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Entrevista a Verónica Piovani: Desprestigio PRO hacia los docentes: “Es manual básico de neoliberalismo educativo”

Desprestigio PRO hacia los docentes: “Es manual básico de neoliberalismo educativo”

Entrevista con Verónica Piovani, ex directora del INFoD. Explicó los proyectos legislativos que impulsa el macrismo en materia de educación como parte de una estrategia política que afecta leyes actuales y debilita la injerencia estatal abriendo paso al mercado.

Por: Alejandro Palladino

En una conferencia en la Academia Nacional de Educación en 2014, cuando era titular de la cartera de Educación en C.A.B.A., el ahora ministro nacional Esteban Bullrich desnudó la estrategia neoliberal para “vencer la resistencia de los sindicatos docentes”. Dijo: “Al sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencerles la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo”. Y siguió: “El gremio focaliza en una, le abriste doce, las otras once avanzan. Cuando se dieron cuenta que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás con las que no habías avanzado”. Lo explicó riendo, y comparó su táctica con “un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona”.

Tres años después y con el macrismo en la Casa Rosada, la idea quedó plasmada en la ofensiva desplegada en múltiples focos: eliminación de la paritaria nacional, medidas antihuelga con premios y castigos para romper lazos entre docentes y entre escuelas, represión en la calle, quita de personería gremial, conciliación obligatoria, campaña de trolls para fomentar el desprestigio del rol de los maestros y maestras y bombardeo de medios afines.

Para institucionalizar sus intenciones políticas en materia educativa y profundizar la confrontación con los gremios, otro canal para la avanzada son tres proyectos de ley: el Plan Maestro, que al momento sólo recibió trato mediático luego de que Macri lo fogoneó cuando presentó los resultados del Operativo Aprender; la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), que se trató en la Comisión de Educación, tiene dictamen y se tratará en la Cámara Baja de Diputados a partir del miércoles 19 de abril; y por último el de Formación Docente, que ingresó en el Senado y permanece allí.

En una entrevista con Contexto, Verónica Piovani, ex directora del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y docente universitaria, explicó en qué consisten y cuál es el proyecto político-educativo que los contiene.

¿Qué vienen a modificar esta serie de leyes?

El macrismo abre distintos frentes. En el Congreso tiene tres proyectos de ley que son fundamentales en términos de cómo modifican e institucionalizan las orientaciones que pretenden darle al sistema educativo y formador. Hay un horizonte estratégico para el sistema educativo que es consecuente con el proyecto de país.

Apenas comenzó su gestión, el Gobierno habló de “derecho a la educación” y de “construir sobre lo construido”, pero después vimos que en realidad no se iba en ese sentido. Fueron sólo declaraciones. En los hechos concretos hubo cierre de programas, desfinanciamiento y una subejecución permanente de todas las áreas del Ministerio de Educación. Y si no se cierran, los van vaciando, sujetos a la voluntad de las provincias, que deben competir entre sí por el acceso a los fondos y que de acuerdo a la eficiencia, eficacia y velocidad de ejecución de cada una se van repartiendo los remanentes.

“el Gobierno habló de ‘derecho a la educación’. En los hechos hubo cierre de programas, desfinanciamiento y una subejecución permanente.”

¿Cuáles son los ejes sobre los que se sustentó esa estrategia de abrir distintos frentes?

En primer lugar, este proyecto se basó en una deslegitimación muy deliberada y contundente de las políticas de la década precedente; una estigmatización y desprestigio de lo que se había hecho. Y para eso, la evaluación, que se materializó en el Operativo Aprender, es un arma fundamental de la pedagogía neoliberal para tasar el mercado. La evaluación es un proceso que ningún docente deslegitima, es necesaria. Lo que acá hay es una instrumentalidad política que hace el Gobierno de los resultados de estas evaluaciones exógenas, tecnocráticas y estandarizadas.

¿Cuáles son esas funciones políticas de la evaluación de las que hablás?

Por un lado, certificar con un instrumento aparentemente neutral y aséptico que todo el sistema de la educación precedente era un desastre. Y los medios se encargaron en paralelo de fogonear e instalar el tema: decir que el sistema educativo presenta una crisis terminal y la evaluación vino a certificar que esto era así. Ya Macri dijo previamente que los resultados “nos iban a doler”.

Y cuando se dice esto, se afirman en paralelo dos cosas: que en las políticas que se aplicaron antes basadas en la Ley de Financiamiento Educativo –que duplicó la inversión en educación– y otras normas fundamentales todos esos recursos se despilfarraron, no sirvieron para nada, porque a la luz de los resultados no hubo mejora. Eso es lo que quieren instalar.

¿Cómo entran los y las docentes en esta campaña que describís?

De la mano de lo anterior, son los otros grandes responsables. De ahí viene el desprestigio y la culpabilización hacia los docentes y sus referentes sindicales. Por eso publicaron los datos del Aprender como herramienta en el conflicto paritario y tergiversaron los del programa Pisa de 2015, que habían dado buenos resultados. Esto es manual básico de neoliberalismo educativo, que se aplica en todo el mundo: desprestigiar tanto a los docentes como a las acciones educativas llevadas a cabo por Estados comprometidos como los de América Latina durante los años anteriores; y sentenciar el fracaso de sus políticas, centradas en el derecho a la educación, para desmantelarlas. Esto ocurre en México, una referencia de Mauricio Macri. Y este modelo, junto con el chileno, responden a orientaciones estratégicas de consensos internacionales en organismos que pretenden instalar su agenda educativa. Uno de ellos es el Banco Mundial.

“Es manual básico de neoliberalismo educativo: desprestigiar a los docentes y a las acciones educativas para sentenciar el fracaso de sus políticas centradas en el derecho a la educación, para desmantelarlas.”

Por otro lado, con respecto a los docentes, el Gobierno responde al axioma de la derecha de reducir los costos para ganar competitividad, eufemismo para bajar los salarios en una paritaria que modeliza las de otros trabajadores.

La semana próxima se comenzará a tratar en Diputados el proyecto de ley de creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, tal como pidió Macri en la apertura de sesiones el 1º de marzo. ¿Qué paso significa en el marco de la disputa que da el macrismo en la educación?

Es una búsqueda por institucionalizar una concepción neoliberal de la evaluación, y que ahora pasa desapercibida en medio del conflicto docente. En el proyecto de evaluación establecen la creación de un organismo autónomo separado del Ministerio de Educación, algo opuesto a lo que establece la Ley Nacional de Educación. Además de violentar la ley, el organismo puede contratar consultores internacionales y suscribir acuerdos.

Cuando armás el rompecabezas, y teniendo en cuenta el uso de los resultados del Operativo Aprender, la evaluación desprestigia lo precedente. Un ejemplo fue la subejecución que muestra la voluntad clara de desarmar y vaciar programas existentes. Esto al mismo tiempo que el Estado se repliega de su función de garantía y responsabilidad indelegables en cuanto al derecho a la educación, que empieza a desaparecer de los textos y aparecen otras como “eficiencia” y “calidad”. Y lo que toma cuerpo es que el Estado se achica y le abre campo al mercado. Por ejemplo, con la compra de computadoras para los estudiantes y el desarme de políticas de soberanía científica como el Arsat. El desmantelamiento es integral: ciencia, tecnología, cultura, educación y desarrollo nacional. Vaciar el Estado es abrirle espacio a los negocios privados. Por eso no sorprende que buena parte de los funcionarios de educación son dueños de empresas educativas. La educación es una cantera de posibilidades para el mercado y la evaluación es el rubro que más factura a nivel mundial.

Proyecto de ley de Formación Docente

Tanto Esteban Bullrich como la actual directora del INFoD, Ceclia Veleda, expresaron su posición con declaraciones y con hechos sobre el porvenir de los institutos de formación.

¿Que trae el macrismo con respecto a la formación docente?

Justifican el ajuste en que “hay demasiados institutos”. Achican el sistema formador a través de un sistema de acreditación, similar a otro que se hizo en los noventa. Restringen el ingreso a través de becas llamadas “compromiso”, por lo tanto buscan generar un sistema de acreditación de exigencias que el Estado no las va a dar. Apuntan a un sistema de becas por talento, por rendimiento académico.

Hay también una serie de condiciones para acreditar las instituciones y así poder acceder a los financiamientos. Es decir, el paquete va en camino de criterios de selectividad en el ingreso y el acceso a los recursos.

Mientras buscan aprobar las leyes, desde el INFoD se impulsan la suscripción de acuerdos bilaterales con algunas provincias para involucrarse en los procesos que sostiene la nueva administración.

¿Qué concepción de la educación subyace en estos proyectos?

Es un paquete complejo que claramente su orientación estratégica del proyecto educativo es la mercantilización, la tercerización desde el Estado y así la deslegitimación de la escuela pública. El Ministerio de Educación es convertido en una agencia, una ventanilla de control de calidad, y el Estado como agencia de control externo sin responsabilidad; no es agente protagónico. Este Estado gestiona de manera externa y no como un organismo responsable de las instituciones que les son propias.

Están convencidos de que los sistemas mejoran si mejoran los desempeños individuales; que los desempeños individuales se miden por resultados de aprendizaje y que los resultados se registran por pruebas estandarizadas internacionales. Y que la mejora de la formación depende por lo tanto de la selección de talentos y de incentivar de manera simbólica y económica a los docentes y las escuelas, pero no a través de la paritaria y el convenio colectivo; por el contrario, a esos desempeños individuales talentosos hay que incentivarlos con sueldos diferenciales.

Por eso dan esta batalla, no sólo para disciplinar la fuerza de trabajo disminuyendo los costos, sino además porque presumen que un sistema funciona bajo la lógica de la competencia entre los individuos y que los individuos anulan la dimensión institucional. No hay una dimensión institucional de la enseñanza y el aprendizaje. Ellos hablan de equipo, pero son sumatoria de individualidades, no hay trabajo colectivo. Por algo la primera dirección que cerraron en el INFoD fue la de Desarrollo Institucional.

La posición de los gremios

En un comunicado, los sindicatos docentes nacionales, que se mantienen en pie defendiendo la paritaria nacional, expresaron un “rechazo enfático al espíritu del proyecto” de ley de creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa porque “modifica lo contemplado en la Ley de Educación Nacional al quitarle al Ministerio de Educación la potestad de diseñar la política de evaluación”.

Añadieron que las políticas de evaluación “deben diseñarse dentro de las definiciones generales para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y no pensar en un sistema de evaluación como un fin en sí mismo”.

Afirmaron que el proyecto “se opone claramente a la visión más integrada de una educación de calidad en la cual se considera que “los resultados” de las evaluaciones son un indicador más y que no es sólo responsabilidad de la acción del sistema educativo, sus instituciones y sus agentes, sino que dicha responsabilidad se extiende al conjunto de las políticas de Estado”.

Sobre el carácter autónomo del instituto, sostuvieron que significa una “organización no gubernamental para hacerse cargo de la evaluación de los docentes y los estudiantes argentinos”

“Históricamente nos hemos opuesto a creación de entes autónomos para la definición de políticas de evaluación al margen de las definiciones generales de las políticas educativas.”

Advirtieron además que “habilita la posibilidad del financiamiento de organismos internacionales que podrían direccionar e influir sobre las políticas de evaluación desde las perspectivas que hoy se imponen, a nivel mundial, como tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de la educación”.

Fuente: http://www.diariocontexto.com.ar/2017/04/13/desprestigio-pro-hacia-los-docentes-es-manual-basico-de-neoliberalismo-educativo/

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Honduras: BCIE y UTH lanzan programa de crédito educativo

Honduras/Mayo de 2017/Fuente: El Economista

Representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) firmaron un convenio de colaboración para que este centro de estudios superiores forme parte del Programa BCIE Crédito Educativo (PBCE).

El objetivo del acuerdo es fortalecer la competitividad de estudiantes hondureños que buscan continuar sus estudios de educación superior en la UTH.

El convenio fue firmado por el gerente de País BCIE Honduras, Pedro Emilio Banegas y el rector de la UTH, Javier Mejía; y  fungieron como testigos de honor el embajador de la República de China (Taiwán) en Honduras, Alejandro R.K. Huang, y embajador de la República de Costa Rica, Eugenio Trejos.

Banegas explicó que esta alianza estratégica es parte de los esfuerzos impulsados por el banco para crear iniciativas de alto impacto en la región, teniendo como meta fundamental el desarrollo de los centroamericanos.

El PBCE, es un mecanismo creado para promover el incremento de los índices de educación de los países centroamericanos, que se financia con fondos propios del BCIE con aportes del Gobierno de la República de China (Taiwán), otorgados a través del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (TaiwanICDF, por sus siglas en inglés).

Hasta la fecha, el programa ha desembolsado un total de $5.7 millones beneficiando a 469 jóvenes (225 mujeres y 244 hombres) de 24 universidades ubicadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Fuente: http://www.eleconomista.net/2017/05/19/bcie-y-uth-lanzan-programa-de-credito-educativo

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Entre economía de mercado y economía social, se debate la educación en latinoamericana

Por: Gerson Gómez

Me causo  una gran impresión, ver una noticia con estadísticas, relacionada con el cierre  de 180 escuelas en Puerto Rico, el reportaje señalaba, que en la isla por problemas presupuestarios, se han venido cerrando progresivamente, mas de 150 escuelas, en este caso haciendo la sumatoria simple el cierre de 330 escuelas dependientes de la Administración Publica, en lo que va de década, estamos hablando de un estado cuya administración depende de la nación mas poderosa del mundo EEUU.

Sin duda, en este sentido existen  elementos de suma importancia de resaltar, la contradicción entre lo público y lo privado, y en manos de quien debe estar el aparato o la estructura del Sistema Educativo. El Físico y Científico Albert Einstein en su articulo, argumenta con  extraordinaria maestría el por qué la educación debe estar  manos del Estado y no de la iniciativa privada.

Que en el mismo orden de ideas, esta vinculado al perfil de ciudadano, que se pretende formar, y la capacidad del ciudadano común, de los sectores menos privilegiados, que perderían la oportunidad y el derecho universal a educarse en igualdad de oportunidades.

Adicional a ello, el problema de desempleo, de todas aquellas personas que dependían de cada una de esas escuelas, y que de una u otra forma, se ven afectadas por dicho cierre.

Pudiéramos argumentar, con respecto a esto muchas cosas, pero la esencia, reside, en la dignidad que se pierde por la falta de un derecho universal y el poco interés de los entes, a quienes compete darle un fin óptimo a dicha situación, que se aleja de la vocación de servicio, y el compromiso, y una visión mas horizontal de los procesos, y la creación de puentes con la comunidad que rodea, cada una de las instituciones.

Los problemas presupuestarios, se pudieran solventar con la vinculación entre lo individual y lo colectivo, el lunes por ejemplo, vi una película de Kevin James “ El Maestro Luchador”, quién por rescatar, la orquesta de su institución, se dedica a la lucha en pro de la preservación del empleo de su compañero y se dedica a luchar para acumular el dinero, que hacia falta del recurso valorando los beneficios de la musica en el proceso de aprendizaje, le da un vuelco, a la clausura de la orquesta.

Sin duda, aunque convoca a una reunión en pro de cooperar para dicho rescate con los profesores compañeros de trabajo, pero, no se apareció mas que una amiga cercana, fue mas efectiva la iniciativa individual para el financiamiento.

En este sentido es fundamental, el elemento socializador de intercambio  como premisa de vincular temporoespacialmente, a los niños y niñas, que si bien el desarrollo intelectual pudiera fomentarse de manera individual, el desarrollo bio-psicosocial depende de manera integral de la socialización de experiencias, y del impulso y la motivación para el logro de metas y del compartir en distintos espacios incluyendo la escuela.

En lo que a la educación se refiere, el profesor Luis Bonilla, en la actualidad diserta a través de una conferencia, titulada “ Apagón Pedagógico Global”, diserta sobre los problemas de la educación el el siglo XXI, el rescate de la pedagogía y la didáctica, como ciencias de la educación, en pro de un uso práctico de las TIC, sin dejar de un lado al docente, como actor pro-activo de los procesos de aprendizaje.

Sin duda las TIC, han aminorado la brecha tempero-espacial, es necesario redefinir las formas de USO, contribuyendo de manera gratificante en los procesos administrativos y de aprendizaje, revisando con cautela tendencias socio-educativas y socio tecnológicas que permitan involucrar a equipos de trabajo, para el logro de este objeto.

A tal fin, y orientando, la visión desde lo económico-social, Venezuela ha tenido experiencias a través de la el Fomento de la Educación Popular (Misiones: Robinsón, Ribas y Sucre) y programas Tecnológicos: Bibliotecas Virtuales, CBIT, Canaima, vinculados a la construcción de cultura Tecnológica.

Imagen de archivo

 

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Panamá: Colegios privados pueden aumentar costos sin límite

Panamá/Mayo de 2017/Autor: Z. Rojas y D. Díaz/Fuente: Panamá América

Una denuncia ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) o el Ministerio de Educación (Meduca) no tiene ningún efecto frente a la voluntad de un dueño de colegio particular de aumentar el costo de la matrícula y la mensualidad en el porcentaje que considere satisfactorio.

La directora de educación particular del Meduca, Vidalis Castillo, explicó que si los padres de familia no llegan a un acuerdo de aumento con los directivos, el plantel puede decidir de manera unilateral.

«Unos 40 centros educativos en el país y 10 planteles en Panamá Centro reportaron ante la Dirección de Colegios Particulares aumentos para el año lectivo 2018», manifestó Vidalis.

Entre los argumentos para realizar los aumentos están el ajuste salarial a los educadores a partir del mes de julio, el alto costo de mantenimiento, ajuste al salario mínimo del personal administrativo, la necesidad de contratar más personal docente como administrativo, según señaló la funcionaria.

Sin embargo, debe existir una primera reunión en la que participan los directivos del plantel, padres de familia y representante del Meduca.

Luego de la primera reunión, los padres de familia tienen un periodo de 10 días para enviar por escrito su insatisfacción a la dirección del plantel, para que se convoque a una segunda reunión.

«De no haber un acuerdo en esta segunda reunión, entonces la escuela tendrá la potestad de tomar una determinación, aunque todavía no se ha visto que directores se impongan», según Castillo.

No obstante, más allá de la misión de educar y aportar a la sociedad, hoy los colegios particulares del país muestran su vocación de negocio, en la que impera el interés de obtener la mayor cantidad de ganancias posible, según las denuncias de padres de familia y representantes de las asociaciones de consumidores.

Contrario a lo que señala la funcionaria en cuanto a que no existe imposición , los padres de familia expresan año tras año su descontento por la imposición de aumentos excesivos en la matrícula y la mensualidad, muchas veces injustificados.

Jamal Snape Agüero, padre de familia, quien tiene a su hijo en un reconocido colegio particular del país, asegura que anteriormente el centro educativo impuso el costo de la matrícula y mensualidad para aumentar el salario de sus docentes, pero los mismos educadores señalaron que el ajuste salarial nunca se les hizo.

Este colegio forma parte de la lista de los que ya han anunciado que deben asumir el aumento de $40 en la mensualidad, lo que consideran excesivo, tanto es así que los padres enviaron una nota a la directora pidiendo que se justificara, de manera detallada, el alza y señalando una serie de carencias que tiene el plantel, a pesar de las alzas constantes y significativas.

Carlos Contreras, presidente del Club de Padres de Familia de otro reconocido colegio de trayectoria en el país, denuncia también la imposición de aumento en la admisión de $108 y de $680 en la anualidad, pasando de $1,520 a $2,200 en la educación premedia.

La Acodeco registra cuatro denuncias contra colegios por el aumento de matrículas y mensualidad para el 2018.

Las denuncias contra los colegios Instituto Justo Arosemena, Cristo de los Milagros, Bilingüe de Panamá y La Salle, registradas el 5 del mayo de 2017, todas por aumentos sin previo aviso.

Durante el 2016 también se registraron cuatro denuncias y aunque se comprobó que las escuelas no coordinaron los aumentos como lo establece la ley, aún no hay multas, porque la Acodeco señala que «eso conlleva un trámite».

«Es matemática pura, donde estos colegios particulares accionan para mantener su utilidad calculando gastos, porque simplemente son un negocio de tómalo o déjalo», enfatizó Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa).

Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/economia/colegios-privados-pueden-aumentar-costos-sin-limite-1069720

 

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Capitalismo y educación

Por: Armando Gonzalez

Una de las responsabilidades fundamentales de los padres es la educación de sus hijos. En primaria, secundaria y en educación superior o universitaria.

Dos siglos de capitalismo han probado que la competencia es un elemento esencial. No hay actividad en nuestra época que ejemplifique ese principio como el sistema educacional. En el lado positivo está el sistema de educación superior, a la altura de cualquiera en el mundo. En el otro lado está el deficiente ejemplo del sistema de escuelas públicas de primaria, junior y secundaria. La gran diferencia entre las dos es competencia.

El capitalismo requiere varias características para operar bien: la propiedad privada es una. El sistema legal para regir contratos es otra. El dinero estable es también importante. Más aún, si no todas las condiciones existen, el capitalismo incipiente puede funcionar. Si hay límites sociales en la posesión de propiedad privada, el capitalismo puede aferrarse, furtivamente, en sectores donde esos límites sean más débiles. Los mercados negros en sistemas comunistas han probado eso por años.

Sin embargo, no hay sustituto para la competencia en el capitalismo. Sin competencia, los otros elementos del capitalismo no pueden existir. La propiedad privada, impedida de competir por un monopolio, deja de existir en esa esfera, la ley es limitada y el dinero deja de tener efecto.

Donde existe la competencia, el capitalismo puede surgir en subsectores de sociedades no capitalistas. En subsectores donde no existe la competencia, el capitalismo deja de existir.

No hay mejor prueba de la importancia de la competencia que una comparación entre el sistema universitario americano y el sistema de escuelas públicas. Ambas comparten importantes similitudes. Gobiernos –federal, estatales y locales– están estrechamente involucrados y aportan cantidades sustanciales de dinero a ambos sistemas. Lo que los dos sistemas no comparten es competencia. Comparado con el sector privado, el sistema universitario americano no es el mejor ejemplo de competencia. Pero sí lo es comparado con el sistema de escuelas públicas. El sistema universitario encara competencia en muchos aspectos. El sistema de escuelas públicas, por otra parte, busca refugio contra la competencia.

En el sistema universitario los estudiantes escogen a qué college o universidad desean asistir. Los colleges y universidades, por lo tanto, tienen que competir para atraerlos. Los estudiantes transfieren regularmente. La movilidad es característica en el sistema universitario.

El contraste no puede ser mayor con los sistemas de escuelas públicas. La elección de la escuela, disponible para todo universitario, es virtualmente inexistente en el sistema de escuelas públicas. Es el mayor enemigo de los sindicatos de maestros. La selección de la escuela, vouchers, educación en la casa y escuelas charter –cualquier forma en que el estudiante pueda moverse libremente– es anatema para ellos. La única forma que un estudiante pueda cambiar de escuela es que sus padres se muden.

La diferencia en la movilidad de los estudiantes trae a colación otro aspecto donde la competencia diferencia a los dos sistemas: fondos. Colleges y universidades compiten por fondos en todas sus formas. Los estudiantes y sus tuition dollars son el ejemplo más claro. Porque los estudiantes gozan de completa movilidad, su dinero se mueve con ellos.

Colleges y universidades también compiten por asignaciones gubernamentales. Los sindicatos de maestros de escuelas públicas se oponen también a eso. Cada escuela y distrito escolar –independientemente de la calidad de su trabajo– debe recibir la misma cantidad. Aquí, fallar es siempre excusado por “fondos inadecuados”, así que lo que se recompensa es fallar y no buen rendimiento.

El capitalismo tiene muchos facilitadores pero un solo conductor. La diferencia entre el sistema de educación universitaria y el sistema de escuelas públicas es una lección en eficiencia y una condena de su ausencia.

AGonzalez03@live.com

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article147245294.html

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El negocio de la educación

Por: José Antonio Marina

Hemos entrado en la ‘sociedad del aprendizaje’, lo que ha hecho surgir una industria educativa global (‘Global Education Industry’). El cálculo del mercado educativo hecho por Merrill Lynch-Bank of America en 2014 era de 4,3 billones de dólares. Mucho dinero. La industria incluye muchos tipos de negocio: gestión directa de centros educativos, producción de materiales, enseñanza ‘online’, servicios de consultoría, ‘edu-marketing’, servicios de producción de test, evaluaciones, etc. Para conocer la situación actual, me parece imprescindible el estudio dirigido por Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran experto en el tema (Verger, A., Lubiensky, C. y Steiner-Khamsi, G. ‘World Yearbook of Education 2016: The Global Education Industry’. Nueva York: Routledge). El hecho de que se mercantilice una parte de la educación despierta muchos recelos. Sobre todo en lo referente a la educación pública. Es un momento oportuno para tratar el tema que saldrá a relucir en los debates sobre el pacto educativo, ya que es uno de los asuntos de discordia permanente, como expusimos en los ‘Papeles para un pacto educativo’.

Existe un movimiento para favorecer la entrada de la iniciativa y el capital privados en los sistemas públicos de enseñanza. Se habla de un Global Education Reform Movement (GERM) (‘Global education ‘reform’ building resistance and solidarity’), caracterizado por la estandarización generalizada, el pago por resultados, la competición, la capacidad de elección, y la privatización. Grandes empresas están invirtiendo en la industria educativa. La mayor de ellas, Pearson, que vendió recientemente su participación en el ‘Financial Times’, por 1.183 millones de euros, y su participación en ‘The Economist’, por 658 millones de euros, para dedicar toda su potencia financiera al sector educativo. Las grandes compañías de informática —Microsoft, Apple, Cisco, Samsung, IBM, Google— están invirtiendo también fuertes sumas en educación.

Los contrarios a este enfoque consideran que gestionar la educación con criterios empresariales va en contra de la educación como bien público. Las raíces del GERM están en la política educativa de Margaret Thatcher. Uno de sus ministros de Educación, Keith Joseph, dividía la sociedad en “productores de riqueza” y “consumidores de riqueza”, y consideraba que la educación pública era “consumidora de riqueza” (‘wealth consumer’). La gran reforma en 1986, hecha por el ministro Kenneth Baker, trataba de introducir en la escuela los mecanismos fundamentales del mercado: libertad de elección y competencia. En principio, se trataba de mejorar la eficiencia en el empleo de recursos públicos, y de reducir la presencia del Estado. Es el modelo defendido por los políticos neoliberales.

La idea de educación pública como un sistema que debe regirse por reglas de eficiencia copiadas del mercado (libertad de elección y competición) quedó incluida dentro del movimiento de la Nueva Gestión Pública. En todo el mundo se extiende la idea de que el Estado absorbe una cantidad creciente de las rentas de una nación y es ineficiente y despilfarrador. La Nueva Gestión Pública pretende mejorar el sector público introduciendo sistemas de gestión empresarial. La escuela entraba dentro de este modelo.

Educación como supermercado

Esta política educativa cuenta con el apoyo de organismos económicos internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, lo que ayudó a pensar en una conspiración capitalista en contra de la escuela pública, que siempre ha tenido como objetivo la igualdad y la cohesión social. Los defensores de la gestión estatal de la escuela pública consideran que el pensamiento neoliberal ha contaminado las políticas educativas, y que incluso gobiernos socialistas como el de Tony Blair consolidaron la idea de educación como un supermercado, abriendo paso a una serie de escuelas en competición: ‘religious schools’, ‘private schools’, ‘grammar schools’, ‘specialist schools’, ‘beacon schools’, ‘church schools’, ‘foundation schools’, ‘academies’, etc.

Para hacer más complejo el panorama, hay un gran movimiento, en el que participan el FMI, el BM, la OCDE, la Unesco, Unicef, que defiende la cooperación de las administraciones públicas con las organizaciones empresariales y con las organizaciones ‘non profit’ para mejorar las prestaciones educativas. Parten de la constatación de que muchos estados van a tener dificultades para dedicar a la educación la financiación necesaria y sería conveniente canalizar hacia la educación capital financiero, y también capital intelectual, investigador, organizativo. Eso ha producido el interés por las asociaciones público-privadas en educación (Internacional de la educación: ‘Asociaciones público-privadas en educación’. La Internacional de la educación es una federación sindical mundial que engloba a 30 millones de docentes). Este estudio analiza las variadas formas de cooperación.

Unas son contratos entre el Estado y organizaciones privadas; y otras, las llamadas Asociaciones de Actores Múltiples para la Educación (MSPE), en las que distintos agentes se unen para un proyecto educativo común. Los partidarios de la gestión estatal del sistema educativo piensan que la privatización de la enseñanza lleva inevitablemente a la segregación por razones económicas, y por lo tanto al fracaso de la función social del sistema. Además, al ser un negocio, consideran que las plusvalías que se llevan los empresarios detraen fondos de la educación. Los partidarios de la privatización argumentan que la gestión privada —no funcionarial— es más eficiente, que la libre competencia entre escuelas las exige mejorar continuamente, y que dejar al Estado la gestión de la educación es peligroso porque puede convertir la escuela en herramienta de adoctrinamiento.

En España, desde los gobiernos de Felipe González, hay un sistema de conciertos entre la escuela pública y escuelas privadas. La ley establece condiciones muy estrictas: la admisión de alumnos debe seguir la misma normativa que los centros de gestión pública, la enseñanza debe ser totalmente gratuita y las actividades, tanto docentes como extraescolares y de servicios, no podrán tener carácter lucrativo, y será necesaria la previa autorización de la administración educativa de las cantidades a percibir. Es posible que la laxitud de algunas administraciones haya permitido que la ley no se cumpla escrupulosamente, pero eso a mi juicio no invalida la ley.

Lo que conviene dejar claro es que la responsabilidad del Estado es proteger la calidad y equidad de la educación, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Para conseguir este objetivo, hay que tener en cuenta que no basta la calidad de las escuelas, porque la procedencia socioeconómica de los alumnos tiene un peso enorme en los resultados educativos. Por eso, el sistema de educación básico debe esforzarse en compensar las diferencias iniciales. Eso implica que una buena educación va más allá de un buen conjunto de escuelas. Incluye el apoyo a las familias, la especial ayuda a las zonas educativamente deprimidas, los sistemas de apoyo a los alumnos con necesidades especiales, la cobertura educativa de todo el territorio, la coordinación con empresas para la formación profesional, el enlace con los municipios, el control de la calidad de la enseñanza, los criterios de capacitación del profesorado, etc.

Estas funciones deben ser realizadas por la Administración pública, garante de que se cumpla el derecho a una buen educación. El miedo a un Estado adoctrinador tiene que disminuir en un sistema democrático. Aun así, deben perfeccionarse las instituciones que defiendan la calidad y la equidad de la educación. El Consejo Escolar del Estado debería ampliar sus funciones, y respecto a los programas educativos, he defendido que debería haber un organismo independiente —con funciones semejantes a las que tiene el Banco de España respecto de las políticas monetarias— para estudiar y proponer los mejores currículos en cada momento.

Un plan de cinco puntos

Para cumplir sus obligaciones, el sistema educativo público debe atraer el máximo de energías financieras o intelectuales, siempre que esa ayuda exterior no sirva como pretexto para reducir los presupuestos de educación. Dentro de ese marco y cumpliendo estrictamente la ley de conciertos (igualdad en los criterios de admisión, gratuidad absoluta, y carácter no lucrativo de las actividades extraescolares), puede ser bueno para el funcionamiento de todo el sistema que la educación pública se desarrolle en centros de gestión estatal y centros de gestión privada. Para ello, los conciertos tienen que cumplir las siguientes condiciones:

1.– Que los centros que aspiran a un concierto aporten recursos personales y financieros al sistema público. Así lo hacen, por ejemplo, los centros privados que aportan sus instalaciones.

2.– Que aporten modelos educativos interesantes para el sistema público, y experiencias innovadoras que faciliten la pluralidad pedagógica de los centros.

3.– Que suplan la acción del Estado en zonas que no estén debidamente escolarizadas.

4.– Que actúen con transparencia total para permitir la comparación entre dos sistemas de gestión, lo que siempre es una experiencia interesante.

5.- Que favorezcan la libertad de elección de los padres.

Lo verdaderamente importante en el sistema educativo son nuestros alumnos. Todo aquello que facilite, mejore, amplíe, fortalezca su educación, en todos los niveles y en todas las dimensiones, debe ser acogido con alegría. Y, por supuesto, evaluado con todo rigor y objetividad.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2017-04-11/educacion-publico-privado-mercado_1364722/

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«Universidades deben entender que son parte de la lucha de clases» Entrevista a Marilena Chauí

América del Sur/Brasil/15 Abril 2017/Autora: Fania Rodrigues/Fuente: Brasil de fato

Profesora de la Universidad de São Paulo (USP) y crítica asidua del modelo capitalista, la filósofa Marilena Chauí fue recibida esta semana por una verdadera multitud de jóvenes de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (UERJ). Auditorio lleno, gente sentada en el piso y las escaleras, la puerta obstruida por espectadores y la entrada de la universidad igualmente repleta, con alumnos que asistían a la conferencia en una transmisión en vivo, hecha por la TV UERJ. Así fue recibida Marilena, que habló sobre la crisis en las universidades públicas brasileñas.

Desde el año pasado, la UERJ enfrenta graves problemas de falta de recursos y hasta hoy las clases no volvieron de forma integral. Mientras tanto, según una nota del Fórum de Directores de las unidades académicas de la universidad, publicada el día 29 de marzo, la universidad no está parada. “Se encuentra funcionando, en muchas de sus actividades de investigación, de enseñanza y de extensión. Respecto al atendimiento a la salud, el Hospital Universitario Pedro Ernesto (HUPE) y la Policlínica Piquet Carneiro (PPC) continúan atendiendo a la población en esfuerzo redoblado”. La nota informa que persisten las dificultades con falta de limpieza, recolección de basura y manutención, en todos los campus de la UERJ, pero que “el Rectorado, juntamente con el Fórum de Directores decidimos establecer como objetivo que deseamos iniciar las clases, integralmente, lo más rápido posible”.

Para Marilena, los problemas de la UERJ van mucho mas allá de la relación con el gobierno del estado de Rio de Janeiro. “La crisis en las universidades es resultado del avance neoliberal y de la entrada de la iniciativa privada internacional en el mercado brasileño”, afirmó la filósofa durante la conferencia.

Para ella, el modelo de universidad pública comenzó a entrar en crisis ya en la dictadura militar, cuando las bases curriculares fueron reformuladas. “Las universidades se tornaron funcionales, puramente técnicas, para la formación de profesionales calificados. En la década de los 80 pasaron a desempeñar un papel más ligado a la lógica del mercado, dirigida a resultados y productividad. Después, ya en la década de 90 y años 2000, pasó a ser una universidad operacional, replegada sobre si misma, centrada en la producción de artículos, informes y en las evaluaciones externas”, relata la académica.

La profesora dice que la universidad precisa salir de esa “burbuja” y entender que es parte de la lucha de clases. Pero, que ese cambio exige un camino arduo y largo.

Brasil de Fato – ¿Cuál es el camino para pensar una solución al problema de la instrumentalización de las universidades, que ahora trabajan solo en la lógica del mercado, priorizando eficiencia y resultados?

Marilena Chauí – Ese camino comienza con la enseñanza básica y con la enseñanza media. Es preciso retomar la idea de la formación en lugar de la información, de la crítica en lugar de la repetición. Los medios de comunicación y la velocidad del internet llevan a las personas a considerarse informadas y con capacidad crítica. Sin percibir que si están «informadas» es porque no tienen formación, no tienen espíritu crítico. En verdad ellas están en contra o a favor de alguna cosa, pero sin dar las razones por las cuales están a favor o en contra.

Brasil de Fato – ¿Es posible para nosotros comenzar ese cambio en el actual escenario político y con el actual gobierno?

Marilena Chauí – Sí. Es y demanda un trabajo lento. La experiencia que tenemos de la época de la dictadura y la experiencia que el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST) tiene en su trayectoria, por ejemplo, nos muestran que es un trabajo cotidiano, que lleva la hojita al hormiguero. Entonces si nosotros tuviéramos la expectativa de una solución en un corto espacio de tiempo no cambiaremos. Tenemos que pensar que es un trabajo de largo plazo que nos involucra a cada uno de nosotros durante mucho tiempo y de diferentes maneras. Exige paciencia histórica.

Brasil de Fato – Comenzamos la semana con la noticia del fin del programa federal de becas internacionales Ciencia Sin Fronteras. También está ese proyecto del gobierno Temer de cobrar mensualidades en cursos de posgrado y la Universidad Estatal de Rio de Janeiro en decadencia. ¿Cuál es análisis que la señora hace de ese desmonte de las universidades públicas?

Marilena Chauí – El desmonte está ligado a la adopción de la perspectiva neoliberal. El Estado ve a las universidades como empresas, donde tiene que haber competición y productividad. A partir de ahí se abandonó la idea de derechos sociales, que no está ligada al lucro, pero a la construcción del propio país y a la consolidación de la democracia. Lo que tenemos es un desmonte de la escuela democrática, en todos los niveles, pero que exige de nosotros aquello que los brasileños saben hacer que es el trabajo de resistencia. Nosotros vamos vencer otra vez.

Brasil de Fato – Ya para terminar, ¿cuál es el papel de la universidad en la lucha de clases?

Marilena Chauí – El papel de la universidad es ser parte de la lucha de clases. La universidad no puede ser apenas un lugar que reflexiona sobre la lucha de clases. Ella tiene que comprender que es parte de esa disputa, sea por su alumnado, por la división entre sus profesores, por el papel de las administraciones y burocracias, que operan muchas veces a favor de la clase dominante. Somos parte de la lucha de clases y estamos obligados, como institución de enseñanza, a entender ese papel que desempeñamos en la sociedad.

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/04/06/marilena-chaui-universidades-deben-entender-que-son-parte-de-la-lucha-de-clases/

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