Por: Red Regional por la Educación Inclusiva
La Convención impone a los Estados firmantes la obligación de construir sistemas educativos capaces de implementar apoyos y ajustes según los requerimientos de cada estudiante, así como de aprehender y valorar la diversidad, bajo el entendimiento de que la heterogeneidad es inherente a las aulas y no es un problema
De las palabras a los hechos para avanzar en inclusión
Han pasado ya 15 años desde la entrada en vigor de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer instrumento internacional vinculante que se refiere específicamente a una educación inclusiva de calidad. Así, en su artículo 24 establece que las personas pertenecientes a este colectivo no pueden ser excluidas del sistema educativo, ni pueden ser segregadas en sistemas o escuelas “especiales”, sino que deben educarse junto a personas sin discapacidad, en los mismos espacios. De esta forma, la Convención impone a los Estados firmantes la obligación de construir sistemas educativos capaces de implementar apoyos y ajustes según los requerimientos de cada estudiante, así como de aprehender y valorar la diversidad, bajo el entendimiento de que la heterogeneidad es inherente a las aulas y no es un problema, sino una fuente de enriquecimiento para todas las personas.
A su vez, en el año 2016 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la Observación General n°4, precisó el contenido normativo del artículo y el alcance de las obligaciones de los Estados para garantizar este derecho. Tal como lo establece este documento, “garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad” (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General nro. 4 sobre el derecho a la educación inclusiva, CRPD/C/GC/4, 2016, párr. 9).
La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas.
Los esfuerzos han sido muchos, pero no suficientes
A pesar de este marco normativo claro, del tiempo transcurrido desde la Convención, y de que todos los países de América Latina y El Caribe la ratificaron, las personas con discapacidad de la región continúan experimentando múltiples barreras para acceder a las escuelas regulares, permanecer en ellas y tener trayectorias educativas de calidad.
Muchas personas con discapacidad son absolutamente excluidas del sistema educativo, y son derivadas a instituciones de asistencia sanitaria o permanecen aisladas en sus hogares, especialmente en áreas rurales, por lejanía de los centros educativos y la falta de transporte accesible. Otras continúan asistiendo a establecimientos educativos segregados, tanto de gestión pública como de gestión privada, que se mantienen en la mayoría de los países de la región. Aunque actualmente muchos y muchas estudiantes con discapacidad logran ingresar a las escuelas regulares, enfrentan aun numerosos obstáculos, y no acceden a las medidas de accesibilidad, los apoyos ni ajustes que puedan requerir, lo que impide que aprendan y participen y progresen en condiciones de igualdad.
La necesidad de transformar las prácticas además de las políticas
Aunque la transformación de las políticas públicas es fundamental para saldar esta deuda, desde la Red Regional por la Educación Inclusiva tenemos el convencimiento de que las y los docentes y los equipos directivos también juegan un rol clave en la transformación de esta realidad. La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas, que se atreven a cuestionar sus preconceptos, que buscan nuevas estrategias para educar en la diversidad, que se responsabilizan por el aprendizaje y el bienestar de todos y todas sus estudiantes, y que exigen al Estado y a las autoridades escolares los recursos que precisan para brindar respuestas satisfactorias en aulas heterogéneas.
Es por ello que, en los últimos años, manteniendo las acciones de incidencia política a nivel nacional, regional e internacional, desde la RREI emprendimos además diversos proyectos orientados a la formación y al acompañamiento de actores escolares. Entre ellas, la elaboración de un informe titulado “Hacia una docencia inclusiva: pautas para pensar el trabajo en aulas heterogéneas”, el lanzamiento de un “Curso Regional sobre Educación Inclusiva”, que este año 2023 va por su segunda edición, la organización de un Congreso Regional sobre Educación Inclusiva, y el lanzamiento reciente de “Derribar Mitos, Construir Inclusión”, una colección para que los y las docentes de la región puedan reflexionar sobre el derecho a la educación inclusiva y transformar sus prácticas cotidiana. En todas estas actividades, nos encontramos con una amplia demanda por parte de docentes, equipos directivos y estudiantes de formación docente con un enorme interés por adquirir herramientas y habilidades que les permitan educar en la diversidad.
La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas.
Las personas con discapacidad no pueden esperar más
Tal como sostuvimos en la Declaración Final del Congreso Regional sobre Educación Inclusiva realizado en la Ciudad de Buenos Aires en 2022, consideramos que la educación inclusiva, una educación para todos y todas sin excepción, en la cual todas/os las/os estudiante valen, y valen por igual, es un proyecto político de transformación cultural y social que exige acciones urgentes. Las personas con discapacidad, así como todas las que aún permanecen excluidas por el sistema actual, no pueden esperar más, porque la vulneración de su derecho a la educación tiene un impacto directo en la vulneración de una serie de derechos conexos (al trabajo, a la vida independiente, a la participación política, a un nivel de vida adecuado, entre otros) e impide su plena inclusión en la comunidad.
Es por ello que mientras seguimos exigiendo las decisiones políticas que impulsen las transformaciones sistémicas necesarias hacia una educación inclusiva, sostenemos la necesidad de que las y los docentes de la región avancen en transformar sus aulas y sus escuelas, codo a codo, día a día. Porque las decisiones que toman una vez que cierran la puerta de su salón de clase, la actitud con la que asumen la enseñanza, las expectativas que tienen sobre sus estudiantes, los mitos que sostienen y los que derriban, tienen el potencial de revertir historias de exclusión en historias de inclusión, y de cambiar radicalmente la trayectoria escolar – y en definitiva la trayectoria vital – de sus alumnos y alumnas.
Referencias
Red Regional por la Educación Inclusiva (2019). El derecho a la educación inclusiva en América Latina.
Red Regional por la Educación Inclusiva (2021). Hacia una docencia inclusiva. Pautas para pensar el trabajo en aulas heterogéneas.
Red Regional por la Educación Inclusiva (2022). Declaración final del Congreso Regional por la Educación Inclusiva.
Red Regional por la Educación Inclusiva (2023). “Derribar mitos, construir inclusión”. Colección de materiales para repensar las prácticas de enseñanza desde la perspectiva de la educación inclusiva.
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