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La reforma tributaria reactiva las movilizaciones en Colombia en el pico de la pandemia

Los manifestantes rechazan la propuesta del Gobierno de Iván Duque para cubrir el agujero fiscal que ha dejado la crisis sanitaria

En el peor momento de la pandemia en Colombia, se han reactivado las manifestaciones. Las movilizaciones están de regreso para rechazar la reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno de Iván Duque con el propósito de cubrir el hueco fiscal que ha dejado la crisis sanitaria. El llamado paro nacional, que ya había sometido a una considerable presión al mandatario a finales de 2019, antes de la irrupción del coronavirus, se reactivó este miércoles con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios, a pesar de los llamados a aplazarlas o privilegiar otros métodos de protesta. La jornada acabó con un sonoro cacerolazo en las principales ciudades.

Las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en la ciudad de Cali derivaron en vandalismo. A primera hora de la mañana un grupo de indígenas derribó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, y los manifestantes quemaron cuatro buses del sistema de transporte masivo y saquearon almacenes de cadena. El alcalde, Jorge Iván Ospina, decretó el toque de queda desde las 15.00 horas y el Ejército fue desplegado en las calles. “Se registra un buen comportamiento por parte de los ciudadanos, con excepción de Bogotá y Cali, dónde la Fuerza Disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ha tenido que intervenir algunos intentos de bloqueo”, señalaba el balance del Ministerio de Defensa al comienzo de la tarde. “No vamos a tolerar más actos violentos en ningún punto del país”, declaró el jefe de la cartera, Diego Molano.

En la capital hubo desde las primeras horas bloqueos del tráfico y de las estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de buses articulados. “Quiero pedirles a los ciudadanos que por su cuidado y salud, empiecen a regresar a sus casas” a partir de las 14.00 horas, declaró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al anunciar que Transmilenio dejaría de operar a las 17.00 horas. A pesar de que López, del partido progresista Alianza Verde, ha mantenido un tenso pulso de liderazgos con el presidente Duque a lo largo de la pandemia, ya había considerado que marchar en este momento era “un atentado a la vida”. Las principales ciudades han recurrido a renovadas medidas de confinamiento y toques de queda nocturnos para superar este momento crítico, con los hospitales al borde del colapso. En Bogotá, Medellín o Cali, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos supera el 90%.

La movilización suponía un desafío a los múltiples llamados a evitar las aglomeraciones en un momento en el que el país enfrenta un repunte de contagios. La jornada fue convocada el pasado 6 de marzo, antes de que se conocieran los detalles de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno, que la mayoría de expertos considera necesaria. Los organizadores, agrupados en el Comité Nacional de Paro —integrado principalmente por centrales obreras, organizaciones estudiantiles y campesinas— mantuvieron la convocatoria a pesar de que la víspera un confuso fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, criticado por diversos juristas, ordenó el aplazamiento de las marchas. “Estamos ejerciendo el derecho fundamental de protestar” amparado por sentencias de la Corte Constitucional, defendió Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Me impactó mucho que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dijera que no podemos salir a marchar, como si fuera un permiso, cuando es un derecho fundamental que tenemos”, señaló a este periódico Isamari Quito, una estudiante de Derecho de 20 años, en el Monumento a los Héroes, uno de los puntos de concentraciones en Bogotá. “Hay gente muriendo de hambre, no es solamente por covid … Creo que la peor pandemia es el racismo”, añadía esta manifestante al calificar la reforma tributaria como “nefasta”. En este punto, varios centenares de personas, jóvenes casi en su totalidad, mantenían el distanciamiento social mientras realizaban cortes intermitentes del tránsito en la Autopista Norte al tiempo que entonaban entre silbatos y vuvuzelas el cántico “A parar para avanzar, viva el paro nacional”.

En un año previo a las elecciones, los aspirantes presidenciales también se han posicionado con respecto a las movilizaciones. “Si todos nos manifestamos hoy con cacerolazos en nuestras ciudades, la protesta será escuchada y sentida sin ponernos en riesgo”, escribió en sus redes sociales Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín. Gustavo Petro, el perdedor de la segunda vuelta de las presidenciales del 2018 ante Duque, ha emergido como el promotor más visible de las protestas entre los líderes políticos. “¿No quieren aglomeraciones? Es fácil, retiren la reforma tributaria”, ha asegurado desafiante el candidato de izquierdas, favorito en las encuestas más recientes de cara a los comicios de 2022. Ángela María Robledo y Francia Márquez, otras dos aspirantes apoyadas por el movimiento feminista, marcharon en las calles de Bogotá.

Aunque la protesta social se ha visto en gran medida desactivada durante la pandemia por las medidas de confinamiento, en los casi tres años de Gobierno de Duque el malestar se ha traducido en una amplia amalgama de reclamos que incluyen la denuncia del incesante asesinato de líderes sociales y de los abusos policiales, la implementación de los acuerdos de paz, mayores fondos para la educación pública, la lucha contra la desigualdad o los asuntos ambientales. La convocatoria del miércoles se vio potenciada por la propuesta de subida de impuestos que apenas comienza su tránsito en el Congreso. El Gobierno defiende su componente social, pues también incluye, entre otras medidas, una renta básica permanente para los más vulnerables.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2021-04-28/los-manifestantes-vuelven-a-las-calles-en-colombia-en-el-repunte-de-la-pandemia.html

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Libro(PDF): COVID-19. Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Este libro es fruto del trabajo realizado en el Grupo de Trabajo «El Istmo Centroamericano: Repensando los Centros» de CLACSO. Los textos proporcionan un panorama general de las estrategias sanitarias para gestionar la pandemia, pero se centran en análisis de las crisis sociopolíticas que se profundizaron al interior de los diversos Estados Centroamericanos a causa de la circulación del virus. Por medio de miradas interdisciplinarias, todos los textos nos muestran las consecuencias de la pandemia sobre los más vulnerables, el aumento de la precariedad social y rupturas del orden democrático, que bajo la excusa de «contener el virus» se promovieron en los diversos Estados.

Autor: Amaral Arévalo. [Coordinador]

Briseida Barrantes Serrano. Lina Barrios. Carlos Gerardo González. Dolene Miller Bacon. Sergio Villena Fiengo. Nelise Wielewski Narloch. Valeria Marina Valle. Caroline Irene Deschak. Daniel Vásquez. Gustavo Irías. Lucía Vijil. Bladimir López. Amaral Arévalo. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. 

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-879-3

Idioma: Español

Descarga: COVID-19. Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2336&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1502

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La deshumanización progresiva de nuestras sociedades

Por: Ainhoa Ruiz Benedicto

Una de las consecuencias del progresivo proceso de militarización de las fronteras es el de criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades.

n los últimos días nos han llegado nuevas noticias del proceso de persecución y criminalización de la solidaridad contra diferentes activistas y organizaciones en todo el mundo. Este es el caso de la activista en favor de los Derechos Humanos de las personas que migran, Helena Maleno, de la que hemos sabido que ha sido deportada por el gobierno de Marruecos, precisamente, por sus acciones de denuncia.

Una de las consecuencias del progresivo proceso de militarización de las fronteras es el de criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades, que se está reforzado desde las instituciones y que, de consolidarse a nivel social, puede sentar peligrosos precedentes en términos de capacidad de movilización de la sociedad civil.

Bajo la Facilitation Directive, cualquier acto de ayuda a las personas migrantes puede ser considerado un acto punible

La expresión “criminalizar la solidaridad”, se ha extendido a partir de los años 2017 y 2018, sobre todo por parte de organizaciones sin ánimo de lucro y de periodistas críticos con la situación en las fronteras. Es el caso europeo, este marco para la criminalización y persecución de la solidaridad se establece e impulsa en 2002, con la aprobación de la Facilitation Directive (Directiva 2002/90/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002 destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares). Este marco normativo establece que son punibles conductas como dar dinero desinteresadamente a la persona que migra para costear su entrada, o ayudarle de otras formas a cruzar la frontera. Es importante señalar que, aunque estas acciones no tengan ánimo de lucro por parte de las personas que las realizan, bajo la Facilitation Directive, cualquier acto de ayuda a las personas migrantes puede ser considerado un acto punible. Esto es debido, a que la normativa de la Unión Europea deja en manos de los Estados la aplicación, más o menos restrictiva, de medidas punibles para las personas que ejercen, aportan o colaboran ayudando a personas migrantes.

Estas medidas están generando diferentes formas de intimidación y acoso a personas y organizaciones. Un caso destacado ocurrió en Francia en 2017, en la ciudad de Calais, conocida por el campo de personas migrantes que se estableció allí y por ser una de las principales rutas de tránsito para aquellas que quieren llegar a Reino Unido. El alcalde prohibió a organizaciones humanitarias repartir comida y agua entre las personas migrantes y potenciales solicitantes de asilo. La razón que expuso fue que el reparto de comida suponía una amenaza para la seguridad en la zona.

En Hungría, ayudar de cualquier manera a que la persona migrante encuentre casa o un lugar donde permanecer se penaliza con dos años de prisión. En Grecia, la Guardia Costera del país ha implementado un registro para las ONG, de manera que estén obligadas a formar parte de la red de la guardia costera, en caso de no hacerlo pueden estar vulnerando la ley, lo que ha sido denunciado por diversas organizaciones por la vigilancia a la que las somete. Por citar sólo algunos casos de cómo se implementan estas medidas criminalizadoras.

De esta manera se van destruyendo los lazos entre comunidades. Primero, porque se generan grupos de población que pueden ser vistos como enemigos por sus propios vecinos, por proveer ayuda a migrantes y, segundo, porque se lanza el mensaje de que ayudar a una comunidad diferente a la propia constituye una forma de crimen.

De esta forma se incentiva la deshumanización, al fin y al cabo, si una persona no es merecedora de solidaridad, comprensión o empatía y es visualizada únicamente como una criminal y causa de diversas problemáticas sociales, resulta más fácil justificar que a esta persona no se la proteja o que no sea merecedora de derechos, de acogida o de protección institucional. Además, se erosiona una característica básica humana: la solidaridad, a la que renunciar supone una deshumanización de nuestras propias personas.

Fuente: elsaltodiario

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Entrevista a Joan-Ramon Laporte catedrático emérito de Farmacología de la UAB: “Las agencias del medicamento son una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa”


Por:  Mar Calpena 


Joan-Ramon Laporte (Barcelona, 1948) lleva más de media vida dedicado a estudiar los medicamentos. Cómo se prescriben, vigilan y retiran y, sobre todo, qué efectos tienen. Lo ha hecho desde la docencia, enseñando farmacología en la UAB; desde la sanidad, dirigiendo la unidad sobre el tema del Hospital de la Vall de Hebrón, y desde la investigación, en la Fundació Institut Català de Farmacologia. Pero también lo ha hecho, cuando ha sido necesario, desde los juzgados, enfrentándose a los goliats de la industria del medicamento. Entre el alarmismo de los antivacunas, y los intentos de calmar a la opinión pública de los gobiernos, Laporte ofrece una tercera vía crítica y razonada que tranquiliza, pero que también conmina a vigilar y fiscalizar atentamente lo que está ocurriendo.

¿Qué ha ocurrido con AstraZeneca? ¿Qué errores nos han traído hasta aquí?

No sé si podemos hablar exactamente de “errores”, aunque naturalmente los hay, porque, cuando en una decisión compleja participa tanta gente, los hay necesariamente. Lo que ha ocurrido es que en el curso del uso masivo de la vacuna de AZ ha surgido lo que se llama una “señal de farmacovigilancia”, es decir, un indicio de que esta vacuna muy raramente puede estar produciendo unas trombosis de localizaciones atípicas. El 30 marzo, la EMA explica esto en una  conferencia de prensa, y dice que era raro, y que no tenía claro que pudiera estar causado por la vacuna. En la segunda conferencia de prensa, la del día 7 de este mes, dice que continúan pensando que es raro, pero que sí creen que puede estar causado por la vacuna. En marzo había veintitantos casos notificados como posibles efectos adversos. El día siete teníamos 86, 62 de venas del cerebro y 24 de venas abdominales, y había 40 muertos. El primer día, cuando dijeron que habían encontrado esta señal, lo que se hace habitualmente en farmacovigilancia es confeccionar una tabla muy sencilla en la que en cada línea hay un paciente, con sexo, edad, país, fecha de vacunación, cuándo aparecen los síntomas, patologías previas, antecedentes, medicación y un resumen del cuadro clínico, porque a veces lo que ocurre es que buscando la señal de una medicación en el cuadro puedes ver que tiene relación con otra, y puedes establecer similitudes y diferencias entre casos. A mí me pareció muy extraño que el 30 de marzo no se presentara esta tabla. Una semana después, siguen sin presentarla. En mitad de la rueda de prensa la EMA dice que ha analizado estos 86 casos, pero que en la base de datos de farmacovigilancia de la propia EMA, a cuatro de abril, es decir tres días antes, tenía no 62 sino 169 casos de trombosis en el cerebro, y no 24 sino 53 en el abdomen. Y uno se pregunta, ¿y por qué no os habéis mirado todos estos casos? ¿Acaso no tiene suficiente personal la EMA? Sabiendo como funcionan los sistemas de farmacovigilancia por dentro sé que si hay 220 casos en la base de datos de la EMA significa que habrá más en camino.

Lo cierto es que todo el sistema va con retraso, y hace que no sepamos en la práctica cuántos casos hay a día de hoy

¿Cómo se reportan estos casos?

Imagínate a un médico que está trabajando en un hospital, pongamos que catalán, en urgencias y le llega una persona a la que han vacunado con un cuadro de trombosis rara. Busca cómo notificarlo al Centre de Farmacovigilància de Catalunya, y encuentra un formulario en el que se le piden los detalles clínicos para poderlo evaluar. Allí preguntan todo esto que decía, de manera anónima, qué ha pasado con el paciente, si se le ha dado de alta, ha ingresado, ha muerto… para saber si la reacción ha sido grave o no. Al rellenarlo, probablemente no tiene aún toda la información, de manera que no siempre los casos se notifican de inmediato. Por definición, siempre se da infranotificación. Normalmente se notifican menos de un 5%, por distintas razones: en este caso se ha hablado mucho de estos efectos, pero antes de que se conociera esta señal, igual el médico no ataba cabos y no lo relacionaba con la vacuna, porque no se parece a los efectos atenuados de la covid. A veces, por egoísmo, hay quien se lo guarda para publicar el caso en una revista, que es algo que, en mis treinta o cuarenta años de experiencia en farmacovigilancia, me temo que he visto en varias ocasiones. Hay muchos motivos. Pero si bien es cierto que se notifica poco, también lo es que cuando estas señales se notifican, la tasa de notificación aumenta porque muchos profesionales atan cabos. Por otra parte, hay un retraso, porque me comentaron que, por ejemplo, en el Centre de Farmacovigilància de Catalunya en el primer trimestre del año recibieron tantas notificaciones como en todo 2020.

¿Por qué el retraso y por qué el baile de cifras?

El Centre de Farmacovigilància de Catalunya está seriamente infradotado de personal, sobre todo desde la época de los recortes en la crisis anterior. Y algo parecido ocurre en toda la Unión Europea: se han desmantelado y debilitado los centros regionales que suponen la columna vertebral del sistema, y que ayudan a tener proximidad con el prescriptor del medicamento, porque muchas veces las notificaciones se reciben en forma de pregunta a ellos por parte de los médicos. Cuando llegan los casos hay que mirarlos uno por uno y deben notificarse a la Agencia Española del Medicamento para una base de datos común. Lo cierto es que todo el sistema va con retraso, y hace que no sepamos en la práctica cuántos casos hay a día de hoy. ¿Cambia esto mucho las cosas? Supongo que no. Seguimos hablando de un riesgo muy raro. Por poner una comparación: si vas y vuelves de trabajar cada día del año en coche, 220 días al año, durante 40 años, son 17.600 viajes en coche. Es seguro que en cuarenta años algún accidente tendrás, incluso con heridos, pero no por esto la gente deja de ir en coche. Y estamos hablando de un, dos o tres accidentes en casi 18.000 desplazamientos. Con la vacuna hablamos de uno por cien mil o uno por cincuenta mil, es decir, mucho menos que muchos otros riesgos cotidianos.

¿Era de esperar que surgieran efectos adversos?

Sí, lo era. Yo pronostico que cuanto más pase el tiempo irán surgiendo menos, pero que aún surgirán, o que lo harán con las que ya se administran, o con la de Johnson, o la de Novavax, o la rusa. Eso era previsible, lo que por desgracia no sabemos es cuáles serán estos efectos en concreto. Para eso sirve la farmacovigilancia.

¿Qué cree que pasará con las segundas dosis de AZ?

Se están hablando de varias opciones, desde dar una segunda dosis de otra vacuna hasta dejar a los vacunados con solo una. Los efectos adversos se están viendo después de la primera, pero más importante aún es que una sola dosis sigue dando una protección de un 70, 75%, así que los que han recibido la primera dosis ya han hecho lo más importante.

En varias entrevistas le he oído decir que estamos haciendo un experimento observacional masivo. ¿Le preocupa que los antivacunas saquen esta frase de contexto?

No, no, eso no se les puede negar, es un experimento observacional masivo y de escala global, y quizás a escala regional, nacional y europea hubiéramos debido adoptar mayores precauciones, reforzando el sistema de farmacovigilancia, formando mejor a los profesionales sobre cuándo y cómo notificar, porque a sanitarios que ya están al límite de trabajo no les puedes pedir que notifiquen todo lo que pase. Desatenderían a los pacientes.

¿Entonces es la farmacovigilancia lo que nos tiene que preocupar, más que las vacunas en sí?

¡Desde luego! Hay un problema con la normativa europea de farmacovigilancia. Hay una directiva de 2010, que entró en vigor en 2011, y que va muy ligada al debilitamiento de los centros regionales que comentaba. Para todos los medicamentos, nuevos y viejos, esta farmacovigilancia depende de dos fuentes: la notificación espontánea de efectos adversos, que se hace desde los años sesenta, con la talidomida, y que consiste en que sanitarios y pacientes puedan comunicar reacciones sospechosas, como en el caso de las trombosis de AZ. Es una fuente que permite descubrir cosas, pero no puede cuantificar riesgos de manera precisa. La otra pata del sistema son los sistemas de gestión de riesgos, una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un nuevo medicamento para ver qué pasa y si funcionan igual que en el ensayo clínico. Estos planes se encargan a las propias farmacéuticas, ¡y esto es poner al lobo a guardar el rebaño! Porque de esto no se habla: con las señales de trombos, AZ no ha aportado ningún dato, todo lo que se sabe es por la notificación espontánea. Es más, si vas a la web de la EMA, y miras el documento oficial de autorización de todas las vacunas contra la covid, allí queda claro que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas está en manos de cada compañía, pero no hay ninguna lista de los estudios que hará cada una de ellas, ni de sus protocolos: es algo secreto y opaco. Se han hecho estudios sobre el impacto de esta directiva desde que entró en vigor, y lo que se demuestra es que las farmacéuticas no cumplen con los plazos en más de la mitad de los casos. Estos estudios suponen un enorme movimiento de dinero: un informe alemán contaba que en cinco años las farmacéuticas pagaron más de 200 millones de euros a médicos para que participaran en estos estudios, sin que produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alemán de farmacovigilancia. ¡Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripción del medicamento! ¡Pagan a cada médico participante por cada paciente al que se le prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto. De 2000 a 2010 se retiraron del mercado unos treinta medicamentos por razones de seguridad, desde que entró en vigor la directiva en 2011 se han retirado solo uno o dos.

El fabricante, aunque tenga unas indicaciones limitadas, luego las supera a golpe de marketing para que se recete para otras muchas cosas

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué rol tiene la EMA?

La EMA, como todas las agencias del medicamento, es una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa. Antes la autorización la hacía, en España, la Dirección general de farmacia del Ministerio de Sanidad, u organismos similares en otros países, cercanos al sistema de salud. En los ochenta y noventa, aparecieron estas agencias como un modo más eficiente –que es una palabra que gusta mucho al capitalismo– de evaluar los medicamentos. Ellos dicen, “no, lo que nosotros hacemos es regular el mercado; no regulamos el uso del medicamento en el sistema sanitario”. Y esto es una gran trampa. Porque la mayoría de los efectos indeseados de los medicamentos en general, no hablo del caso de las vacunas, los tienen medicamentos innecesarios, que el paciente realmente no necesita tomar. Y cuando se lo dices a la EMA, esta responde que no es su función mirar si un medicamento se usa bien o mal, dicen que ellos se limitan a decirle al fabricante si puede o no comercializarlo y en qué condiciones, con qué indicaciones. El fabricante, aunque tenga unas indicaciones limitadas, luego las supera a golpe de marketing para que se recete para otras muchas cosas. Esto pasa con la gabapentina y la pregabalina, por ejemplo. Esto es una corrupción del propio sistema.

¿Podemos vacunarnos confiados, pese a todo?

Sí. Al menos, tan confiados como salimos de casa pensando en que nos va a caer una maceta en la cabeza. Pero claro, no nos dan datos en detalle, pero sí que nos dicen que la mayoría de casos son de mujeres menores de sesenta años. ¡Si yo fuera una mujer menor de sesenta pediría explicaciones, claro! A mí lo que me extraña es que con la capacidad de la EMA no sean capaces de analizar y explicarnos con más detalles los casos. No han hecho los deberes.

¿Qué le parece el discurso de que hay unas vacunas mejores que otras?

No, no se puede afirmar que ahora haya unas vacunas mejores que otras. Sí que seguramente se determinará con el tiempo que algunas son más adecuadas para determinados grupos de población, pero ahora mismo no hay estudios comparativos entre vacunas que nos permitan decirlo. Pero probablemente las vacunas que tengamos el año que viene sí que sean mejores que las actuales.

¿Por qué la UE no ha levantado todavía las patentes?

(Ríe) No lo sé, pregúntaselo a ellos. A mí me parece escandaloso.

…pero ¿cuál es el mecanismo?

En 1995, al crearse la Organización Mundial del Comercio (OMC), que sustituía a la Ronda Uruguay y al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) se establecieron unas normas para el comercio internacional mucho más favorables a los países ricos que contaban con tecnología, que naturalmente son tecnologías patentadas. La OMC, que es mucho más poderosa que la ONU o que la OMS, es quien determina muchas cosas importantes para la salud del ser humano, porque desde su creación, con los tratados que regulan la propiedad intelectual, se prevé que las patentes sobre medicamentos tenga la misma validez que las patentes sobre cualquier otro bien de consumo. Cuando alguien patenta un medicamento tiene veinte años de margen para venderlo en exclusiva al precio que considere oportuno, lo que va contra la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, organismo del que se supone depende la OMC. Si alguien tiene el poder de vender un medicamento en exclusiva durante veinte años hará cuanto esté en su mano para esconder todas las informaciones negativas al respecto y para exagerar sus ventajas. Si además los Estados no controlan la publicidad que puedan hacer, nos dejan en manos de gente que vende cosas a sabiendas de que pueden afectar la salud. En 2001 se habilitaron mecanismos de emergencia para expropiar temporalmente estas licencias, después del enfrentamiento entre Sudáfrica y los fabricantes de antiretrovirales, pero no los ha pedido activar ningún país. Podría entender que España no lo haya pedido ella solita, pero ¡no lo hace tampoco la Unión Europea! Los Estados Unidos y la UE siempre se oponen a ello, anteponen la salud de sus empresas a la de las personas.

¿Podemos fiarnos de la farmacovigilancia que se hace con las vacunas rusas y chinas?

Se dice mucho que los ensayos clínicos de estos países no siguen los estándares occidentales, pero esto tampoco es cierto del todo. ¡También en nuestros ensayos clínicos hay maneras de cometer fraudes! Me viene a la cabeza un antiinflamatorio, el Vioxx, que Merck finalmente retiró del mercado. Con los antidepresivos se han producido fraudes escandalosos, y abusos enormes. Tenemos que quedarnos con la idea de que hay que estar muy atentos, porque también aquí se hacen trampas. Pero los datos que aparecieron en The Lancet de la vacuna rusa son, como mínimo, tan positivos como los del resto de vacunas. No tengo datos sobre la de China.

Mar Calpena (Barcelona, 1973) es periodista, pero ha sido también traductora, escritora fantasma, editora de tebeos, quiromasajista y profesora de coctelería, lo cual se explica por la dispersión de sus intereses y por la precariedad del mercado laboral. CTXT.es y CTXT.cat son su campamento base, aunque es posible encontrarla en radios, teles y prensa hablando de gastronomía y/o política, aunque raramente al mismo tiempo.  @mcalpena

Fuente: ctxt.es

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¿Encuentro entre dirigentes o entre movimientos?

Por: Raúl Zibechi

En un encuentro con la Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas, realizado en el 2 de agosto de 2008 en La Garrucha, el subcomandante Marcos explicó cómo entienden los encuentros internacionales entre movimientos en el marco de La Sexta Internacional.

Dijo que se trataba de un “encuentro de rebeldías” para intercambio de aprendizajes directos, no mediáticos sino reales.

Como el zapatismo pone todo patas arriba, en estos momentos de preparación de giras vale volver sobre sus modos plebeyos (que es como decimos en mi tierra las relaciones entre abajos) de establecer relaciones y de trabajar.

Relató que esos meses recibieron delegaciones de varias partes del mundo y que a miembros de Via Campesina les dijeron: “El encuentro entre dirigentes para nosotros no vale nada. Ni siquiera la foto que se tomen. Si las dirigencias de dos movimientos no sirven para que los movimientos se encuentren y se conozcan, esas dirigencias no sirven”.

Estamos ante una cultura política completamente opuesta a la que practican, incluso, los movimientos que se reclaman como anti-capitalistas o revolucionarios, y esto es tan trascendente que merece algunas explicaciones.

La primera es que la cultura capitalista y patriarcal no sólo es hegemónica en la sociedad en general, sino también entre los sectores populares, pueblos negros y originarios y, por lo tanto, también en los movimientos y organizaciones. Reconocerla y evitar que se reproduzca es una tarea central, ya que no podemos cambiar el mundo con los modos del sistema.

La segunda es que para acotar la cultura del capital en los movimientos, no digo eliminar porque es un proceso muy largo, es necesario comenzar a hacer las cosas de otro modo, rehuir las inercias, poner en discusión todas y cada una de las prácticas, y hacerlo abiertamente, en el diálogo entre las y los de abajo organizados.

Un rasgo típico de la cultura capitalista en el interior de los movimientos consiste en darle prioridad a los dirigentes; a los varones sobre las mujeres; a los militantes más experimentados y reconocidos sobre los menos conocidos; a quienes se expresan mejor en la lengua que manejan los medios, desplazando a las que hablan lenguas originarias.

En los medios del sistema hay una clara tendencia a “reconocer” y darle voz a los dirigentes que mejor se expresan, los que se destacan por alguna razón en la que se espeja la cultura dominante, convirtiéndolos a menudo en los favoritos de los periodistas que siempre los buscan y con los cuales se sienten más cómodos. De este modo, los medios terminan eligiendo a los dirigentes en vez de hacerlo las bases.

Como aprendimos en la educación popular, la cultura de abajo ha sido colonizada por el capitalismo y ella se expresa de forma compleja y distorsionada, con muchos matices de la cultura dominante. Sin embargo, aún persisten rasgos de lo mejor de las culturas negras, originarias, campesinas y populares, pero es necesario hacer un trabajo interior, en el seno de nuestras comunidades, para aventar –separar la paja del trigo- los aspectos opresores de los liberadores.

Eso no se puede hacer en una sola asamblea, ni lo deben hacer sólo los organismos superiores de la organización y los dirigentes, sino es tarea permanente de todas y todos los que integramos un colectivo.

Como señala el EZLN, la foto entre dirigentes no tiene sentido, no va a ningún lugar salvo a ocupar espacios en los medios. Lo importante es que las personas que integran movimientos se encuentren, dialoguen, aprendan unas de otras, consigan intercambiar saberes y experiencias. Esto es más fácil de hacerlo en rondas, en fogones, en los que hay tiempo para compartir, hablar y escuchar sin interferencias externas. Pero también valen las fiestas, los partidos de fútbol y los bailes para cumplir esos objetivos.

Los modos públicos de los movimientos son incluso más importantes que sus programas y declaraciones, ya que emiten mensajes de mayor profundidad porque escenifican el mundo por el que luchan. Muchos hablan contra el capitalismo y el neoliberalismo, pero actúan de forma opuesta. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es una cuestión ética que, finalmente, es el norte que debería guiar todas las acciones.

Fuente e imagen: desinformemonos

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Investigación y neoliberalismo progresista: sobre la modificación de la ley de ciencia

Fuentes: El salto [Foto: Manifestación de la marea roja por la ciencia en Madrid en septiembre de 2016. ÁLVARO MINGUITO]

El 30 de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de tramitación de la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

En rueda de prensa Pedro Duque, ministro de Ciencia, presentó las líneas básicas de la reforma. Con el objeto de disimular la falta de publicidad previa del anteproyecto (que tan solo había pasado por una consulta pública a finales del año pasado), el ministerio anunció la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, en la que se convocará a diversas asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, así como a las Comunidades autónomas y los agentes sociales. Las modificaciones propuestas serán sometidas a audiencia pública antes de retornar al Consejo de Ministros para su aprobación.

En los días previos a la comparecencia ya se habían producido reacciones críticas, como las cartas enviadas desde los sindicatos CGT y CC.OO. al ministro. Además, saltó la noticia según la cual el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, había bloqueado el anteproyecto debido a la vulneración de derechos laborales y al posible carácter inconstitucional del texto. La rueda de prensa confirmó las informaciones que durante las últimas semanas habían circulado en torno al anteproyecto. Este profundiza la precarización de la carrera investigadora. El anteproyecto refuerza el marco de excepcionalidad laboral que acompaña a las figuras contractuales vigentes en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) e impulsa fórmulas que permiten incrementar el trasvase de fondos públicos para investigación a manos privadas. Por ese motivo, sindicatos y colectivos de investigadores se manifestaron el pasado miércoles a través de las redes sociales mediante una campaña de twitter.

El modo de actuar del ministerio redunda en la ausencia de transparencia que suele acompañar a las modificaciones y propuestas legales que afectan al mundo de la investigación. En realidad, aquí lo procedimental se entremezcla con la orientación ideológica de lo legislado. La opacidad en los modos de deliberación privatiza asuntos que deberían responder a la negociación colectiva, al tiempo que las propuestas, lejos de redefinir el sentido social de la investigación como un bien público, responden ante todo a la privatización más o menos encubierta del sistema científico. Esta tendencia se sitúa en la línea marcada por el Pacto por la ciencia, un documento que, pese a su sedicente carácter consensual, muestra una importante presencia de empresas privadas.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

         El “progresismo” del anteproyecto defiende el modo en que la modificación de la ley facilitará la estabilización de los investigadores post-doctorales, como si se tratara de una alternativa real al encadenamiento de contratos temporales, precarios y tremendamente competitivos que caracteriza en la actualidad a la carrera investigadora. El anteproyecto, lejos de atajar esa dinámica, la consolida, al proponer como alternativa a las figuras funcionariales de estabilización del trabajo investigador (como la de Científico-Titular), una nueva modalidad de contrato, conocida como Tenure-Track. Este contrato, de cuatro años de duración, facilitaría sobre el papel la incorporación a los OPI del personal investigador posdoctoral, reduciendo el tiempo medio transcurrido desde la lectura de la tesis de trece a nueve años.

Pese a tratarse de un contrato indefinido con una apariencia cool (el ministro, de modo vergonzoso, afirmó lo atractivo de la denominación anglosajona del contrato), esta fórmula revalida la temporalidad en el sector científico y consolida el marco de inseguridad jurídica de los trabajadores, al situarse “fuera de convenio”. El Tenure Track que propone el ministerio estaría sujeto a evaluación por parte de agencias externas (cuyos baremos de puntuación habitualmente responden a criterios determinados por las empresas y las corporaciones de las publicaciones científicas) y la estabilización del personal investigador dependería en última instancia del OPI en que se radicara, que podría proceder a la resolución de la relación laboral de acuerdo a “causas objetivas”.

Pero incluso si los investigadores se convierten en personal laboral estable, las condiciones en que lo harían serían igualmente cuestionables. Además de ver perjudicados sus intereses, pues al convertirse en personal laboral no podrían obtener el reconocimiento de antigüedad (quinquenios y sexenios) de los funcionarios, esos trabajadores se encontrarían mucho más expuestos a un posible despido, o a sufrir en carne propia las consecuencias de los recortes estructurales futuros. Esto reduciría la autonomía de su trabajo de investigación debido a dos factores. En primer lugar, por su mayor sometimiento a las lógicas de la productividad dictadas por la captación empresarial de la ciencia. En segundo lugar, por su supeditación a la elite de los funcionarios de carrera (mucho más reducida al desaparecer la figura de los Científicos Titulares), cuyo poder de mando y capacidad de explotación del personal subalterno se verían reforzados.

En este sentido, el discurso de la excelencia y la calidad científica, que legitima ideológicamente el anteproyecto, corre el riesgo de convertirse en una forma de meritocracia invertida, al consolidar la posición de científicos que no siempre acreditan una carrera investigadora más sólida que la de los investigadores más jóvenes. Aquellos simplemente se estabilizaron antes, lo que les permite manejar los espacios de la ciencia a su antojo, con un grado de nepotismo y arbitrariedad normalizado internamente, pero que no por ello deja de representar una expresión de corrupción institucional. Frente a este modelo, sería conveniente apostar por una democratización del sistema científico que empodere al conjunto de los investigadores y equipare trabajos y salarios.

Todo ello resulta especialmente inquietante si tenemos en cuenta que la modificación de la ley no especifica con claridad ni los criterios de evaluación, ni las condiciones de contratación, ni las partidas presupuestarias que deberían acompañar la extensión de esta controvertida modalidad contractual. Se trata de una estrategia típica del marketing neoliberal, tendente a presentar una carcasa atractiva con un contenido que vacía los derechos de los trabajadores. Sería preferible que el ministerio pensara en algo más seductor que convertir la carrera investigadora en una start-up permanente.

Como sucede en otros ámbitos de las políticas públicas, el problema del sistema científico español no reside tanto en su diseño (que, por supuesto, es mejorable), como en su falta de financiación. El anteproyecto de ley, con su apuesta por la desfuncionarización de la carrera de la carrera investigadora, representa un paso más en el desmantelamiento del sistema público de ciencia y universidades. Al contrario de lo que nos quiere hacer creer el ministro, esta reforma no persigue asimilar el sistema científico español a los “punteros” estándares de la Unión Europea, sino consolidar el carácter periférico de la ciencia española en ese espacio geopolítico (no existe un modelo de carrera investigadora como el aquí descrito en otros países del entorno), así como su valor secundario dentro de un modelo productivo basado en los servicios y el turismo.

         Por otra parte, el anteproyecto relaja el régimen de incompatibilidades en la transferencia de los conocimientos financiados con fondos públicos al sector privado. Así, la Ley 53/ 1984 de incompatibilidades de los empleados públicos no sería aplicable “al personal investigador que preste sus servicios en las sociedades o empresas innovadoras de base tecnológica”. Una vez más el lenguaje de la innovación y la transferencia actúa como pantalla cosmética de la apropiación por parte del sector privado del trabajo y los conocimientos procedentes de la investigación pública, en la medida en que no se establecen limitaciones precisas entre los intereses, a menudo contrapuestos, de ambos sectores.

El borrador tampoco contempla planes específicos en relación al personal técnico y de gestión, cuyo trabajo es esencial para el desarrollo de los proyectos de investigación. Con frecuencia, las figuras contractuales técnicas enmascaran la precarización y la falta de reconocimiento de un trabajo de investigación que desborda ampliamente lo técnico. En cuanto al ámbito de la gestión, el colapso y la demora en la tramitación burocrática de muchos proyectos no se relaciona con la falta de cualificación de los empleados, sino con la inestabilidad y la escasa cantidad de personal contratado para realizar de forma digna esas tareas. Este es un aspecto especialmente crítico en un país como España, uno de los más ineficaces históricamente en la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea, lo que supone un hándicap ante la necesidad de disponer de ese personal para canalizar las ayudas a la investigación en el contexto post-pandemia. Para concluir, el anteproyecto tampoco se hace eco de las demandas relativas a la necesidad de contemplar indemnizaciones por finalización de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario y de otras convocatorias del ministerio.

         Dada la dinámica de recortes a los que ha estado sometido el trabajo investigador durante las últimas décadas, es obvio que esta propuesta profundizará la sensación de inestabilidad que ha afectado a los trabajadores del sector. Esa inestabilidad genera una fuerte supeditación laboral de los investigadores, cuyo grado de sindicalización es bajísimo y cuya capacidad de movilización se ve dificultada por las estructuras jerárquicas (en algunos casos, neo-feudales) que priman en los centros de investigación. Es necesario promover aquellas movilizaciones destinadas a contener la hipocresía de las políticas públicas en el campo de la investigación. Si bien desde los espacios mediáticos nuestros gobernantes recalcan una y otra vez la importancia de la ciencia como semilla de un nuevo modelo productivo, en la práctica sus decisiones intensifican la explotación de los investigadores, quienes a menudo experimentan las consecuencias físicas y mentales de esta situación con impotencia y en soledad.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

Para hacer buena ciencia, en definitiva. El binomio ciencia-capital no es garantía ni de innovación ni de calidad, sino de cooptación del trabajo cooperativo por los intereses especulativos del sector privado. Si los trabajadores de la ciencia están mejor organizados, su intelecto general será más potente y repercutirá más adecuadamente en el bienestar común del conjunto de la sociedad. En este sentido, desde la CGT apostamos por una defensa de los derechos del personal investigador que no sea meramente corporativa, sino que refuerce la concepción del sistema científico como un bien público y que fomente la igualdad de acceso a los frutos de la producción de conocimiento.

Jaime Vindel. Militante de CGT.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/alkimia/investigacion-y-neoliberalismo-progresista-sobre-la-modificacion-de-la-ley-de-ciencia

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Protestan movimientos sociales y sindicales en Brasil

Expresan rechazo a gestión bolsonarista y demandan mejores condiciones de supervivencia en medio de caos pandémico.

Sindicatos y movimientos sociales realizaron este miércoles una serie de manifestaciones en ciudades de todo el país para exigir al gobierno condiciones dignas de enfrentamiento a la pandemia.

Los actos buscan expresar rechazo a la gestión bolsonarista en medio de la actual crisis por Covid-19 y  recalcaron la importancia del Sistema Único de Salud (SUS) para garantizar la vacunación de todos los ciudadanos contra el Covid-19.

Además, se expresó la crítica al proyecto de Ley que este miércoles se aprobó en Cámara de Diputados y que que permite la vacunación privada contra covid19 sin autorización de la Agencia de Vigilancia Sanitaria ni entrega de las dosis al Ministerio de Salud.

Desde la mañana, unos ochenta militantes del Frente Brasil Popular y del Frente Povo Sem Medo ocuparon el área interna del Hospital Regional de Governador Valadares (MG), según fuentes locales, para exigir al Gobierno de Minas Gerais la apertura inmediata del hospital, ante alza de contagios por Covid-19 en el municipio.

La víspera, Brasil reportó 4.195 decesos y 86.979 nuevos casos, para acumulados totales de  13 millones 100.580 de contagios y 336.947 decesos desde el inicio de la pandemia.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/protestan-movimientos-sociales-sindicales-brasil-20210407-0030.html

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