LOMCE

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Autonomía y autonomías.

Saturnino Acosta

Por: Saturnino Acosta.

Ahora también suspendemos en la autonomía de los centros, según la OCDE. Somos de hecho el número 31 de 35 países, con un 57,5% frente a un 71% de media y a 37,9 puntos del primer clasificado, que en este caso es la República Checa.

Si bien, autonomía no tiene por qué ser determinante en cuanto a la idoneidad de resultados, sí comprobamos que aquellos países con mejores resultados están por encima o en la media del ranking. La Lomce incluía mejoras para aumentar dicha autonomía, pero éstas no son de gestión directa para los centros educativos, son a las distintas administraciones educativas a las que delega dicha potestad para permitir una verdadera autonomía de centro en sus tres ámbitos: organizativo, de gestión y pedagógico.

Si hablamos de gestión pedagógica, vendría establecida a través del proyecto educativo que también puede ser de especialización curricular, atendiendo a las singularidades de su población y que incluye la organización autónoma de agrupamientos, o bien, proyectos educativos de carácter innovador, que pueden adoptar experimentaciones, todo con su extra de recursos.

Si hablamos de gestión, se permite la ampliación de recursos humanos y económicos según la población escolarizada y las necesidades acorde con el proyecto y su justificación y rendimiento.

Dónde está el problema, se preguntarán. La respuesta es sencilla y económica.

Curricularmente cada autonomía sobrecarga y encorseta en demasía los contenidos, horarios de cada materia y las materias sin tener en cuenta la población escolar concreta a la que va dirigida, que sólo conocen los centros.

Los recortes económicos, de plantilla o la ampliación de horas lectivas, imposibilitan una verdadera autonomía de gestión pedagógica.

Sólo aquellas autonomías que dedican cierto porcentaje de su PIB a educación pueden permitirse cierta autonomía de centros.

Aquellas cuyos recursos educativos vienen marcados para programas previamente establecidos desde el Gobierno central o la UE, difícilmente podrán adaptar su realidad a la realidad educativa de su región. Esa es una de las diferencias existentes entre los resultados de una u otra administración.

Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/autonomia-autonomias_990400.html

Imagen: https://josueferrer.files.wordpress.com/2011/01/espana.gif

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Fernando Savater: «La educación debe formar ciudadanos, no empleados»

Entrevistas

17 de enero de 2017/Fuente: vozpopuli.com

Anda lejos Fernando Savater de las posiciones extremas y pesimistas. Nunca las ha tenido, mucho menos ahora que toca poner manos a la obra, al menos en lo que a educación respecta. Humanista a contrarreloj –se reparte entre las columnas de prensa, el ensayo y la docencia- , Fernando Savater ha intentado rescatar tanto en sus libros como intervenciones públicas el sentido original de la palabra ciudadanía. Todo cuanto hacemos comporta un quehacer político, dice. Por eso, la importancia de la educación: porque transmite y completa ese marco. «Educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son gobernantes aunque deleguen en sus representantes ese poder de gobernar», asegura el filósofo y escritor vasco.

«Educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son gobernantes aunque deleguen en sus representantes»

Justo esta semana, cuando el congreso votó a favor de la paralización de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce), se inicia el largo viacrucis para conseguir un pacto general entre todas las fuerzas políticas sobre esta materia. ¿Están dispuestos a alcanzarlo y sostenerlo? Más allá sobre si son o no capaces, Savater prefiere volcarse en la idea de que están obligados a hacerlo. «Ningún chico o chica que haya nacido y comenzado a estudiar en democracia ha logrado empezar y acabar sus estudios con el mismo plan educativo«, alude Savater para ilustrar el uso de la educación como arma arrojadiza: de populares contra socialistas; padres contra profesores; alumnos contra docentes… De ahí que, a juicio de Savater, la huelga de los deberes sea un absoluto “disparate”.

Savater alude a la educación como arma arrojadiza: de populares contra socialistas; padres contra profesores; alumnos contra docentes…

Vinculado siempre a la vida pública, el filósofo escritor, periodista, profesor universitario y demás frentes intelectuales, Savater tiene una obra de más de 40 libros. Conocido por sus duras críticas contra el nacionalismo vasco y su compromiso con determinadas causas públicas –formó parte de UPyD y apoyó a Ciudadanos en las elecciones vascas- la escritura de Savater significó un punto de inflexión tanto en los lectores inexpertos como veteranos; Ética para Amador y Política para Amador dan fe de ello. Sencillo y directo, Savater conversa con Vozpópuli sobre un tema que ya levanta polémica en la legislatura que comienza: la educación.

-Avanzar en un pacto por la educación. Ujum. La LOMCE ha sufrido esta semana su primer revés en el Congreso. Y piensa quien ve esto: ¿una ley más?

-El primer problema que ha tenido España con la educación es la sucesión de leyes. Cada vez que llegaba un gobierno al poder, se promulgaba y aprobaba una ley distinta. Ningún chico o chica que haya nacido y comenzado a estudiar en democracia ha logrado empezar y acabar sus estudios con el mismo plan educativo. Esa sucesión de planes, que se han solapado unos sobre otros, no es buena porque justamente lo que necesita la educación es estabilidad.

«El primer problema que ha tenido España con la educación es la sucesión de leyes»

-Entonces, ¿esto se perpetúa o promete resultados?

-Ese pacto es necesario.  Quienes abogan por tal cosa intentan un mínimo común denominador. Pero uno que fuese respetado y compartido por partidos políticos, educadores, pedagogos, padres de familia, sindicatos. Establecer con todos ellos un punto de acuerdo, dejarlo al margen de los vaivenes políticos, dotarlos de un presupuesto suficiente y dar una cierta estabilidad. Eso es lo que no se ha conseguido y que sería bueno conseguir.

– ¿De quién es la mayor cuota de responsabilidad? ¿De la administración pública, las fuerzas políticas? ¿Hasta qué punto los padres, que ahora riñen por los deberes, han sido pasivos?

-La responsabilidad es de todos. Porque en lugar de abordarla como una preocupación pública, la educación se ha convertido en una especie de arma arrojadiza. Por eso no se ha llegado a acuerdos en casi ningún tema. Le damos una importancia retórica a la educación, pero luego no se concreta en un acuerdo o en la una capacidad real de llegar a un acuerdo y mantenerlo. La educación se utiliza hace ya mucho como un elemento para hostigar a otros, por ejemplo, en el caso de la cruzada de los padres con el tema de los deberes, que usted menciona, es una forma de enfrentarse con profesores.

«La responsabilidad es de todos. Porque la educación se ha convertido en una especie de arma arrojadiza»

-Pero si el  rendimiento escolar ya es bajo, sin deberes y por tanto sin refuerzos, podría ser mucho peor. ¿No?

-Los deberes han de ser racionales: no una carga abrumadora ni disparatada. Unos deberes que permitan que haya continuidad entre la escuela y el hogar, y no exista un divorcio. Que los deberes para completar en casa permitan a los alumnos seguir adelantando el trabajo de la escuela. No tiene sentido una separación entre lo que se hace la escuela y la casa, justamente para evitar que el niño olvide lo que ha aprendido a lo largo del día. Por eso creo que la postura de los padres de convocar una huelga de deberes es un absoluto disparate.

-Hay énfasis y apasionamiento en todos estos debates, pero falta conocimiento técnico. ¿La educación está condenada a ser objeto de una discusión catastrofista?

-Lo realmente importante es que quienes participen en las discusiones para una reforma educativa sean realmente quienes sepan de esa cuestión. Que tengan alguna vinculación con la educación, que tengan un trato con sus instituciones y cuál es la dinámica interna de los proyectos educativos. Hasta ahora, quienes han participado en la redacción de las leyes educativas desconocen su naturaleza técnica. Los que están en el parlamento lo único que de verdad saben de educación es un hecho: todo cuanto hagan en esa materia debe ser para contradecir a su oponente. Eso, claro, no ayuda. Las personas que participan en los debates técnicos, en lugar de tener preparación, han caído en manos de la retórica.

«Hasta ahora, quienes han participado en la redacción de las leyes educativas desconocen su naturaleza técnica»

-El punto es que su uso para enardecer obcecaciones ha resultado tremendamente útil en determinados sitios. En Cataluña por ejemplo.

-Uno de los temas fundamentales de la educación radica en el hecho de que tiene que incluir a todo el país. Es un asunto de incumbencia nacional. La inmersión lingüística es una barbaridad y resta posibilidades a una educación de nivel general en España. Y ocurre no sólo en Cataluña, también en Valencia, Baleares: privar a los niños de la posibilidad de estudiar en la lengua oficial. Ese es un disparate que no ocurre en otro país de Europa y si además a eso se suman los planes sobre los contenidos históricos, que están diseñados para dar gusto a las tiranías  separatistas, hablamos entonces de daños serios que se le hacen a la educación en España.

-Hace ya un par de años, usted aseguró que el modelo de alumno que promovía la LOMCE era prácticamente el de un funcionario: gente técnicamente preparada pero sin pensamiento general.

-La educación debe buscar la formación de ciudadanos, no de empleados. Personas no sólo con capacidades laborales, sino personas capaces de entender la sociedad. Educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son gobernantes aunque deleguen en sus representantes ese poder de gobernar  Para eso hace falta crear una sociedad capaz de comprender al otro, de persuadir de ser persuadido, de tener una actitud en la cual se comprendan y se expongan los argumentos. Además, por supuesto, se saberes fundamentales: aritmética, gramática…, asuntos que son esenciales, pero también aquellas materias que aportan un pensamiento global.

«La educación debe buscar la formación de ciudadanos, no de empleados. Personas no sólo con capacidades laborales, sino capaces de entender la sociedad»

– Cerca del 40% de los españoles dice no leer jamás. Pero eso es sólo un dato. ¿En una reforma y un pacto educativo qué es lo más urgente?

-Una cuestión está unida a la otra. La gente no lee porque no comprende. No comprende porque no ha tenido una educación orientada al razonamiento. Nada de eso puede considerarse por separado. Por eso insisto en que en estos debates de leyes y planes deben participar personas que estén en contacto con las carencia educativas, que conozcan muy de cerca qué edades tienen cuáles problemas y porqué.

-Lo que viene mal del instituto, ¿se puede corregir en la universidad?

-Aquello que no se ha obtenido en primaria y secundaria no lo dará la universidad, al contrario. Si un alumno llega a la universidad con grandes carencias, difícilmente puede asimilar las otras, porque experimenta un retraso mucho mayor.

«Una cuestión está unida a la otra. La gente no lee, porque no comprende. No comprende porque no ha tenido una educación orientada al razonamiento»

-Usted conoce el trabajo de Ciudadanos en este tema. ¿Cuáles cree que podrían ser las propuestas educativas que podrían aportar las fuerzas políticas?

-Primero, yo no  conozco cuáles son los puntos que pueda tener Ciudadanos al respecto y sobre eso mismo, tampoco puedo incurrir en lo mismo que critico. Deben de ser las fuerzas involucradas en el proceso educativo, tanto profesores, como pedagogos o padres de familia quienes deben decir eso. No cada una por su lado desperdigada, sino en conjunto. Hay una serie de temas en los que estoy seguro que se pondrán de acuerdo con los profesores que están en las aulas, quien son capaces de ver qué es lo más urgente y qué es lo que hay que plantearse más a largo plazo. No existe tal cosa como una solución mágica, hay que reunirse  para poner posiciones en común que permitan llegar a un acuerdo.

-Le voy a pedir que se moje, ¿tal y como está el percal, piensa que tal cosa como un debate y un acuerdo por la educación puede llegar a buen puerto?

-Quiero pensar que sí, porque es un tema lo suficientemente importante como para que las personas  dedicadas a ello se den cuenta de que hay que renunciar a los prejuicios y colaborar. Antes no se ha podido, pero lo cierto es que es un tema urgente e indispensable para el país, por eso quiero pensar que sabrán ponerse de acuerdo .

«Es un tema lo suficientemente importante como para que las personas dedicadas colaboren»

-Mantener a Íñigo Méndez de Vigo como Ministro de Educación planeta dos lecturas: que no habrá cambios y que tendrá que ser  bajo esa premisa que se den las negociaciones. Es decir: nada. ¿Qué piensa?

-Esta persona no ha tenido ocasión de demostrar lo que puede hacer. Llegó en un momento en el que prácticamente sólo pudo ocupar el cargo en funciones. Parece tener un carácter dialogante. No creo que tenga muchos prejuicios establecidos en es tema y puede ser un buen catalizador para reunir a su alrededor de gente que quiera llegar a acuerdos.

-Lo veo muy optimista o acaso muy diplomático.

-Del pesimismo no se saca nada. Las posiciones pesimistas sólo son verdaderamente creíbles si están acompañadas de una medida extrema como tirarse por la ventana. Si alguien cree que el mundo no tiene solución y que va a peor y se tira de un octavo piso, a ése hay que, no sé si creerle, pero al menos sí admitir que entre lo que dice y lo que piensa hay relación. En cambio  aquellos que también dicen que el mundo está mal y no tiene remedio pero se van a tomar unas gambas a la plancha, quizá no haya que creerles tanto, o al menos no son muy dignos de ser leídos. Y como yo no quiero tirarme por la ventana, prefiero no ser pesimista.

Fuente: www.vozpopuli.com/cultura/Savater-estudio-Democracia-logrado-estudios_0_973103097.html

Imagen: images.vozpopuli.com/2016/11/18/cultura/filosofo-Fernando-Savater-imagen-archivo_973112893_4554975_1020x574.jpg

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España es uno de los países de la OCDE con menor autonomía en la escuela

Olga Sanmartin

Por Olga Sanmartin

España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde los centros educativos tienen menor autonomía. La mayor parte de las decisiones relacionadas con la escuela la toman los gobiernos regionales, mientras que los directores, los profesores y los consejos escolares apenas cuentan con margen para gestionar, innovar y establecer proyectos educativos propios.

Así lo indica la OCDE en el análisis de los datos del Informe PISA2015, en donde ha creado un Índice de Autonomía Escolar, entendido como el porcentaje de tareas en las cuales los centros tienen una responsabilidad considerable. Si la media de la OCDE llega al 71%, en España es del 57%. Ocupa el puesto número 31 de una lista de 35 estados y sólo está por encima de Italia, México, Turquía y Grecia.

Éste es uno de los países donde los directores disponen de menos capacidad para contratar a profesores (el 34%, frente al 70% de media de la OCDE); despedirlos (33% frente al 57%); fijar sus salarios (4% frente al 20%); subirles el sueldo (5% frente al 23%); seleccionar a estudiantes (29% frente al 75%) o determinar el currículo (15% frente al 27%). Son bastante autónomos, eso sí, cuando se trata de poner normas disciplinarias y fijar el presupuesto del centro.

En la misma situación se encuentran los consejos escolares y los profesores, quienes, en la práctica, sólo pueden decidir cuando se trata de escoger los libros de texto (91% frente al 81% de la media).

La OCDE dice que «obtienen mejores resultados aquellos alumnos que estudian en centros donde los directores y, por extensión, los profesores han disfrutado de mayor autonomía para gestionar la escuela». Por contra, «logran peores notas cuando el Gobierno se encarga de todo, especialmente del currículo».

La investigación se remite también al trabajo del profesor de la Universidad de Stanford Eric A. Hanushek, que advierte que la autonomía de los centros no siempre es efectiva: repercute de forma positiva en los sistemas educativos que lo hacen bien, pero perjudica a los que lo hacen mal. Sus ventajas, en definitiva, dependen de cómo de preparados estén los centros -y, sobre todo, los directores- para usar su libertad de forma responsable y para rendir cuentas. Pero la OCDE la aconseja porque la escuela «conoce las necesidades de los estudiantes mejor que los altos cuerpos administrativos».

La Lomce, en teoría, daba más autonomía

No deja de ser paradójico que los datos de la OCDE saquen los colores a España en este asunto, cuando uno de los objetivos de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) era, precisamente, que colegios e institutos ganaran en autonomía.

Distintas fuentes educativas señalan que se trataba de «una aspiración» del Gobierno que «finalmente no se ha podido realizar», tal y como reflejan los datos de PISA. El estudio de la OCDE no aprecia un incremento significativo de la autonomía de los centros entre 2009 y 2015; es decir, entre antes y después de la aprobación de la Lomce.

La reforma educativa del PP permite a los centros impartir las asignaturas que consideren oportunas, pero los directores denuncian que, «en la práctica, no hay sitio en la programación para hacerlo, porque el currículo está muy marcado».

El Ejecutivo insiste, sin embargo, en que las escuelas tienen ahora más margen de actuación. Incluso atribuyen a esta circunstancia el progreso de los alumnos españoles de 10 años en las pruebas internacionales TIMSS. «La clave de la mejora ha sido la introducción de una nueva ley educativa que ha pretendido atender la diversidad. La Lomce ha insistido en la autonomía de los centros, una de las claves para adaptar el sistema educativo a esos alumnos. La clave es la profesionalidad del profesorado, con autonomía para adaptar los currículos», dijo hace unas semanas José Luis Blanco, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación.

«La autonomía es insuficiente»

«No es verdad que la Lomce haya aumentado la autonomía de los centros. Simplemente quita competencias al consejo escolar y se las da al director, pero no son muy significativas», objeta Alberto Arriazu, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos (Fedadi).

En su opinión, la escuela debería tener «una mayor capacidad» para poner en marcha proyectos propios y «seleccionar el personal». «Pero es muy complicado hacerlo, porque no tenemos responsabilidades. Un ejemplo: si, como director, decido que todos vamos a modernizarnos y formarnos en nuevas tecnologías y un profesor se niega, no puedo hacer absolutamente nada al respecto».

Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de profesores Anpe, coincide en que «la autonomía es aún muy insuficiente». «Existe una actuación todavía muy intervencionista por parte de la Administración», señala. Y apunta que «uno de los pilares del pacto educativo pasa por la autonomía organizativa, pero también por la selección del profesorado o la movilidad de los docentes», cuestiones que durante décadas han estado arrinconadas en la agenda educativa.

«En algunos países, los directores tienen amplios poderes para desarrollar su misión, y son elegidos directamente por la Administración. Creo que éste era el espíritu de la Lomce», expresa Antonio Cabrales, profesor de Economía de la University College London. «Pero España tiene un problema brutal de falta de confianza en la Administración y los profesionales tienen miedo de que les coloquen comisarios políticos en el centro, y quizá con buen motivo».

¿Qué fórmulas podrían aplicarse en España para lograr más autonomía de forma responsable? «Yo creo que lo primero es recuperar un clima de diálogo entre el profesorado y las consejerías, y luego ir experimentando con distintos sistemas que conjuguen autonomía y rendición de cuentas. No va a ser fácil, pero es la única vía», responde Cabrales.

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Educar con la tribu o a destajo

Agustín Moreno

Agustín Moreno

Los últimos días se ha abierto un debate sobre la competencia del profesorado a partir de dos ideas: si hay que excluir a los malos docentes y si el sueldo de los profesores debe estar ligado al rendimiento. Parto del principio de que todo alumno tiene derecho a un buen profesor, pero este no es el camino. Estas ideas han sido formuladas por el filósofo José Antonio Marina y el ministro de Educación, Íñigo Mendez de Vigo.

Marina, que se presenta como pedagogo, es un antiguo profesor de filosofía de un instituto de un pueblo de la sierra de Madrid, que desde hace años se gana la vida como divulgador. Ahora ha aceptado el encargo del peor Ministerio de Educación de la historia de este país para elaborar un “Libro Blanco del Docente”. Estoy seguro que no se le escapa la doble intencionalidad del sucesor de Wert: evitar negociar con los sindicatos de profesores un Estatuto de la Función Docente, vieja asignatura pendiente; y utilizar las conclusiones electoralmente para el PP.

Yo no soy nada corporativo, pero algunas de las conclusiones que se han avanzado me parecen disparatadas. Por ejemplo, decir que “los profesores deben fomentar que se excluya a los malos docentes”. Solo quien lleva mucho tiempo alejado de la realidad de las aulas puede ignorar que quienes pueden y deben velar por la calidad,son los equipos directivos y la inspección. No corresponde al profesorado juzgar y delatar a sus compañeros. La propuesta no es inocua. Trata de generalizar ante la opinión pública un clima de sospecha sobre la competencia del profesorado público que ha superado duras oposiciones y ha sido evaluado en sus prácticas.

La propuesta de pagar parte del salario del docente en función de su rendimiento pretende convertir la escuela en una empresa y en un negocio. Si se analiza, se pueden realizar las siguientes objeciones pedagógicas y de justicia social. Por un lado, es absurdo aplicar un criterio de ‘productividad’ en la educación ¿Qué se evaluaría? ¿Cómo se mide con notas numéricas el crecimiento integral del alumnado como persona y como ciudadano? Por otro lado, provocaría una competencia entre el profesorado y los centros, en vez de la necesaria cooperación entre ellos y la socialización de las buenas prácticas. Por último ¿quién evalúa? Si las pruebas son externas entraríamos en una dinámica de preparación de éstas (PISA, CDI, reválidas…) que rompería la esencia de la evaluación formativa; si son las direcciones de los centros, aumentaría el riesgo de clientelismo y de funcionamiento antidemocrático.

También supondría una carrera injusta entre centros y entre profesores y grupos de alumnos, porque la realidad educativa es muy plural y llena de desigualdades. Estoy pensando en centros que conozco de cerca como los del barrio de Vallecas (Madrid), que tienen la consideración de “centros de difícil desempeño para la función docente”. Quizás les viniera bien al ministro y a Marina darse una vuelta por ellos para que no hagan propuestas tan superficiales como alejadas de la realidad.

La evaluación es necesaria y es preciso abrir un debate sobre ella. La evaluación tiene que ser sobre todo el sistema y, por supuesto, no debería estar vinculada al salario del profesorado. Porque es ineficaz para mejorar. Méndez de Vigo y Marina no saben nada de las innovaciones y proyectos que se vienen haciendo en muchos centros públicos por el compromiso del profesorado que tiene muy claro que, a pesar de todos los recortes, no se puede enseñar un poco menos o un poco mal. Somos nosotros los que hacemos escuela de calidad y no la LOMCE ¿O por qué se creen que el 86% de la ciudadanía aprueban y reconocen al profesorado de la pública , mientras suspenden severamente al Ministerio?

El ataque al profesorado no es nuevo. Ya lo hicieron Wert y Esperanza Aguirre. O más recientemente Ciudadanos, cuando habló de “burocracia estalinista” para atacar a la universidad y a su profesorado. Responsabilizar a los docentes de la situación de la educación en España es muy cínico. Se olvidan de unos recortes de 7.764 millones de euros en cuatro años, del despido de 32.000 profesores y del endurecimiento de las condiciones de trabajo de los docentes: trabajamos más horas, con más alumnos por clase y con el salario congelado hace años. No recuerdan que se ha liquidado la formación del profesorado en comunidades como Madrid. Esto es lo que habría que abordar y proponer soluciones en el ‘Libro Blanco del Docente’ si quiere tener alguna utilidad. ¿Dirá algo Marina sobre revertir los recortes y derogar la LOMCE?

Educar es una tarea colectiva, no un acto solitario e individual del profesor. Qué poco coherentes son estas propuestas con aquel proverbio africano -tan profusamente repetido por el filósofo- de que “para educar hace falta toda una tribu”. ¿Ahora se trata de poner a cada profesor ante sus alumnos a competir y a llevarse un euro más o menos en una especie de trabajo a destajo? Además, es olvidarse de las finalidades de la educación que tan claro formula otro profesor de filosofía: “La educación tiene como finalidad básica el desarrollo humano, moral, e intelectual de las personas. Ello se materializa en los siguientes principios: la universalidad o derecho de toda la ciudadanía a la educación; la humanidad o pleno desarrollo de la personalidad de todo ser humano; la civilidad al basarse la educación en los derechos y libertades fundamentales; la autonomía, para que todas las personas puedan aprender por sí mismas“, Felipe Aguado.

Las propuestas comentadas son puro neoliberalismo que consideran la escuela como una empresa y buscan avanzar hacia un proceso de privatización aún mayor. Al final va a resultar que el diplodocus era Marina. Como estoy seguro que no trabaja altruistamente, creo que es una obligación del Ministerio que explique a la opinión pública cuánto nos va a costar a la ciudadanía este encargo.

Fuente del articulo: https://dedona.wordpress.com/2015/11/05/educar-con-la-tribu-o-a-destajo-agustin-moreno/

Fuente de la imagen: http://img.scoop.it/xgwS5PutMLnpm5j1-8vl-zl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm

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A menos niños, más pública.

Erika Sanz

Si no se reducen conciertos educativos innecesarios disminuirán las aulas públicas.

Por: Erika Sanz.

En cada proceso de escolarización para el curso siguiente se produce la misma constante: desciende la natalidad y, al haber menos población escolar, sobran aulas del primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil –es decir, aulas de 3 años–; curso en el que empiezan los niños y niñas su primer año en un colegio.

Curso tras curso, vemos cómo se generan vacantes, plazas que sobran en determinadas zonas y subzonas de escolarización en la ciudad de Zaragoza, pero también en Huesca, Teruel y otras localidades. Por eso, cuantos menos niños, más necesaria es la priorización de la escuela pública. De manera concreta y sintética, es importante que entendamos que si no se reducen conciertos educativos innecesarios disminuirán las aulas públicas de muchos barrios con baja natalidad en los próximos años.

Un gobierno que defiende la educación pública es el que baja ratios y mejora las condiciones laborales del profesorado para que repercuta en la calidad educativa, pero también el que planifica pensando en la pervivencia de colegios públicos velando por el derecho a una educación pública para todos y todas en equidad, garante de la igualdad de oportunidades y de calidad. Porque esto también va de igualdad educativa en todos los colegios de Aragón: mientras los colegios públicos son inclusivos, ya que no ponen ningún filtro de entrada al alumnado, la gran mayoría de los centros privados (no todos) sí lo hacen a través de cuotas y copagos. No olvidemos que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictaminado recientemente que el Gobierno de Aragón debe tomar medidas claras para erradicar la segregación escolar.

El próximo mes de enero comienza la renovación de los conciertos educativos para los próximos seis años, gracias a la LOMCE –antes era cada cuatro años–. Las necesidades de escolarización han cambiado, nuestros colegios públicos (y digo «nuestros» porque las instalaciones públicas, los edificios públicos, son recursos que pertenecen al pueblo) siguen siendo grandes y tienen mucha capacidad pero, sin una planificación educativa y una gestión de lo público que piense en ellos, se hacen pequeños y disminuyen primero aulas, luego vías y, donde antes teníamos un colegio de 450 alumnos, luego tenemos uno de 225. Y, finalmente, a medio plazo, puede llegar a plantearse el cierre del colegio.

Por tanto, si apostamos por un modelo de educación pública, gratuita y de calidad, es de sentido común que Mayte Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deporte, planifique la continuidad de los colegios públicos, teniendo en cuenta la proyección educativa y social que tienen nuestros barrios y nuestros municipios, para garantizar la vertebración del territorio y la cohesión social, al fin y al cabo. Y se puede. La normativa que regula los conciertos educativos es clara al respecto. Si los colegios privados no atienden a necesidades de escolarización, no deben tener concierto educativo.

Es muy importante entender que la oferta educativa la diseña el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y sobre ella las madres y padres eligen centro. En ningún caso, por tanto, ponemos en cuestión esta libertad de los padres. Además, siempre nos referimos a aulas de 3 años, de niños y niñas que van a empezar el colegio, respetando las ratios de cada zona y localidad, de modo que todos y todas se puedan matricular en su entorno. En ningún momento estaríamos hablando de suprimir todas las aulas de niños de 3 años de todos los colegios concertados. De lo que hablamos es de acotar, de forma controlada y bien estudiada, los conciertos en aquellos barrios y municipios donde ha bajado la natalidad y los colegios públicos tienen la suficiente capacidad para asumir las plazas escolares. La información para realizar esta planificación nos la da el proceso de escolarización cada curso y la consejera sabe perfectamente que para que pervivan colegios públicos tienen que reducirse algunos conciertos educativos con centros privados. En su mano está el contemplar esta cuestión en la planificación educativa: prescindir de aulas públicas o de conciertos educativos innecesarios, es su decisión. Este es el momento, y no otro, la ventana de oportunidad que tiene el PSOE para revertir la situación.

Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/menos-ninos-mas-publica_1166825.html

Imagen: http://www.zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/166/1166825_1.jpg

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Informe PISA y pacto educativo

Alfredo Pérez Rubalcaba

Por: Alfredo Pérez Rubalcaba

Impulsar la enseñanza entre los 0 y los 3 años, reforzar la formación permanente del profesorado o facilitar a centros y docentes la atención de la diversidad de los alumnos sería más útil que abordar grandes reformas estructurales.

 

La celebración del aniversario de nuestra Constitución ha coincidido con la publicación de los resultados de un nuevo informe PISA. Naturalmente la exuberancia numérica de los datos de la OCDE ha barrido de las portadas de los periódicos a las noticias de la posible y, para mí, deseable reforma de nuestra Carta Magna. PISA es un auténtico festival, la madre de todas las clasificaciones. Permite comparaciones infinitas: entre países, entre materias, entre comunidades autónomas. Y, una vez más, despreciando la lógica estadística más elemental, los números, que se utilizan cual si fueran los resultados del concurso de Eurovisión o de la Liga de fútbol, han permitido sentenciar si España sube, baja o se estanca, clasificar países, ordenar a nuestras comunidades autónomas. Sin reparar en muchos casos en que, tal y como el propio informe PISA se encarga de resaltar, subidas o bajadas de unos pocos puntos no son estadísticamente significativas.

Y como viene siendo habitual, en esta bacanal estadística no han faltado los responsables educativos que, intentando arrimar el ascua a su sardina, han relacionado este informe PISA a los cambios educativos impulsados por ellos, eso sí, evitando escrupulosamente aclarar que los alumnos objeto del informe que se acaba de hacer público han estudiado con las leyes educativas anteriores a la LOMCE.

En fin, lo que realmente concluye este nuevo estudio es que, puesto arriba puesto abajo, nuestro país sigue ahí, en el que podríamos llamar el “pelotón de la OCDE”, que como siempre encabeza Finlandia. Estamos ahí, en el centro de ese pelotón, por debajo del que forman los países asiáticos y por encima de aquél en el que se integran la mayoría de los países iberoamericanos. Junto a países como Francia, Suecia, Italia o Estados Unidos, por poner algunos ejemplos. Con pequeñas oscilaciones, entre las cuales quizá la más relevante sea la mejora en la comprensión lectora (35 puntos desde 2006), estamos donde estábamos desde el primer informe PISA en el año 2000. Sin que los avatares de nuestro sistema educativo hayan introducido modificaciones significativas en nuestras calificaciones, por ejemplo, la incorporación, fundamentalmente en la escuela pública, de un porcentaje relevante de hijos de inmigrantes ya comenzada su escolarización; una integración compleja desde el punto de vista educativo.

Nuestro país sigue más o menos donde estaba: en el centro del “pelotón de la OCDE”

Las críticas hacia los informes PISA han ido extendiéndose en los últimos tiempos. Objeciones que tienen una base conceptual, pero que también se refieren a la propia metodología utilizada para hacerlos, y, sobre todo, a la abusiva y acientífica utilización que de sus datos se viene haciendo, una vez publicados. Pese a ello, como toda evaluación de diagnóstico del sistema educativo —no confundir con reválidas—, el informe permite extraer algunas conclusiones útiles. Desde luego, para un país como España, que va a buscar en los próximos meses un pacto educativo. O por ser más preciso, un nuevo pacto que esta vez incluya al PP, que es el único partido que no ha estado en ninguno de los que el resto de las formaciones políticas ha alcanzado en nuestra historia reciente.

Una de estas conclusiones merece ser destacada porque, además, aparece reiteradamente en todos los informes PISA: la diferencia de resultados entre nuestras comunidades autónomas. Que divide nuestro mapa educativo aunque no exactamente como se ha escrito, un norte y un sur, porque entre las comunidades con resultados por debajo de la media aparecen Baleares, Murcia y, por primera vez en este último informe PISA, el País Vasco. Como acabo de apuntar, no es una novedad en los datos de la OCDE. Se viene reproduciendo desde el primer informe en el que participaron nuestras comunidades. Ni es exclusivo de nuestro país. De hecho, hay países como Italia en los que esas diferencias territoriales son más importantes. Esta disparidad se reproduce también en otros indicadores como, por ejemplo, el denominado abandono escolar temprano, que se utiliza profusamente en nuestros medios de comunicación y que establece una clasificación entre nuestras comunidades muy similar. Por cierto, ese abandono temprano viene descendiendo de forma sistemática desde que comenzó la crisis económica. La razón principal, no la única, es fácil de comprender: desaparecida con el fin de la burbuja inmobiliaria la oferta laboral abundante, auténtica “atracción fatal” para muchos jóvenes españoles al cumplir los 16 años, el porcentaje de jóvenes que continúa estudiando después de esa edad ha ido creciendo en España, lo que nos ha permitido corregir poco a poco nuestras alarmantes tasas de abandono, cuyo origen era más laboral que educativo.

Con idéntica legislación básica, los resultados en las distintas Comunidades Autónomas son diferentes

En definitiva, en este informe PISA aparecen comunidades autónomas con resultados que les sitúan en cabeza de lo que he denominado “pelotón OCDE”, mientras que otras están en la cola. Con las mismas leyes estatales y, por tanto, idéntica ordenación del sistema educativo: la establecida por la LOGSE, que no se modificó en lo sustantivo en la LOE. Y eso es lo relevante: con idéntica legislación básica los resultados en las distintas comunidades son muy distintos. En todos los informes PISA realizados. Los propios expertos de la OCDE se adentran en la explicación de estas diferencias, y apuntan a variables como la historia educativa de cada región, más concretamente, a la formación de los progenitores; o al nivel de desarrollo y la estructura socioeconómica, a los que ya he hecho referencia. Conclusión: a lo mejor nuestros problemas educativos no deben abordarse con grandes reformas estructurales y sus correspondientes modificaciones legislativas, léase de la ordenación académica, sino con medidas de “ingeniería educativa fragmentaria”, por recurrir a Karl Popper. Impulsando la educación entre los cero y los tres años, poniendo en marcha un MIR educativo y reforzando la formación permanente del profesorado o facilitando a centros y docentes la atención de la diversidad de los alumnos, por ejemplo.

Los cambios educativos son lentos. Entre otras cosas porque, según acabo de apuntar, en ellos influyen factores que, como la formación del conjunto de la población, son muy difíciles de alterar. Por eso no es de extrañar que los sucesivos informes PISA, también el que conocimos ayer, reflejen una situación relativa de los sistemas educativos del mundo con pocas variaciones, y en la que España nunca ha salido mal parada. Ni muchísimo menos. Necesitamos mejorar, sin duda, y quizá esta legislatura nos permita sentar las bases para hacerlo. Pero el punto de partida no es malo. La desaparición de las reválidas de la LOMCE, y la unificación de los títulos al final de la educación de la secundaria obligatoria, que el Gobierno no ha tenido más remedio que admitir, allanan el camino hacia un pacto educativo en España. Un gran pacto que, como he dicho, en varias ocasiones, tiene que partir de un diagnóstico compartido. Para ello, puede servir de ayuda una lectura sosegada y correcta de este informe PISA.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/12/07/opinion/1481135502_976416.html

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España: PP, PSOE, C’s y Podemos revelan las claves del futuro pacto de Estado por la Educación

Noticias

España/19 de Diciembre de 2016/Madridiario

El pasado 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de la Subcomisión para el pacto de Estado social y político por la Educación, con el objetivo de elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la polémica LOMCE. La Subsomisión tiene una tarea se antoja casi una hazaña: elaborar un pacto educativo que sirva de base para una nueva ley orgánica. ¿Cuáles deben ser las claves del pacto educativo?, ¿será posible conseguir un texto de consenso teniendo en cuenta los vetos y líneas rojas de los partidos?, ¿se redactará una ley que dure más que el Gobierno que la ha impulsado?, ¿se tendrá en cuenta a la comunidad educativa? Diariocrítico ha buscado respuesta a estas preguntas entre los portavoces de los grandes partidos que forman parte de la Subcomisión.

Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos), Joan Mena (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y Manuel Cruz (PSOE), han explicado a este digital las posturas de las que parten y cómo esperan que se articule el acuerdo. ¿Cuáles serán las claves del pacto educativo?

«Para nosotros el elemento fundamental es la financiación. Acabamos de presentar una proposición no de ley, con el voto favorable del PSOE, para fijar un horizonte de inversión que alcance el 7% del PIB, ya que una ley sin recursos económicos, será papel mojado. También hay que corregir los privilegios de las escuelas privadas y concertadas, porque nuestro ordenamiento jurídico dice que el concierto es un elemento subsidiario, pero en realidad, nuestro concierto es de los más altos de la Unión Europea; y nosotros queremos que el dinero público se destine a la escuela pública. El tercer elemento es la recuperación de la democracia y participación para no convertir a la escuela en un instrumento jerárquico, que es lo que hace la LOMCE y lo que quiere el PP», ha explicado el diputado de En Comú Podem, Joan Mena.

Para el socialista Manuel Cruz, el pacto educativo debe “ordenar la educación, que sido desordenada por la LOMCE. Debe recuperar los mejores elementos de las leyes anteriores, es decir, una ley de bases que funda las anteriores”.

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha expresado que “lo primero y lo esencial es que queremos que, por primera vez en 40 años, en un contexto constructivo y riguroso, se hable de educación y no se utilice este tema de manera frentista. Que con las aportaciones de la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos) y expertos, y con la mejor disposición de todas las fuerzas políticas abordemos de una vez por todas problemas importantes: el alto abandono escolar temprano que tenemos, las diferencias e inequidades educativas (por motivos de ubicación territorial, contexto sociocultural o características individuales de los alumnos), el grave problema de la profesión docente (en el acceso, la estabilidad y la carrera laboral), la mejora de la convivencia y el problema del acoso, la necesidad de formar mejor a nuestros jóvenes en competencias necesarias para la sociedad de la información; la cuestión de los tiempos, calendarios y cargas lectivas y su relación no sólo con la formación de nuestros niños, sino también de su bienestar personal. En cualquier caso, tendremos que consensuar los temas a tratar”.

“Nosotros vamos a trabajar intensamente con el compromiso de llegar a un gran acuerdo que permita seguir avanzado en mejora sistema educativo y atajar sus deficiencias; una de estas deficiencias es la diferencia entre Comunidades Autónomas. Para nosotros también es fundamental que cualquier mejora del sistema pase por la mejora de la situación de los profesores”, ha indicado la diputada ‘popular’, Sandra Moneo.

Pese a que todos comparten la premisa de que será difícil llegar a un consenso, teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, se han mostrado optimistas al respecto, con excepción del portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, que ha expresado el “miedo a que el pacto se convierta en mero maquillaje de las políticas educativas del PP, y termine siendo una triple alianza institucional entre PP-PSOE-C´s”.

– Diferencias y semejanzas con la LOMCE

En cuanto a los aspectos diferentes y similares con la LOMCE, cada partido tiene una posición. Así, para Unidos Podemos la LOMCE “es una carrera de obstáculos que va expulsando estudiantes”, y considera que si el PP realmente tiene pensado aprobar una nueva ley, “debe derogar inmediatamente la LOMCE”. El PSOE considera que hay “aspectos conflictivos como el modo de organizar y gestionar los centros, la relación entre la escuela pública y concertada, el tema de la laicidad, o la reversión de los recortes y la inversión en Educación, que deben ser corregidos”. No obstante, Cruz ha manifestado que “cualquier ley recoge siempre elementos de las anteriores”.

“Creo que si empezamos la Subcomisión jugando a las diferencias y similitudes poco avanzaremos. Tenemos que conseguir que la ley que salga adelante, derivada del informe que realice la subcomisión, sea una ley de todos. Habrá cosas que se pueden rescatar de las siete leyes anteriores (si han funcionado), y tendrá que haber también aportaciones genuinas y pertinentes nuevas”, según Marta Martín.

Para el PP, “el marco de la LOMCE se debe debatir en la subcomisión”, y ha resaltado que “hay que buscar el pacto mediante un debate serio, riguroso y con altura de miras. Hay aspectos que han funcionado con las diferentes leyes, por lo que debemos analizar esos aspectos y escuchar a la comunidad educativa”.

– Reivindicaciones de la comunidad educativa

Días después de que se aprobara la formación de esta Subcomisión, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (que aglutina voces de estudiantes, padres, profesores y sindicatos), remitió un comunicado a este digital en el que manifestaba su preocupación por el desarrollo de este pacto, y advertía a los partidos de que si su voz no es escuchada, volverán a las huelgas y movilizaciones a partir de 2017.

Para esta plataforma, hay una serie de reclamaciones que deberían quedar recogidas en el nuevo texto educativo como: la retirada definitiva de la LOMCE, la reversión de los recortes, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y el freno a la privatización del sistema educativo. Ante estas reivindicaciones, los partidos mantienen posturas distintas, aunque comparten, según han asegurado, la voluntad de escuchar a la comunidad educativa y expertos.

“Somos conscientes del rechazo a la LOMCE, pero recuerdo que algunas medidas que recoge, ya las contemplaba la LOE del PSOE. Yo no puedo estar de acuerdo con algunas de las ideas que plantea la plataforma, por ejemplo, no se puede hablar de privatización de la Educación cuando la escuela pública representa el 80%. Hay que aparcar los planteamientos personalistas y ser sensatos a la hora de ver qué ofrecemos al sistema y qué medidas tomamos. El PP ha demostrado que el Gobierno es el primero en mover ficha, y se demostró con la retirada de las evaluaciones”, (más conocidas como reválidas), ha manifestado Sandra Moneo.

El diputado socialista Manuel Cruz ha indicado que espera que se contemplen estas reclamaciones, aunque ha insistido en que si lo que se quiere conseguir es un pacto de Estado, “ninguno de los actores podrá conseguir su programa de máximos, por lo que habrá que buscar los puntos de consenso”.

“Creo que la comunidad educativa es muy amplia y, por nuestra parte, se analizarán y contemplarán las propuestas constructivas que aporte, no sólo esta plataforma, sino todas aquellas que puedan contribuir a mejorar la educación de este país”, ha señalado Marta Martín.

PP, PSOE y Ciudadanos han resaltado que no se ha invitado a la comunidad educativa a la Subcomisión porque su creación responde a una iniciativa parlamentaria, y por tanto, es labor de los diputados, aunque han aseverado que serán escuchadas las diferentes propuestas e iniciativas. Por el contrario, Unidos Podemos ha dicho tener la “sensación de que se hará una operación de maquillaje para que parezca que se tiene en cuenta a la comunidad educativa cuando no es así. Nosotros queremos que sean un agente más en la negociación y hablar de tú a tú con ellos, pero el PP y Ciudadanos defienden intereses elitistas, desprecian lo público, y ven en la Educación una vía de negocio vía privatización. Además, es posible que las reclamaciones de la comunidad educativa no aparezcan en el texto, por lo que tendremos una LOMCE 2 que será rechazada por la sociedad».

Ante la ‘amenaza’ de nuevas huelgas y movilizaciones, las posiciones varían según cada partido. Mientras la confluencia de Unidos Podemos ha mostrado su respaldo a estas convocatorias, si se producen, el PSOE ha indicado que “si el motivo de la huelga es que no se escucha a la comunidad educativa, no habrá huelga”.

“Nosotros respetamos el derecho a la huelga, aunque la verdad es que las imposiciones y apriorismos no nos parecen la mejor manera de construir cosas. Ciudadanos es más de trabajo y de ideas que de huelgas: qué le vamos a hacer, creemos que se consigue más con un espíritu constructivo que de queja, pero cada uno es libre de apuntarse a la opción que quiera”.

En la misma línea, Sandra Moneo, que no ha querido entrar a valorar la posible huelga, ha reiterado que “la comunidad educativa tendrá la oportunidad de ser escuchada en la Subcomisión”. “Creo que, cada uno, a la hora de lograr mejorar el sistema educativo tiene sus propias responsabilidades. Cada cual sabrá lo que hace, pero nosotros preferimos buscar acuerdos y acercar posturas”.

La Educación se ha convertido en una de las prioridades de esta legislatura que acaba de arrancar, y todo apunta a que el camino hacia una nueva ley será largo y no exento de polémicas. Tras contactar con los portavoces de los cuatro grandes partidos, las conclusiones principales quizás sean, por un lado, la voluntad (aparente) de elaborar un texto de consenso que cuente con la participación de la comunidad educativa, y, por otro, que sea una ley que ‘sobreviva’ a los cambios de Gobierno.

Fuente: http://www.madridiario.es/439791/claves-del-futuro-pacto-de-estado-por-la-educacion

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