un seminario sobre educación inclusiva, organizado por la cartera, ante docentes, organizaciones y padres de niños con discapacidad.
La representante de UNICEF en la Argentina, Florence Bauer, aseguró que aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad en la Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Y mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos los hace en escuela comunes.
Bauer detalló que este porcentaje «se ha duplicado en la Argentina desde el 2005, lo que posiciona al país en una situación positiva» aunque mencionó que «aun restan afrontar numerosos desafíos como aumentar la permanencia y la terminalidad, tanto en la educación formal como en la no formal».
La dirigente mencionó además la necesidad de incrementer la formación docente en discapacidad ya que el maestro es el que está en contacto con los chicos» y remarcó que la Argentina a diferencia de otros países de la región «tiene todos los elementos para avanzar en estos desafíos».
No obstante, las organizaciones sociales aseguraron que en muchas escuelas «no se cumple» la resolución 311 -de marzo del 2016- del Consejo Federal de Educación que ordena a las instituciones educativas inscribir a los chicos con discapacidad sin ningún tipo de restricciones» y que también establece Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) para que estos estudiantes puedan integrarse a una escuela común.
«En algunos colegios no es que dicen que van a ver si la aplican, directamente aseguran que no lo van a hacer», reclamo una docente y aseguró que esta situación se da en especial en aquellos colegios privados en los que ante el reclamo de algún padre les aconsejan que en la escuela no lo inscriba «porque la institución tiene una dinámica en la que el chico no se adaptaría».
El secretario de gestión educativa del Ministerio de Educación, Max Gulmanelli, dijo a Télam que la resolución 311 «plantea el desafío de que cada chico tenga su propio recorrido, su proyecto individual, el título de cada alumno es único e irrepetible y todos son válidos» aunque aseguró que esa resolución «esta incompleta en algunos aspectos como la de contemplar a los chicos que tienen altas capacidades».
«La resolución 311 tiene impacto nacional y es vinculante, corresponde a las provincias la obligación de que se cumplan las leyes educativas, Desde Nación tenemos que llegar con capacitación docente y monitoreo de su nivel de implementación» , puntualizó Gulmanelli.
Y agregó «no tenemos el dato duro de en cuantas escuelas no se aplica, sabemos que todavía no es cultura en las escuelas aplicarla, el dato es que no hay datos, tenemos poca información en este sentido pero venimos trabajando para tenerlos».
Explicó además que el objetivo «es que las 47.000 escuelas del país sean escuelas inclusivas, la escuela no puede decir incluyo o no incluyo. El problema son las barreras culturales que existen para las personas con discapacidad, hay que poner la mirada en las capacidades y no en las discapacidades».
Detalló también que cambiar esto «es un proceso lento, hay pocos países en el mundo con un sistema totalmente inclusivo, muchas veces los tiempos de los chicos no son los tiempos de las escuelas y de los gobiernos. Hoy ya no se esconde la discapacidad en el seno de la familia, hoy los chicos empiezan a ir a la escuela y, asumiendo esta diferencia de tiempos, estamos en el camino de la inclusión plena».
Cecilia Simon Rueda, especialista en discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid, destacó que la educación «es un aspecto central de una sociedad inclusiva y debemos tomar acciones para cambiar los entornos educativos y lograr una perspectiva de inclusión basada en los derechos, para lo cual debemos modificar la mirada que tenemos hacia el otro, en como entendemos los educadores que debe ser la respuesta a la diversidad».
Indicó en este aspecto que «las dificultades no esta en los estudiantes sino en el entorno educativo, por lo que cada institución debe preguntarse donde tiene que poner el foco, que barreras tiene que superar que le esta impidiendo al estudiante superar esas dificultades. Todo estudiante tiene derecho a no ser discriminado, pero si no podemos dar respuestas a estas preguntas, estamos negando ese derecho».
Para Simón Rueda «estamos ante un desafío que, a su vez, puede ser un proceso de enriquecimiento. Introducir cambios en estructuras, contenidos y estrategias de enseñanza pero estas transformaciones no sólo tienen que ver con los centros educativos sino en las políticas que adopta un gobierno, la escuela tiene una parte importante en estos cambios pero no la única».
Para Facundo Chavez Penillas, asesor en derechos humanos y discapacidad del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), «hoy en la Argentina es un hecho auspicioso que se hable tanto de educación inclusiva y discapacidad» y valoró que se hala dispuesto en el país «el Sistema Integral de Información Digital Educativa, que registra los apoyos a las personas con discapacidad. Esta es una iniciativa interesante que veo por primera vez en Latinoamérica».
Llamó eliminar la frase «en la medida de las posibilidades del estudiante» que en las escuelas dicen cuando deben recibir a un chico con discapacidad y «establecer esa verdadera imposibilidad de que una institución educativa se niegue a recibir a un chico de estas características porque sería etiquetarlo a partir de un diagnóstico y esto es sinónimo de exclusión».
“Esta biblioteca comunitaria es diferente de otras bibliotecas, a donde sólo se va a leer y a tomar prestados libros”, afirmó Zaid, un voluntario de la biblioteca comunitaria Nayef bin Abdulaziz Al Saud, en Hebrón. ‘‘Es un centro de conocimientos que moviliza a la comunidad, sensibiliza en materia de los derechos y las necesidades de los estudiantes y les enseña a alzar sus voces y a entablar un diálogo”.
Estudiantes como Zaid y Mohammad, originarios de Hebrón o como Salsabil, de Tulkarem, pasan mucho tiempo en las bibliotecas comunitarias. Vienen fundamentalmente para realizar investigaciones, asistir a diversas actividades, ofrecer formaciones e incluso para ayudar a otros estudiantes en sus investigaciones.
En 2014, la Oficina Regional de la UNESCO en Ramallah, comenzó la implementación de un programa titulado “Programa de ayuda para los estudiantes de la Universidad de Palestina en condiciones de extrema pobreza”, que creó 12 bibliotecas comunitarias en Cisjordania y Gaza. Financiado por el Comité de Apoyo de Arabia Saudita al Pueblo Palestino, dichas bibliotecas brindan apoyo a más de 24,000 estudiantes vulnerables de la enseñanza superior, proporcionándoles formación, apoyo en el ámbito de la investigación científica, libros de texto y servicios de reprografía.
“Después de haber pasado más de un año como voluntario en esta biblioteca, me siento más seguro que antes”, afirmó Adil, un voluntario de la biblioteca comunitaria Nayef bin Abdulaziz Al Saud, en Tulkarem. “Como estudiante universitario, estoy aprendiendo gracias a esta experiencia, algo que me dará más oportunidades para encontrar un empleo en la comunidad”.
Los 12 bibliotecarios distribuidos por toda Cisjordania y por la Franja de Gaza están formados para brindar el mejor apoyo posible a los estudiantes. “A los estudiantes les gusta como los tratamos: se sienten como en casa y podemos darles todo lo que necesitan, además de nuestro apoyo”, expresó Imtinaan, un bibliotecario de la biblioteca comunitaria de Nablus. “Nos sentimos orgullosos al ver que nuestros estudiantes prosperan y sobresalen en lo que hacen”.
Desde la puesta en marcha del programa, las bibliotecas comunitarias se han convertido en una red académica y social de gran utilidad. Han logrado desempeñar un papel importante en la vida de las personas y se han convertido en un segundo hogar y en un sistema de ayuda para muchos estudiantes vulnerables en Palestina.
Tres institutos de Asturias, un Comité de Ética sanitario y complejos supuestos que debatir para conseguir un acuerdo. Estos son los ingredientes de un proyecto de Valores éticos que pretende hacer pensar.
Enseñar a pensar o a ser ciudadanas y ciudadanos críticos y libres es uno de los objetivos fundamentales de toda educación que se precie. Y este es uno de los elementos fuertes del proyecto Bioética en las aulas, organizado por el Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área Sanitaria I (Jarrio), en Asturias, junto con tres institutos: IES Elisa y Luis Villamil (Vegadeo), IES Galileo Galilei (Navia) y el IES Marqués de Casariego (Tapia de Casariego).
La idea es que el alumnado de 4º de la ESO de cada uno de estos institutos viva en su piel la toma de decisiones sobre asuntos polémicos de diferente índole, como lo harían si trabajasen en un comité de ética sanitario.
Rosa María Mesa es la presidenta del comité de ética del Hospital de Jarrio. Es una zona sanitaria pequeña, cuenta por teléfono. Un hospital con 100 camas, en una zona geográfica donde todo el mundo se conoce y donde las relaciones entre diferentes personas son muy fáciles.
El caso es que desde hace años uno de los miembros de este Comité es Emilio García profesor de Filosofía de uno de los institutos de la zona, y padre en buena medida, de todo el proyecto. Él y otros dos compañeros, también docentes de esta materia (ahora Valores éticos) han conformado este tiempo el motor del proyecto. Y han tenido muy buena sinergias con un Comité de Ética que tiene entre sus objetivos primordiales dar a conocer a la sociedad cuál es el trabajo que realizan, así como trasladar a la calle algunos debates importantes alrededor de los valores.
El proyecto es tan potente que el año pasado la Fundación Víctor Grifols i Lucas les concedió su premio sobre ética y ciencia. Un acto en Barcelona al que asistieron Juan José Alonso y tres alumnas de los centros para recoger el premio.
Los docentes ponen sobre la mesa del Comité unas cuantas cuestiones que creen relevantes para que, entre todos los miembros (personal sanitario, una abogada especialista en asuntos de mujer y los docentes) decidan cuáles serán los que chicas y chicos de entre 15 y 16 años deberán debatir.
Hasta hace un año salían tres temas. Cada centro trabajaba con uno de ellos. Y durante un trimestre entero se investiga sobre el tema, la legislación que le afecta, el marco teórico en el que se mueve, etc. Cuestiones como el aborto en la adolescencia, la adicción al móvil, la negación de una transfusión de sangre a menores o la atención sanitaria a inmigrantes han sido algunas de las tratadas.
Cada grupo prepara su tema y toma una decisión sobre el tema. Después, en un encuentro anual, los tres institutos se juntan y cada uno de ellos le expone al otro sus conclusiones, su toma de decisiones y el proceso para la toma de decisiones.
Al menos así hasta hace dos cursos. Los docentes decidieron cambiar parte de la metodología en un intento por aumentar la participación de todas las chicas y chicos. Por eso, en el encuentro anual, lo primero fue dividirse en grupos de unos 50 alumnos de los diferentes centros para que pudieran debatir un poco más sobre los temas de los otros institutos. Después, en una asamblea general, cada centro exponía sus conclusiones, así como trasladaba al plenario cuál había sido la conversación en los grupos más reducidos.
Cambios metodológicos que también han sido obligados por la nueva configuración de la asignatura de Valores éticos tras la entrada en vigor de la LOMCE. La nueva ley educativa, además de hacer optativa la asignatura en secundaria, ha reducido a la mitad las horas lectivas semanales, de manera que también el proyecto se ha visto reducido a la mitad. Esto ha obligado a hacer cambios como el retraso en la reunión anual, para dar tiempo a los diferentes grupos a trabajar correctamente los temas.
Hacer pensar
Tanto Rosa María Mesa como Juan José Alonso inciden en el impacto que este proyecto tiene en mejorar la capacidad de discusión del alumnado. Cumple con las expectativas que se planteaban, al menos desde el Comité de Ética, de trasladar ciertas discusiones alrededor de los valores a la sociedad.
Llegar a la población general es complicado, comenta Mesa, así que cuando se planteó la posibilidad de hacer el proyecto en jóvenes de 4º de la ESO les pareció perfecto: “Se están formando, se encuentran en la época en la que más profundizan en el tema de los valores”.
“Es uno de los puntos importantes para nosotros que la sociedad se implique más en los temas de valores”, defiende la presidenta del Comité, que ejemplifica cómo, tras la aprobación de una ley en Asturias sobre muerte digna, plantearon una proyección de cine alrededor del tema de la muerte digna para aprovechar la discusión. “No es fácil ponernos de acuerdo”, asegura.
Para los docentes de filosofía, las motivaciones son bastante similares. Salvando los primeros escollos relacionados con poner a hablar a mundos tan diferentes como el sanitario y el educativo, o sobre cómo se coordinan tres centros de secundaria alrededor del mismo proyecto, todo parece estar funcionando.
Una actividad que la Fundación Víctor Grifols y Lucas decidió premiar en su momento precisamente por el trabajo coordinado entre los tres centros educativos que lo han venido realizando hasta la fecha. El Premio Ética y Ciencia pretende aumentar su radio y llevar la ética al ámbito educativo con el objetivo de incidir en la creación de unas sociedades más responsables. El premio, según la propia Fundación pretende fomentar “la sensibilidad y la reflexión de los alumnos alrededor de las implicaciones éticas de la ciencia, de la investigación científica y de las aplicaciones tecnológicas”.
¿Y cómo se hace para que un joven de 15 o 16 años hable delante de varios cientos de chicas y chicos de su misma edad? Pues no es fácil, por eso uno de los esfuerzos se relaciona con la elección de los temas de los que habrán de hablar. Igual que otros años han tratado asuntos más relacionados con lo sanitario, en esta última edición han hablado de adicción a móviles y de la violencia de género, temas que además, están también relacionados.
Confiesa Juan José Alonso, eso sí, que “al principio les descuadra pensar en que tienen que hablar ante decenas de otros chicos y chicas que no son de su instituto”.
“Siempre hay alumnos que intentan escurrir el bulto y pasar desapercibidos, pero también los hay que se animan a participar en los encuentros”, asegura Juan José. Y que en cualquier caso, intervengan no hablando en público, el proyecto supone “un enriquecimiento agradable: hablar en público, buscar argumentos, dialogar… es nuestra forma de ver la educación, es primordial. Integrar, debatir, argumentar con los demás”, defiende este docente de filosofía.
Y, además de esto y de lo que aprenden, Alonso defiende que hay “chavales a los que el proyecto les ayuda a madurar. A crecer y madurar”.
Pero no solo el alumnado ha de trabajar y llegar a consensos y acuerdos. “Coordinarse con otros IES, dice Juan José Alonso, lo hacemos a base de reuniones cada poco tiempo para debatir, contrastar opiniones sobre el desarrollo, incluir novedades metodológica… Es complicado pero siempre partimos de que hay voluntad de hacerlos, de entenderse unos con otros. Llegar a acuerdos con gente que casi no conoces, romper tus dinámicas habituales en el aulas y abrirte a los demás para llegar a un acuerdo”.
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