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Política educativa: 10 Asignaturas pendientes

 Sergio Martínez Dunstan

Llegó el anunciado relevo en la Secretaría de Educación Pública. Se abre una nueva etapa. Es insoslayable la crisis educativa aunada a la económica y sanitaria. Es conveniente diseñar y poner en marcha un Plan Emergente que priorice los escasos recursos en función de las necesidades. El diagnóstico sobre el cual se basó la Reforma Educativa 2019, cambió. El Plan Nacional de Desarrollo así como el Programa Sectorial de Educación requieren actualizarse. Es un contrasentido que la narrativa oficial lo reconozca pero se mantengan inmutables la estrategias para acometer tal situación.

Hoy más que antes, el derecho a una educación de calidad con equidad es una utopía más que una meta realistamente sustentada. Ciertos grupos poblacionales están en riego de hacerlo realidad. En contraparte, algunos cuentan con otros recursos culturales para afrontar los efectos de la pandemia. La igualdad sustantiva y el enfoque de derechos humanos, por ejemplo, resultan palabras huecas a estas alturas de la presente administración gubernamental. Tal presunción en los hechos, es difícil sostener.

El máximo logro de los aprendizajes, concepto legal de la excelencia educativa, es cuestionable cuando persisten las inequidades. Muchos niños mexicanos han dejado de asistir a la escuela y tampoco están tomando sus clase por televisión o en línea. Están condicionados a hacerse llegar de otros recursos para ser beneficiario de la a la educación. Hay tanta desigualdad. Las evaluaciones a gran escala dejaron de aplicarse y, por lo mismo, carecemos de información para estimar el rezago.

Por otra parte, las autoridades educativas federales han incumplido con el compromiso de contar con un modelo educativo que facilite la concreción curricular en el aula. Ahora, los maestros andan batallando al aplicar dos planes y programas de estudio simultáneamente más la incorporación de determinados contenidos que, según se ha dicho, corresponderán a ese que no se sabe bien a bien cuándo estará listo. Por lo pronto, está en el limbo.

Las dichosas evaluaciones diagnósticas a los maestros qué sustituirían las de permanencia en el marco del Servicio Profesional Docente brillan por su ausencia. Se ha malogrado la bondadosa finalidad de utilizar los resultados de las mismas para alimentar al Sistema de Formación, Actualización y Capacitación del Magisterio. No hay tales evaluaciones ni sistema alguno.

El fortalecimiento de las escuelas normales todavía está por verse. Máxime si las expectativas estuvieran puestas en el presupuesto asignado. Lo autorizado por el Congreso complica la existencia de las mismas. De su transformación mejor ni hablamos. Poco se sabe de la implementación operativa de la Estrategia Nacional de Mejora de las Normales. Y si el deseo se extendiera hacia las instituciones formadoras de docentes, peor aún.

El instrumento del Estado para que el personal que desempeña funciones docentes, dirección y supervisión, nombrado Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, ha servido muy poco para accesar a una carrera justa y equitativa. El proceso de admisión, del dos mil veinte, quedó inconcluso. Sin darle solución a este problema, se han difundido las reglas para el año en curso. Por otra parte, los criterios excepcionales para la promoción se han convertido en acuerdos discrecionales entre la autoridad y el sindicato. O la promoción horizontal que arrancará este año porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al parecer, recién le transfirió recursos. Y para el caso del reconocimiento (Becas – Comisión, Asesorías Técnicas Pedagógicas, Tutorías y Asesorías Técnicas) está sujeto a la puesta en marcha del Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. La revalorización docente sólo se ha quedado en el papel y en el discurso, nada mas.

Es verdad que en ciertos tópicos han habido avances mas que en otros. Pero en todos los casos, han estado muy lejos de lo que se esperaba de la Reforma Educativa 2019. Se están violentando los preceptos constitucionales. Por ello, y frente a la nueva era que se asoma en la educación, y toda vez que se formalice la transición, sería menester de las autoridades designadas atiendan de manera prioritaria y en carácter de urgente las asignaturas pendientes. Sintéticamente, las expongo a continuación:

  1. El derecho a la educación de calidad con equidad en las circunstancias actuales.
  2. La excelencia educativa dado el inconmensurable rezago educativo.
  3. El modelo educativo para la Nueva Escuela Mexicana.
  4. El Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación del Magisterio.
  5. El fortalecimiento de las escuelas normales y la UPN considerado el raquítico presupuesto asignado.
  6. El Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en lo general.
  7. El proceso de admisión al servicio.
  8. El proceso de promoción vertical.
  9. El proceso de promoción horizontal.
  10. El reconocimiento y la revalorización del magisterio.

De lo anterior, sólo he aludido lo concerniente a educación básica y normal. Muy probablemente encontraríamos mas cuestiones irresueltas en la educación media superior y superior. En suma, hay tantas problemáticas por resolver en la política educativa actual.

Carpe diem quam minimun credula postero


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Fuente: https://profelandia.com/politica-educativa-10-asignaturas-pendientes/

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Nuevo proceso de admisión con una admisión inconclusa

 Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, a partir de la aprobación de la mal llamada reforma educativa de 2013, las disposiciones legales y normativas para el ingreso al Servicio Profesional Docente cambiaron sustancialmente. Los exámenes de ingreso, conjuntamente con el cumplimiento de ciertos requisitos, fueron algunos de los aspectos que los aspirantes tendrían que realizar para que accedieran y ocuparan un lugar dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN). De ahí que, como también sabemos, una vez que los participantes pasaban los filtros establecidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y, desde luego, si es que los resultados les eran favorables de acuerdo a las listas de prelación y las vacantes disponibles, éstos ingresaban al magisterio de manera provisional, por lo cual se les otorgaba un nombramiento con un código 89 “Alta por Tiempo Fijo, por Ingreso al Servicio Profesional Docente”.

Ahora bien, después de cierto tiempo (que variaba entre los 6 meses a un año, aproximadamente), muchos de estos maestros y maestras tuvieron que realizar un examen de diagnóstico para que pudieran cambiar el código 89 por un FU “Alta Definitiva por Ingreso, SPD”; esto no significaba que ya tenían en sus manos una Alta Definitiva, puesto que la misma ley estipulaba que al término de dos años los recién ingresados al SEN, tendrían que realizar otro examen para que les fuera otorgado el código FV “Alta definitiva por ingreso y evaluación, Servicio Profesional Docente” que, en sentido estricto, no era otra cosa más que lo que muchos conocemos como código 10 “Alta definitiva”.

Todo lo anterior se realizaba con fundamento en lo que se conoció como “Disposiciones en materia del Servicio Profesional Docente” que emitió la CNSPD (CNDSP, 2017) y, de los cuales, hay que señalarlo, las entidades federativas lo aplicaban bajo su propia interpretación y, por tal motivo, muchas de los nombramientos que se dieron durante este sexenio variaron en cuanto a su temporalidad (aplicaciones de exámenes diagnóstico y de los dos años) y características de los formatos de dichos nombramientos. En fin.

Con la aprobación de la reforma a la reforma educativa de 2013, este esquema cambió un poco.

Por principio de cuentas vale la pena recordar, que las leyes y normas relativas a los procesos de admisión se modificaron, siendo lo más significativo, el hecho de la preferencia que tendrían los egresados de las Escuelas Normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio para ocupar un lugar en el SEN.

Ahora, sobre los requisitos y demás cuestiones que los aspirantes a ocupar una plaza deberían atender, de acuerdo a las convocatorias que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) ha emitido hasta el momento, no han cambiado mucho que digamos; la realización del registro previo cumplimientos de ciertos requisitos, el haber tomado un curso sobre la Nueva Escuela Mexicana y la aplicación de un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, son los aspectos que hemos visto, de manera particular, el año pasado.

Y es precisamente esta última cuestión, lo que me lleva a escribir estas líneas porque, como se sabe, el proceso de admisión del año pasado no se completó o quedó inconcluso dada la imposibilidad, por parte de la USICAMM, de realizar la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes (examen) a todos los que participaron en este proceso; esto, por la declaración de contingencia sanitaria decretada por el Gobierno Mexicano generada por la pandemia que ya conocemos; sin embargo, dos etapas sí se llevaron a cabo y, conforme a ello, se otorgaron nombramientos “provisionales o temporales”. Asunto poco fácil de entender porque, mientras la federación ha puesto y dispuesto “ciertas normas” en la emisión de nombramientos a los participantes que obtuvieron un resultado favorable y que les permitió acceder a éste, en las entidades federativas, dichos nombramientos tienen sus propias particularidades, más en el ámbito de la Descripción del código que de éste mismo. Me explico.

Por la imposibilidad de aplicar el instrumento de valoración ya referido, más o menos en mayo del año pasado, la USICAMM emitió un comunicado mediante el cual informaba que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento quedarían suspendidos por la contingencia sanitaria y que, por tal razón, ésta se encontraba analizando las actividades del calendario anual de esos procesos de selección; hecho que generó reacciones diversas entre los participantes. Quiero pensar que, por tal razón, y por la obvia disponibilidad de vacantes en los estados, se entregaron nombramientos con ¿código 99?, esto siempre y cuando se cumpliera con lo estipulado en los “Criterios excepcionales para el proceso de selección para la admisión en educación básica, ciclo escolar 2020-2021” (USICAMM, 2020) que la USICAMM emitió, repito, hace un año por las condiciones sanitarias del país, dejando obviamente, pendiente la aplicación del instrumento de valoración en comento.

¿Por qué un código 99 y no uno 95 “Alta provisional”? La respuesta seguramente se encuentra en la USICAMM, sin embargo, al igual que otros colegas lo han pensado y afirmado, supongo que este código es un “número identificador” que se le asignó a todos aquellos que participaron en el proceso que no ha concluido. ¿Está fuera de toda norma la emisión de este código? Al no encontrarse como tal en los “Lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º constitucionales”, publicados en el diario oficial de la federación el 15 de mayo, mi respuesta es afirmativa, es decir, este código está fuera de toda norma dado que no se tiene un sustento legal que lo fundamente más que, muy probablemente, la decisión que tomó la USICAMM y que, desde mi perspectiva, afecta a cientos de maestras y maestros que en próximas semanas, verán concluida la vigencia del nombramiento otorgado hace un año.

Este código 99, supongo, puede ser definido como “Alta Provisional”, si es que se tuviera el catalogo o un documento que estableciera los nuevos nombramientos con sus respectivos códigos y descripciones, sin embargo, poco se conoce sobre este tema, aún y cuando este gobierno ha pugnado, desde su inicio, por la “transparencia”. Esto lo digo porque es obvio que al reformar las leyes y dejar sin efecto las disposiciones reglamentarias de la reforma educativa de 2013, tendrían que haberse emitido otras que sustenten los nombramientos, códigos y descripciones a partir de la reforma de 2019 pero, insisto, poco se sabe de ello. Ojalá la USICAMM de a conocer estas disposiciones para que haya mayor claridad y transparencia, principalmente, para los interesados.

Y bueno, todo este asunto se complica en demasía porque, si usted revisa los documentos (formatos) que elaboraron las Secretarías de Educación de las diferentes entidades federativas y que contienen los nombramientos, códigos y descripciones que les fueron entregados a los participantes una vez que obtuvieron un lugar provisional en el magisterio, la cosa no está para creerse puesto que, en estos estados, se emitieron una serie de nombramientos con una variación de códigos y descripciones, aun y cuando la USICAMM diera a conocer que a todos ellos debería asignárseles un código 99; no obstante, en algunos casos el formato con el código 95 no se cambió o se canjeó por parte de los interesados o por cuenta de las áreas responsables del proceso y, por tales razones, aunque se encuentran prestando sus servicios profesionales en alguna zona escolar, el hecho de que en próximas fechas se inicié otro proceso de admisión podría generarles dificultades que, líneas más adelante explico, porque es importante ejemplificar algunas de las inconsistencias que he podido observar en algunos de los profesores que tienen en su formato un código 95 o 99 con descripciones diferentes, situación que puede ser susceptible de variadas interpretaciones al momento de que se tenga que aplicar el instrumento de valoración ampliamente referido, por ejemplo, a un profesor le otorgaron un nombramiento con código 95 “Alta provisional” y la autoridad local no lo ha cambiado por uno 99, a otro le dieron un nombramiento con código 99 pero “En vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, a otro, un nombramiento con código 99 “Alta provisional”¸ a uno más, un nombramiento con código 99 “Tiempo fijo”, etc.

En consecuencia, bien haría el USICAMM en aclarar todo este asunto porque, con el comunicado que emitió en su página hace unos días, en cuanto a que ésta determinará las fechas para aplicar los instrumentos de valoración de conocimiento y aptitudes al personal docente o técnico docente al que se le haya asignado una plaza vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo ha generado, de nueva cuenta, reacciones diversas. Ciertamente, se entiende que las listas de prelación (y los criterios de valoración para la admisión del año pasado) fueron un indicador para el otorgamiento de vacantes definitivas o temporales, sin embargo, como bien sabemos, en las entidades los documentos que se emiten difieren dada la interpretación que las autoridades educativas hacen de éstos. Es decir, si a un profesor o profesora se le entregó “por error” un nombramiento con código 99 “Alta Provisional” cuando tuvo que haber obtenido un código 99 “En vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, ¿deberá ser considerado para la aplicación del instrumento de valoración y no para el nuevo proceso de admisión?

Bien valdría la pena que antes de emitir otra convocatoria para el proceso de admisión para este año, se trabaje en lo que aún se tiene pendiente del año pasado y, sobre todo, se ponga un orden en cuanto a la emisión de nombramientos en las entidades. A muchos profesores el tiempo los está alcanzando, dada la vigencia de la emisión de sus nombramientos y, sería favorable, que todas estas dudas las disipara la USICAMM para que tuvieran una seguridad en cuanto a dos cuestiones: la aplicación del instrumento de valoración, si es que fue otorgado un nombramiento con código 99 “En vacancia definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, o bien, la realización de todo el proceso de admisión dado su nombramiento de carácter temporal. En cualesquiera de los casos, ojo, el que el profesor responda su instrumento de valoración o el que realice otra vez el proceso de admisión, no significa que vaya a obtener un código 10 que, en términos sencillos significa: “Alta definitiva” porque, para como están las cosas y dado el deficiente trabajo que viene realizando la USICAMM, podría esperarse cualquier cosa. Menudo problema tiene en sus manos esta Unidad administrativa.

Desde mi perspectiva, como desde hace años viene sucediendo cuando se “definió” la aplicación de un examen para el ingreso al magisterio, los afectados, por toda esta serie de irregularidades faltas de orden y transparencia, son los maestros y, principalmente, los alumnos, quienes poco saben si contarán en las próximas semanas con el maestro que les estuvo dando clases, o si es que estos últimos serán recontratados bajo el mismo esquema  y con las mismas irregularidades en la emisión de sus respectivos nombramientos.

Referencias:

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/nuevo-proceso-de-admision-con-una-admision-inconclusa/

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Colombia: El colegio de profesores: ¿llegó el resurgir de las escuelas normales?

Un colegio de Tierralta, Córdoba, será el primero del país en cambiar su naturaleza y convertirse en escuela normalista, los ‘colegios de los maestros’. Esto es posible gracias a la nueva reglamentación con la que el Ministerio de Educación busca impulsar este tipo de instituciones.


Las escuelas normales superiores fueron las primeras instituciones acreditadas para formar maestros en el país y fueron las únicas en hacerlo hasta 1934, cuando se crearon las primeras facultades de educación.

Pero con el tiempo, las normalistas perdieron protagonismo en su tarea de preparar a los profesores. En 1997 y 2008 la ley les exigió pasar por procesos de acreditación, que disminuyeron su presencia en el sector educativo. De más de 300, ahora solo quedan 137.

Según la Ley General de Educación, la idea es que estas instituciones cumplan un papel de “formación inicial de docentes”, lo que implica el primer paso en una instrucción posterior más completa en licenciaturas y otros estudios. Sin embargo, por las dificultades de acceso a la educación superior (especialmente en las zonas más aisladas del país, donde mayor presencia tienen las normales), muchos normalistas no pueden continuar su carrera.

Por esa razón, en las escuelas rurales y los pueblos apartados del casco urbano estos profesores todavía cumplen un papel destacado en la educación. Además, porque en estas zonas hacen falta docentes.

Según la revista Dinero, en el campo, el 51 % de las sedes educativas son multigrado (escuelas que tienen un profesor para varios grados). De ahí la necesidad de contar con más docentes de calidad en las zonas rurales y la relevancia que tomaron las normales superiores, de las cuales el 90 % están en poblaciones con menos de 100.000 habitantes.

Las normales funcionan básicamente como una escuela secundaria regular, con una salvedad: después de grado 11, los alumnos pueden cursar un programa de formación complementaria en el que estudian cuatro semestres más y salen calificados para enseñar en preescolar o primaria.

Actualmente, hay 137 escuelas normales superiores en todo el país y se gradúan cerca de 7.000 estudiantes, según cifras de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores de Colombia (Asonen). Esto es, casi la quinta parte de todos los graduados en ciencias de la educación: 37.000 cada año.

La importancia de las normalistas

El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones.</El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones. – Foto: Educapaz

De acuerdo con Miguel Romero, rector de la Institución Educativa Agroecológica Nuevo Oriente, en Tierralta, Córdoba, la importancia de las escuelas normales radica en que pueden formar a los jóvenes del mismo municipio para que, una vez terminen su proceso educativo, puedan ejercer la docencia en ese mismo municipio: “Muchas veces las plazas docentes en municipios alejados, o que han tenido conflicto, no son apetecidas por muchos profesores, razón por la que se hace vital formar el talento de la misma región, dado que así es más fácil que se queden aquí para aportar a la formación de calidad de futuras generaciones”.

Por esa razón, esta institución educativa será la primera del país en cambiar su naturaleza y pasar a convertirse en la Escuela Normal Superior del Alto Sinú.
 De acuerdo con cifras de Educapaz, entidad que acompaña el proceso de transformación del colegio, la mayoría de los 1.400 estudiantes del colegio viven en el barrio 9 de Agosto, que en algún momento fue una de las invasiones más grandes de Colombia.

El 66 % de la población estudiantil pertenece a familias en situación de desplazamiento forzado, y el 15 % a familias reincorporadas. “Todas las familias son vulnerables. La escuela empezó con unos quioscos de hoja de palma y hoy en día es prácticamente una ciudadela educativa: tiene un centro de desarrollo infantil anexo al colegio y los estudiantes salen como técnicos del SENA con énfasis agroecológico”, explicó el rector.

Desde su fundación, esta institución le apostó a la construcción de paz. Por eso cuenta con numerosas iniciativas propias y alianzas estratégicas con oenegés nacionales, cooperación internacional, universidades de la región y empresas privadas, que le han permitido posicionarse como un laboratorio de paz en el municipio. 
Además, a fin de ir un paso más allá y a causa de la necesidad de formar talento oriundo de la región, aplicaron al proceso de transformación que adelantaba la Gobernación de Córdoba.

Al tener avances en la doble titulación de bachilleres y trabajar con una población vulnerable, este colegio terminó elegido para ser el primero del país en convertirse en escuela normal superior, a pesar de no haber sido fundado así.
 Este es un proyecto bandera de la Gobernación de Córdoba, pionera nacional al proponer que, durante los próximos tres años, tres instituciones educativas puedan convertirse en escuelas normales superiores para aportar a la formación de maestros con enfoque de paz y con gran arraigo al territorio, en las zonas más violentas del departamento: el Alto Sinú y el Alto San Jorge, las cuales componen la subregión PDET Sur de Córdoba y Zona Costanera.

De acuerdo con el rector Romero, el proceso de transformación durará cerca de un año. “En 2021 estaremos en la adaptación del proyecto educativo institucional, que se acople con el nuevo enfoque al que pasaremos, acompañados de Educapaz y el ministerio, para así iniciar en 2022 con la formación de nuestros futuros maestros”, concluyó.

La nueva normatividad

El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones.</El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones. – Foto: Educapaz

Las escuelas normales superiores pasaban por un problema de normatividad bastante particular. Están cobijadas por la Ley 115 (que abarca a las instituciones de educación básica y media) y sus exigencias son, en su mayoría, las de una escuela de primaria y secundaria.

Pero también cumplen funciones de una institución de educación superior, pues gradúan a personas calificadas para el trabajo docente.
 Por eso, las condiciones de calidad no están niveladas con las que se les exige a los programas de licenciatura. En aspectos como la práctica pedagógica, los normalistas tienen una gran ventaja, pues su formación es práctica casi en su totalidad. Pero en otros temas, como la investigación o el aprendizaje de inglés, están atrasadas.

Además de eso, con el mismo presupuesto que les asignan a las escuelas oficiales, las normales tienen que proveer su programa complementario de dos años más. Solucionar estos problemas implicaba replantear la normativa que regía las normales; por tal razón, hace unas semanas el Ministerio de Educación emitió las novedades en cuanto a la reglamentación, que ha venido trabajando de la mano con Asonen y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Se trata de la expedición del Decreto 1236 del 14 de septiembre de 2020, el cual establece los mecanismos y las rutas para que los educadores normalistas vinculados al sector oficial se profesionalicen al cursar licenciaturas con financiación del 100 % de su valor. De igual manera, le apunta a desarrollar un proyecto normativo para reglamentar su organización y funcionamiento.

Con la nueva norma, se abrió la posibilidad de que las normales suscriban convenios con instituciones de educación superior para ejecutar proyectos de investigación conjuntos, reconocer saberes, organizar las prácticas de los normalistas superiores y darle continuidad a su formación en un programa de licenciatura. A su vez, las escuelas normales podrán recibir estudiantes de licenciatura de las instituciones de educación superior para que hagan sus prácticas profesionales.

Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/el-colegio-de-profesores-llego-el-resurgir-de-las-escuelas-normales/202049/

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“Vacas flacas” para el Normalismo Mexicano

Por: Erick Juárez Pineda

“Vivo en tiempos difíciles, de hambre, de envidias intelectuales, de compulsiones caóticas, de hostilidades inaceptables, pero a la vez; en un mundo lleno de esperanza y de fe”, sentencia un fragmento del Juramento Normalista. Y hoy, vaya que son tiempos difíciles para el Normalismo Mexicano.

Resulta lamentable que se tengan que regatear los recursos destinados para la formación de uno de los elementos fundamentales de los procesos educativos: los docentes.

En días pasados, los diputados encargados de aprobar el Presupuesto de Egresos decidieron otorgar poco más de 170 millones de pesos a las Escuelas Normales Públicas. Esto, más allá de un intento por revalorar la figura docente, significa una hostilidad inaceptable, al reducir en un 60% el presupuesto destinado a estas instituciones. Con ello, a cada alumno le corresponderían 1,844 pesos para su formación en todo el 2020 y a cada escuela 640 mil pesos para el mismo periodo.

De este dinero, casi el 60% es destinado a infraestructura y equipamiento: mantenimiento, construcción de baños, aulas, salones, bibliotecas, restauraciones, computadoras, material bibliográfico y demás insumos para el desarrollo académico. Otra parte se usa para investigación, movilidad académica, profesionalización docente, actualización curricular y actividades enfocadas al mejoramiento escolar.

Anteriormente, este presupuesto se administraba a través del programa S300 de la extinta Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), ahora transformada en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM). Sin embargo, bajo la lógica de compactar programas y funciones, también ha desaparecido.

En su lugar, los recursos llegarán a través del programa S267 el cual se enfoca al Fortalecimiento de la Calidad Educativa; pero para que funcione, se deben emitir nuevas reglas de operación, las cuales aún no han sido definidas y no existe una ruta clara para su ejecución.

Ante ello, integrantes del Congreso Nacional y trabajadores de las Normales Públicas y Centros de Actualización del Magisterio han hecho diversas propuestas que pueden remediar la situación (http://ow.ly/xq2C50CmZkD):

  1. Un programa de transferencias de recursos directos hacia las escuelas para atender los rezagos de infraestructura física y de conectividad.
  2. Asignación directa presupuestal para la equidad  y regularización de todos los trabajadores que se encuentran comisionados, por contrato y  en constante violación a sus derechos laborales.
  3. Recursos destinados a cada institución para promover el desarrollo profesional, programas de maestría y doctorado, investigación, tareas académicas, programa editorial, así como extensión social y cultural.
  4.  Asignación de recursos para llevar a cabo la transformación curricular de 17 nuevos planes y programas de estudio que demanda una nueva escuela, mediante la participación democrática de la comunidad normalista.
  5. Recursos directos para atender las acciones derivadas de la Estrategia Nacional de Mejora.

Esta iniciativa ha sido firmada, incluso, por el reconocido filósofo y escritor Peter Mclaren, especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica.

Más allá de las políticas de austeridad del Gobierno Federal, estamos viendo otro ataque frontal a nuestras Escuelas Normales, las cuales ha sido espacios históricos de lucha, resistencia y, sin duda, focos de esperanza y desarrollo nacional

Bien valen los esfuerzos, desde todas las trincheras, para defenderlas.

*Periodista especializado en temas educativos.Director editorial de Educación Futura. Locutor de La Otra Educación 97.3 fm.

Twitter: @elErickJuarez 

Fuente e Imagen: http://www.educacionfutura.org/vacas-flacas-para-el-normalismo-mexicano/

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Mejorar la formación docente

 Manuel Alberto Navarro Weckmann

La formación y el desarrollo del personal docente, a partir de la propia educación inicial y a lo largo de su trayecto profesional, son aspectos fundamentales cuyos elementos, en mayor o menor medida, conforman, cuando se le otorga la importancia debida, junto con el respeto por el magisterio, la estrategia base de aquellas naciones que hoy en día tienen los mejores sistemas educativos del mundo.

Cierto es que nuestro sistema educativo pasa, junto con el resto de la estructura de nuestro país,  por circunstancias atípicas debido al agresivo impacto de la emergencia sanitaria, al igual que muchos países en el mundo, sin embargo, los problemas que tienen que ver con el respaldo a la trayectoria profesional docente han sido prácticamente los mismos en los últimos 30 años, agudizados ahora por la drástica disminución de presupuestos, tanto para las Instituciones Formadoras de Docentes, como para la capacitación y la formación continua, cuyos niveles marcan límites mínimos históricos.

Por una parte, los problemas que enfrentan las Escuelas Normales desde tiempos lejanos, tienen que ver con una marcada dependencia administrativa, legal, económica e incluso académica, que les atan cualquier posibilidad de impulso a la innovación y el desarrollo profesional sin posibilidad alguna de adecuar los planes de estudio y con fuerte centralismo y ceguera administrativa a la hora de poder seleccionar la plantilla de personal, pues en muchos casos sus normas datan de hace más de 40 años, cuando las circunstancias educativas eran por demás diferentes.

Por otra parte, cuando se habla de la formación y el desarrollo profesional a lo largo de su trayecto de vida en el servicio, existen fuertes aberraciones que se necesitan revisar por parte de los diferentes niveles educativos. Durante muchos años, han sido los gobiernos de las entidades federativas los que han seleccionado cuáles deben de ser los cursos que el magisterio “necesita”, olvidando los problemas de aula con las propias necesidades a las que se enfrentan las y los docentes, acotadas por las exigencias de las normas administrativas y no académicas, generando una oferta por demás limitada cuyo alcance no rebasa anualmente el 10% del total de Profesionales de la Educación en cada Entidad, amen de un estrecho y muy limitado catálogo que sólo en escasas ocasiones se tiene posibilidad de seleccionar.

Definitivamente ya es tiempo de una nueva etapa para la formación y el desarrollo profesional para las y los profesionales de la educación, y no me refiero al lógico y pronunciado incremento en el presupuesto para ello, sino que deberíamos de pensar en un sistema en donde cada docente tuviera acceso permanente a un catálogo no solamente amplio y de calidad, acorde a sus propios requerimientos, sino con la posibilidad de poder seleccionar tantos cursos desee y que le sean reconocidos por el sistema para su promoción, tanto horizontal para incrementar su salario desarrollando su misma tarea, como vertical, para ascender de puesto en la estructura educativa de nuestro país.

Definitivamente hay ocasiones que las autoridades educativas necesitan ponerse en los zapatos de las y los profesionales de la educación para entrar en una nueva faceta de mejora continua de nuestro Sistema Educativo Nacional.


https://manuelnavarrow.com

manuelnavarrow@gmail.com

Fuente: https://profelandia.com/mejorar-la-formacion-docente/

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El futuro de las Escuelas Normales Públicas

 Juan Carlos Miranda Arroyo

Una de las columnas de soporte estructural del Sistema Educativo Mexicano, está constituido por la red nacional de escuelas normales, que es un conjunto de instituciones encargadas de la formación inicial de profesores y profesoras de la escuela pública básica (Preescolar, Primaria y Secundaria; así como de otras modalidades o formas educativas). Junto con esta red, los Centros de Actualización del Magisterio y las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, integran la amplia red nacional de instituciones públicas encargadas de la formación de profesionales de la educación.

Reducir los recursos financieros que el Estado mexicano regularmente les otorga, representa una amenaza para poner en práctica acciones específicas para el fortalecimiento y la transformación de dichas instituciones educativas. Esto en el contexto del presupuesto (año fiscal) que ejerce la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ejercicio, operación y desarrollo de este y otros subsistemas formativos.

Frente al hecho consumado, por la Cámara de Diputados federal, de recortar el presupuesto destinado a dichas instituciones formativas públicas, se han producido múltiples reacciones en contra de esa medida.

Por su importancia, y porque se trata de un documento de actualidad y urgencia, reproduzco a continuación el contenido del pronunciamiento que ha circulado, desde ayer, en redes sociales digitales, del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal (CONAEN):

“Lamentamos mucho que, tanto las Diputadas como los Diputados, hayan decidido lo que en toda la historia del normalismo no había ocurrido. Hemos leído el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ya aprobado, y nos damos cuenta que no se ha reconsiderado nuestra justa petición de reasignación de recursos para las 265 Escuelas Normales Públicas.

“Entendemos la cuesta económica que dejará la pandemia de la COVID-19, sin embargo, también nos parece que lo que se menciona en la reforma Constitucional del artículo tercero, que ustedes mismos aprobaron (en 2019); la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, cuyas acciones fueron consensuadas por un Congreso de Delegadas y Delegados; lo mencionado en la Ley General de Educación; han quedado en letra muerta. Estamos ante una verdadera incongruencia entre lo legislado y lo presupuestado.

“Las más de 300 acciones que incluyen el replanteamiento curricular, la profesionalización, la transformación de las Escuelas, no se realizarán el próximo año. Será muy difícil también, que las maestras y maestros, las y los estudiantes, el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados, y las organizaciones magisteriales y estudiantiles, no se sientan traicionadas.

“Escuchamos pronunciamientos de Senadoras y Senadores, de Diputadas y Diputados, el dictamen de la Comisión de Educación, en el sentido de que se reconsideraría el presupuesto de las Normales. Lamentablemente no fue así.

“Con claridad apoyamos la propuesta para que los recursos llegaran con celeridad y directamente a los beneficiarios; sin embargo, nuestra voz y la de muchos y muchas no fue tomada en cuenta.

“Esperamos, que todavía estén a tiempo de reflexionar sobre el presupuesto para las Escuelas Normales Públicas. Como ustedes saben, anualmente se les otorgan 440 millones de pesos, que en porcentaje para el presupuesto de egresos de la Federación es mínimo, pese al trabajo y al significado que tiene en este país la formación de maestras y maestros.

“Las Escuelas Normales Públicas de México, se pronunciarán por esta injusticia que deja al normalismo sin posibilidades de un cambio y transformación verdadera.” Firma el documento el Mtro. Edwin Noel Morales Leguizamo, por la junta de coordinación nacional de la CONAEN.

Queda claro que los recursos financieros para la operación esencial de las escuelas normales públicas (sobre todo para pagar salarios del personal académico y administrativo), continuará sin quebrantos; sin embargo, los recursos financieros destinados a la puesta en práctica de proyectos de fortalecimiento y transformación en distintos rubros de las escuelas normales, quedarán reducidos en alrededor de un 80 por ciento, si tomamos como base el presupuesto que se había diseñado para esos mismos rubros o partidas presupuestales en los dos años anteriores.

¿Tendrán la misma suerte el CAM y la UPN? ¿Cómo se podrán transformar estas instituciones clave del sistema educativo mexicano, si no se cuenta con los recursos financieros, previamente planificados, para tales fines?

Así, las diferentes comunidades educativas vinculadas orgánicamente con el normalismo y con las instituciones formadoras de profesionales de la educación, se verán deprimidas o disminuidas significativamente en sus proyectos de fortalecimiento y transformación, pues los proyectos de desarrollo institucionales estarán amenazados por falta de financiamiento público. Se sabe, incluso, que las capacidades para obtener recursos propios o extraordinarios, por parte de las escuelas normales públicas, son mínimas.

De seguir en marcha estas políticas públicas educativas de recorte presupuestal, a niveles federal y estatales, los escenarios futuros de esta red de escuelas, formadoras de profesores y profesoras de la escuela pública mexicana, entrarán en una fase de estancamiento y decadencia. ¿Así se visualiza y se concreta la “Reforma Educativa” de la “4T”? ¿Es éste el contenido real de la “Nueva Escuela Mexicana”? ¿Éste es el valor efectivo o “revaloración” que otorga el gobierno mexicano al magisterio nacional?

Fuente: https://profelandia.com/el-futuro-de-las-escuelas-normales-publicas/

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La entelequia educativa

 Mauro Jarquín

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes. Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente: https://profelandia.com/la-entelequia-educativa/

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