«En Nicaragua tenemos dos grandes lagos; el lago de Managua o Cocibolca, y el lago de Granada o Xolotlán», dijo la maestra en una de las teleclases impulsadas por el Ministerio de Educación (Mined). El dato que brindó la docente a los niños que la estaban viendo por la televisión fue erróneo, porque en realidad es el lago de Managua o Xolotlán; y el lago de Nicaragua o Cocibolca, que abarca los departamentos de Granada, Rivas, Boaco, Chontales y Río San Juan.
La confusión de la maestra dejó en evidencia la falta de calidad que existe en la nueva modalidad de educación a través de televisión que implementa, a partir de esta semana, el Mined, para quien las teleclases se desarrollarán durante tres semanas, entre el primero y el 21 de julio, en las que esperan disminuyan los casos de coronavirus en el país, a través de los canales 6 y 15, Radio Nicaragua y redes sociales.
Sin embargo, los especialistas en educación consultados por LA PRENSA indicaron que las teleclases implementadas por el Mined no tienen ninguna lógica de aprendizaje ni tampoco calidad; les falta utilizar mejor los materiales didácticos, y las califican como un recursos paliativo para resolver la ausencia de estudiantes en los colegios públicos a raíz del crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el país.
Josefina Vijil, miembro del Centro de Investigación y Acción Educativa y Social (CIASES), dijo que la modalidad de educación remota, que incluye radio, internet, televisión, entre otros medios, se está utilizando en otros países. Sin embargo, en el caso de Nicaragua se está haciendo sin ninguna lógica didáctica. “Es decir, no se puede dar clases sin ninguna articulación de niveles, ni lógica o secuencia, porque no se está resolviendo el problema”.
Confusión de maestra es “una aberración”
El pasado primero de julio, la titular del Mined, Miriam Raudez, dijo que las teleclases serían expuestas por un equipo de 56 maestros especialistas “que se han hecho en la práctica, son maestros y maestras que tienen una experiencia importante”.
Sin embargo, para la especialista en educación, Vijil, es “una aberración” que la maestra confunda las ubicaciones de los lagos Cocibolca y Xolotlán. “No puede ser que una maestra que se preparó para una clase en televisión confunda temas tan fundamentales como este”, agregó.
Para Vijil esto demuestra que no existe calidad en las teleclases. El experto en educación, Cefas Asensio, coincide en que estos temas de calidad educativa son los que están más descuidados. “En lugar de enseñar a pensar, investigar; desarrollar habilidades como la comunicación, la acertividad, la autoestima, la confianza, la tolerancia; la lectura fluida y comprensiva y el razonamiento matemático, lo que se está haciendo es seguir estancados en métodos de aprendizajes desfasados”.
Asensio considera que las teleclases son solo un recurso paliativo de una verdadera modalidad a distancia que es lo que amerita la comunidad educativa en estos tiempos de pandemia. “No es una verdadera estrategia de nivelación, sino solo se están ofreciendo determinados contenidos que a criterio del Mined han quedado en el vacío en la gente que se ha ausentado en este período”, agregó.
No obstante, la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, dijo el pasado viernes que las teleclases han sido un éxito. “La interacción es enorme en redes, también en los hogares los muchachos y niños, participando de este modelo que nos permite reforzar nuestros conocimientos para avanzar con educación de calidad para culminar el año exitosamente”, señaló.
Uno de los aspectos que critica Josefina Vijil es la falta de utilización de recursos didácticos para los maestros que llegan a impartir las teleclases. “Se podrían utilizar fotos, gráficas, láminas, presentaciones en power point, pequeños videos, entre otros, para hacer más entretenidas las clases porque actualmente es agotador para los estudiantes y maestros”, dice Vijil.
Según Asensio, el Mined todavía no quiere hacer la transición real y definitiva a una educación a distancia completa, porque se contempla regresar a las clases normales a partir del 21 de julio. «Lo establecieron como que si la pandemia estuviera subordinada al calendario escolar», dice Asensio, y agrega: «No sé si es una tarea pesada para el gobierno o no quiere hacer una coordinación con otros sectores (empresarios y sociedad civil) que tienen una experiencia acumulada en este tema».
Asensio recordó que en Nicaragua no es primera vez que se ha utilizado la educación a distancia a través de radio o periódicos y cables locales durante situaciones de desastres naturales: terremotos y huracanes en períodos más cortos que lo que supone esta pandemia, que sería un período más largo.
El incumplimiento tributario alcanza el 6,1% del PIB en un momento en el que los erarios de la región más recursos necesitan para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia
Las arcas públicas latinoamericanas llevan décadas ingresando menos de lo que necesitarían para cerrar las brechas sociales y económicas históricamente abiertas en la región. Pero el zarpazo económico derivado de la crisis sanitaria ha empeorado aún más las cosas: las necesidades se multiplican y, con un fondo de caja menor que en Europa y Estados Unidos, la respuesta contracíclica se complica. Ese es el cuadro general que pinta este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su panorama anual sobre la situación fiscal del subcontinente, que cifra en 325.000 millones de dólares el dinero que se evade cada año a los fiscos latinoamericanos, el equivalente al 6,1% del PIB. “Es una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”, constatan los técnicos del organismo.
Las últimas cifras disponibles, de 2018, apuntan a los gravámenes que pagan las empresas sobre sus beneficios (el conocido como impuesto sobre la renta corporativa o de sociedades) y a los tributos que abonan las personas físicas por sus ingresos como la principal fuente de evasión: el 3,8% del PIB. El IVA es la segunda, con alrededor del 2,3% del PIB. “Las pérdidas recaudatorias representan un desafío importante desde el punto de vista de la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques macroeconómicos y de la movilización de recursos nacionales para el financiamiento del desarrollo sostenible”, escriben los economistas del ente con sede en Santiago de Chile.
El brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de la región ve “alentadores” los “avances” registrados en los últimos años en el combate contra la evasión, pero sitúa esta lacra como “uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas y, por ende, al proceso de desarrollo”. Y llama a un mayor rigor analítico para saber, con mayor nitidez, el tamaño del problema que enfrenta cada uno de los países de la región, donde la difusión de los resultados “ha enfrentado resistencias recurrentes y sigue siendo tarea pendiente”. Resulta, remarca, “difícil encontrar información sistemática sobre las evidencias acerca de su magnitud”.
Financiación para hacer frente a la crisis
En plena pandemia —“la mayor crisis sanitaria, humanitaria, económica y social que la región haya enfrentado en el último siglo”— la Cepal ve “clave” movilizar más recursos públicos para hacer frente tanto a las consecuencias sanitarias como al parón económico derivado de los confinamientos, tan necesarios para frenar la expansión del coronavirus como dañinos para el desempeño económico. Hasta ahora, la respuesta fiscal ha sido importante pero mucho menor que en las economías más maduras: la media de América Latina lleva gastado hasta ahora poco más del 3% de su PIB, más de cinco veces menos de lo desembolsado (entre estímulos y avales) por algunos países europeos para garantizar el sustento a quienes se han quedado sin ingresos y asegurar que el tejido productivo sobrevive a la tormenta. Las diferencias intrarregionales son, sin embargo, notables: Chile lidera la tabla de grandes países por paquetes de estímulos con el 5,7% seguido por Perú (4,8%) y Brasil (4,6%), mientras México (1,1%) y Colombia (1,7%) quedan a la cola, con una respuesta mucho más timorata ante un reto que marcará a toda a una generación.
Un grupo de manifestantes se protegen con escudos improvisados en una protesta contra el Gobierno chileno.MARTIN BERNETTI / AFP
Cerrar la vía de agua que suponen la elusión y la evasión tributaria es un imperativo desde ya. Pero en el muy corto plazo, el dinero para los planes contracíclicos tendrá que salir de otro sitio. “El financiamiento de los paquetes de medidas actuales y los que probablemente se requieran en el mediano plazo precisará de un mayor acceso a fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas”, subraya la Cepal. A diferencia de en grandes crisis anteriores, esta vez los principales países de la región no han dejado de tener acceso a los mercados en ningún momento de la pandemia, un punto clave para que las arcas públicas latinoamericanas hayan sido capaces de levantar fondos para sus, con todo, muy limitados planes para hacer frente a una recesión bíblica.
Pero los problemas estructurales siguen ahí. En 2019, el último año precoronavirus, la debilidad económica regional contrajo aún más los ya de por sí bajos niveles de recaudación de la región. Y, ampliando algo más el foco, la tónica general sigue siendo la misma: lejos de aumentar los ingresos, las Haciendas latinoamericanas llevan una década con las entradas de caja prácticamente estancadas en el entorno del 18% del PIB, muy por debajo de la media de las economías avanzadas: atrás quedan ya las reformas fiscales en varios países del área para tratar de ganar músculo fiscal. Los técnicos del organismo ponen el foco sobre la tributación directa, “excepcionalmente débil”, con una “baja recaudación del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre la propiedad que no solo limitan la generación de ingresos, sino también el poder redistributivo del sistema tributario en su conjunto”. Es el mayor reto tributario que deberá afrontar el subcontinente cuando las aguas sanitarias bajen algo más calmadas.
Las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador viven una doble pandemia: la del coronavirus y la del abandono.
La crisis sanitaria ha evidenciado las difíciles condiciones en las que viven los indígenas. Sus reclamos siguen siendo los mismos que los de hace años: educación digna para sus hijos, salud y alimentación —con la llegada del coronavirus, se han agravado aún más.
Muchas de las nacionalidades indígenas no conocen con exactitud o desconocen por completo el número de casos positivos para coronavirus. Algunos de ellos cuentan que el Ministerio de Salud va a sus territorios, les hace las pruebas pero no les comparte los resultados, y en otros casos como el de los waorani solo se limita a realizarles pruebas rápidas sin comunicarles los resultados. El Ministerio de Salud no clasifica por etnias a los contagiados por eso es imposible saber cuántos son. Pero según la Confederación de Nacionalidades Indigenas de la Amazonía (Confeniae), en las once nacionalidades amazónicas se han hecho 2.673 pruebas de detección. “Más de un 60% corresponde a pruebas PCR”, dice Andrés Tapia, uno de sus dirigentes. 1.276 han dado positivo y 37 personas han muerto, dice Tapia.
En Ecuador hay 15 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. Una nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del pueblo ecuatoriano. Tienen una identidad histórica, idioma, cultura común y viven en un territorio con sus propias formas de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Los pueblos están conformados por comunidades regidas por sus propios sistemas de organización social, económica, política y legal.
De las 15 nacionalidades, 11 viven en la Amazonía. Siete —Shuar, Achuar, Shiwiar, Andwa, Secoya, Sapara y Kichwa— son transfronterizas. Todas viven en zonas donde el extractivismo minero y petrolero pone en riesgo sus formas de vida y los ecosistemas locales. Todas han sido históricamente abandonadas por el Estado. A esos peligros se suma ahora el covid-19.
Kichwa: la más golpeada por el coronavirus
La nacionalidad kichwa amazónica es una de las más numerosas del Ecuador, pero también es una de las que más estragos ha sufrido por el contacto con el mundo no indígena. En la pandemia del coronavirus, no ha sido distinto: es la que más contagios registra. La Confeniae estima que son cerca de 699 casos positivos en toda la nacionalidad. Carlos Antonio Vargas, dirigente del consejo de coordinación de la nacionalidad, cuenta que “el covid-19 está en todas las comunidades”. Tampoco tiene cifra exacta de cuántas comunidades son pero calcula que poco más de 500. Vargas dice que el verdadero problema es que el Estado se ha dedicado a atender más a la ciudad que al campo. “Estamos aislados, las comunidades están enfermas, han pasado la enfermedad y para la recuperación hay que darles vitaminas, y estamos aislados”, dice el dirigente.
La asistencia del Ministerio de Salud es una realidad lejana para muchas comunidades kichwa. “Solo nos han dicho que no hay recursos económicos para comprar medicamentos y no sabemos qué hacer”, dice Vargas. La única solución que han encontrado las comunidades kichwa es la medicina ancestral. Vargas dice que las personas contagiadas han pasado hasta un mes recuperándose con plantas medicinales: lianas, cortezas, hojas, raíces de plantas medicinales para hervir y hacer una infusión concentrada. “Eso están tomando y sí ha ayudado, sobre todo a la gente más joven, a salir más rápido, pero hay complicaciones en las personas mayores”, dice Vargas. [/fusion_text]
Fotografía de Heriberto Gualinga.
Patricia Gualinga, lideresa del pueblo kichwa de Sarayaku, dice que las personas de su comunidad suponían que era una gripe común. “Pensaban que aquí en Sarayaku no había nada, pero nosotros sospechamos que algo estaba pasando porque esta era una gripe muy extraña”, dice la lideresa.
En ese momento comenzaron a gestionar pruebas rápidas para covid-19 con ayuda de organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Salud “no ha hecho mayor presencia”, dice Gualinga. Cuando hicieron las primeras pruebas rápidas, 25 de las 80 muestras tomadas, dieron positivo.
Después de conocer los resultados, llamaron al Ministerio de Salud para informarse de los protocolos que debían seguir. Sin embargo, recuerda Gualinga, la respuesta no fue la esperada. Dice que les dijeron que se laven bien las manos, que se abastezcan de jabón y que se mantengan distantes. Estas recomendaciones resultan complicadas de aplicar en comunidades que viven en medio de la selva.
La emergencia sanitaria no es la única que se vive en Sarayaku. Gualinga dice que también han tenido que pasar por inundaciones muy severas, que han arrasado con viviendas y con más del 80% de los cultivos. Con los caminos cerrados por la crisis sanitaria, esto ha hecho que mucha gente pase hambre por la falta de alimentos cosechados en el territorio y la imposibilidad de traerlo desde fuera. Se estima que cerca de 20 kichwa han fallecido por coronavirus.
Achuar: el coronavirus llega por la carretera
Los achuar, que viven en la Amazonía centro sur del Ecuador, registran cerca de 500 casos confirmados de covid-19. Domingo Peas dice que la cifra es mayor solo que la falta de recursos económicos para poder trasladarse en avionetas a comunidades más alejadas les ha impedido a las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de las organizaciones indígenas ir a hacer más pruebas.
Peas dice que una de las comunidades más afectadas es Popataza, por su cercanía a la carretera y porque iban comerciantes de Guayaquil a comprar balsa. Cuando aparecieron los primeros síntomas, dice Peas, la gente pensaba que “era un trancazo y casi no decían nada”. Después de realizarse los primeros exámenes se dieron cuenta que se trataba del nuevo coronavirus.
Otra de las posibles causas de la llegada de la pandemia a la nacionalidad achuar, dice Domingo Peas, fue la necesidad de los más jóvenes de salir en busca de Internet. “Usted sabrá que todos los estudiantes ya no reciben clases y para poder cumplir su rol de deber tenían que ir de diferentes comunidades, como Popatazam porque ahí había internet. Esa fue otra de las razones por las que algunas comunidades ya están infectadas”, dice Peas.
Un grupo de achuar recibe una dosis de vitamina C y complejo B. Fotografía de Tiyua Yunkar, presidente de la nacionalidad achuar.
“Los indígenas están prácticamente abandonados”, dice Peas con resignación. Están preocupados por la falta de apoyo y atención. Las pruebas para detectar el coronavirus se han hecho gracias al apoyo de la Universidad San Francisco y la de las Américas y por la gestión de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). Lo único que el Ministerio de Salud ha puesto ha sido el personal que las ha hecho. Peas dice que para contrarrestar la enfermedad, han recurrido a su medicina natural.
Para los achuar, la alimentación también fue crítica. Muchos viven de la caza y pesca, pero los síntomas de coronavirus ha hecho que muchos no puedan salir a hacerlo. Si a esto se le suma lo difícil que se vuelve enviar kits alimenticios a las comunidades más alejadas, la emergencia se duplica. “Lo único que yo he sugerido es que haya solidaridad entre las familias de los que están contagiados y los que no están contagiados porque así lo hicimos aquí en mi casa”, dice Peas.
Siona: sin pruebas hechas pero con casos sospechosos
En la nacionalidad Siona, cuyo territorio traspasa la frontera colombo ecuatoriana, no hay casos confirmados. Pero, en realidad no es una buena noticia. Lo que pasa es que aún no se han realizado testeos PCR ni pruebas rápidas. Lo que se conoce, según la experta María Espinoza, es que hay “casos sospechosos con sintomatología asociada”.
Fotografía de Fundación Alianza Ceibo.
Hay también entre los Siona otro problema muy grave: un brote de dengue, una enfermedad tropical que tiene una sintomatología muy similar al covid-19, como fiebre y dolor corporal. Podría ser cualquiera de las dos enfermedades. Para Espinoza es necesario que los “Estados ecuatoriano y colombiano, porque los Siona son un pueblo transfronterizo, realicen procesos de diagnóstico urgentemente”. Hasta ahora, han tratado esos síntomas con medicina tradicional.
Como en otras nacionalidades, la ausencia de la autoridad sanitaria estatal es una constante. Eso no es todo: la falta de alimentos en las comunidades sionas es otro grave problema. Ser una nacionalidad transfronteriza no es una ventaja —es más, parece que esa condición los deja aún más relegados. Las cerca de 42 familias sionas que están en territorio ecuatoriano han recibido apenas en dos ocasiones raciones alimenticias. La primera fue entregada por el gobierno, duró solo tres días. y una segunda ocasión fue un kit de Alianza Ceibo, una organización que trabaja por las comunidades amazónicas. Hasta el momento, los siona no cuentan fallecidos entre su gente.
Waorani: el miedo de perder a sus mayores
El 14 de mayo de 2020, la nacionalidad waorani confirmó su primer caso de coronavirus, en la comunidad Miguaguno de la provincia de Orellana. Ha pasado poco más de un mes y los contagios han aumentado exponencialmente en sus comunidades. La presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador en Pastaza (Conconawep), Nemonte Nenquimo, dice que “hay bastantes contagios” en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana donde vive la nacionalidad.
Según Nenquimo, el contagio ya está dentro en el Yasuní. En la comunidad de Teweno hay 39 casos positivos, en Tiwino 27, Diapare 29, Toñampari 72, Quenahueno 20, Nemonpare 26 y Damoitaro 3. Nenquimo dice que el primer contagio fue en un lugar donde los pueblos waorani tienen más cercanía con la carretera y petroleras.
Cuando alertaron que había síntomas sospechosos, según la lideresa, las autoridades “fueron a las comunidades, fueron a medir con termómetro y dijeron “ahh, está resfriado, no pasa nada”. Al no haber una alerta, los waorani pensaron que era una simple gripe “y empezaron a jugar, a hacer mingas, a comer, ir de cacería juntos y visitarse entre comunidades”, dice Nenquimo. Así se habría propagado el virus.
Líderes waorani se alistan para llevar a cabo una rueda de prensa virtual el 21 de mayo 2020, para informar sobre la emergencia covid-19 en territorio y las acciones legales que están tomando, Shell, Pastaza, Amazonía ecuatoriana. Fotografía de Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
A pesar de que el 17 de junio, se aceptó la solicitud de medidas cautelares contra el Estado planteada por la nacionalidad Waorani por la falta de atención para controlar la pandemia en territorio waorani, no se ha hecho nada. Nenquimo dice que el “Ministerio de Salud Pública no ha respondido”. Dice que hace poco más de dos semanas, el personal médico del Ministerio ingresó al territorio waorani a hacer pruebas rápidas. Pero no informaron cuántos contagios había: “para poder ayudar y comunicar a nuestras comunidades para decir que cuántos hay positivos, cuánto no, para que puedan prevenir eso”, dice Nenquimo.
La falta de ayuda ha hecho que los waorani impongan su propia cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Para tratar a los contagiados, los waorani han usado su medicina ancestral. Nenquimo dice que gracias al conocimiento de los abuelos de las comunidades han podido aliviar los síntomas. Para eso han usado bejuco, con raíces, con ortiga, con muchas cosas que hay dentro de la selva.
Su pedido es uno solo: que los traten como personas. “Nosotros como pueblo waorani ¿qué somos? ¿Somos animales o qué? Nosotros waorani somos humanos también y necesitamos que nos respeten nuestro derecho de la vida”, dice la lideresa. Su mayor temor es que los abuelos mueran por covid-19, pues son los guardianes de la cultura waorani.
Sápara: un contagio podría acabar con toda una nacionalidad
Los sápara son una de nacionalidad indígena en riesgo de desaparecer. Para Belén Páez, directora de la fundación Pachamama, como son tan pocos, “les ha hecho que tomen medidas bastante estrictas” para que la gente se quede en el territorio. Otras de las razones por las que no ha entrado el virus del covid- 19, dice Páez, es porque no hay una conexión del territorio con vías terrestres: hay que usar aviones para salir. Los sápara que están en el Puyo, la ciudad más cercana al territorio, sí se han contagiado.
Según Páez, quienes se quedaron en la ciudad se contagiaron y no recibieron asistencia inmediata en los hospitales urbanos. Quienes están contagiados, que son dos o tres personas, se están recuperando con plantas medicinales, dice Páez.
Fotografía de Diego Ayala para GK.
A pesar de que en territorio sápara no hay contagios confirmados, el Ministerio de Salud no lo ha visitado. Belén Páez dice que las pruebas que se han hecho son “más un proceso de autogestión y de trabajo interno”. Su llamado es el mismo que otras nacionalidades: ayuda urgente para lugares que son muy lejanos y que solo se puede entrar en avioneta. Para Páez, ahí hay gente que por no contar con un respirador o atención básica están en riesgo de morir. Y como solo quedan cerca de 559 sápara en todo el mundo, esas muertes podrían ser el fin de una cultura entera.
Shuar: sobrevivir sin recursos, una misión casi imposible
Federico Katán, el presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Fenaship), dice que no conoce de una cifra exacta de contagiados en su nacionalidad. Estima que cerca del 70% de los shuar ya están contagiados.
Sobrevivir durante la pandemia sin recursos ha sido una misión casi imposible. “Estamos prácticamente abandonados por el Ministerio de Salud. Tampoco ha llegado apoyo de los gobiernos seccionales”, dice Katan resignado. Muchas de las personas de las comunidades se las han ingeniado para conseguir ayuda de organizaciones de la sociedad civil.
La única ocasión que llegó el Ministerio de Salud fue cuando las personas de la comunidad les pidieron que realicen pruebas rápidas, meses atrás. “Desde ahí no hemos visto el ingreso de una brigada médica por parte del Ministerio de Salud”. Con ayuda de organizaciones no gubernamentales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) han logrado comprar pruebas rápidas. Lo único que hizo el Ministerio de Salud, según Katán, fue poner el personal médico para realizarlas.
Fotografía de Federico Katán, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza.
Combatir la enfermedad sin recursos es la historia de las comunidades indígenas. Los pocos subcentros de salud que hay en la región están desabastecidos. La razón que les dan a las personas de la comunidad es que no ingresan los medicamentos por las restricciones de movilidad que hay en el país.
Lo que han podido hacer es recolectar plantas y preparar medicinas naturales para los enfermos. Katán explica que las preparaciones que han hecho las han compartido a través de la radio. “Les decimos, tal planta es buena para esto, tal planta mezclarla y apliquen”, dice. Aunque el conocimiento ancestral les ha ayudado, reconoce que la “medicina occidental” es también necesaria y pide apoyo para llevarla hasta sus territorios.
Hasta el momento, hay cuatro shuar muertos por covid-19. Uno de ellos fue llevado a un hospital, donde murió a la espera de ser atendido. Katan dice que a ninguno de los fallecidos les hicieron pruebas PCR o pruebas rápidas para poder confirmar la enfermedad.
Cofán: sin contagios pero sobreviviendo a la falta de alimentos
Hasta el momento, las comunidades cofán no registran casos confirmados de coronavirus. Nixon Narváez, parte de la nacionalidad, dice que ha sido muy importante que las familias “no tengan que salir, evitando que se puedan contagiar”. Lo han logrado gracias al trabajo de todos los cofán, dice.
Las visitas del Ministerio de Salud han sido pocas. Apenas dos veces fueron sus brigadas a las comunidades cofán. al inicio de la pandemia. Desde ese momento, como es de costumbre, ha sido más notoria su ausencia.
Para los cofán es una buena noticia que no haya contagios, pero Narváez reconoce que lo más duro ha sido sobrevivir durante la pandemia. “Ha sido difícil el acceso a la alimentación”, dice. Pero con el apoyo de organizaciones y fundaciones han podido conseguir raciones alimenticias.
Shiwiar: agobiados por la incertidumbre
La nacionalidad shiwiar registra 15 personas con coronavirus. Los principales síntomas que presentaron fueron dolor de cabeza, fiebre, tos y dolor corporal. Edison Gualinga, presidente de la nacionalidad, dice que no tienen atención médica para poder ayudar a las personas contagiadas a recuperarse.
Fotografía de Edison Gualinga.
La incertidumbre es una constante. Gualinga dice que el Ministerio de Salud fue dos veces a las comunidades shiwiar. Una de ellas fue a Juyuintza, donde hicieron pruebas rápidas. Todas salieron negativas. Según Gualinga, hay varias personas que tuvieron un resultado negativo en las pruebas pero tienen síntomas asociados al covid-19. Como muchas otras nacionalidades, los shiwiar han coordinado con organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) para realizar exámenes.
Awá: los más afectados en la Costa
La nacionalidad awá sospecha que hay posibles casos de coronavirus entre sus comunidades. No tienen ninguna certeza porque todavía no les han realizado prueba alguna para confirmarlo. “No puedo indicarle un número de contagios, porque primero que no hemos tenido ninguna prueba realizada, entonces por el momento en la Nacionalidad Awá, no podríamos indicarle si es que hay contagios”, dice Jairo Cantincuz, presidente de la Federación de los Centros Awá del Ecuador. Además, cree que en el centro Awá del Baboso en Carchi hubo una familia de la comunidad que estuvo contagiada, pero ya se recuperó. “No es confirmado que tengan covid-19 porque no hay pruebas pero por los síntomas lo pensamos”, explica Cantincuz.
Las comunidades Awá en la costa han sido las más afectadas. Una de ellas es la comunidad de Mataje, en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Ahí, cerca de 40 personas han tenido síntomas propios del covid-19. Los ruegos para que llegue el Ministerio de Salud han sido infructuosos “si les dicen que visiten ellos te dicen que no tienen autorización, entonces es un protocolo tenaz”, dice Cantincuz.
Fotografía de Jairo Cantincuz.
Insistir ha sido lo único que han podido hacer frente a los contagios. Cantincuz dice que están coordinando con el Ministerio de Salud para que se haga una visita a todas las comunidades Awá.
El acceso a la alimentación y educación son problemas sin resolver. A pesar de que varias instituciones han entregando raciones alimenticias, no alcanzó para todos. La comunicación dentro del territorio es muy complicada porque no tienen señal de teléfono o Internet. “Es una situación compleja”, dice Cantincuz.
Quijos: el principal desafío ha sido económico
Sin ayuda y sin dinero, la nacionalidad Quijos hace cuentas propias estimadas. Marcos Tanguila, Presidente de la nacionalidad, dice que no cuentan con cifras oficiales exactas, pero que los contagiados “no pasarán de más de 40”. Al no haberse realizado pruebas, Tanguila dice han tratado los síntomas asociados al covid-19 con saberes ancestrales.
Se han curado con plantas medicinales. Dicen que en su tierra están tranquilos y que se han curado por sus autodefensas. Pero el Estado no ha llegado hasta allá. “Las autoridades nos han tomado en cuenta, ni se han acercado a las comunidades” dice Tanguila.
El principal desafío para los quijos ha sido económico. Ministerios y gobiernos locales han ofrecido kits alimentación. “Se la han dado a ciertas personas políticamente conocidas o que han trabajado políticamente”, dice Tanguila. “De ahí a otras personas casi nada. Tienen hambre pero no duramente porque nuestra gente tiene yuca, tiene plátano, tienen chonta entonces estamos tranquilos y no ha pasado casi nada”, dice el dirigente.
Tanguila dice que los que están tranquilos son los que viven aún en el campo. “Pero nuestros hermanos que viven en la parte urbana, sí han tenido problemas de alimentación y económicos”, dice el dirigente.
Tsáchila: A falta de medicamento, medicina natural
El primer caso de coronavirus en la nacionalidad Tsáchila ocurrió en la comuna Colorados del Búa. Después del primer brote, la comuna registra alrededor de 40 casos positivos y un fallecido. Las comunidades de Otongo Mapalí, Los Naranjos y El Poste no tienen contagiados. Según Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), hasta el momento hay entre 50 y 60 casos confirmados de covid-19 en cuatro comunidades Tsáchila.
En el caso de la nacionalidad Tsáchila, el Ministerio de Salud sí ha ido a realizar pruebas. Aguavil dice que hubo falencias, sobre todo porque al inicio de la pandemia no se hicieron pruebas rápidas. Pero gracias a la presión de las personas se ha logrado una intervención en de las comunidades. Aguavil cuenta que además de la ayuda del Ministerio, han gestionado más pruebas y ayuda a través de universidades y fundaciones.
A falta de medicamentos, los tsáchilas que tienen coronavirus han sobrellevado la enfermedad con medicina natural. Aguavil explicó que ha notado mejoría de las personas gracias a bebidas y vaporizaciones con plantas amargas.
La parte económica es la más difícil para las comunidades Tsáchila. Para Aguavil, las personas que viven de la venta de sus productos han pasado momentos muy duros porque no han tenido dinero para comprar implementos de aseo. Gracias a las parcelas que tienen han podido sobrevivir durante la pandemia.
También les preocupa el dengue y los problemas psicológicos que están comenzando a aparecer. Aguavil dice que hay “ciertas personas que estando sanas sienten que tienen el covid sin tenerlo, esos son los problemas y ese es el miedo que está atacando”.
Kichwa de la Sierra: sin cifras exactas
Nayra Chalán, Vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), dice que no tienen una estadística exacta de cuántos casos confirmados hay entre los kichwa de la Sierra. En el caso del pueblo kichwa de Saraguro, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de covid-19. Chalán explica que una de las razones de la ausencia de contagios son las estrictas medidas de aislamiento que han tomado y, además, apunta a su economía como un factor de prevención. “Nosotros no somos grandes productores. Eso nos ha permitido mantenernos en casa, sin tener que salir”. Otras comunidades indígenas de la Sierra viven de su producción agraria, por lo que han tenido que moverse desde sus comunidades, volviendo el contagio más posible.
Fotografía de Nayra Chalán.
Para Chalán, la situación de los kichwa de la Sierra no es la mejor, pero dice que la de los kichwa de la Amazonía es peor. “Si de alguna manera nosotros tenemos aquí un hospital básico, en los cantones amazónicos en serio es bastante penoso el sistema de salud que se tiene”, dice.
Al igual que el resto de nacionalidades han logrado afrontar el virus con medicina ancestral, aunque reconoce que hay un límite en el que se necesita de tratamientos específicos e incluso cuidados intensivos.
Épera: reglas propias
La nacionalidad épera no ha registrado contagios en ninguna de sus cuatro comunidades––Santa Rosa, Bella Aurora, Borbón y Las Palmas. Oscar Chiripua es un profesor épera que dice que el Ministerio de Salud sí ha ido a las comunidades a realizarles pruebas para detectar el coronavirus. Hasta el momento, no hay resultados positivos. Sin embargo, no descartan que en el caso de existir casos positivos los traten con medicina casera o ancestral.
Los épera han puesto sus propias reglas para evitar los contagios. “Nosotros en la nacionalidad tenemos una resolución que nosotros no podemos estar permanentemente viajando”, dice Chiripua. Las personas de la comunidad no pueden ir diariamente a otras comunidades, explica, por lo que hay días estipulados para que hagan compras.
Fotografía de Óscar Chiripua.
Si bien los problemas relacionados al coronavirus no están presentes en la nacionalidad, hay otras dificultades. Uno de ellos es la educación: la falta de acceso a Internet para muchos niños ha hecho que no puedan seguir sus estudios y la guía impresa del Ministerio de Educación sobre xxx que están utilizando tiene sus limitaciones. Sin buena conectividad en línea, los adultos que trabajan no lo han podido hacer remotamente.
Pueblo Manta: podrían ser cerca de 600 contagiados
Cirilo Macías es Presidente del Pueblo Manta, ubicado en la provincia de Manabí en el cantón Puerto López. Está conformado por cuatro comunas: Salango y Las Tunas en la parroquia de Salango, el Pital en la parroquia Daniel López y Agua Blanca en la parroquia Machalilla.
La historia se repite al igual que en otros pueblos indígenas. Dice que los contagiados son cerca de 600 personas en toda la nacionalidad, pero no están confirmados por el Ministerio de Salud porque no ha ido a realizarles exámenes. Macías dice que a pesar de no tener pruebas que confirmen, las “personas tienen los síntomas del coronavirus y se les está tratando con medicina ancestral”.
El covid-19 ha matado a más de 30 personas del Pueblo Manta. Las comunas más afectadas son Las Tunas y Salango. Macías dice que han muerto adultos de edad avanzada y “personas con otras enfermedades que por no salir a hacerse atender han fallecido en sus casas”, dice. Hasta ahora, no han fallecido niños, solo ancianos.
Fotografía de Cirilo Macías.
La presencia del Ministerio de Salud “no ha sido visible”, dice Macías. En una ocasión, la comuna de Las Tunas recibió la visita de brigadas médicas de la Prefectura de Manabí y con ellas llegó una del Ministerio de Salud. Pero, según Macías, solo aparecieron tras la presión de las personas. “El Pueblo Manta es uno de los más vulnerables porque estamos en las zonas rurales y estamos en un cantón que no tiene un subcentro que abastezca nuestras necesidades”, dice Macías. Por el momento se hacen pruebas rápidas en el centro de salud de Puerto López pero, dice Macías, son pruebas donadas por el municipio local y no aportadas por el Ministerio de Salud.
El pueblo Manta se enfrenta a la pandemia sin recursos. No les han entregado insumos de protección. El Ministerio de Salud no ha ido para realizarles pruebas rápidas. Lo que es peor, cada vez hay menos alimentos. “Del Estado, no hemos recibido coordinación para la dotación de algún beneficio en nuestras comunidades”, dice Macías.
Además de la alimentación, una de sus principales preocupaciones es la educación de los más jóvenes. “Los niños no saben cómo recibir clases, algunos tienen que subir a las lomas pero el saldo se les acaba, no tienen cobertura normal, adecuada de internet entonces se les complica el acceso a la educación”. Al encontrarse en zonas rurales, muchas veces no tienen Internet por lo que los niños no pueden recibir clases.
Pueblo Huancavilca: apegados a sus tradiciones
Las últimas semanas de los meses de marzo y abril de 2020 fueron las más difíciles para el pueblo Huancavilca ubicado en las provincias de Guayas y Santa Elena. Más de la mitad de las familias del pueblo tenían contagiados de coronavirus. La comuna de San Rafael en la parroquia de Chanduy fue donde hubo más contagios.
Durante el pico de pandemia, la presencia del Ministerio de Salud fue nula. Vicente Quimi, dirigente Wankavilka de Santa Elena, dice que “no se pudo ver la intervención del Ministerio y es por eso que la comunidad se apegó a sus propias tradiciones y costumbres”. Recién en la tercera semana de abril recibieron ayuda, dice Quimi. El Municipio de Santa Elena comenzó a atender a las personas que tenían los síntomas del covid-19 con el programa Amigo Doctor.
Fotografía de Vicente Quimi.
Mientras duró la ausencia estatal, las familias huancavilca usaron su medicina tradicional: vaporizaciones de eucalipto, gárgaras de sal, té caliente y baños con plantas del sector. “Otros se resignaron a morir en casa porque por lo menos en nuestras comunidades cada comuna tiene sus propios cementerios”, dice Quimi. La decisión, dice, era no morir en los hospitales por el riesgo de que los cuerpos no regresen.
Chachi: sin servicios básicos
Santiago Cruz, presidente de la Federación del Centro Chachi en Esmeraldas, dice que registraron 36 casos positivos para coronavirus en 10 de las 40 comunidades chachi en las que se realizaron pruebas. Sin embargo, por la falta de pruebas PCR no conocen de más casos en el resto de comunidades. Aunque piensan que por los síntomas presentados se trata de coronavirus. Cruz dice que los síntomas están relacionados porque “todos presentan dolor de cabeza, fiebre alta, malestar en la garganta, dolor corporal. En raras ocasiones aparece que es dengue, en la mayoría de los casos ha sido covid-19”.
La educación es un derecho pero durante la pandemia se ha demostrado que solo es un derecho por alcanzar y aún más para los pueblos y nacionalidades indígenas. En el caso de los chachi, tienen problemas para aplicar la modalidad virtual porque la población no tiene computadoras en sus casas y en las escuelas de la comunidad no hay Internet. Según Cruz, tampoco hay electricidad en un 30% de las comunidades. “Realmente nuestro caso es muy deprimente en cuanto el acceso de esto”, dice Cruz
Pero la falta de educación y servicios no son sus únicos problemas. Las actividades extractivas como la minería no han parado en sus territorios. Cruz dice que las personas que trabajan en minería han aprovecharon para continuar con sus actividades y seguir contaminando los ríos. Incluso, dice, “algunos están invadiendo de manera irrespetuosa el territorio Chachi porque por esto del covid no hemos podido monitorear adecuadamente”.
El pedido sigue siendo el mismo de hace años: atención de las autoridades. Solo que ahora es mucho más urgente. Los chachi, como otras nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, necesitan que el Ministerio de Salud vaya a las comunidades. “Sobre todo, para determinar con un diagnóstico si es que es covid, si es dengue, malaria o tifoidea. Para que se pueda generar el examen y tratamiento correspondiente”, dice Cruz.
El MPF advierte que Salles aplica una lógica contraria al deber estatal de implementar los derechos ambientales.
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió este lunes que el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sea apartado de su cargo por ser considerado directamente responsable del desmantelamiento del sistema de protección ambiental del país.
Durante esta jornada, el MPF presentó una acción de mala conducta administrativa, formulada por 12 fiscales, en la que se le acusa a Salles de alterar intencionalmente las estructuras de protección ambiental, y en consecuencia solicitan su destitución.
La solicitud se realiza con carácter preliminar (urgente) y a la vez se le piden sanciones previstas por la ley de improbabilidad administrativa, como la pérdida del servicio público, la suspensión de los derechos políticos, el pago de una multa, entre otras.
Para MPF, Ricardo Salles promovió la violación de las políticas ambientales, irrespetando preceptos legales dispuestos, para de esta forma favorecer intereses que no tienen relación con el propósito de la cartera que ocupa.
«Es posible identificar, en las medidas adoptadas, la alineación con un conjunto de actos que cumplen, sin ninguna justificación, una lógica totalmente contraria al deber estatal de implementar los derechos ambientales», expresa la demanda.
El MPF relata que a finales de abril de 2020, Salles despidió a tres coordinadores del monitoreo ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente, cuyo trabajo logró reducir drásticamente la deforestación en tierras indígenas de la Amazonía.
«En lugar de reconocer la efectividad del trabajo, perdió puestos , en lo que el MPF considera una represalia evidente», advierte la entidad, la cual reconoce que el proceso de desestructuración del sistema brasileño de protección del medio ambiente se llevó a cabo mediante actos, omisiones y discursos de Salles, en una conducta intencional por debilitar el papel del Estado en la protección del medio ambiente.
Para reconstruir mejor es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe
António Guterres, noveno Secretario General de las Naciones Unidas, asumió el cargo el 1 de enero de 2017. Antes de ser nombrado Secretario General, fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2005 a 2015. El Sr. Guterres trabajó durante más de 20 años en la administración pública, y fue Primer Ministro de Portugal entre 1995 y 2002.
A medida que el COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, América Latina y el Caribe se han convertido en un foco de la pandemia.
En un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas.
Las mujeres, que constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en los sectores económicos más afectados, ahora también deben soportar la carga de los cuidados adicionales.
Las personas de edad y las personas con discapacidad corren un riesgo mucho mayor de morir a causa del virus.
Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, al igual que los migrantes y los refugiados, también sufren de manera desproporcionada, pues entre ellos la vulnerabilidad se multiplica.
Debemos hacer todo lo posible por limitar la propagación del virus y hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la salud.
Además, debemos encarar sus repercusiones sin precedentes en el ámbito económico y social.
Los países de América Latina y el Caribe, y en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, no deben quedar excluidos de la asistencia mundial. Es necesario ampliar la respuesta multilateral internacional a los países de ingresos medios.
El informe de políticas que publicamos hoy subraya una serie de medidas urgentes y a largo plazo encaminadas a lograr una mejor recuperación.
En el informe se exhorta a los gobiernos a hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición mediante, por ejemplo, un ingreso básico para situaciones de emergencia y ayudas contra el hambre.
La educación se ha visto interrumpida en toda la región. Es indispensable priorizar la educación a distancia y, de manera general, la continuidad de los servicios dedicados a la infancia.
Al mismo tiempo, la situación requiere urgentemente un mayor apoyo internacional.
He hecho un llamamiento para poner en marcha un paquete de rescate y recuperación equivalente a más del 10 por ciento de la economía global. Los países desarrollados lo están haciendo por sí mismos con sus propios recursos.
En el caso de América Latina y el Caribe, la comunidad internacional debe proveer liquidez, asistencia financiera y medidas de alivio de la deuda.
Los países de América Latina y el Caribe, y en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, no deben quedar excluidos de la asistencia mundial. Es necesario ampliar la respuesta multilateral internacional a los países de ingresos medios.
Debemos abordar también los desafíos estructurales más amplios.
Para reconstruir mejor es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe.
En una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles, ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas.
Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social.
También conlleva una mayor integración económica regional.
Y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica.
Por último, para reconstruir mejor, hay que reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. En un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales.
Expreso toda mi solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe, que al enfrentar esos desafíos deben guiarse por la solidaridad y la compasión.
Juntos podemos superar esta crisis y construir sociedades inclusivas y sostenibles para todos.
Un centenar de familias de niños con necesidades educativas especiales, profesionales de educación y activistas han hecho pública un escrito en el que denuncian que España vulnera el derecho fundamental a la educación inclusiva y reclaman la aprobación de una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva.
«España aún no tiene un sistema pleno de educación inclusiva», lamentan en el documento dirigido a los poderes públicos, Gobierno central, comunidades autónomas, partidos políticos, asociaciones educativas sobre inclusión y al conjunto de la sociedad.
En concreto, explican que las evaluaciones que se efectúan a alumnos con necesidades educativas especiales «constituyen, por el enfoque, metodología y orientación, una de las causas determinantes de la exclusión y segregación de tales alumnos del sistema educativo».
A su juicio, son «una prueba incontestable de que España mantiene un sistema dual educativo y unas prácticas administrativas discriminatorias».
En este sentido, sostienen que los alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad «no se someten a ninguna evaluación psicopedagógica ni, por tanto, se les analizan sus capacidades y competencias».
«Por el contrario, a los alumnos con diversidad funcional se les somete a pruebas inadecuadas basadas en tests psicométricos de tal manera que se convierten las evaluaciones psicopedagógicas en instrumentos de legitimación de la atribución de incompetencias al alumno que presenta diversidad funcional, lo que determina su segregación o separación del sistema educativo», argumentan.
Asimismo, el escrito, realizado por el abogado Juan Rodríguez Zapatero, destaca que en 2018 el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instaba a España a «eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización».
Por todo ello, reclaman una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva, y la supresión de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización en su configuración y orientación actual (enfoque clínico). En su lugar han de establecerse informes de actuación educativa.
Fuente: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-centenar-familias-denuncia-espana-vulnera-derecho-fundamental-educacion-inclusiva-20200708173731.html
Sin embargo, asociaciones de padres de familia y gremios docentes coinciden en que el estudiante debe ser evaluado conforme a su desenvolvimiento académico y sus aptitudes.
Ante la preocupación de asociaciones de padres de familia sobre el proceso de calificación de los estudiantes una vez inicien las clases a distancia, el Ministerio de Educación manifestó que se han establecido en el plan de estudio, prácticas y talleres que los alumnos deberán desarrollar.
Gina Garcés, directora nacional de evaluación educativa del Meduca, dijo que el docente tendrá la capacidad de saber si realmente el alumno está internalizando la enseñanza impartida durante las clases virtuales a través de las fechas estipuladas para que el estudiante cumpla con la entrega de los trabajos.
Añadió que la calificación será de 1 a 5, de acuerdo con el desempeño del alumno, tal y como se haría como si fuesen clases presenciales.
En cuanto al «pase social» de 3.0 que los padres de familia han cuestionado, la directora nacional dijo que aún es muy prematuro para establecer un criterio sobre el promedio, ya que en el primer trimestre se evaluará cómo se ha ido desenvolviendo el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el docente y el alumno.
A través de listas de rúbricas o escalas, el docente irá recopilando todas las muestras de aprendizajes de sus estudiantes.
Garcés añadió que debido a que el docente no tendrá contacto con el estudiante en áreas comarcales, se les solicitará a los padres de familia que igualmente lleven un registro o un portafolio de evidencias, en el cual deben adjuntar todos los trabajos de las diferentes asignaturas.
En cuanto a las clases por televisión y radio, que han sido un aliado en esta estrategia de educación a distancia, el alumno podrá reforzar su aprendizaje, preguntando al docente sobre clases que no le hayan quedado claras.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Padres de Familia de Panamá Centro, Aldo Bazán, manifestó que conforme al desarrollo de las clases a distancia, se podrá constatar si realmente el estudiante está asimilando o no el plan académico emergente que el Meduca ha destinado.
Sin embargo, lo que no se puede permitir es que un estudiante que realmente no se ha esforzado, pase el año lectivo.
Bazán añadió que reconoce que la situación es difícil en cada hogar, pero el docente debe también evaluar las aptitudes y el esmero del alumno.
Por su parte, Luis López, secretario general del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), dijo que el docente debe colocar la nota o el promedio que el estudiante se ha ganado.
Sin embargo, para López el «pase social» debe dársele a aquel estudiante que llegó a un promedio de 3.0, pero aquel que tiene un 2.5 o 2.8 no es un alumno que verdaderamente ha asimilado la asignatura, añadió.
Planteó que el Meduca debe dejar claro, en caso tal de otorgar un «pase social», cómo se hará y qué se tomará en cuenta.
Padres de familia, docentes y el Meduca llevan semanas discutiendo detalles sobre la reapertura del año lectivo, esta vez a distancia.
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