UNESCO – Europa / 2 de diciembre de 2018 / Autor: Informe GEM / Fuente: Blog de la Educación Mundial
El martes, publicamos el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) 2019 sobre la migración y el desplazamiento. Al mirar a las diferentes personas en movimiento, aparecen diferentes problemas y desafíos para diferentes regiones. Hoy veremos un desafío clave para la educación de los inmigrantes en Europa, donde a menudo terminan segregados en diferentes escuelas o en circuitos escolares más lentos, a menudo profesionales. Esto agrava sus desventajas educativas y exacerba los prejuicios, creando una reacción de “ellos” y “nosotros” en los países de acogida.
Dos tercios de los migrantes van a países de altos ingresos, donde representan casi uno de cada cinco estudiantes. Pero están repartidos desigualmente en las escuelas. En Berlín, por ejemplo, una de cada cinco escuelas primarias inscribe el doble de estudiantes con antecedentes inmigratorios que aquellos que viven en su área de captación. En 2017, en Italia, más del 30% de los estudiantes en un 17% de las aulas de primaria eran estudiantes nacidos en el extranjero de primera generación.
En Francia, cinco veces más niños de inmigrantes no comunitarios que hijos de padres franceses o de la UE asisten a la escuela secundaria inicial en las zonas desfavorecidas. En los Países Bajos, algunas escuelas ahora tienen un 80% de estudiantes inmigrantes. También encontramos que era más probable que los hablantes no nativos en el Reino Unido asistieran a la escuela con hablantes nativos desfavorecidos.
Esta segregación se ve agravada por los estudiantes nativos que se mudan de las escuelas donde puede haber una alta concentración de inmigrantes a barrios más ricos, por ejemplo, en Dinamarca y los Países Bajos. En los Estados Unidos, por cada cuatro estudiantes nuevos que no hablan inglés en la educación secundaria pública, un estudiante nativo se cambió a una escuela privada. Como discutimos en el Informe GEM del año pasado, la elección escolar está exacerbando las desigualdades; encontramos que contribuyó a incrementar la polarización étnica de las escuelas en Australia.
Describimos algunas de las políticas que los países han probado para abordar esta segregación, ayer, en el evento de lanzamiento global para el Informe en Berlín. La comunidad francófona en Bélgica, por ejemplo, intentó hace algunos años introducir un sistema de lotería para la asignación escolar, que anuló la ley anterior que asignaba a las escuelas por proximidad. Pero esta iniciativa, a su vez, fue sustituida por un enfoque más débil basado en alianzas entre escuelas. Francia intentó cambiar las fronteras de las áreas de captación, pero la consecuencia fue que muchos padres de clase media cambiaron a sus hijos a escuelas privadas en ciudades como Marsella. Italia estableció una cuota de un máximo de un 30% de estudiantes “nacidos en el extranjero” por clase, pero aún así, casi el 20% de las aulas superó este límite.
Si no los separan por escuela, nuestro informe también encontró que muchos países separan a los alumnos de bajo rendimiento en circuitos menos exigentes. Y, si bien la capacitación profesional puede motivar a los estudiantes desfavorecidos desanimados por los circuitos más académicos, también puede comprometer las oportunidades subsecuentes de los estudiantes con antecedentes inmigratorios. Esta manera de clasificar por habilidades también conduce a la desigualdad y a una asociación más fuerte entre el entorno social y los resultados de los estudiantes.
Pero este tipo de separación por circuitos empieza a los 10 años en Austria y Alemania. En Alemania, incluso después de tomar en cuenta los puntajes de los exámenes de lectura y matemáticas, era siete puntos porcentuales más probable que se recomendara que los inmigrantes, en comparación con sus compañeros nativos, fueran asignados al circuito más bajo.
También encontramos los mismos problemas en otros países: habían más de cinco veces más estudiantes de ascendencia marroquí en formación profesional en los Países Bajos, por ejemplo, en comparación con los holandeses. Y esta separación por circuitos es una desventaja particular para los estudiantes varones con antecedentes inmigratorios.
El pedagogo envía un mensaje al movimiento estudiantil: lo invita a concentrarse en el debate y la incidencia de la política pública en educación, más que en la exigencia de recursos para este o el próximo año. La idea es encontrar fórmulas que faciliten la culminación del paro estudiantil.
Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, es una de las personas que más se ha pronunciado sobre el déficit de las universidades públicas del país. El pedagogo ha analizado diversas salidas para saldar las cuentas de las Instituciones de Educación Superior y ha reconocido las falencias y los esfuerzos por parte de los estudiantes y el Gobieno Nacional.
Hace varios días DeZubiría le había escrito una carta al presidente de la república, Iván Duque con la intención de invitarlo a que se reuniera con los estudiantes. En esta ocasión y a dos días de la marcha del 28 de noviembre por parte del movimiento universitario (que se presagia altamente masiva porque, de nuevo, saldrán a las calles los sectores obreros del país) publica otra carta, esta vez dirigida a los estudiantes que por más de 40 días y tras varias largas reuniones con la ministra de Educación continúan con su lucha por la defensa de la educación superior. Este es el texto:
El país debe estar muy orgulloso de ustedes: han liderado un movimiento creativo, reflexivo, argumentativo y pacífico en defensa de la educación oficial, profundamente debilitada en las últimas dos décadas en Colombia. En un hecho muy especial, han conseguido sentar al gobierno a dialogar sobre el presupuesto para la educación superior en los próximos años. También han logrado controlar y rechazar la mayoría de las acciones violentas realizadas por grupos aislados de diverso y dudoso origen. Pero, posiblemente, lo más importante es que han puesto a toda la nación a hablar casi a diario de los problemas y las falencias de la educación. Su voz resuena en las emisoras, en la prensa, en las redes y en la televisión. Los noticieros inician todos los días comentando las marchas y los avances en la negociación con el gobierno. En las calles, en las reuniones, en las redes sociales y en los medios, la población ha expresado masivamente apoyo a su causa. En un hecho sin precedentes, su lucha y su protesta ha sido ampliamente respaldada por profesores y rectores. Estos últimos, pudiendo aplazar el semestre, han optado por darle todo el tiempo necesario a las conversaciones, con la ilusión de que nos estemos acercando al día en el que se pueda levantar el paro.
Algunos de los más importantes académicos y artistas nacionales e internacionales han expresado su apoyo a la lucha por ustedes liderada. Para las personas de mi generación fue emocionante escuchar a Roger Waters defender su causa, al tiempo que entonaba “Another brick in the wall”. Cuarenta años atrás, el genial grupo inglés del que formaba parte nos formulaba la profunda tesis de que la escuela que habíamos conocido había sido creada a imagen de las fábricas y que solo servía para producir “salchichas”. Hoy vemos que su compromiso se mantiene y se profundiza. Entre muchos otros, también ha sido esencial el apoyo de Boaventura de Sousa, Shakira y Residente.
Muchos sabemos del enorme sacrificio que ustedes han tenido que pagar, en especial, en un país en el que tanta gente buena ha sido asesinada por intentar defender causas justas. Duele en el alma saber que la mayoría de ustedes están amenazados y que, por ello, tengan que desplazarse utilizando complejos mecanismos de seguridad, algo especialmente triste si sabemos que la mayoría de ustedes apenas bordea los 22 años.
No hay duda: la causa de ustedes es justa y de allí el masivo apoyo que ha generado en la población. Todos sabemos lo que vale una educación pública de calidad. Lo saben los padres que no tendrían que hipotecar sus vidas para que sus hijos reciban la educación de la que ellos carecieron; lo saben ustedes que son conscientes del impacto en la movilidad social de recibir una educación pública de calidad. Todos reconocemos que ustedes están por terminar sus estudios universitarios, lo que le asigna mayor trascendencia a su lucha. En el fondo, los beneficiarios de ella, hoy, son niños.
Concuerdo plenamente con ustedes en que los últimos gobiernos organizaron una política pública para debilitar la educación oficial y fortalecer la financiación a la demanda. La ambición política llevó a la exministra Gina Parody a crear el programa Ser Pilo Paga, lo que, en la práctica implicó una transferencia cercana a los 3,2 billones de pesos hacia las universidades privadas, mientras las universidades oficiales se caían a pedazos. Lo hacía para apoyar tan solo a 40.000 muchachos e intentando catapultar sus aspiraciones políticas de mediano plazo. Es solo uno de tantos ejemplos que conocemos.
Por ello, quiero hacer tres propuestas públicas, intentando ayudar a desempantanar un conflicto que amenaza con la pérdida del semestre a una población cercana a los 700.000 estudiantes. Prolongar la negociación puede ser riesgoso para todos, ya que, con la llegada de las fiestas de diciembre y la pérdida del semestre, el movimiento podría perder fuerza.
Lo primero que quiero enfatizar es que es más importante el debate sobre la política pública que sobre el monto de los recursos transferidos a las universidades. Al fin de cuentas, lo segundo depende de lo primero. De allí que les propongo aceptar el programa Generación E, tal como quiere el gobierno, pero con una condición innegociable: Todos los beneficiarios deben ir a las universidades públicas. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho con escasez de recursos, como Colombia. La ministra de educación ha estimado en 5,8 billones de pesos el programa. Es una cifra considerable. Sin embargo, es muy reducido el recurso previsto para la gratuidad de 320.000 estudiantes (1,4 billones), lo que representa un monto inferior a $440.000 por semestre, por alumno. Por el contrario, sigue siendo muy alto el recurso destinado al programa de excelencia, el cual nuevamente terminará en las universidades privadas y atendiendo tan solo a 16.000 estudiantes. Si estos recursos están destinados por completo a las universidades oficiales, hay que apoyar Generación E. Si se transfieren desde el Estado nuevos recursos y si mejoramos su administración, la educación pública puede ampliar la población atendida y seguir consolidando la calidad. Si es cierto lo que dice el gobierno en el sentido de que no hay más recursos, la solución es relativamente sencilla: todos estos deben destinarse a apoyar la educación pública en un verdadero programa de fortalecimiento de las universidades oficiales del país.
Lo segundo que quiero destacar es que lo acordado con los rectores es insuficiente, pero va en la dirección correcta. Todos deberíamos concordar en eso. Por algo, los rectores firmaron la propuesta en el primer almuerzo con el presidente. El SUE estima que los costos de funcionamiento de las universidades oficiales han subido 4,75 por ciento por encima de la inflación en promedio anual durante la última década. Exíjanle al presidente Duque que en este porcentaje se modifiquen los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Sería convertir en ley lo acordado con los rectores, adicionándole 0,75 por ciento. Esta es una decisión que exige un acuerdo amplio de las fuerzas en el Congreso. Hay muy buen ambiente para lograrlo. Solo faltaría el liderazgo del presidente para garantizarlo. Es una propuesta realista para fortalecer la educación pública superior en Colombia. La enorme ventaja es que trazaría la política a largo plazo para la educación pública colombiana, algo de lo que hemos carecido por completo en el país en las décadas anteriores.
Lo tercero es lo más complejo de explicar en un párrafo, pero se trata de un punto crucial para el futuro de la educación en Colombia. Lo explicaré con un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. El Observatorio estima que faltan 80,7 billones para garantizar el derecho a la educación en Colombia. Pero de ellos, solo el 26 por ciento corresponde a la educación superior, en tanto el 74 por ciento corresponde a la educación básica; y eso sin contar el sector más atrasado de todos en recursos y calidad: la educación inicial oficial. Un solo dato para argumentarlo: invertimos cuatro veces menos por estudiante menor de 5 años que el que se invierte en Chile. Dicho de otra manera: las mayores carencias de recursos oficiales no se encuentran en la educación superior, sino en la educación inicial y básica. Allí la situación es especialmente crítica. En síntesis, hay que garantizar una ampliación de los recursos para todo el sistema educativo y no solo para la educación superior. Eso lo deben tener claro el movimiento estudiantil colombiano y la nación entera.
Sé que los tres elementos que propongo no corresponden al pliego completo que están discutiendo con el gobierno, pero representan un esfuerzo muy importante para salir adelante. Quedan por fuera temas muy complejos, como el de la reestructuración del ICETEX o el crecimiento desbordado de los profesores ocasionales en las universidades oficiales. Éstos son temas complejos que demandan de una mesa técnica para trabajar junto con el Ministerio de Hacienda y los diversos actores en la solución de estas problemáticas en el mediano plazo.
Sin embargo, mi recomendación al movimiento estudiantil colombiano es la de concentrarse en debatir e incidir en la política pública, en lugar de buscar los recursos para este o el siguiente año en las universidades colombianas. Si eso se consigue, si sale fortalecida la política pública, si lo acordado hace parte integral del Plan de Desarrollo y de la política pública, y si llega al Congreso con carácter prioritario el cambio en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, creo que la nación entera quedaría profundamente agradecida con ustedes, por lo logrado para la educación oficial, la democracia y la equidad.
Jennifer, Alejandro, Alex, Andrés y tantos otros dirigentes del actual movimiento estudiantil colombiano: Me despido de ustedes esperando que la marcha convocada para el 28 de noviembre sea tan masiva y pacífica como las anteriores; pero, muy especialmente, deseando de corazón que ojalá sea la última y lleve al gobierno a darle un giro a la política pública de debilitamiento de la educación oficial a la que nos acostumbraron los tres últimos mandatarios en el país. Y los lleve a ustedes a concertar con el gobierno un acuerdo muy benéfico para las nuevas generaciones de colombianos y para el desarrollo sostenido del país.
El gobierno ha impulsado una iniciativa para facilitar las expulsiones de los estudiantes, pero expertos y organizaciones critican que se trate de una propuesta “simplista y punitiva”.
Han pasado más de dos meses desde que unos 30 estudiantes, algunos de ellos con máscaras en la cara y enfundados en overoles blancos, intentaron defender a un compañero que varios policías habían inmovilizado durante una protesta en un instituto de Santiago. Los jóvenes golpearon a los agentes y les lanzaron todo tipo de objetos, incluso sillas de clase. La escena acabó con uno de los jóvenes lanzando un cóctel molotov contra los uniformados. Cinco de ellos acabaron lesionados y dos de los estudiantes detenidos.
No era la primera vez que el Liceo de Aplicación, un instituto de los llamados “emblemáticos” por su tradición histórica y buena reputación académica, vivía escenas de violencia por parte de los estudiantes. De hecho, los incidentes han ido en aumento con la llegada del nuevo director en junio. Tampoco es el único instituto chileno que enfrenta esta situación. En los últimos meses, los incidentes se han repetido en otros ocho centros de Santiago, entre ellos el Instituto Nacional, otro de los recintos emblemáticos de hombres y reconocido por ser donde estudiaron varios expresidentes del país. Un grupo de sus alumnos roció con bencina al rector, a un profesor y a otros dos trabajadores más del colegio. Lo hicieron a rostro cubierto y sin demandas encima de la mesa. La acción fue condenada por sus compañeros a través del Centro de Alumnos que los representa: “El grupo organizado no presenta ni genera con su manifestación un código que nos comunique su alternativa y el porqué de su actuar”, expresaron los estudiantes.
Pocos días después, alumnos del instituto Barros Borgoño cortaron la calle y quemaron basureros. Horas antes, Carabineros había ingresado al centro educativo y encontró material para fabricar cócteles molotov y varios overolesblancos.
Facilitar la expulsión
Las acciones de los estudiantes provocaron una dura reacción del Gobierno chileno, que no disimuló su indignación y prometió nuevas medidas urgentes para expulsar “a los violentistas” del sistema escolar y “proteger a la comunidad”. Unos objetivos que se concretaron el 20 de septiembre con la firma, por parte del presidente Sebastián Piñera, del proyecto de ley conocido como “Aula Segura”, que hace una semana superó los trámites parlamentarios y quedó a punto para convertirse en ley.
“Aula Segura” entrega mayores atribuciones a los directores de colegios para facilitar la expulsión de los alumnos que cometan actos de violencia. “Esta ley lo que pretende es combatir a los que quieren sólo destruir y se hacen pasar por estudiantes”, dijo Piñera al presentar el proyecto. La iniciativa establece como deber de los directores “iniciar un proceso sancionatorio” en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar que cometa conductas calificadas como “graves o gravísimas” en los reglamentos de los centros. En el caso de los estudiantes, el procedimiento puede derivar en su expulsión y cancelación de matrícula.
La propuesta del Gobierno se aprobó tras dos meses de intenso debate que no han sido exentos de polémicas, sobre todo porque el objeto de regulación ha sido la violencia. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien lideró el proyecto apenas asumió el cargo, desplegó todo un argumentario en torno a esta cuestión y para evitar que se aborde de la misma forma que otras faltas. Insistió en que lanzar una bomba molotov no puede tener el mismo rango que copiar en una prueba o falsificar una firma, ambas consideradas faltas graves en los colegios. “Hay temor a decir las cosas por su nombre. Se teme hablar de violencia, poniendo todo en un marco de infracciones graves”, dijo la titular de Educación.
Pero la propuesta aprobada no satisface a expertos ni organizaciones que trabajan en la materia, y la consideran “simplista” y “segregadora”.
Los diputados de la oposición, que en un principio se mostraron muy críticos con el proyecto, acabaron aprobándolo luego de introducirle algunas enmiendas. Decidieron rebajar la tensión y llegar a un acuerdo con el Ejecutivo al darse cuenta del “amplio respaldo ciudadano” que recogió la iniciativa.
Una respuesta punitiva
“La respuesta del Gobierno es absolutamente pobre porque se remite sólo al aspecto punitivo y agiliza las sanciones, pero ese no es el fondo del problema, no va a la causa de la mala convivencia escolar y la violencia”, opina el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Le dije a la ministra [Marcela Cubillos] en una de las sesiones de debate en la Cámara de Diputados que parecía titular de Interior porque hablaba de sanciones, penas, expulsiones y delitos, todos términos más propios del área de seguridad que de educación. No habló de integración, solidaridad o comunidad, conceptos del quehacer pedagógico”, agrega el docente.
Aguilar reconoce que, si bien las protestas en los institutos vienen desde hace años, lo que se ha agudizado en el último tiempo es el nivel de violencia al interior de los centros escolares. Precisamente por eso los últimos casos llegaron a tener fuerte repercusión mediática y una respuesta gubernamental contundente.
La directora del área de Política Educativa de la ONG Educación 2020, Nicole Cisternas, coincide en que la violencia escolar ha ido en aumento en las escuelas de Chile, pero subraya que los casos de los overoles son sólo una pequeña parte de ella: “Nos preocupan las agresiones a docentes por parte de los apoderados [padres y madres de alumnos] y entre estudiantes, el ciberbulling y el tráfico de droga. Hay un tema grave de convivencia que requiere una política nacional de convivencia”, comenta.
Según la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (2014), un 22,3% de los estudiantes fue agredido por alguien del centro en dos o tres ocasiones en el año, y del total de denuncias por discriminación presentadas ante la Superintendencia de Educación (equivalente a la Consejería de Educación) en los años 2014 y 2015, un 54% corresponde a maltrato a estudiantes. Hasta el pasado mes de octubre, la institución recibió 1.625 denuncias de acoso escolar, en las que sólo han intervenido en 380, un 23% de los casos.
Para Aguilar, lo más preocupante son los índices de violencia perpetrada por padres de alumnos hacia docentes: de las 119 denuncias que el Colegio de Profesores registró el primer semestre (marzo-agosto) de 2018, 70 presentan como agresores a padres de estudiantes.
Un cambio de paradigma
Nicole Cisternas y Mario Aguilar consideran imprescindible poner atención en políticas preventivas, algo que no ha impulsado el Gobierno. “No sabemos por qué hay tanta rabia en nuestros estudiantes”, se pregunta el presidente del gremio de docentes. “Faltan políticas pensadas en 360, que impliquen a docentes, directivos, apoderados y estudiantes y que aborden la violencia desde la prevención y la reparación a víctimas y victimarios”, apunta la investigadora.
Según el diagnóstico de Aguilar, el descontento estudiantil podría tener que ver con “la educación competitiva, segregadora y de ránkings, en la que los jóvenes terminan siendo un número”. El dirigente critica que “se exprima” a los estudiantes con sus resultados porque de éstos dependen, entre otros, el financiamiento de la escuela o el sueldo de los profesores: “Eso es muy insano”, asegura. Considera que para mejorar la convivencia escolar es necesario un cambio de paradigma educativo, “que trate a todos los actores como personas y no como objetos de rendimiento”.
En los próximos días se esperan nuevas movilizaciones de los estudiantes, sobre todo cuando el presidente Piñera promulgue el proyecto y la norma entre en vigor. El ambiente volverá a calentarse entre los jóvenes, que en varias ocasiones han manifestado su rotundo rechazo al proyecto. Será entonces, entre protesta y protesta, cuando se pondrán a prueba los efectos de la nueva ley.
Legisladores y Legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
De nuestra consideración:
Queremos hacerles llegar nuestra severa preocupación ante la información que esta semana se aprobaría en la Legislatura una normativa que, por un lado, crea la UNICABA y, en el mismo acto, pone en gravísimo riesgo la subsistencia de los históricos Institutos de Formación Docente de la Ciudad.
Sintetizamos a continuación las razones de esta alerta:
1. Acerca de Institutos y Universidades:
– Los IES de la CABA son experiencias valiosísimas para el conjunto de las instituciones formadoras de docentes de América Latina. Han sido señeras en el campo, objeto de observación y de ricos intercambios con instituciones más jóvenes de la educación pública de nuestra región.
– Los IES y las Normales son instituciones históricamente especializadas en la formación de las y los que van a enseñar, con experticia incomparable en el trabajo pedagógico que exige esta preparación.
– Como en prácticamente toda América Latina, el conjunto de las instituciones formadoras de docentes ya forman parte del Nivel Superior de educación. Este es un acuerdo generalizado. Ahora bien, no hay investigación disponible que muestre que las Universidades necesariamente forman mejor a los docentes que los Institutos Superiores. Por el contrario, hay estudios que dan cuenta de las vacancias de dicha formación cuando se desarrolla en Universidades.
2. Acerca de los desafíos de la masificación escolar:
– En tiempos en los que la educación extiende su obligatoriedad y expande su matrícula, la cuestión pedagógica adquiere una relevancia inédita. Frente a la heterogeneidad de poblaciones y trayectorias, está en juego una democratización que exige nuevas pedagogías, que solo pueden construirse con y a partir de los saberes y experiencias acumuladas. En ese sentido, los ISFD trabajaron desde su origen en una articulación entre los saberes disciplinares y las prácticas pedagógicas que ha sido pionera incluso para las universidades que recientemente han emulado ese modelo a partir de las regulaciones para la formación docente de todo el país.
3. Acerca del reconocimiento público del trabajo docente:
– La tarea de enseñar hoy es de una relevancia y responsabilidad inmensa. Las transformaciones contemporáneas sin duda la colocan en un cruce de demandas y advertencias muy complejas cuando de formar a las nuevas generaciones se trata. Sobre todo, si entendemos que en sus manos quedará la formación de los ciudadanos y ciudadanas de las décadas que vienen.
– Dignificar el trabajo de enseñar, reconocer públicamente a quienes lo construyen día a día, mejorar sus coordenadas concretas de trabajo son, sin dudas, condiciones para su mejoramiento. Por eso, pensar y repensar la formación docente exige hacerlo con quienes la construyen cotidianamente. Llama la atención y preocupa la ausencia de diálogos constructivos y respetuosos, de debates abiertos y plurales que los tengan como protagonistas junto a investigadoras, docentes universitarios, gremios docentes, padres de familias, centros de estudiantes, etc.
Entendemos que la formación docente requiere alentar mejoras y promover cambios democráticos. Sin embargo, la futura normativa a punto de aprobarse parece ir en el sentido contrario. Queremos entonces reiterar nuestra inmensa preocupación por las decisiones que tomarán en breve sobre la institucionalidad de la formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está en juego, nada más ni nada menos, que la formación de las nuevas generaciones.
Grupo de Trabajo Política educativa y Derecho a la Educación-CLACSO (Investigadores/as de Chile, México, Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina).
RED ESTRADO (Red de Estudios sobre el Trabajo Docente)-Argentina (Docentes e investigadoras/es de todas las provincias argentinas).
OPECH (Observatorio Chileno de Políticas Educativas). Universidad de Chile.
Con Alejandra Castiglioni (OMEP Argentina), Jose Eduardo Machain(OMEP Latinoamérica), Iliana Lo Priore y Mitzi Flores (OMEP Venezuela).
Sobre educación intercultural, primera infancia, políticas educativas y derecho a la educación.
Fuente de la reseña: https://www.facebook.com/argentina.omep/
El 25-N es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Muchos centros educativos trabajan durante todo el año en su prevención
De los estudios recientes sobre género en la adolescencia se suelen destacar aspectos poco alentadores: Un 25% de los chicos y un 22% de las chicas de 12 a 24 años está algo de acuerdo en que “el hombre que parece agresivo es más atractivo”, según un estudio del Centro Reina Sofía para la Infancia y la Juventud de 2015, y un 32% de los chicos y chicas de 14 a 19 años ve normal la existencia de celos dentro de la pareja, según otro estudio del mismo organismo de ese mismo año. Mientras, un 21,2% de los jóvenes de 15 a 29 cree que la violencia de género es un tema “muy politizado, que se exagera mucho” y un 27,4% la ve una conducta “normal” dentro de la pareja, según un barómetro del mismo organismo del año pasado.
Sin embargo, no se suele incidir tanto en otros apartados de esos mismos estudios. Así, María José Díaz Aguado ha probado en diferentes investigaciones a lo largo de esta década cómo los chicos y chicas que habían recibido algún tipo de formación en prevención de la violencia de género tenían un menor riesgo de sufrir o ejercer violencia en un futuro. De nuevo, la mirada clavada en el centro educativo.
El ‘Me too’ sí que sirve
Esther Roca es cofundadora del Grupo de Mujeres Sherezade: dialogando el feminismo. También es formadora de docentes. Para ella, el Me too ha sido un fenómeno “superpositivo 100%”: “Se han alzado muchas voces, cada vez más, y esto hace que en contextos educativos se vea atractivo trabajar sobre la violencia machista, antes silenciada bajo el discurso de “Qué exageradas, eso no pasa”. El Me too rompe con esta idea y genera un boom. Tenemos colegios que nos llaman sólo para estos temas, porque quieren acabar con la violencia y generar espacios de diálogo. El curso pasado formamos a 50 centros sólo en la Comunidad Valenciana. Y este estamos formando a otros tantos. Va a más”.
Roca propone que se vaya “Todos a una” en el camino hacia una convivencia feminista, en el posicionamiento activo contra la violencia, sin que nadie perciba que se está imponiendo el discurso dominante de nadie. Si, por ejemplo, se va a crear un Club de Valientes –una actuación que ha demostrado su eficacia para acabar con el acoso de primer y segundo orden, contra la víctima y contra quienes la protegen- se trata de reflexionar conjuntamente cómo llevarlo a cabo en las aulas, cómo se define valiente en función de la edad de los niños, que es un héroe y una heroína en base a los valores y sentimientos que generan respaldo unánime… Solo así se creará un contexto seguro en que si se da una violencia en esa esquina, en el patio o en el comedor siempre alguien alzará la voz por la persona víctima.
Sonia del Barrio es maestra en el CPI Soloarte IPI de Basauri. “Aquí las fechas concretas, como el 25N son casi anecdóticas, apenas importantes. Trabajamos en prevención de la violencia a diario, siempre, y cuando surgen estas fechas o viene alguien de fuera a hacer talleres se ve cómo los chavales ya tienen interiorizada una forma de hacer las cosas, de estar, y el discurso les sale solo”, sostiene. Entre otras iniciativas, allí funciona el club de valientes, pero no solo. Se transmite cómo los conflictos se resuelven mediante el diálogo y las medidas correctoras han de ser, ante todo, educativas. También es habitual la dinámica de coloquios, juntarse todos los niños y niñas y los profesores de todos los cursos para abordar un tema en base a la lectura previa de textos. Por ejemplo, uno acerca de cómo distinguir la violencia y lo que no lo es y otro de la autora Chimamanda Adichie, Todos deberíamos ser feministas. El objetivo es una reflexión global.
La convivencia en esta comunidad de aprendizaje, en un centro catalogado de medio social desfavorecido, ha mejorado mucho. Allí hace tiempo que se abordó el “No es no”, recuerda Del Barrio: “Desde chiquitines tienen muy interiorizado el “Si no me gusta, no me lo hagas”. La ley del silencio ya no existe, y los pequeños forman piña con la víctima de modo natural, sencillo y con mucha lógica. En seguida protegen al que ha sufrido violencia y le dicen al violento “Esto no nos gusta, no vamos a jugar contigo hasta que no te portes como te tienes que portar”. Y se lo llevan a casa. Saben discriminar las relaciones sanas y las que no lo son, reconocer la violencia aunque no lo verbalicen así. También vemos cómo las hijas hablan porque lo han aprendido, dicen cosas que sus madres no se habían atrevido a decir. Tenemos la dificultad de que solemos acoger alumnos nuevos durante el curso. De repente, uno llega de Marruecos en febrero, de Senegal en abril, pero los chavales tienen una forma de estar que hacen ellos solos la acogida. Además, estamos aprendiendo mucho de la trayectoria de los pequeños y nos está sirviendo para adaptarlo a etapas superiores. Poco a poco se van consiguiendo cosas también con los mayores”.
Aparte de por el respaldo de la comunidad científica, que lleva tiempo subrayando la contribución educativa y social de los clubes de valientes, de esos upstanders, de esa bystander intervention de personas que se posicionan siempre ante la violencia como clave para superar las violencias machistas, Esther Roca destaca esta iniciativa porque “la puedes aplicar desde mañana, a nivel de escuela, pero también a nivel de aula”. Otras, como el modelo dialógico de convivencia, pueden resultar más complejas y suponen involucrar al centro entero, pero esta se puede transferir fácilmente desde las primeras edades, lo que explica su buena acogida.
Frente a este ejemplo, puntualiza, existen otras actuaciones no basadas en evidencias que se suelen entremezclar con las que sí lo están en los programas de formación: “Al profesorado a veces se le venden bulos sobre cómo trabajar para eliminar la violencia machista desde el contexto educativo… Bulos que despistan, que quitan tiempo. Este boom conlleva este riesgo, que se cuelen desde la asesoría o desde la política educativa en los centros remedios sin un filtro previo, con la etiqueta de “creativo” o “innovador”, haciendo que lo que es efectivo al final no llegue”.
Las raíces machistas
Si para Roca “Las niñas y los niños son la fuerte esperanza de que otros contextos en que no tenemos estas premisas tan claras acaben transformándose de forma cada vez más generalizada”, la experta Marina Subirats invita a buscar las raíces del fenómeno, de ese insulto o esa agresión directa a una niña, en la transmisión de un determinado modelo masculino, también en la escuela. Ella lo ha recogido con respecto al interior, al aula, en Rosa y azul. La transmisión de modelos en la escuela mixta y al exterior, el patio, en Balones fuera. Reconstruir los espacios desde la coeducación. En el primero, de finales de los ochenta, refleja el desequilibrio en los intercambios verbales de niños y niñas en el aula (a favor de ellos), por ejemplo. Subirats lleva tiempo con la idea de repetir esta investigación para comprobar si algo ha cambiado, pero de momento no ha podido ser por falta de financiación.
Representadión de Violencia D.E.P. Género
En el segundo refleja cómo la batalla por el espacio también la ganan ellos. Los chicos se apoderan prácticamente de todo el patio jugando al fútbol, mientras que los más pequeños o las chicas se quedan relegados por los rincones, mirando. También en este caso, en un principio Subirats se topó con la negación, pero “en el momento en que el profesor empieza a mirar el patio se da cuenta de que sí es así”. “Yo creo que ahora por primera vez en muchos centros se va entendiendo que el patio incluye una valoración de símbolos masculinos y femeninos y se está trabajando con esta premisa [que difundía el libro hace 11 años]. En Andalucía, en el País Vasco o Cataluña tenemos escuelas que están remodelando sus patios…”, apunta.
Para Subirats son clave proyectos de coeducación como el que está llevando a cabo Skolae en Navarra, que defiende frente a la campaña en su contra: “Si consiguen que caiga será muy difícil que en otras zonas se apueste por proyectos coeducativos”. Sabe de lo que habla. Siendo directora del Instituto de la Mujer vio cómo una campaña de educación afectivo-sexual en las escuelas, realizada en colaboración con el colectivo Harimaguada, duraba mientras duraba el gobierno socialista.
También Amaia Ruiz, del CPEIP Virgen del Soto de Caparroso (Navarra), valora el programa Skolae, creciendo en igualdad y el Plan de Coeducación del Departamento de Educación de Navarra en que se inserta. Su centro no solo está dentro de este programa, sino que acaba de terminar un curso en que las “mujeres que mueven el mundo” han sido el eje transversal. Con 6º de primaria como grupo motor, recopilaron biografías de mujeres que no aparecían en el currículum para elaborar un libro de texto y recogieron, además, historias de aquellas “pioneras” del pueblo, Caparroso, -la primera alcaldesa, la primera directora del colegio-, para rendirles un homenaje.
El teatro como herramienta de transformación social
En el IES Rayuela de Móstoles llevan desde el curso 2013/14 valiéndose de las artes escénicas para abordar el fenómeno de la violencia de género. Empezó el jefe de estudios, Jaime Álvarez, y hoy otros compañeros han tomado el testigo. Con Violencia D.E.P. Género, Álvarez, un enamorado del teatro, decidió conectar con el alumnado: “Cuando un ponente venía a hablar sobre esto solía quedar todo en datos fríos y distantes. Me pareció que sería más eficaz presentarlo a través de una serie de escenas cotidianas de violencia de género teatralizadas”. El resultado fue muy potente y surgió una colaboración con el Ayuntamiento para representarlo ante centros educativos de la localidad en la semana contra la violencia de género. En total, unos 3.000 adolescentes desde 3º de ESO han presenciado la obra, a cargo de alumnos de 1º y 2º de bachillerato, y también del propio Álvarez. La catarsis que el espectáculo generaba era importante, y el propio Álvarez necesitó una pausa, pero afortunadamente había contagiado a otras compañeras y compañeros. Estos siguen trabajando, ahora en dramatizaciones con guion de los propios alumnos. Es el caso, entre otros, de José María Pallás, jefe del departamento de lengua, que explica cómo los alumnos del centro –el único de artes escénicas de la zona sur de la Comunidad de Madrid- protagonizaron el año pasado una performance durante la manifestación contra la violencia de género que este año volverán a repetir.
También trabajan sobre canciones, en este caso que se posicionen contra la violencia machista, y elaboran coreografías a partir de ellas. Algunos ejemplos son La puerta violeta, de Rozalén; Ella, de Bebe; María se bebe las calles, de Pasión Vega, o Que nadie, de Manuel Carrasco y Malú. “El grado de implicación y entrega de los alumnos es increíble. No hacen más que proponer mejoras. Demuestran mucha madurez respecto a un drama que desgraciadamente a algunos les ha pasado directa o indirectamente por encima”, reflexiona su profesor.
Del centro a la ciudad
“La alcaldía buscaba dar un giro a la política de igualdad en el ámbito educativo. Sobre todo a los talleres para desarrollar con el alumnado. Se repiten año tras año, pero parece que se necesitaba algo más”, comienza Jorge Antuña, director del Centro del Profesorado de Gijón. El resultado fue Otras miradas, un desarrollo de la Carta Local para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gijón en 13 centros educativos (de primaria, secundaria, FP, 11 públicos, uno privado y uno concertado) con tres patas fundamentales: una intensa formación del profesorado, la formación del alumnado a su vez por este profesorado formado y la elaboración y desarrollo de un proyecto de Aprendizaje Servicio: “Se trataba de salir al barrio, a la comunidad, de colaborar y buscar alianzas con instituciones no solo educativas: la unión de comerciantes, la federación de asociaciones de vecinos, asociaciones y ONG diversas… para sensibilizar a la ciudadanía sobre igualdad”. Así, el curso pasado no era raro encontrarse en un establecimiento de hostelería un menú por los buenos tratos a cargo de niños y niñas de un colegio de la ciudad, o toparse en la marquesina del autobús con un cartel diseñado por alumnos de un instituto.
Los datos de la evaluación han sido positivos: “Reflejan cómo los alumnos han tomado más conciencia de la situación, están más implicados y lo van trasladando a su entorno”, señala Antuña, que entiende que “La desigualdad y la violencia no son un problema solo educativo, sino social, y desde el ámbito social se deben resolver. Toca salir de la escuela, abarcar el barrio, la ciudadanía, los agentes sociales… Era lo que buscábamos y lo hemos conseguido”.
El ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, defiende el aprendizaje del árabe en las aulas
La escuela francesa —fábrica de ciudadanos, motor de la meritocracia y pilar histórico de la identidad de la Francia republicana— vuelve a lo básico. Leer, escribir, contar, respetar. Estos son los fundamentos en los que deben centrarse, según Jean-Michel Blanquer, ministro de la Educación Nacional del presidente Emmanuel Macron. En el año y medio que lleva en el cargo, Blanquer, que impulsó la prohibición de los móviles, también ha potenciado el aprendizaje del latín y el griego.
“La cuestión principal de nuestra época”, dice en un encuentro con EL PAÍS y otros medios europeos, “es cómo este mundo cada vez más tecnológico puede ser un mundo cada vez más humano”.
El refuerzo de las lenguas clásicas en la enseñanza, progresivamente debilitadas en los años recientes, figura entre las prioridades del Gobierno francés. Blanquer (París, 1964), un tecnócrata especialista en América Latina que dirigió la escuela de negocios ESSEC, ha promovido un aumento de las horas lectivas en estas asignaturas opcionales, horarios que las hagan más accesibles y un sistema de puntuación que le dé mayor peso en el bachillerato. Ninguna de estas medidas es revolucionaria. No se plantea, por ejemplo, hacer que estas lenguas sean obligatorias, pero sí incentivar su estudio con el fin de revertir el descenso progresivo de alumnos en los últimos veinte años.
En Francia un 12,25% de alumnos estudia latín, y un 0,85% griego. Para el ministro, las lenguas antiguas representan más que dos simples asignaturas. Para él, pueden ser algo así como las paredes maestras del sistema. “Debemos ser vigilantes para que este mundo nuevo, caracterizado por internet y las nuevas tecnologías no nos dé soluciones engañosas. Cuanto más nos adentremos en este mundo en el que hay que saber programar, más interesante es conocer la historia griega y latina”, dice. “El aprendizaje del latín y el griego contribuyen al desarrollo de la lógica, facilitan el aprendizaje de otras lenguas y permiten establecer un vínculo entre diferentes conocimientos”.
Una de las críticas que afronta Blanquer es que sus medidas sean más simbólicas que de profundidad, una política de gestos y mensajes. Y es verdad que no propone una transformación radical del sistema educativo, sino más bien una suma de pequeños cambios que, juntos, reflejan un enfoque muy macroniano, centrista: una mezcla de liberalismo con estatismo republicano; de sentido común a la manera tradicional con teorías inspiradas en las innovaciones más recientes de la neurociencia.
Blanquer ha desdoblado las clases de los primeros cursos de primaria en las zonas desfavorecidas, medida considerada clave para reducir las desigualdades. Pero la medida estrella ha sido la prohibición de los móviles en las escuelas primarias e intermedias, hasta los 15 años. «Un mensaje a la sociedad entera», dice Blanquer, porque «los padres deben gestionar el mismo problema en casa» y, «se trata de una adicción que, desgraciadamente, no solo atañe a los adolescentes».
Desde los sindicatos se le ha criticado por los recortes de puestos de profesores, la reforma del examen del bachillerato y las evaluaciones estandarizadas de los alumnos y los centros, y la semana pasada afrontó una primera huelga que tuvo un seguimiento limitado. También una visión conservadora, en algunos aspectos antigua, de la educación, y de «calcar el funcionamiento del de una economía y de un mundo que hoy están agotados», según escribían recientemente, en una columna en Le Monde, un colectivo de profesores y especialistas en educación. Desde los sectores más duros de la derecha se le ha reprochado que defienda las clases de árabe en las escuelas públicas.
«El árabe es una lengua importante, como otras grandes lenguas de civilización: el ruso o el chino», argumenta Blanquer. «Debemos cuestionar la manera en que se enseña esta lengua hoy», añade, en referencia a las clases de árabe en ámbitos religiosos —como las escuelas coránicas— donde se fomentan «derivas comunitaristas, con frecuencia fundamentalistas». «No podemos hacer ver que no lo vemos. Y esto justifica aún más que esta enseñanza tenga su lugar en la escuela de la República, donde está protegida de las fuerzas oscurantistas y puede enseñarse sin connotaciones religiosas», continúa. «Es una de las maneras de luchar contra el fundamentalismo religioso».
Francia dispone de un instrumento particular de integración: la laicidad, cuyos principios están definidos en la ley de 1905 que establece la libertad de culto y la neutralidad del Estado ante las religiones. A veces también se ha visto como lo contrario, un instrumento de discriminación que impide manifestar las particularidades de cada comunidad.
Fue en virtud de la laicidad que en 2004 se prohibió la ostentación de signos religiosos en la escuela. Para Blanquer, la laicidad es una garantía de la presencia del Estado y los valores republicanos en la escuela ante «la disolución de la autoridad, un laxismo que lleva a la ley del más fuerte». «Y en algunos barrios», añade, «la ley del más fuerte es el fundamentalismo musulmán».
El problema de la violencia afloró en octubre cuando se difundieron imágenes de un alumno de 15 años, en una escuela de las afueras de París, apuntando a su profesora con un arma falsa. Las imágenes abrieron un debate sobre la necesidad de poner agentes de policía en los centros educativos. «Ante todo queremos crear un contacto entre los niños y la policía, que los niños se acostumbren a tener una visión positiva de lo que es un policía o un gendarme», dice el ministro. «Mi filosofía consiste en abrir la posibilidad, pero sin generalizarlo como se ha dicho. En ningún caso se trata de militarizarla la escuela o hacerla policial».
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Describimos algunas de las políticas que los países han probado para abordar esta segregación, ayer, en el evento de lanzamiento global para el Informe en Berlín. La comunidad francófona en Bélgica, por ejemplo, intentó hace algunos años introducir un sistema de lotería para la asignación escolar, que anuló la ley anterior que asignaba a las escuelas por proximidad. Pero esta iniciativa, a su vez, fue sustituida por un enfoque más débil basado en alianzas entre escuelas. Francia intentó cambiar las fronteras de las áreas de captación, pero la consecuencia fue que muchos padres de clase media cambiaron a sus hijos a escuelas privadas en ciudades como Marsella. Italia estableció una cuota de un máximo de un 30% de estudiantes “nacidos en el extranjero” por clase, pero aún así, casi el 20% de las aulas superó este límite.
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